El sector de la construcción reclama que se recupere la revisión de precios en los contratos públicos, así como impulsar la implementación de modelos colaborativos de contratación que ya se están utilizando con normalidad en otros países del mundo, incluso europeos, y que dan una gran certeza en el control de costes y plazos de las grandes obras de infraestructuras. Así lo apuntaron los expertos y directivos del sector que se reunieron en la jornada “Revisión de precios y contratos colaborativos, un impulso al sector constructor”, organizada por elEconomista.es.

“Las dos principales problemáticas a las que se enfrenta el sector de la construcción tienen su origen en la Ley de Desindexación de la Economía Española de 2015 que introdujo modificaciones muy importantes que siguen afectando negativamente en la actualidad”, explicó Julián Núñez, presidente de Seopan.

“Esta ley suprimió la obligatoriedad de que todos los pliegos de obras públicas aplicaran fórmulas de revisión de precios y eso derivó que desde esa fecha todas las obras civiles se hayan hecho sin revisión de precio. Por otro lado, se incrementó de uno a dos años el periodo de carencia no revisable. La misma ley introdujo una modificación para determinar la tasa de descuento dentro de la fórmula que obtiene el periodo de recuperación de una inversión de un proyecto de concesión, de modo que se prefijó un valor ajeno al valor de mercado, que en la práctica se ha demostrado muy deficiente”.

Estos cambios han generado según los expertos una serie de problemas en el desarrollo de la actividad del sector que llevaron a que en 2022 se aprobara un Real Decreto Ley con un procedimiento excepcional de revisión de precios para determinados contratos públicos que, aunque fue bien visto por el sector, tildan de insuficiente. “Esta fue una medida de urgencia que se tuvo que aplicar porque los efectos de la ley de desindexación fueron muy graves y devastadores y todavía el sector los sigue sufriendo y no se ha recuperado del todo”, apuntó José Vicente Belenguer, socio del área de Derecho Público de Broseta.

De hecho, en 2022 quedaron desiertas más de 23.000 licitaciones, de las que el 60% eran procedentes de las distintas administraciones públicas. “Esto representa el 22% de la contratación pública nacional. El hecho de no disponer de fórmulas de revisión en los contratos afecta a la concurrencia y va en contra del interés público”, destacó Núñez.

En este sentido, Antonio Roig, director Global de Desarrollo de Negocio de Construcción de Acciona, detalló que para la compañía es esencial “revisar con rigor en cada una de las licitaciones el mecanismo de indexación que propone el contrato del cliente. Si no hay un mecanismo de escalación o de indexación que creamos suficientemente balanceado, en muchas ocasiones puede ser un motivo de no licitar una obra”. Así, el directivo destacó que han tenido “problemas enormes con contratos que no incluían esta fórmula, lo que te lleva a tener fricciones con el cliente y a situaciones realmente de estrés de flujo de caja y de resultados”.

Solicitan mejoras

En relación a las medidas excepcionales aprobadas en 2022 desde el sector consideran que se necesita una actualización de las mismas ya que “hay un límite máximo de la revisión excepcional que es del 20% pero está referido al presupuesto de adjudicación en lugar de al presupuesto del contrato. Considerando que una obra tipo puede tener una media de incremento del presupuesto por encima del 33% se ve claramente que ese límite es insuficiente”, apuntó Núñez.

Desde el sector solicitan que “se elimine ese límite o al menos se incremente al 30% y también que se modifique la referencia que se hace sobre el presupuesto de adjudicación y se haga sobre el presupuesto del contrato”. En este sentido, Belenguer cree necesario que “el sistema de revisión de precios se simplifique”. “Hay 87 fórmulas polinómicas que se aplican y además hay una frase en la normativa que señala que no son revisables ni los costes financieros, ni las amortizaciones, ni el beneficio. Esto supone bastante conflictividad ya que las administraciones no saben interpretar adecuadamente los coeficientes de las fórmulas polinómicas. Por lo tanto, la normativa necesita de una simplificación muy profunda partiendo de la recuperación de la revisión de precios”.

Modelos colaborativos

A nivel internacional en la última década muchos de los problemas comunes del sector que ocurren en todos los países y que tienen que ver con cumplimiento de plazos y costes han motivado el desarrollo de modelos específicos colaborativos para solventar estos problemas.

“Un contrato de obra es complejo y pueden surgir riesgos que ni la administración, ni el cliente ni el contratista hubieran podido identificar o darle un precio años atrás. Para dar respuesta a estas problemáticas que están exponiendo surgen los modelos colaborativos. Se trata de contratos más flexibles en los que se trabaja de forma conjunta desde el principio para que las partes conozcan mejor estos riesgos y se pueda fijar un precio más certero. Los riesgos que no se pueden identificar o adelantar se comparten. Se trata de hacer un reparto de riesgos bien pensado desde el principio”, explicó Sofía Parra, socia del departamento Construcción Advisory & Disputes (CAD) en Pinsent Masons.

