• La obra del puente del Centenario de Sevilla es una de las afectadas por la subida de precios
• La patronal de la construcción de Andalucía señala que la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema “grave” para las pequeñas y medianas empresas 
• Denuncia que el borrador no incluye en la compensación el aumento del precio de la energía

La patronal de la construcción en Andalucía, CEACOP, que preside Ana Chocano ha manifestado “su preocupación y descontento” tras conocer el contenido del borrador del Real Decreto Ley que prepara el Gobierno para restablecer las condiciones de equilibrio económico en los contratos firmados tras la escalada de precios de las materias primas en el sector. Entre las obras públicas que esperan esta medida destaca la del puente del Centenario de Sevilla, que se está ejecutando para la ampliación de carriles y sustitución de tirantes

INSTA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A SEGUIR SU PROPIO CAMINO PONIENDO EN MARCHA SU PROPIO MECANISMO DE REEQUILIBRIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

En opinión de la asociación, la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema, especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas. Desde CEACOP denuncian que la norma que el Gobierno de España tiene previsto aprobar en los próximos días excluye a la mayoría de las actuaciones “es un sistema diseñado para las grandes obras de ferrocarriles”.

El documento establece un máximo en la compensación del 20% del precio de adjudicación del contrato y siempre que el incremento de los precios, considerando solo el aluminio, cobre, materiales siderúrgicos y bituminosos, superen el umbral del 8%. El borrador no considera en la compensación el aumento del precio de la energía. Solo se revisan las obras que estén en ejecución en 2022 y a partir del 1 de enero de 2021 o de la firma del contrato, si es posterior, por lo que las infraestructuras ejecutadas en 2020, afectadas también por los efectos de la Covid-19, así como las terminadas en 2021 no pueden acogerse a este mecanismo. Además, cualquier retraso en el plazo de ejecución conlleva la pérdida de derecho a aplicar esta compensación.

CEACOP manifiesta también que le preocupa “el limbo” en el que quedan los contratos firmados con los ayuntamientos y diputaciones, ya que el documento no aclara su situación.

La patronal andaluza pide al Gobierno que reconsidere los términos del documento e incluya también la energía por su gran impacto en la fabricación de materiales.

Asimismo, insta a la Junta de Andalucía a seguir su propio camino, como ya lo hicieran otros gobiernos autonómicos como el gallego o extremeño, poniendo en marcha su propio mecanismo de reequilibrio de los contratos de obra.

Para CEACOP, el documento llega tarde y no refleja la realidad. “Las empresas empiezan a estar en situación límite. Muchos concursos se quedan desierto, no porque las empresas no quieran trabajar sino porque no pueden hacerlo a esos precios”, destaca la presidenta de CEACOP, Ana Chocano Román, y añade que si no se pone pronto una solución real, “las obras en ejecución se van a paralizar, lo cual va a acarrear problemas. Por un lado, la sociedad no podrá disponer de las infraestructuras necesarias y demandadas, y por otro, si las obras se paran muchos trabajadores pueden perder sus empleos”.

“Y esto en un sector tractor de la economía de la región. La construcción es sinónimo de creación de empleo y de actividad, que incluso durante la pandemia mantuvo su actividad”, concluye la presidenta de CEACOP.

• Cs anuncia que llevará el aumento de bastidores a la Fiscalía de Medio Ambiente

Así lo aprobaba el pleno del Ayuntamiento de Almería después de desestimar las cuatro alegaciones presentadas al documento. De hecho dos de ellas, las remitidas por la Asociación en Defensa de la Agricultura y la Asociación de Pozos y Norias, han sido las que han provocado las mayores controversias entre los portavoces municipales de las diferentes formaciones. Estas alegaciones, calcadas la una de la otra, alegaban ante los dos millones de euros presupuestados para pagar la puesta en marcha de dos bastidores más a través de las tomas realizadas mediante el sistema de pozos en vez de apostar por la construcción de unas nuevas tomas de agua directamente desde el mar. 

