Diario de Sevilla

• Hay cinco autovías sevillanas: las rondas SE-30 y SE-40, la A-4, la Ruta de la Plata y la A-49, según el ministerio
• La única autopista es la AP-4 a Cádiz y a Madrid que tuvo peaje hasta 2020

La aplicación de los peajes que el Gobierno planea poner en marcha en autovías y autopistas del país a partir de 2024 como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia afectaría en Sevilla a un total de seis carreteras. Estas vías que pasan por la provincia y que dependen de la administración estatal son cinco autovías y una autopista.

310 KILÓMETROS. ES LA LONGITUD DE LAS SEIS CARRETERAS ESTATALES QUE HAY EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Si hablamos de las autovías habremos de incluir la A-4 (Madrid-Sevilla-Cádiz), la llamada autovía del V Centenario que es la A-49 (Sevilla-Ayamonte), la Ruta de la Plata (A-66), y la SE-30 (salvo el tramo urbano de la Ronda Norte) y la SE-40. Y respecto a las autopistas solo contamos en la provincia con la AP-4 (Autopista del Sur). Así consta en el catálogo oficial de carreteras de 2019 que está colgado en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Según este documento este tipo de vías de alta capacidad suman un total de 310 kilómetros de extensión, la mayor parte de los cuales corresponden a las autovías. En el caso de la A-4 el Ministerio diferencia entre los 101,630 kilómetros de Sevilla a Córdoba y los 13,7 kilómetros en el interior de la SE-30. En la autovía del V Centenario (A-49) el documento estatal señala que hay 31,5 kilómetros en la provincia de Sevilla. La Ruta de la Plata discurre a lo largo de 50 kilómetros dentro de los límites provinciales.

La SE-30 se considera por parte del Ministerio dentro de las vías rápidas con sus dos tramos de 16,94 kilómetros y 5,4 kilómetros (este último desde la intersección con la A-49 hasta el enlace con la SE-20). Y por último la SE-40 cuenta con seis tramos cuya extensión oficial es de 37,84 kilómetros.

La única autopista que pasa por el territorio sevillano es la AP-4 hacia Cádiz por un lado y hacia Madrid por otro, con una longitud en la provincia de 47,7 kilómetros más dos enlaces de 1,98 (AP-4R) y 3,38 kilómetros 8AP-4A). Esta es la misma vía en la que se acabó con el peaje tras varias décadas el pasado enero de 2020.

El Gobierno central ha justificado esta medida del peaje en la necesidad de cubrir el déficit de 8.000 millones de euros que acumula la conservación de carreteras y compensar el impacto que la circulación tiene en el medio ambiente. El Ejecutivo de Sánchez prepara una treintena de iniciativas estratégicas sobre movilidad sostenible, con 10.000 millones de inversión, y “una apuesta sin precedentes para facilitar las alternativas al vehículo particular.

NO SE PAGARÁ POR VIAJES COTIDIANOS DE TRABAJO, ESTUDIO O MÉDICO, DICE PERE NAVARRO, DIRECTOR DE LA DGT

Desde la Dirección General de Tráfico, su director Pere Navarro aclaró este jueves que hay excepciones que normalmente se excluyen de estos peajes: como los viajes cotidianos por temas laborales, por razones de estudios o por razones médicas.

Navarro es partidario de aplicar un sistema de pago por usar la red de carreteras del Estado porque así sucede en toda Europa. “En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos”, ha recalcado en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, para explicar las política del Gobierno en materia de seguridad vial y las últimas reformas aprobadas para reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico.

La fórmula es que “quien contamina paga” y “el que usa paga”. Navarro aseguró que en España, tras el fin de las concesiones de las autopistas, este coste lo está asumiendo “el presupuesto del Estado”, por lo que “es un tema de Estado”. “Haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carteras de alta velocidad”, ha subrayado.

De este modo, Pere Navarro ha instado a los grupos a ponerse de acuerdo en esta materia porque si no, según ha apuntado, Bruselas le dirá a España: “Te envío dinero, pero no es para que paguéis la conservación y el mantenimiento de la carretera”.

Preguntado sobre si le preocupa que esta medida traslade el tráfico a las carreteras convencionales, donde hay una mayor siniestralidad, Navarro ha contestado que no y ha argumentado que “el viaje largo se hace por autopista o autovía”. “Nadie se va a meter a hacer un viaje largo por la carretera convencional”, ha zanjado.

