• El sector advierte de que muchas licitaciones corren el riesgo de quedar desiertas si el Gobierno no acelera la aprobación de un sistema para revisar el precio de las obras por el aumento de los costes

La crisis de abastecimiento global también alcanza de lleno al sector de la construcción, hasta el punto de que se ha convertido en uno de los principales riesgos que las empresas y patronales valoran de cara a los próximos meses. Las consecuencias se han empezado a trasladar ya a la ejecución de los proyectos y a sus precios y las empresas advierten de que muchas obras podrían quedar en el aire si no se cubren los costes.

Sólo en los últimos tres meses, el 75,6% de las obras en España está sufriendo retrasos mientras que el 24,4% restante cumple con los plazos pero registra una subida de costes, según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). En ese mismo periodo de tiempo, el incremento del precio medio de construcción ha sido del 22,2%.

El balance hace referencia a todo tipo de proyectos, aunque la patronal se muestra especialmente preocupada por el impacto del desabastecimiento y el encarecimiento en las obras públicas y avisa de que muchas licitaciones corren el riesgo de quedar desiertas si el Gobierno no acelera la aprobación de un sistema para revisar el precio de las obras por el aumento de los costes.

“Ya hay licitaciones que han quedado desiertas ante la falta de ofertas porque se han elaborado pliegos con precios muy bajos”, explica Pedro Fernández Alén, presidente de CNC, quien señala dos licitaciones en Extremadura y otras dos en la Comunidad Valenciana en esta situación.

La organización apremia al Ejecutivo para que apruebe alguna fórmula que permita recuperar un sistema de reequilibrio de los precios similar al que había hasta 2007. Se trata de una reivindicación que el sector mantiene desde hace tiempo, pero ha cobrado más fuerza en los últimos meses en el contexto actual de desabastecimiento y aumento de precios.

Según su versión, el Gobierno es consciente de esta situación y tiene ya en fase muy avanzada el borrador de una norma, -“un real decreto ley”, de acuerdo con la información de CNC- que introduciría dicho sistema antes de final de año. El documento contaría ya con el visto bueno de los ministerios de Transportes y Asuntos Económicos, pero está pendiente de la aprobación por parte de Hacienda.

Desde el departamento de María Jesús Montero, sin embargo, no tienen constancia del texto, si bien reconocen que es un tema que se ha abordado en recientes reuniones.

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, aseguró hace unos días que su departamento explora mecanismos de reequilibrio ante el riesgo de que los fondos europeos se queden sin ejecutar y admitió que “la revisión de precios procede en cualquier mecanismo de contratación porque hay que compartir los riesgos de una forma equilibrada”.

Algunas de las compañías concesionarias de grandes obras públicas han decidido paralizar sus ejecuciones ante lo asfixiante de la situación sin que hayan sido sancionadas por ello, tal y como reconocen en CNC. “Algo que demuestra que el Gobierno es consciente de la presión que estamos soportando”, apunta Fernández Alén.

Precisamente Adif, la concesionaria que antes presidía la propia Pardo de Vera y ahora está bajo la batuta de María Luisa Domínguez, es una de las más afectadas por el desequilibrio en los precios, atendiendo a la gran cantidad de proyectos ferroviarios que hay en marcha y que podrían estar por venir.

• La construcción alerta de ‘cuellos de botella’ en las licitaciones y cifran en 700.000 el déficit de empleo para ejecutar los fondos europeos en el sector

Subida de precios del transporte con el encarecimiento de los combustibles, escalada de los precios de las materias primas y escasez de mano de obra. El sector de la construcción está viviendo una tormenta perfecta que empieza a tener sus primeras consecuencias. Según datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), cuatro de cada diez empresas se han visto obligadas a paralizar sus obras y más de un 65% está sufriendo retrasos. Solo por el encarecimiento de las materias primas, especialmente madera, piedra y cobre, el coste total de las obras se ha encarecido más de un 22% en los últimos meses.

Una situación que también ha puesto en alerta a la Administración, con la ejecución de la obra pública sufriendo ya por unos contratos firmados con estimaciones de costes completamente desfasadas y que, por lo tanto, no resultan rentables a las constructoras, que deben hacer frente en solitario a esos sobrecostes.

