José Miguel Vázquez. Director General SEPISUR XXI S.L

La situación del mercado en el último semestre del año 2020 previo a la escalada de precios era de una elevada competencia, donde la mayoría de las administraciones licitaban con unos pliegos en los que primaban los criterios objetivos sobre los subjetivos. Dentro de los primeros, se valoraban las ampliaciones de los plazos de garantía, ampliación del gasto en calidad, etc., convirtiéndose los concursos en subastas encubiertas donde todas las empresas licitábamos a los topes de los criterios objetivos y realizando unas ofertas económicas muy ajustadas debido a la elevada competencia y apoyado en criterios de temeridad basados en el art. 85 de la LCSP. Debido a la elevada competencia del sector y a lo mencionado anteriormente, para poder conseguir un concurso teníamos que realizar bajas asumiendo riesgos de descuentos sobre determinados suministros e instaladores, práctica común en las licitaciones del sector.

Por esas fechas, cuando se presentaban las licitaciones, la subida de precios estaba relativamente controlada y el impacto que podría tener en las ofertas que se adjudicaban era relativamente escaso en contratos de corta duración como en la mayoría de las licitaciones en las que participamos las pymes. Pero la escalada de precios que venimos experimentando desde 2020 en todos los materiales básicos de las obras es desmesurada.

Esta subida ha provocado en muchos casos la paralización de contratos por dos causas que van de la mano: una el desabastecimiento y otra el incremento de los precios. A modo de ejemplo, la escalada de la energía ha provocado la paralización de la industria siderúrgica, ahogada por los elevados costes energéticos. Esta situación ha tenido como consecuencia una rotura en la cadena de fabricación siendo el único material para la venta el stock almacenado, lo cual ha provocado en muchos casos verdaderas subastas en las compras de materiales siderúrgicos para poder atender a nuestros clientes con la consecuente subida de precios finales de compra (ley de oferta y demanda). A modo de ejemplo, el acero corrugado ha sufrido una subida del 40% desde diciembre de 2021 a marzo de 2022 tal y como refleja el índice ANIFER. Dependiendo del tipo de obra y del momento en que se licitó, podríamos aventurarnos a decir que las subidas de costes en las mismas se han situado en una horquilla de entre un 15% y un 20% de media. A consecuencia de esta situación del mercado se han producido retrasos en las entregas por el desabastecimiento, subida de precios y huelga del transporte. Una gran parte de los concursos públicos han quedado desiertos debido a que la administración ha sacado a licitación proyectos sin la actualización de los precios a la realidad del mercado. Todas las empresas contratistas estamos deseando conseguir concursos para poder mantener la estructura tanto de equipamientos, maquinaria como de personal necesaria para nuestro sector. No me cabe la menor duda de que el hecho de que se queden concursos desiertos se debe a que es inviable ejecutarlos a esos precios.

Los empresarios lo que pretendemos es seguir manteniendo nuestra empresa, los puestos de trabajo de las personas que la forman, seguir invirtiendo en nuevos proyectos e ir creciendo de manera ordenada y controlada. A mi parecer el sector necesita que se incorporen fórmulas de revisión de precios en los contratos de todo tipo y de cualquier duración que puedan hacer frente a estas subidas excepcionales de precios. No queremos ni enriquecernos ni empobrecernos ante subidas o bajadas de precios donde la Administración se ha amparado en el “riesgo y ventura del contratista”. Los contratistas lo que queremos es seguir trabajando a unos precios razonables para poder seguir generando riqueza. Para poder paliar en cierta medida estos efectos de la subida de precios, la Junta de Andalucía ha publicado el DL 4/2022 de 13 de abril de medidas excepcionales de precios. Este decreto mejora considerablemente el publicado por el Gobierno de la Nación RDL 6/2022 de 29 de marzo, ya que permite revisar precios de todos los materiales básicos (a excepción de la energía), obras en ejecución en 2021 y de menos de un año e incluyen los contratos de conservación de carreteras y edificios públicos. Aunque haya una mejora con este decreto, el sector sigue sin entender por qué no se revisa la energía ya que ha sido una fuente de subida de precios que los contratistas hemos sufrido y que repercute de manera muy directa en el coste de nuestras obras. Las pymes del sector trabajamos fundamentalmente para Junta, Diputaciones y Ayuntamientos por lo que es necesario que tanto Diputaciones como Ayuntamientos se adscriban al decreto autonómico.

