• La Junta aprueba el tercer decreto de esta legislatura para reducir la maraña administrativa y consigue eliminar o simplificar más de 400 trámites que impedían la inversión en la región

En los últimos años, se ha convertido en una de las grandes denuncias de los empresarios: la Administración de la Junta de Andalucía se había convertido en un lastre en lugar de un aliado para los ciudadanos a la hora de intentar emprender, tanto para los pequeños comerciantes, que se veían asfixiados en papeleo antes de empezar su actividad, como para las grandes compañías, que se encontraban con un muro administrativo que les desanimaba a invertir.

Por eso, el autodenominado “Gobierno del cambio” de PP y Ciudadanos convirtió en una de sus promesas estrellas para esta legislatura la reducción de la “gincana interminable que soportaba el tejido productivo andaluz”, según palabras del propio presidente autonómico, Juanma Moreno, en la presentación ante los agentes sociales de la regulación que hoy se ha aprobado, que es la tercera de estas características.

En marzo de 2020, justo unos días antes del confinamiento, ya aprobó un primer paquete de reducción de normativa que afectaba a unos 80 trámites y que ha dado inmediatamente frutos a pesar del periodo de pandemia. Por ejemplo, se anuló el decreto de 2010 que regulaba la instalación de campos de golf en Andalucía que ponía tantas trabas que en más de una década no se ha vuelto a abrir ninguno. Por el contrario, solo en último año, se han reactivado casi una decena de proyectos, de los que la Junta ha bendecido ya cuatro con una inversión privada prevista de 400 millones y que prevé generar 5.000 empleos.

Posteriormente, en febrero de 2021, la Junta aprobó otro paquete de medidas de simplificación interna de funcionamiento de la Administración pública para agilizar la tramitación de los fondos europeos que llegarán a Andalucía en el nuevo marco 2021-27, incluyendo los fondos extraordinarios Next Generation.

Ahora, en la recta final de la legislatura, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto ley por el que se adoptan “medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía”, una norma que incorpora más de 330 medidas, agrupadas en medidas de simplificación administrativa, medidas de mejora de la regulación o derogaciones normativas.

Ayer se mostraba especialmente satisfecho de estas medidas uno de los artífices del avance, el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, quien, en numerosas ocasiones, ha explicado que, tras un intenso estudio, habían detectado que existen hasta 829 procedimientos administrativos que afectan al inicio o ejercicio de la actividad de los operadores económicos y que están regulados por normativa autonómica.

Dentro del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, pactado con patronal y sindicatos, se evaluaron 468 de estos procedimientos. En ellos, se detectaron 154 procedimientos cuya propuesta de simplificación son de ámbito estatal y, por ello, se han trasladado a las correspondientes conferencias sectoriales nacionales. Tras ello, la labor se centró sobre 207 procedimientos para elaborar una guía de ayudas a las empresas para que puedan adecuarse, también, a los principios de buena regulación económica y de unidad de mercado.

Según explica el consejero de la Junta, el reto del Ejecutivo andaluz es llegar a simplificar, en el horizonte de 2024, hasta 150 procedimientos administrativos, es decir, haber reducido en alrededor del 30% los 468 procedimientos analizados.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, acompañado de su vicepresidente, Juan Marín, han destacado que se trata del “trabajo más ambicioso jamás planteado en la historia de la Autonomía y, con este nuevo decreto ley, Andalucía es pionera a nivel nacional, afrontando una remodelación integral de sus procedimientos para adecuarse a las indicaciones de la Unión Europea. Me siento orgulloso de presidir un Gobierno que se ha atrevido a encarar este cambio radical para crear las condiciones más favorables a la actividad empresarial”, subrayó.

Entre los cambios aprobados este martes, la nueva norma dota de mayor agilidad a la aprobación de los marcos estratégicos que regulan la actividad turística, se aumenta el volumen de localidades andaluzas que pueden acceder a la declaración de Municipio Turístico y se simplifica el procedimiento de Declaración de Interés Turístico de Andalucía, entre otras medidas destinadas al sector turístico.

Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha incluido 128 modificaciones en la legislación ambiental. Se hace hincapié en la GICA (Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), concretamente en su anexo para adecuar los niveles de protección de Andalucía a los del Estado. Además, se reducen los plazos y tiempo, eliminando la burocracia que no aportaba protección ambiental.

