Pepe Bravo. Madrid

La fusión entre siete grupos empresariales de carácter familiar, de segundas, terceras y cuartas generaciones, ha dado lugar a la constitución de Grupo Siete, el tercer operador del mercado español de distribución de materiales de construcción enfocado en el canal profesional, con una facturación consolidada de casi 90 millones de euros.

Se trata de Lostal, Siro Vázquez, Hierros y Acero de Mallorca, Valvulería del Norte, Tubos Domínguez, Saneamientos y Suministros y Fonca. El nombre de la compañía es un acrónimo de Soluciones Integrales, Eficientes y Técnicas para la Edificación (Siete) y el grupo está enfocado en la distribución en España de componentes de calefacción, climatización, fontanería, saneamiento, obra civil y materiales de construcción.

Tres años de trabajo

La operación, inédita en España y asesorada por PwC, se ha concretado después de tres años de intenso trabajo de reorganización y concentración y ha estado promovida por Pedro Luis Rodríguez, director general de Cobber, central de compras donde se agrupaban las compañías fusionadas.

“Grupo Siete pretende capturar sinergias en un mercado totalmente atomizado y convertirse en una compañía más robusta y competitiva con la que afrontar los retos del presente y del futuro. Esta operación nos permitirá seguir el ritmo del cambio provocado por los avances tecnológicos y adaptar nuestro modelo de negocio a la nueva realidad de nuestros clientes”, comenta Rodríguez, que ha sido designado también como director general de Grupo Siete.

Por su parte, Juan Alcibar, socio de PwC que ha estado al frente de la transacción, comenta que la operación “ha sido muy compleja tanto por el número de empresas intervinientes como por la diversidad de inquietudes presentes en las diferentes ramas familiares accionistas de las compañías, alguna de ellas en su cuarta generación”. “Esta integración ha sido posible únicamente gracias a la generosidad y la unión de todas las empresas para que la operación saliera adelante”, añade.

La fusión, además, abre vías de liquidez a los diferentes accionistas, aunque por el momento las empresas han diseñado un plan de negocio a cuatro años y no contemplan la venta total o parcial del nuevo grupo a un fondo de capital riesgo en este periodo, según explica el director general de la compañía en declaraciones a EXPANSIÓN.

PwC ha asesorado en la valoración de los diferentes negocios y en el acuerdo final de integración. También en la profesionalización del equipo gestor del grupo, que ahora cuenta con una comisión ejecutiva y un comité de dirección profesional. La firma BDO ha participado en labores de due diligence financiera, fiscal y laboral.

Objetivo 100 millones

Grupo Siete se ha marcado un objetivo a dos años de 100 millones de euros de facturación, con una previsión de ebitda (beneficio de explotación) de ocho millones de euros. Ahora la empresa cuenta con una cuota de mercado de entorno al 8%, solo por detrás de Saltoki y el grupo Salvador Escoda.

Para impulsar el crecimiento, la compañía, que cuenta con 40 puntos de venta en la actualidad, tiene previsto abrir nuevos almacenes e invertir en este plan un millón y medio de euros. También contempla crecer de forma inorgánica, es decir mediante compras, y está abierta a nuevos socios. Tiene presencia en Portugal, gracias a la filial en el país de una de las empresas integradas.

J. Díaz. Madrid

El Gobierno tiene un grave problema encima de la mesa: el desorbitado encarecimiento de las materias primas ha provocado que los constructores huyan como de la peste de centenares de licitaciones públicas que ofrecen “precios desfasados”, “muy por debajo de la realidad del mercado” y cuyos pliegos no recogen la brutal escalada del precio de los materiales en los últimos meses. Esto es, proyectos que ya de partida resultan inasumibles para el sector. El resultado es que cerca de 500 concursos de obra pública (484, en concreto) han quedado desiertos en España entre noviembre y el pasado 20 de enero, sumando un importe de 230 millones. Así lo refleja un informe publicado ayer por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que advirtió que a la falta creciente de ofertas en numerosas licitaciones se añaden los retrasos o paralizaciones en la ejecución de obras ya adjudicadas, e incluso cancelaciones puntuales de contratos, que ya se estaban produciendo por el rally de las materias primas, los problemas de suministro y la falta de mano de obra cualificada.

