• Ferrovial, Acciona y ACS tienen fuerte actividad en el país, donde se advierte de riesgos laborales, subidas de costes y una menor inversión

La crisis humanitaria generada por la invasión rusa de Ucrania ha puesto a Polonia en primera línea para la recepción de cientos de miles de refugiados. Una circunstancia que promete tocar de lleno a la inversión pública en el país y, por extensión, a las constructoras de media Europa. A ello se suma el shock energético que impacta, más si cabe, en las materias primas.

Referencias españolas como Ferrovial y Acciona cuentan con fuertes intereses y larga experiencia en el mercado polaco, que tras remontar el bache del coronavirus vuelve a estar sumido en la incertidumbre. Fuentes del sector dan por descontada una ralentización de la actividad.

Otras cotizadas como ACS, a través de la germana Hochtief, u OHLA, con República Checa entre sus ocho home markets y alto interés en Polonia, son referencias con exposición a Europa del Este. Firmas no cotizadas como Aldesa, Rubau, Comsa (de salida de su constructora polaca Trakja) y Copasa, también llevan años buscando negocio en Polonia.

La asociación local de empresas constructoras PZPB ha emitido un informe en el que se pone de manifiesto la salida de mano de obra ucraniana en defensa de su país: de los 373.000 permisos de trabajo a extranjeros en 2021, el 80% fueron para ucranianos. Se ve “inevitable” el aumento en los precios de los materiales de construcción, y un estrangulamiento en el suministro de áridos, acero, cemento, aluminio y madera desde Ucrania, Rusia y Bielorrusia. El 20% del acero consumido en Polonia en 2021 llegó desde el país invadido y otro tanto desde el agresor.

El colectivo, que exige a su Gobierno aparcar disputas con la UE para acelerar la llegada de fondos europeos, también resalta el riesgo de un endurecimiento de las políticas de crédito y garantías hacia las constructoras polacas, y una menor atención a la obra pública en favor de inversiones en seguridad e infraestructura energética.

El mercado de la construcción en ese país del Este fue el de mayor crecimiento en Europa en el verano de 2019, y acabó ese ejercicio con un alza del 2,6% en producción (más de 61.500 millones de euros). Sufrió una contracción del 3,5% en 2020, fue estabilizado en el segundo año de pandemia, y para este 2022 se preveía un repunte superior al 7%. Con el inicio del año, el Gobierno polaco activó fórmulas de revisión de precios en los contratos de obra pública para plantar cara a la inflación de los materiales de obra y evitar que los proyectos se detuvieran. Distintas casas de análisis fijaban una estimación de crecimiento del 4,5% o superior hasta 2027. Pero era antes de la guerra en Ucrania.

Lo urgente ahora, según reconocen directivos españoles de la construcción, es atender a los refugiados. En segundo lugar, Polonia trabaja en asegurarse el abastecimiento de gas, que impacta directamente en los precios energéticos y en la industria de materiales de construcción.

Dos tercios del consumo de gas ha estado cubierto por un contrato con la rusa Gazprom que, previsiblemente, no será renovado. El país confía en tener el 1 de enero de 2023 conexión con el gas noruego a través del gasoducto submarino Baltic Pipe, con una capacidad de 10.000 millones de metros cúbicos anuales. El proyecto ha estado paralizado desde el pasado mes de mayo por la Agencia Danesa de Protección Medioambiental (DEPA), que ha otorgado en este mes de marzo permiso para su avance y culminación.

La citada Ferrovial controla la firma cotizada polaca Budimex, que aportó en 2021 una cifra de negocio de 1.735 millones de euros, con un margen de explotación del 7,3% (5,8% en 2020) y más de 3.000 millones en cartera de obras. Acciona, por su parte, es titular desde 1999 de otra de las grandes constructoras polacas, Mostostal Warszawa. Ambas filiales sufren en Bolsa, junto a rivales locales como Mirbud y Centrum Nowoczesnych, ante el contagio por un conflicto cuya duración es impredecible.

• Este instrumento, que también incide en la aportación de valor de esta actividad a la sociedad, estará listo a lo largo del primer cuatrimestre

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades está trabajando en la elaboración de un ‘Plan de cadena de valor Crece Industria del Sector Cementero’, que busca transformar la actividad y apuesta por la sostenibilidad ambiental, la digitalización, la integración en cadenas globales y la construcción sostenible e industrializada como principales objetivos. El objetivo es que pueda estar culminado en el primer cuatrimestre del año.

