Abc

• El sendero, con un presupuesto de un millón de euros, tendrá siete tramos y una longitud de 6,5 kilómetros entre los puentes de Ibn Firnás y El Arenal

El Ayuntamiento de Córdoba tiene una idea atractiva para el tramo urbano del Guadalquivir, y ha partido de la empresa municipal de saneamientos (Sadeco), que está en manos de Ciudadanos. La intención del presidente de la citada entidad, el teniente de alcalde David Dorado, es construir un sendero para peatones y bicicletas en paralelo al cauce fluvial entre los puentes de El Arenal y el de Ibn Firnás que logre un doble objetivo: de un lado, ayudaría a las tareas de conservación del entorno vegetal del río y, de otro, dotaría a la ciudad de un nuevo enclave de esparcimiento al aire libre.

La iniciativa está plasmada en un documento de Sadeco titulado «Proyecto de creación y mantenimiento de la vía verde en el río Guadalquivir a su paso por el casco urbano de Córdoba», al que ha tenido acceso ABC, y que necesita una inversión de un millón de euros. David Dorado declaró a este periódico que «los presupuestos municipales, que están por aprobarse, cuentan ya con una partida de 300.000 euros para el proyecto, y la previsión es que esa misma cantidad se fije para las dos próximas anualidades con el fin de llegar al presupuesto total».

La longitud de la vía verde entre las dos pasarelas fluviales citadas es de 6,5 kilómetros, si bien esta cifra ha de multiplicarse por dos, pues los senderos estarían en las dos orillas. La descripción de la idea en el documento elaborado por Sadeco indica que su objetivo es mejorar «el estado de las márgenes del río, eliminar el impacto visual y medioambiental que generan los residuos arrastrados por la corriente que se almacenan entren la maleza en ambas orillas y habilitar, como en otras capitales españolas, una zona de ocio para uso y disfrute de los turistas y ciudadanos cordobeses». El planteamiento municipal es que las tareas comiencen por el tramo del río que cruza la ciudad, de forma que sea ahí donde primero estén listas las pasarelas peatonales.

La vía verde en cuestión a ambos lados del río se plantea para aprovechar el entorno arquitectónico e histórico existente, y tendrán «unas dimensiones tales que, sin afectar al hábitat natural, permitan el uso en condiciones de seguridad de los ciudadanos y un mantenimiento y limpieza periódico por parte de los servicios de Sadeco». Con esta finalidad de habilitar a ambos márgenes del río una vía verde adecuada al tránsito de ciudadanos, con unas condiciones mínimas que permita además el tránsito de los vehículos de limpieza para el mantenimiento y de la misma, Sadeco propone una batería de actuaciones a corto plazo.

Senderos de cuatro metros
Entre estos trabajos se encuentra la creación de tramos de vía de 4 metros de anchura en zonas invadidas por la vegetación y maleza en al menos un 15 por ciento de la longitud de la vía verde en ambos márgenes. El proyecto de Sadeco se basa en un estudio previo que ha certificado que el estado actual de las vías perimetrales a lo largo de los 6.500 metros de longitud aproximada de río dentro del casco urbano no son transitables para los vehículos de servicios de limpieza en toda su longitud en ninguno de los márgenes, lo que dificulta el mantenimiento del entorno fluvial. En la actualidad, el Consistorio realiza un servicio de limpieza y retirada de residuos por tramos en ambos márgenes mediante una cuadrilla de Sadeco, de manera que semanalmente y mediante siete rutas de limpieza se recorre la zona accesible de ambos márgenes retirando los residuos que en ella se encuentran.

Estos siete itinerarios de mantenimiento del tramo urbano del Guadalquivir coincidirán con las etapas para el paseo y el disfrute de los ciudadanos (vehículos a motor excluidos), y son las siguientes: desde la Autovía hasta el Puente del Arenal, de allí al Molino de Martos para tener las próximas escalas en el Puente de San Rafael, en el de Andalucía y en el de Ibn Firnás.

El grueso del dinero
El grueso del dinero que Sadeco ha previsto que necesita para esta obra se centra en lo que la memoria del proyecto denomina «limpieza de choque», y que llevará a cabo de un modo directo la entidad que preside David Dorado. El desbroce de la maleza y la limpieza general son la piedra angular de esta actuación, a la que seguirá la habilitación de las plataformas de cuatro metros de anchura donde las características del terreno lo permitan.