Semejante volumen de concursos desiertos es algo insólito en el mapa de la obra pública en España, donde el problema tradicionalmente ha sido el contrario: la fuerte competencia propiciaba la aparición de las llamadas bajas temerarias. Y se produce, además, en plena llegada de los fondos europeos, cruciales para la recuperación pos-Covid de la economía española, poniendo en riesgo la ejecución de proyectos vinculados al maná comunitario. “Las cifras de licitaciones desiertas ponen de manifiesto la alarmante paralización de nuestro sector, que puede traducirse en un frenazo de la recuperación económica”, alertó ayer el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén. Y es que el vacío de ofertas afecta, en mayor o menor medida, a todas las administraciones públicas (Estado, CCAA y ayuntamientos) y a todo tipo de proyectos: hospitales, carreteras, viaductos, depuradoras de aguas residuales, centros educativos, líneas de alta velocidad… “Estamos hablando de obras de todo tipo y de un problema que está afectando a la gran empresa, a la mediana y a la pequeña”, subrayó Fernández Alén.

Para afrontar la dura crisis provocada por las materias primas, que habría provocado ya un sobrecoste superior a los 10.000 millones en la obra pública desde abril de 2020, como publicó EXPANSIÓN el pasado 14 de enero, la patronal constructora reclama al Gobierno un sistema automático de reequilibrio de precios que permita hacer frente a este abultado coste adicional y, en paralelo, redactar los nuevos pliegos a precios de mercado, “actualizando los que aparecen en proyectos anteriores a 2020, ya que son antiguos y no recogen los precios actuales”. El Ejecutivo se comprometió meses atrás a estudiar medidas para facilitar la revisión de precios y reequilibrar la balanza en una situación tan excepcional, pero los cambios legales que permitan hacerlo no acaban de llegar (la Ley de Desindexación impide la revisión de precios vinculada a la inflación). Aunque la solución ya habría sido acordada entre Transportes y Hacienda y estaría ahora “pendiente del visto bueno de Economía”, la CNC denuncia que, hasta la fecha, “no se están adoptando las medidas oportunas por parte del Gobierno”.

Y mientras se retrasan los cambios, que la CNC juzga indispensables porque “nos viene un tsunami de licitación pública y creemos que el sistema en España no está adaptado a una situación tan extraordinaria como esta”, según Fernández Alén, las licitaciones desiertas proliferan como setas por todo el territorio español, aunque al frente del ránking se encuentra Cataluña, con 200 concursos desiertos que suman un importe de 50,4 millones de euros. La mayoría (187) son licitaciones de pequeña cuantía, inferiores a 500.000 euros, aunque entre los proyectos que han quedado varados por la falta de ofertas figura uno de 12 millones para la ampliación del hospital Doctor Josep Trueta, en Girona. La segunda autonomía con mayor número de licitaciones desiertas es Galicia, con 96 concursos valorados en 20,5 millones; seguida de Andalucía, donde 46 licitaciones, por importe de 35 millones, se han quedado sin concurrentes. Entre ellas figura la construcción del nuevo edificio de uso ambulatorio del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, concurso de 12 millones que se declaró desierto y que la Junta de Andalucía relanzará ahora con un importe de 17,3 millones. Hasta la fecha, la licitación de mayor cuantía que se ha quedado en el dique seco por la falta de ofertas se encuentra en Gijón. Es el proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, valorado en 37 millones, presupuestado en 2018 y que ninguna constructora ha considerado un riesgo asumible. Con estos mimbres, la CNC advierte de que si no se revisan los precios antiguos, “las próximas licitaciones seguirán quedando desiertas”.