• El saldo de la cartera de crédito de este sector en 2021 se redujo en un 2,4% para situarse en 27.235 millones de euros

La construcción es el sector que tiene la tasa de mora más alta. En concreto, se sitúa en el 8,5%. Son datos del informe ‘Evolución del crédito a empresas por sectores de actividad en España 2021’ elaborado por AIS Group. Y eso que, a diciembre de 2021, el saldo de créditos dudosos otorgados a constructoras cayó cerca de 250 millones de euros. De esta manera, queda ligeramente por encima de los 2.300 millones de euros.

Fruto de esta situación, entre otras, el crédito a las constructoras se redujo en 660 millones de euros durante el pasado año. Es decir, un 2,4% menos respecto al año anterior. El saldo de la cartera de crédito de este sector en 2021 fue de 27.235 millones de euros.

Si a ello unimos la subida de las materias primas, o la falta de mano de obra, el cóctel resultante es explosivo. Así, de enero a agosto, el número de disoluciones en el sector de la construcción llega a 3.187. Y, por lo que respecta a los concursos de acreedores, esa cifra se sitúa en 803.

En los siete primeros meses del año, el número de disoluciones empresariales acaecidas en España fue de 19.919, según Iberinform con datos del BOE. La disolución es el acto jurídico mediante el cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social. De esta manera, entra en el proceso para finiquitar su operación y llegar a la liquidación final. También puede suponer su fusión con otras, o su escisión.

Esas 19.919 disoluciones representan un 10% más que en el mismo periodo de 2021 cuando se situaron en 18.183. De todos los sectores, es construcción e inmobiliario el que acumula un mayor porcentaje. En concreto, el 24% del total (un 13% más que en el año anterior).

[Luz roja en la construcción: 2.540 empresas a punto de cerrar y más de 300 en concurso de acreedores]

En el caso concreto de la construcción, se han llegado a las ya citadas 3.187 disoluciones, que son el 16% del total. Se trata de un 11% más que de enero a agosto de 2021. En el sector inmobiliario, su 8,6% del total se traduce en 1.449 disoluciones (un crecimiento del 18%).

Por lo que respecta a la concursalidad, el número total en el tejido empresarial español fue de 4.226 (un 6% más que de enero a agosto de 2021). Entonces, esa cifra fue de 4.001. Y aquí, una vez más, construcción e inmobiliario ocupan lo más alto del podio (el 24% del total).

Construcción acapara el 19% (803 concursos) lo que supone un crecimiento del 22% respecto a idéntico periodo de 2021. Inmobiliario, por su parte, representa el 5% (215 concursos), que supone un incremento del 11%.

Según Iberinform, los crecimientos del mes de agosto (un 18% más respecto al mismo mes de 2021) ocurren tras el periodo excepcional de 17 meses de moratoria concursal decretado en marzo de 2020. Fue el pasado 30 de junio cuando finalizó la tercera, y última, de sus prórrogas. Por tanto, los acreedores recuperan su capacidad legal para solicitar la declaración concursal de un deudor. Y los empresarios en situación de insolvencia vuelven a estar obligados a solicitar la declaración concursal. Por tanto, se prevé un aumento de los procesos concursales en lo que queda de año.

Otros factores

Junto a la elevada morosidad, la subida de las materias primas también está afectando a la línea de flotación de las constructoras. Una situación que se acentuó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Si el sobrecoste de las obras para las empresas constructoras antes del conflicto era del 22,2%, la guerra lo disparó hasta el 33,3%. Según Fomento, el coste de los materiales en mayo estaba un 38% por encima de los niveles de 2020.

Una situación que, según CBRE, podría estar cerca de alcanzar su máximo. Porque, de cara a los próximos meses, estima un descenso gradual. Según la firma de consultoría y servicios inmobiliarios, dicho ajuste se revertiría a un tercio del incremento registrado en los dos últimos años. Así, en 2025, se volverían a alcanzar los niveles de equilibrio a largo plazo.

Si a todo lo anterior se añade la falta de mano de obra, el resultado es que muchas licitaciones públicas a las que podrían acudir las constructoras han quedado desiertas. En concreto, han sido un millar durante la primera mitad de 2022.

Una situación que el Gobierno quiso solventar mediante dos reales decretos que, sin embargo, no han funcionado. De ahí que Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) abogase por un tercer real decreto. Si no se hace, “seguirán muriendo empresas y destruyéndose empleo”.