Ante la posible desestimación planteaba la portavoz de Podemos, Carmen Mateos, sus dudas a la hora de volver a abstenerse ante las cuentas. Decía la edil que para ello necesitaba saber “¿qué va a pasar por la desaladora?” ya que si se cumplía la promesa realizada por parte de Margarita Cobos, concejal de Sostenibilidad Ambiental, de apostar por un posible cambio en el método de captación de agua apostando por la captación horizontal en vez de la vertical, podría mantener esa abstención.

Tribunales
No lo veía de la misma forma el portavoz de Cs, Miguel Cazorla. También defendía la posición de los alegantes pero dejaba claro que antes de poner en marcha los nuevos bastidores había que cambiar la toma de agua. Fue más allá incluso el edil naranja que afirmó: “daré traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente de esta situación si se ponen en marcha los bastidores” al considerar que se podría cometer un delito medioambiental. Así las cosas, instó al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, a que solucione las cosas porque “tiene tiempo”.

Por su parte, María del Mar Vázquez, portavoz del equipo de Gobierno que ayer defendió el presupuesto en ausencia de Juan José Alonso, concejal de Economía y Función Pública, aportó que efectivamente se está realizando un estudio para un posible cambio en la toma del agua cuyos resultados aún no se han entregado al Ayuntamiento. Anunció Vázquez que “según nos indiquen los estudios, realizaremos las inversiones correspondientes para conseguir dichas mejoras”.

Esta promesa le valió a Podemos para volver a abstenerse en la desestimación de las alegaciones, algo que le afeó el portavoz naranja que lamentaba que “haya grupos políticos que se sigan creyendo que una promesa es una realidad”. Esta respuesta les valió un rifirrafe en el punto posterior sobre quién defendía a los regantes y desde cuándo.

Finalmente se desestimaban las alegaciones con la abstención de Podemos, el voto en contra de Vox, Cs y PSOE, y el apoyo de PP y Joaquín Pérez de la Blanca.

Cabe recordar que el presupuesto consolidado asciende a 218.673.872,15 euros, la cifra más alta de la última década y un 6,84% superior al de 2021. En lo que a las cuentas del propio Ayuntamiento se refiere, para 2022 se ha previsto un presupuesto de 205.217.481,80 euros, 11.556.152,5 euros más.

• El presidente de la Junta afirma que supondrá un estímulo al empleo
• Compromiso con los puertos, a los que define como motor económico
• El centro de la Universidad de Cádiz integra el puerto con la ciudad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado hoy que el futuro Centro de Innovación Marítima de la Universidad de Cádiz supondrá una oportunidad para el empleo y aunará conocimiento científico, logística portuaria e investigación. Así, ha resaltado que es resultado de la colaboración entre distintas administraciones e instituciones y va camino de convertirse en un nuevo revulsivo para Algeciras y para toda la provincia de Cádiz.

Moreno, que ha colocado la primera piedra de este Centro que está ubicado en los terrenos del Llano Amarillo en Algeciras y que forma parte del proyecto del Lago Marítimo, ha señalado que la Junta, la Autoridad Portuaria, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento han trabajado por hacer realidad una actuación integral que acercará el Puerto a la ciudad.

En este sentido, ha explicado que se trata de un Centro considerado prioritario como transferencia de conocimiento y para la creación de empleo, por lo que se ha impulsado en el marco de la ITI de Cádiz y con una inversión de 4,5 millones de euros. “Si todo va como está previsto, estará terminado a finales de este año y acogerá actividades relacionadas con la Universidad Europea de los Mares”.

De este modo, ha aseverado que será un importante nexo entre la Universidad y la Bahía de Algeciras para que trascienda su investigación científica relacionada con puertos y transporte marítimo y para que siga siendo parte del desarrollo del Puerto de Algeciras y sus empresas.