Este instrumento realizará un diagnóstico del sector y recogerá una hoja de ruta con propuestas de actuación para su desarrollo a corto y medio plazo. Su impulso se realizará en colaboración con los agentes económicos y sociales más representativos, entre los que destacan la Agrupación de Fabricantes de Cemento Artificial de Andalucía (AFCA) y con los agentes económicos y sociales CCOO, UGT y CEA, con quienes la Junta conformará un grupo de trabajo encargado de su diseño y seguimiento.

La medida forma parte del Plan de acción CRECE Industria 2021-2022, aprobado el pasado ejercicio, que articula la política de la Junta en la materia y tiene como objetivo diferenciar a Andalucía como una región industrial y fomentar su convergencia con la media nacional en esta actividad. Para ello abarca 32 cadenas de valor de bienes y servicios industriales, que involucran a los principales ámbitos de desarrollo industrial en Andalucía. Entre esas cadenas, la del cemento es una de las prioritarias junto con la del mármol y la piedra natural.

El impulso de esos planes específicos referidos a las diversas cadenas de valor permitirá aterrizar las medidas de fomento de desarrollo industrial en el territorio, mediante una visión integral que incluye el ciclo de vida completo de los bienes o productos industriales.

Para elaborar el plan sobre el sector cementero se recogerá información cuantitativa y cualitativa, con el fin de conocer la situación actual y detectar sus problemas, necesidades y retos, teniendo en cuenta las tendencias nacionales e internacionales y desde un punto de vista social, económico y medioambiental. Este análisis se llevará a cabo sobre cada uno de los eslabones incluidos en la cadena de valor, prestando especial atención a cómo aprovechar los recursos andaluces y cómo se deben reforzar o completar.

Propuestas contempladas en el plan de la cadena de valor del cemento

Las futuras acciones de fomento actuarán como revulsivo para favorecer la transformación industrial de este segmento y propiciar su salida de la crisis de la Covid-19 desde una posición reforzada. El paquete de medidas responderá a cuatro grandes fines: sostenibilidad ambiental, digitalización, construcción sostenible e industrializada y responsabilidad social.

En materia de sostenibilidad ambiental, los tres ámbitos de ámbitos sobre los que se actuará son la neutralidad climática, la economía circular y el fomento de la biodiversidad. En este capítulo se buscará la neutralidad en las emisiones de CO2 en 2050 y el desarrollo de soluciones integrales de reutilización de residuos, unos objetivos que abarcan a toda la cadena de valor del cemento, desde el proceso de fabricación del clínker, el cemento y el hormigón hasta los procesos de su aplicación en la construcción, así como a lo largo de su vida útil.

En lo relativo a la transformación digital, se persigue impulsar la conexión de los procesos mejorando la productividad y competitividad de todos los actores. Para ello será necesario el procesamiento de datos en masa, la capacidad de conexión en tiempo real, la producción personalizada bajo demanda y un referencial de fábricas inteligentes. Además del uso de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y la robótica o el internet de las cosas, entre otras.

En cuanto a la construcción sostenible e industrializada, se incide en el fomento de las aplicaciones del hormigón al servicio de la mejor eficiencia térmica de los edificios, la mejora del entorno urbano, la calidad y la seguridad de la construcción, su mayor reutilización, así como la medición de su sostenibilidad.

El plan plantea, en el área de responsabilidad social, una integración real de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las actividades de las empresas del sector. Tiene como finalidad el respeto por el bienestar de las personas y el fomento del empleo de calidad.

Sector cementero andaluz, más resiliente que la industria nacional

La industria del cemento en Andalucía emplea a 542 personas de forma directa y a más de 1.500 personas de forma indirecta, si bien los sectores asociados, como el del hormigón o los prefabricados de hormigón, emplean en su conjunto en la comunidad a más de 4.000 personas.

Esta actividad tiene un importante impacto en la generación de empleo local y de calidad, dado que el 95% del trabajo creado es indefinido y el 60% de las fábricas de la región se ubican en localidades de menos de 75.000 habitantes (tres de ellas en poblaciones con menos de 8.000 habitantes). Por tanto, este sector aporta a las zonas de baja densidad de población una fuente estable y duradera de empleo, contribuyendo a resolver un desafío socioeconómico y demográfico complejo.

