Diario de Cádiz

• Esta reducción se produce a pesar de haber afrontado nuevas necesidades por valor de 2,1 millones de euros

Aguas de Cádiz ha informado de que en los últimos seis años ha conseguido reducir su deuda en casi 10,5 millones de euros, a pesar de haber asumido nuevas necesidades por valor de 2,1 millones de euros. Según ha explicado la presidenta de la empresa municipal, Ana Fernández, “una política de control y contención del gasto innecesario, así como una gestión más eficiente de los recursos ha hecho posible que Aguas de Cádiz haya podido hacer frente a la deuda bancaria que soportaba en 2015 y que ponía incluso en peligro la viabilidad de la empresa pública”.

Concretamente, el total amortizado de deuda es de 10.469.114 euros, de los que 8.932.800 euros correspondían a los préstamos con los bancos; 766.076 euros eran de una deuda con el Consorcio de Agua de la Zona Gaditana (por la compra del agua en alta) y 316.294 euros por la financiación para el pago a proveedores tras el Real Decreto-Ley de 2012. A estas cantidades hay que sumarle los intereses bancarios generados en estos años, que han ascendido a 453.942 euros.

La evolución de la deuda de Aguas de Cádiz que se presentó en el último Consejo de Administración de la empresa refleja, según Fernández, “cómo una buena gestión salva a una empresa que es de todos los gaditanos y gaditanas y cómo es posible hacer las cosas de otra manera a como se hacían antes, buscando el buen gobierno, gestionando con rigor técnico, con transparencia, con rendición de cuentas y con sentido de la honradez”.

La presidenta ha destacado, además, que este esfuerzo en la reducción del gasto se ha hecho soportando otras necesidades que la empresa ha absorbido sin repercutir en las tarifas. De hecho, la última subida en el recibo del agua fue en enero de 2014 y desde entonces no se ha vuelto a incrementar, “mientras que antes se subía la tarifa casi cada año, aunque al no ser en grandes cantidades, estas subidas pasaban a veces desapercibidas por los usuarios”.

Por lo tanto, la deuda se ha saldado a pesar de que Aguas de Cádiz ha tenido que hacer frente a gastos nuevos durante este tiempo que ascienden, aproximadamente, a 2.100.000 euros. Entre los nuevos gastos figura la subida del precio en alta, la puesta en marcha del Suministro Mínimo Vital para ayudar a las personas con problemas económicos y las subidas anuales del IPC.

Según ha apuntado Ana Fernández, una de las partidas en las que más claramente se puede ver este cambio de tendencia en la nueva etapa de Aguas de Cádiz es en los gastos de representación. Así, desde 2012 hasta 2016 los gastos de representación de la empresa (comidas y regalos principalmente) han pasado de una media anual de 27.032 euros a una media anual de 1.020 euros, lo que supone una reducción de un 96% con respecto a la etapa anterior.

La presidenta de Aguas de Cádiz ha explicado que, por cambios en la legislación laboral, se modificó el criterio contable y a partir de 2019 el regalo de Navidad a los empleados de la empresa municipal pasa al epígrafe de gastos de personal, al ser considerados como derecho adquirido por los trabajadores.

En cuanto a los gastos de representación de la presidencia y de la gerencia, han pasado de los 16.644 euros al año que se gastaban de media desde 2012 hasta 2016 a los 937 euros que se han venido gastando anualmente en el periodo 2016-2021, lo que supone un considerable ahorro para la empresa municipal.

Como ejemplos, Fernández ha destacado que “con el PP, se gastaban 8.600 euros solo en jamones para los consejeros, además de 1.000 euros en cervezas, otros 1.000 euros en manzanilla o 520 euros en loterías de Navidad. Nosotros eliminamos todos esos gastos y dejamos solo el regalo de los empleados porque es, además, un derecho adquirido por sentencia del Tribunal Supremo. En este caso, se entregan paletillas de jamón cuya licitación se saca, por transparencia, a concurso público”.

Diario de Cádiz

• El retraso en la aprobación de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) supone un contratiempo para impulsar el nuevo planeamiento
• Se abrirá una oficina en Urbanismo para que inversores y ciudadanos puedan consultar dudas tras la anulación del plan

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado por el primer teniente de alcalde, Curro Martínez, y la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para dar cuenta de la situación creada tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Esta comparecencia se ha producido tras reunirse la junta de portavoces, a quienes también se les ha traslado la situación en la que queda ahora el urbanismo local y los pasos que se darán a continuación.

Beardo ha explicado que esta anulación es el resultado del rechazo por el Tribunal Supremo a uno de los dos recursos de casación presentados por el Ayuntamiento, por lo que el segundo fallo se espera que sea en el mismo sentido.

El primer edil ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ya que como ha dicho “esta situación ya estaba prevista, era algo esperado”, recordando que incluso el anterior equipo de gobierno estaba sobre aviso de esta posible eventualidad.

En estos 18 meses transcurridos desde el recurso al Supremo el Ayuntamiento ha estado esperando, por un lado, la tramitación de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) -que ha sufrido un inesperado retraso a causa del rechazo de Vox en el Parlamento-, y por otro se han realizado los estudios previos, por parte del área de Urbanismo, de un nuevo planeamiento para la ciudad, reorganizando además los recursos humanos disponibles.

