• La patronal andaluza advierte de despidos drásticos y cierres si no hay medidas
• La situación, arrastrada desde mayo pasado, se ha agravado por la guerra
• Ya hay desabastecimiento de algunos materiales básicos en las obras

CEACOP, la patronal de la construcción en Andalucía, advierte de que las empresas del sector de la obra pública, en su mayoría pymes, se verán obligadas a drásticas reducciones de plantillas e incluso alguna deberá cerrar si no se toman medidas urgentes desde las administraciones que mitiguen la crisis derivada tras la subida extraordinaria, imprevisible y sostenida en el tiempo de los precios de los costes de los materiales, los combustibles y la energía. En un comunicado, los constructores citan infraestructuras que hace apenas unos meses se adjudicaron por un millón de euros, y que presentan un coste actual de ejecución de hasta un 30% superior al importe previsto en su momento.

La crisis de costes se ha agravado de manera exponencial debido a la guerra de Ucrania, aunque desde mayo del año pasado, CEACOP viene vaticinando que esta situación podría producirse, sin que las administraciones hayan hecho nada al respecto.

Dicho encarecimiento se ha multiplicado en los últimos meses, con especial incidencia en el betún, el acero, la madera, el aluminio o el cobre, todos ellos materiales fundamentales en la construcción. De hecho, el problema es de tal magnitud que ya existe desabastecimiento de algunos de estos insumos.

Desfase ofertas-precios

Según la patronal, las empresas ya no pueden asumir esta subida de precios desmesurada e incontrolable. “Cuando se presentaron las ofertas, la coyuntura económica era distinta y, actualmente, nos encontramos con que los precios en el mercado no son los mismos que cuando se firmaron los contratos”, subraya la presidente de CEACOP, Ana Chocano Román, quien alerta de la paralización de numerosos proyectos a lo largo de los próximos meses.

“Las compañías -explica Chocano- estamos financiando las actuaciones, tenemos que comprar más caro, pero a nosotros nos van a pagar lo que se fijó en el precio de adjudicación. A ello hay que sumar un problema añadido: si nos retrasamos en la ejecución de las obras, se nos aplicarán penalizaciones, cuando es conocido por todos que hay materiales que no están llegando”.

“Pedimos -añade – que en los casos límite en los que la empresa no pueda afrontar la ejecución de las obras se negocien rescisiones de contrato de común acuerdo, dado que no son causas imputables al contratista, sino derivadas de una situación sobrevenida. En caso contrario, se pondrá en peligro la viabilidad de las compañías y el empleo de sus trabajadores”.

Un año sin medidas

CEACOP lamenta que, pese a que viene insistiendo desde hace casi un año en la necesidad de abordar este problema de manera inminente, no se han adoptado medidas y las que se han puesto en marcha ni siquiera sirven para paliar el problema.

En este sentido, desde la patronal andaluza critican que la única medida que ha implantado el Gobierno central llega tarde y no soluciona el problema existente en la región. El motivo es que, según el Real Decreto Ley 3/2022 publicado el 2 de marzo en el BOE, el número de contratos que pueden acogerse al mismo en Andalucía es mínimo, dado que tiene importantes limitaciones. Entre ellas, las más destacables son que solo se aplicará a aquellas obras que ya se estaban ejecutando en 2021 -dejando sin revisar las iniciadas en este año- o que no tiene en cuenta la subida del precio de la energía.

“Por ello, pedimos a la Junta de Andalucía que elabore su propio sistema de revisión, un modelo objetivo y eficaz que permita la justa ejecución de los contratos sin suponer la quiebra de las empresas. Igualmente, instamos a los ayuntamientos y diputaciones a que se acojan al mismo, dado que los entes locales no tienen definida su hoja de ruta y son titulares también de muchos de los contratos de obra pública”, recalca Ana Chocano.

Flexibilidad

CEACOP reclama que todos los órganos de contratación sean flexibles y autoricen suspensiones temporales de ejecución mientras se acuerda el mecanismo de reequilibrio de los contratos, pues, de otro modo, la crisis no solo afectará a las empresas y sus trabajadores, sino al conjunto de la ciudadanía al sufrir la paralización sine die de obras imprescindibles.