El presidente destaca la apuesta por los puertos con el Clúster de internacionalización

A este respecto, se ha referido a los puertos andaluces, a los que ha definido como un motor económico clave, y al compromiso del Gobierno andaluz como queda demostrado con el Clúster de internacionalización de Puertos y Logística de Andalucía que tiene como objetivo crear una alianza estratégica que aumente la actividad portuaria y logística dentro y fuera de España, así como la economía y el empleo.

El presidente andaluz ha reiterado que Andalucía tiene ventajas competitivas para el mercado internacional que debemos aprovechar y es que, según ha apuntado, “somos confluencia de las rutas marítimas que conectan Asia con Europa y Europa con el Norte de África y América”.

El presidente de la Junta ha estado acompañado por la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo; por el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; por la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, y por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.

• Álvaro Rodríguez Dapena ha destacado los casi 300 millones de inversión que la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras prevé ejecutar hasta 2025

El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha realizado este jueves su primera visita al Puerto de Algeciras desde que accediera al cargo el pasado noviembre. Hasta ese momento Rodríguez Dapena era vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), por lo que es conocedor de la realidad, retos y objetivos del puerto del Estrecho.

Tras mantener diversas reuniones de trabajo en las oficinas de la APBA el presidente de Puertos del Estado, acompañado por el presidente y el director general de la APBA, Gerardo Landaluce y José Luis Hormaechea, se ha desplazado hasta Isla Verde Exterior, donde ha visitado las obras de la segunda terminal de tráfico pesado (TTP) que dotará al Puerto de Algeciras de 542 plazas adicionales de aparcamiento para camiones y semirremolques. El presidente de Puertos del Estado ha analizado con su homólogo en Algeciras la evolución de los tráficos del Estrecho en los últimos años, que siguen creciendo a un ritmo de dos dígitos, sin verse afectados en pandemia.

Esta terminal, como ha explicado Landaluce, es un paso en la materialización del Plan Hércules, conjunto de iniciativas que tienen por objetivo “impulsar las cadenas de valor regionales y el desarrollo de las relaciones comerciales con la vecindad Sur de la Unión Europa a través del puente intercontinental Europa-África que representa el Puerto de Algeciras”. Este Plan tiene como eje principal la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza que discurre por el Ramal Central de los corredores Mediterráneo y Atlántico. Precisamente Landaluce ha insistido en que el ritmo de crecimiento de la actividad entre Algeciras y Tánger Med hacen más urgente aún la ejecución de los proyectos que permitirán su puesta en marcha en 2024.

El presidente de Puertos del Estado también ha visitado las terminales de contenedores de APM Terminals Algeciras y la semiautomática TTi Algeciras. La primera está incorporando esta semana 12 nuevas RTG, que supondrán un salto de calidad tanto a nivel técnico como de seguridad del operario, mientras que la segunda está inmersa en pleno proceso de recrecido de 5 de sus grúas portainer con el objetivo de operar con mayor holgura los megamax de 24.000 teus de la clase Algeciras.

Tras la visita a las instalaciones, el presidente de Puertos del Estado ha destacado que “los cerca de 300 millones de inversión pública que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras tiene programados para el periodo 2021-25, y a los que se sumarán las inversiones privadas, permitirán seguir avanzando en el objetivo de conseguir la completa, segura y eficiente intermodalidad de sus instalaciones”.

Por la tarde Álvaro Rodríguez Dapena ha asistido al acto del proyecto puerto-ciudad del Lago Marítimo de Algeciras y mantenido un nuevo encuentro de trabajo, en esta ocasión con los responsables de la Asociación Comunidad Portuaria (Comport), Aesba, Ateia, Apemar, las navieras españolas que operan en el Estrecho y la Asociación de Grandes Industrias de la Bahía de Algeciras (AGI). Con ellos ha abordado la problemática que está generando a parte del tejido empresarial de la Bahía de Algeciras el cierre a pasajeros de la frontera marítima con Marruecos, y su preocupación por la incorporación, sin la adecuada transición justa, del transporte marítimo al mercado de emisiones (ETS).