De momento ya se están preparando los pliegos de asistencia técnica para sacar a concurso la redacción del avance de un nuevo PGOU, y mientras tanto volverá a estar en vigor el PGOU de 1992, del que quedan fuera muchos de los desarrollos que contemplaba el de 2012.

LAS FUTURAS LICENCIAS, PENDIENTES DE UN DICTAMEN DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE URBANISMO

No obstante, según señaló Danuxia Enciso, la mayoría de las licencias concedidas hasta ahora son ya actos firmes, que no deberían sufrir ninguna vuelta atrás. Otra cosa son las nuevas licencias que habrá que conceder, que deberán hacerse con arreglo al plan del 92, aunque de momento hay muchas dudas en el aire que deberán ser solventadas por el área jurídica de Urbanismo, a la que ya se ha solicitado un dictamen.

Según explicó Beardo también se va a consignar un compromiso presupuestario para 2022, para poder afrontar los trabajos del nuevo avance. Según el alcalde este tiempo transcurrido desde la anulación del TSJA hasta ahora ha servido para algo muy importante, como ha sido desvincular por completo el Peprichye del PGOU de 2012. “Se ha eliminado toda referencia a este plan y eso nos permite contar con un Peprichye independiente y autónomo, ese ha sido el mayor logro de este recurso casacional”, insiste Beardo.

UNA OFICINA DE ATENCIÓN A LOS AFECTADOS EN LA SEDE DE URBANISMO

Por otro lado, se ha anunciado la apertura de una oficina de atención a los afectados en la sede de Urbanismo, en la calle Sol, que estará dirigida por el asesor jurídico del área, Alejandro Sepúlveda. Esa oficina se abrirá lo antes posible y en ella se atenderán las consultas concretas de inversores, promotores y ciudadanos a título particular.

También se prevé en breve una próxima mesa técnica con la Junta de Andalucía, para ver los diferentes caminos a seguir para que ningún desarrollo de los previstos en el PGOU anulado se quede ahora fuera de juego.

En cuanto a los diseminados, se prevé en primer lugar rescatar en primer lugar los que, a pesar de incluirse en el PGOU anulado, ya se planteaban en el Plan del 92. “Ningún desarrollo se va a quedar atrás”, insiste el alcalde, al tiempo que pide al resto de los grupos la máxima colaboración posible.

El Economista

• Las empresas reclaman un mecanismo de reequilibrio económico de los contratos
• El sector aboga por restablecer la revisión de precios y derogar la ley de desindexación

La fuerte subida de los precios de la mayoría de las materias primas está teniendo un intenso impacto en la economía y ha provocado grandes problemas de desabastecimiento en multitud de empresas, sobre todo en aquellas que gozaban de un nivel de inventarios mucho más reducido.

El sector de la construcción no es ajeno a esta situación, hasta el punto de que distintas organizaciones empresariales advierten de los riesgos para la continuidad de determinados contratos y de los efectos sobre la recuperación de la economía de España.

“La viabilidad de muchos contratos se ponga en cuestión porque el sobrecoste que sufren las empresas constructoras no puede mantenerse en el tiempo”
El precio del petróleo se ha disparado en torno a un 35% en los primeros meses del año, lo que ha afectado de manera negativa en los balances del tejido empresarial. No solo por un encarecimiento de los costes del transporte sino también porque ha elevado el precio de multitud de productos que dependen de esta fuente energética y que provienen de la misma, lo que ha perjudicado a numerosos distribuidores de materiales de construcción y cerámica. Al del crudo, se añade el avance de los precios de materias primas ligadas a la actividad industrial como el cobre, el acero inoxidable, el latón… Como ejemplo, el precio del cobre se ha disparado más de un 30% en 2021 y en 12 meses casi se ha duplicado lo que ha hecho que alcance el precio más alto de toda su historia. Una situación sin precedentes en un escenario en el que las compañías comienzan a levantar el vuelo tras el impacto de la reciente crisis económica.

La patronal de la reforma, Andimac, constata la preocupación del sector, que deriva no solo del avance de los precios de las materias primas sino también de los problemas de desabastecimiento que se están produciendo en multitud de empresas de la industria de las reformas. Una situación que comparten otras grandes industrias a nivel mundial, como la tecnológica o la de fabricantes de automóviles con la escasez de chips que, debido a que son componentes básicos, obligan a paralizar temporalmente su actividad.

Desde los almacenes de distribución asociados a Andimac reconocen esta realidad al destacar que hay un problema generalizado en todas las materias que provoca desabastecimiento en muchos fabricantes y los que tenían stock previo lo están sorteando, pero los que no están teniendo problemas de suministro porque no tienen capacidad para comprar.

Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) señala que “la subida del coste de los materiales para el sector de la construcción, especialmente en el acero o el betún asfáltico, está siendo desproporcionada en los últimos meses. Este incremento ya en Estados Unidos hacía ver que podría tener un reflejo claro en Europa y hemos comenzado a sufrirlo”.