La idea pasa por fijar un coste objetivo al que ambas partes se dirigen y están incentivadas para llegar. “Si se hace la obra por menos se comparte el ahorro. Esta es una manera de incentivar al contratista a que consiga ese ahorro. Pero si se sobrepasa se comparte el sobre coste, con unos límites, ya que llega un punto en el que el contratista recupera el coste incurrido, pero no recibe un beneficio. También hay mecanismos para evitar que el coste se dispare. Se trata de contratos flexibles en el que las partes valoran los riesgos de manera conjunta. Las conversaciones difíciles se tienen al principio en vez de al final”, detalló Parra.

Acciona, que opera con su negocio de construcción en 20 países, cuenta ya con obras bajo el modelo colaborativo, especialmente en países donde está fórmula lleva años desarrollándose. “En nuestra unidad de negocio en Australia, por volumen de negocio, que no por número de contratos, la mitad de nuestra cartera es en contrato colaborativo”, detalló Roig, que apuntó que igualmente este modelo “en el global del negocio de la construcción, está subiendo deprisa, y las previsiones que tenemos es que en un par de años se alcance el 50% o al menos llegue al 30-40% del volumen de la cartera total”.

Roig explicó que en Norteamérica este tipo de contratos empezaron a desarrollarse “mediante la fórmula de IPD (Integrated Project Delivery) en los años 90 y en Australia se arrancó con la fórmula de las alianzas hace más de 20 años”. “El IPD estaba concebido como un contrato entre dos partes, mientras que la fórmula australiana permite incluir terceras partes, como el diseñador. La alianza ha tenido más frecuencia de uso que el IPD en Norteamérica, donde sí creen en el modelo y lo están evolucionando hacia el Progressive Design-Build (PDB). Nosotros tenemos un contrato en Toronto adjudicado con esta modalidad, que es prácticamente la alianza australiana”, concretó Roig.

El directivo de Acciona aseguró además que la compañía ha tenido exposición a estos contratos “en más países de la UE como Finlandia, que utiliza la alianza al implantar el modelo australiano, o en Alemania, donde también hay contratos adjudicados en distintas modalidades de alianza. Hablamos ya de bastantes países de la UE que tienen experiencias en este tipo de contratos”.

Ventajas de esta fórmula

En España algunos proyectos privados, como por ejemplo los centros logísticos de Amazon, se han construido bajo este modelo y de hecho “en los últimos años a nivel privado se ha intentado acordar un coste objetivo en algunos proyectos residenciales con inversores que ya habían utilizado esta fórmula en otros países”, apuntó Parra.

En este sentido, Belenguer destacó que “llama mucho la atención que siendo modelos que se aplican en la iniciativa privada, la pública todavía no los esté utilizando, ya que tendría mucho sentido y lógica que la administración trabaje bajo esta fórmula que supondría importantes ventajas para todas las partes y la sociedad”. Así, el directivo de Broseta señaló a la “desaparición de la litigiosidad que supone acordar todos estos aspectos en la fase de proyecto, en vez de licitar un proyecto que no has hecho, ni es tuyo y después plantear modificados. Hay toda una dinámica de conflicto en la contratación pública derivada del arranque de los proyectos que se podría evitar si se concentrara en la fase previa mediante modelos colaborativos”.

Por su parte, Parra añadió que “la administración recibe un beneficio que es la transparencia en cuanto a coste. Si no se identifican los riesgos, el contratista o hace unas contingencias que hace que suba el precio y la administración no sabe de dónde viene ese precio y que riesgos se han valorado para fijarlo. O el contratista va a la baja porque si no es así no se lleva la obra y después llega el problema y se paralizan las obras por los sobre costes”.

Respecto al ahorro que podría suponer para la administración el uso de estas fórmulas colaborativas el sector coincide en que es difícil de cuantificar, pero Núñez destacó que si existen beneficios tangibles que pronto podrán medirse. “Una obra civil en España con un plazo medio de ejecución de entre 20-24 meses realmente se extiende a más de cuatro años de ejecución en el mejor de los casos. Sin embargo, estos modelos persiguen el cumplimiento de los plazos de ejecución. Si se logra acotar a un año respecto al modelo actual ya es un beneficio sustancial. Ese beneficio ahora ni se conoce ni se monetiza”, explicó el presidente de Seopan.

Asimismo, Núñez hizo hincapié en recordar que la Ley de Movilidad Sostenible, que se está tramitando en el Congreso, “va a incorporar por primera vez la obligatoriedad de tener análisis de coste y beneficio en determinadas obras de infraestructuras y carreteras. ¿Qué ocurre si este hospital lo termino en diez años en lugar de en dos? Ese impacto si se podrá monetizar cuando se realicen los análisis que incorporará esta normativa”.

Además, el directivo destacó que en la experiencia de las empresas que han trabajado con modelos colaborativos en su recorrido internacional “es mucho más frecuente y común el compartir el ahorro de costes con el cliente que compartir los de sobre costes. Por lo tanto es un segundo beneficio que tendría el sector público, ya que actualmente si hubiera ahorro no se comparte con la administración”, concluyó.