• Los Presupuestos del Estado prevén partidas plurianuales para la remodelación de los enlaces de El Parador y El Ejido, que no se completarán hasta 2025

El borrador de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2022, presentado recientemente, da pistas sobre los planes del Gobierno de España para las grandes obras que afectan a la Autovía del Mediterráneo a su paso por el Poniente, y que se esperan con urgencia desde hace años. En el mejor de los casos, la planificación del Ministerio de Transportes no prevé que las intervenciones acaben hasta 2025, en otros, como el del del tercer carril, ni eso.

Así, en el proyecto más importante, la gran remodelación del enlace 429 en El Parador, los planes del Gobierno incluyen una planificación plurianual que prevé una importante inversión, que casi alcanza lo que costó la construcción de la Variante de Roquetas y Vícar, para una obra vital en el municipio de Roquetas de Mar y que también beneficiará a Vícar. Se trata, como ha venido informando IDEAL, de una actuación que se ha dividido en dos proyectos, por un lado la remodelación del enlace propiamente dicho, actualmente un auténtico cuello de botella que genera enormes problemas y atascos, y por otro lado, la conexión directa de la A7 con la Variante de Roquetas y Vícar.

La remodelación del enlace prevé una inversión, según los Presupuestos del Estado, de 25,3 millones de euros, pero para 2022 apenas se han incluido 100.000 euros. Esa cantidad se elevará a un millón de euros en 2023, 4 millones de euros en 2024 y será en 2025 cuando llegue la partida más importante prevista, 5 millones de euros.

La actuación en este caso mantiene el enlace tipo diamante con pesas, pero creando también otro tipo trompeta, situado a menos de un kilómetro del anterior en sentido Málaga, estando ambos conectados por vías colectoras distribuidoras, de forma que solo exista una única salida y entrada a la autovía.

Algo parecido ocurre con la conexión con la Variante, para la que se han previsto 8,3 millones de euros, de los que apenas 100.000 euros se han contemplado en 2022, la cifra aumentará a un millón en 2023, 4 millones en 2024 y 1,5 millones en 2025.

Esta segunda actuación continúa el enlace tipo trompeta mencionado anteriormente, construyendo un tramo de vía que bordea el centro comercial de El Parador y sus alrededores y desemboca directamente en la Variante, lo que ayudará a evitar las retenciones actuales en la rotonda del Viapark.

De esta manera se multiplicará la capacidad y las opciones para un enlace que actualmente obliga a usar un único carril para cruzar el puente de la A7, donde se concentra todo el tráfico en sentido Roquetas y parte de Vícar, lo que en caso de incidencias y en horas punta acaba generando grandes atascos. Es la solución técnica diseñada hace años para mejorar la capacidad de este congestionado enlace de El Parador, una vez que se descartó construir un segundo completamente nuevo.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la obra aún tiene muchos trámites pendientes antes de poder licitarse. Este verano ambos proyectos han estado en exposición pública y ahora tendrán que resolverse las alegaciones presentadas, sobre las que por lo pronto se sabe que Vícar ha presentado varias. Las alegaciones posiblemente obliguen a hacer cambios en el proyecto que llevarán su tramitación, además de otros estudios pendientes. Se desconocen lo que llevarán todos esos pasos, pero la planificación de inversiones del Gobierno apunta al año 2025.

El Ejido

La situación de El Parador es muy similar a la que se da en El Ejido, donde el Gobierno de España trabaja en la remodelación de los enlaces 409 y 411, de acceso a esta localidad. Para esta intervención se han previsto 10,2 millones de euros, pero para el próximo año únicamente aparece una partida de 100.000 euros, mientras que en 2023 se han previsto un millón de euros, 4 millones en 2024 y 5 millones en 2025.

El enlace 409, la salida del Hospital del Poniente, es otro de los puntos más conflictivos en la provincia, no solo por la conexión con la A7, sino porque este enlace sirve de comunicación entre El Ejido y Almerimar, además de dar acceso al Hospital del Poniente y el centro comercial cercano. En este caso se ha previsto un nuevo paso superior paralelo al existente que duplicará el ancho de los ramales de deceleración, además de aumentar el tamaño de las dos glorietas, que contarán con dos carriles. En sentido El Ejido se aprovechará la estructura existente, mientras que en sentido Almerimar se apoyará en la nueva estructura.

