Diario de Sevilla

• El monunento tiene ya su herramienta para calcular los riesgos y priorizar las intervenciones necesarias
• Intervención realizada mediante la nueva herramienta.

El Alcázar de Sevilla ya cuenta con su Plan de Conservación Preventiva. Después de dos años de trabajo, esta herramienta tecnológica permite diagnosticar de forma permanente y priorizar las actuaciones de conservación que necesita el monumento, uno de los primeros de España en protocolizar y periodizar las labores a través de este modelo, sistematizado por el Instituto de Patrimonio Cultural, según fuentes municipales.

El plan que ahora ha culminado ha sido desarrollado por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, por encargo del Patronato del Real Alcázar, mediante un proceso de licitación pública con un presupuesto total de 45.400 euros. Su objetivo es vigilar y actuar sobre un bien antes de que sea necesario restaurarlo para evitar así la distorsión del original que conlleva cualquier proceso de este tipo.

Se trata de una labor de vigilancia constante que cobra cada vez mayor peso en el Alcázar, donde ya han llevado a cabo actuaciones de conservación preventiva. En concreto, en las fuentes, las puertas y ventanas del Palacio del Rey Don Pedro I, las techumbres del Cuarto Alto, las yeserías del Palacio Mudéjar, los trabajos previos a la restauración de los revestimientos cerámicos del Palacio Gótico y los alicatados de la planta baja del Palacio Mudéjar. También se ha usado esta herramienta para diagnosticar la patología y estabilidad estructural del Salón de Embajadores.

Esta herramienta identifica valores materiales e inmateriales, caracteriza los riesgos y propone acciones. Para ello cuenta con un inventario del Alcázar, que se sustancia en una base de datos georreferenciada elaborada sobre una aplicación GIS de libre distribución que se relaciona con una base de datos Sqlite que permite una gestión más detallada de los contenidos, así como la elaboración de consultas complejas.

El Alcázar aportó una planimetría sobre la que la herramienta comenzó con la construcción de la base de datos. Posteriormente, se planificó una amplia toma de datos y la formación de un registro que incluía simultáneamente valores numéricos, observaciones in situ de inspección y un completo y un barrido fotográfico sistemático (planos generales y de detalle). Se acompañó el proceso con un distanciómetro láser y un conductivímetro de contacto para una primera comprobación dimensional e identificación de posibles humedades en los materiales. Y se realizó una monitorización de algunos de los espacios identificados como críticos a la hora de la gestión de las condiciones ambientales, como son el criptopórtico del patio del Crucero y sus pinturas murales y las salas del Palacio de Pedro.

Por primera vez se ha integrado en un único repositorio toda la información generada hasta ahora en materia de conservación del monumento. El inventario se complementa con la identificación de riesgos a través de fichas particulares. Y del cruce de estas fichas y el inventario surge una propuesta de acciones correctivas, una serie de recomendaciones de uso y una periodificación de inspecciones y acciones menores de conservación.

El equipo de elaboración de este plan ha incluido restauradores, arquitectos, arquitectos técnicos, arqueólogos, historiadores, ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos, abogados, químicos y especialistas en gestión ambiental, y todo en coordinación con los técnicos a cargo de la conservación del monumento.

El plan tiene en cuenta la normativa que protege el Alcázar, desde el Plan Especial del Casco Histórico de Sevilla, a la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, los convenios con Patrimonio Nacional y la Junta de Andalucía y la Declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco, además de las propias normas de protección de la Policía, Bomberos, Protección Civil y el Cecop.

Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla
“El plan se ha testado ya sobre elementos como las carpinterías históricas del monumento, las yeserías mudéjares, los alfarjes mudéjares o las fuentes. Y todo en el marco de la estrategia municipal de conservación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio del Real Alcázar y del conjunto de la ciudad, estrategia que en este 2021 tendrá un año histórico en niveles de inversión municipal”.