• En cada una de las seis plantas de habitaciones habrá unidades de convivencia para 16 personas, con estancias comunes

La Junta de Andalucía ha presentado este jueves la reforma integral de la residencia de ancianos de San José Artesano, en Algeciras, que contará con un presupuesto de 8,6 millones de euros. La principal novedad de la rehabilitación del edificio, que después de 10 años aguardándola presenta importantes deficiencias en la fachada, será la creación de unidades de convivencia de 16 personas con estancias comunes para que los 96 usuarios tengan una vida “más humanizada”, como ha explicado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. 

Además de Ruiz, han estado presentes el alcalde, José Ignacio Landaluce; el director general de Personas Mayores, Pedro Mancha; la delegada provincial de Igualdad, Ana Fidalgo, la subdelegada de la Junta en la comarca, Eva Pajares, y concejales del equipo de gobierno, entre ellos los de Ciudadanos, Sergio Pelayo y Montserrat Barroso, partido que ostenta esta consejería. 

• El colectivo defiende que frente a “una autovía innecesaria” sería deseable la mejora del firme, el mantenimiento y la mejora de ciertos tramos del actual trazado de la carretera N-432.

Ecologistas en Acción Córdoba ha presentado diez alegaciones al estudio informativo de la A-81 realizado por el Ministerio de Transportes del tramo entre Espiel y Zafra de la futura A-81 y pide que se anule el proyecto. En primer lugar, el colectivo demanda reiniciar el proceso de información pública “por defectos de forma, incumplimiento de la Ley de Transparencia, falta de documentación y de normativa ambiental importante y ausencia de un proceso real de participación de la sociedad civil”.

“La gobernanza en el proceso de redacción de un estudio como éste, que supone una inversión estratosférica de casi 1.200 millones de euros, es hoy en día imprescindible. El estudio debe incorporar y publicitar las aportaciones de los expertos y de la sociedad. Los canales y metodologías de participación desarrollados no están en consonancia con las exigencias actuales”, ha sentenciado el colectivo.

En otra alegación, Ecologistas en Acción censura al Ministerio que no se haya tenido en cuenta en la evaluación estratégica de la infraestructura los paradigmas actuales sobre movilidad sostenible y cambio climático. El colectivo destaca también en sus alegaciones que son prioritarias otras inversiones en sectores “que han sufrido unos recortes brutales”. Defiende que “en estos tiempos de covid-19” los esfuerzos económicos públicos deberían focalizarse en reconstruir el sistema sanitario, educativo y asistencial, así como en mejorar las pensiones, “en lugar de invertir dinero público en un sistema de autovías y rondas que la propia Junta de Andalucía evalúa en sus documentos estratégicos como sobredimensionado”.

Otra alegación versa sobre la seguridad vial. “Las bajas cifras de siniestralidad vial y el muy escaso tráfico de vehículos que se recoge en el documento del Ministerio no justifican tan enorme inversión de dinero público para la conversión en autovía”, sentencia el colectivo. “Todas estas peticiones de autovía suceden pese a que según datos recientes de la Dirección General de Tráfico (DGT) la siniestralidad en las carreteras de la provincia es bajísima”, añade. Además, señala que desde el punto de vista técnico, los ingenieros del Ministerio de Fomento siempre han afirmado que el trayecto de carretera que cruza el Valle del Guadiato -desde Fuente Obejuna hasta Espiel- no tiene el suficiente volumen de tráfico para plantear una autovía, “ya que, ni por asomo, se llega a los 10.000 vehículos diarios para justificar tal actuación. Es un dato irrebatible”.

Ecologistas en Acción insiste en que las autovías no son la solución. “La DGT ha destacado recientemente el aumento de más del 100% de las víctimas en autovías o autopistas respecto a enero de 2019. Además en el Diagnostico del Pitma, se destaca que la siniestralidad en las carreteras andaluzas se ha reducido notablemente en los últimos años. Por tanto el argumento de seguridad vial aducido en el estudio de la A-81 tiene poco fundamento”, incide. Por ello desde Ecologistas en Acción proponen que  para lograr implementar la seguridad vial sería deseable la mejora del firme, el mantenimiento y la mejora de ciertos tramos del actual trazado de la carretera N-432.