“En ocasiones es preferible abandonar una obra o un proyecto que asumir un incremento desproporcionado de costes”

Fernández Alén advierte, asimismo, de que “el hecho de que la ley de desindexación haya bloqueado la revisión de precios, y que el sistema de revisión de precios contenido en la Ley de Contratos se aplique en muy contadas ocasiones, hace que la viabilidad de muchos contratos se ponga en cuestión porque el sobrecoste que sufren las empresas constructoras no puede mantenerse en el tiempo”. Así, añade, “en ocasiones es preferible abandonar una obra o un proyecto que asumir un incremento desproporcionado de costes que, en muchos casos, está llegando a más del doble”

Por ello, desde la patronal de la construcción “creemos que es necesario poner en marcha algún mecanismo para reequilibrar económicamente los contratos para que sean viables: por una parte, la derogación de la Ley Reguladora de la Desindexación en Materia de Contratación Pública; y, por otra, el restablecimiento del sistema de cláusulas de revisión de precios en los contratos públicos”, reclama Fernández Alén. De igual modo, “en la obra privada sería deseable establecer un sistema automático de reequilibrio que tenga presente el sobrecoste al que tiene que hacer frente la empresa por el incremento desproporcionado de precios en las últimas semanas/meses y que no se corresponde con los precios de la oferta cuando se presentó”.

Actividad a medio gas
El incremento de los precios ha llegado en un momento poco propicio para el sector, según advierten desde Andimac, toda vez que no se ha visto respaldado por una mejora significativa de la actividad económica al operar la mayoría de las empresas todavía a medio gas por la pandemia. En este escenario, las opciones que tienen los proveedores son, fundamentalmente, dos: subidas de tarifas, que después se trasladan a los clientes, o recortes en el descuento que realizan a los clientes. Las empresas más grandes soportan mejor la subida de precios y las principales damnificadas son las que tienen un menor tamaño debido a sus distintos márgenes.

Las firmas de distribución esgrimen que aún hay margen de negociación, aunque depende del proveedor
Las firmas de distribución esgrimen que aún hay margen de negociación, aunque depende del proveedor. Aún así, la escalada de precios no cesa de momento y Andimac estima que durante este trimestre en todos los sectores va a haber subidas, que se trasladan al cliente final y que irán del 2% al 14%, en el caso de impermeabilizaciones. Una subida generalizada de precios que también es patente en cementos, pegamentos, perfilería de cartón yeso y en casi todos los materiales. Esta situación está generando una inflación “bestial”, como catalogan la mayoría de compañías dedicadas a las reformas, que recalcan que se están produciendo situaciones no vistas en décadas ya que hay cupos, casi racionamientos, de determinados componentes que hacen que los retrasos o paralizaciones de ciertas reformas estén a la orden del día.

Este escenario provoca multitud de tensiones y dificulta la labor diaria de los distribuidores con sus clientes. Piedras en el camino para un sector que juega un papel importante en la reconstrucción económica de España. De hecho, Andimac defiende que si la construcción aporta en torno al 10% del PIB, la mayoría de las actuaciones se corresponde con las que se realizan en viviendas y edificios ya habitados, y no tanto con las de los nuevos desarrollos urbanísticos. Es decir, que “las actividades de reforma y la rehabilitación son cruciales para el conjunto de los actores que intervienen en la cadena industrial de materiales de construcción, una cadena que incrementa más de dos puntos el peso de la construcción en el PIB”.

Las perspectivas no son nada halagüeñas. Los principales distribuidores ven cómo, mes tras mes, los precios de las materias primas prosiguen al alza, pese a que la esperanza del sector era que este año la tendencia no fuese la misma que el curso anterior. La mayoría de bancos de inversión tampoco ha arrojado luz para el sector, ya que prevén que los avances continúen, aunque de manera menos significativa. No obstante, será la evolución macroeconómica de China la que marque el devenir de los precios, aunque el gigante asiático es uno de los que mejor se ha recuperado y ha disparado la demanda de este tipo de metales, lo que presiona los precios al alza.

Además, hay que sumar nuevas tendencias como la descarbonización de las economías o el auge de las energías renovables que también ejercerán presión en metales como el litio, el níquel o el cobre, muy utilizados en el proceso de fabricación de vehículos eléctricos o en proyectos de infraestructuras verdes.

50% de subida del petróleo
El barril de Brent se ha encarecido cerca del 50% este año. El viernes superó los 73 dólares por primera vez desde mayo de 2019. Al cierre de 2020 cotizaba en 51 dólares.

26,8% de subida del cobre
El precio del cobre ha pasado de 7.754 dólares el pasado 31 de diciembre a 9.834 dólares el viernes, lo que supone un alza del 27% en lo que va de año.

El Economista

• PROYECCIONES/ El supervisor coincide con el Gobierno en que a finales de 2022 se alcanzarán los niveles previos a la pandemia y en 2023 se retomará la senda de crecimiento. Sin embargo, empeora la previsión de déficit para 2021 por el mayor gasto público.

La recuperación está en marcha y la salida del túnel de la crisis, un poco más cerca. Y no, el mensaje no proviene esta vez de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha reiterado esta idea prácticamente en cada una de sus últimas comparecencias públicas (ayer volvió a hacerlo desde un acto en Canarias). En esta ocasión, ha sido el Banco de España el que ha constatado que el rebote económico es una realidad en la que los indicadores apuntan a “un aumento significativo del dinamismo de la economía” desde finales de marzo gracias al avance de la vacunación y al alivio de las restricciones, dando lugar a una espiral virtuosa de mejora de la confianza, incremento del gasto de los hogares y salida del letargo de la demanda mundial, lo que se está dejando notar ya en las exportaciones españolas. En este contexto, el Banco de España revisó ayer al alza sus proyecciones macroeconómicas para este año y los siguientes, empezando por este segundo trimestre, en el que prevé un alza del PIB de entre el 1,4% en el peor escenario y del 2,7% en el más favorable. Su escenario central es de un crecimiento del 2,2% entre abril y junio, tras una contracción del 0,5% en el primer trimestre, una previsión más optimista que la de organismos como la AIReF, que con los indicadores disponibles de abril y mayo anticipa un avance trimestral del 1,3%.