En cuanto al enlace 411, que da servicio a Las Norias y Santa María del Águila, se ha previsto la construcción de dos nuevas glorietas cerradas, una al norte y otra al sur, que sustituirán a las actuales intersecciones tipo T, contando en ambos casos con un único carril interior.

Tercer carril

El tercer gran proyecto de la A7 que afecta al Poniente, particularmente a Roquetas de Mar, tiene un futuro más incierto atendiendo a las partidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Dentro de las inversiones del Ministerio de Transportes para esta intervención, únicamente aparecen contemplados 100.000 euros en 2022, sin que aparezcan partidas más allá de esa fecha.

El proyecto, del que se lleva hablando desde antes de la crisis de 2008, se comenzó a redactar hace unos años y estaba bastante avanzado. Afectaría al tramo entre los kilómetros 429 y 438, es decir, entre los enlaces de El Parador y el Puerto de Almería.

Además de la urgencia de este carril, que se pone más de manifiesto cuando se tiene que cortar El Cañarete, como ha pasado en los últimos años, el debate en los últimos tiempos también se está extendiendo al tramo en el que se debe ejecutar esta ampliación. Cuando se comenzó a hablar de este proyecto se hablaba de un tercer carril entre El Parador y Viator, pero por el momento lo más avanzado llegada hasta el Puerto de la capital. Por otro lado, en el Poniente también han surgido voces crecientes en Vícar y El Ejido, que reclaman extender la medida a sus respectivos municipios, dada la gran cantidad de tráfico existente en sus respectivos términos municipales.

Todo eso sin contar que también hay propuestas que plantean que ese tercer carril debe servir para favorecer medios alternativos al uso individual del coche, reservándolo a transporte público y vehículos de más de un ocupante, lo que en otras ciudades se conoce como VAO (Vehículos de Alta Ocupación).

Vícar

Por último, los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2022 han contemplado una única partida de 100.000 euros para la mejora de la accesibilidad de la A7 en Vícar. En el municipio hace tiempo que su alcalde, Antonio Bonilla, viene reclamando varias mejoras de acceso a su municipio, tanto por la población de más de 26.000 habitantes que ya tiene, como porque el acondicionamiento y refuerzo de alternativas al colapsado nudo de El Parador aliviaría los problemas que se dan en este punto. En Vícar se plantea la necesidad de un nuevo enlace que conectaría la A7 con el Bulevar de La Paz, que se prolongaría desde el cruce con la avenida del Prado (carretera del Sector III) hasta el nuevo enlace con la Variante de Roquetas que ya se planifica por parte del Gobierno.

• El Ministerio de Transición Ecológica da luz verde al proyecto presentado por el INTA

• Queda ahora la autorización de la Junta y la compra del suelo al Ayuntamiento de Moguer

“Adjunto remito copia de esta Dirección General, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados, CEUS, con el ruego de su remisión al Boletín Oficial del Estado para su publicación a la mayor brevedad posible”.Con esta breve frase del subdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio J. Domínguez Collado, se plasmaba de manera efectiva la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto que, después de la decepción sufrida con las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado, debe suponer el gran objetivo económico e incluso social de los próximos años en toda la provincia.

El escrito al que ha tenido acceso Huelva Información, llega después de que entrara en el registro del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) el pasado 27 de abril procedente del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) que fue el organismo que presentó la misma y de que finalizara el periodo de consultas que comenzó el pasado 13 de julio.

A partir de ahora, probablemente a lo largo del mismo día de hoy, se espera que desde el INTA se envíe una comunicación al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, un organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, para que de curso a los fondos que ya habían sido adjudicados al proyecto y que, según adelantó en su momento Huelva Información se encontraban todavía “en fase de estudio”. También quedaría pendiente la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que debe ser tramitada por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Huelva, algo que debe demorarse poco tiempo, dado que con la DIA aprobada, no debe plantear ninguna dificultad.

• El alcalde de Algeciras lamenta que el Comisionado para el Corredor Mediterráneo obviara el Ramal Central en un mapa

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a destacar la importancia estratégica del Ramal Central, con Algeciras como “principio y fin de los Corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo, que vertebran, conectan y comunican los distintos territorios de nuestro país, y a España con Europa y el Mundo”. El regidor hace estas declaraciones después de que el Comisionado para el Corredor Mediterráneo, que encabeza Josep Vicent Boira, y el Ministerio de Fomento hayan vuelto a mutilar el trazado ferroviario del Ramal Central del Corredor Mediterráneo en un mapa.

