La Vanguardia

La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) han advertido este martes de “la avalancha” de licitaciones (229 contratos) que se produjo una vez que entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público en marzo de este año que “perjudicó” a las empresas al ver “limitada su capacidad de respuesta”.

En una nota, Ceacop y Asica han señalado que si las actuaciones se hubiesen licitado “en tiempos espaciados”, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas “a un mayor número de contratos, con la consiguiente mayor probabilidad de optar a Estos”.

Otro de los aspectos más destacables de la esta ley es que, a pesar de que se establece que la adjudicación de las ofertas, debe responder a una mejor relación calidad-precio, con objeto de evitar contratos irrealizables por precio; no obstante, “muchas licitaciones siguen siendo el precio el único factor determinante en la adjudicación”.

Las patronales han resaltado que “en muchos casos no está bien definida la baja temeraria, como es el caso de las licitaciones de AENA. Este organismo sigue adjudicando al precio más bajo a través de las subastas electrócnicas sin límites”.

De esta manera, han insistido en que la nueva normativa no ha mejorado el panorama de la contratación pública. “Esta nueva ley no ha cambiado en lo sustancial gran cosa, ya que se sigue optando en la mayoría de los casos por una subasta encubierta y además sin atajar las grandes bajas a las que nos vemos obligados las empresas a licitar, porque no se está aplicando de forma totalmente correcta por parte de los órganos de contratación”, ha subrayado.

Por otro lado, han señalado que la nueva ley ha introducido en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo, que deben estar “supeditadas” a que se relacione con el objeto del contrato a celebrar. “Pero a menudo no lo están, y suponen un lastre para la empresa que tiene que ejecutar el contrato, cargándoles con unos gastos que no les corresponden”, han advertido.

Además, deben “lidiar” con la dificultad que existe para la presentación de las ofertas de modo electrónico como establece la norma. Según han explicado, existe “una desorganización generalizada en muchas administraciones que impiden entregar las ofertas electrónicamente”.

La otra gran batalla de las empresas de construcción e ingeniería es la competencia desleal a la que se enfrentan con las empresas públicas. En la nueva normativa se recoge la limitación de encargos a los empresas y agencias públicas, pero esta situación sigue “sin resolverse”.

Por último, Asica y Ceacop se han ofrecido a colaborar con la Administración para confeccionar los pliegos de concursos públicos. “La ley necesita aún más tiempo para que todos aprendamos, y si este camino lo emprendemos conjuntamente será más productivo”, ha subrayado.

Abc

• Empresas critican que en contratos públicos se puntúen criterios como los planes de igualdad

Dos patronales que representan a un tejido profesional muy cualificado de Andalucía, el de los ingenieros, consultores de obras y pymes constructoras, han comparecido esta mañana de forma conjunta para denunciar «los incumplimientos» en que se están produciendo en la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) por parte de distintas administraciones y empresas públicas.

Se trata de Ceacop (el Círculo de Empresas Andaluzas para la Construcción, Consultoría y Obra Pública) y Asica (la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía), que aglutinan a casi 300 proveedores de la Administración Pública (250 la primera y 32 la segunda).

Los presidentes de ambas organizaciones, Ana Chocano, en Ceacop, e Ignacio Sánchez de Mora, en Asica, han hecho un balance de los nueve meses pasados desde la entrada en vigor de la citada Ley, en el que han destacado varios problemas: el «colapso de licitaciones» ques e produjo por la entrada en vigor de la nueva norma; que en las adjudicaciones «siga primando el precio en lugar de la relación calidad/ precio»; la «dificultad para la presentación de ofertas de modo electrónico», como exige la Ley, por falta de medios en las administraciones, especialmente los ayuntamientos; y que siga existiendo «competencia desleal con el sector privado» por parte de las emrpesas públicas, a pesar de que la Ley lo limita.

Criterios «incoherentes»
Uno de los aspectos que han destacado se refiere a «los criterios añadidos» de tipo social, medioambiental o ético, que puntúan en los pliegos de los contratos públicos licitados por las administraciones. En este asunto, estos representantes destacan que algunos de ellos «no son coherentes ni tienen ninguna vinculación con el objeto del concurso».

Como ejemplos, han señalado que en algunos contratos públicos se puntúa más a la empresa que tenga un plan de igualdad que implique un reparto equilibrado de los puestos de trabajo que genere.

«¿Qué hacemos con la plantilla masculina?» en casos en los que se tiene que contratar a mujeres para cumplir con este requisito si se quiere obtener más puntuación en el baremo, ha aseverado Ignacio de Mora.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Sevilla, en el que se pide que el 40% de los técnicos sean mujeres y que el 40% de las horas trabajadas sean realizadas por mujeres.

¿Van a poner un contador de horas en las empresas? Son casos absurdos en los que se invita al juego del mentiroso. Consideramos que la igualdad es positiva, pero que sea coherente con el mundo real y vinculada al objeto del contrato», ha subrayado Ana Chocano.