Otra medida que reclama la patronal andaluza de la construcción es la posibilidad de aplicar ERTEs especiales por esta causa imprevisible y de fuerza mayor, tal y como se hizo con algunos sectores durante la pandemia. Así, se evitaría la destrucción de miles de empleos, un hecho de especial gravedad en una comunidad que sufre una de las tasas de paro más elevadas de España.

Por último y ante esta crítica situación, CEACOP se plantea promover diferentes en las obras públicas de la región si las administraciones no toman medidas que permitan restablecer las condiciones de equilibrio económicos en los contratos públicos firmados.

• La asociación Acex advierte del riesgo de paralización de obras en el mantenimiento de infraestructuras

El sector de la conservación de infraestructuras, a través de la asociación Acex, ha mostrado esta mañana un profundo malestar con el Gobierno al verse excluido del mecanismo de revisión de precios habilitado para reequilibrar contratos públicos ante la inflación de los materiales de construcción.

La medida fue aprobada el 1 de marzo dentro del Real Decreto Ley 3/2022 para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera. Es en las disposiciones adicionales donde aparece la compensación excepcional en contratos públicos de obra, pero no de servicios. Con ello, queda fuera el sector de la conservación integral, expuesto al encarecimiento de componentes como el aluminio, materiales bituminosos, cemento, plásticos, productos químicos, áridos y rocas, materiales siderúrgicos, etcétera.

Desde Acex, que recuerda que la actividad de sus asociadas es clave para garantizar la movilidad y seguridad, se ha demandado la rectificación del RDL para la inclusión de los referidos contratos de servicios en reconocimiento de su singularidad y ante una situación excepcional. También se ha criticado que la adopción del mecanismo de revisión de precios haya quedado a voluntad de Comunidades Autónomas y resto de Administraciones en los mismos términos, exluyendo los contratos de servicios, lo que a su juicio ahonda el problema.

El Ejecutivo está dispuesto a reequilibrar los contratos de obra en marcha siempre que el alza de precios exceda en su impacto el 5% del importe anual certificado de cada contrato en 2021 y no pase del 20% del importe de adjudicación. La imposición de esta horquilla tampoco ha gustado a las constructoras.

Además de compensarse contratos sin cláusula revisión de precios, también se hará con los que sí la incorporaron en sus pliegos, pero no están por encima del 20% de ejecución o no cuentan con dos años desde su formalización, requisitos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público.

La conservación de carreteras tuvo revisión de precios hasta la entrada en vigor de la Ley de Desindexación y actualización de la Ley de Contratos. A esta actividad se le aplicaba la actualización del IPC, pero la Ley de Contratos ya no lo permite a no ser que el plazo de amortización exceda los cinco años.

El sector de la conservación integral, según estimaciones de Acex, ejecuta unos 400 millones de euros en obras al año, por lo que un 20% de compensación máxima costaría no más de 80 millones a las arcas públicas.

Reunión a posteriori

El colectivo que lidera Pablo Sáez ha sido uno de los más activos en los últimos meses en la petición de la vuelta de la revisión de precios a los contratos públicos y el reequilibrio de los que no contaban con esta fórmula. A través de ella, la Administración reconoce ante las contratistas y paga la fluctuación del coste de los materiales de construcción. Sin embargo, se lamenta desde Acex, el Ministerio de Transportes ha desoído sus argumentos y una próxima reunión con el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, “no llegará a tiempo”. Esta se celebrará a primeros de abril.

Desde el sector de la conservación se pone de manifiesto que la escalada inflacionista, el sobrecoste de las materias primas, de combustibles y de energía es igual de importante en los contratos de obras que en los del cuidado de las infraestructuras.

También se advierte de un serio riesgo de paralización de servicios de conservación y mantenimiento de carreteras, “lo que puede menoscabar la calidad del servicio, comprometiendo la movilidad y seguridad de nuestras carreteras”, ha expuesto Acex a través de un comunicado.

• La patronal de la construcción en Andalucía prevé un parón en las obras públicas si las administraciones no toman medidas de manera inmediata

El 5% de los procesos de licitación de obra pública de la provincia de Córdoba en 2021 quedaron desiertos o se anularon por falta de candidatos a ejecutar la obra. Son los datos que maneja la patronal de la construcción en Andalucía, Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), cuya presidenta, Ana Chocano, advierte de una posible “paralización” del sector ante una escalada de precios inasumible.

