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• Los empresarios temen menos trabajos porque las Administraciones no se han adaptado a la Ley de Contratos del Sector Público

La adjudicación de obra pública se incrementó en Andalucía un 57 por ciento en 2017 en relación al año anterior, según los cálculos del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que ha valorado la reactivación del plan de depuración de aguas y ha alertado del «colapso» de licitaciones a inicios de marzo por la demora de las administraciones en adaptarse a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

A pesar de los buenos datos de su último informe anual, los empresarios de Ceacop temen que en 2018 se quiebre la tendencia al alza de la licitación pública debido al parón sufrido por las empresas a primeros de marzo a causa de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Ninguna administración ha adaptado sus pliegos de licitación de obra a la nueva Ley, a pesar de que dicha norma se aprobó en diciembre de 2017 y recogía un plazo de cuatro meses para la adaptación. Esta demora de todas las administraciones se ha traducido en que se han licitado 389 contratos hasta marzo y, sin embargo, en la primera semana de abril solo se han licitado once proyectos. El secretario general de Ceacop, Daniel Fernández, augura que las licitaciones de obra pública se paralizarán hasta septiembre y considera una «vergüenza» que las administraciones no se hayan adaptado a la ley en los plazos legales.

El año pasado fue bueno, un 57 por ciento más de obra que el anterior, el peor de la serie histórica
El pasado año la adjudicación de infraestructuras por las administraciones central, autonómica y local en Andalucía alcanzó los 1.128 millones de euros, un 57 por ciento más que en 2016, año que marcó el dato más bajo de toda la seria histórica reciente.

Destacan los ayuntamientos, que a pesar de ser los organismos con menor poder presupuestario, en 2017 han duplicado su inversión, con 452 millones de euros frente a los 228 millones invertidos el pasado ejercicio. Entre Ayuntamientos y Mancomunidades firmaron una inversión de 194 millones en Sevilla, y de 144 en Málaga.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha experimentado un crecimiento del 42 por ciento, con una inversión de 306,7 millones de euros, y en tercer lugar el Gobierno central, que con los 220 millones de euros experimenta un crecimiento del 36 por ciento respecto a 2016. La consejería más activa en 2017 fue Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con casi 84 millones, gracias al Plan de Depuración de Aguas aprobado en 2010 pero que no se ha reactivado hasta sesi años después.

Expansión

 Pese a la pobre inversión, las adjudicaciones destinadas a infraestructuras alcanzaron 1.128 millones de euros en 2017, un 57% más. Las obligadas modificaciones que ha introducido la nueva Ley de Contratos del sector público ya han comenzado a repercutir negativamente en las empresas de la construcción. Pese a la entrada en vigor de la norma el pasado 9 de marzo, las administraciones no han adaptado aún sus pliegos, lo que se traducirá en una paralización casi total de las licitaciones de obra pública durante un periodo de, al menos, medio año. Durante los ocho primeros días del mes de marzo se licitaron en Andalucía 389 contratos de las distintas administraciones públicas. Desde entonces y tras la entrada en vigor de la nueva Ley, se han licitado tan sólo nueve contrataciones. El cálculo de los responsables del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) es que, con los trámites necesarios para adaptar los pliegos, la situación no retome la normalidad hasta el próximo septiembre, como pronto.”Vergüenza”El secretario general de Ceacop, Daniel Fernández, criticó ayer la “falta de profesionalidad” de las administraciones públicas españolas y calificó de “vergonzosa” la situación. “Tras la aprobación de la Ley, en diciembre del año pasado, han tenido cuatro meses para adaptarse y, al no hacerlo, ahora pagan las empresas, que sin embargo, sí se han adaptado a la norma”.La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, aprovechó ayer la presentación del informe anual de adjudicaciones de obra pública en Andalucía para criticar también el “proteccionismo” que otras comunidades autónomas ejercen a la hora de adjudicar las obras. Un hecho que, a su juicio, perjudica a Andalucía, donde reclaman una mayor participación de las empresas andaluzas en la ejecución de las infraestructuras públicas.”Es algo que no ocurre sólo en Cataluña o País Vasco, también en regiones más cercanas como Extremadura se prioriza a las empresas locales”, explicó ayer Chocano. “Además de beneficiar el tejido productivo local, es un hecho que en el sector de la construcción la proximidad de las empresas es sinónimo de competitividad”. El informe que ayer presentaron Chocano y Fernández, ofrece a las empresas, no obstante, motivos para la esperanza. En 2017 las adjudicaciones en infraestructuras alcanzaron en Andalucía 1.128 millones de euros, un 57% más que en el ejercicio anterior. El 53% de esas adjudicaciones recayeron en empresas andaluzas, y aunque el porcentaje supone un descenso de cuatro puntos respecto a 2016, el aumento de la inversión repercutió positivamente en las firmas locales.Por segundo año consecutivo, el mayor esfuerzo inversor volvió a corresponder a los ayuntamientos “algo digno de elogio porque son la administración que menos recursos maneja”, señaló Chocano. Las corporaciones locales duplicaron su inversión en infraestructuras en 2017 hasta alcanzar los 452 millones. Los de Sevilla y Málaga, con 194 y 144 millones respectivamente, encabezan el ránking.Plan de depuradorasLa puesta en marcha del Plan de Depuración aprobado por la Ley de Aguas de 2010 -con una dotación de 50 millones en 2017- es parte de la causa de que la Junta de Andalucía ocupe el segundo lugar en inversiones en obra pública. La cantidad el pasado año ascendió a 306,7 millones, un crecimiento del 42%. Las inversiones del Estado volvieron a ser las más parcas, con dotaciones de sólo 220 millones, un 36% más que en 2016, cuando se registró la cifra más baja. “El año pasado la excusa fue la existencia de un Gobierno en funciones”, recordaba ayer Chocano. “¿Cuál es la excusa para castigar a Andalucía este año?”.