Cataluña registra el mayor número de licitaciones desiertas, con 200, seguida de Galicia, con 96

• Cerca de 500 licitaciones por más de 230 millones se han quedado desiertas en dos meses

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado a través de una resolución la aplicación de la revisión de precios en los contratos nuevos de obra ante la pronunciada escalada de los precios de los materiales de construcción. De este modo, el departamento que dirige Raquel Sánchez extiende la medida, que ya adoptó después del pasado verano Adif, a todos sus ámbitos de actuación, entre los que figuran, además del propio gestor ferroviario, la Dirección General de Carreteras (DGC), Aena, Puertos o Renfe, entre otras.

La decisión entró en vigor a finales del pasado mes de diciembre, de manera que todos los contratos licitados por Transportes desde entonces deberán incluir la revisión de precios. La resolución, a la que ha tenido acceso ‘elEconomista’, está firmada por la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera. En la misma resuelve que “en los pliegos de los contratos de obras que, a partir de esta fecha, se liciten en el ámbito de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, podrá reconocerse al contratista el derecho a la revisión periódica y predeterminada de precios aplicando la fórmula de revisión que corresponda”. “Para cumplir con la exigencia de justificación establecida en el artículo 103.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será suficiente que el pliego se remita a esta resolución”, añade. Así, continúa, “se deja sin efecto la resolución de 22 de abril de 2013, de la entonces Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, sobre improcedencia de la revisión de precios en los contratos de obra y servicios”.

Transportes da respuesta a una de las demandas del sector empresarial a raíz del incremento notable en el precio de las materias primas

Con ello, el Ministerio de Transportes da respuesta a una de las demandas del sector empresarial a raíz del “incremento notable en el precio de algunas de las materias primas empleadas para la construcción de las obras públicas” que se viene produciendo desde hace algunos meses. Con la medida, explica Pardo de Vera, “se pretende dotar a los nuevos contratos de obras de un marco jurídico que permita ajustar los precios a las fluctuaciones actuales del mercado, lo que previsiblemente contribuirá a que las obras se ejecuten en el plazo pactado, aspecto este que es relevante en general, pero muy especialmente para las obras que vayan a firmarse en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia”.

Por tanto, las nuevas licitaciones del Ministerio y sus empresa públicas desde finales de diciembre deberán incluir la cláusula de revisión de precios, de manera que los contratos se irán ajustando, a la baja o al alza, en función de la evolución que arroje la fórmula.

Esta resolución es un paso en la línea de las demandas del sector, pero aún hay una mayoría de Administraciones, tanto del Estado como de las comunidades autónomas o las corporaciones locales, que no han aprobado la revisión de precios para sus nuevos pliegos de contratación pública. De hecho, ante ello, en los últimos dos meses cerca de 500 licitaciones con un valor conjunto que supera los 230 millones de euros han quedado desiertas, según denunció este jueves la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Unas cifras que crecen día a día, según advirtió Pedro Fernández Alén, presidente de la organización que reclama la inclusión de un sistema automático de reequilibrio económico en las licitaciones y la adecuación de los precios a la realidad del mercado. Hasta el momento, Cataluña lidera la estadística, con 200 concursos desiertos por 50,4 millones de euros, seguida de Galicia, con 96 por 20,6 millones, Andalucía, con 46 por 35,1 millones, la Comunidad Valencia, con 32 por 26 millones, y País Vasco, con 24 por 9,5 millones. También destaca Asturias, con 10 proyectos sin ofertas por 41,3 millones. A esta problemática se suma el descenso de la concurrencia de empresas en muchas liciataciones.

Impacto en los fondos de la UE

Y más grave aún es la situación de los contratos en curso. Según la CNC, hasta octubre pasado, el alza de precios de los materiales y la crisis de suministros ha llevado a cuatro de cada diez empresas a abandonar, paralizar o ralentizar sus obras, confirmando así la información adelantada por este diario este jueves. Desde entonces, “la situación a nivel global se ha agravado”, alerta la patronal. Para estas obras el sector lleva meses solicitando igualmente la revisión de precios, pero por ahora la normativa para la aplicación de mecanismos de compensación se mantiene atascada en el Ministerio de Economía.