En Andalucía, el segmento está formado por siete fábricas integrales, con una capacidad actual de producción anual de clínker de 5,2 millones de toneladas. En la región, tanto la producción de clínker como la de cemento han sufrido un descenso continuado durante los últimos ejercicios, debido principalmente a la grave crisis sufrida por la construcción desde el año 2008, la paralización de la obra pública, la ralentización de la edificación y un descenso continuado de las exportaciones de clínker y cemento.

La industria cementera andaluza está mostrando un comportamiento más resiliente que el observado en el conjunto de España. Así, en un entorno económico especialmente difícil para el sector, en 2019 creció la inversión superando los nueve millones de euros, y ello a pesar de que las exportaciones de cemento y clínker pasaron de 1,8 millones de toneladas en 2018 a 1,2 en 2019, creciendo ligeramente en 2020.

Como en el conjunto de España, en Andalucía esta situación tan adversa en las exportaciones es debida a la pérdida de competitividad que sigue sufriendo dicha industria, fundamentalmente debido, entre otros factores, al ascenso de los precios de los derechos de emisión de CO2. También a las restricciones a la valorización energética de algunas fábricas andaluzas, que deben competir con otras fábricas del arco mediterráneo en desigualdad de condiciones; o al aumento de los costes energéticos soportados, que llegan a superar en un 30% al de algunos países del entorno.

• Jerónimo Parra adelanta los detalles del evento reivindicativo de este jueves en Vera

La última fecha ofrecida por el Gobierno de España para la llegada del AVE a la provincia de Almería fue la de 2026. Cuatro años en los que se tendrían que materializar todos los tramos de la alta Velocidad, cuya puerta de entrada a la provincia será la comarca del Levante Almeriense.

Ese es uno de los motivos por los que el municipio de Vera acogerá este jueves el segundo acto reivindicativo de la plataforma ‘Almería Objetivo AVE’. Antes del encuentro reivindicativo, el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, ha adelantado en la Cadena SER Levante algunos detalles de la convocatoria, a la vez que ha mostrado su confianza en que se cumpla el plazo ofrecido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Para el también presidente del Grupo Parra, aún es “técnicamente es posible que el AVE llegue en el 2026” siempre y cuando “todo vaya como debe ir”, lo que significa que “necesitamos que se sigan cumpliendo los hitos que en su día nos prometió la secretaria de Estado”.

Hasta ahora, según el empresario antuso, se han cumplido todos los plazos comprometidos en los últimos años como ha sido el caso de la “adjudicación del tramo Pulpí-Lorca”; el corte de “las vías entre Murcia, Lorca y Águilas” para que se pueda realizar los trabajos y el comienzo de las obras “en la salida de la Estación del Carmen de Murcia hacia Almería”.

Sin embargo, el dinero gastado por el Estado para la Alta Velocidad en los primeros meses de este 2022 preocupa al presidente del organismo empresarial, ya que del presupuesto previsto por el Gobierno “de 340 millones de euros para los tramos de Almería” no se han gastado hasta el momento “más de 5 millones”, cuando deberían haberse desembolsado “casi 30 millones”.

“Conforme vayan pasado los meses y no es gaste ese dinero lo vamos acumulando y llegará un momento en el que técnicamente no será posible invertirlo en tan poco tiempo. Por eso nuestra petición es que esas obras se agilicen“, ha expresado Parra antes de pedir igualmente que se comiencen con urgencia las obras en el tramo urbano de Lorca, imprescindible para la llegada de la Alta Velocidad a la provincia.

Acto reivindicativo en Vera
De cara a este jueves, el municipio veratense vivirá el segundo acto de la plataforma #AlmeríaObjetivo AVE tas el celebrado en la capital almeriense hace seis meses.

Durante este acto al que están invitados empresarios, patrocinadores, sociedad civil y medios de comunicación, se podrá observar el estado de las obras kilómetro a kilómetro gracias a las grabaciones realizadas y se visitará una zona “junto al trazado del AVE” próxima a la estructura del río Antas. Según Jerónimo Parra, se tratará de un “acto reivindicativo potente” pero que también “será bonito”.