Málaga Hoy

• El RACE cree que puede ser peligroso porque se podría optar por ir por vías más peligrosas
• El director de la DGT se muestra partidario a la medida y dice que “el que lo usa lo paga”
• El Gobierno implementará el peaje en todas las autovías en 2024

La incorporación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la posibilidad de implantar para 2024 un sistema de pago por uso de las autovías en la red de carreteras del Estado ha provocado la oposición en cadena tanto de los sectores afectados como de la oposición. El Real Automóvil Club de España (RACE) mostró ayer su desacuerdo con la medida debido a que entiende que implantar el pago por uso en las carreteras puede suponer un serio peligro, ya que muchos conductores podrían optar por buscar vías alternativas gratuitas, mucho más peligrosas.

“Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado”, sostuvo el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas.

Una opinión que comparten en la organización de consumidores Facua, que afirmó que las carreteras “deben financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado”, no con un peaje que supone “un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica”.

En un comunicado, la organización aseguró que la medida terminará afectando a los usuarios con menos poder adquisitivo y quienes no viven en grandes núcleos urbanos. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticó el “afán recaudatorio” de una medida que supondrá un triple coste para los ciudadanos, que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios. Por ello, la organización de consumidores pide un debate social con los actores implicados para lograr un modelo justo de financiación que permita el mantenimiento de todas las vías de circulación.

Las críticas también llegaron desde el Partido Popular y los gobiernos de comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Murcia. Así, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció una batería de iniciativas parlamentarias para evitar que el Gobierno imponga esa medida. En la misma línea, el vicesecretario general del PP de Andalucía, Toni Martín, lo calificó de “un atraco fiscal sin precedentes”.

Desde el Gobierno andaluz, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, mostró el “más absoluto rechazo” a los peajes y ha asegurado que la Junta de Andalucía garantizará que “no se va a pagar ni uno solo” en las vías de competencia autonómica. “No es el momento de plantear este debate”, afirmó la consejera, a la vez que consideró que este es “un momento social de desempleo económico muy delicado”, subrayando que los gobiernos “del resto de los países lo que plantean son rebajas fiscales”.

En el extremo contrario a todas estas críticas, el director general de Tráfico, Pere Navarro, se mostró partidario, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, del pago: “El que lo usa lo paga”, enfatizó.

Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el pago de peajes en autovía formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de “el que contamina paga” y “el que usa paga”. Esta medida será tratada con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones, para implantarla en 2024.

La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que es una medida en la que se está trabajando y “estudiando” dentro de un “proyecto integral” y señaló que la fecha dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del producto interior bruto (PIB) anteriores a la pandemia de la Covid-19.

Diario Sur

• La falta de recursos y las carencias de las infraestructuras hídricas ya están frenando proyectos de nuevas urbanizaciones

El crecimiento de la Costa del Sol puede verse seriamente condicionado por una cuestión tan básica como la falta de agua. Y no sólo por la escasez de recursos hídricos sino también por la dificultad para abastecerla debido a la fragilidad de unas infraestructuras que han quedado obsoletas tras décadas de servicio, que registran continuas averías y que siguen siendo prácticamente las mismas pese a que la población en el litoral occidental se ha quintuplicado hasta rondar los 570.000 habitantes y que en verano llega a alcanzar picos de hasta 1,5 millones. La consecuencia de este déficit puede afectar a la imagen turística de la Costa en el supuesto de que se llegaran a producir cortes en el suministro, pero también está provocando el freno de proyectos residenciales de nuevas urbanizaciones. Así se ha puesto de manifiesto este jueves durante el foro ‘El abastecimiento de agua, un reto para el futuro de la Costa del Sol’, organizado por SUR en colaboración con la empresa pública de aguas de la Costa del Sol (Acosol).

«Somos un puntal, pero con los pies de barro porque tenemos una infraestructura hídrica insuficiente y con problemas en cuanto a capacidad, tratamiento y transporte. Todos los futuros desarrollos que se produzcan van a tener informes negativos porque lo primero que se pregunta es si tiene agua», ha advertido el consejero delegado de la entidad dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Carlos Cañavate, durante el debate celebrado en el Hotel Los Monteros de Marbella en el que también han participado el vicepresidente tercero de la Mancomunidad, Juan Luis Villalón; el catedrático de Ecología y Geología de la UMA, Bartolomé Andreo; y el director de la Cátedra FYM de Cambio Climático de la UMA, Enrique Salvo; moderados por el periodista de SUR, Ignacio Lillo.