Tras este esprint de la actividad, el Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento para el conjunto del año hasta el 6,2% en su escenario base, dos décimas más que en las estimaciones de marzo, pero todavía tres décimas inferior al objetivo del Gobierno (+6,5%); al 5,8% en 2022, cinco décimas por encima del pronóstico anterior gracias, esencialmente, a un “mayor impacto” positivo de los fondos europeos, y al 1,8% en 2023, frente al 1,7% anterior. En concreto, la institución estima que el efecto balsámico de las ayudas europeas rondará el punto porcentual este año, ascenderá a 2,4 puntos en 2022 y catalizará el crecimiento de 2023, con la aportación de 1,8 puntos.

Todo ello en un contexto en el que el supervisor sigue mostrándose escéptico sobre la capacidad de las Administraciones Públicas de absorber esa ingente cantidad de fondos. “Se mantiene todavía un grado considerable de incertidumbre con respecto al ritmo al que puedan ser absorbidos estos fondos”, señala el informe. En este escenario, el supervisor espera que a finales de 2022 se alcancen los niveles previos a la pandemia, reanudando en 2023 la senda de crecimiento que truncó el Covid, un diagnóstico que converge con el del Ejecutivo, cuya vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anticipó el 9 de junio, durante la clausura del II Foro Económico Internacional EXPANSIÓN, que “nuestro horizonte pasa por recuperar a finales de 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia y en 2023 la senda de crecimiento en la que estábamos antes” de la crisis sanitaria.

Furgón de cola europeo

Pero no es oro todo lo que reluce en el horizonte económico. Pese al fuerte rebote de este año y el que viene, España seguirá en el furgón de cola de la recuperación internacional. De hecho, si se cumplen los vaticinios del Banco de España y del propio Ejecutivo, la economía española será la última de la eurozona en retornar a los niveles prepandemia. La mayoría de países del euro lo logrará entre el primer y el tercer trimestre de 2022, mientras que algunos, como Alemania, lo conseguirán ya a finales de este mismo año, según las recientes previsiones de la OCDE. Además, pese a la mejoría de expectativas, el Banco de España advierte de que no se debe bajar la guardia, ya que el grado de incertidumbre “continúa siendo alto”. De hecho, advierte del potencial efecto nocivo de la aparición de nuevas variantes del virus que pudieran ser “resistentes a las vacunas”, lo que podría traducirse en nuevas restricciones a los viajes turísticos. Precisamente, la gran sombra que se cierne sobre España sigue siendo la reactivación del turismo, una “actividad crucial” para el PIB, en un contexto en el que países como Reino Unido, principal emisor de turistas a España, mantienen a nuestro país en el lista de riesgo por Covid. El Banco de España cree que, en el mejor de los casos, las exportaciones turísticas rondarán el 50% de las cifras alcanzadas en 2019, antes de la irrupción del Covid.

Pero los brotes verdes del presente no deberían ocultar el espeso bosque de deuda y déficit que ha generado la crisis y que puede hipotecar el futuro económico durante mucho tiempo. De hecho, el Banco de España empeoró ayer su previsión de déficit para 2021, con un desfase del 8,2% en contraste con el 7,7% que vaticinaba en marzo, fruto del efecto combinado de un mayor aumento del gasto público, entre otras causas por las prórrogas de los ERTE, y de menor recaudación, debido en parte a la revisión “ligeramente a la baja la estimación de los ingresos derivados de los nuevos impuestos introducidos a comienzos de este año”, como las llamadas tasas Google y Tobin. El supervisor considera que el déficit adelgazará en 2022 y 2023, hasta situarse en el 4,3% ese último año, cotas que, sin embargo, cree “todavía muy elevadas” y urge al diseño de un plan de consolidación fiscal.

Por su parte, la deuda será una pesada losa, con tasas superiores al 120% del PIB este año, porcentaje que, pese al crecimiento previsto para estos años, seguirá en torno al 118% en 2023; es decir, un recorte de apenas dos puntos en el horizonte de proyección.

Abc

• Comparten en un foro la necesidad de sacar adelante el texto legal que simplifica la burocracia y da solución a problemas como la despoblación

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha participado en un foro de debate bajo el lema «Una oportunidad para el Urbanismo en Andalucía» en el que se ha analizado el proceso de transición hacia un nuevo Urbanismo en Andalucía, maduro en los soportes de la sostenibilidad y la necesidad de integrar la visión de ordenación del territorio y urbanismo; y en el que se ha puesto de manifiesto el respaldo unánime del sector de la construcción, colegios profesionales, empresarios y agentes sociales para aprobar, lo antes posible, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía.