• Crespo anuncia que en dos semanas comenzarán los trabajos en la depuradora de Cuevas del Almanzora que permitirá contar con ocho hectómetros cúbicos más

A finales del mes de octubre está previsto que se den por concluidas las obras de emergencia de mejora de la garantía de abastecimiento en los municipios del Valle del Almanzora. Para su ejecución, la Junta de Andalucía ha movilizado casi 6,8 millones de euros con el objetivo de mejorar el sistema de bombeo utilizado en las instalaciones existentes de la conducción El Saltador-Embalse de Cuevas y su conexión con la conducción del trasvase del Negratín-Almanzora para elevar el agua que demande la población hasta la balsa de Tíjola.

Estos trabajos se realizan con previsión para que sigan siendo efectivas ante un posible aumento de la población, del sector hotelero, de las industrias y de los polígonos industriales en el futuro. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo y el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, visitaron ayer los trabajos que se realizan en la localidad a los que se sumarán 1,3 millones de euros más para reducir posibles pérdidas de agua en el desagüe de la presa del pantano del municipio y minimizar las filtraciones que puedan registrarse.

El origen de los recursos que sirven para abastecer a 27 municipios del Levante, Bajo y Medio Almanzora son el Cuevas del Almanzora, la desaladora de Carboneras y los trasvases del Negratín-Almanzora y del Tajo-Segura. Sin embargo, dada la escasez de recursos hídricos que se registra en la actualidad, la garantía de abastecimiento a esta población descansa prácticamente en los recursos desalados. Por esta razón, las obras impulsadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible tienen gran importancia, ya que permitirán bombear el agua necesaria por encima de la cota del embalse, incluyendo tanto recursos de la presa, como procedentes de la desaladora o de la activación de los pozos del Pelotar.

Crespo anunció que en solo 15 días comenzarán las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cuevas del Almanzora, que cuentan con una inversión de 7,6 millones de euros. «Un paso adelante que permitirá tener una fuente hídrica adicional a través del aprovechamiento de las aguas regeneradas en el levante almeriense», comentó la consejera, que recordó que la Junta está movilizando una importante cantidad de recursos económicos para contar con 8 hectómetros cúbicos de estas aguas en Almería.

Por su parte, Fernández agradeció «la urgencia con la que se va a acometer esta importante obra» de la que se beneficiarán más de 130.000 usuarios. «Tenemos una situación excepcional con el agua y es de agradecer que las administraciones, y en este caso la Junta de Andalucía, actúen con la rapidez que se necesita», apuntó.

A estas labores se suman además los trabajos previos a la adjudicación de obras de prevención y gestión de catástrofes en las presas de Cuevas del Almanzora y Benínar, que tendrán asignado un presupuesto inicial de 11 millones de euros. Y a nivel provincial, el Gobierno andaluz trabaja también en la eficiencia energética (162.000 euros) y el mantenimiento (1,9 millones de euros) de las presas almerienses.

La titular de Agricultura andaluza volvió a insistir en que aún continúan pendientes las obras relativas a las desaladoras almerienses de Carboneras, Bajo Almanzora y Campo de Dalías y apostó por aprovechar los fondos Next Generation «para ejecutar con mayor rapidez las obras de interés general del Estado» pendientes en la Comunidad Autónoma. Además, entre las peticiones del Gobierno andaluz al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se encuentra también la aprobación del uso de los recursos de la desaladora de Torrevieja para la zona norte de Almería.

• Un notable aumento de ingresos por transferencias del Estado compensará unos gastos que crecen a partes iguales entre el pago de la deuda y el gasto corriente

El presupuesto que ha elaborado el equipo de gobierno y que por primera vez desde la llegada del alcalde tiene la oposición antes de ir al Pleno crece diez millones de euros respecto al de 2020, aún en vigor, elevando el montante económico municipal hasta los 175,6 millones de euros. Un crecimiento notable (del 6%, en concreto) que no supondrá en la práctica grandes mejoras, novedades o avances pero que permitirá afrontar los gastos que asoman en este ejercicio económico.