finanzas.com

El Círculo de Empresas Andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública Ceacop ha denunciado hoy que las administraciones no han adaptado sus pliegos de licitación de obra pública a la nueva Ley de contratos del sector público, lo que supondrá una paralización de las licitaciones hasta septiembre.

En rueda de prensa, la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, y el secretario general, Daniel Fernández, han presentado un informe de adjudicación de obra pública en Andalucía en 2017 y se han referido a los primeros efectos de la puesta en marcha de la nueva Ley de contratos del sector publico, en aplicación de la directiva europea.

El principal problema es que ninguna administración ha adaptado sus pliegos de licitación de obra a la nueva Ley de contratos del sector público, a pesar de que la dicha norma se aprobó en diciembre de 2017 y recogía un plazo de cuatro meses para la adaptación.

Esta demora y “falta de profesionalidad” de todas las administraciones se ha traducido en que se han licitado 389 contratos hasta marzo y, sin embargo, en la primera semana de abril solo se han licitado once, ya que se ha acabado el plazo de adaptación a la ley y se debe hacer con los pliegos adaptados.

Por este motivo el secretario general de Ceacop ha augurado que las licitaciones de obra pública se paralizarán hasta septiembre y considerado una “vergüenza” que las administraciones no hayan adaptado en los plazos legales los pliegos de contratación.

También se han quejado los dirigentes de esta patronal de que no se haya licitado ningún contrato de los 5.000 millones presupuestados por el Gobierno central en el plan de inversiones en carreteras, aprobado hace casi un año.

Igualmente, han censurado que las exigencias económicas para acceder a esos contratos vayan a dejar fuera a las pymes, que solo tendrán opción como subcontratistas.

La Vanguardia

El Círculo de Empresas Andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública Ceacop ha denunciado hoy que las administraciones no han adaptado sus pliegos de licitación de obra pública a la nueva Ley de contratos del sector público, lo que supondrá una paralización de las licitaciones hasta septiembre.

En rueda de prensa, la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, y el secretario general, Daniel Fernández, han presentado un informe de adjudicación de obra pública en Andalucía en 2017 y se han referido a los primeros efectos de la puesta en marcha de la nueva Ley de contratos del sector publico, en aplicación de la directiva europea.

El principal problema es que ninguna administración ha adaptado sus pliegos de licitación de obra a la nueva Ley de contratos del sector público, a pesar de que la dicha norma se aprobó en diciembre de 2017 y recogía un plazo de cuatro meses para la adaptación.

Esta demora y “falta de profesionalidad” de todas las administraciones se ha traducido en que se han licitado 389 contratos hasta marzo y, sin embargo, en la primera semana de abril solo se han licitado once, ya que se ha acabado el plazo de adaptación a la ley y se debe hacer con los pliegos adaptados.

Por este motivo el secretario general de Ceacop ha augurado que las licitaciones de obra pública se paralizarán hasta septiembre y considerado una “vergüenza” que las administraciones no hayan adaptado en los plazos legales los pliegos de contratación.

También se han quejado los dirigentes de esta patronal de que no se haya licitado ningún contrato de los 5.000 millones presupuestados por el Gobierno central en el plan de inversiones en carreteras, aprobado hace casi un año.