Todo ello ya está poniendo en riesgo, según la CNC, la ejecución de los fondos europeos, con el consecuente impacto en la recuperación económica de España.

• La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a esta actuación que cuenta con un presupuesto de 297.851 euros

El Ayuntamiento de El Ejido ha acogido la celebración de una nueva sesión de Junta de Gobierno Local, en la que se han aprobado cerca de una veintena de puntos en el orden del día, entre los que se han encontrado varias licencias en las áreas de Agricultura y Urbanismo.

Uno de los puntos más destacados en la sesión ha sido el relativo a la aprobación del proyecto de ‘Implantación de Carril Bici e Itinerario Peatonal’ en el Vial Sur de El Ejido, una importante actuación que supondrá un paso más en ese objetivo del gobierno municipal de promover la cultura de la movilidad sostenible.

El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución que asciende a 297.851 euros, está incluido dentro de la EDUSI, cofinanciado por Fondos FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-20 y al 20% por el Ayuntamiento.

El alcalde, Francisco Góngora, ha destacado que “con este proyecto queremos seguir impulsando y apostando por el uso de la bicicleta además de reducir la contaminación acústica e incentivar los desplazamientos a pie o en bici”.

Asimismo, el regidor ejidense ha hecho hincapié en que “el fomento de la movilidad sostenible está siendo una apuesta estratégica por parte de este equipo de gobierno, un objetivo en el que trabajamos para hacer de El Ejido una ciudad mejor conectada, más cómoda, accesible y que ofrezca cada vez más calidad de vida, en definitiva, una ciudad más amable y saludable”.

Con estos trabajos se prevé la ejecución de un carril compartido peatón-ciclista en el margen norte y su correcta señalización indicativa, distinguiendo cada acera para un sentido de circulación, es decir, en la acera norte se circulará en sentido este-oeste y en la acera sur en sentido oeste-este. Además, se llevará a cabo la ejecución de la pavimentación de los dos tramos que restan en el Vial Sur, entre el camino de la depuradora y la entra a la Loma de la Mezquita.

Este proyecto se suma al de ‘Construcción de Implantación de Carriles para Bicicletas e Itinerarios Escolares Seguros’ en la zona de Ejido Norte, conectado ambos trazados y anillando así el núcleo de El Ejido. Cabe recordar que estas dos actuaciones cuentan con un presupuesto que supera el millón de euros.

En esta misma línea, Góngora ha recordado que “el Ayuntamiento viene trabajando en los últimos años en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que está suponiendo un salto importante para convertir al municipio en un lugar más cómodo y accesible gracias a la implantación de nuevas y mejores soluciones que garanticen el uso y disfrute de la ciudad por parte de los ciudadanos, incidiendo en sus conexiones y desplazamientos, el fomento del uso del carril bici, la mejora del fluidez del tráfico o las peatonalizaciones”.

• El Ayuntamiento ha prorrogado el contrato con Nila para que el Plan de Asfaltado llegue a más vías del municipio

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Concejalía de Agenda Urbana, ha prorrogado el contrato con la empresa Construcciones Nila que permitirá continuar con los trabajos de regeneración y mejora del pavimento del término municipal.

Tras un año desde su puesta en marcha, el Plan Plurianual de Asfaltado, que cuenta con un presupuesto anual superior a 1,5 millones de euros, ha cumplido con creces sus objetivos de dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de reposición asfáltica en distintos puntos de la ciudad.

• Tendrá dos plantas con más de 1.680 cuadrados y se destinará a todo tipo de eventos culturales

El Ayuntamiento de Vera ha adjudicado las obras de construcción del nuevo Centro Polivalente “Avenida de las Naciones” por un importe de 920.983,34 euros.

El futuro equipamiento se llevará a cabo en la zona de ‘El Hacho’, donde se construirá un edificio de líneas rectas en dos plantas con más de 1.680 metros cuadrados de superficie construidos sobre una parcela municipal de 2.380 metros. 

En la planta baja, se situarán almacenes de uso municipal. La primera planta se destinará a pública concurrencia, en una nave diáfana como centro polivalente con uso escénico que contará con dos accesos o salidas a nivel de calle en la Avenida de las Naciones.