Diario de Cádiz

• El Consejo de Administración de Apemsa ha dado cuenta de unas pérdidas de casi 74.000 euros en 2020

 El Consejo de Administración de la empresa local de aguas, Apemsa, celebrado este lunes 29 de marzo ha aprobado, entre otras cuestiones, la formulación de las cuentas del año 2020, en el que se registraron unas pérdidas que ascendieron a 73.980 euros. También se han dado ya los primeros pasos para la contratación del proyecto y ejecución de la obra de construcción del tanque anticontaminación y estación de bombeo de La Puntilla, un ambicioso proyecto que supondrá una inversión de 6.756.000 euros con un plazo de ejecución de unos 14 meses.

Los consejeros han sido informados de que la evolución de la sociedad en el año 2020 fue desfavorable, principalmente por la repercusión del Covid-19 y las medidas que ha sido necesario implementar. También ha influido el hecho de no haberse producido aún la aprobación por parte del Ayuntamiento de las nuevas ordenanzas para la Prestación Patrimonial de carácter Público no Tributario de Abastecimiento y Saneamiento para 2020. Respecto al volumen facturado a clientes, ha descendido aproximadamente en un 3%.

El alcalde y presidente de Apemsa, Germán Beardo, explica que el tanque anticontaminación y la estación de bombeo de La Puntilla se ejecutará con cargo al canon de mejora local. Una vez aprobado por el Consejo se iniciarán los trámites administrativos pertinentes. En primer lugar se realizará la convocatoria de dos concursos, uno para la redacción del proyecto y dirección de la obra y otro para la asistencia técnica de la Mesa de Contratación. Una vez adjudicados se publicará la licitación de las obras. Se estima que los trabajos comiencen en torno al 15 de octubre y se prolonguen durante más de un año.

Beardo subraya que es “una obra técnicamente compleja, por su ubicación colindante con el rio Guadalete, donde también es fundamental mantener en funcionamiento la infraestructura existente durante la ejecución de los trabajos”. La finalidad de esta estación de bombeo de pluviales y residuales será impulsar las aguas pluviales al río, una vez separada la carga contaminante de las primeras aguas de lluvia en el tanque anticontaminación, que junto con las aguas residuales procedentes de la zona baja del casco urbano y Valdelagrana se impulsarán hasta la depuradora de Las Galeras para su correcta depuración.

Este tanque tanque de tormentas reducido disminuirá de forma importante la posibilidad de las inundaciones que se producen ocasionalmente en los alrededores de la Jefatura de la Policía Local, además de lograr que las primeras aguas de lluvia, que son las que tienen más carga contaminante al arrastrar la suciedad y los residuos de la calle, no se viertan directamente al río tras un episodio de lluvias. En situaciones de lluvia intensa, cuando el volumen de precipitaciones supere la capacidad del depósito y únicamente entonces, se desaguará en el río, evitando así la inundación de calles y los problemas de desagües en viviendas. Las aguas que se vierten al río se denominan grises y tienen un grado de dilución suficiente para que no sean contaminantes en el medio receptor, cumpliendo con la autorización de vertidos de la Junta de Andalucía.

Los trabajos consisten en la construcción de un depósito enterrado de gran capacidad, ampliando el existente en la actualidad, desde donde se impulsarán las aguas residuales y las primeras aguas de lluvia con carga contaminante a la depuradora de Las Galeras. En el proyecto se contemplará también la reubicación de la estación de bombeo de aguas residuales y pluviales situada en la calle Aurora, que desparece como tal, así como la modificación de los colectores que transportan estas aguas. De esa forma se unificarán en la Puntilla ambos bombeos, mejorando la capacidad hidráulica de la zona y eliminando una infraestructura que está situada junto a las viviendas. Así mismo, a esta ampliada estación de bombeo llegarán también los caudales de los colectores que se ven afectados por el futuro aparcamiento subterráneo que la Autoridad Portuaria tiene proyectado construir a la altura de las calles Los Moros y Valdés.