Este nuevo decreto ley permitirá que proyectos sometidos a Declaración de Impacto Ambiental no precisen Autorización Ambiental Unificada, lo que va a permitir eliminar duplicidades y reducir el tiempo de tramitación. Por otro lado, se amplía el plazo de garantía de la Autorización Ambiental Unificada, cuya caducidad pasa a cinco años. Una reivindicación histórica que aporta tranquilidad a los empresarios.

Las modificaciones introducidas en la normativa posibilitan también que las corporaciones locales tengan mayor flexibilidad a la hora de solicitar la permuta

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha reformado en el marco de este decreto ley un total de 18 normas y ha introducido 65 medidas de simplificación, de mejora de la regulación económica y de reactivación en materia de comercio interior, artesanía, industria, minas, universidades e investigación y el proceso para la declaración de proyectos estratégicos para Andalucía.

En el apartado de comercio y artesanía, la Junta favorece el comercio minorista y ambulante, así como el desarrollo de las ferias comerciales al suprimir 10 procedimientos administrativos obligatorios. Los más relevantes están relacionados con la eliminación del Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, en el que debían inscribirse obligatoriamente hasta ahora toda persona jurídica o física que ejerciera una actividad de estas características en la comunidad. De igual modo, también dejan de tener vigencia el Registro General de Comerciantes Ambulantes y el de Ferias Comerciales Oficiales.

Por otro lado, se permite a los municipios declarados como turísticos adaptar su oferta comercial a la demanda durante Semana Santa y verano, periodos con mayor afluencia de visitantes. Con esta medida, los establecimientos comerciales situados en dichos términos municipales disponen de libertad para fijar los días de apertura.

Las modificaciones introducidas en la normativa posibilitan también que las corporaciones locales tengan mayor flexibilidad a la hora de solicitar la permuta de hasta dos domingos y festivos recogidos en el calendario comercial que se aprueba anualmente en la comunidad. Así, a partir de ahora podrán pedir los cambios de días en cuatro periodos al año y no en uno.

Asimismo, en este ámbito también se elimina la obligación de solicitar el informe autonómico previo a la licencia municipal de obras para implantar una gran superficie minorista (más de 2.500 metros cuadrados), puesto que duplica un trámite preceptivo que ya se exige para cumplir la normativa urbanística y medioambiental. También se reconoce por primera vez en la normativa la venta ‘online’ como modalidad comercial.

En materia de industria y minas, se incorporan las comunicaciones electrónicas con la Administración y se suprimen trámites administrativos relativos a la verificación metrológica de surtidores en estaciones de servicio y a las placas de talleres de reparación de vehículos. Además, se simplifican procedimientos para determinados aprovechamientos, permisos de investigación y concesiones mineras, al mismo tiempo que se facilita el desarrollo de instalaciones mineras autorizadas, que podrán ponerse en servicio mediante declaración responsable. Asimismo, se introducen medidas para conseguir una mayor eficiencia en el control administrativo de las actividades industriales y mineras.

Por otra parte, se introducen obligaciones a los titulares de derechos mineros dirigidas a favorecer la disponibilidad de esos terrenos para futuros inversores. Con todo ello, se crean unas mejores condiciones para la atracción de inversiones, así como para la racionalización y modernización de la Administración industrial y minera.

En el apartado de universidades e investigación, la Consejería de Transformación Económica, por un lado, unifica en un solo trámite la implantación e impartición de un nuevo título universitario. De esa forma solo será necesaria una autorización administrativa y no dos, como venía exigiendo la Ley Andaluza de Universidades, para la misma finalidad. Por otro lado, la Junta flexibiliza el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, suprimiendo algunos de los requisitos exigidos a los centros tecnológicos por no resultar necesarios para el desarrollo de sus actividades.

En lo que respecta a la norma que regula la declaración de proyectos estratégicos para Andalucía, la Junta ha agilizado los criterios que rigen la elaboración de los informes preceptivos por parte de los diferentes departamentos de la Junta, permitiendo así acortar el periodo de su emisión. También se han delimitado de forma más precisa los requisitos mínimos de inversión y de empleo generado para conceder dicha declaración, buscando maximizar el impacto de estos proyectos sobre la economía andaluza. Se trata, por tanto, de mejoras que posibilitarán agilizar la valoración y declaración de las inversiones empresariales relevantes para la región.

Hasta el momento, han obtenido esa calificación, que implica el impulso preferente en la tramitación administrativa de los permisos y autorización necesarios para desarrollarlas, 10 iniciativas que movilizarán 3.400 millones y generarán 9.500 empleos.