Esta sala principal será diáfana y mediante grandes ventanales correderos se podrá ampliar hacía la terraza exterior para los eventos que lo requieran con vistas al Bien de Interés Cultural (BIC)l del Cerro del Espíritu Santo de Vera.

Según ha señalado el concejal de Infraestructuras, Alfonso García, “es un proyecto muy demandado por los vecinos, en una zona que se merece contar con equipamiento de primera, al igual que el resto del municipio”.

Este centro polivalente nace con el objetivo “de albergar todo tipo de eventos, incluyendo espectáculos, exposiciones, actos culturales, conciertos, proyecciones y talleres, ya que se ha proyectado como un espacio diáfano, que estará a disposición de los vecinos para sus necesidades” ha añadido este mismo corporativo municipal.

• La APBA solicita financiación con cargo al Programa 1,5% cultural para las nuevas obras, con un presupuesto de 2,5 millones  

• Incluyen el foso oriental, la urbanización exterior, un centro de interpretación y Museo, la muralla norte y la iluminación nocturna

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la delegación territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz ha aprobado la tercera fase del proyecto de restauración del Fuerte de Isla Verde en Algeciras, con la que concluirán las obras acometidas por la Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA) y que incluyen su musealización y centro de interpretación. 

Esta última fase del proyecto cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros para los que la APBA ya ha formalizado la solicitud para su financiación con cargo al Programa 1,5% cultural del Ministerio de Transportes, destinado a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español. 

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, ha visitado el enclave este jueves acompañada por la subdelegada del Gobierno en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mercedes Colombo, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce.

Mestre ha destacado que “se trata de una edificación histórica construida en el siglo XVIII, protegida legalmente y que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía inscribió en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural en enero de 2021. Con este proyecto se persigue no sólo su restauración sino también su puesta en valor”.

Este histórico emplazamiento militar, situado en el interior de las instalaciones portuarias de Algeciras, “vuelve a renacer”, ha añadido la delegada, “gracias al proyecto de rehabilitación del Plan de Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico (mueble e inmueble) de la APBA”. Ana Mestre ha subrayado que “posiblemente nos encontremos ante uno de los proyectos arqueológicos más importantes de cuantos se han llevado a cabo en Algeciras en los últimos años”.

El proyecto lo está ejecutando la empresa Díaz Cubero, que está acometiendo una restauración integral del castillo, que será visitable una vez terminen las obras. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha anunciado que si todo transcurre según lo previsto, el Fuerte de Isla Verde abrirá sus puertas a principios de 2023.

La delegada apunta a la relevancia que “supone este proyecto al intentar que este Bien de Interés Cultural, que permanecía casi escondido en el interior de las instalaciones portuarias de Algeciras, sea conocido por todos los algecireños y quienes visiten la ciudad en el futuro y eso, sin duda, se lo podemos agradecer a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras”.

Dentro de este proyecto se prevé la musealización del Fuerte de Isla Verde para dar a conocer y difundir este valor patrimonial de un enclave que tuvo una gran relevancia en varias etapas de historia de la ciudad. Para ello la Autoridad Portuaria ha elaborado una Proyecto de Intervención Arqueológica que obtuvo la supervisión de la Consejería de Cultura, a través de su delegación territorial. El proyecto cuenta con la financiación del programa 1,5% Cultural, el sistema del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conservación del Patrimonio Histórico. 

El plan incluye entre otras actuaciones un edificio moderno a modo de centro de interpretación que será gestionado desde las instalaciones que la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz y la propia APBA proyectan en el Llano Amarillo.

El informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico considera que las actuaciones que se proponen son acordes con las resoluciones aprobatorias anteriores de la delegación y compatibles con los valores originales del Monumento, así como con los resultados de los trabajos arqueológicos realizados hasta el momento. Entre las actuaciones que se acometerán en esta tercera fase están incluidas las de rehabilitación y restauración del Fuerte y en el Foso oriental, a la urbanización exterior y a la realización de un edificio en el interior del Fuerte, sobre las trazas del antiguo edificio del año 1941, anexo al Faro que se destinará a Centro de Interpretación y Museo del Fuerte.

