• La consejera reclama en Madrid al Gobierno central una bonificación del agua desalada y que permita la utilización de la desaladora de Torrevieja para surtir al Levante almeriense

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mantenido este jueves una reunión con la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Jesús Rodríguez de Sancho, para analizar, entre otros asuntos, la situación de sequía que padece la comunidad andaluza y pedir la puesta en marcha de las obras hidráulicas competencia del Estado que necesita Andalucía.

Carmen Crespo ha pedido al Ministerio a aprovechar la declaración de excepcional sequía de la Junta para ejecutar sus obras pendientes en Andalucía “lo más rápido posible”. Se trata de “actuaciones tan necesarias” como la ampliación de la desaladora de Carboneras, la puesta en marcha de la desaladora del Bajo Almanzora, la ampliación de la del Campo de Dalías, sendas desaladoras en La Axarquía y Marbella, así como la ejecución presa de Gibralmedina, en el Campo de Gibraltar. Sin olvidar las canalizaciones de la presa de Rules, las actuaciones pendientes en la presa de Siles o el trasvase del Tinto, Odiel y Piedras y la presa de Alcolea en la provincia de Huelva, entre otras infraestructuras hidráulicas prioritarias.

La consejera ha trasladado, además, al Ministerio su preocupación por el elevado coste del agua desalada y, por ello, ha pedido al Estado que estudie una bonificación de su precio para Andalucía, como ya hicieron para Canarias en 2020, con una ayuda de 8,5 millones de euros. En este sentido, Crespo ha lamentado que “el precio del agua desalada es el triple que el de cualquier otro recurso hídrico”. En este contexto, la consejera ha demandado la posibilidad de utilizar la desaladora de Torrevieja para dar servicio al Levante de la provincia de Almería.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha trasladado al Ministerio también la necesidad de que se utilicen los fondos Next Generation para poner en marcha las obras hidráulicas necesarias para la comunidad andaluza. Crespo ha recordado que “la Junta se ha adelantado, con el decreto de sequía que pusimos en marcha el año pasado y que ahora vamos a ampliar”, a la par que ha resaltado que “tenemos todas las obras de emergencia de interés de la comunidad en marcha”. A este respecto, la consejera ha remarcado que la ejecución de las obras de emergencia suman una inversión de casi 18 millones de euros y ha anunciado que la ampliación del decreto de sequía supondrá “contar con muchísimos más recursos debido a la situación de sequía pertinaz que estamos sufriendo”.

Crespo ha puesto el acento en que “en momentos excepcionales hay que poner en marcha medidas excepcionales”. Un claro ejemplo de ello es la apuesta del Gobierno de Andalucía por el aprovechamiento de las aguas regeneradas, en concreto 43 hectómetros cúbicos en las cuencas intracomunitarias de su competencia y que suponen el 33% del total, mientras que el 67% restante corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y, por lo tanto, competencia del Ejecutivo central.

Doñana

Por otra parte, Carmen Crespo también ha explicado que en la reunión celebrada hoy en el Ministerio para la Transición Ecológica se ha abordado el futuro de Doñana. En este sentido, la consejera ha hecho hincapié en la necesidad de que, tanto el Gobierno de España como el de Andalucía, al ser las dos administraciones con gestión en el parque, colaboren para poner en marcha las inversiones que se requieren.

Así, la consejera ha apostado por la colaboración a la hora de acometer el que ha denominado Plan Doñana futuro, al tiempo que ha resaltado que en el último Consejo de Gobierno, celebrado el martes pasado en La Rábida (Huelva), se ha aprobado una partida de 6,6 millones de euros para actuaciones destinadas de forma específica a mejorar la biodiversidad en el Espacio Natural de Doñana.

Balerma

Por último, Crespo ha explicado que ha aprovechado la reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica para trasladar la petición expresa del Gobierno de Andalucía de que se lleve a cabo una “actuación urgente en el litoral de Balerma”. La consejera ha indicado que esta zona de la costa almeriense tiene el mar cada vez más próximo a las viviendas y que, como ha lamentado, “la aportación de arena se ha demostrado insuficiente”. Una situación que el propio presidente, Juanma Moreno, tuvo la oportunidad de comprobar recientemente de la mano de los propios vecinos.