La empresa municipal tiene en la cabeza extender una capa de árido reciclado para mejorar el drenaje del terreno en los senderos, «lo que permitirá una mejor accesibilidad y transitabilidad por esta vía». El texto agrega que «en las zonas en las que sea preciso se podrán colocar barandillas de madera para evitar el riesgo de caída a distinto nivel por los senderistas que lo transitan, realizadas de forma que no perjudiquen el tránsito del agua en el caso de una crecida del Guadalquivir».

El concejal David Dorado quiere negociar con la Junta y la Confederación Hidrográfica la actuación
El concejal David Dorado es consciente de que una intervención de este calado precisa del concurso, y del visto bueno, de otras administraciones, en este caso la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). «Tenemos que sentarnos con la Junta para hablar, sobre todo para que no nos solapemos en los trabajos que cada uno de nosotros vayamos a desarrollar. Pero el primer paso es que el Ayuntamiento apruebe el presupuesto de 2021 y que todo pueda empezar a activarse», insistió el presidente de Sadeco.

El documento al que ha tenido acceso este periódico deja claro que todas las intervenciones «se llevarán a cabo teniendo en cuenta la complejidad de las obras bajo el condicionante de minimizar el impacto medioambiental optimizando el coste del proyecto y creando una vía segura para el uso de la ciudadanía». Además, en la exposición del plan hay una mención expresa al cuidado de la fauna y la flora del enclave: «Será necesario minimizar las perturbaciones sobre los sistemas naturales del entorno del curso fluvial, de forma que se evite también la ocupación del cauce del río y la contaminación de las aguas».

Movimiento de tierras, los justos
La vía verde tratará, además, de minimizar los movimientos de tierras y la modificación sustancial de la morfología natural de los terrenos, y adoptará «medidas para evitar la erosión del suelo y garantizar el correcto tratamiento y restauración de los taludes generados en los tramos de nueva creación que sean precisos para dar continuidad a la vía verde fluvial».

Una vez finalizada la ejecución y puesta en servicio de la vía verde, Sadeco iniciará el plan de mantenimiento del río, de acuerdo al cual un equipo formado por dos operarios y un vehículo de limpieza se retirará por medios manuales los residuos sólidos que se encuentren en la vía verde situada a ambos márgenes del río; esta operación está prevista en el documento consultado por ABC con una periodicidad semanal. Como apoyo se empleará un vehículo adecuado para la retirada de materiales voluminosos, que los transportará al vertedero.

El proyecto que defiende el concejal David Dorado cuantifica también el coste del mantenimiento de la vía verde, y que asciende a 88.191 euros al año. De esta cantidad, 84.561 euros se dedicarán a la conservación y a la limpieza del tramo urbano del sendero. La suma restante de 3.630 euros estará reservada para la retirada de vertidos incontrolados de materiales voluminosos para los que se precise maquinaria pesada tanto para su recogida como para el transporte al vertedero.

Diario de Cádiz

• El Consejo de Administración de Apemsa ha dado cuenta de unas pérdidas de casi 74.000 euros en 2020

 El Consejo de Administración de la empresa local de aguas, Apemsa, celebrado este lunes 29 de marzo ha aprobado, entre otras cuestiones, la formulación de las cuentas del año 2020, en el que se registraron unas pérdidas que ascendieron a 73.980 euros. También se han dado ya los primeros pasos para la contratación del proyecto y ejecución de la obra de construcción del tanque anticontaminación y estación de bombeo de La Puntilla, un ambicioso proyecto que supondrá una inversión de 6.756.000 euros con un plazo de ejecución de unos 14 meses.

Los consejeros han sido informados de que la evolución de la sociedad en el año 2020 fue desfavorable, principalmente por la repercusión del Covid-19 y las medidas que ha sido necesario implementar. También ha influido el hecho de no haberse producido aún la aprobación por parte del Ayuntamiento de las nuevas ordenanzas para la Prestación Patrimonial de carácter Público no Tributario de Abastecimiento y Saneamiento para 2020. Respecto al volumen facturado a clientes, ha descendido aproximadamente en un 3%.

El alcalde y presidente de Apemsa, Germán Beardo, explica que el tanque anticontaminación y la estación de bombeo de La Puntilla se ejecutará con cargo al canon de mejora local. Una vez aprobado por el Consejo se iniciarán los trámites administrativos pertinentes. En primer lugar se realizará la convocatoria de dos concursos, uno para la redacción del proyecto y dirección de la obra y otro para la asistencia técnica de la Mesa de Contratación. Una vez adjudicados se publicará la licitación de las obras. Se estima que los trabajos comiencen en torno al 15 de octubre y se prolonguen durante más de un año.