El encuentro ha tenido lugar en la Caja Rural del Sur, con dos paneles: un primer Panel Administración y Empresa en el que han participado el alcalde del Ayuntamiento de Constantina, Rubén Rivera Sánchez; el gerente de Gaesco; Juan Aguilera Ruiz y el presidente de Fadeco, Francisco Martínez Cañavate. Y un segundo Panel Colegios Profesionales con el decano del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, Demarcación Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Moral Ordoñez; el secretario general del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, José Carlos Babiano Álvarez de los Corrales; y por el decano del Colegio de Geógrafos, Juan José Caro Moreno. Las conclusiones de los planteamientos expuestos han corrido a cargo de Manuel Mingorance, presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la CEA.

El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha abierto del foro en el que ha explicado que «la ley de suelo nace del acuerdo y el diálogo con un solo objetivo: avanzar en la ley del suelo andaluza». Se trata de «un proyecto de ley moderno, que acabará con el caos de la planificación urbana, garantizando la viabilidad social, ambiental y económica de las actuaciones, aumentando la protección de los recursos naturales, del litoral, del paisaje y del patrimonio histórico», ha continuado.

«Simplificamos y aclaramos la normativa para que aporte seguridad jurídica – resaltó el delegado de la Junta- con la LISTA se derogarán dos leyes, dos decretos ley y dos decretos, así como parte del articulado y disposiciones de otras normas. Ahora mismo, un promotor que quiera iniciar un proyecto que genere empleo y riqueza en nuestra tierra tiene que sortear 235 textos legales que afectan al urbanismo, lo que dificulta enormemente el trabajo de ciudadanos, promotores e inversores. Con la nueva Norma, la aprobación de un PGOU pasaría de diez años a dos años de media. Sin duda, un gran avance y de ahí su premura para que salga adelante».

Ricardo Sánchez, ha subrayado que La Ley de Sostenibilidad supondrá respetar la identidad de los municipios, y contar con instrumentos contra la despoblación en zonas rurales, con un sistema de planeamiento adecuado al tamaño de los pequeños municipios que «en ningún caso pueden ser tratados como las grandes ciudades».

«Incluye, además -recordó el delegado de la Junta en Sevilla- el Decreto Ley de viviendas irregulares, que ayudará a la lucha contra la proliferación de este tipo de edificaciones que llevan décadas en un limbo jurídico. La Junta de Andalucía quiere convertir el territorio andaluz en un espacio habitable, sostenible y accesible.»

Ricardo Sánchez argumentó que con un proyecto de Ley tan esencial para la recuperación económica y la vertebración de nuestra provincia no podemos esperar tanto para que entre en vigor; de ahí que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, haya anunciado que ha empezado una nueva ronda de contactos con todos los grupos políticos para sacar adelante este proyecto y volverlo a llevar al Parlamento antes del próximo mes de agosto.

Las conclusiones de los planteamientos expuestos han corrido a cargo de Manuel Mingorance, quien ha explicado que, partiendo como elemento esencial para un nuevo urbanismo en Andalucía, la sostenibilidad del proceso, se ha planteado temas como profundizar y garantizar la seguridad jurídica, promover la agilidad administrativa en general y la ambiental en particular, con una visión de la tramitación ambiental en lo urbanístico y de sostenibilidad en el planeamiento. Asimismo, se ha hecho hincapié en reforzar el diálogo en los intereses sectoriales, dar respuesta actualizada a las necesidades sociales, como la promoción de viviendas asequibles.

La Voz de Almería

• Es la provincia andaluza con menor disponibilidad de recursos hídricos

A medida que se acerca el verano se hace patente la complicada situación hidrológica que vive la provincia de Almería. Los últimos episodios de precipitaciones han sido puntuales y escasos, lo cual está llevando a una sequía estructural que amenaza especialmente a los regadíos almerienses.

Para tratar de hacer frente a esta situación el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba este pasado mes de mayo el Plan Especial de Actuación en situación de alerta y eventual sequía para la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, un plan que determina la forma de actuar para paliar el déficit ‘esperable’.

Garantía
La nueva herramienta, diseñada por la Dirección General de Infraestructuras del Agua, recoge entre esas actuaciones la elaboración de propuestas de planes especiales para situaciones de alerta y eventual sequía, el asesoramiento técnico a los municipios que deban contar con planes de emergencia ante situaciones de sequía, así como las propuestas de entrada y salida de los sistemas hidráulicos en aquellas fases que representen restricciones de uso del recurso.

El director general de Planificación y Recursos Hídricos Locales, Fernando Delgado, destacaba recientemente el mal estado, tanto cualitativo como cuantitativo, del 60 por ciento de las masas de agua de la provincia, dadas las escasas aportaciones (déficit hídrico en la provincia) y a la sobreexplotación de los recursos.

En este sentido hacía hincapié en la importancia de las actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible como son la declaración del mal estado del acuífero del Campo de Dalías y la impulsión del Plan de Recuperación del acuífero del Poniente.

El caso Río Aguas
Delgado insistió en la declaración del mal estado de la masa del Río Aguas y el procedimiento para la constitución de la Comunidad de Usuarios de Masa de Agua Subterráneas, así como la previsión de seguir trabajando en esa misma línea en el Campo de Níjar y en el Andarax.

De todo ello fue informado el Comité de Gestión de Almería, que pudo conocer el decreto por el que se regulan las condiciones de entrada y salida en situación de sequía y que define las medidas a adoptar en las zonas afectadas según su situación hidrológica.