Expertos abogan por optimizar los recursos existentes y mejorar el rendimiento de las instalaciones de tratamiento, desalación y abastecimiento

Con un embalse (La Concepción) de poca capacidad que se ve obligado a abrir compuertas en cuanto se encadenan varios periodos de lluvias, una desaladora que no da más de sí y unos acuíferos cada vez más explotados que obligan a recibir aportes del Campo de Gibraltar para garantizar el abastecimiento en verano, los expertos coinciden en la necesidad de buscar soluciones para optimizar los recursos hídricos existentes y mejorar las infraestructuras para sacarle más rendimiento. «No se trata sólo de poner en conocimiento este problema, se trata de encontrar vías de solución. Y las claves son la coordinación y la planificación», ha señalado el consejero delegado de Acosol.

Inversiones
Sobre este último aspecto, la entidad tiene sobre la mesa la renovación de la gran tubería de agua que suministra a toda la franja litoral comprendida entre Manilva y Torremolinos, de cien kilómetros de longitud y con 50 roturas al año; pero también retomar los planes para modernizar la planta de tratamiento, que funciona a medio gas con una capacidad de 2 metros cúbicos por segundo cuando la necesidad en verano es de 3,3. La tercera prioridad es aumentar la capacidad de la desaladora.

En cuanto a los recursos hídricos, Bartolomé Andreo ha asegurado que la Costa tiene agua suficiente, pero aboga por «aprender de los errores del pasado» planificando el uso conjunto de todas las fuentes de agua de la que se disponen y concibiendo el desarrollo urbanístico de una forma sostenible. «En estos momentos la cantidad de recursos no es un problema, pero estamos en un ámbito mediterráneo donde de manera natural ocurren sequías, así que todo desarrollo debe verse desde el prisma de la sostenibilidad», ha apuntado. En este sentido, ha puesto en valor la necesidad de sacarle mayor partido a las aguas depuradas. «Ahora mismo, la Costa trata 54 hectómetros cúbicos de aguas residuales y sólo se aprovecha un 10% para los campos de golf. Ese caudal se puede usar para el riego de más zonas verdes, pero también para hacer recargas artificiales en los acuíferos siempre que sea agua depurada de calidad», ha recomendado el catedrático, quien ha apostado por retomar la idea de destinar los excedentes de la presa de la Concepción para recargar el acuífero de la Sierra de Mijas, que es el que se encuentra más explotado de toda la franja costera al dar servicio a todos los municipios de su entorno.

En la misma línea se ha pronunciado Juan Luis Villalón. «Debemos replantearnos qué uso hacemos del agua potable más allá de para el consumo doméstico, porque el desarrollo de esas urbanizaciones rodeadas de jardines y zonas verdes llevan consigo una necesidad de riego constante», ha afirmado el representante de la Mancomunidad, quien en relación a la inversión en infraestructuras ha instado a abrir un diálogo entre todas las administraciones públicas para afrontar «esas necesidades inminentes».

«Disponemos de recursos, pero tenemos que saber gestionarlos», ha añadido Enrique Salvo. Como experto en cambio climático, ha indicado que el progresivo aumento de las temperaturas en el litoral va a convertir la segunda línea de costa en «una de las mejores franjas de confort climático de Europa», por lo que desde el punto de vista hídrico hay que «saber dar respuesta» a esa futura demanda. ¿Cómo? Otra vez se apela a la sostenibilidad y a la planificación. «Todos los actores implicados deben darse cuenta de que ordenar un territorio es, primero las carreteras; luego la luz y el agua; y por último, las viviendas. Y no al revés como ha ocurrido muchas veces», ha destacado a como de conclusión.

Málaga Hoy

• Selecciona a la unión temporal integrada por Acsa y Hormacesa, cuya oferta económica es de 3.825.000 euros

Casi ocho meses después de que fuese licitada la contratación de los trabajos de regeneración de la calle Carretería, hay fumata blanca. La mesa de contratación acaba de proponer la adjudicación de este proyecto a la unión temporal de empresas integrada por Acsa y Hormacesa por un valor de 3.825.000 euros (IVA incluido). La cuantía ofertada supone una rebaja de 1.135.634 euros (casi el 23%) respecto al precio de licitación.