Igualmente, han censurado que las exigencias económicas para acceder a esos contratos vayan a dejar fuera a las pymes, que solo tendrán opción como subcontratistas. EFE

La Vanguardia

El Círculo de Empresas Andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública Ceacop ha denunciado hoy el “proteccionismo” de algunas regiones, no solo las que tienen gobiernos nacionalistas sino otras como Extremadura, para favorecer las adjudicaciones de obra pública a empresas domiciliadas en esas comunidades.

En rueda de prensa, la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, y el secretario general, Daniel Fernández, han presentado un informe de adjudicación de obra pública en Andalucía en 2017, que se elevó a 1.188 millones, un 57 % más que en 2016, aunque ese ejercicio marcó un mínimo histórico.

El 53 % de esa inversión fue adjudicada a empresas andaluzas, según los datos de Ceacop, que reivindica la capacidad económica y técnica, así como de personal, de las compañías andaluzas, a las que le cuesta mucho trabajar en algunas regiones de España, mientras que no le ocurre eso fuera del país, según Daniel Fernández.

Han puesto en valor el esfuerzo inversor en infraestructuras de los ayuntamientos andaluces en 2017, con una inversión de 453 millones, que casi duplicaron al dato de 2016.

La Junta destinó a infraestructuras el año pasado 306 millones, un 42 % más que en 2016, y destacan Medio Ambiente, Fomento y Salud como las consejerías más inversoras, mientras que el Estado a través de los ministerios destinó 220 millones, la “cifra más baja de la serie histórica”.

Ceacop ha censurado que sólo un 28 % de esa cantidad estatal se adjudicara a empresas andaluzas, lo que supone un “doble castigo” por cantidad de las infraestructuras y por escasa carga de trabajo.

La Junta, por su parte, adjudicó un 60 % de la inversión a empresas andaluzas, según esta organización, que ha recriminado al gobierno andaluz el desigual reparto de la inversión por provincias al asignar menos recursos a las limítrofes, como Almería y Huelva.

Asimismo, la presidenta de Ceacop ha aplaudido que se haya puesto por primera vez en ejecución el plan de depuración y saneamiento de agua en Andalucía con una inversión de 61 millones en 2017 de un total programado en el mismo de más de 1.700 millones.

En lo que va de 2018 se han licitado del citado plan 40 millones de euros, ha apuntado.

Las diputaciones provinciales han invertido en infraestructuras 87 millones en 2017, de los que el 84 % fue a parar a empresas con domicilio social y fiscal en Andalucía.

Además de la “baja” inversión en infraestructuras de las administraciones, lo más “dramático” es la poca ejecución presupuestaria, que ronda el cincuenta por ciento, según el secretario general de esta patronal.

Se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha lamentado que Andalucía sea “una vez más la olvidada” en las inversiones y sobre todo se ha quejado de la nula apuesta por el sector ferroviario.

En concreto, ha denunciado la falta de recursos en los presupuestos para el corredor del Mediterráneo, el “abandono” de las cercanías en zonas turísticas como la Costa del Sol y el aislamiento por tren de Granada.

Asimismo, ha llamado la atención por el envejecimiento de los trabajadores de la construcción, ya que más del 65 % supera los 45 años, y por la dificultad de encontrar mano de obra, ya que al trabajo duro que supone se suma el miedo a quedarse en paro a raíz de las consecuencias de la última burbuja inmobiliaria.

Además, mucha mano de obra inmigrante se volvió a sus países durante la crisis y los españoles se han ido a trabajar el sector servicios.EFE

El Correo

• El motivo es que las administraciones no han adaptado los pliegos a la nueva ley de contratos del sector público que entró en vigor en marzo, lo que hará perder trabajo a las empresas

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, advirtió este miércoles de que las empresas del sector sufrirán un parón forzado en la licitación de nuevos proyectos «al menos hasta septiembre», como consecuencia de que las administraciones públicas –en sus escalas local, autonómica y estatal– no han adaptado los pliegos a la nueva ley de contratos del sector público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo. Y ello, a pesar de que la normativa europea que recoge se remonta a 2014 y que España debía haberla adaptado en 2016. Por contra, la ley española se publicó en diciembre de 2017 pero en estos meses transitorios «no se ha hecho nada», se quejó el secretario general de Ceacop, Daniel Fernández, que evidenció la avalancha de licitaciones que se produjo entre el 1 y el 8 de marzo, hasta contabilizar 389 contratos en Andalucía, mientras que entre el 1 y el 8 de abril se licitaron apenas once.

En su opinión, esto ha ocasionado un perjuicio importante para las empresas, que han visto colapsada su capacidad de respuesta y por tanto han dejado de atender proyectos y se encuentran ahora con que en los próximos meses no se van a registrar nuevas licitaciones.