Dos reales decretos que no han dado el resultado apetecido. “Son para un determinado tipo de obra, cuyo número es muy reducido. Más del 90% de las empresas no se someten a estos reales decretos, y no se aplica al 80% de las obras”, se lamentó Fernández Alén.

Rebeca Arroyo. Madrid

Fondos de inversión como Ares, Oaktree, EQT o GIC; promotoras como Metrovacesa o Neinor; y Socimis como Merlin, Colonial, Montepino o Millenium, entre otras muchas, se lanzan a la puesta en marcha de nuevos activos inmobiliarios para constituir carteras renovadas y resilientes ante los vientos de cambio previstos en el sector, con una inversión estimada en los próximos cinco años de cerca de 30.000 millones de euros.

En concreto, a junio de 2022, se contabilizan un total de 1.492 proyectos comprometidos en obra nueva o reforma en residencial (incluyendo viviendas, residencias de estudiantes y de mayores), logística, oficinas, retail y hotelero con una inversión estimada de 29.965 millones y con fecha de entrega hasta 2026, según el informe The Spanish Property Telescope elaborado por el equipo de real estate de la división de Estrategia y Transacciones de EY.

Evolución

El mayor volumen de proyectos comprometidos actualmente tienen fecha prevista de entrega para este año y el que viene. En concreto, en 2022 se prevé la entrega de 608 proyectos con una inversión prevista de más de 9.800 millones de euros, mientras que para 2023 se destinarán unos 7.900 millones al desarrollo de 483 proyectos inmobiliarios.

Asimismo, se trabaja en el desarrollo de 225 proyectos con entrega para 2024 y una cifra de inversión de 4.952 millones; en 62 proyectos para 2025, por 3.155 millones; y en otros seis desarrollos para 2026, por 1.879 millones de euros. El informe contabiliza también otros 108 proyectos con una inversión conjunta de 2.221 millones de euros que se estima empezarán a construirse próximamente, aunque no cuentan a día de hoy con una fecha concreta de entrega.

Respecto a la tipología de los activos en marcha, el residencial será el segmento más pujante de cara a los próximos años. El estudio de EY contabiliza más de 750 nuevos proyectos residenciales, incluyendo unidades para la venta y viviendas destinadas al alquiler, con una inversión prevista conjunta de 14.688 millones hasta 2026.

Si se tiene en cuenta solo los proyectos build to rent (promociones diseñadas para el alquiler), se plantean de cara a los próximos cinco años 108 proyectos con un volumen de inversión de 5.060 millones. Dada la falta de carteras de alquiler en explotación en venta, el capital se ha lanzado a invertir en la puesta en marcha de nuevo producto como en el caso de Azora, que ha lanzado un nuevo vehículo de la mano del fondo soberano de Singapur GIC.

Otros inversores participan en proyectos de colaboración público-privada para la generación de un parque de vivienda asequible en las grandes ciudades españolas. Este es el caso de las 5.500 viviendas de alquiler que levantarán Culmia (Oaktree) y Avalón (Ares) dentro de la primera fase del plan Vive; o las 4.500 unidades que desarrollará el vehículo formado por Neinor y Cevasa dentro del proyecto Habitatge Metropòlis Barcelona.

También dentro del segmento de living, se prevén desarrollar en el próximo lustro 41 proyectos dentro de la categoría de residencias de estudiantes por 1.168 millones con, entre otros, EQT Exeter y Moraval como protagonistas. Hay planificados once activos residenciales destinados a personas mayores por 282 millones de inversión.

Otra de las categorías estrella del inmobiliario es el logístico. Al calor del despegue de la compra digital y ante las expectativas de que el comercio electrónico siga creciendo, inversores internacionales y promotores especializados han aterrizado en España en los últimos años con ambiciosos planes de crecimiento como Panattoni, Mountpark o Newdock (Goldman Sachs).

A estos se suman Socimis como Merlin y Montepino que buscan reforzar su posición de liderazgo en el país con nuevos desarrollos en los principales ejes logísticos de España. De acuerdo con The Spanish Property Telescope, actualmente hay planificados 255 proyectos en logística con una inversión de 6.429 millones y esto pese a que algunos activos con entrega prevista para los próximos meses se retrasarán (ver información adjunta).

En oficinas se prevé una inversión de 2.931 millones de euros con 146 proyectos en marcha. Entre los nuevos desarrollos previstos figura el campus Mesena de Acciona, el proyecto de Metrovacesa en la antigua fábrica de Clesa y los proyectos de Colonial en Méndez Álvaro y Sagasta, todos ellos en Madrid.