De acuerdo con los detalles aportados por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, esta proposición contempla la formalización de 1.400 jornales durante el desarrollo de los trabajos, para los que se estima, inicialmente, un plazo de 18 meses. A esta convocatoria habían concurrido en total 31 firmas.

Con este paso, que se ha venido retrasando, el Ayuntamiento allana el camino para arrancar las actuaciones sobre este eje del Centro histórico. Uno de los condicionantes que pesa sobre la actuación es que debido a que se nutre en un 80% de fondos europeos, procedentes del plan Edusi, la obra deberá estar completada en un plazo máximo. En este caso con diciembre de 2022 como referencia. Si bien ahora se ha conocido la adjudicación, se dispone de un plazo de varias semanas para posibles recursos. En caso de no haber variación, se formalizará la contratación y será ese el momento en que se podrá activar el contador.

La intervención se antoja complicada. No sólo por la afectación que tiene sobre un eje importante del casco antiguo, sino por la exigencia por parte de la Delegación de Cultura de antes de impulsar los trabajos se realicen una serie de sondeos arqueológicos en todo el trazado.

La hoja de ruta trazada contempla la división del escenario en siete etapas físicas y temporales, de manera que cada una esté completada antes de avanzar en la siguiente. El primero de los pasos, según el proyecto, se dará en la parte de Carretería más próxima a la Tribuna de los Pobres, incluyendo al reforma de la misma.

LA UTE VEROSA-ACER RECIBE EL ENCARGO PARA EJECUTAR LA CUARTA FASE DEL PARQUE DE SAN RAFAEL, CON UN VALOR DE 2.078.000 EUROS

En cuanto al eje, la transformación hará que tanto Carretería como Álamos tengan un solo nivel. La gran variación, además de la renovación de los pavimentos, se dejará notar en la reducción significativa que se hará en el espacio destinado al tráfico de paso. En este sentido, se prevé una reducción del 21% en la intensidad media diaria de vehículos (unos 6.000 vehículos actuales) por un eje que desde hace años viene funcionando como una especie de circunvalación del Centro.

Siendo uno de los más relevantes de las adjudicaciones conocidas, no es la única. A esta hay que sumar la propuesta para que sea la UTE Verosa-Acer la que acometa la cuarta fase del Parque de San Rafael, con un valor de ejecución de 2.078.000 euros (casi 800.000 euros menos).

El soterramiento de la línea de 66 KV D/C unificada Ramos-Viso será desarrollado por Eiffage por 1.540.000 euros; la separata del proyecto de urbanización reformado del sector Peri Carril de Orozco, por la UTE Trafisa-Sercli, por 1.160.000 euros; y el encauzamiento del arroyo de la Rebanadilla, en Campanillas, por Martín Casillas, por 707.000 euros.

Diario Jaén

• El diputado de Infraestructuras Municipales ha visitado hoy dos de las intervenciones ejecutadas más recientes, en la calle Donantes de Sangre y la Plaza de la Constitución

La Diputación de Jaén ha destinado en los tres últimos años más de 700.000 euros a la mejora de distintas infraestructuras del municipio de Cazalilla, donde el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, ha visitado hoy junto al alcalde de esta localidad, Manuel Jesús Raya, dos de las actuaciones más recientes ejecutadas con financiación de la Administración provincial. En concreto, Castro se ha desplazado hasta la calle Donantes de Sangre y la Plaza de la Constitución de este municipio, dos intervenciones que suman una aportación de la Diputación de más de 42.000 euros.

Respecto a estas actuaciones, Castro explica que en la calle Donantes de Sangre se ha “modificado y acondicionado la red de saneamiento de agua y también se ha repavimentado la calle”. Esta obra, que pertenece al Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 2019, ya está finalizada y ha contado con una inversión de casi 37.000 euros, la mayoría aportados por la Diputación.

La otra intervención visitada por el diputado de Infraestructuras Municipales ha sido la que se está llevando a cabo en la Plaza de la Constitución de Cazalilla, “con la que fundamentalmente se pretende mejorar el espacio peatonal”, según precisa Castro. Esta obra, con la que se renovará la red de alcantarillado, de agua potable y también la pavimentación de esta plaza, se sufraga a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) del año pasado, en cuya financiación colabora la Administración provincial.

HuelvaRed

• ESTA MEDIDA ES UNA INICIATIVA QUE FORMA PARTE DEL PAQUETE DE REFORMAS QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA TRASLADA A LA UE

La Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades “RETE”, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Huelva, celebrará el próximo martes, 11 de mayo, una jornada para abordar “Las estrategias del Puerto de Huelva para abrirse a la ciudad”.