Por su parte, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, introduce una modificación de la Ley de Vivienda Protegida para adjudicar viviendas de nuestro parque público a colectivos con necesidad urgente. Se simplifica el procedimiento para construir áreas logísticas y la tramitación para la implantación de actividades en los puertos autonómicos. Y, en materia de urbanismo, se agilizará la ejecución de los proyectos Next Generation mediante su consideración de obras de interés general no sujetas a licencia con el acuerdo municipal.

Estas medidas, que afectan a 33 materias (medioambiente, turismo, educación, agricultura, pesca, patrimonio histórico, vivienda, puertos, energía, fondos europeos, salud, colegios profesionales, fundaciones, transportes o urbanismo, entre otras) suponen la modificación de 80 normas entre leyes, decretos leyes, decretos u órdenes, incluyendo diversas derogaciones normativas.

Con este tercer decreto se contabilizan un total de 400 medidas de simplificación y mejora de la regulación, además de un centenar de normas agilizadas, con el que “se cambia la tendencia por la que la Junta veía sospechoso a todo emprendedor y se preguntaba desconfiada por qué este empresario querrá invertir en esta tierra”, según explicaba ayer el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien aseguraba que este decreto, “el más ambicioso”, es “la revolución del sentido común”.

• El alcalde, Juan Franco, resalta la lealtad institucional y la buena salud del pacto de gobierno con el PSOE

• Esta financiación es independiente de los planes ordinarios de la entidad provincial

La ciudad de La Línea recibirá a lo largo de 2022 una partida extraordinaria de 1,5 millones de euros procedente de la Diputación Provincial de Cádiz e incluida en su presupuesto para el próximo año, que ha sido aprobado este miércoles. 

Esta cantidad, según ha aclarado el alcalde, Juan Franco, se sumará a las aportaciones ordinarias enmarcadas en el Plan Invierte, planes de empleo, contra los efectos de la Covid-19, y otras subvenciones y ayudas puntuales para proyectos culturales y medioambientales. La Línea 100×100, el partido que gobierna en la ciudad linense, forma parte del gobierno de la Diputación junto con el PSOE. 

Franco ha subrayado la lealtad institucional de los representantes linenses con sus socios de gobierno del PSOE, con quienes continuarán “trabajando codo con codo para sacar proyectos de interés para el resto de la provincia”. También ha resaltado la “buena salud” de la que goza el pacto de gobierno provincial y los sensibles beneficios que está reportando para la ciudad, “lo primero y más importante”, según el alcalde.

El regidor linense ha recordado que las inversiones provinciales del año 2020 posibilitaron las obras de mejora de las plazas públicas de la barriada de Mondéjar, la rehabilitación del vial de acceso a la Alcaidesa, así como la regeneración de los jardines municipales, actualmente en ejecución.

Las inversiones se destinarán a un proyecto en el entorno de la ciudad deportiva, con instalaciones deportivas y aparcamiento, que será presentado en breve. “Lo más importante es que acabamos de garantizar la financiación del mismo”, ha apuntado Franco en relación con la aprobación del presupuesto que incluye la partida de 2021 para esta obra.

Los 4 millones de euros previstos, en principio, para la obra del estadio de fútbol durante los ejercicios de 2021, 2022 y 2023 han sido derivados por “cuestiones técnicas” a otras finalidades, como la adquisición de maquinaria de limpieza y a parte del gasto del sexto Plan de asfaltado, por valor de 1,5 millones de euros correspondientes al año en curso.

• En el capítulo de inversiones se incluyen actuaciones en varias barriadas, de mejora del tráfico, dos nuevos aparcamientos en las playas o la renovación del alumbrado

• Se reserva una partida para cofinanciar el proyecto de la isla ambiental de la playa de La Concha

Gasto social, congelación fiscal y más inversión municipal, además de reducción de los gastos financieros. Esas son algunas de las claves del proyecto de Presupuestos municipales que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Algeciras ha presentado para 2022, una propuesta que rebaja en un millón los ingresos para el próximo año (115,4 millones de euros), “austera, pero elaborada con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos de Algeciras”, ha destacado el alcalde, José Ignacio Landaluce, durante la presentación.