El nuevo espacio de más de 2.680 metros cuadrados distribuido en un sótano, tres plantas y la zona de azotea, se convertirá en un moderno e innovador centro de negocios que albergará la nueva sede de la empresa mixta Codeur, un coworking empresarial, salas de formación, entre otros usos municipales.

El ayuntamiento de Vera a través de la empresa mixta Codeur ha sacado a licitación las obras del edificio adjunto a las casas palaciegas ubicado en la Plaza Tomás de Haro de la localidad por un importe de 1.761.135,91€.

Los trabajos consistirán en acondicionar la edificación que en la actualidad se encuentra en estructura, con la finalidad de diseñar un edificio municipal que ofrezca a la ciudad un nuevo espacio administrativo y urbano, generando la posibilidad de crecimiento y transformación de uso en un mismo inmueble municipal.

Este nuevo centro de negocios y servicios empresariales en pleno corazón de Vera será un edificio singular, eficiente, de avanzado diseño y altas prestaciones espaciales, con una superficie superior a los 2.600 metros cuadrados distribuido en sótano, tres plantas y azotea.

En el sótano se pretende desarrollar un espacio modular de más de 650 metros cuadrados destinado a salas de formación, reuniones y usos múltiples.

La planta baja de más de 607 metros cuadrados, además del loby y la zona principal de acceso al edificio albergará las nuevas y modernas oficinas de la empresa mixta Codeur que tiene previsto trasladar su sede a este nuevo espacio municipal, una vez finalizadas las obras.

En la planta primera, el consistorio veratense tiene previsto desarrollar un novedoso espacio de coworking de casi 700 metros cuadrados en lo que será el mayor centro de estas características de toda la provincia. “The Work Club” como pasará a denominarse, será un espacio innovador, dinámico y moderno que aunará actividades relacionadas con la cooperación empresarial, la formación especializada y la innovación, convirtiéndose así en el nuevo referente empresarial de la zona, acogiendo a trabajadores tanto extranjeros como nacionales que buscan aumentar su calidad de vida teletrabajando desde el municipio. Un paso más en el camino iniciado por el Ayuntamiento de Vera para posicionar al municipio como “ciudad de teletrabajo”.

La segunda planta del edificio de más de 655 metros cuadrados albergará oficinas y dependencias municipales.

Por otro lado, la cubierta o azotea con una superficie útil de casi 90 metros cuadrados se convertirá en un espacio “multiusos” para presentaciones, encuentros y reuniones al aire libre.

Los criterios de adjudicación valorarán hasta con 65 puntos a aquellas empresas que ofrezcan mejoras en la eficiencia energética del edificio, con la posibilidad de ofertar una instalación fotovoltáica para autoconsumo por exedentes, un sistema de gestión y tomas de recarga. También se tendrá en cuenta hasta con 15 puntos las propuestas de los licitadores que mejoren el tiempo máximo de ejecución de la obra que establece un plazo máximo de los trabajos de once meses. Por su parte el proyecto de la obra que dependerá de un juicio de valor tendrá una puntuación máxima de 20 puntos en la licitación.

Todas las empresas interesadas en participar en la licitación podrán descargarse los pliegos en el perfil del contratante de la web www.codeur.es y podrán realizar consultas sobre el proceso de manera presencial en la sede de Codeur en la Calle Mayor 22 de Vera o a través del correo electrónico info@codeur.es.

• La vivienda se encarece un 3,7% de media en 2021
• El precio registra 31 trimestres consecutivos de alzas

El precio de la vivienda encadena ocho años consecutivos de subidas, cerrando 2021 con un ascenso medio del 3,7%. Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta subida supera en 1,6 puntos porcentuales la alcanzada en 2020 (2,1%), aunque todavía es inferior a las tasas que se registraron en los años previos al estallido de la pandemia sanitaria.