Beardo subraya que es “una obra técnicamente compleja, por su ubicación colindante con el rio Guadalete, donde también es fundamental mantener en funcionamiento la infraestructura existente durante la ejecución de los trabajos”. La finalidad de esta estación de bombeo de pluviales y residuales será impulsar las aguas pluviales al río, una vez separada la carga contaminante de las primeras aguas de lluvia en el tanque anticontaminación, que junto con las aguas residuales procedentes de la zona baja del casco urbano y Valdelagrana se impulsarán hasta la depuradora de Las Galeras para su correcta depuración.

Este tanque tanque de tormentas reducido disminuirá de forma importante la posibilidad de las inundaciones que se producen ocasionalmente en los alrededores de la Jefatura de la Policía Local, además de lograr que las primeras aguas de lluvia, que son las que tienen más carga contaminante al arrastrar la suciedad y los residuos de la calle, no se viertan directamente al río tras un episodio de lluvias. En situaciones de lluvia intensa, cuando el volumen de precipitaciones supere la capacidad del depósito y únicamente entonces, se desaguará en el río, evitando así la inundación de calles y los problemas de desagües en viviendas. Las aguas que se vierten al río se denominan grises y tienen un grado de dilución suficiente para que no sean contaminantes en el medio receptor, cumpliendo con la autorización de vertidos de la Junta de Andalucía.

Los trabajos consisten en la construcción de un depósito enterrado de gran capacidad, ampliando el existente en la actualidad, desde donde se impulsarán las aguas residuales y las primeras aguas de lluvia con carga contaminante a la depuradora de Las Galeras. En el proyecto se contemplará también la reubicación de la estación de bombeo de aguas residuales y pluviales situada en la calle Aurora, que desparece como tal, así como la modificación de los colectores que transportan estas aguas. De esa forma se unificarán en la Puntilla ambos bombeos, mejorando la capacidad hidráulica de la zona y eliminando una infraestructura que está situada junto a las viviendas. Así mismo, a esta ampliada estación de bombeo llegarán también los caudales de los colectores que se ven afectados por el futuro aparcamiento subterráneo que la Autoridad Portuaria tiene proyectado construir a la altura de las calles Los Moros y Valdés.

La red de saneamiento del casco antiguo es de tipo unitario, es decir, en el mismo colector se recogen aguas residuales de las viviendas y aguas pluviales cuando llueve. Existen aliviaderos a lo largo de las dos márgenes del río y en distintos puntos del litoral. “Sin estas instalaciones, la red de saneamiento se colapsaría y se producirían inundaciones en la ciudad, como ocurría en el pasado”, recuerda Beardo. Estos aliviaderos constan en la autorización de vertidos de aguas al Dominio Público Marítimo Terrestre otorgado por la Junta de Andalucía.

Granada Hoy

• Relevo entre granadinos en la Delegación del Gobierno

El Consejo de Ministros tiene previsto cesar este martes, 30 de marzo, a la granadina Sandra García como delegada del Gobierno en Andalucía, un cargo para el que el alcalde de Baza (Granada), Pedro Fernández, se perfila como su sustituto, según ha confirmado el propio PSOE. Con este movimiento sale de nuevo fortalecido el presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas en Granada, José Entrena, que de nuevo sitúa a alguien de su confianza como representante del Gobierno en Andalucía, ya que Fernández es vicepresidente de la Diputación. Entrena, de esta manera, vuelve a mostrar su cercanía e influencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algo que, además, se produce en el contexto de las próximas primarias para el PSOE-A.

Sandra García, cuyo cese ha avanzado el diario digital ‘El Confidencial’ este lunes, cumplió el mes pasado su primer año como delegada del Gobierno, ya que el Consejo de Ministros aprobó su nombramiento el 11 de febrero de 2020, relevando así en el cargo a Lucrecio Fernández.

En el momento de su nombramiento, Sandra García era senadora socialista por Granada desde las elecciones generales de abril de 2019. Además, fue delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia granadina bajo la presidencia de Susana Díaz hasta que el PSOE cedió el Ejecutivo andaluz tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018, un hecho que permitió interpretar que el nombramiento contaba con el visto bueno del PSOE andaluz.

