• Antes de verano se licitará la actualización de otros dos

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el tramo de la autovía A-32 entre Torreperogil y Villacarrillo se pondrá en servicio este verano y el que une esta localidad con Villanueva del Arzobispo, antes de fin de año. El presupuesto de ambos asciende a 178,7 millones de euros.

Debido a la envergadura de estas actuaciones y al elevado impacto que tendría sobre la población y al ámbito geográfico afectado, desde Acosol se pondrán en uso los recursos alternativos existentes, de forma que se puedan suplir los consumos en gran medida, o que al menos las afecciones al suministro sean puntuales, en tanto duren los trabajos, que se estima se pueden prolongar durante días, han destacado.

La interrupción total de suministro en alta se producirá en las urbanizaciones del tramo de actuación, y concretamente serían Playamarina, Balcones del Chaparral, Las Farolas y Pinares de Mijas.

En el resto de zonas y municipios como Las Lagunas de Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos se prevé inicialmente la cobertura amplia de los consumos medios con los recursos disponibles y las aportaciones a recibir, sin embargo, podrían producirse problemas por causas diversas como el incremento de las demandas debidos a la climatología u otros factores, así como por los caudales punta, que pueden llegar a triplicar el caudal medio, por tanto, no se puede descartar la necesidad de imponer reducciones de las demandas.

Por ello, desde Acosol destacan la importancia de que se evite el agua utilizada en el riego de jardines públicos y privados, baldeos de calles y demás usos distintos del abastecimiento humano para preservar el agua, al tiempo que ha agradecido la comprensión de los vecinos y pedido disculpas por las molestias ocasionadas.

• El equipo de gobierno llevará a la sesión plenaria del próximo miércoles la propuesta urbanística para su aprobación inicial

El equipo de gobierno del Ayuntamiento mijeño elevará al próximo Pleno, que se celebrará el miércoles 27 de abril, la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impulsar la implantación del hospital de Mijas en el núcleo poblacional de Las Lagunas, según ha informado el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz.

El edil ha declarado a Málaga Hoy que el Consistorio lleva años pidiendo esta infraestructura “sin descanso ofreciendo terrenos, e incluso, financiación municipal debido al crecimiento de la población en nuestro municipio y el total de habitantes del resto de ciudades a las que daría servicio, la pandemia ha dejado claro que el Hospital de Mijas ha de ser una prioridad inminente”.

• Pérez de Siles destaca que es una medida de apoyo al tejido empresarial para hacer frente a la subida de las materias primas

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes, mediante resolución del alcalde, Francisco de la Torre, la aplicación de medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios de los contratos de obras y servicios necesarios para la ejecución de obras. De esta resolución se ha dado cuenta en la junta de gobierno local.

La concejala de Contratación, Elisa Pérez de Siles, ha explicado que el Ayuntamiento a adoptado y aplicará estas medidas, que son potestativas, “con el firme objetivo de apoyar al tejido empresarial malagueño y a los contratistas a hacer frente a la fuerte subida de precios de las materias primas experimentada desde el año 2021 y dentro de las acciones que se llevan a cabo para contribuir a la reactivación de la ciudad”.

La resolución municipal toma como referencia el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, y el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril; esta última, la dictada por la Junta de Andalucía, establece la posibilidad de extender el ámbito de aplicación tanto de las medidas contenidas en la norma estatal como la autonómica a las entidades locales del ámbito territorial andaluz.

Pérez de Siles ha subrayado que el Ayuntamiento de Málaga se convierte así “en una de las primeras entidades locales en el ámbito nacional que implementa estas acciones”. Además, en el pleno del mes de febrero ya se abordó este asunto, en atención a las demandas de la patronal andaluza de constructores (Fadeco Contratistas), y aprobó que el Gobierno Central garantizara que las entidades locales quedaran incluidas en el ámbito de aplicación de modo que los ayuntamientos tuviesen cobertura jurídica para revisar los precios. SUPUESTOS DE APLICACIÓN

Como se recoge en el informe jurídico del Área de Contratación, como consecuencia de las excepcionales circunstancias sociales y económicas producidas por la pandemia de la COVID, que han repercutido directamente en la ejecución de los contratos públicos, se aprobó por parte del Gobierno como medida correctiva una revisión excepcional de precios de los contratos del sector público, mediante el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, “al considerarse la magnitud del incremento de la subida de los precios de las materias primas imprevisible en el momento de la licitación de los contratos e insoportable por los operadores económicos, al exceder del principio de riesgo y ventura que ha de regir en todos los contratos públicos, con entrada en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, el día 2 de marzo de 2022”.