Hay que remontarse hasta 2014 para ver el inicio de esta tendencia alcista, año en el que se registró un repunte medio anual del 0,3%. En los ejercicios posteriores, las subidas aceleraron hasta el 3,6% en 2015, en 2016 hasta el 4,7%, en 2017 hasta el 6,2% y en 2018 hasta el 6,7%. Esa tendencia de aceleración se frenó en 2019 y 2020, cuando los precios subieron un 5,1% y un 2,1%, respectivamente.

Previamente, entre los años 2008 y 2013, la tendencia en el precio de la vivienda estuvo marcada por los descensos, que llegaron incluso al doble dígito en 2012 (-13,7%) y en 2013 (-10,6%).

Por tipo de vivienda, la de obra nueva se encareció, de media, un 4,6% en 2021, su menor alza anual desde 2014. Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano subió en la media anual un 3,6%, lo que supone 2,2 puntos porcentuales más que en 2020, según las cifras del INE.

31 trimestres de alzas

En el cuarto trimestre del año pasado, el precio de la vivienda repuntó un 6,4% respecto al mismo periodo del año previo. Se trata de la mayor subida interanual en un trimestre desde los tres primeros meses de 2019 (6,8%), según los datos del INE. Así, con este último registro se cierran 31 trimestres consecutivos de alzas.

Se trata de una subida “significativa”, tal y como señala María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, “que va acorde a la gran demanda por comprar vivienda que se ha generado tras el impacto del Covid-19 en España, aunque vemos que se está canalizando desde principios de año a muy buen ritmo con las compraventas cerradas”, añade. Para Matos es posible que mientras continúe esta intensidad en el mercado, “los precios sigan presentando incrementos, aunque no esperamos que sean ascensos muy acusados”.

Desde el portal inmobiliario destacan cuatro razones por las que el precio de la vivienda se resiste a bajar: la  demanda latente por mudarse a una casa que se ajuste más a las necesidades; la alta rentabilidad del activo inmobiliario como refugio para los inversores; las atractivas condiciones de financiación de los bancos a la hora de conceder créditos hipotecarios; y el cambio en las preferencias habitacionales de los individuos.

Por tipo de vivienda, la variación de la vivienda de segunda mano alcanza el 6,4% respecto al último trimestre de 2020, la más elevada desde el cuarto trimestre de 2018, mientras que la nueva se encareció un 6,1% en los últimos tres meses del año pasado. 

Respecto a esta última, Matos resalta que “la aceleración de la demanda sumada a los cuellos de botella en la cadena de suministros, la falta de mano de obra en el sector de la construcción y el encarecimiento del coste de los materiales son factores que empujan al alza el precio”.

• La Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, mantendrá un encuentro en Madrid para mostrar al Gobierno la «predisposición a colaborar» en la ejecución de las tuberías

Una delegación de cerca de 20 empresarios del litoral parte este jueves en un autobús para concentrarse a mediodía a las puertas del Parlamento de Andalucía. La Aecost, Cámara de Comercio de Motril, la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Ecohal y la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate exigirán al Gobierno andaluz ayuda y un compromiso firme para que intermedie en la ejecución de infraestructuras básicas como son las conducciones de la presa de Rules, un proyecto que depende del Ministerio de Transición Ecológica.

Esta protesta simbólica contara con el respaldo de parte del Ejecutivo que dirige Juanma Moreno, que intentará atender a los empresarios, así como de las diferentes fuerzas políticas y los parlamentarios granadinos.

Los espigones o el proyecto para el tren Granada-Motril son otras de las reivindicaciones clave para los empresarios. A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a comenzar las obras de Rules y las defensas del litoral en 2022 y 2023 respectivamente, planes que administraciones de uno y otro signo político habían dejado «olvidadas», los empresarios seguirán haciendo presión «hasta el final».