Asimismo, Ecologistas en Acción muestra en otra alegación que el estudio informativo no aborda con la suficiente claridad y amplitud aspectos esenciales como el impacto creciente del sector transporte en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el papel de la movilidad activa en el futuro sistema de transportes o el papel de la movilidad eléctrica.

“Lo tracen por donde lo tracen el desdoble, provocaría un auténtico desastre ambiental en la Sierra de Córdoba y por extensión en el resto de Sierra Morena. También causaría un gran impacto la propuesta de nuevo trazado aunque no fuera autovía”, sentencia el colectivo.

Para Ecologistas en Acción es una contradicción y un sinsentido que “en tiempos de crisis se siga reclamando la construcción de más autovías innecesarias, como es el caso”, y por otro lado, las administraciones públicas estén ejecutando diversos planes de conservación, actuación y recuperación de “especies emblemáticas”, como el lince ibérico y el lobo, “especies, que se verían especialmente afectadas por la pérdida de hábitats y los efectos de la fragmentación de Norte/Sur de Sierra Morena, si finalmente se realizara el desdoble reclamado insistentemente por alcaldes y diputados del PSOE, entre otros”.

“Con estos antecedentes, tanto de la DGT como de la administración autonómica como del Ministerio de Transportes, como de la UE, junto con el enorme impacto ambiental que produciría el desdoble de la carretera de Granada a Badajoz” llevan a que Ecologistas en Acción de Córdoba a solicitar que se abandonen “estas propuestas de autovías o de nuevos trazados carentes de rigor estratégico, económico y medioambiental”. Para Ecologistas en Acción en todo caso sería deseable la mejora del firme, el mantenimiento y la mejora de ciertos tramos del actual trazado de la carretera N-432.

• El retraso en las actuaciones provoca la caída de citas congresuales en la capital

• La concesionaria advierte de la cancelación de encuentros por el retraso de los trabajos

Será a finales de este año, a lo largo del mes de noviembre, cuando estén finalizadas obras de la segunda fase rehabilitación del Palacio de Congresos de la calle Torrijos de Córdoba, según ha anunciado el consejero Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, durante su visita a parte de las actuaciones acometidas y que han concluido y que ha ampliado en 389 las plazas de asistentes. Estas obras, además, han permitido recuperar la sala Julio Romero de Torres, que acogerá su primer acto inaugural el próximo 8 de marzo.

En concreto, a parte de la rehabilitación que ya está finalizada incluye dos nuevas salas, que son las de mayor capacidad del palacio, al disponer de espacio para albergar a 389 personas y sumar más de 331 metros cuadrados. Dichas salas, sumadas a las que ya están en funcionamiento, suponen más del 80% del aforo del edificio.

Se trata de la sala Julio Romero de Torres (con capacidad para 194 personas), que se caracteriza por su gran valor histórico, y la Ambrosio de Morales (195 personas). “La apertura de estas dependencias será un nuevo valor añadido a este espacio, ya que supondrá un aumento de su capacidad y, por tanto, un reclamo para atraer más congresos a Córdoba”, ha explicado Velasco. Ambas albergarán actividades relacionadas con ferias, congresos, encuentros, presentaciones o exposiciones.

Velasco ha aludido al retraso que ha acumulado esta fase de las obras. No en vano, comenzaron en la primavera del año 2020 y “la irrupción de la pandemia ha sido brutal y ha roto las cadenas de suministros de muchos sectores económicos”. “Aunque se recibiera la demanda de un producto, no había materiales y se paralizaba la actividad, como en el sector automovilístico y ha sido imposible operar con normalidad durante muchos meses”.