El siguiente segmento que más nueva oferta añadirá en los próximos años es el hotelero. Pese al impacto del Covid en el turismo, el apetito del inversor no se ha apagado. El informe contabiliza 252 proyectos de construcción o reforma en hotelero por 2.573 millones de euros. Entre las inauguraciones más esperadas para este año figura el hotel Canfranc Estación, que operará Barceló tras la reforma de la antigua estación tras años de abandono. La Socimi Millenium está siendo muy activa en este segmento con, entre otros, el desarrollo del futuro hotel operado bajo la marca JW Marriot y ubicado a escasos metros de la Puerta del Sol o el futuro Nobu en San Sebastián, que abrirán sus puertas el próximo año.

Por último, en retail la inversión prevista en nuevos proyectos alcanza los 1.894 millones de euros. Destaca el nuevo espacio comercial del proyecto Caleido, la quinta torre de Madrid en manos de Grupo Emperador e Incus, que se inaugurará tras el verano. Entre los activos en construcción figura el centro comercial que La Finca, promotora de los García-Cereceda, levantará en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Cambio de tendencia

Para el socio y responsable de real estate del departamento de Estrategia y Transacciones de EY, Javier García-Mateo, el sector inmobiliario atraviesa un cambio de tendencia en cuanto a la estrategia de desarrollo de los inversores. “Tras la crisis geopolítica iniciada el pasado marzo, todo hace prever que el capital sobreponderará más en los próximos años el segmento relacionados con el residencial, frente a otros usos que van a perder peso específico”, dice.

García-Mateo considera que el segmento de Living –entendido como aquel que construye producto residencial tanto en suelo destinado para este uso como en terciario y ya sea para usuarios finales de larga o de corta duración– concentrará la mayor parte de la actividad prevista de nuevos desarrollos en el medio plazo, mientras que los usos comerciales clásicos como el retail, las oficinas o los hoteles perderán “importancia relativa” de forma progresiva.

• La consejera de Economía y Hacienda asegura que será compatible con la bajada de impuestos
• El presupuesto andaluz para 2023 incluirá nuevas ayudas fiscales a familias y empresas

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, promete que en los Presupuestos para 2023, de los que se ha avanzado superarán los 43.816 millones de las cuentas frustradas para 2022, habrá una apuesta por la sanidad, la educación y la dependencia, ámbitos que califica como «pilares fundamentales» para la Junta y que se apoyarán al mismo tiempo que se ejecuta una bajada de impuestos que implicará que se dejen de recaudar alrededor de 260 millones de euros.

Una meta en la que se consejera no observa contradicción alguna. Bajar la recaudación mientras sube la cuantía del Presupuesto es algo que Andalucía puede hacer, argumenta la consejera en entrevista con Europa Press, porque se ha recaudado más en la pasada legislatura bajando impuestos y por la presencia de fondos europeos.

Con la mayoría absoluta conseguida por el PP-A en las elecciones andaluzas, la Junta tiene garantizada la aprobación de unas cuentas para un año marcado por la incertidumbre de la crisis de precios a la que ha dado paso la pandemia, «unos momentos de incertidumbre y dificultad económica» en el que las cuentas parecen más vitales que nunca.

«Los presupuestos son una herramienta muy importante para ayudar a las familias y proteger también a las pymes, por lo tanto nosotros con estos presupuestos que efectivamente van a ser expansivos, seguiremos apostando por los servicios públicos», ha sostenido España.

La consejera apoya la afirmación en cifras que recopilan la anterior legislatura, en la que los populares gobernaron Andalucía con Ciudadanos. «La sanidad se ha incrementado en 1.800 millones desde el año 2018, último año de presupuesto socialista, (hay) 1.000 millones de euros más en educación y 400 millones de euros más en dependencia», enumera.

«Para nosotros esos tres pilares son fundamentales, seguiremos apostando por la sanidad y la educación y los servicios sociales, al igual que también apostaremos por tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a las familias, sobre todo a las más vulnerables, rentas medias y bajas e intentar que las empresas sean más competitivas», ha prometido.

Es con respecto a la última cuestión donde se encuentra otro de los elementos más esperados, la bajada fiscal anunciada el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su discurso de investidura, y que cifró en alrededor de 260 millones de euros, una cantidad que España confirma y a la que se refiere como una continuación de la «política fiscal moderada» que «se ha venido realizando en los últimos años».