A su vez, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, mantendrá un encuentro con el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, en Madrid para mostrar la predisposición de colaborar en las obras de las conducciones de Rules, «si así lo pide el propio Ministerio». Crespo «siempre» ha tendido la mano para tratar de ayudar a que infraestructuras hidráulicas, declaradas de interés general del Estado y aún pendientes de ejecutar por el Gobierno de España, puedan ejecutarse lo antes posible. Y más aún ante la sequía que afecta a zonas de la comunidad. Es el momento de actuar con altura de miras y de colaborar entre las administraciones ante una situación de sequía que afecta a la ciudadanía y a los sectores productivos.

• Carazo considera que el Ejecutivo no debe “desaprovechar” la oportunidad para financiar esta y otras partes del ferrocarril

• La consejería terminó recientemente el asfaltado de parte de la A-92

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha manifestado este miércoles ante el Pleno del Parlamento andaluz que el Gobierno de España “no debe desaprovechar la extraordinaria dotación de recursos europeos que se han dispuesto con los fondos Next Generation, el Plan React/EU o el próximo Programa Operativo Feder” para mejorar los servicios ferroviarios en Andalucía, en especial el desarrollo del tramo del Corredor Mediterráneo que conecta Almería-Granada.

Según Carazo, Adif ha adelantado un avance del estudio funcional, que aún debe finalizarse y transformarse en proyecto de construcción para abordar la ejecución de la obra, mientras que el ministerio insiste en “no iniciar estas obras hasta que el AVE llegue a Almería, sin intentar analizar alternativas para solapar ambos tramos y agilizar la ejecución“.

“Nada se sabe aún –ha añadido- -de la puesta en servicio del cambiador de ancho de vía ejecutado en Cerrillo Maracena para anticipar una mejora de la conexión entre Almería y Madrid, combinando el paso por la vía de ancho convencional Almería-Granada con el tramo LAV Granada-Antequera y en el caso del tramo del Corredor Mediterráneo que conectará Granada con Antequera/Bobadilla, persisten las dudas sobre el diseño final que el Ministerio quiere adoptar”, ha expuesto la consejera.

Tramo Almería-Murcia

Más allá del granadino, la consejera ha explicado que el tramo Almería-Murcia, no acaba de adquirir la velocidad de crucero que se requiere para que se cumpla el plazo prometido por el Ministerio de Transportes, el año 2026. “Si bien es cierto que se han iniciado, recientemente, las obras del tramo que conectará Almería con Murcia (Pulpí-Lorca), el avance en el resto de tramos por la provincia almeriense sigue siendo bastante lento. Así lo ponen de manifiesto las plataformas por el ferrocarril, empresarios y los propios medios de comunicación locales, que lo denuncian de manera recurrente”, ha indicado.

“El resultado que arroja la gestión estatal de las infraestructuras y servicios ferroviarios en nuestra tierra sigue ofreciendo muchas más sombras que luces”, ha lamentado la consejera, tras indicar que el avance de los tramos de los corredores transeuropeos para impulsar la actividad productiva, logística y la internacionalización de la economía, “siguen siendo muy lentos y están lejos de los objetivos marcados por Europa”.

Sobre el ramal central del Corredor Mediterráneo, según ha indicado, las conclusiones “no son más alentadoras”, ya que el tramo Bobadilla/Antequera-Algeciras, común a ambos corredores, “continúa sin disponer de un proyecto de construcción para el subtramo Ronda-Bobadilla, al tiempo que “su trazado del siglo XIX contiene pendientes nada aptas para el tráfico de mercancías”. Para la consejera, el Puerto de Bahía de Algeciras y su liderazgo merecen y necesitan soluciones técnicas más ambiciosas.