En una entrevista con Cordópolis, Chocano apunta que las administraciones públicas adjudicaron en 2021 más de 200 millones de euros en obras públicas. No obstante, según sus cálculos, cada vez más procesos de licitación quedan desiertos ante la falta de interés de las empresas, que son incapaces de hacer frente a los costes, que están disparados, y ante los que la administración, afirma, “permanece inmóvil”. Esto ha llevado a que, según Chocano, el número de procesos de adjudicación desiertos en Córdoba sea un 30% mayor que en 2020.

Desde Ceacop denuncian que comenzaron a detectar este problema en mayo de 2021, que entonces se comenzó a comunicar a todos los órganos de contratación, pero que, lamentablemente, las primeras medidas no han aparecido hasta el 2 de marzo. Se refiere al Real Decreto Ley 3/2022 publicado por el Gobierno que, a su juicio, no sólo no mitiga el problema, sino que, en el caso de Andalucía, el número de contratos que pueden acogerse al mismo es mínimo.

En Andalucía, explica, las adjudicaciones se sitúan en 2.797 millones, una cifra que “lejos de suponer un dato positivo para el sector, supone que las tendrán que ejecutar las infraestructuras que se adjudicaron en 2021 con un incremento en los costes superior al 30%, lo cual supone pérdidas”.

Por ello, demandan al Gobierno Andaluz que elabore su propio sistema de revisión de precios, consensuando con las organizaciones un modelo objetivo y eficaz que permita la justa ejecución de los contratos sin suponer la quiebra de las empresas. “Las compañías estamos financiando las actuaciones, tenemos que comprar más caro, pero a nosotros nos van a pagar lo que se fijó en el precio de adjudicación”, recuerda Chocano, que recalca que, además, los retrasos en las obras están penalizados y la paralización de las mismas supone, en la práctica, no cobrar, ante la imposibilidad de certificación.

La presidenta de Ceacop reconoce que lo que está ocurriendo “no es solamente un problema de la administración”, dado que el propio mercado es el que está inflando los precios. No obstante, cree que la solución sí que pasa por las administraciones públicas. La alternativa, señala, es el cierre de muchas empresas y el despido de muchos trabajadores.

¿Cuántas empresas están en el aire en Córdoba? Chocano no quiere dar cifras, pues entiende que no es conveniente. En el caso de Córdoba, los primeros síntomas de enfermedad en el sector son visibles desde hace varias semanas, y desde Ceacop piden un plan de urgencia que de un respiro a las empresas que afrontan obras públicas con precios que no tuvieron en cuenta en ningún caso los efectos económicos de un conflicto como el de Rusia y Ucrania.

• El futuro centro se ubicará en un edificio, situado en los números 8 y 9 de la Plaza Mina, que ha sido cedido a SAS hace meses por parte de Patrimonio

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el anuncio de licitación del contrato de servicio para la redacción del anteproyecto, del proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de reforma del edificio que acogerá el nuevo Centro de Salud Mentidero de Cádiz así como la sede del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.

Según informó la Junta, el futuro centro se ubicará en un edificio situado en los números 8 y 9 de la Plaza Mina de la capital gaditana, en un inmueble que era propiedad de Patrimonio y que ya fue cedido al Servicio Andaluz de Salud hace unos meses.

La licitación tiene un presupuesto total previsto que asciende a 286.325,45 euros (IVA incluido) y será financiada con Fondos React-EU. La administración autónomica, además, ha detallado que las empresas interesadas tienen hasta el próximo 9 de abril para presentar las ofertas.

El nuevo Centro de Salud de Mentidero es «una prioridad» para la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, tal y como ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones la delegada territorial, Isabel Paredes, quien ha recordado que «ya se venía trabajando en poder mejorar las instalaciones dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias de la provincia».

En ese sentido, destacó «el esfuerzo realizado» por el Ejecutivo andaluz para que este proyecto «vea la luz cuanto antes y supone una mejora sustancial en la atención y accesibilidad, adaptado a las necesidades de la población».

Centro de Salud de Díez-Mérito

Por otro lado, el Servicio Andaluz de Salud ha sacado ya a licitación las obras de construcción del Centro de Salud que irá en el edificio Díez-Mérito de Jerez, un inmueble que albergará el Centro de Salud Madre de Dios y el Centro de Cirugía Mayor Ambulatoria extrahospitalaria de esta ciudad.

Según informó la Junta, el importe de licitación de la obra asciende a 9.670.737,33 euros (IVA incluido) y aquellas empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 5 de abril.