El crecimiento de diez millones en el capítulo de ingresos se logra a pesar de disminuir la previsión de partidas importantes como la de impuestos (que cae dos millones de euros respecto a 2020) y la de tasas y precios públicos (que pasa de 19,4 millones a 17,9 millones); todo ello posiblemente como consecuencia de la crisis derivada del Covid que ha afectado a las tasas e impuestos vinculados a muchas actividades que han finalizado desde aquel presupuesto de 2020 a la actualidad. Frente a estos datos negativos, el Ayuntamiento ha previsto un incremento nada menos que de 12 millones de euros en las transferencias de capital del Estado, alcanzando los 66,5 millones que se sumarían a los 8,9 millones procedentes de la Junta de Andalucía.

Este aumento de más de diez millones de euros en el capítulo de ingresos tiene dos destinos casi directamente vinculados en el cuadro de gastos. De un lado, 5 millones de euros servirán para afrontar el incremento de los pagos de la deuda a los bancos que tiene que asumir este año el Ayuntamiento. En este sentido, ya apuntaba la Intervención General en 2020, cuando se presentó el actual presupuesto, que “ha de tenerse en consideración que a partir de 2022 el Ayuntamiento tendrá que comenzar a afrontar los pagos de los préstamos correspondientes a los Planes de Proveedores, lo que le obligará a reducir el volumen de otros gastos por tener que incrementar las amortizaciones en 5,12 millones de euros”. Ese momento ha llegado, y así lo contempla el borrador del presupuesto, que incrementa el capítulo 9 (pasivos financieros) de 7,1 a 12,1 millones de euros. Un 40% de incremento, nada menos, en el pago de deuda a los bancos.

El destino de los otros 5 millones es todavía más llamativo, ya que se vincula directamente al gasto de funcionamiento del propio Ayuntamiento, que pasará de 52,9 millones en 2020 a los 57,8 millones presupuestados este ejercicio. Todo lo que necesita el Ayuntamiento y su cuerpo de funcionarios para realizar su trabajo y prestar el servicio debido se incluye en esta partida, excluyendo el gasto vinculado a personal, que también se eleva 2,2 millones de euros respecto al último presupuesto, hasta situarse en los 53.255.700 euros.

• La subida se nota en varios componentes como el aluminio procedente de Ucrania, que constará un 30% más

La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Jaén ha planteado a las administraciones “una revisión de los precios” en las obras licitadas ante la “inaguantable” escalada que sufren en materias primas y energía.

• Afirma que no hay ningún informe de la Junta que ponga reparos a este desarrollo que contempla la construcción de 10.000 viviendas

La denuncia del candidato popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, sobre los problemas que arrastra la tramitación del nuevo barrio del Pítamo, donde hay previstas unas 10.000 viviendas, ha cogido por sorpresa al equipo de Gobierno, que ha negado que haya que volver al inicio por no haber realizado una evaluación ambiental. Fuentes municipales dejan claro en declaraciones a ABC que «este proyecto no se va a parar en ningún caso».

Las fuentes consultadas aseguran que «no existe ningún informe de la Junta que diga que hay que volver a empezar la tramitación» y que la interpretación que ha hecho el líder del PP «no la comparte ningún miembro de la junta de compensación, que aprobó por unanimidad el pasado mes de enero el desbloqueo de esta bolsa de suelo».

El único documento que pone reparos al desarrollo de este nuevo barrio, según el equipo de Gobierno municipal, «es el de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que es uno más de los miembros de esa junta de compensación« en la que están Emvisesa, la Gerencia de Urbanismo, el Banco Santander y la Sareb. Y recalcan que «aquel informe se estudió y a pesar del mismo se decidió que se iban a urbanizar los suelos».

Interpretaciones diferentes

De la misma forma, el equipo de Gobierno considera que «si se aplicara el criterio que defiende Sanz ninguno de los desarrollos que se han desbloqueado en los últimos años hubiera salido adelante porque habría que volver a tramitarlos, pero no ha sido así» y ponen como ejemplo casos como el de Palmas Altas o Hacienda Rosario que ya están en ejecución.

Las fuentes municipales hacen hincapié en que «si hay una aprobación inicial en 2014 y la norma es de 2015 no se puede ver afectado, porque no se aplica con carácter retroactivo». Y sobre el hecho de que carezca de evaluación ambiental, también aclaran que sí tiene informes de este tipo, pero eran los que se requerían en aquel momento. Por tanto, el trámite seguirá su curso con el periodo de alegaciones en el que se encuentra actualmente y la aprobación definitiva que se espera que esté terminada de aquí a final de año.