Las cuentas para 2022 prevén 114.806.621,83 millones de gastos frente a los 115.430.657,13 millones de ingresos, con un superávit de 624.035.300 euros. El Consistorio casi mantiene el gasto social previsto (400.000 euros menos), con 9,6 millones de euros, pero contempla un aumento de partidas como la de ayuda por emergencia social, el programa de ayuda a domicilio y el de comida a domicilio. Una apuesta social, remarca Landaluce, a la que se suma la decisión de congelar los impuestos y tasas pese al alza de la inflación. “Se mantienen las bonificaciones a las familias y personas con más necesidades”, ha destacado, “porque “por desgracia, cada vez hay más personas con necesidad de ayuda”.

El capítulo de inversiones sube levemente, hasta los 10,4 millones de euros, pero con un aumento en dos millones de euros de la parte sufragada con fondos propios. Entre las actuaciones que se prevé ejecutar para el próximo año están 114.000 euros para obras en la Jefatura de la Policía Local, 430.000 euros para acciones de mejora del tráfico en desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 350.000 euros para construir las pistas de exámenes de motocicletas en La Menacha, 230.000 euros para obras en los centros educativos o 313.000 euros para los cementerios municipales. 

En cuanto a la gestión urbanística en distintas barriadas, se reservan 800.000 euros para expropiaciones de parcelas, nuevos viales y el plan de asfaltado de Cortijo Vides y Los Toreros, así como 200.000 para habilitar nuevos aparcamientos en Getares (Los Delfines) y El Rinconcillo (calle Finisterre).

El Presupuesto de 2022 recogerá también la puesta en marcha de uno de los grandes proyectos municipales: la ejecución de la isla ambiental de la playa de La Concha. El proyecto de La playa de mi barrio, en cooperación con la Junta de Andalucía, contará con 704.000 euros de las arcas locales y 1,5 millones de las autonómicas. También se incluyen 814.000 euros para las obras de reurbanización de La Piñera, también de cofinanciación autonómica.

En 2022 se ejecutarán también dos millones de fondos europeos procedentes de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) de La Caridad, destinados a acercar la administración electrónica al ciudadano, la ejecución de nuevos viales y la elaboración de rutas turísticas. Otro medio millón de euros se destinarán a nuevas tecnologías.

El Consistorio reserva también una partida del presupuesto de 333.000 para cofinanciar las obras presentadas al IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) del Ministerio de Transición Ecológica. En este caso se prevé actuar sobre la avenida del Embarcadero, de la Diputación, la avenida de España y calles de San Isidro, entre otras. Se trata de una parte de las obras comprometidas dentro la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica: en su conjunto (4,5 millones en total, subvencionados al 80%), tendrán que estar ejecutadas a 30 de junio de 2023. Con la financiación del IDAE se renovarán también 5.600 puntos de luz para pasarlos a tecnología LED, algo para lo que se invertirán 705.000 euros.

Otra actuación muy necesaria es la rehabilitación del Centro Cívico de La Reconquista, con especial atención a las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con 317.000 euros. También se reservan 45.000 euros para ejecutar arreglos en la sede de Servicios Sociales y 57.000 para el mantenimiento de la plaza de toros de Las Palomas. 

Las cuentas recogen también la adecuación del talud en la trasera de la urbanización Triana (158.000 euros), la ejecución de zonas infantiles en La Ermita y Sotorrebolo (90.000), una partida de 50.000 euros para restauración de patrimonio y otros 46.000 euros para obras con fines turísticos. Asimismo, se prevé habilitar un muelle de carga/descarga en la playa de La Concha para los trabajos en las playas.

“El Presupuesto sigue marcando un camino de seriedad y eficacia”, ha remarcado la concejal delegada de Hacienda, María Solanes, con “un uso eficiente de los recursos”. La delegada ha explicado que el capítulo de gastos corrientes sube casi un 11% al incluirse el renting de los tres campos de fútbol que están ejecutándose y otros que se pondrán en marcha en 2022, así como el alquiler de 15 vehículos para la Policía Local. Por contra, bajan los gastos financieros en un 35% “después de haber realizado un esfuerzo en 2021 para amortizar los préstamos bilaterales que estaban pendientes de gobiernos anteriores” y con la adhesión a los fondos puestos en marcha por el Gobierno central. El presupuesto ha sido trasladado al Ministerio de Hacienda para su aprobación.