La construcción de este centro es una de las actuaciones que la Consejería de Salud y Familias ha marcado como «prioritarias para Jerez de la Frontera», junto a la Comunidad Terapéutica de Salud Mental que se ubicará en la parcela del Hospital por un importe estimado de 3,7 millones de euros.

Como destacó la delegada territorial, Isabel Paredes, el Gobierno de la Junta de Andalucía «es sensible a las demandas de la población de Jerez y de toda su área sanitaria».

Así, señaló que «se están realizando importantes actuaciones que llevaban años pendientes y se continuará trabajando para que la población tenga a su disposición los mejores recursos sanitarios y sea atendida en condiciones de equidad».

En ese sentido, apuntó que se sigue trabajando para que, en tanto no se construya el nuevo centro de la zona norte, que se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras 2020-2030 de la provincia, «se pueda proceder a un desdoble del actual que permita ofrecer mayor espacio para la asistencia a la ciudadanía que atiende».

• Un técnico municipal advierte de que determinadas actuaciones competen exclusivamente a Endesa y el procedimiento administrativo debe comenzar de nuevo

Los retrasos y los obstáculos, algunos inverosímiles, continúan adheridos al largamente prometido hospital público de Lucena. Una incorrección técnica y competencial advertida por un técnico municipal ha forzado a anular el procedimiento correspondiente a la ejecución del soterramiento de la línea eléctrica. La fundamentación radica en la exclusividad, encomendada a Endesa, de ciertas actuaciones en las canalizaciones eléctricas.

Así, el concurso público activado hace un mes ha quedado finalmente suspendido. El Ayuntamiento, por el momento, no ha realizado manifestación alguna sobre esta paralización de un proceso que habrá regresar al inicio. Al menos, esta dilación comprenderá algunas semanas.

Un informe del ingeniero técnico municipal concluye, y es el motivo de la paralización del proceso impulsado por el Ayuntamiento, que diferentes partidas únicamente “deben ser ejecutadas” por “la empresa titular de la línea eléctrica” objeto del soterramiento. El Consistorio sí había contemplado el desarrollo e implantación, por parte de Endesa, de las nuevas conexiones en el suministro eléctrico.

A partir de ahora, la administración local ha de efectuar las adaptaciones pertinentes en el proyecto y su redacción, obtener un nuevo visado y la certificación de Alcaldía y emitir el siguiente expediente ya corregido.

En un primer momento, el equipo de gobierno emplazaba en el primer trimestre de este año la culminación del desplazamiento del cableado aéreo. Posteriormente, las previsiones se alargaron hasta el término de junio, un planteamiento, también, de difícil consumación puesto que la actuación abarca unos cuatro meses.

A mediados de febrero, el Ayuntamiento licitaba, por primera vez, las obras de ejecución de una variante, subterránea, de la línea de alta tensión en el circuito simple, entre Baena e Iznájar, entre sus apoyos tercero y cuarto y que sobrevuela la parcela del Paraje Dehesa de la Villa. El importe de partida ascendía a 780.000 euros.

Esta actuación supone un compromiso adquirido por el Ayuntamiento, previo a la edificación del hospital de alta resolución y especialidades, anunciado, desde hace años, por la Junta de Andalucía.

Esta actuación se basa en el plan de obra diseñado por Servicios Auxiliares de Telecomunicación, firma concesionaria de los documentos técnicos, por un importe de 53.400 euros. El proyecto base, por el trazado de las conducciones eléctricas, requirió, igualmente, de varias modificaciones.

• Trabaja en una mejora de toda la parte de la Ribera que da al monumento
• El Ayuntamiento quiere aprobar en abril el plan de mejora de colegios

El actual gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado los trabajos de la que pretende ser su primera gran propuesta de peatonalización parcial del mandato en la avenida del Alcázar, la parte más occidental del Paseo de la Ribera. El objetivo político se marcó en la reciente conferencia del alcalde, José María Bellido (PP), en el Círculo de la Amistad invitado por el Foro Diálogos Córdoba-Amador Jover.

Los responsables municipales indican que aún no hay proyecto, ni partida, ni nada tangible que se pueda enseñar. Lo que sí existe es un objetivo de carácter político. El Ayuntamiento de Córdoba está haciendo un esfuerzo en la mejora del Alcázar de los Reyes Cristianos que incluye desde una nueva forma de visitar el monumento a la implementación del nuevo espectáculo nocturno que se ha encargado a la empresa que desarrolla el del Real Jardín Botánico de Madrid.