La red de saneamiento del casco antiguo es de tipo unitario, es decir, en el mismo colector se recogen aguas residuales de las viviendas y aguas pluviales cuando llueve. Existen aliviaderos a lo largo de las dos márgenes del río y en distintos puntos del litoral. “Sin estas instalaciones, la red de saneamiento se colapsaría y se producirían inundaciones en la ciudad, como ocurría en el pasado”, recuerda Beardo. Estos aliviaderos constan en la autorización de vertidos de aguas al Dominio Público Marítimo Terrestre otorgado por la Junta de Andalucía.

Diario de Cádiz

• El Gobierno local destaca los cambios del plan urbanístico aprobados en el pleno municipal de este mes.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Rota en su sesión ordinaria del mes de marzo “facilitará a los vecinos más posibilidades a la hora de reformar o adaptar sus viviendas”, según ha destacado el Gobierno municipal.

Dicho cambio propuesto por la concejala de Urbanismo, Nuria López “permitirá flexibilizar determinadas normas urbanísticas y dará respuesta a importantes demandas de los ciudadanos” en lo que se refiere a la ejecución de obras de rehabilitación y adaptación de viviendas.

El Gobierno local ha explicado que “la modificación de los artículos 226, 270, 274 y 292 de las Normas Urbanísticas del PGOU aprobada afecta a aspectos relacionados con los cerramientos de parcelas, la posibilidad de cubrir espacios para vehículos en parcelas privadas y de cubiertas inclinadas en los áticos en la zona tradicional 2 (fuera del conjunto histórico)”.

“Estos cambios, que ofrecen la posibilidad de realizar dichas obras con mayor facilidad, contribuirán a impulsar el sector de la construcción y a reactivar la actividad económica local en el mismo, algo que es, sin duda, una muy buena noticia, sobre todo en estos tiempos tan complicados debido a la pandemia”, ha subrayado.

La propuesta aprobada también permitirá “ampliar las posibilidades del uso de suelo como equipamiento social”. A este respecto, el Gobierno municipal ha precisado que “la modificación del artículo 274 aclara y es más exhaustiva con el contenido del uso del suelo hasta ahora considerado asistencial y que pasa a ser tenido en cuenta como asistencial o de bienestar social añadiendo e implementando sus tipos de uso”.

En palabras del Gobierno local, se tratan de “mejoras sobre el PGOU” que entrarán en vigor “en próximas fechas, una vez sean publicadas en el boletín oficial correspondiente, ofreciendo a los ciudadanos más posibilidades de mejorar o adaptar sus viviendas”.

Diario de Almería

• El presidente de la APA y Construcciones Nila firman el contrato de las obras, que mejorarán la calidad del aire

El presidente de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Jesús Caicedo, y el apoderado de la empresa Construcciones Nila, Juan Ángel Ruiz Crespo, han firmado el contrato de las obras para la ampliación de las pantallas atrapa-polvo del Puerto de Almería –en la zona destinada al tráfico de productos a granel-. Las obras, con un presupuesto de 386.318,66 euros, estarán terminadas el próximo verano.

El proyecto contempla la construcción de 43 módulos de malla textil, con una longitud de 183 metros más de barrera, de 10 metros de altura. Estas nuevas vallas se sumarán a los 246 metros de las barreras actuales del Muelle de Pechina.

Las nuevas barreras, como las actuales, contarán con un sistema de pulverización mediante nebulizadores de agua para crear un ambiente con la suficiente humedad para evitar la emisión de partículas de polvo durante las operaciones de carga y descarga de productos a granel a la intemperie.

Con el nuevo proyecto, según Jesús Caicedo, “la APA continúa su apuesta por la sostenibilidad y la mejora de la calidad del aire, con el incremento de las medidas que minimizan la emisión de partículas no canalizadas en las operaciones de manipulación de productos sólidos a granel”.

La ampliación de las pantallas mejorará también las condiciones laborales y de salud de los trabajadores del recinto portuario, y atiende las peticiones de los vecinos de las zonas próximas al recinto portuario, para que el desarrollo de la actividad no suponga un impacto sobre zonas próximas al Puerto.