• Aplauden la adjudicación de la renovación de los ascensores pero piden otra rampa

• San Fernando Accesible propone que la estación centro sea la principal de manera provisional

La adjudicación de los nuevos ascensores de la pasarela y de la estación de Bahía Sur y de las nuevas escaleras de acceso se acoge con optimismo por los colectivos de accesibilidad de la ciudad, como San Fernando Accesible o la Asociación Isleña de Ciudad Accesible (AICA). Sin embargo, en ambos casos ponen peros a esta actuación: en un caso para reclamar una medida provisional mientras no se completa esta mejora, en otro para exigir una alternativa definitiva a los medios mecanizados.

No hay un alternativa cuando los ascensores no funcionan, algo muy común, exponen los dos colectivos. “Miguel Redondo, Miguelón, se juega la vida y coge por la carretera con su silla de ruedas, porque no tiene otra opción para llegar a Bahía Sur”, pone de ejemplo Sara Domínguez, de San Fernando Accesible. Por eso propone que mientras no se termine la renovación de escaleras y ascensores la otra estación de San Fernando se convierta en la central, para que allí paren todos los trenes que lo hacen en el municipio (los servicios de Media y Larga Distancia de Renfe que unen la Bahía con Sevilla, Madrid o Barcelona) y no los cercanías solo, como ahora. “En accesibilidad no tienen comparación. Está mucho mejor la Estación Centro en la plaza de la Estación que Bahía Sur. Sería una medida provisional”, insiste sobre este equipamiento.

Renfe confirmaba ayer la adjudicación de los trabajos para cambiar ascensores y escaleras y apuntaba que la estación San Fernando-Bahía Sur contabiliza más de un millón de usuarios de origen y destino. Son datos de 2019, último ejercicio no afectado por las restricciones de movimiento por la pandemia de covid.

Satisfechos por que se vaya a avanzar en la accesibilidad a esta estación de Bahía Sur para todos –”personas con discapacidad, personas con problemas de movilidad puntual, personas que vayan con carrito de niño o personas mayores”–, Domínguez plantea esa opción provisional ante los plazos que se maneja para ejecutar la obra y para el suministro e instalación de los equipos: 8 meses a los que se suman los tiempos de formalización del contrato con la empresa TK Elevadores España SL –que presentó la mejor oferta de las dos que acudieron a la licitación–, de ahí que se estime que se pueda prolongar su disponibilidad hasta finales de 2022.

Mari Carmen Marrugal, presidenta de AICA, recuerda que el colectivo lleva años reivindicando la renovación de estos equipamientos. “Esperemos que la obra empiece pronto”, comenta. Sin embargo, su puesta en funcionamiento no llegará a cumplir con todas las expectativas, al seguir dependiendo de medios mecanizados. Ante eso AICA insiste en su demanda de que la pasarela actual cuente con una rampa en el lado de Bahía Sur, una estructura con la que ya se cuenta en el margen de Pery Junquera. “Si los nuevos ascensores se averían seguiríamos igual. Con una rampa en ese lado se completaría la pasarela”, defiende. La propuesta ya la trataron con la gerencia de Bahía Sur, y de hecho el propio Ayuntamiento ha instado al centro comercial en la misma línea.

• Queda pendiente aún la publicación en el BOE, que marca el inicio del periodo de exposición pública para la presentación de alegaciones

El Gobierno central cifra en 1.153 millones de euros el coste de los 200 kilómetros de la futura autovía de la N-432, la A-81, que unirán la localidad cordobesa de Espiel con Badajoz. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) acaba de aprobar de forma provisional el expediente de información pública del estudio informativo de la “autovía A-81: Badajoz-Córdoba-Granada, tramo Badajoz-Espiel (Córdoba)”, que aún debe entrar en información pública, paso que ocurrirá en el momento en el que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Mitma, a través de una nota, señala que “próximamente” se producirá esa publicación. No hace ni una semana que el Gobierno central entregó en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba el estudio informativo. En aquel momento ya informó de que se barajaban varias alternativas de trazado y que ya se había preseleccionado una de ellas. Esas alternativas y la opción preferida se podrán conocer con detalle en el momento en el que la documentación entre en información pública para el periodo de alegaciones.

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado este miércoles el inicio de la licitación de las obras para la peatonalización de cinco calles del Boquerón. Según ha avanzado el alcalde, que ha visitado el barrio junto a otros miembros del equipo de gobierno, la iniciativa pretende dar continuidad a la implantación de la zona de bajas emisiones en el Centro de la capital.