Quien se perfila como su sustituto al frente de la Delegación del Gobierno, Pedro Fernández, es también secretario de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A. Nacido en Baza (Granada) en 1966, en 1989 se licenció en Derecho por la Universidad de Granada y durante diez años ejerció la abogacía, según informa la federación socialista andaluza en su página web.

Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Baza desde 1999 hasta 2003, tras las elecciones municipales de 2004 fue portavoz del equipo de gobierno bastetano. En junio de 2004 fue diputado provincial al frente del área de Asistencia a Municipios, y en mayo de ese mismo año tomó posesión como delegado provincial de Obras Públicas y Transportes.

En diciembre de 2006 fue nombrado candidato oficial del PSOE a la Alcaldía de Baza para las elecciones municipales de 2007, en las que resultó elegido alcalde, resultando reelegido en 2007, 2011, 2015 y 2019, ostentando ese cargo en la actualidad. En 2007 fue elegido presidente de la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Baza.

En 2011 fue presidente de la Mancomunidad de Municipios, y en la actualidad es también vicepresidente primero de la Diputación de Granada, responsable de Presidencia, Contratación y portavoz del equipo de gobierno socialista.

Por su parte, Sandra García es licenciada en Ciencias Políticas en la especialidad de Administración Pública por la Universidad de Granada. Dentro de la administración andaluza, antes del puesto de delegada del Gobierno de la Junta en Granada ocupó los cargos de directora general de Calidad, Innovación y Prospección Turística de la Junta, delegada provincial de Turismo, Comercio y Deporte en Granada, y delegada provincial de Agricultura.

La persona que sustituya a Sandra García será la cuarta al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018 tras triunfar la moción de censura que presentó contra el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Así, Sandra García tomó el relevo de Lucrecio Fernández, que, a su vez, accedió al cargo en marzo de 2019 tras la inclusión en las listas del PSOE al Congreso en las elecciones de abril de aquel año de su antecesor, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente primero de la Cámara Baja y el primer delegado del Gobierno en Andalucía bajo la presidencia de Pedro Sánchez.

Expansión

• Récord/ El déficit de las Administraciones Públicas se dispara del 2,8% del PIB en 2019 al 10,09% en 2020 por el enorme desembolso para mitigar el impacto de la pandemia. Sumado el cómputo de la deuda de la Sareb, el déficit alcanza el 10,97%.

La crisis del Covid-19 ha desgarrado las cuentas públicas españolas con un aumento de déficit inédito en democracia. Una brecha que costará sudor y lágrimas cerrar, aunque ayer el Gobierno diera una patada adelante al problema, dejando caer que hasta que la Comisión Europea no se ponga seria no se entrará en el debate sobre la consolidación fiscal.

El déficit, entendido como la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan las administraciones públicas, escaló del 2,8% del PIB de 2019 a un 10,09% en 2020, según los datos de ejecución presupuestaria publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. Un aumento nunca visto de 77.557 millones en un año para poder hacer frente a los gastos de la pandemia, y que todavía es mayor (10,97% del PIB) al sumar los casi 10.000 millones de deuda que el Estado ha tenido que asumir del banco malo, la Sareb, por exigencia de Eurostat.

Aunque en 2009 el déficit escaló hasta el 11,3%, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero disparó el gasto para hacer frente a la crisis financiera; en esta ocasión el aumento de déficit es superior en términos absolutos: más de 87.000 millones (contando las ayudas a la Sareb) frente a los menos de 70.000 millones de 2009.

“Los datos ponen de manifiesto la situación extraordinaria que estamos viviendo en España”, reconoció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pese a los peores datos de entrada en 2021 y la lentitud de la vacunación no dio detalles sobre si recortará las previsiones de crecimiento, y fijó como fecha de revisión a finales de abril. Como dato positivo, la ministra recalcó que pese al desfase del 10,9%, el déficit es inferior a la meta del 11,3% que el Gobierno envió a la Comisión Europea en octubre, y también es mejor del previsto por la mayoría de organismos, que llegaron a vaticinar alzas del déficit de hasta el 15%.

“Este aumento se explica más por el incremento del gasto que por la caída de ingresos”, argumentó la ministra. La inyección de gasto público fue de 576.489 millones de euros, por encima del 50% del PIB, frente a sólo 194.051 millones de euros ingresados debido a una caída en la recaudación por el impacto de la crisis en empleos, rentas y actividad.