Diario de Almería

• El Ayuntamiento tramita este nuevo contrato en aras de mejorar la seguridad de las calles. El pasado año, tuvieron que ser repuesta 450 señales verticales

El Ayuntamiento de Almería está tramitando la contratacion de un plan renove de señales viales en la ciudad de Almería, respaldado con una partida presupuestaria de medio millón de euros. Es la información facilitada por la concejal de Movilidad, María del Mar García Lorca, ante la moción presentada en el Pleno por la portavoz de Podemos, Carmen Mateos.

La propuesta de Mateos sobre seguridad vial para reducir el riesgo en las carreteras y calles de la capital, aprobada por unanimidad, compromete al Ayuntamiento a realizar un “mapeo” de puntos negros y la correspondiente corrección de los mismos con una adecuada señalización que pudiera revertir los datos estadísticos de accidentabilidad registrados la Policía Local y compañías aseguradoras.

En su respuesta, la concejala de Seguridad y Movilidad entiende que Almería no puede considerarse una ciudad “problemática” en relación al tráfico, la seguridad vial o la conflictividad de accidentes de tráfico en vías urbanas, siendo las rotondas y los cruces, los principales puntos en donde se producen los típicos percances, causados mayormente por no respetar la distancia de seguridad, por distracciones, incluso olvido por parte de los conductores de las normas generales de circulación de vehículos”, ha justificado.

La edil del PP ha avanzado que el anunciado nuevo contrato valorará “aquellas propuestas que identifiquen correctamente, problemas existentes y que aporten propuestas idóneas para mejorar la coherencia entre la señalización existente y la ordenación del tráfico, así como aquellas propuestas que puedan disminuir riesgos para la seguridad vial o trastornos importantes para la circulación”.

En el año 2020, según los datos aportados por la edil popular, se tuvieron que reponer 451 elementos de señalización vertical y, en lo que llevamos de año 2021, han sido 106 las señales repuestas en el término municipal.

Noticias Junta de Andalucía

• El Gobierno central confirma que la comunidad concluyó el año con un 0,1% en positivo, 206 millones de euros, respetando el margen al que se había comprometido la Junta

El Gobierno andaluz ha logrado cerrar el ejercicio 2020 en equilibrio presupuestario al concluir el año con un leve superávit del 0,14% (206 millones de euros), dentro del margen al que se había comprometido, y a pesar de la suspensión temporal de las reglas fiscales adoptada por la Comisión Europea como consecuencia de la pandemia, según ha confirmado el Ministerio de Hacienda.

La Junta de Andalucía ha trabajado durante todo el ejercicio para no desviarse de la senda fiscal y ha cuadrado sus cuentas por segundo año consecutivo, después de que en 2019 consiguiera revertir la situación heredada del año 2018, en el que la antigua administración incumplió los objetivos de estabilidad: déficit, deuda y gasto, al dejar un déficit (diferencia entre ingresos y gastos) del 0,51% del PIB, equivalente a 813 millones de euros.

Así, en 2019 consiguió cerrar siendo la única comunidad autónoma que cumplió con todos los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pese a que el año anterior fue la única que incumplió todos.

En relación a 2020, un ejercicio marcado por la crisis del coronavirus, el Gobierno andaluz ha vuelto a equilibrar sus cuentas. Así pues, este cierre presupuestario vuelve a respaldar la gestión de las finanzas públicas que está llevando a cabo el Ejecutivo autonómico durante los dos años que lleva de legislatura, en los que, además de cumplir los objetivos de estabilidad, se han elaborado y aprobado tres presupuestos autonómicos y se ha podido regresar a los mercados financieros para emitir deuda en condiciones más ventajosas, entre otros hitos.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha valorado la “estabilidad y certidumbre” que aporta esta ejecución presupuestaria a Andalucía, y ha remarcado que el objetivo planteado por este Gobierno “va a ser siempre tender al equilibrio presupuestario para no dejar déficit en herencia a las generaciones venideras”.

En este sentido, Bravo ha recordado que, durante 20 años, la Junta de Andalucía tiene que pagar cada año una factura de 223 millones de euros en concepto de devolución de las entregas a cuenta recibidas del Gobierno central en los años 2008 y 2009.