El evento, al que se podrá asistir de forma virtual, contará también con una parte presencial (con la limitación de aforo que impone el Covid-19) que se desarrollará en Las Cocheras del Puerto, un ejemplo de infraestructura de integración entre el Puerto y la ciudad.

La presidenta de RETE, Teófila Martínez, y su homóloga de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda, inaugurarán la jornada a las 10 de la mañana para dar paso a la primera conferencia en la que el subdirector adjunto a presidencia del Puerto de Valencia, Manuel Guerra, abordará “La relación puerto ciudad. El caso de Valencia”. Tras un coloquio, el director del Puerto de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio, disertará sobre la “Integración de la fachada portuaria de Huelva en la ciudad”.

Para la presidenta de RETE esta jornada “es una oportunidad para seguir aprendiendo de los aciertos y también de los errores de todos aquellos puertos y ciudades que llevan años en una estrategia de integración”, al mismo tiempo que cumple con uno de los objetivos propuestos cuando asumió la presidencia de la asociación, como es “ampliar la base asociativa y promoviendo la difusión de sus actividades”.

En este sentido, Martínez destaca el compromiso del Puerto de Huelva con la integración en la ciudad y su interés también por asesorarse y recibir el apoyo técnico y científico de una asociación como RETE al haberse dado de alta como socio ordinario este año. Martínez recuerda que “la integración es una oportunidad para la ciudad, pero también para los puertos. Es una herramienta para dinamizar la economía del entorno y también generar recursos que ayuden a los puertos a seguir invirtiendo y mejorando las infraestructuras para ser más competitivos”.

Por su parte la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva ha destacado la importancia de celebrar esta jornada de la mano de una entidad como RETE,” en la que las ciudades portuarias como Huelva compartimos experiencias e impulsamos sinergias para avanzar en el desarrollo económico y social de nuestro entorno”. Miranda ha agradecido a RETE y a su presidenta, “haber elegido a Huelva y su experiencia en la estrategia de integración del Puerto en la ciudad para celebrar esta jornada en la que vamos a poner en valor el trabajo que estamos realizando con los agentes sociales y económicos de la ciudad para avanzar en la integración con nuestro entorno, generando oportunidades de riqueza y empleo, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”

Diario Córdoba

• Pretenden que esté operativo para la nueva temporada

El Ayuntamiento de Lucena ha publicado la contratación de la reposición del césped artificial del campo número 1 de fútbol de la Ciudad Deportiva por un importe de 156.000 euros (IVA incluido) con cargo a los fondos generados por el propio Consistorio vía remanentes de tesorería. Para este campo de fútbol, el Servicio Deportivo Municipal (SDM) opta por un césped de calidad similar al instalado en el otro terreno de juego de la Ciudad Deportiva, sustitución que se llevó a cabo en verano de 2019 cuando se decidió renovar ambos césped de juego debido al estado de deterioro ocasionado por el paso del tiempo.

Según avanzaba el concejal de Deportes, Alberto Lora, la renovación del césped artificial podrá ser una realidad para el inicio de la próxima temporada de fútbol, de modo que “daremos un paso importante en la mejora y modernización de las instalaciones deportivas que a diario ponemos a disposición de clubes y deportistas locales”, como ocurre con este campo de fútbol “con mucha carga de actividad de entrenamientos y partidos con los equipos de fútbol base existentes”.

Las empresas interesadas en participar en esta licitación disponen hasta el 24 de mayo para la presentación de ofertas. La firma adjudicataria asumirá el desmontaje y la retirada del césped actual, la limpieza y reparación de la base elástica existente y el suministro y extendido de los nuevos rollos de césped con una altura de fibra de 40 mm. También debe afrontar el mantenimiento durante los primeros 4 años de utilización. Como criterios de valoración, el expediente aprobado recoge la mejora de la oferta económica y la ampliación del plazo de garantía.

Andalucía Información

• La consejera Carmen Crespo destaca que se “blinda el servicio a más de 90.000 habitantes

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha hecho entrega de las obras de adecuación de las conducciones de suministro de agua del ramal ETAP El Cañuelo-La Línea de la Concepción a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, una infraestructura que “blinda el servicio a más de 90.000 habitantes” del municipio linense y del de San Roque.