“No podemos olvidar la importancia que supone la mejorara y ejecución del Ramal Central Algeciras-Bobadilla-Madrid, pues se trata de una parte esencial de las infraestructuras ferroviarias de nuestro país, pues es llave para el desarrollo económico, el crecimiento y la generación de empleo de muchos territorios, entre los que se encuentran Algeciras y el Campo de Gibraltar”, ha indicado Landaluce.

Landaluce recuerda al Comisionado para el Corredor Mediterráneo, que encabeza Josep Vicent Boira, y que depende del Ministerio de Fomento, que “tienen la obligación de defender la mejora de las infraestructuras ferroviarias de toda España y no solo la de la parte levantina, debe velar por nuestros intereses y no perjudicarlos invisibilizando, como hizo hace algunos días, el Ramal Central Algeciras-Bobadilla-Madrid, tan importante para nuestro desarrollo económico y social”.

“Esta es una ciudad que cuenta con el primer puerto en eficiencia de Europa y el décimo del mundo; con un polo químico e industrial de primer orden; con una situación geoestratégica privilegiada; con una riqueza cultural, histórica y natural única; y con un valor humano incalculable, por eso se hace cada vez más necesario contar con una conexión ferroviaria moderna, competitiva y sostenible con la capital del Estado, y con otras tantas ciudades de nuestro país”, ha manifestado el alcalde.

“No queremos ser más que nadie, solo queremos una oportunidad para competir en igualdad de condiciones con otros lugares, una oportunidad para poder mostrar al mundo que todo ese potencial del que hablamos, esa posibilidad de Algeciras se convierta en un referente mundial en un futuro, sea una realidad en el presente”, sentencia Landaluce. 

Esta segunda fase uniría la actual pasarela, que está en construcción con la terminal tanto de pasajeros como de mercancías de FRS y tendría un plazo de ejecución en torno a los dos meses, con un presupuesto cercano a los cien mil euros, ya que además se tiene previsto varias dotaciones más para la zona.

Este nuevo paso superior entre el puerto pesquero y la rampa ro-ro del muelle de las Azucenas ya han sido adjudicadas a la empresa Soluciones Integrales de Ingeniería y Obras S.L (Soinob).

Las obras consisten en la realización de un vial superior, de una longitud de unos 65 metros con un ancho de once metros, de los que dos serán para una zona acerada para peatones, dándoles de esta forma una mayor seguridad al circular por la zona.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, reseñó a Granada Hoy que con la construcción de esta segunda fase de la obra se pretende “unir físicamente el muelle de las Azucenas con la dársena interior para facilitar el tránsito de pasajeros y vehículos, así como para la carga y descarga en los embarques y desembarques de los ferrys”.

Con esta inversión se mejorará de igual forma la seguridad y operatividad de las distintas líneas marítimas que en la actualidad trabajan en la zona y que utilizan la dársena de Motril para el movimiento de sus mercancías o de pasajeros.

Actualmente el Puerto de Motril cuenta principalmente con líneas que lo unen con el Norte de África y que se encuentran operadas por FRS, Balearia y Transmediterránea-Armas, y se encuentra a la espera de que en un plazo corto de tiempo se abra el transito con Marruecos donde cuenta con líneas con Nador, Alhucemas y Tánger Med.

De igual forma, tienen en proyecto poner en servicio una nueva conexión con distintos puntos de Europa, algo en lo que, según García Fuentes, siguen trabajando “para ver todas las posibilidades y escoger la óptima”.

• Una empresa especializada ultima los resultados de un estudio sobre costes y situación que ofrecerá a Ayuntamiento de Vélez y productores

La precaria situación del pantano de La Viñuela con 34 hectómetros cúbicos de agua embalsada, un 20,61% de su capacidad, ha llevado a regantes y administraciones a empezar a plantearse la posibilidad de construir una desaladora en la capital axárquica para garantizar el abastecimiento de los recursos hídricos.

Esa alternativa se barajó en la Feria Internacional del Sector de Frutas Fruit Attraction que tuvo lugar a principios de este mes en Madrid y a la que acudió el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), para apoyar a los productores de subtropicales instalados en el municipio.

“El futuro en nuestra ciudad pasa por una planta desaladora”, afirmó el regidor quien explicó que a finales de este mes volverá a Madrid donde mantendrá una reunión con una empresa especializada que les mostrará los resultados de un estudio que han llevado a cabo relacionado con la instalación de esta infraestructuras.