“Esto también ha afectado a las obras porque la empresa no contaba con algunos proveedores porque habían desaparecido. En otros casos seguían vivos pero con muchas dificultades para hacer acopio de materias primas y utilizarlo en la remodelación del Palacio de Congresos”, ha detallado. No obstante, ha continuado, “ahora las obras van a un ritmo normal”. 

Con respecto a la segunda etapa de los trabajos, ésta implica intervenir fundamentalmente en el Patio Mudéjar, la Capilla y las salas Beatriz Enríquez, Ramírez de Arellano y Juan Bernier, que alcanzan 227 plazas. Velasco ha asegurado que “ya se ha ejecutado lo constructivamente más complejo”, puesto que se han culminado todas las cubiertas que circundan al Patio Mudéjar.

“Ha sido la parte más complicada porque ha habido que realizar la retirada de amianto y reponer toda la cubierta”, ha apostillado. Además, en la sala de Juan Barnier se halló un forjado del siglo XVI, lo que obligó a cambiar la intervención prevista. Tras su datación y documentación, se ha ejecutado un nuevo forjado adicional para permitir su descarga.

Congresos cancelados

Esta situación, de manera consecuente, ha provocado que se tengan que cancelar algunas citas congresuales previstas. Por ello, el consejero ha mantenido un encuentro con el responsable de la empresa concesionaria, Juan Salado, “para ver las peticiones y  tiene y las opciones desde el punto de vista legal que hay”. 

Al respecto, Salado ha reconocido que este retraso en la entrega de las obras “está afectando a un perjuicio económico para el Palacio de Congresos”. “Hay un coste de oportunidad y también un lucro cesante que vamos a sufrir, pero sobre todo, lo más preocupante es que lo va a sufrir la ciudad”, ha indicado.

A pesar de ello, se ha mostrado satisfecho por los resultados de la colaboración público-privada, ya que “en los despachos estamos resolviendo y buscando vías de solución desde el punto de vista legal para que ese perjuicio económico dentro del contrato le afecte le afecte lo menos posible a la viabilidad de la empresa para poder sacar adelante este proyecto”. 

Aunque no ha querido avanzar la cifra de este claro perjuicio económico, Salado ha insistido en que “no teníamos previsto este retraso en la obra”. “Iniciamos la actividad en octubre de 2018 y arrancar un Palacio de Congresos no es fácil; hay mil circunstancias previstas en un plan, pero otras mil que no, como la pandemia”. “El remate es que cuando terminamos la situación e íbamos a empezar, nos encontramos con un retraso de obra que nos afecta”, ha lamentado. 

Además, ha insistido en que desde la Junta se van a buscar soluciones legales con una bonificación del canon proporcional “al perjuicio que estaba provocando ese desequilibrio”.

No será hasta el próximo 23 de febrero cuando Salado, junto al delegado de Empleo, Ángel Herrador, presenten la memoria de 2021 y la proyección de 2022, que ahora “se está reajustando las agendas sobre todo los eventos previstos en marzo, abril, mayo y junio y septiembre y octubre”. 

Por el momento, ha continuado, “hemos arrancado con 64 eventos”. No obstante, ha indicado que anualmente se comienza con una cifra similar para luego multiplicarla por tres, por lo que el número de congresos se podría elevar a 180 al año, si bien, “el problema de no disponer del patio mudéjar que es el elemento diferenciador”.

Todos los trabajos se realizan siguiendo “escrupulosamente” las medidas que marca la normativa de procedimientos de trabajo en un Bien de Interés Cultural y con la supervisión y seguimiento de una arqueóloga, ha aclarado el consejero de Transformación Económica.

La intervención sobre el Palacio de Congresos de Córdoba supondrá una inversión global de más de 11,5 millones de euros, de los que 5,7 millones se corresponden con el presupuesto de la segunda fase de la rehabilitación.

• Por las dimensiones del inmueble se pueden albergar diferentes proyectos siempre en el ámbito cultural

• ¿Museo de la Ciudad, sede del Hermitage, espacio para la dinamización del barrio? 