En este sentido, los portavoces han recriminado a la administración que no cumpla estos criterios que exige a la empresa privada. «¿Por qué las empresas públicas no cumplen los planes de igualdad?», es la pregunta que formulan a los responsables públicos.

Otros ejemplos que han puesto sobre la mesa es un contrato de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el que se exige «una jefa de obras mujer», sin detallar su cualificación, o, en otro terreno, la contratación por parte de un ayuntamiento de cinco trabajadores menores de 25 años de la propia localidad donde se realizaba la obra, pese a que no existían en la oficina pública de empleo parados de esa edad para los oficios demandados.

La puntuaciónde que se utilice un coche eléctrico en el proyecto es otro criterio que barema más, y que supone «un sobrecoste para las empresas».

Para cumplir estas exigencias, Asica y Ceacop pide que las baremaciones la calidad puntúa al 80% y el precio, al 20%. En este sentido denuncian, que pese a que la nueva ley prima las ofertas que equilibran ambas cosas, «se siguen adjudicando las obras públicas por precio» y, en algunos casos, «subastando» los contratos, como sucedía con la anterior Ley.

Diario de Sevilla

• Asica y Ceacop afirman que sigue primando el criterio económico sobre el de la calidad.
• Se quejan de un exceso de requisitos sociales y medioambientales que no tienen relación alguna con los proyectos

Se supone que la relación entre la Administración y sus proveedores cambió el 9 de marzo, cuando entró en vigor la nueva ley de contratos públicos, nacida con dos años de retraso de tres directivas de la UE. En esencia, la filosofía europea, asumida por España, es la de cambiar una práctica que estaba generando muchos problemas: la contratación de obras y servicios primando el precio por encima de la calidad de la oferta. La normativa española, calificada por el propio sector como “una buena ley” y que salió adelante por consenso en el Congreso, introdujo un punto de esperanza entre muchos empresarios.

LA SEMANA PREVIA AL 9 DE MARZO SE LICITARON 229 PROYECTOS, ALGO ANORMAL, AL NO HABER PLIEGOS ADAPTADOS A LA LEY

Pues bien, después más de siete meses de vida, constructores e ingenieros denuncian muchas deficiencias en la aplicación de la ley y algunos incumplimientos. La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) criticaron, sobre todo, que la práctica habitual de las administraciones siga siendo la contratación por precio. “Optan por subastas encubiertas”, señala Ana Chocano, presidenta de Ceacop, y eso “obliga a las empresas a grandes bajas (descuentos) si quieren ser elegidas”. Las dos asociaciones piden establecer un mínimo por debajo del cual sea imposible ofertar

A eso se le suma, denuncian, que aprovechen un resquicio legal para exigir requisitos medioambientales o sociales que “no tienen que ver con el objeto del proyecto” y que implican un coste adicional para las empresas, un problema que se suma a la necesidad de presentar la oferta más barata. Ponen ejemplos: se exigen planes de igualdad que las propias ofertantes no tienen; se pide que el 40% de los técnicos de una obra sean mujeres y también el 40% de las horas de trabajo (“¿Cómo medimos eso? Son exigencias absurdas e irrealizables); un ayuntamiento pidió que cinco contratados de su municipio fueran menores de 25 años. Resulta que no había perfiles en el pueblo de esa edad adecuados para la obra y la empresa tuvo que hacerlo constatar con notario en el Servicio Andaluz de Empleo para luego no tener problemas. La Agencia de Puertos de Andalucía exigió en una ocasión que una jefe de obra fuera mujer. “Si una empresa no tiene ese perfil, tiene que buscarlo fuera, con el coste adicional que eso supone”, afirma Ignacio Sánchez de Mora, presidente de Asica. En medio ambiente, da puntos en muchas ocasiones adquirir un coche eléctrico, aunque no tenga que ver con el contrato en sí.

EL 90% DE LAS ADMINISTRACIONES TODAVÍA NO HACE LA TRAMITACIÓN DE FORMA DIGITAL, A PESAR DE QUE ASÍ LO EXIGE LA LEY

Ello se produce en un contexto en el que sigue primando el criterio economicista, pese a que la ley va en sentido contrario. Además, el 90% de los contratantes “no publica su planificación anual”, algo que exige la ley para permitir a las empresas disponer de una visión global de cómo está el mercado. También una abrumadora mayoría incumple la exigencia de la tramitación digital, especialmente los ayuntamientos, que alegan que “no tienen los medios a los que obliga la ley”. Tanto Ceacop como Asica se quejan de que, cuando es al revés, las empresas se ven obligadas a adaptarse. En lo que se refiere a los trabajos intelectuales -como las redacciones de proyecto- Asica sigue detectando la competencia desleal de las agencias públicas, que “deben someterse íntegramente a la ley de contratos del sector público” y dejar de subcontratar el 100% de los trabajos a terceros.