En este sentido, el consejero ha urgido al Ministerio de Hacienda a que plantee una solución para evitar que esta situación se vuelva a repetir en 2022 y 2023, ya que las entregas a cuenta del ejercicio pasado que van a recibir las comunidades autónomas fueron calculadas sobre la base de un crecimiento de la economía española del 1,6%, cuando la realidad es que el PIB se ha desplomado un 10,8% al cierre de 2020, lo que provocará una liquidación negativa que los gobiernos autonómicos deberán devolver al Estado.

La Junta destinó el año pasado más de 3.360 millones de euros a afrontar gastos relacionados con la pandemia, mientras que el montante que ha recibido por parte del Estado para este fin se situó en 2.300 millones en 2020.

Cinco Días

• El valor de los contratos alcanza los 627 millones, que afectan a tramos de la AP-2 y la AP-7 que revertirán al Estado

El Gobierno ya tiene preparados los primeros contratos de un nuevo modelo de conservación de carreteras, en concreto de tramos de las autovías de peaje AP-2 y la AP-7 que revertirán al Estado, por un montante de 627,8 millones de euros. Entre otras ventajas, el Ejecutivo prevé aprovechar las sinergias que se obtienen al gestionar de manera conjunta cada tramo.

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, autorizará la celebración de los primeros seis contratos basados en los nuevos pliegos de contratación para la conservación de carreteras, que supone un cambio relevante respecto al utilizado hasta ahora.

Se trata de contratos de conservación por valor conjunto de esos 627,8 millones, de los que 541 millones se focalizan en Cataluña y 86,8 millones para Aragón, correspondientes a los tramos de las autopistas de peaje AP-2 y AP-7 que revertirán al Estado en septiembre de 2021 tras la finalización de sus concesiones.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de la Dirección General de Carreteras, plantea un nuevo modelo en los contratos de servicios de conservación y explotación de sectores de carreteras del Estado, en los que se integrarán prestaciones adicionales como la explotación económica de elementos funcionales ya existentes (áreas de servicio) y la ejecución de pequeñas obras.

El objetivo último del nuevo modelo es garantizar una movilidad segura, reforzando así la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Mitma, según fuentes del departamento dirigido por José Luis Ábalos.

Los contratos basados en los nuevos pliegos de contratación podrán incluir prestaciones de conservación que incluyan actuaciones como permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles; vigilancia y atención accidentes e incidentes; el acondicionamiento invernal de las carreteras, o el servicio de control de túneles y comunicaciones.

También se incluye en estos pliegos el mantenimiento de instalaciones; la ayuda a la explotación y estudios de seguridad vial; el mantenimiento de los elementos de la carretera; los proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía, y la explotación de los elementos funcionales de las carreteras como son las áreas de servicio existentes.

Desde el Mitma se cree que, por ejemplo, la inclusión de pequeñas obras de conservación preventiva tiene por finalidad la rehabilitación, reposición y mejora de los elementos mediante inversiones que superan el alcance previsto en los contratos actuales. Los ganadores de los contratos también acometerán limpiezas y siegas, reparaciones de firmes, actuaciones en los sistemas de drenaje, mejora de los sistemas de contención.

En el nuevo modelo de contratos se separan, de forma expresa, los gastos e ingresos del contrato, estableciendo, de un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación y pequeñas obras) y, de otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).

Abc

• El desequilibrio público ya es el mayor de Europa y marca récord desde 2009

España cerró el año pasado con un desequilibrio de las administraciones menor a lo previsto, pero con el mayor desfase de la Unión Europea, al menos según lo estimado y publicado hasta el momento. El déficit público acabó 2020 en el 10,09% del PIB, el 10,97% si se incorporan las pérdidas de la Sareb que Eurostat ha incluido desde el año pasado en el perímetro del sector público. La integración de Sareb ha elevado el déficit en 9.878 millones provocando, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una estimación «de máximos» de las pérdidas del llamado ‘banco malo’ que redundará en que no provoque un mayor roto en las cuentas en los siguientes ejercicios.