La macrotubería construida tiene más de 11 kilómetros de longitud y ha supuesto una inversión de 13,1 millones de euros, financiada con fondos Feder. La consejera ha destacado que “el ahorro que supone acabar con las fugas de agua existentes en las conducciones antiguas se estima en 4 millones de metros cúbicos al año, lo que representa un enorme beneficio medioambiental para una comarca propensa a sufrir ciclos de sequía”. Y es que las antiguas conducciones tenían más de 60 años y se encontraban muy deterioradas, lo que se traducía en roturas y averías que provocaban la interrupción del servicio y la pérdida de recursos hídricos.

Durante el acto, que ha tenido lugar en la sede de la empresa pública Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar, S. A. (Arcgisa), Crespo ha señalado que se trata de una “jornada histórica para Cádiz y, en especial, para el Campo de Gibraltar”, pues “han sido necesarios muchos meses de trabajo para terminar una infraestructura de gran envergadura que, además de abastecer a los habitantes de estos municipios, permite atender las necesidades de la zona industrial”. La complejidad de la obra se refleja en el hecho de que haya sido necesario construir túneles, salvar carreteras, vías de ferrocarril e incluso el propio río Guadarranque, como ha explicado el director de Infraestructuras del Agua, Sergio Arjona.

La ejecución de este nuevo ramal representa una mejora en la gestión de recursos disponibles. Estas nuevas infraestructuras permitirán transportar los recursos de una manera segura, eficiente y, a su vez, van a garantizar que en todo momento el abastecimiento se realice de forma ininterrumpida y sin menoscabo de la calidad del servicio prestado.

Por otro lado, Crespo ha recordado que “esta misma semana el Consejo de Gobierno ha aprobado los planes especiales de sequía para las demarcaciones hidrográficas de las cuencas Mediterráneas Andaluzas y del Guadalete y Barbate”. La Consejería ha elaborado estos documentos de los que carecía la comunidad, a pesar de recogerse su obligatoriedad en la Ley de Aguas de 2010. En ellos se incorporan las novedades y modificaciones legislativas y técnicas e incluyen propuestas y medidas específicas dirigidas a prevenir y mitigar los impactos de la sequía y la escasez coyuntural de recursos hídricos sobre el medio ambiente y favorecer el uso sostenible del agua.

La Junta está dando cumplimiento al Pacto Andaluz por el Agua, aprobado por el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2020, una herramienta imprescindible para la gestión sostenible de los recursos hídricos y la garantía de disponer de agua para abastecimiento, incluso en situación de sequía.

Crespo ha señalado que, aunque la actual situación en el Campo de Gibraltar ha mejorado con las últimas lluvias, la Junta de Andalucía está actuando con previsión. “Las inversiones en materia hidráulica en el Campo de Gibraltar superan los 16 millones de euros entre obras de emergencia, mejora de presas y la ampliación de la ETAP de Arenillas en Castellar de la Frontera”, ha dicho.

En el acto han participado el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y presidente de Arcgisa, Juan Lozano; el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, y de San Roque, Juan Carlos Ruiz; así como el primer teniente de alcalde de Los Barrios, Pablo García, la subdelegada del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares; la delegada territorial de Agricultura, Ana Bertón, y el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez; además del gerente de Arcgisa, José Manuel Alcántara.

Europasur

• El centro dispondrá de 70 plazas y estará finalizado en seis meses

La Diputación de Cádiz ha retomado las obras del Centro residencial permanente de mayores dependientes, centro de día para mayores y residencia de ancianos que construye en la barriada de Santa Margarita, en La Línea. Con un presupuesto mejorado de 3,5 millones de euros, el periodo de ejecución de este último periodo de la obra es de seis meses. En estos momentos trabaja un equipo de seis personas, que se irá ampliando paulatinamente a medida que se vayan recibiendo los nuevos materiales y coordinando los distintos oficios.

La obra fue adjudicada a la empresa Obras Generales del Norte S.A y comenzó en noviembre de 2019. Tras una modificación del proyecto, en julio de 2020 la diputación aprobó la modificación presupuestaria que aumentó la inversión inicial de 3,2 a 3,5 millones de euros, hecho que paralizó la obra al iniciarse un nuevo expediente administrativo.

Sobre un parcela de 9.592 metros cuadrados, el edificio de tres plantas cuenta con una superficie de 3.451 metros cuadrados. En la baja estarán la unidad de día, el área de administración, recepción y otros servicios. Las dos plantas superiores se dedicarán a la zona de residentes. El proyecto también contempla zonas ajardinadas, aparcamiento y parque biosaludable.