• La rehabilitación necesitará un presupuesto superior a los 4,5 millones

Granada da un paso más en la rehabilitación de Casa Agreda. El alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, ha anunciado hoy que en cumplimiento con el compromiso de recuperación del inmueble, ya en manos del Consistorio, “se inicia la tramitación administrativa para un concurso de proyectos que defina la intervención que hay que realizar y cuál va a ser la dimensión, el presupuesto estimado y los usos dentro del ámbito cultural que entendemos como prioritario para este espacio y que hemos defendido desde el principio”.

“Iniciamos el proceso de un concurso de proyectos, así nos comprometimos. Va a ser abierto no solo a equipos de arquitectos sino también invitando a la sociedad a opinar qué quieren que sea la Casa Agreda. La voluntad del equipo de gobierno es que tenga uso cultural y debería ser un espacio museístico para la ciudad”, ha dicho el alcalde. Pero en los pliegos no se recoge expresamente que todo o parte sea para proyectos como el Museo de la Ciudad, del que se habló como prioritario para ubicar en este espacio. Si finalmente el proyecto que gane no lo contempla, habría que buscar otro espacio para este fin.

Aunque el alcalde considera que por las dimensiones del edificio puede albergar distintos usos. Son más de 3.000 metros cuadrados entre la parte histórica y el antiguo colegio y residencia que albergaba. Y podría conjugarse que se habilitaran distintos espacios para el museo de la ciudad, la sede del Hermitage, por la que Granada ha iniciado conversaciones con Rusia, y zona de revitalización del barrio y otros usos culturales como ubicación de otras colecciones de arte. “La casa da para mucho, no solo para espacios expositivos sino también para dar vida al Albaicín. Ahí estaba el colegio divina infantita, un colegio entero con residencia de chicas, y hay varios espacios de inmuebles que da para mucho, mucho juego, y es un enclave tan particular que queremos recibir ideas y enriquecemos mucho más el proyecto si lo abrimos a la opinión pública”.

“Se tendrá en cuenta las ideas, la sensibilidad con el entorno, la integración en el Albaicín, la ley de patrimonio y la alta consideración del carácter histórico del edificio. Tenemos claro que tiene que tener un uso cultural polivalente, con distintas opciones de carácter creativo, expositivo, diversidad de usos de carácter público y cultural con el que dar razones a pasar más tiempo en la ciudad”, apunta Cuenca.

En busca de financiación para un proyecto de más de 4 millones

La rehabilitación superará los 4,5 millones y el concurso tiene 120 días para su desarrollo, tras lo que un equipo de técnicos valorará el más adecuado. Según el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, se consultará también con Icomos, la Unesco y sociedades artísticas y patrimoniales, las concejalías de Urbanismo y de Cultura, la Academia de Bellas Artes, el Ateneo… para que sea un proyecto consensuado y respetuoso con la historia del edificio y el barrio.

• Invierte 199.233 euros en conservación y arreglos de la GR-3301

La Diputación de Granada, a través del área de Obras Públicas y Vivienda, ha mejorado la seguridad vial en la carretera provincial GR-3301 a su paso por el municipio de Otura. Esta vía une la Circunvalación GR-30 y la localidad de Dílar. La inversión a cargo del Plan Provincial de Carreteras 2020 asciende a un total de 199.233 euros y ha incluido la mejora del firme de la vía, la construcción de una glorieta y la prolongación del itinerario peatonal y del carril bici.

El diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, ha visitado Otura para conocer, junto con el alcalde del municipio, Nazario Montes, el resultado de una intervención que ha permitido “la mejora de la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de Otura”, según ha señalado.

Las obras de conservación se han centrado en un tramo de algo más de un kilómetro en la travesía urbana de Otura, concretamente, en la sección que discurre desde el punto kilométrico 1,2 hasta el kilómetro 2,4, donde se ha llevado a cabo el refuerzo del firme con una capa de aglomerado asfáltico de cinco centímetros de espesor para subsanar algunos desperfectos localizados como fisuras, grietas longitudinales o descamamientos.