Corredor Atlántico

En cuanto al Corredor Atlántico, y al tramo de Alta Velocidad Sevilla-Huelva, Marifrán Carazo ha criticado “que seguimos con un estudio informativo en tramitación ambiental, así como una escasa o nula voluntad del Gobierno para su prolongación a la ciudad portuguesa de Faro”, mientras que tampoco se observa “un impulso decisivo a los nuevos accesos ferroviarios a puertos de interés general del Estado y a las áreas logísticas que se encuentran en su órbita, pese a que la Consejería de Fomento está acometiendo un esfuerzo inversor de 176 millones de euros en la Red Logística de Andalucía, que nos debe convertir en la Plataforma Logística del Sur de Europa”.

Asimismo, la consejera ha manifestado que los servicios convencionales de Media Distancia y Cercanías en Andalucía continúan siendo “una gran oportunidad perdida”. “De nada ha servido nuestra propuesta de revisión del mapa ferroviario de Andalucía que lanzamos al Ministerio al principio de la legislatura. Es más, han ido a peor”, según ha indicado la consejera, apuntando que hemos asistido a “la pérdida de servicios vertebradores como la Media Distancia Sevilla-Bobadilla-Granada-Almería, o a como se hacían más patentes los déficits en el servicio de cercanías de Málaga, que a pesar de ser el más rentable de España”.

Ha aludido además a las “promesas inciertas sobre la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla, cuyo estudio ha tenido que asumir la Junta para intentar impulsar su ejecución”, o acerca de la culminación del Metro Tren en Córdoba.

• El inmueble alberga 12 viviendas que todavía no han salido a la venta pero para las que ya hay lista de espera

La Alameda Principal de Málaga se queda sin solares. El único con el que contaba hasta ahora, en la esquina con la calle Torregorda, ha sido ocupado ya por un edificio de viviendas levantado en los últimos tres años. Hace más de una década que sus promotores iniciaron los trámites para construirlo, pero la crisis y las obras del metro lo frenaron hasta que finalmente ha sido realizado en plena pandemia.

Con diseño del arquitecto Juan Carlos Cruces, tiene una altura de planta baja más cuatro y ático en su fachada sur para ocultar la medianera el inmueble existente junto a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Alberga 12 viviendas y dos plantas de sótano para 12 aparcamientos, además de un amplio local comercial en su planta baja.

Tras este proyecto se encuentra la empresa local Promociones Irene que todavía no ha sacado las viviendas a la venta, aunque ya tiene una lista de espera de interesados en adquirirlas. «Hemos hecho cambios para mejorar las calidades y todavía no se ha puesto precio a los pisos», ha explicado Juan Carlos Cruces, quien ha detallado que todavía quedan espacios del interior por terminar como la escalera. «Calculo que quedarán unos dos meses de obra», ha precisado, si bien ha aclarado que la valla metálica que todavía rodea al edificio se retranqueará para la Semana Santa, de forma que las cofradías no tengan problemas para pasar por este espacio del recorrido oficial. «Ya lo hemos hablado con el presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, y no va a haber problema», ha asegurado.

En la fachada del edificio llaman la atención la herrería de los balcones, a modo de interpretación contemporánea de elementos similares en inmuebles históricos del Centro; y las terrazas circulares en negro de la esquina. Inicialmente estaba previsto que tuviera dos colores, beige y marrón, pero finalmente se ha pintado solo en beige, a excepción de los elementos en negro.

• Quienes quieran desarrollar en parcelas residenciales el uso de equipamiento privado deberán ajustarse a las mismas condiciones de edificabilidad, posición y forma que si construyeran viviendas o edificios terciarios

El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla ha aprobado este miércoles trasladar al pleno, para que a su vez apruebe de manera inicial, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) puesta en marcha para poder eliminar el plus de edificabilidad que permite para nuevos edificios que se construyan como equipamientos y servicios públicos en parcelas que no tienen esta calificación urbanística pero admiten dichos usos como compatibles por las condiciones particulares de la zona. Un matiz que está permitiendo que se promuevan y construyan residencias de estudiantes, por ejemplo, en la avenida de la Palmera, Reina Mercedes y su entorno, obras que están causando una profunda polémica por el impacto estético que provocan en esta zona meridional de la capital andaluza.