La residencia prevé cuarenta plazas para personas mayores dependientes en régimen de residencia y treinta plazas para la unidad de día.

La concejal delegada de Asuntos Sociales, Zuleica Molina, ha mostrado su satisfacción y ha recalcado que se trata de “un recurso muy importante para La Línea y sobre todo para los mayores, porque va a producirse un aumento de las plazas de la Ley de Dependencia”.

El Economista

• El sector quiere liderar la reactivación económica con el plan de rehabilitación

El sector de la construcción quiere liderar la reactivación económica del país tras la crisis y se presenta como un importante generador de empleo y como “principal protagonista dentro de la asignación de los fondos europeos”. Así lo explicó ayer Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de la Construcción, durante su intervención en un evento en el que participaron también los sindicatos CCOO y UGT.

Fernández destacó la resiliencia del sector durante la reciente crisis sanitaria, asegurando que incluso ha salido “fortalecido”, siendo el sector que ha logrado un mayor incremento de la afiliación en el último año, con un repunte del 18,4%. “Somos los que más nos hemos ido recuperando en términos de empleo, ya que tras la caída del 11,9% en marzo-abril 2020, en mayo ya presentábamos cifras positivas, y en noviembre retomamos el ritmo de crecimiento que teníamos antes del parón que provocó el Covid”, concretó.

Según el presidente de la CNC el sector “cuenta con una flexibilidad que nos permite adaptarnos a las necesidades de la economía y en este momento podemos dar respuesta y empleo a los miles de parados de otros sectores como la hostelería, el turismo o la agricultura”.

n este sentido, el secretario de UGT FICA y vicepresidente de la entidad paritaria, Pedro Hojas, apuntó que son “parte fundamental de la solución al desempleo de este país” y además “necesitamos mano de obra cualificada”, aseguró Hojas, que recordó que “el sector está muy envejecido, ya que el 52% tiene más de 45 años” y ahora puede ofrecer carreras con recorrido, ya que “a diferencia de años atrás, el sector es moderno, profesionalizado y atractivo”.

Las estimaciones apuntan que el sector generará cerca de 188.000 empleos solo para cumplir con la estrategia de rehabilitación y regeneración urbana que se va a llevar a cabo con la inyección de los fondos europeos y, además, desde la Fundación apuntan que tienen capacidad para formar a unos 200.000 trabajadores al año.

Estas cifras de empleo podrían ser mayores, ya que tal y como lo explicó Fernández, el sector de la construcción no estará presente únicamente en el plan de rehabilitación, “también seremos protagonistas y tendremos presencia en el plan de movilidad sostenible, el de la digitalización de las pymes, en la economía circular, residuos, reciclaje, en la política de aguas, en el sector turístico y en el de las energías renovables”.

El presidente de la Fundación recalcó también que el Gobierno debe tener presente el efecto arrastre del sector, ya que “por cada millón de euros invertido, unos 570.000 euros vuelven a las arcas públicas” y solicitó también al Ejecutivo que respete el Convenio Colectivo Estatal del sector, ya que “ofrece flexibilidad tanto al trabajador como a las empresas” y se trata de un sector que “paga bien a sus empleados, con una remuneración mínima bruta anual por encima del salario mínimo y que recoge un incremento salarial del 2,5% para este año en el convenio”.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Construcción y Servicios y miembro de la Comisión Ejecutiva de la entidad paritaria, Daniel Barragán Burgui, aprovechó para poner sobre la mesa la necesidad de “un sistema de contratación pública responsable, que no solo tenga en cuenta el precio”. “Una parte importante de los fondos europeos acabará en el sector de la construcción y tenemos que poder mejorar el sistema de contratación pública, ya que hasta la fecha se han dejado muchos millones de euros por el camino y no podemos dejar los presupuestos sin invertir en un momento de retos como el actual”, destacó Barragán.

“Únicamente el 0,9% del PIB se invierte en infraestructuras, cuando en 2008 era mayor al 2%. Mientras tanto, países como Finlandia y Dinamarca destinan más de un 3% de su PIB”, explicó Fernández, que cree que debe intensificarse la inversión y recordó que es necesario que se ejecuten todas las inversiones previstas, ya que el año pasado, “los dos principales ministerios solo llevaron a cabo el 70% de la inversión prevista”.