Hacienda también ha aprovechado que el año pasado no había reglas fiscales y ha incluido 1.400 millones de euros de déficit por el impacto en las cuentas públicas del pago de la deuda del proyecto Castor a las entidades financieras que adelantaron la compensación a ACS y a Dundee.

Como fuere, este 10,97% del PIB supone el mayor déficit entre los países europeos y el más alto para España desde 2009, cuando alcanzó el 11,2%. Las reglas fiscales volverán en algún momento y, cuando lo hagan, España puede volver a estar en la diana de los mercados, lo que hace aconsejable que el Ejecutivo publique un plan de reequilibrio que recoja cómo piensa volver a sanear las cuentas públicas. Un plan al que la Ley de Estabilidad obliga a que Hacienda lo hubiera presentado a finales del año pasado, pero que Montero postergó ayer. «Es precipitado, tenemos meses por delante», aseveró Montero, quien señaló que esperará a que Europa vuelva a activar las reglas fiscales, así como al avance del debate para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

«No tenemos que esperar a que nos venga de Europa, por mucho que se quieran cambiar las reglas fiscales. Abril va a ser el mes en el que veamos si despega la vacuna o no. Será entonces cuando habrá que calibrar ese plan, hay que intentar no alargarlo mucho. Es crucial: Alemania, Países Bajos y Finlandia ya tendrán un déficit del entorno del 3% el año que viene, lo que hace pensar que impulsarán una vuelta de las reglas fiscales ya para 2023. Nosotros también tenemos que participar en este debate y ayudaría un plan de consolidación creíble», reposa el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. La Autoridad Fiscal y el Banco de España han reclamado en repetidas ocasiones que Hacienda publique este plan de reequilibrio, sin éxito.

Hasta entonces, el déficit aumentó en 87.435 millones durante el año de la pandemia hasta los 123.072 millones de euros. El gasto público se incrementó el año pasado en 53.070 millones y los ingresos cayeron en 24.487 millones. Una de las grandes sorpresas fue la recaudación tributaria, que se redujo un 8,8%, porcentaje menor al 9,9% de bajada del PIB nominal, con figuras como el IRPF subiendo un 1,2% pero con el Impuesto de Sociedades desplomándose un 33,2% hasta los 15.858 millones. El IVA se contrajo un 11,5%, a rebufo del desplome del consumo, y los Impuestos Especiales se redujeron un 12,1%. En definitiva, los ingresos tributarios se contrajeron en 18.757 millones: de 212.808 millones de 2019 hasta los 194.051 millones en 2020.

Esto ha supuesto una de las novedades de esta crisis frente a la anterior, cuando la recaudación se desplomó muy por encima de lo que lo hizo el PIB, ante el aumento de la economía sumergida y el estallido de la burbuja inmobiliaria, con su correspondiente ajuste en los ingresos. Ello se debe, como indican las cifras, a la protección de los ERTE.

Curiosamente, las compras del BCE lograron que la única partida que redujo su desembolso, pese al espectacular aumento de la deuda pública, fuera la de los intereses: alcanzaron los 25.192 millones de euros, es decir, un 11,1% menos.

«La clave va a ser cómo van a pasar de los ERTE los trabajadores cuando estos acaben, porque si pasan al desempleo, eso al Estado le va a suponer un fuerte incremento del gasto», reflexiona el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, quien pone el dedo en la llaga del turismo: «Si no se recupera, tendremos un problema de paro de larga duración».

Expansión

• Récord/ El déficit de las Administraciones Públicas se dispara del 2,8% del PIB en 2019 al 10,09% en 2020 por el enorme desembolso para mitigar el impacto de la pandemia. Sumado el cómputo de la deuda de la Sareb, el déficit alcanza el 10,97%.

