M.Valverde. Madrid

Las empresas con ERTE de carácter estructural que no recoloquen a los trabajadores despedidos dentro de su propio grupo empresarial deberán abonar un peaje al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

El Gobierno no quiere que se conviertan en una vía masiva de despidos los cambios tecnológicos, organizativos y de producción, con los profundos cambios y de modernización que está desarrollando la economía.

Por esta razón, el Ejecutivo quiere penalizar a las empresas que con los nuevos ERTE no consigan recolocar a sus trabajadores dentro de su propio grupo empresarial. Por lo tanto, en primer lugar, el trabajador deberá aceptar voluntariamente la recolocación en otra empresa distinta del grupo en el que estaba. Y, en segundo lugar, la compañía donde estaba el empleado deberá transferir al Fogasa el 50% de la cuantía del despido improcedente que le hubiera correspondido al trabajador si no hubiera sido recolocado. Es decir, despedido y con derecho a la protección por desempleo. Con las cantidades que por este concepto transfieran las empresas al Fogasa, el Ejecutivo quiere crear un fondo para financiar los procesos de recolocación de los trabajadores despedidos.

En su caso, el trabajador suscribirá un nuevo contrato de trabajo con su nueva empresa, sin antigüedad, y con las nuevas condiciones laborales. Así se recoge en la nueva propuesta de reforma laboral que el Gobierno discutirá hoy con los empresarios y los trabajadores, y a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN. En realidad, esta forma de regular la reestructuración de empresas en crisis ya no se llamarán ERTE, sino mecanismo RED de flexibilización y estabilización del empleo.

En todo caso, el Gobierno intenta no dejar ningún cabo sin atar en la protección del trabajador. Por lo tanto, en el caso de que el empleado fuese despedido por la empresa receptora y por causas no atribuibles a él mismo, el Fogasa hará lo siguiente: le abonará una indemnización equivalente a la cuantía por despido improcedente que le hubiese correspondido si hubiera sido despedido directamente en la empresa anterior.

Otra regulación que refuerza la protección del trabajador en estos procesos es la siguiente: la empresa del mismo grupo de la primera que contrate al trabajador tendrá que asumir las condiciones que tenía él en la anterior, incluyendo la antigüedad. Es decir que el Gobierno no permitirá que un empleado sea despedido y vuelto a contratar dentro del mismo grupo de empresas con el fin de rebajarle las condiciones laborales y salariales con cada nuevo contrato.

Si al final de todos estos procesos, los trabajadores no pueden ser recolocados ni dentro ni fuera del grupo empresarial, entonces tendrán que hacer frente al despido colectivo, como está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de que, si al final resulta viable y posible, el trabajador pueda mantenerse en la empresa en la reestructuración.

Es decir, el despido es procedente por causas objetivas, con una indemnización de 20 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima equivalente a un año de retribución. Y si, al final, la regulación de empleo llega a los tribunales y se declara improcedente, la indemnización por despido del trabajador puede elevarse a una indemnización de 33 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima equivalente a dos años de retribución. A no ser que el trabajador lleve en la empresa tantos años que la indemnización ascienda a 45 días de salario por año de trabajo en la compañía, hasta una cuantía máxima de tres años y medio. Pero estos casos van desapareciendo de forma paulatina.

La reforma laboral

Precisamente, el recorte en la indemnización por despido es uno de los cambios más lesivos en la protección de los trabajadores, pero que, curiosamente, el Gobierno no toca.

En todo caso, las empresas que contraten con carácter indefinido a los trabajadores anteriormente despedidos, afectados por el mecanismo RED estructural –causas tecnológicas, organizativas, de producción y sus derivados– tendrán derecho a la aplicación de una bonificación de cotizaciones de la Seguridad Social por contingencias comunes. Es decir, a la causa general de las cotizaciones, a cuya base de cotización se aplica un tipo del 28,30%. La bonificación será del 50% de las aportaciones empresariales durante un periodo de seis meses. Eso sí, la nueva empresa tiene un plazo máximo de 30 días para que empiece a trabajar el nuevo empleado, desde que éste fuese despedido en la empresa anterior.

Hay que recordar también que las empresas que se acojan al nuevo mecanismo de regulación de empleo están obligados a dar formación a los trabajadores afectados por la reducción de jornada o la suspensión de empleo. A cambio, tendrán derecho a un incremento en los créditos a la formación de la forma siguiente: 425 euros por persona, para las empresas de hasta nueve trabajadores; 400 euros, hasta 49 empleados, y 320 euros, a partir de 50 empleados.