Manos libres
Una vez aprobado ese decreto por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, se ponen en marcha los planes de gestión que recogen medidas específicas para mitigar los impactos de la sequía y la escasez coyuntural, lo que permite prevenir y corregir sus efectos adversos sobre el medio ambiente favoreciendo la utilización sostenible de las aguas incluso en los momentos excepcionales.

Entre sus objetivos se encuentran garantizar la disponibilidad de agua para asegurar la salud y la vida de la población; evitar los efectos negativos de la sequía sobre el estado ecológico de las masas de agua, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos, evitando efectos permanentes sobre el mismo; o actuar en planes para minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas.

Provincia ‘seca’
Los últimos informes sobre la situación de las masas de agua en Andalucía colocan a la comarca del Bajo Almanzora como la más deficitaria de toda la región, con un volumen disponible de 0,16 decámetros cúbicos por hectárea y año.

Pero además, el ‘Diagnóstico sobre las necesidades de agua en Andalucía y propuesta de actuaciones’ establece que Sevilla es la provincia que presenta una mayor disponibilidad con el 25,78 por ciento del total de región; el caso contrario es el de Almería, que no alcanza ni el cuatro por ciento de esa disponibilidad.

Esa situación es la que ha llevado a la Junta de Andalucía a elaborar el plan de sequía que se aplicará en la provincia.

Diario de Almería

• Las obras han consistido en un primer tramo canalizado subterráneo desde el Salar de los Canos hacia el mar y el acondicionamiento de la desembocadura final con un encauzamiento a cielo abierto

El cauce de la Rambla del Algarrobo discurre en su tramo final, de algo más de unos 1.824 metros de largo hasta su desembocadura al mar Mediterráneo, en una zona notablemente urbanizada y con un valor ambiental considerable que integra la zona del Salar de los Canos, la Charca del Gato y la ribera del mar.

Según ha indicado el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Vera y a su vez consejero delegado de la empresa mixta CODEUR encargada de coordinar las obras, Alfonso García, “los trabajos de laminación y evacuación al mar de la Rambla del Algarrobo eran necesarios para evitar las frecuentes inundaciones en la zona y los riesgos de posibles avenidas provocados por tormentas y crecidas de la rambla”. El edil veratense ha explicado durante una visita a la zona que “el objetivo de la actuación es recoger las aguas provenientes de la Rambla del Algarrobo y conducirlas al mar desde el Salar de los Canos, siempre reservando un nivel de lámina de agua en el humedal”.

Se trata de una actuación recogida dentro del Plan Especial de la Costa, con un presupuesto de ejecución de 2.551.401,86 euros y financiada íntegramente a través de las cuotas urbanísticas de los propietarios de los terrenos afectos al Plan, que tiene como objetivo el diseño de un sistema conjunto de laminación, transporte y vertido de los caudales generados por la Rambla del Algarrobo y la integración del mismo en el entorno medioambiental del Salar de los Canos, la Charca del Gato y la ribera del mar, así como en el entorno urbano existente entre ambas zonas.

Las obras se han ejecutado en dos fases. Una actuación inicial de encauzamiento subterráneo desde el Salar de los Canos hacia el mar ejecutada desde hace 3 años y una segunda fase que se acaba de finalizar consistente en el acondicionamiento de la desembocadura final con un encauzamiento abierto, que integra este sistema hidráulico en el entorno incluyendo el paseo marítimo en su frente, y la reforma de espacio entre este paseo y la zona urbana consolidada.

En este sentido, se han desarrollado paseos peatonales en sendos márgenes y se ha dotado de alumbrado público, mobiliario urbano (bancos) y vallado de madera que delimita el encauzamiento a través de las sendas peatonales en toda su longitud.

El nuevo cauce de la rambla está protegido con una manta de fibra de coco que ayudará al crecimiento de vegetación baja con la que se ha sembrado esta área, preservando el espacio de cañaveral con el que contaba la parte final de la desembocadura denominado como la “Charca del Gato”. En los taludes exteriores de los márgenes del encauzamiento también se ha realizado una plantación con diversas especies autóctonas para el embellecimiento de la zona.

Adicionalmente, el Ayuntamiento está trabajando en un proyecto de acondicionamiento de zonas ajardinadas y áreas recreativas con juegos infantiles en el perímetro del encauzamiento cuya ejecución se llevará a cabo inminentemente.

Alfonso García ha indicado que “con esta actuación, además de realizar una infraestructura necesaria para la seguridad de la zona frente a inundaciones y avenidas de agua, se ha conseguido crear un área recreativa y de esparcimiento en la zona para el uso y disfrute de vecinos y visitantes”.

A la visita a las obras también ha acudido Jerónimo Parra, de Grupo Parra, quien ha agradecido al Ayuntamiento y a la empresa Mixta CODEUR que se haya contado con empresas de la zona como la suya para el desarrollo de una infraestructura tan importante.

Diario de Almería

• El ayuntamiento simplificó el trámite para obras menores con la llegada de la pandemia y la medida ha resultado exitosa

Desde que en mayo de 2020 se aprobara la simplificación de trámites para la obtención de licencias de obra menor, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha concedido hasta 1.402 licencias en el acto, “fomentando así la actividad económica y la creación de empleo en el municipio, máxima prioridad para este equipo de gobierno”, tal como resalta el concejal delegado, José Luis Llamas, en el balance de las actuaciones relacionadas con una medida que surgió con la intención de facilitar al máximo esta actividad en plena pandemia.