“En ese informe se recogen las necesidades que tenemos y qué podemos aportar en ese campo para que nuestro municipio pueda crecer no sólo poblacionalmente sino también para poder crecer, en eso que tanta riqueza nos aporta como son los subtropicales”, explicó el alcalde quien aprovechó para criticar que la Junta de Andalucía “no haya ejecutado todavía las actuaciones que se contemplaron en el decreto de sequía, el baypass de Churriana o que tampoco haya puesto en servicio los pozos del río Chíllar.

“Nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad que nos permita el riego, incluida una desaladora”, afirmó rotundo el vicepresidente de la cooperativa Trops, José Linares, la principal comercializadora de frutas subtropicales de España. “Nosotros no nos negamos ni a las aguas regeneradas, ni a las trasvasadas ni a la desaladora que estamos dispuestos a estudiar. El coste de ésta puede ser alto, pero mayor podría ser la pérdida de explotaciones”, aseguró Linares quien recordó que esta cooperativa axárquica la conforman 4.000 agricultores. “Actualmente las hay de muchos tamaños y tipos, de hecho, ya hay agricultores que las tienen para sus fincas. Habría que ver precios, coste y cantidad de agua”, añadió el vicepresidente de Trops, consciente de que “hemos llegado a un extremo muy preocupante. Si no llueve el problema es gravísimo”.

El presidente de la Asociación Española de Tropicales, Javier Braun, que esta semana ha reclamado “soluciones de emergencia” para salvar el campo axárquico, también es favorable a la instalación de una desaladora en la comarca. “Todo suma. Tenemos que disponer de todas las infraestructuras hídricas posibles”, manifestó el presidente de este colectivo quien lamentó que “lleven un retraso de diez años”. “Vivimos de los tropicales, con una superficie de cultivo que ronda las 9.000 hectáreas, ubicadas mayoritariamente en la comarca de la Axarquía y Costa Tropical, y del que dependen directamente la economía de más de 5.000 personas, pequeños agricultores y miles de puestos de trabajo indirectos derivados de las condiciones de producción y de las empresas comercializadoras de la comarca. Habrá a quien no le guste, pero no podemos abandonarlo”, zanjó Braun quien también reclamó el uso de las aguas regeneradas para el riego y balsas de altura.

• El anteproyecto de la Ley de Vivienda limita la declaración de zona tensionada a tres años prorrogables

La futura Ley estatal de Vivienda, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, limitará la declaración de zona de zona tensionada a un periodo de tres años, con posibilidad de prorrogarse de forma anual si persisten las condiciones que fundamentaron esta consideración.

Entre las condiciones que pauta la futura ley como zona de mercado tensionado, se fija que el coste de la hipoteca o el alquiler (más gastos de suministros) supere el 30% de los ingresos medios de los hogares del ámbito. También se ponderará que el precio de compra o alquiler haya experimentado en los últimos cinco años una subida de, al menos, el 5% superior porcentaje de crecimiento del IPC de cada autonomía.

En caso de formalizarse la declaración, la Administración que la solicite debe elaborar un plan específico de medidas que corrijan los desequilibrios en el mercado de vivienda durante esos tres años.

Además, el Gobierno podrá también desarrollar un programa específico para dicho ámbito y que le habilitará a buscar fórmulas de colaboración con el sector privado para estimular la oferta, diseñar medidas encaminadas a contener o reducir los precios, lanzar ayudas públicas adicionales al plan estatal de vivienda y aumentar la oferta de vivienda social.

Posteriormente, en la disposición adicional primera se fija un mecanismo “excepcional” para intervenir el mercado hasta que las administraciones compensen con medidas el déficit de oferta, lo que popularmente se conoce como regulación del alquiler.

De esta forma, se ofrece la posibilidad al arrendatario de acogerse, tras la finalización de su contrato, a una prórroga “extraordinaria”(de carácter anual y por un plazo máximo de tres años) de las mismas condiciones. Para nuevos inquilinos, se limitará también a la renta del contrato anterior, permitiendo subidas adicionales bajo determinados supuestos.

Y es que se podrá aumentar un máximo de un 10% del último precio de contrato sobre la media de los últimos cinco si el propietario rehabilitó el piso dos años antes del vencimiento, si aplicó obras que suponen un ahorro energético del 30%, mejoras de accesibilidad o cuando se firmen arrendamientos por periodos de 10 años o más.