Uno de los elementos de la nueva visita es que cambia la forma en la que se accede al monumento. Actualmente, es por su puerta Norte, anexa a las Caballerizas Reales, que se habilitó en los años sesenta en la reforma efectuada bajo el mandato de Antonio Cruz Conde, que estuvo muy condicionada por las estrecheces económicas.

El nuevo acceso se realizará por la llamada Puerta Barroca, que da al río, ubicada junto al acceso tradicional al Alcázar cuando se desarrollaban conciertos en la explanada anexa a los jardines. El planteamiento del alcalde y de su equipo es que ha llegado el momento de una actuación en la avenida de Alcázar que implique menos tráfico y más espacio para el peatón.

La idea de la avenida del Alcázar lleva tiempo dando vueltas en los despachos municipales que quieren cumplir varios objetivos. El primero es cortar los tráficos pesados, fundamentalmente autobuses, que van hacia Santa Teresa Jornet y Doctor Fleming. Urbanismo tiene en cartera un primer arreglo del pavimento de esta calle, que llegará hasta la zona del Mercado del Alcázar, que se convertirá en un centro cívico. El proyecto pretende recuperar un pavimento que está machacado por el constante paso de vehículos y por la falta de mantenimiento.

El problema actual es que los autobuses de turistas que entran por la avenida del Alcázar no pueden girar sobre sí mismos dadas las dimensiones que presentan. Tienen que salir, casi obligatoriamente, hacia la Cruz Roja. Una de las ideas que se han estado estudiando es instalar un mecanismo similar al que utilizan en el municipio vizcaíno de Elantxobe.

Como se puede ver en las imágenes anteriores, lo angosto del municipio de la costa vasca ha obligado a tirar de ingenio. Sus responsables han instalado una plataforma giratoria que permite al transporte público entrar, girar sobre sí mismo mediante un mecanismo instalado en el suelo y salir por sus propios pasos. Los responsables municipales de Córdoba insisten en que no hay decisiones tomadas al respecto. Solo se está viendo cómo sortear los problemas y qué posibilidades técnicas viables existen.

La posibilidad de una peatonalización total de la avenida del Alcázar es pequeña. La Ribera ya no es el eje de comunicación que fue para los tráficos generales desde que se decidió colocar la cámara. Básicamente, por allí ya solo puede pasar el transporte público (autobuses y taxis), ambulancias, vehículos de servicio, vecinos autorizados y turistas. No obstante, la calle sigue teniendo la misma estética que cuando por la zona pasaba la carretera general. Nunca llegó a tocarse tal y como ocurrió con la Ribera hasta la Ronda de Isasa.

La peatonalización de la avenida del Alcázar es una vieja aspiración municipal. Tanto, que llegaron a formar parte de algunos papeles urbanísticos nunca aprobados. La idea más avanzada se encontraba en el plan especial Caballerizas-Alcázar, que nunca se llegó a desarrollar del todo. Consiste en recuperar las dimensiones originales de los jardines históricos de la fortificación.

En sus planta original, esta parte del monumento llegaba hasta la misma orilla del Guadalquivir. El planteamiento de ese proyecto pasaba por recuperar esa amputación de la planta original que se realizó cuando se trazó la carretera nacional. De esa etapa procede los actuales falsos históricos del cierre del Alcázar por el sur que constituyen un postizo. Esa idea pasaba por ajardinar el espacio donde ahora se encuentra la avendia del Alcázar. El nuevo planteamiento es el de una recualificación urbana que dé más protagonismo al peatón y se lo retire al tráfico rodado.

El proyecto de la avenida del Alcázar coincide, además, con unos trabajos de puesta en valor de la parte de la Ribera que no es urbana. El Consistorio tiene en proyecto la recuperación del camino de la Alameda del Obispo, que discurre por la zona baja de la avenida del Alcázar, pasa bajo el puente de San Rafael y conecta con las actuales instalaciones del Ifapa.

La iniciativa fue incorporada al proyecto Edusi con el objetivo de revitalizar una serie de caminos históricos como elementos de esparcimiento. Fundamentalmente, propiciando la práctica del senderismo. El camino de la Alameda del Obispo, una residencia de recreo de los cabeza de la Iglesia en Córdoba es uno de los caminos históricos de la ciudad que, por razones de desarrollo tecnológico, ya no se usa.