A nivel autonómico andaluz se ha dictado el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Real Decreto ley mencionado.

Dicha norma autonómica con rango también legal, que contiene otra serie de medidas excepcionales adicionales a las previstas por el Estado, establece que para su aplicación a las entidades locales tiene que ser acordado por el órgano competente.

Por tanto, según las normativas mencionadas, la revisión de precios de contratos del Ayuntamiento de Málaga y del resto de entidades que forman parte del sector público municipal se posibilita en aquellos contratos de obras y contratos de servicios necesarios para la ejecución de una obra pública, de conservación y mantenimiento de carreteras y conservación y mantenimiento de edificios públicos, que se encuentren en ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor del real decreto-ley.

También para los que el anuncio de adjudicación o formalización se publique en la plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor del real decreto-ley, así como a aquellos cuyo anuncio de licitación se publique en la plataforma de contratos del sector público en el plazo de un año desde la entrada en vigor del real decreto ley y cuyo pliego de cláusulas administrativas particulares establezca una fórmula de revisión de precios, siempre que concurra la circunstancia establecida en el real decreto-ley. Se incluyen además contratos con certificación en 2021, aun cuando no estuvieren en ejecución a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, el día 2 de marzo de 2022, siempre que no se encuentren liquidados en dicha fecha.

Según el Consistorio, la revisión excepcional de precios se reconocerá cuando el incremento del coste de los materiales empleados para el contrato de obras y de servicios necesarios para la ejecución de la obra pública hayan tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante su vigencia y hasta su finalización, esto es una vez formalizada el acta de recepción y emitida la correspondiente certificación final.

La cuantía de la revisión excepcional no podrá ser superior al 20%de adjudicación del contrato. Dicha cuantía no se tomará en consideración a los efectos del límite del 50% previsto en el artículo 205.2. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y en el artículo 111.2 del Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero; ni a los efectos de otros límites sobre modificaciones previstos en la normativa anterior que fuese de aplicación al contrato.

La revisión excepcional de precios se aprobará, en su caso, por el órgano de contratación, previa solicitud del contratista, que deberá presentarla durante la vigencia del contrato y, en todo caso, antes de la aprobación, por el órgano de contratación, de la certificación final de obras, excepto cuando no estuvieran publicados, en el momento de aprobar la certificación final, los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de los costes que afectan al contrato en cuestión.

En ese caso, dispondrá el contratista de un plazo máximo de dos meses, a contar desde dicha publicación para presentar la solicitud de revisión excepcional de precios. En el caso de que a la fecha de entrada en vigor del decreto-ley autonómico ya hubieran transcurrido dos meses desde la publicación de los índices de precios aplicables al caso de que se trate, el plazo empezará a contar desde la referida fecha.

Respecto a la regulación de las penalidades, se prevé que los retrasos en los plazos parciales o totales de ejecución de las obras como consecuencia de la falta de suministros por su escasez en el mercado, debidamente acreditada, no procederá la imposición de penalidades al adjudicatario del contrato.

Igualmente, se incorpora la posibilidad de modificar el contrato de obras, en concreto, podrá acordarse una modificación de los materiales tomados en cuenta para la elaboración del proyecto que sirvió de base a la licitación, siempre que la modificación no implique una merma en la funcionalidad y seguridad de la obra en ejecución. A estos efectos, se fomentará la utilización de materiales cuya elección responda a criterios que permitan una reducción de las emisiones y una huella de carbono baja.