C. Morán. Madrid

La quiebra de las autopistas de peaje radiales de Madrid ha vuelto estos días a la actualidad por la resolución de uno de los frentes judiciales abiertos alrededor de estos activos tóxicos, rescatados por el Estado en 2018. La semana pasada, un juzgado de primera instancia de Madrid condenó a ACS, Abertis y Sacyr a pagar a sus acreedores 450 millones de euros más intereses. Los beneficiarios son los fondos de inversión Taconic, Attestor, King Street y SVP, que compraron a la banca los derechos de crédito de las ocho concesiones con descuentos.

El juzgado 26 de primera instancia de Madrid dio la razón a los acreedores condenando a los accionistas a cumplir con sus obligaciones bajo la cláusula 4 del contrato de apoyo a la financiación que firmaron con las entidades financieras en 2003. Abertis ha sido condenado a pagar 175 millones de euros, mientras que a Sacyr y ACS le corresponden 141 millones y 133 millones, respectivamente.

Los tres grupos de infraestructuras han comunicado que van a apelar la resolución, pero en poco tiempo se van a enfrentar, al menos, a otras dos sentencias que suman otros 1.000 millones de euros. Este riesgo inminente responde a los contratos de apoyo que tanto ACS como Abertis (ACS es su accionista de control junto a la italiana Atlantia) y Sacyr dieron a las entidades financieras que prestaron el dinero para construir las Radiales 3 y 5 de Madrid, gestionadas por la sociedad Accesos de Madrid.

Además de los 450 millones ya juzgados y que serán recurridos en la Audiencia Provincial, los tres accionistas de Accesos de Madrid se enfrentan al pago de 573 millones de euros por el incumplimiento de la cláusula número dos del contrato de apoyo a la financiación de la autopista. Según las fuentes jurídicas consultadas, se prevé disponer de una resolución para finales de este año o comienzos de 2022. Al igual que en la sentencia de la semana pasada, si la demanda de los fondos es estimada, la suma reclamada deberá ser pagada a Alazor (la matriz de R3 y R5).

Solo en las Radiales 3 y 5 el riesgo económico se aproxima a los 1.000 millones de euros. Pero ACS y Abertis se enfrentan a una carga aún mayor, ya que también está pendiente de resolución la demanda presentada contra los accionistas de la Radial 2 (Henarsa), controlada a través de un vehículo denominado Irasa. En esta concesión, ACS y Abertis disponen de una participación de control del 65% y se enfrentan a un pleito que asciende a 550 millones de euros, más intereses. Henarsa también está participada por Acciona (25%) y Globalvia (10%).

Accesos de Madrid

Por el tamaño de la deuda, Accesos de Madrid es la concesionaria donde más arriesgan los grupos de infraestructuras que constituyeron la sociedad. Había cuatro. Además de ACS, Abertis y Sacyr, está Bankia (CaixaBank) con un 20% de la sociedad, pero el banco provisionó las garantías y ha sido, hasta ahora, el único accionista de las radiales que ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con los fondos de inversión.

Bankia firmó en 2020 un acuerdo transaccional para liquidar parte de la deuda por su 20% en la R3 y la R5. En principio, le correspondía abonar 250 millones, pero los fondos le aplicaron un descuento. El banco juega un papel doble, ya que figura como accionista y, a la vez, es acreedor financiero, con un 20% de la deuda privilegiada de la concesionaria.

En caso de que los jueces den la razón a los acreedores, la entidad financiera podría compensar el acuerdo económico con los fondos de inversión.

La decisión de Bankia abrió grietas entre los socios de Accesos de Madrid, ya que, al pactar, la entidad absorbida por CaixaBank dio munición a los fondos en los tribunales para defender la validez y vigencia de las garantías comprometidas. Tras el acuerdo con Bankia, los fondos de inversión modificaron su estrategia legal. Estaban representados por DLA Piper, pero reforzaron el frente judicial con los servicios del despacho Boies, Schiller & Flexner, menos conocido en España pero con experiencia internacional en este tipo de demandas.

Según las fuentes consultadas, los abogados de Taconic, Attestor, King Street y SVP se plantean ahora pedir al juzgado la ejecución provisional de las garantías de 450 millones de ACS, Sacyr y Abertis o que, al menos, se depositen en una cuenta bancaria mientras se resuelven los eventuales recursos. Se trata de la misma estrategia seguida por los bancos en 2014 cuando consiguieron que un juzgado obligara a los socios de la R3 y la R5 a depositar 360 millones de euros en una cuenta mientras se resolvía el fondo del asunto.

En el caso de Abertis y ACS, ambas sociedades han comunicado al mercado que tienen provisionadas inversiones y garantías concedidas sobre estos activos. Por la Radial 3 y la 5, por ejemplo, Abertis provisionó 228 millones de euros. Quien no ha realizado provisiones por este activo es Sacyr. Fuentes próximas a la compañía indican que no se efectuaron después de que auditor y abogados no lo considerasen necesario. Tras la reciente sentencia sobre Accesos de Madrid, la constructora podría realizar un ajuste contable con cargo al capítulo de provisiones genéricas.