Ante el aumento de solicitudes de las últimas semanas, el concejal roquetero recuerda la importancia de la colaboración de todos para evitar que los residuos generados por las obras acaben en solares, ramblas y espacios naturales. “Necesitamos colaboración tanto de los vecinos como de las constructoras y trabajadores. Hace pocos días veíamos en la Ribera de la Algaida, junto con la delegada de Medio Ambiente de la Junta, cómo las aves habían incluso nidificado entre cascotes y escombros de obras, que no se podían recoger para por los servicios municipales para no interferir en el proceso natural. Entre todos tenemos que evitar estas situaciones”, afirma.

JOSÉ LUIS LLAMAS RECUERDA QUE LA TASA MUNICIPAL POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA DE CONTENEDORES RONDA LOS TRES EUROS, “Y SE TRAMITA TAMBIÉN EN EL ACTO, JUNTO A LA LICENCIA DE OBRAS Y EL ICIO”.

En este sentido, José Luis Llamas recuerda que la tasa municipal por ocupación de vía pública de contenedores ronda los tres euros, “y se tramita también en el acto, junto a la licencia de obras y el ICIO”.Hace un año, se simplificó la obtención de licencias de obra menor con la presentación de una declaración responsable, tanto si se trata de una obra sin proyecto, como una reforma de baño, de cocina o un cambio de azulejos o de suelo, como de una actuación que precisa de memoria o proyecto tal como pintura o arreglo de fachadas de comunidades, reforma integral de locales para negocios o reformas estructurales.

“Desde que se aprobara esta medida, la Delegación de Agenda Urbana ha concedido nada menos que 1.402 licencias de obra menor, 810 hasta enero y otras casi 600 en los últimos meses, lo que da muestra del incremento de obras menores que estamos viviendo y de la eficacia de esta medida”, detalla José Luis Llamas. Por contra, tal como recoge la ordenanza municipal, las obras que se realizan sin licencia pueden llegar a desembocar en una sanción económica de hasta 5.999 euros.

Por todo ello, el concejal pone el acento en que “todo aquel propietario o constructor que plantee realizar una obra debe saber que en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar es posible obtener la licencia en el acto, con la presentación de la declaración, de una forma ágil y directa, sin necesidad de esperar semanas a que la misma sea aprobada y recibida”.

Diario de Almería

• Abrirá en 2023, con una inversión de 3,6 millones y más de 20.000 ejemplares y puntos de sombra con 122 árboles medianos. Vuelven las chumberas a la ladera de la Alcazaba. Urbanismo empleará burros para esta repoblación en la que no se permiten medios mecánicos.

Es, sin duda, uno de los proyectos más esperados, no solo por el tiempo transcurrido –once años ya desde que se resolviera el concurso de ideas-, sino por el especial enclave, limitado por las murallas de La Alcazaba y San Cristóbal, de sobrada riqueza paisajistica y patrimonial, –también en el subsuelo–, y memoria de esa Almería agrícola, que “habíamos estado usando de escombrera y aparcamiento”. En el primer trimestre de 2023, La Hoya será, por fin, un “gran atractivo social, turístico y cultural” mediante la puesta a disposición de la ciudadanía del parque ‘Jardines Mediterráneos’, el proyecto que ha podido presentar la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, junto a los arquitectos del estudio Kauh.

Juan Antonio Sánchez y Vicent Morales han desmenuzado la intervención que abarca una superficie de 42.600 metros cuadrados, sobre los que se invertirá nada menos que 3.666.321 millones de euros, la primera actuación de carácter público en La Hoya desde hace mil años, ya que sus transformaciones han venido de la mano de los usos privados como el agrícola.

Quien se espere un parque de césped natural rodeando un lago puede ir desterrando esta idea, porque el proyecto presentado se inspira en la máxima del respeto al entorno y al pasado, con elementos camuflados y lo más desapercibidos posible, cuya elección también ha estado determinada por las leyes patrimoniales que preservan tanto la imagen de las murallas, sin barreras visuales, los restos arqueológicos –no habrá construcciones como el centro de visitantes inicialmente previsto o el ascensor–, y las especies autóctonas, algunas de ellas protegidas, que serán recuperadas.

Son tres grandes limitaciones que los arquitectos han recogido como tres grandes oportunidades para resolver conflictos con este proyecto que mantiene el carácter de espacio continuo del Valle de la Hoya, con una mínima intervención y una máxima protección del subsuelo. No habrá redes de agua, sino que se recuperará el sistema de riego de acequias (aún quedan restos pero en mal estado, por lo que serán de nueva construcción). No habrá farolas, sino báculos en el suelo de color tierra camuflado, ni grandes árboles que entorpezcan la visibilidad de las murallas, aunque este parque tendrá zonas de sombra y estancia, junto a bancales a repoblar, situados en puntos estratégicos donde no entorpezcan la visión del conjunto de murallas y que los arqueólogos han marcado como libres de restos.

La vegetación para este parque, de naturaleza blanda y exento de asfalto -para la pavimentación de los caminos se utilizará terrizo estabilizado y pequeños adoquines de piedra caliza- está diseñada como un tapiz que cambiará de imagen en función de las estaciones y la pluviosidad. Se plantarán en total más de 21.000 unidades de herbáceas, arbustos y árboles, de más de un centenar de especies diferentes. En concreto, serán 122 los árboles, de mediana altura para no entorpecer la visión del conjunto patrimonial-, que generarán esa sombra necesaria con 63 unidades de bancos.