La amenaza de la cancelación de proyectos está en el aire. Y esto, entre otras cosas, supone un serio riesgo de ejecución de los más de 35.000 millones de euros que el sector recibirá en los próximos meses en forma de fondos europeos. Conscientes de la urgencia por cumplir los hitos comprometidos con Bruselas, fuentes consultadas indican que el Gobierno tiene ya preparada una nueva fórmula para reequilibrar de forma automática los contratos a la evolución de los precios de las materias primas.

Este mecanismo, que se aprobaría por real decreto en Consejo de Ministros, buscaría reestablecer una medida similar a la que se eliminó en la anterior reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007.

El Ejecutivo es consciente del problema que puede suponer un parón en las obras en este momento, a las puertas del torrente de dinero que llegará con los fondos europeos. De hecho, se sabe que ADIF ya ha licitado algunos contratos incluyendo esa revisión de precios que desde hace meses reclaman los constructores, pero el problema está en aplicarlo a las obras que ya están en marcha. Y es ahí donde entraría a jugar la nueva norma que ultima Transportes y que, según fuentes consultadas, estaría solo a falta del visto bueno de Hacienda tras comprobar su impacto presupuestario.

• Las actuaciones permitirán usar aguas no convencionales y regeneradas para la actividad agroalimentaria en la provincia

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inició ayer en Almería la firma de los convenios entre la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y comunidades de regantes para acometer obras de modernización de regadíos incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –los fondos anticovid-. Los cinco acuerdos suscritos ayer más otros dos que se firmarán hoy suman una inversión pública total de 51,7 millones. El programa para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos constituye el capítulo inversor más importante del componente del plan anticovid que gestiona Agricultura, y prevé una inversión pública de 563 millones de euros financiadas con fondos Next Generation de la Unión Europea. Estas actuaciones tienen un carácter público-privado, con una aportación de los fondos de recuperación que cubrirá como máximo el 80%, mientras que las comunidades de regantes y usuarios deberán aportar el resto. De esta forma, la inversión total sobrepasará los 700 millones de euros, que permitirán modernizar más de 100.000 hectáreas de regadíos en el conjunto de España.

Agricultura encomendó la ejecución de la primera fase del plan a Seiasa, mediante acuerdo firmado el pasado 25 de junio, con un programa de actuaciones que suman 260 millones de euros. Los convenios firmados hoy con varias comunidades de regantes son para acometer las primeras actuaciones programadas.

En concreto, el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, ha suscrito cinco convenios con los presidentes de las comunidades de regantes del levante almeriense Aguas del Almanzora, S.A.T. Nº 1685 Los Guiraos, Zona Norte de Huércal-Overa y Sindicato de Riegos de Cuevas del Almanzora por los que el ministerio destinará 38,05 millones de euros (sin IVA) a obras de modernización de regadíos sostenibles. La firma tuvo lugar en el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, en presencia del subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente y el alcalde, Antonio Fernández Liria. El objetivo de las actuaciones es la modernización de riegos para procurar una mejor eficiencia hídrica, con la utilización de aguas no convencionales o regeneradas en algunos casos.

Los proyectos incluidos en los convenios firmados ayer, que afectarán a un total de 15.018 hectáreas y 5.725 regantes, fueron seleccionados de acuerdo a los requisitos de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, e implementación de nuevas tecnologías exigidos por la Unión Europea. En el caso de los dos convenios que se suscribirán hoy, las actuaciones afectarán a 16.610 hectáreas y beneficiarán a 6.600 regantes en los municipios almerienses de Níjar, Almería, Lucainena de las Torres, Sorbas, Roquetas de Mar, El Ejido, Vícar y La Mojonera.

• Se llevarán a cabo actuaciones en varios tramos con el objetivo de reducir el riesgo de desprendimientos

• Fomento prepara desde hace un año un proyecto de un millón para El Cañarete

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha licitado las obras de “Mejora del sistema de protección contra desprendimientos en la N-340A, P.K. 431+820 al 438+200. Tramo: acceso Puerto Deportivo de Aguadulce-Túnel de Bayyana” en la zona conocida como el Cañarete, con un presupuesto de 979.671,77 euros.

Para ello se llevarán a cabo actuaciones en varias zonas del tramo, que se unirán a las actuaciones que ha ido llevando a cabo el ministerio en los últimos años, y que han supuesto una inversión de 3,2 millones de euros.