Respecto a la revisión de precios en las futuras contrataciones de obra pública, se establece que a partir de la entrada en vigor del decreto-ley, los órganos de contratación deberán incluir en los pliegos de contratación de obra pública que se tramiten por procedimiento abierto, la revisión periódica y predeterminada de precios y la fórmula de revisión que deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La resolución de puede consultar en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Málaga alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

• El Ayuntamiento no conmemora esta efeméride como hizo a los 25 años, fecha en la que la ciudad volvió a reclamar nuevas infraestructuras que siguen sin materializarse tras un lustro

Este próximo miércoles se cumplirán 30 años del 20 de abril de 1992, fecha en la que los Reyes de España inauguraban en Sevilla la gran Exposición Universal, que bajo el lema ‘La era de los descubrimientos’, quería celebrar el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América.

Esa celebración en 2017 también sirvió no sólo para defender el legado de la muestra universal sino también para que una parte de la sociedad civil sevillana tomara mayor conciencia de que, tras 25 años, la ciudad necesitaba una nueva ola de inversiones públicas en infraestructuras. Se trataba de un debate adormecido por el complejo de buena parte de las instituciones sobre las obras acometidas para el 92, pero que ya se había quedado desfasado por la realidad de una capital que apenas ha avanzado desde entonces.

De hecho, apenas un año después de este 25 aniversario, tomó forma la plataforma ‘Sevilla ya’, que consiguió una unanimidad pocas veces conocida en esta ciudad. Más de 70 instituciones, desde empresarios a sindicatos y colegios profesionales, firmaron un manifiesto de partida que dejaba claro por primera vez el sentir de la capital andaluza: “Sevilla ha sido la gran olvidada en la política de inversiones de las distintas administraciones en los últimos veinticinco años, lo que no sólo ha repercutido muy negativamente en nuestro desarrollo, sino en haber podido aprovechar la recuperación económica que nos hubiera permitido consolidarnos como provincia de referencia, a todos los niveles”, afirmaba rotundo el documento.

Sin embargo, llega el 30 aniversario y buena parte de los proyectos prioritarios fijados por esta plataforma siguen estancados o avanzan a un ritmo demasiado lento. Un ejemplo claro es el de la ronda de circunvalación SE-40, con una longitud prevista de 78 kilómetros y de la que sólo se han construido 38 en más de 20 años. El último episodio que ha hecho sonrojarse a la ciudad es que las empresas que conforman la UTE encargada de construir un túnel bajo el río Guadalquivir han decidido vender al peso a un chatarrero por apenas 2 millones de euros la tuneladora que compraron por 37 millones en el año 2012 y que nunca ha llegado a entrar en funcionamiento, lo que ha supuesto otros 11 millones en mantenimiento y almacenaje. Esto es debido a que tras adjudicar esa gran obra por más de 500 millones, el Gobierno cambió de opinión y pensó que sería más barato un puente sobre el Guadalquivir. Esto ha provocado tal enfado ciudadano que, para argumentar su decisión, el Ministerio ha encargado un informe técnico a la empresa sevillana Ayesa sobre las bondades de este puente en lugar del túnel. De momento, son más de 45 los millones tirados a la basura en este proyecto, a los que habrá que sumar unas indemnizaciones millonarias a las empresas que tenían ya adjudicado el túnel bajo el río.

La efeméride pasará en esta ocasión sin pena ni gloria para los propios sevillanos, ya que el propio Ayuntamiento de Sevilla ha decidido pasar de puntillas sobre esta celebración. Hace cinco años, y al cumplirse las bodas de plata del acontecimiento, la ciudad organizó un amplio programa de actividades que culminó con un gran acto en el Alcázar de Sevilla al que acudieron los Reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía; el expresidente del Gobierno Felipe González; y otros grandes artífices de la Expo 92.