En el caso del gasto público, aunque el grueso se dedicó al pago de las pensiones y prestaciones sociales; el aumento respecto a 2019, de 53.070 millones, se explica por las medidas para mitigar los efectos de la pandemia en empleo y rentas: casi 9 de cada 10 euros de ese incremento (el 85%) se destinaron a prestaciones por ERTE, las ayudas a los autónomos o el aumento del gasto sanitario. También influyeron en el aumento del gasto la revalorización de las pensiones y la subida del salario de los funcionarios.

Además del impacto económico del llamado escudo social, el mayor desvío de la administración se explica por un incremento sin precedentes en las transferencias a comunidades (al margen del sistema de financiación autonómica). La administración central dotó a las comunidades de 16.000 millones de euros del fondo Covid.

“La administración se ha endeudado y ha asumido este mayor déficit para que comunidades, ayuntamientos o Seguridad Social tuvieran margen presupuestario suficiente”, explicó Montero. Esto explicaría el desfase en el déficit de la administración central del 7,5% frente al 0,21% de las comunidades, el 2,65% de la Seguridad Social o el superávit del 0,26% de los ayuntamientos. “Sin esas medidas de apoyo, el déficit autonómico habría sido del 2,6%, y del 4,5% en la Seguridad Social”, completó Montero.

En cuanto a los ingresos, es la primera vez que en un momento de crisis la caída de ingresos es inferior a la caída de la riqueza del país. Los ingresos públicos cayeron en 24.487 millones, un 5%, y la recaudación de la Agencia Tributaria retrocedió un 8,8% por la sangría que ha supuesto la crisis para empleos y rentas.

Sin embargo, ambos descensos son menores al desplome del 9,9% del PIB nominal. Que el país ingrese más de lo que crece se debió principalmente al efecto de los ERTE manteniendo cotizaciones, y también a la revalorización de pensiones y salarios públicos. De hecho, la recaudación por IRPF se convirtió en la única partida con aumento en ingresos, del 1,2%. Las restricciones sociales y la caída del consumo, principalmente en hostelería y turismo, explican el descenso del 11,5% en recaudación de IVA y el parón del transporte en impuestos especiales (-12,1%).

Entre los grandes tributos, el Impuesto de Sociedades acusa el mayor descalabro, del 33,2%. La cantidad de empresas que ha sufrido una caída en sus beneficios, por no hablar de pérdidas, debido al parón de actividad durante el confinamiento y las restricciones a la actividad que todavía hoy permanecen, explican este descenso. Aunque según explicó ayer la ministra Montero, parte de la caída (10 puntos porcentuales) se deben al impacto de devoluciones fiscales por pagos fraccionados.

Abc

• El desequilibrio público ya es el mayor de Europa y marca récord desde 2009

España cerró el año pasado con un desequilibrio de las administraciones menor a lo previsto, pero con el mayor desfase de la Unión Europea, al menos según lo estimado y publicado hasta el momento. El déficit público acabó 2020 en el 10,09% del PIB, el 10,97% si se incorporan las pérdidas de la Sareb que Eurostat ha incluido desde el año pasado en el perímetro del sector público. La integración de Sareb ha elevado el déficit en 9.878 millones provocando, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una estimación «de máximos» de las pérdidas del llamado ‘banco malo’ que redundará en que no provoque un mayor roto en las cuentas en los siguientes ejercicios.

Hacienda también ha aprovechado que el año pasado no había reglas fiscales y ha incluido 1.400 millones de euros de déficit por el impacto en las cuentas públicas del pago de la deuda del proyecto Castor a las entidades financieras que adelantaron la compensación a ACS y a Dundee.

Como fuere, este 10,97% del PIB supone el mayor déficit entre los países europeos y el más alto para España desde 2009, cuando alcanzó el 11,2%. Las reglas fiscales volverán en algún momento y, cuando lo hagan, España puede volver a estar en la diana de los mercados, lo que hace aconsejable que el Ejecutivo publique un plan de reequilibrio que recoja cómo piensa volver a sanear las cuentas públicas. Un plan al que la Ley de Estabilidad obliga a que Hacienda lo hubiera presentado a finales del año pasado, pero que Montero postergó ayer. «Es precipitado, tenemos meses por delante», aseveró Montero, quien señaló que esperará a que Europa vuelva a activar las reglas fiscales, así como al avance del debate para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

«No tenemos que esperar a que nos venga de Europa, por mucho que se quieran cambiar las reglas fiscales. Abril va a ser el mes en el que veamos si despega la vacuna o no. Será entonces cuando habrá que calibrar ese plan, hay que intentar no alargarlo mucho. Es crucial: Alemania, Países Bajos y Finlandia ya tendrán un déficit del entorno del 3% el año que viene, lo que hace pensar que impulsarán una vuelta de las reglas fiscales ya para 2023. Nosotros también tenemos que participar en este debate y ayudaría un plan de consolidación creíble», reposa el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. La Autoridad Fiscal y el Banco de España han reclamado en repetidas ocasiones que Hacienda publique este plan de reequilibrio, sin éxito.