Eso sí, para los grandes tenedores, además de la limitación anterior, entra en juego los citados índices de referencia que elaborará el Gobierno y que posibilita bajadas de precios, aunque para este caso se da un periodo de 18 meses desde la aprobación de la ley para aplicar este sistema que regirá en zonas tensionadas de alquiler.

La figura de gran tenedor queda finalmente establecida en aquella “persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial”.

Bonificaciones para pequeños propietarios

Por otro lado, los denominados pequeños propietarios pueden acogerse a incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de hasta el 90% si bajan el precio de sus viviendas en alquiler. Esa bonificación máxima se activará si el dueño decide bajar la renta de su inquilino un 5% con respecto al anterior contrato.

La siguiente escala propone una bonificación del 70% si alquila por primera vez una vivienda en índices de referencia de zonas tensionadas y lo hace a una persona entre 18 y 35 años. Otra opción para llegar a esa bonificación es destinar la casa a alquiler social en un precio inferior a los programas públicos para personas en vulnerabilidad.

Finalmente, se pauta un 60% para los casos de precios congelados pero que hayan acometido obras de rehabilitación y un 50% para el resto de casos.

Vivienda asequible incentivada y aumento de la social

Otro de los puntos del texto normativo es la introducción del “novedoso” concepto de “vivienda asequible incentivada”, una figura necesaria para incrementar la oferta “a corto plazo” con precio “asequible”.

De esta forma, se alude a los inmuebles de carácter privado, incluido las entidades del tercer sector, a los que se otorgará beneficios de carácter urbanístico, fiscal, o de cualquier otro tipo, a cambio de destinarlas a alquiler con precios reducidos a personas con ingresos bajos.

En materia de colaboración público-privada destaca también la creación de un fondo social de vivienda, destinado a fortalecer el parque público. La ley, en su exposición de motivos, alude a que el parque de 290.000 viviendas sociales apenas llega al 1,6% de los 18,6 millones de hogares en el país, mientras que en Francia, Alemania, Reino Unido o Dinamarca alcanzan el 15%.

Precisamente para aumentarlo se fija una reserva del 30% de las viviendas de las nuevas promociones a vivienda protegida, para lo cual se arbitrarán mecanismos de compensación de las administraciones a dichos promotores.

No obstante, se podrá permitir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados municipios o actuaciones, siempre “que se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social”.

Para incrementar esa base de vivienda social, se alude también a la capacidad de los poderes públicos a ejercitar los derechos de tanteo o retracto en casos de ejecución hipotecaria o dación en pago de vivienda habitual de colectivos en situación de vulnerabilidad o en exclusión social.

Recargo del IBI a la vivienda vacía

De cara a aumentar la oferta de vivienda en zonas tensionadas, la ley faculta a los ayuntamientos a desplegar un recargo del IBI a la vivienda vacía que puede alcanzar hasta el 150%.

El incremento mínimo para pisos desocupados será del 50% cuando, sin causa justificada, la vivienda lleve más de dos años vacía y pertenezca a un propietario que tiene cuatro o más inmuebles de uso residencial; del 100% cuando sean tres años (pudiendo modularse en función del periodo de tiempo de desocupación). Por último, está la opción de elevarlo un 50% adicional en caso de inmuebles cuyos propietarios tengan dos o más pisos en el mismo término municipal.

También se fija una protección frente a los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad, por medio de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De esta forma, los juzgados deberán solicitar a los servicios sociales un informe para acreditar si es una persona vulnerable en procesos de lanzamiento. De ser así, se suspenderá el desahucio hasta que la Administración encuentre una alternativa habitacional en forma de vivienda por un periodo de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro si es jurídica.

Por último, se garantiza la imposibilidad de vender vivienda pública al no poderse cambiar su calificación en, al menos, un periodo como mínimo de 30 años, bajo condiciones que lo justifiquen y para lo cual se exigirá la devolución de todas las ayudas concedidas.

De esta forma, se busca evitar operaciones como la enajenación en 2013 de casi 3.000 pisos de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión y que luego fue anulado por el Supremo.

Así lo recoge el anteproyecto de la Ley estatal de Vivienda, en el que figuran como proponentes el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales. El texto será remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria después de lograr el visto bueno del Consejo de Ministros.