El penúltimo enfrentamiento de las administraciones públicas cada vez que tienen que invertir en la capital andaluza se ha producido esta misma semana. Sevilla es la única ciudad europea de sus dimensiones y población que no cuenta con una red de Metro. Sí consiguió en el año 2009 inaugurar una línea, que ha demostrado su éxito en este tiempo, pero desde entonces, y han pasado 13 años, Gobierno, Junta y Ayuntamiento siguen poniendo excusas para acusar al otro de la falta de avance. En enero, el Ejecutivo andaluz presentó el informe técnico y presupuesto para construir la segunda línea de la ciudad, que costará 1.045 millones de euros, y la Administración central aseguró que podría un euro por cada uno que pusiera la Junta. Sin embargo, esta semana, el Ministerio ha negado al Gobierno andaluz que use para ello fondos europeos, lo que volverá a retrasar esta infraestructura.

También llevan años en el cajón de las inversiones prometidas en todas las campañas electorales la conexión ferroviaria de la estación de Santa Justa con el aeropuerto, que supera ya los 6 millones de viajeros anuales; y la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla, la segunda pinacoteca del país por el valor de sus obras, pero abandonado a su suerte hace años.

La situación de desidia de las administraciones públicas en es tal que ni siquiera la conmemoración del quinto centenario de la vuelta al Mundo protagonizada por Magallanes y Elcano desde Sevilla en 1519-22 ha servido para que la ciudad vuelva a recuperar su protagonismo en la historia y recibir nuevas inversiones. De hecho, la recuperación del edificio de las históricas atarazanas de la ciudad, los astilleros del siglo XIII, que aún se conservan en el barrio del Arenal, debería haber estado listo para conmemorar este año, si bien las obras han comenzado ahora y será en el año 2024 cuando pueda abrirse, si no hay nuevos contratiempos.

El nuevo alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que ha sustituido en enero a Juan Espadas tras su salida para ser candidato del PSOE a la Junta, es plenamente consciente de este creciente malestar ciudadano y desde su discurso de investidura realizó varios guiños reconociendo que la transformación de la ciudad “no será real si no ejecutamos los grandes proyectos de infraestructuras que Sevilla tiene pendientes”. “Llevamos demasiado tiempo hablando de proyectos, y muy poco de realidades. Ya está bien”, aseguró.

El nuevo regidor se ha puesto como meta para la ejecución de todas esas inversiones pendientes el año 2029, cuando se cumplirá un siglo de otra muestra que cambió por completo la ciudad: la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

Sin embargo, ha preferido que la ciudad no celebre los 30 años de la Expo 92 y evitar repasos a la actual lista de infraestructuras pendientes para no volver a caldear el debate ciudadano sobre el abandono de la capital andaluza desde hace tres décadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí acudirá esta semana a Sevilla para recordarle a los sevillanos que tuvieron el primer AVE. Lo hará en un acto organizado por la Cadena Ser y que se celebrará con todos los honores en el Alcázar de la ciudad.

• Señala que el decreto aprobado por el Gobierno andaluz, que debe ser convalidado este miércoles por el Parlamento autonómico, ‘no respeta’ la legislación estatal
• Considera que las medidas aprobadas por la Junta pueden generar un trato muy distinto a los diferentes contratistas en función de las autonomías que les adjudiquen contratos
• La Junta de Andalucía aprobó el Martes Santo un decreto para revisar los precios de los contratos públicos por la subida de materiales

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto sus «dudas» sobre la constitucionalidad del Decreto-ley 4/2022, aprobado en Consejo de Gobierno el 12 de abril y que debe convalidar el próximo miércoles el Pleno del Parlamento de Andalucía, que contempla medidas de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras. Ese decreto ampliaba las obras con derecho a revisión de sus precios con todo tipo de materiales empleados, además de los cuatro del decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre) y abría la puerta a la adhesión al decreto de las entidades locales y las universidades. El Ejecutivo autonómico estimó que el alza de los precios se moverá en una horquilla entre el 10% y el 20%, tope máximo que establece el Estado para la revisión de los precios.

El equipo jurídico que asesora al Gobierno andaluz pone de manifiesto en su informe al Decreto-ley 4/2022 que «albergamos dudas relativas a la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la hora de aprobar normas con rango de ley que puedan no respetar, o sobrepasar, la legislación básica del Estado en la materia que nos ocupa». La conclusión a la que llega el equipo jurídico autonómico es que «la incorporación de algunas de las medidas señaladas puede suscitar dudas sobre la constitucionalidad del borrador de decreto-ley».