Hasta entonces, el déficit aumentó en 87.435 millones durante el año de la pandemia hasta los 123.072 millones de euros. El gasto público se incrementó el año pasado en 53.070 millones y los ingresos cayeron en 24.487 millones. Una de las grandes sorpresas fue la recaudación tributaria, que se redujo un 8,8%, porcentaje menor al 9,9% de bajada del PIB nominal, con figuras como el IRPF subiendo un 1,2% pero con el Impuesto de Sociedades desplomándose un 33,2% hasta los 15.858 millones. El IVA se contrajo un 11,5%, a rebufo del desplome del consumo, y los Impuestos Especiales se redujeron un 12,1%. En definitiva, los ingresos tributarios se contrajeron en 18.757 millones: de 212.808 millones de 2019 hasta los 194.051 millones en 2020.

Esto ha supuesto una de las novedades de esta crisis frente a la anterior, cuando la recaudación se desplomó muy por encima de lo que lo hizo el PIB, ante el aumento de la economía sumergida y el estallido de la burbuja inmobiliaria, con su correspondiente ajuste en los ingresos. Ello se debe, como indican las cifras, a la protección de los ERTE.

Curiosamente, las compras del BCE lograron que la única partida que redujo su desembolso, pese al espectacular aumento de la deuda pública, fuera la de los intereses: alcanzaron los 25.192 millones de euros, es decir, un 11,1% menos.

«La clave va a ser cómo van a pasar de los ERTE los trabajadores cuando estos acaben, porque si pasan al desempleo, eso al Estado le va a suponer un fuerte incremento del gasto», reflexiona el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, quien pone el dedo en la llaga del turismo: «Si no se recupera, tendremos un problema de paro de larga duración».

Cinco Días

• El valor de los contratos alcanza los 627 millones, que afectan a tramos de la AP-2 y la AP-7 que revertirán al Estado

El Gobierno ya tiene preparados los primeros contratos de un nuevo modelo de conservación de carreteras, en concreto de tramos de las autovías de peaje AP-2 y la AP-7 que revertirán al Estado, por un montante de 627,8 millones de euros. Entre otras ventajas, el Ejecutivo prevé aprovechar las sinergias que se obtienen al gestionar de manera conjunta cada tramo.

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, autorizará la celebración de los primeros seis contratos basados en los nuevos pliegos de contratación para la conservación de carreteras, que supone un cambio relevante respecto al utilizado hasta ahora.

Se trata de contratos de conservación por valor conjunto de esos 627,8 millones, de los que 541 millones se focalizan en Cataluña y 86,8 millones para Aragón, correspondientes a los tramos de las autopistas de peaje AP-2 y AP-7 que revertirán al Estado en septiembre de 2021 tras la finalización de sus concesiones.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de la Dirección General de Carreteras, plantea un nuevo modelo en los contratos de servicios de conservación y explotación de sectores de carreteras del Estado, en los que se integrarán prestaciones adicionales como la explotación económica de elementos funcionales ya existentes (áreas de servicio) y la ejecución de pequeñas obras.

El objetivo último del nuevo modelo es garantizar una movilidad segura, reforzando así la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Mitma, según fuentes del departamento dirigido por José Luis Ábalos.

Los contratos basados en los nuevos pliegos de contratación podrán incluir prestaciones de conservación que incluyan actuaciones como permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles; vigilancia y atención accidentes e incidentes; el acondicionamiento invernal de las carreteras, o el servicio de control de túneles y comunicaciones.

También se incluye en estos pliegos el mantenimiento de instalaciones; la ayuda a la explotación y estudios de seguridad vial; el mantenimiento de los elementos de la carretera; los proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía, y la explotación de los elementos funcionales de las carreteras como son las áreas de servicio existentes.