En algunas áreas residenciales de baja densidad edificatoria en la ciudad, como Reina Mercedes-La Palmera u otras zonas en las que predominan las viviendas unifamiliares aisladas, la aplicación de las condiciones ventajosas vigente desde 2006 para nuevos edificios dotacionales permitido por el PGOU ha ocasionado una distorsión del paisaje urbano, al disponer los edificios que se construyen para nuevos equipamientos de unas condiciones edificatorias distintas a las de su entorno inmediato, que se traducen en mayor ocupación, edificabilidad y volumetría en cuanto a la edificabilidad permitida para los de uso residencial.

«Para detener esta tendencia a la construcción de grandes equipamiento bajo estas condiciones ventajistas», apunta el Gobierno local, el pleno municipal aprobó el 17 de junio de 2021 iniciar los estudios y trabajos para una modificación puntual del PGOU que elimine este incentivo de edificabilidad que se permite para equipamientos privados en suelos residenciales. De esta forma, aquellos promotores que quieran desarrollar en estas parcelas el uso permitido de equipamiento privado (una residencia de estudiantes o una clínica privada, por ejemplo), deberán ajustarse a las mismas condiciones de edificabilidad, posición y forma que sí desarrollarán los usos residenciales o terciarios, respetando por tanto en su caso las condiciones de baja densidad edificatoria para estos ambientes.

Autorizaciones y licencias, paralizadas

Junto con este inicio de los trabajos se aprobó también en el pleno suspender cautelarmente por el plazo de un año en todo el término municipal de Sevilla las autorizaciones y licencias urbanísticas para implantación de equipamientos y servicios públicos en parcelas que se aplicaran esta condición ventajosa del PGOU que se pretende anular, de manera que no puedan seguir acogiéndose a estos beneficios. «Después de más de década y media desde su aprobación y tras un análisis de la evolución del desarrollo urbanístico de algunas zonas de la ciudad, donde los nuevos equipamientos entran en colisión con el entorno, el gobierno municipal elimina el incentivo de edificabilidad contemplado en el PGOU para las nuevas construcciones y frenar la distorsión de la imagen del conjunto de esas zonas», ha argumentado el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores.

Como resultado de este cambio normativo se produce una nueva redacción del artículo 6.6.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU, especificándose que los nuevos edificios para Equipamientos y Servicios Públicos dispondrán de sus condiciones específicas sólo en parcelas que el planeamiento destina para ellas, eliminando expresamente el apartado 2 de dicho artículo que especificaba que estas condiciones también serían de aplicación en aquellos lugares que, aún sin tener calificación expresa de equipamiento, se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos (plus de edificabilidad).

De igual forma, en el caso de las edificaciones destinadas a equipamientos que se hallan ya construidas en parcelas que no tienen dicha calificación urbanística, el nuevo texto puntualiza que podrán mantener sus condiciones edificatorias en tanto en cuanto se mantenga el uso dotacional. En caso de solicitarse un cambio de uso, la edificación deberá ajustarse a las condiciones edificatorias establecidas en el Plan General para su Zona de Ordenanzas.

En este punto y tras constatarse por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía que, en virtud de la nueva Ley de Impulso a la Sostenibilidad de Andalucía no es necesario someter el documento de modificación puntual del PGOU a Evaluación Ambiental Estratégica, se remite para su aprobación inicial al próximo Pleno municipal. Se pone así fin a esta condición ventajosa para estos casos particulares, que se introdujo en su día como novedad por el PGOU de 2006 con la intención de incentivar en ese momento la construcción de equipamientos y servicios públicos en estas áreas frente a proyectos residenciales, pero que después de 15 años el desarrollo de estos equipamientos se considera cubierto. Se acaba por tanto con este incentivo de edificabilidad que ha concedido hasta ahora el PGOU para esos supuestos, igualando las condiciones de edificabilidad a las de cualquier edificio residencial o terciario que se impulsara en estas parcelas, preservando así las condiciones edificatorias de los distintos ámbitos urbanos de la ciudad.