Los juristas autonómicos esgrimen, en el texto al que ha accedido Europa Press, que «desde el punto de vista de la adecuación de la figura del decreto-ley a los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, debería llevarse a cabo en el preámbulo del decreto-ley la justificación de la adecuación de las medidas en él previstas para hacer frente al aumento del precio de las materias primas».

El Gabinete Jurídico plantea que «si bien los principios básicos de la contratación pública están enderezados a la libre competencia de los posibles licitadores, las medidas que nos ocupan pueden generar un trato muy distinto a los diferentes contratistas en función de cuáles sean las comunidades autónomas que les hayan adjudicado los contratos».

«Se trata de una cuestión cuyo conocimiento privativo correspondería, en su caso, al Tribunal Constitucional», sostienen los juristas de la Junta de Andalucía en su razonamiento, para concluir que «lo cierto y verdad es que el Tribunal Constitucional no ha dictado sentencia alguna sobre la concreta materia de la revisión de precios que nos pueda arrojar luz suficiente para poder calibrar qué es básico y qué no lo es en esta materia».

El Gabinete Jurídico contextualiza su reflexión en el marco de un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias planteado por el Gobierno de Aragón sobre la Ley de Contratos del Sector Público, que reserva a órganos del Estado la facultad para revisar precios.

Ley de Contratos del Estado

El Tribunal Constitucional se pronunció, esgrimen los juristas de la Junta, a favor de considerar la Ley de Contratos del Sector Público como normativa básica, desechar la invasión de competencias y situar el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado como el órgano que «determinará aquellas actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros».

El dictamen del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se pronuncia, en su evaluación de «la procedencia de la forma de decreto-ley», sobre aspectos como la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley, la adecuación de las medidas adoptadas y la competencia autonómica y los límites materiales.

El Gabinete Jurídico plantea que «en la parte expositiva del texto sometido a nuestra consideración no se acredita, a nuestro juicio, la adecuación de las medidas adoptadas» por la Junta de Andalucía, de la que indica que «son esencialmente seis».

Entre las medidas previstas por la Junta alude ampliar las medidas del Estado a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de obras; añadir los contratos en ejecución en 2021; aumentar los presupuestos fácticos para reconocer la revisión excepcional de precios; no imponer penalidades en los retrasos en la ejecución por falta de suministro; modificar los materiales en los contratos de obra; e incluir la revisión de precios en los pliegos de obras por procedimiento abierto. Los juristas autonómicos advierten de que «ninguna de estas medidas encuentra justificación, siquiera sea mínima, en el preámbulo del Decreto-Ley».

Impacto en los presupuestos andaluces

El Gobierno andaluz ha explicado que el sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra y que su impacto en los presupuestos andaluces se reflejará en diferentes años, del que sólo ha calculado su repercusión en las cuentas de la Consejería de Fomento, estimada en 59 millones de euros, cantidad sujeta a una evaluación al alza. Igualmente queda pendiente cuantificar la repercusión de la medida en las obras de otros departamentos como Salud, Educación, Agricultura, Cultura y de Turismo.

La norma aprobada por la Junta desarrolla el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, del Estado, que prevé en su artículo 6.3 que «lo dispuesto en este Título será aplicable en el ámbito de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden». En el caso de la competencia autonómica y los límites materiales, el Gabinete Jurídico traslada «en favor de la viabilidad jurídica» de las medidas que ha previsto la Junta de Andalucía el hecho de que el Estado haya contemplado «la necesidad -en cualquier ámbito- de que lo básico no excluya cualquier regulación por parte de la Comunidad Autónoma».

Aunque precisa que «el propio Tribunal Constitucional nunca ha abordado directamente la revisión de precios, debiendo empero presumirse que, si la norma con rango de ley es susceptible de varias interpretaciones, se debe llevar a cabo aquella que sea conforme a la Norma Fundamental».