Replantación de chumberas con burros

Una de estas especies son las chumberas, que retornarán a la ladera de la muralla de La Alcazaba, siendo un elemento que da buena idea del “cariño” respetuoso que ha imperado en la confección de este proyecto. Para recuperar la típica estampa de las pencas -devoradas por la cochinilla del carmín- no de utilizarán medios mecánicos al uso, sino los burros de antaño para alcanzar los puntos de plantación.

La distribución de la vegetación está ideada para crear parterres de plantación con formas orgánicas circulares-ovoidales que, a su vez generan una red de caminos que permiten transitar en todas las direcciones y disfrutar de múltiples paseos alrededor de la vegetación, además de acoger, en la zona central, un espacio que permitirá la celebración de actividades culturales o zona de juegos, en el día a día, a modo de plazoleta

Europasur

• Un total de 80 personas asumirán trabajos en el litoral, incorporándose un dron para el control de aforos por parte de la Policía Local

El Plan de Playas 2021 de La Línea de la Concepción contará con un presupuesto de 580.000 euros, sin contar con los gastos de la Policía Local. Esto supone un incremento del 55% respecto a 2020, cuando se destinaron 330.000 euros al equipamiento y personal para la temporada estival en el litoral linense, según ha anunciado el concejal Rafael León.

La prestación de los trabajos en todas las playas supondrá la dedicación de 80 personas, distribuidas en diferentes servicios. En salvamento y socorrismo, el incremento presupuestario permitirá contar con 23 trabajadores, quince socorristas, seis de los cuales estarán a media jornada, dos enfermeros, tres patrones de embarcación, dos conductores y un coordinador. En medios materiales, destacar una moto de agua, un vehículo todoterreno, dos ambulancias, una lancha zodiac y tres quads.

La Policía Local, con un total de 18 agentes en servicio, dispondrá de cinco vehículos (tipo quads), dos segways, dos motos, un furgón, un dron para el control de aforos y prismáticos de precisión.

Los servicios de mantenimiento y limpieza incorporarán a 31 personas, 19 de ellas para limpieza manual y siete a mecanizada, más otras cinco para labores de mantenimiento.

En medios materiales, se contará con tres tractores limpiaplayas, un vehículo para transporte de trabajadores, dos vehículos de mantenimiento, uno de limpieza de módulos y uno de coordinación.

Los contratos de limpieza manual y mecanizada han supuesto un incremento económico de 24.725,46 euros, pasando de una inversión de 170.000 euros en 2020 a 194.725,46 euros, en la actualidad. En cuanto a salvamento y socorrismo, el aumento ha sido de 70.025 euros, con una inversión en 2020 de 149.975 euros y actual de 220.000 euros.

Tras la importante merma de recursos materiales consecuencia de los actos vandálicos sufridos en las instalaciones de la delegación de playas, se está trabajando para la reposición de todas las infraestructuras temporales en el litoral.

Con respecto a infraestructuras, se prevé la dotación de pasarelas en los accesos, seis zonas de sombra, cuarenta y nueve duchas, cinco módulos de baño, nueve torres de vigilancia, seis carriles náuticos y equipos de megafonía. De momento, está pendiente la adjudicación de una aplicación móvil sobre el estado de las playas.

Además, se han adjudicado diez ubicaciones de chiringuitos, tres que ya contaban con contrato del pasado año, dos recientemente adjudicados y otras tres que ya han presentado documentación y se formalizarán en breve.

Actualmente, se ejecutan los trabajos de perfilado y nivelación en la zona de Santigo- Conchal, con la colaboración de la Demarcación de Costas, cuyo inicio se retrasó a consecuencia de los actos vandálicos ocurridos en mayo y se prevé culminen a finales de esta semana. A nivel municipal, se ha actuado para reparar todos los desperfectos en todo lo que representa la ubicación de pasarelas, sillas adaptadas y módulos.

Juan Franco ha subrayado la reciente concesión del galardón de Ecoplayas para las playas de Santa Bárbara y Sobrevela, que será presentado próximamente, agradeciendo el trabajo de las delegaciones municipales y del personal implicado en la temporada.

Este martes se celebrará una reunión con Fegadi para comprobar el estado de las playas en cuanto a dotaciones para personas con movilidad reducida. De momento, se han dispuesto siete pasarelas de este tipo en distintas zonas del litoral, además de formalizarse un proyecto con Cepsa, que permitirá la incorporación de nuevo material para este colectivo, incluyendo una grúa para el desplazamiento de estas personas hasta las zonas de baño.

Por su parte, el teniente de alcalde y delegado municipal de Servicios Operativos, Manuel Abellán, ha subrayado la renovación de todos los contratos de socorrismo, vigilancia, limpieza mecanizada y manual y mantenimiento, por un periodo de cuatro años, destacando el arduo trabajo administrativo que se ha realizado y su contribución para la mejora de los servicios.

Rafael León, como responsable de la concejalía de Playas, ha realizado especial hincapié en el incremento de los medios, la dotación de equipamientos y nuevas zonas de sombra para personas con movilidad reducida y la incorporación de maceteros, una vez finalicen los trabajos de nivelación de la playa de levante.