El objetivo de la actuación es reducir el riesgo de caída de rocas desprendidas que pudieran afectar a los vehículos que asiduamente circulan por dicha vía.

Las actuaciones concretas consistirán en la instalación de pantallas dinámicas, red de cables, malla de triple torsión y red de cables bulonada, distribuida en función de las características y el estado de cada zona de actuación.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que se han invertido más de 25 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Almería, y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

• Destina 2,2 millones de euros para renovar la zona de recepción y hacer un nuevo salón de actos

El Consejo de Administración de la empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, presidido por Ramón Díaz-Castellanos, y el director gerente, Rafael Carlos Serrano, ha aprobado por unanimidad la contratación de las obras de ampliación de la sede social en la calle Plateros, con un valor estimado de 2.270.593 euros.

El objetivo de esta actuación es ampliar y reformar los espacios para mejorar la atención ciudadana, dotando al edificio de una mayor y renovada zona de recepción y estancia de las personas usuarias. Además, se habilitarán nuevas zonas de formación para el propio personal de Emacsa.

Habrá también en la ampliada sede un salón de actos para conferencias y citas formativa. Está previsto que el plazo de ejecución de las obras sea de ocho meses.

• El semáforo que permite la salida de vehículos desde Ingeniero Ruiz de Azúa hacia Madres Escolapias ya está en servicio

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha culminado la apertura del último tramo de la Ronda Norte que corresponde al Ayuntamiento y que estaba pendiente de la puesta en servicio de la instalación semafórica y del refuerzo de la señalización a cargo de la Delegación de Movilidad.

La citada instalación semafórica ya está en funcionamiento y permitirá únicamente la salida de vehículos desde la calle Ingeniero Ruiz de Azúa hacia Madres Escolapias y la Ronda Norte. De la misma manera se ha finalizado el paso de cebra frente a la entrada sur del Parque de la Asomadilla, tal como se comprometió con los vecinos que han visitado el lugar con el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, y el delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico.

En este enclave, la GMU acondicionó el entorno del campo de fútbol de la Asomadilla como aparcamiento provisional, intervención previa a la conexión de la Ronda Norte con la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, que ya se ha concretado.

La Ronda Norte municipal se convirtió en una realidad a mediados del pasado mes de junio. Casi 16 años después de que el proyecto se pusiera sobre la mesa y tras despertar una parálisis de más de una década, la puesta en funcionamiento del primer tramo municipal, de 2,4 kilómetros se inauguraba. La apertura al tráfico rodado de la vía que conectan la glorieta de acceso a Mirabueno con la CO-31, la N-432 y la avenida Agrupación Córdoba quedaba únicamente a la espera de los tramos dependientes de la Junta de Andalucía para cerrar el trazado. 

Todo con una limitación de velocidad de 60 kilómetros por hora, aunque inicialmente estaba marcada a 80, para garantizar una mayor integración de la ciudad, a lo que acompañaron los caminos laterales de extremo a extremo que permiten el paso de peatones y ciclistas.

Córdoba daba así pasos adelante para culminar el anillo viario municipal, que consta de 19 kilómetros y alcanza un 85% de ejecución. De esta manera se lograba que mucho tráfico especialmente pesado que tenía que circular por barrios del norte tuviera ya una vía de alta capacidad. Con este tramo  se desbloqueaba una inversión muy importante que comenzó en diciembre de 2019 y que pese al covid se concluyó en el tiempo previsto.

Quedan proyectos paralelos, como la plantación de una arboleda hacia el barrio de Mirabueno, que fue licitada por 120.000 euros, aunque con la llegada del verano se paralizó hasta otoño la siembra. Esto es parte de la idea del Ayuntamiento de sumar dos proyectos del Anillo Verde que vertebrará la ciudad por su zona norte y entre los que aparece una conexión entre los parques de la Asomadilla y Levante.

Si todo marcha según lo previsto, las obras de la primera fase de la Ronda Norte de Córdoba que le corresponden a la Junta de Andalucía comenzarán en 2022. Ese fue el anuncio que realizó en Córdoba la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, en el que detalló el desarrollo de esta iniciativa, cuyo último proyecto se presentó hace ahora diez años -fue Rosa Aguilar- y con un presupuesto de 200 millones de euros.