La crisis del Covid-19 ha desgarrado las cuentas públicas españolas con un aumento de déficit inédito en democracia. Una brecha que costará sudor y lágrimas cerrar, aunque ayer el Gobierno diera una patada adelante al problema, dejando caer que hasta que la Comisión Europea no se ponga seria no se entrará en el debate sobre la consolidación fiscal.

El déficit, entendido como la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan las administraciones públicas, escaló del 2,8% del PIB de 2019 a un 10,09% en 2020, según los datos de ejecución presupuestaria publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. Un aumento nunca visto de 77.557 millones en un año para poder hacer frente a los gastos de la pandemia, y que todavía es mayor (10,97% del PIB) al sumar los casi 10.000 millones de deuda que el Estado ha tenido que asumir del banco malo, la Sareb, por exigencia de Eurostat.

Aunque en 2009 el déficit escaló hasta el 11,3%, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero disparó el gasto para hacer frente a la crisis financiera; en esta ocasión el aumento de déficit es superior en términos absolutos: más de 87.000 millones (contando las ayudas a la Sareb) frente a los menos de 70.000 millones de 2009.

“Los datos ponen de manifiesto la situación extraordinaria que estamos viviendo en España”, reconoció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pese a los peores datos de entrada en 2021 y la lentitud de la vacunación no dio detalles sobre si recortará las previsiones de crecimiento, y fijó como fecha de revisión a finales de abril. Como dato positivo, la ministra recalcó que pese al desfase del 10,9%, el déficit es inferior a la meta del 11,3% que el Gobierno envió a la Comisión Europea en octubre, y también es mejor del previsto por la mayoría de organismos, que llegaron a vaticinar alzas del déficit de hasta el 15%.

“Este aumento se explica más por el incremento del gasto que por la caída de ingresos”, argumentó la ministra. La inyección de gasto público fue de 576.489 millones de euros, por encima del 50% del PIB, frente a sólo 194.051 millones de euros ingresados debido a una caída en la recaudación por el impacto de la crisis en empleos, rentas y actividad.

En el caso del gasto público, aunque el grueso se dedicó al pago de las pensiones y prestaciones sociales; el aumento respecto a 2019, de 53.070 millones, se explica por las medidas para mitigar los efectos de la pandemia en empleo y rentas: casi 9 de cada 10 euros de ese incremento (el 85%) se destinaron a prestaciones por ERTE, las ayudas a los autónomos o el aumento del gasto sanitario. También influyeron en el aumento del gasto la revalorización de las pensiones y la subida del salario de los funcionarios.

Además del impacto económico del llamado escudo social, el mayor desvío de la administración se explica por un incremento sin precedentes en las transferencias a comunidades (al margen del sistema de financiación autonómica). La administración central dotó a las comunidades de 16.000 millones de euros del fondo Covid.

“La administración se ha endeudado y ha asumido este mayor déficit para que comunidades, ayuntamientos o Seguridad Social tuvieran margen presupuestario suficiente”, explicó Montero. Esto explicaría el desfase en el déficit de la administración central del 7,5% frente al 0,21% de las comunidades, el 2,65% de la Seguridad Social o el superávit del 0,26% de los ayuntamientos. “Sin esas medidas de apoyo, el déficit autonómico habría sido del 2,6%, y del 4,5% en la Seguridad Social”, completó Montero.

En cuanto a los ingresos, es la primera vez que en un momento de crisis la caída de ingresos es inferior a la caída de la riqueza del país. Los ingresos públicos cayeron en 24.487 millones, un 5%, y la recaudación de la Agencia Tributaria retrocedió un 8,8% por la sangría que ha supuesto la crisis para empleos y rentas.

Sin embargo, ambos descensos son menores al desplome del 9,9% del PIB nominal. Que el país ingrese más de lo que crece se debió principalmente al efecto de los ERTE manteniendo cotizaciones, y también a la revalorización de pensiones y salarios públicos. De hecho, la recaudación por IRPF se convirtió en la única partida con aumento en ingresos, del 1,2%. Las restricciones sociales y la caída del consumo, principalmente en hostelería y turismo, explican el descenso del 11,5% en recaudación de IVA y el parón del transporte en impuestos especiales (-12,1%).