Desde el Mitma se cree que, por ejemplo, la inclusión de pequeñas obras de conservación preventiva tiene por finalidad la rehabilitación, reposición y mejora de los elementos mediante inversiones que superan el alcance previsto en los contratos actuales. Los ganadores de los contratos también acometerán limpiezas y siegas, reparaciones de firmes, actuaciones en los sistemas de drenaje, mejora de los sistemas de contención.

En el nuevo modelo de contratos se separan, de forma expresa, los gastos e ingresos del contrato, estableciendo, de un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación y pequeñas obras) y, de otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).

Noticias Junta de Andalucía

• El Gobierno central confirma que la comunidad concluyó el año con un 0,1% en positivo, 206 millones de euros, respetando el margen al que se había comprometido la Junta

El Gobierno andaluz ha logrado cerrar el ejercicio 2020 en equilibrio presupuestario al concluir el año con un leve superávit del 0,14% (206 millones de euros), dentro del margen al que se había comprometido, y a pesar de la suspensión temporal de las reglas fiscales adoptada por la Comisión Europea como consecuencia de la pandemia, según ha confirmado el Ministerio de Hacienda.

La Junta de Andalucía ha trabajado durante todo el ejercicio para no desviarse de la senda fiscal y ha cuadrado sus cuentas por segundo año consecutivo, después de que en 2019 consiguiera revertir la situación heredada del año 2018, en el que la antigua administración incumplió los objetivos de estabilidad: déficit, deuda y gasto, al dejar un déficit (diferencia entre ingresos y gastos) del 0,51% del PIB, equivalente a 813 millones de euros.

Así, en 2019 consiguió cerrar siendo la única comunidad autónoma que cumplió con todos los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pese a que el año anterior fue la única que incumplió todos.

En relación a 2020, un ejercicio marcado por la crisis del coronavirus, el Gobierno andaluz ha vuelto a equilibrar sus cuentas. Así pues, este cierre presupuestario vuelve a respaldar la gestión de las finanzas públicas que está llevando a cabo el Ejecutivo autonómico durante los dos años que lleva de legislatura, en los que, además de cumplir los objetivos de estabilidad, se han elaborado y aprobado tres presupuestos autonómicos y se ha podido regresar a los mercados financieros para emitir deuda en condiciones más ventajosas, entre otros hitos.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha valorado la “estabilidad y certidumbre” que aporta esta ejecución presupuestaria a Andalucía, y ha remarcado que el objetivo planteado por este Gobierno “va a ser siempre tender al equilibrio presupuestario para no dejar déficit en herencia a las generaciones venideras”.

En este sentido, Bravo ha recordado que, durante 20 años, la Junta de Andalucía tiene que pagar cada año una factura de 223 millones de euros en concepto de devolución de las entregas a cuenta recibidas del Gobierno central en los años 2008 y 2009.

En este sentido, el consejero ha urgido al Ministerio de Hacienda a que plantee una solución para evitar que esta situación se vuelva a repetir en 2022 y 2023, ya que las entregas a cuenta del ejercicio pasado que van a recibir las comunidades autónomas fueron calculadas sobre la base de un crecimiento de la economía española del 1,6%, cuando la realidad es que el PIB se ha desplomado un 10,8% al cierre de 2020, lo que provocará una liquidación negativa que los gobiernos autonómicos deberán devolver al Estado.

La Junta destinó el año pasado más de 3.360 millones de euros a afrontar gastos relacionados con la pandemia, mientras que el montante que ha recibido por parte del Estado para este fin se situó en 2.300 millones en 2020.

Diario de Almería

• El Ayuntamiento tramita este nuevo contrato en aras de mejorar la seguridad de las calles. El pasado año, tuvieron que ser repuesta 450 señales verticales

El Ayuntamiento de Almería está tramitando la contratacion de un plan renove de señales viales en la ciudad de Almería, respaldado con una partida presupuestaria de medio millón de euros. Es la información facilitada por la concejal de Movilidad, María del Mar García Lorca, ante la moción presentada en el Pleno por la portavoz de Podemos, Carmen Mateos.

La propuesta de Mateos sobre seguridad vial para reducir el riesgo en las carreteras y calles de la capital, aprobada por unanimidad, compromete al Ayuntamiento a realizar un “mapeo” de puntos negros y la correspondiente corrección de los mismos con una adecuada señalización que pudiera revertir los datos estadísticos de accidentabilidad registrados la Policía Local y compañías aseguradoras.