Esta tercera fase autorizada por la delegación territorial de Cultura también prevé, ya que se proyecta la puesta en valor ambiental del conjunto en la noche, que se dote de iluminación monumental. Además, el recinto será dotado de todos los servicios necesarios: abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones y baja tensión. También está prevista la reparación de la cara exterior de la muralla norte, mediante limpieza, saneado y cepillado y enfoscado con mortero hidráulico, siguiendo el criterio aprobado para el resto de los lienzos de muralla.

En el foso y como actuación de especial interés en el exterior del recinto fortificado se propone en el frente Este la recuperación de la altura original de la muralla. Por otra parte, previamente a la construcción del edificio se restaurará el faro.

Por su parte, El alcalde de Algeciras ha querido agradecer a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía sus esfuerzos para poner en valor este emblemático símbolo de la ciudad.

El enclave, que estará presidido por la escultura de Jorge Próspero de Verboom, no sólo es el origen del municipio de Algeciras, sino que como ha recordado Landaluce “es esencial para conocer la historia de Andalucía y de España”. 

El alcalde ha asegurado que “desde este Ayuntamiento continuaremos colaborando en la restauración y la musealización del Fuerte de la Isla Verde, de cara a acercar nuestra historia, cultura y patrimonio a los ciudadanos”. En este sentido, ha recordado que desde el Museo Municipal se han donado tres cañones y un ancla restaurados que se incluirán en este proyecto como material expositivo.

• Algeciras ingresará casi 4 millones de euros extra, La Línea algo más de 2 y San Roque, 1

Los ayuntamientos del Campo de Gibraltar contarán en 2022 con un 13% más en las entregas a cuenta del sistema de participación en los ingresos del Estado (PIE) con respecto a 2021. La cantidad total que llegará a las arcas de los ocho municipios será unos 9 millones de euros mayor que el año pasado, con Algeciras, con 33,7 millones y San Martín del Tesorillo, con 612.119,09 euros, como los que más y menos cantidad recibirán este año. 

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció este incremento para todas las entidades locales españolas el pasado verano durante una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local. La cantidad global alcanza los 21.200 millones de euros, el mayor volumen de financiación que han recibido nunca los ayuntamientos de las arcas estatales. 

• El diputado de Medio Natural aborda con el alcalde las futuras inversiones en el arreglo de distintas vías

Las inversiones que la Diputación de Córdoba realizará en la mejora y conservación de distintas vías en el municipio de Adamuz en el bienio 2022-23 ha sido el tema sobre el que ha girado la reunión de trabajo que el delegado de Medio Natural y Carreteras de la institución provincial, Francisco Palomares, ha mantenido con el alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno (PSOE).

Palomares se ha desplazado al municipio adamuceño para conocer de primera mano algunas de las necesidades más apremiantes en lo relativo a la adecuación y arreglo de algunas de sus carreteras e intersecciones, “con el compromiso que venimos manteniendo desde esta institución de mejorar la red viaria de la provincia de Córdoba y el convencimiento de que esto repercute en el desarrollo económico de nuestro territorio y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

El diputado ha incidido en que “las diferentes actuaciones que estamos realizando en los municipios están mejorando considerablemente el tránsito de vehículos y el acceso a las distintas explotaciones agrarias y la comunicación entre distintas localidades”.

En la reunión de trabajo se ha hablado de las posibles inversiones que se acometerán en un futuro inmediato, así como las posibles mejoras que se puedan realizar en diferentes intersecciones. Entre las intervenciones contempladas, está la reparación y refuerzo de tramos que quedan pendientes en la CO-3102 De Adamuz a Algallarín.

Asimismo, los servicios técnicos de la Delegación de Medio Natural y Carreteras analizarán las propuestas planteadas en relación a la mejora de la seguridad vial en intersecciones para determinar la viabilidad de su implantación.