Parte de la parte baja del Alcázar por debajo del Puente de San Rafael y atraviesa el embarcadero del Jardín Botánico hasta alcanzar la antigua finca de la Iglesia. Es una zona que está plagada de elementos patrimoniales como restos de torres de defensivas o algún molino, que tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural. El proyecto pretende revitalizar todo eso e incorporarlo de alguna manera a la vida de la ciudad. La Gerencia Municipal de Urbanismo es el área encargada de desarrollarlo.

Petición que desde administración indican a Granada Hoy que se les comunicó que se iba a realizar la actuación de emergencia, independientemente de que pase a ser municipal, al entender que es algo que no puede seguir esperando más tiempo, por lo que se encuentran trabajando en dicho pliego.

En enero el Ayuntamiento recibió la autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía para realizar unas obras de emergencia, por lo que iniciaron un proceso para ponerse en contacto con los titulares del terreno para notificarles dicha actuación.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, explica que la intervención consiste en consolidar la estructura del Castillo para no siga deteriorándose, y se está estudiando un cierre perimetral de la zona para evitar que la gente acceda al mismo, “la gran parte de lo que está peor se debe en mayor medida al vandalismo” además, “queremos apuntalar una de las esquinas que se encuentra descalzada, cubrir algunas grietas que están en situación de emergencia en la parte lateral y una limpieza de la vegetación de toda la zona para que esta no siga introduciéndose por las diversas grietas empeorando este BIC”.

Se trata de un importante proyecto para el Ayuntamiento, que cuenta con una partida presupuestaria para esta actuación, aprobada en sesión plenaria y que rondaría los 230.000 euros. El presupuesto de ejecución material asciende a unos 157.500 euros, a los que habría que añadir los gastos de seguimiento arqueológico requeridos por la Delegación de Cultura.

Antequera reconoce que, aunque le gustaría que estas obras se iniciasen en el menor tiempo posible y que en un primer momento barajaban el inicio del verano para comenzar con ellas, “lo cierto es que no sabemos cuándo se iniciaran, los técnicos municipales se encuentran ultimando el pliego de condiciones, pero es demasiado complejo, queremos que esté todo seguro“.

El de Castell de Ferro es un castillo catalogado como Bien de Interés Cultural, para algunos historiadores datado en la época romana, que se encuentra en una situación muy complicada y en peligro de derrumbe.

• La consejería de Fomento pone el 70% del total, mientras que el resto lo aporta el Consistorio 

• El municipio puso en marcha el programa municipal ‘Segunda Juventud’ para que los mayores puedan volver a viajar

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Armilla han comenzado las obras de renovación urbana del barrio de Santa Teresa con una inversión total de 332.428 euros, cofinanciados al 70% por la Consejería de Fomento y al 30% por el Consistorio del municipio metropolitano.

La actuación tiene por objeto intervenir en la renovación y soterramiento de algunas instalaciones urbanas y la nueva pavimentación y mobiliario en el barrio de Santa Teresa para la mejora de la calles, de su accesibilidad, de la calidad de vida de sus habitantes y la dinamización de la economía y el empleo, según han explicado hoy el delegado de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Antonio Granados, y la alcaldesa, María Dolores Cañavate.

Las obras programadas dan comienzo, en una primera fase, en los tramos de calle Granada y Murcia, adaptando las intersecciones existentes en este tramo mediante el ensanche de acerados y modificación de bordillos y acerado para la reducción de barreras arquitectónicas, ampliando el espacio disponible para los peatones.

Posteriormente, en una segunda fase, se actuará en el entorno del Colegio de Educación Infantil y Primaria Nazaríes mediante intervenciones de calmado de tráfico. El plazo de ejecución de las obras es de ochos meses.

Según Granados, esta actuación está acogida a las Actuaciones del Programa Regional de Espacios Públicos del Plan Vive en Andalucía y su objetivo es “renovar los espacios urbanos para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

“Hay que recordar que estas actuaciones estaban comprometidas desde 2014 y ha sido la Consejería de Fomento quien ha dado un impulso y ha activado su ejecución, cumpliendo los compromisos con los vecinos de todos los municipios y especialmente de Armilla”, precisa el delegado.