Entre los grandes tributos, el Impuesto de Sociedades acusa el mayor descalabro, del 33,2%. La cantidad de empresas que ha sufrido una caída en sus beneficios, por no hablar de pérdidas, debido al parón de actividad durante el confinamiento y las restricciones a la actividad que todavía hoy permanecen, explican este descenso. Aunque según explicó ayer la ministra Montero, parte de la caída (10 puntos porcentuales) se deben al impacto de devoluciones fiscales por pagos fraccionados.

Granada Hoy

• Relevo entre granadinos en la Delegación del Gobierno

El Consejo de Ministros tiene previsto cesar este martes, 30 de marzo, a la granadina Sandra García como delegada del Gobierno en Andalucía, un cargo para el que el alcalde de Baza (Granada), Pedro Fernández, se perfila como su sustituto, según ha confirmado el propio PSOE. Con este movimiento sale de nuevo fortalecido el presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas en Granada, José Entrena, que de nuevo sitúa a alguien de su confianza como representante del Gobierno en Andalucía, ya que Fernández es vicepresidente de la Diputación. Entrena, de esta manera, vuelve a mostrar su cercanía e influencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algo que, además, se produce en el contexto de las próximas primarias para el PSOE-A.

Sandra García, cuyo cese ha avanzado el diario digital ‘El Confidencial’ este lunes, cumplió el mes pasado su primer año como delegada del Gobierno, ya que el Consejo de Ministros aprobó su nombramiento el 11 de febrero de 2020, relevando así en el cargo a Lucrecio Fernández.

En el momento de su nombramiento, Sandra García era senadora socialista por Granada desde las elecciones generales de abril de 2019. Además, fue delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia granadina bajo la presidencia de Susana Díaz hasta que el PSOE cedió el Ejecutivo andaluz tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018, un hecho que permitió interpretar que el nombramiento contaba con el visto bueno del PSOE andaluz.

Quien se perfila como su sustituto al frente de la Delegación del Gobierno, Pedro Fernández, es también secretario de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A. Nacido en Baza (Granada) en 1966, en 1989 se licenció en Derecho por la Universidad de Granada y durante diez años ejerció la abogacía, según informa la federación socialista andaluza en su página web.

Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Baza desde 1999 hasta 2003, tras las elecciones municipales de 2004 fue portavoz del equipo de gobierno bastetano. En junio de 2004 fue diputado provincial al frente del área de Asistencia a Municipios, y en mayo de ese mismo año tomó posesión como delegado provincial de Obras Públicas y Transportes.

En diciembre de 2006 fue nombrado candidato oficial del PSOE a la Alcaldía de Baza para las elecciones municipales de 2007, en las que resultó elegido alcalde, resultando reelegido en 2007, 2011, 2015 y 2019, ostentando ese cargo en la actualidad. En 2007 fue elegido presidente de la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Baza.

En 2011 fue presidente de la Mancomunidad de Municipios, y en la actualidad es también vicepresidente primero de la Diputación de Granada, responsable de Presidencia, Contratación y portavoz del equipo de gobierno socialista.

Por su parte, Sandra García es licenciada en Ciencias Políticas en la especialidad de Administración Pública por la Universidad de Granada. Dentro de la administración andaluza, antes del puesto de delegada del Gobierno de la Junta en Granada ocupó los cargos de directora general de Calidad, Innovación y Prospección Turística de la Junta, delegada provincial de Turismo, Comercio y Deporte en Granada, y delegada provincial de Agricultura.

La persona que sustituya a Sandra García será la cuarta al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018 tras triunfar la moción de censura que presentó contra el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Así, Sandra García tomó el relevo de Lucrecio Fernández, que, a su vez, accedió al cargo en marzo de 2019 tras la inclusión en las listas del PSOE al Congreso en las elecciones de abril de aquel año de su antecesor, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente primero de la Cámara Baja y el primer delegado del Gobierno en Andalucía bajo la presidencia de Pedro Sánchez.