En su respuesta, la concejala de Seguridad y Movilidad entiende que Almería no puede considerarse una ciudad “problemática” en relación al tráfico, la seguridad vial o la conflictividad de accidentes de tráfico en vías urbanas, siendo las rotondas y los cruces, los principales puntos en donde se producen los típicos percances, causados mayormente por no respetar la distancia de seguridad, por distracciones, incluso olvido por parte de los conductores de las normas generales de circulación de vehículos”, ha justificado.

La edil del PP ha avanzado que el anunciado nuevo contrato valorará “aquellas propuestas que identifiquen correctamente, problemas existentes y que aporten propuestas idóneas para mejorar la coherencia entre la señalización existente y la ordenación del tráfico, así como aquellas propuestas que puedan disminuir riesgos para la seguridad vial o trastornos importantes para la circulación”.

En el año 2020, según los datos aportados por la edil popular, se tuvieron que reponer 451 elementos de señalización vertical y, en lo que llevamos de año 2021, han sido 106 las señales repuestas en el término municipal.

Diario de Almería

• El presidente de la APA y Construcciones Nila firman el contrato de las obras, que mejorarán la calidad del aire

El presidente de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Jesús Caicedo, y el apoderado de la empresa Construcciones Nila, Juan Ángel Ruiz Crespo, han firmado el contrato de las obras para la ampliación de las pantallas atrapa-polvo del Puerto de Almería –en la zona destinada al tráfico de productos a granel-. Las obras, con un presupuesto de 386.318,66 euros, estarán terminadas el próximo verano.

El proyecto contempla la construcción de 43 módulos de malla textil, con una longitud de 183 metros más de barrera, de 10 metros de altura. Estas nuevas vallas se sumarán a los 246 metros de las barreras actuales del Muelle de Pechina.

Las nuevas barreras, como las actuales, contarán con un sistema de pulverización mediante nebulizadores de agua para crear un ambiente con la suficiente humedad para evitar la emisión de partículas de polvo durante las operaciones de carga y descarga de productos a granel a la intemperie.

Con el nuevo proyecto, según Jesús Caicedo, “la APA continúa su apuesta por la sostenibilidad y la mejora de la calidad del aire, con el incremento de las medidas que minimizan la emisión de partículas no canalizadas en las operaciones de manipulación de productos sólidos a granel”.

La ampliación de las pantallas mejorará también las condiciones laborales y de salud de los trabajadores del recinto portuario, y atiende las peticiones de los vecinos de las zonas próximas al recinto portuario, para que el desarrollo de la actividad no suponga un impacto sobre zonas próximas al Puerto.

Diario de Cádiz

• El Gobierno local destaca los cambios del plan urbanístico aprobados en el pleno municipal de este mes.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Rota en su sesión ordinaria del mes de marzo “facilitará a los vecinos más posibilidades a la hora de reformar o adaptar sus viviendas”, según ha destacado el Gobierno municipal.

Dicho cambio propuesto por la concejala de Urbanismo, Nuria López “permitirá flexibilizar determinadas normas urbanísticas y dará respuesta a importantes demandas de los ciudadanos” en lo que se refiere a la ejecución de obras de rehabilitación y adaptación de viviendas.

El Gobierno local ha explicado que “la modificación de los artículos 226, 270, 274 y 292 de las Normas Urbanísticas del PGOU aprobada afecta a aspectos relacionados con los cerramientos de parcelas, la posibilidad de cubrir espacios para vehículos en parcelas privadas y de cubiertas inclinadas en los áticos en la zona tradicional 2 (fuera del conjunto histórico)”.

“Estos cambios, que ofrecen la posibilidad de realizar dichas obras con mayor facilidad, contribuirán a impulsar el sector de la construcción y a reactivar la actividad económica local en el mismo, algo que es, sin duda, una muy buena noticia, sobre todo en estos tiempos tan complicados debido a la pandemia”, ha subrayado.

La propuesta aprobada también permitirá “ampliar las posibilidades del uso de suelo como equipamiento social”. A este respecto, el Gobierno municipal ha precisado que “la modificación del artículo 274 aclara y es más exhaustiva con el contenido del uso del suelo hasta ahora considerado asistencial y que pasa a ser tenido en cuenta como asistencial o de bienestar social añadiendo e implementando sus tipos de uso”.

En palabras del Gobierno local, se tratan de “mejoras sobre el PGOU” que entrarán en vigor “en próximas fechas, una vez sean publicadas en el boletín oficial correspondiente, ofreciendo a los ciudadanos más posibilidades de mejorar o adaptar sus viviendas”.