La consejera, que subraya que aún se última el Presupuesto y que por tanto muchos apartados están por definir, apenas comenta por ahora que en ellos la sanidad «tiene un presupuesto muy importante por el propio peso que tiene el Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero en general son atendidas todas las consejerías». Sí que destaca que aumentará también la financiación de los ayuntamientos.

Los consistorios andaluces también tendrán buenas noticias en las cuentas para 2023 tras contar este año con la prórroga del Presupuesto ideado para 2021. «No sé exactamente cuánto será el incremento pero lo importante es que habrá un incremento», ha comentado la consejera, que señala que éste se mantendrá «en la misma línea de lo que ha venido subiendo año a año».

«Todos los años se ha incrementado, se puede decir que el aumento de estos fondos de esta financiación incondicional a los ayuntamientos es un incremento superior a los 90 millones de euros», ha apuntado sobre lo sucedido en ejercicios anteriores.

• La pujanza regional no se acompaña con el avance de los proyectos ferroviarios por parte del Gobierno central para una infraestructura clave en la UE

El cambio climático ha puesto el foco en el tren como medio de transporte masivo más sostenible. «Tenemos una legislatura por delante donde vamos a hablar mucho de ferrocarril», defendió la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo. El tren se perfila en la nueva legislatura de la Junta como protagonista ante el interés de la UE por el carácter limpio de este transporte, que a juicio de la Administración autonómica presenta con su actual gestión por parte del Estado «enormes deficiencias» que proponen combatir participando en su gestión. Desde el Gobierno se critica «la falta de memoria» citando por ejemplo el tramo de AVE en Granada a su paso por Loja o que en Almería «las obras del AVE van como un tiro y estarán en 2026». Con todo, la radiografía del ferrocarril en la comunidad presenta numerosas vías encalladas o en punto muerto.

En relación a los corredores transeuropeos y las actuaciones de Alta Velocidad, el desarrollo de la red básica, con los corredores Mediterráneo (incluyendo su Ramal Central) y Atlántico en Andalucía, ofrece aún un balance poco alentador debido a la falta de ritmo de ejecución en las obras, los proyectos constructivos pendientes todavía de definición así como por la soluciones técnicas adoptadas en los trazados, muy lejos de los estándares definidos en otras comunidades.

• La sequía y la nueva PAC, contra la que ha formado frente común junto a las organizaciones agrarias, marcarán el nuevo curso agrario que gestionará

Carmen Crespo renueva mandato al frente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tras una legislatura difícil, marcada por las negociaciones de una Política Agraria Común (PAC)que ha enfrentado al campo andaluz, con la Consejería al frente, con el Gobierno, al considerar que las modificaciones de las ayudas europeas perjudicarán a Andalucía. Ahora, con la nueva PAC a las puertas de entrar en vigor, y sin incluir todas las peticiones andaluzas, Crespo se enfrenta a un caballo de batalla más grave para el campo: la pertinaz sequía que ha puesto en jaque a los agricultores.

—Si hay una preocupación en el campo en este nuevo inicio del año agrícola es, sin duda, la sequía. Desde el Gobierno, ¿qué se va a hacer para garantizar los recursos que necesitan los regantes y ganaderos?
—El Gobierno de Andalucía ha establecido como una prioridad dentro de su política hídrica la búsqueda de nuevos recursos con el fin de aumentar las reservas disponibles para el campo. No desdeñamos ninguna fuente, son importantes todas, desde las conexiones al agua desalada, la subterránea y, por supuesto, las regeneradas. A diferencia del Gobierno de España, que está prácticamente «de brazos cruzados» a pesar de que la Cuenca de Guadalquivir, que es de su competencia, está a un nivel del 22%, el Gobierno andaluz ha demostrado con creces que es previsor en materia de política hídrica. De hecho, Andalucía se adelantó aprobando dos decretos de sequía con 141 millones de euros para obras cruciales que estamos realizando en nuestras cuencas, las cuales suponen el 33 por ciento del territorio. El Estado, con un 67% de competencia sobre las cuencas de Andalucía, sólo ha destinado a su Decreto de Sequía 9,6 millones que son insuficientes. Estamos poniendo a disposición de los productores todas las herramientas que están en nuestra mano. A todo lo anterior hay que sumarle que hemos abonado ayudas por valor de 100 millones de euros mediante colaboración público-privada con las Comunidades de Regantes. En otro orden recientemente hemos firnado un acuerdo con Asaja para defender unos regadíos sostenibles y eficientes en España.