Además, se ha construido una glorieta para ordenar el tráfico en las intersección de la carretera con la calle Yedra, la urbanización del Sector 8 y el Camino del Cerro, una medida con la que se consigue aumentar la seguridad en la zona de confluencia de una de las calles principales con la travesía.

La intervención ha incluido también la ejecución de un nuevo tramo de acerado desde la urbanización Molino Alto al centro urbano, en la obra de paso por el barranco de La Calera, un intervalo donde se interrumpía el itinerario peatonal, lo que dificultaba el acceso a pie de los vecinos de las urbanizaciones al casco urbano.

En palabras del diputado, “aunque se trata de una distancia pequeña, antes de la intervención el acceso andando era peligroso, pues obligaba a los viandantes a usar el arcén en el desplazamiento”. Por último, la Diputación ha aprovechado los trabajos en la carretera para prolongar el carril bici, una actuación que “permite a los vecinos de las urbanizaciones acceder al núcleo urbano, tanto andando como en bicicleta, de forma segura y por un medio sostenible”, según ha apuntado Villegas.

La Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva (COPREHU) interpuso un recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional por la paralización de las obras de la presa de Alcolea, que llevan detenidas hace más de cinco años cuando apenas se había ejecutado poco más del 20% de las mismas.

En el escrito al que ha tenido acceso Huelva Información, COPREHU recuerda como “ya han pasado más de 5 años desde que se paralizaran las obras de la presa de Alcolea, por diferencias contractuales entre Acuaes y Sacyr que ya debería estar finalziada”. La asociación indica también como “desde entonces, la presa se encuentra ejecutada a un 22% y no se ha vuelto a licitar la obra”, a pesar de que cuenta “con todos los beneplácitos legales para licitar su finalización e incluso desde el año 2007 dispone de financiación y la Declaración de Impacto Ambiental vigente”.

En todo este tiempo COPREHU “ha insistido al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la apertura de un marco de diálogo para tratar esta infraestructura tan necesaria para Huelva que es vital, capaz de incrementar un 11% el PIB de la provincia y evitar el riesgo de inundación por grandes avenidas en el río Odiel el mas caudaloso de Huelva 200 hectómetros cúbicos anuales de agua dulce se pierden en el mar”.

COPREHU recuerda también que “hasta la fecha no se ha pronunciado de modo oficial el Ministerio, tan sólo sus representantes a través de mensajes sensacionalistas en presa o a golpe de Twitter aludiendo motivos como la calidad del agua por contaminación ácida, el coste de la infraestructura o el cambio climático, por lo que seguimos esperando un informe que el Cedex se resiste a dar, se pidió en 2011 y también en marzo de 2020 ahora parece ser que le faltan datos sobre el río Odiel”.

Por todo ello el pasado martes COPREHU “si más dilación apoyado por su gabinete jurídico presentó recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, tras el silencio de la Administración al requerimiento presentado para la ejecución del Convenio de Regulación de 18 de mayo de 2007 entre Acuaes del Ministerio de Transición Ecológica y la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, y la celebración de la Comisión Bilateral de Seguimiento a efectos de continuar con el desarrollo del Convenio y la ejecución de la Presa de Alcolea y Canal de Trigueros. Dicha comisión tiene que reunirse cada seis meses y lleva mas de dos años sin hacerlo”.

“Todos los hechos que han llevado a la construcción de Alcolea están refrendados en leyes y actos administrativos, por tanto, requieren del máximo respeto de la Administración con los administrados”, continúa COPREHU quien asegura que “no permitirá que un derecho otorgado por ley se quiera difuminar en una promesa, y más aún si ello lleva ligado el futuro socio-económico de la región”.

La asociación de regadíos quiso recordar que “la paralización de las obras no se trató de un ejercicio de responsabilidad por parte de la Administración, sino una falta de entendimiento entre la parte promotora y constructora”