Como ha explicado Paco Cuenca, el Consistorio va a comenzar los trámites para la peatonalización en este punto de la ciudad. En concreto, los planes del equipo de gobierno pasan por actuar en Azacayas, Tinajilla, Navarrete, Aranda y placeta de Azúcar tal y como se ha hecho en otras calles del barrio en los últimos meses. Así, con un presupuesto de alrededor de 400.000 euros financiados con fondos europeos, se va a eliminar el pavimento deteriorado y se va a colocar piso único, además de renovar las redes de saneamiento, la iluminación y el mobiliario urbano.

«Ganaremos casi un kilómetro más de peatonalización con las mismas condiciones y seguiremos dando pasos para hacer de esta una zona más amable», ha explicado el primer edil.

Cuenca se ha congratulado del fin de los trabajos de la primera fase de peatonalización en el barrio. Junto a los ediles, ha visitado calles como Darro del Boquerón que han pasado a tener piso único, redes renovadas y paso limitado. Como ha recordado, ahora solo van a poder acceder residentes y aquellos que hagan carga limitada, tal y como marca la normativa.

«Hemos terminado una primera fase en el Boquerón, una actuación que da paso a una ciudad más amable y dignifica un barrio magnífico que requería de intervenciones. Con esta actuación, damos paso para la peatonalización de una primera zona de bajas emisiones con la que nos hemos comprometido para pacificar el tráfico y priorizar que se disfrute la ciudad andando. La prioridad es el peatón», ha destacado Cuenca.

• El Consejo de Participación del Espacio Natural ha apoyado los planes anuales de inversión, con un 33% más que el año anterior

El Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada ha celebrado su reunión semestral y ha apoyado los planes de inversión aprobados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, cuyo valor estimado supera los diez millones de euros para 2022 tanto en el espacio natural propiamente dicho como en su entorno.

Este presupuesto supone un incremento superior al 30% en comparación con la dotación de 2021 y, entre otras partidas, incluye inversiones en proyectos forestales (más de 4,5 millones de euros) y actuaciones de mejora y adecuación de senderos y caminos (cerca de 1,1 millones de euros).

Destaca especialmente el incremento que experimenta el montante destinado a estas últimas acciones, que se eleva más de un 35 por ciento respecto al proyecto anterior, según ha informado la Junta este miércoles en una nota.

Entre otras medidas, esta planificación para 2022 contempla fondos para el desarrollo de actuaciones preventivas en materia de incendios, al deslinde de vías pecuarias y a la regulación del aprovechamiento de agua por las comunidades de regantes. Asimismo, también contempla inversiones para la renovación del convenio con la Universidad de Granada para la continuación de las actividades del Observatorio de Cambio Global o para la mejora de refugios guardados, como el de Postero Alto (Jérez del Marquesado) y el de Poqueira, si bien estas últimas labores se encuentran pendientes de la aprobación de cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Capileira.

Durante su intervención en la reunión, el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta, Sergio Arjona, ha reafirmado el compromiso de la Consejería de Desarrollo Sostenible por “emprender las importantes modificaciones que necesita la normativa e impulsar el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión para adaptarlos a la nueva ley de parques nacionales”. “También trabajaremos para adaptar el plan director, que no se había incorporado pese a haber culminado su plazo en 2018”, ha afirmado.

Asimismo, Sergio Arjona ha comentado a los asistentes que, tras los primeros ocho años de vigencia del planeamiento anterior, esta actualización permitirá abordar cuestiones relativas a la regulación de las actuaciones agrícolas y ganaderas, los usos deportivos y la adecuada zonificación del espacio natural y de su entorno.

El Consejo de Participación de Sierra Nevada es el órgano consultivo de este espacio natural andaluz del que forman parte más de 60 miembros entre los que se encuentran representantes de las distintas administraciones y diversos agentes sociales como, por ejemplo, asociaciones, sindicatos, las universidades de Granada y Almería y federaciones de montañismo o caza.

Por otro lado, el Consejo de Participación ha acordado continuar prestando su apoyo a la Carta Europea de Turismo Sostenible como marco de trabajo de las empresas comprometidas con el turismo en la zona y para mejorar otros aprovechamientos y usos de los recursos naturales. La cría ganadera, representada especialmente por la raza bovina pajuna, y el control de ungulados (jabalíes o cabras, entre otros animales) son un ejemplo de este tipo de aprovechamiento sostenible que supone un motor económico para la zona.

Además, se ha interesado por la posibilidad de reintroducir en esta área ejemplares de especies extinguidas como el quebrantahuesos, actuación que la Consejería de Desarrollo Sostenible lleva a cabo en colaboración con asociaciones internacionales.