Lo cierto es que estas deficiencias vienen del propio nacimiento de la ley, tal y como recuerda Chocano. La previsión fue tan escasa que, ante la ausencia de pliegos adaptados a la nueva ley, entre el 1 y el 8 de marzo, la semana previa a su aplicación, se licitaron nada menos que 229 contratos, cuando la media es de entre 25 y 40. Ese “colapso” provocó que las empresas tuvieran limitada su capacidad de respuesta, pues se venían obligadas a elegir a que ofertas podían presentarse.

Asica y Ceacop se ofrecen a colaborar con las administraciones para solucionar estas deficiencias: “la ley necesita aún más tiempo para que todos aprendamos, y si este camino lo emprendemos conjuntamente será más productivo”, se señala desde las dos organizaciones

Cadena Ser

• El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obra Pública y Asica denuncian su elevado grado de incumplimiento

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra pública (Ceacop) y la asociación de ingenieros consultores andaluces (Asica) consideran que la Ley de la Contratación del Sector Público, en vigor desde el pasado mes de marzo, es una “subasta encubierta” y que no ha cambiado sustancialmente respecto al anterior texto normativo, ha manifestado Ana Chocano, presidenta de Ceacop, durante la presentación de las conclusiones que ambas entidades han hecho este martes en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga.

Ceacop y Asica han criticado el incumpliendo de la citada Ley “en un elevado porcentaje” y han solicitado a las administraciones que aspectos como la igualdad, la inserción laboral de jóvenes o medioambientales, sean “coherentes y asumidos también por las empresas públicas”.

Además, ambos organismos han propuesto que “lo económico no sea lo determinante en la oferta pública y que se estableza un importe mínimo para concurrir a la licitación”, tal y como ha destacado Ignacio Sánchez de Mora, presidente de Asica.

Tanto Ceacop como Asica han lamentado que el 90% de los contratantes aún no tengan publicada la programación anual de inversiones y la falta de previsión de los poderes públicos a pesar de que la entrada en vigor de la Ley se ha producido con varios años de retraso.

Expansión

• Las patronales de ingeniería y construcción critican las alteraciones que ha provocado la nueva normativa que arrancó el pasado marzo.

La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que suman más de 300 empresas representadas del sector, manifestaron ayer públicamente su descontento con el funcionamiento del sistema de contratación pública a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público el pasado mes de marzo.

Sus representantes pusieron sobre la mesa la “avalancha” de licitaciones -hasta 229 contratos- que se produjo una vez que entró en vigor la ley, que “perjudicó” a las empresas al ver “limitada su capacidad de respuesta”. “Si las actuaciones se hubiesen licitado en tiempos espaciados”, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas “a un mayor número de contratos, con lo que hubiera aumentado la probabilidad de optar a ellos”.El precio, único factorA juicio de las consultoras de ingeniería y de las constructoras, otro de los aspectos más destacables de la esta ley es que, a pesar de que se establece que la adjudicación de las ofertas, debe responder a una mejor relación calidad-precio, con objeto de evitar contratos irrealizables por precio; no obstante, “muchas licitaciones siguen siendo el precio el único factor determinante en la adjudicación”. Ignacio Sánchez de Mora, por Asica, como Ana Chocano, por parte de Ceacop, pusieron otros ejemplos de las repercusiones negativas de la ley, como que en que “en muchos casos no está bien definida la baja temeraria, como es el caso de las licitaciones de Aena. Esta empresa sigue adjudicando al precio más bajo a través de las subastas electrónicas sin límites”. Ambos dirigentes patronales, insistieron ayer en que la nueva normativa no ha mejorado el panorama de la contratación pública. “Esta nueva ley no ha cambiado en lo sustancial gran cosa, ya que se sigue optando en la mayoría de los casos por una subasta encubierta y además sin atajar las grandes bajas a las que nos vemos obligados las empresas a licitar, porque no se está aplicando de forma totalmente correcta por parte de los órganos de contratación”, subrayaron.Lastre para las empresasPara las empresas del sector, la nueva normativa ha introducido en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental o de innovación, que estan “supeditadas” a que se relacione con el objeto del contrato a celebrar. “Pero a menudo no lo están, y suponen un lastre para la empresa que tiene que ejecutar el contrato, cargándoles con unos gastos que no les corresponden”, advierten. Además, deben “lidiar” con la dificultad que existe para la presentación de las ofertas de modo electrónico como establece la norma. Según explicaron ayer, existe “una desorganización generalizada que impiden entregar las ofertas electrónicamente”. La otra gran batalla de las empresas de construcción e ingeniería es la competencia desleal de las empresas públicas. En la nueva normativa se recoge la limitación de encargos a los empresas y agencias públicas, pero esta situación sigue “sin resolverse”.