La patronal de obra pública hizo esta denuncia durante la presentación del informe de adjudicaciones de obra pública en 2017, que en Andalucía se elevaron hasta los 1.128 millones de euros, lo que representa un incremento del 57 por ciento respecto a la inversión pública registrada en 2016, que fue además el año en el que se registró el mínimo de la serie histórica, recordó la presidenta de Ceacop, Ana Chocano. Por segundo año consecutivo los ayuntamientos fueron los que hicieron el mayor esfuerzo inversor entre el conjunto de administraciones (Gobierno central, Junta, consistorios, diputaciones y universidades). De hecho, los entes locales duplicaron su inversión con 452 millones frente a los 228 invertidos el ejercicio precedente, que se repartieron fundamentalmente entre las provincias de Sevilla (194 millones) y Málaga (144 millones). En el extremo contrario, Jaén y Huelva, con cinco y trece millones, respectivamente fueron las provincias menos beneficiadas.

El Gobierno andaluz desembolsó 306,7 millones en obra pública, el 42 por ciento más que un año antes, mientras que el Ejecutivo central licitó contratos por importe de 220 millones, una cifra un 36 por ciento superior a la de 2016, y «la más baja de la serie histórica» que desde Ceacop consideran que es un «doble castigo» a Andalucía. Primero, por la escasa cuantía invertida y segundo, porque solo el 28 por ciento de ese volumen será ejecutado por empresas andaluzas, frente al 60 por ciento de carga de trabajo procedente de la Junta y del 57 por ciento de los ayuntamientos. «Insistimos en reivindicar el trabajo de las empresas andaluzas, sobre todo por las dificultades que encontramos para trabajar en otras comunidades más proteccionistas –mencionó Extremadura– y porque las obras del Estado no tienen dificultad técnica como para que no las podamos asumir aquí», incidió Chocano.

El secretario general de Ceacop puso el foco sobre varias cuestiones que les preocupan, entre ellas, que «cada vez que se habla de compensaciones –como la subida de las pensiones y otras mejoras económicas– siempre se tira del cajón de las infraestructuras». Además, señaló el preocupante «envejecimiento» de los trabajadores de la construcción, pues «más del 65 por ciento tiene más de 45 años», circunstancia que atribuyó al traslado de personal hacia el sector servicios y al «miedo» a quedarse sin trabajo como ocurrió hace una década cuando explotó la burbuja inmobiliaria en un sector que adolece, además, de una formación específica.

Emasesa sustenta la inversión en sevilla, que se duplicó en 2017
La inversión pública en la provincia de Sevilla se elevó a 325 millones en 2017, el doble de lo destinado un año antes (162,57 millones) por el conjunto de administraciones. De esa cantidad, 194 millones correspondieron a actuaciones promovidas por los ayuntamientos, fundamentalmente el de la capital (168 millones). La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, resaltó el papel protagonista de Emasesa, que adjudicó 63 millones de euros en proyectos de mejora de la red de abastecimiento y saneamiento «frente a los 21 millones que invirtió Adif en Andalucía». El Gobierno central destinó a Sevilla 28,8 millones en 2017, el 13,1 por ciento del total de la inversión andaluza, de los que el grueso –22 millones– fueron aportados por Fomento, frente a 2,27 millones de Hacienda, 1,14 millones de Agricultura y 1,39 millones del departamento de Fátima Báñez. La Junta, por su parte, desembolsó en Sevilla 62,21 millones (18,13 la Consejería de Salud, 13,14 Medio Ambiente, 10,7 Educación, 10,11 Fomento y 4,2 Hacienda. La Diputación invirtió 21 millones y la Universidad de Sevilla, 3,8.

Diario de Sevilla

El Círculo de Empresas Andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública Ceacop comunicó ayer que las administraciones no han adaptado sus pliegos de licitación de obra pública a la nueva Ley de contratos del sector público, lo que supondrá una paralización de las licitaciones hasta septiembre. En rueda de prensa, la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, y el secretario general, Daniel Fernández, afirmaron que ninguna administración ha adaptado sus pliegos de licitación de obra a la nueva Ley de contratos del sector público, a pesar de que la dicha norma se aprobó en diciembre de 2017 y recogía un plazo de cuatro meses para la adaptación.

Según el informe de adjudicación de obra pública en Andalucía en 2017 de Ceacop, la inversión el año pasado se elevó a 1.188 millones, un 57% más que en 2016, aunque ese ejercicio marcó un mínimo histórico.

De ellos 453 millones correspondieron a ayuntamientos, 306 millones a la Junta y 202 al Estado central.