—¿Qué pidió Andalucía en la reciente reunión de la Mesa Nacional de la Sequía?
—Desde la Junta reclamamos, en primer lugar, que se celebre una Mesa Nacional de la Sequía porque lo que tuvo lugar fue únicamente un seguimiento de la situación actual . Queremos la aplicación de la doble tarifa eléctrica para el riego, que podría traer consigo un ahorro del 30% a los agricultores y ganaderos, y solicitamos al Estado que esta medida se complemente con la bajada del IVA de los insumos y la bonificación del agua desalada a 0,30 céntimos, al menos, para los regantes.

Próximas medidas

—Los decretos de sequía de la Junta rozan el 50% de ejecución. ¿Qué medidas/ayudas contempladas verán la luz próximamente?
—Precisamente, este mes de septiembre se abrirá la convocatoria de las ayudas para la construcción de abrevaderos, una medida demandada por los propios ganaderos y que esperamos que ayude a hacer frente a la complicada situación. Actualmente, el sector ganadero se beneficia ya de otras medidas de auxilio que hemos activado en Andalucía para ayudarles con la subida de costes que han provocado la sequía y la subida de costes por la guerra en Ucrania. Entre otras cuestiones, hemos eximido a estos productores de las tasas relativas a los laboratorios y a los servicios veterinarios.

—Existe cierta sensación entre los regantes de que, en el anterior mandato, las políticas de agua han puesto más énfasis en la depuración, ¿se pondrá ahora el acento más en el regadío?
—Nuestro compromiso con los regantes es firme, sabemos muy bien la importancia que tienen para nuestro sector agrícola y, por tanto, para la economía. Es cierto, que hemos llevado a cabo numerosas medidas para mejorar la depuración de Andalucía, pero es que son una parte importante del recurso adicional de agua que estamos aportando a los agricultores y los regantes. Sin depuración no hay aguas regeneradas. Ejemplo claro es que los regantes de la Axarquía, gracias a esa depuración, cuentan hoy con 12 hectómetros nuevos. De esta forma, todos ganamos: mejor depuración y más recursos para el riego.

—Desde la Consejería se ha anunciado que ya se trabaja en el II Plan de Aguas Regeneradas. ¿De cuántos recursos estaríamos hablando para uso de la agricultura y la ganadería?
—La política de agua es un conjunto y todas las acciones están vertebradas. Este plan se enmarca dentro del propio Decreto de Sequía que recoge numerosas obras de terciarios y en las obras futuras de depuración que estamos ejecutando y vamos a ejecutar. Todo ello, nos lleva a pensar en un objetivo de lograr en los próximos años 120 hm3 de nuevos recursos hídricos para Andalucía.

Nueva PAC

—Otro de los hitos importantes de este curso será la entrada en vigor de la nueva PAC, una reforma que, pese a los esfuerzos realizados por Andalucía, todo apunta a que será bastante lesiva para el campo andaluz. Ya no hay expectativas de que se incluyan las alegaciones andaluzas.
Es, a todas luces, una PAC lesiva para el campo andaluz, que calculamos que producirá pérdidas de más de 500 millones de euros. Es por ello que estamos estudiando presentar, siempre de forma consensuada con el sector, una queja ante Bruselas para evitarlas. Lamentamos que el Gobierno de España enviara a Bruselas el documento del Plan Estratégico Nacional de la PAC sin analizar las alegaciones que presentamos desde Andalucía que, además, están acordadas con el campo. También estamos demandando al Ejecutivo central el aplazamiento inmediato de la entrada en vigor de los ecoesquemas de la futura PAC, puesto que éstos, tal y como están definidos, suponen un gasto más y no un incentivo para nuestros agricultores.

—El curso también estará marcado por la prolongación de la guerra Ucrania-Rusia y el alza de los costes productivos. La Ley de la Cadena, aprobada por el Gobierno central para tratar que los productores reciban un precio igual o superior al coste de producción, ¿Es la solución? ¿Cree que está funcionando?
—La Ley de la Cadena Alimentaria, tal y como está, no sirve para nada, no es eficaz y urge que se lleve a cabo su modificación. Necesitamos una legislación en este sentido que sea realmente efectiva para nuestro sector agrícola.

—¿Qué medidas prevé la Consejería a corto plazo para ayudar a agricultores y ganaderos?
—El pasado miércoles 7 llevamos al Consejo de Gobierno los casi 27 millones de euros de ayudas del Fondo de Reserva de Crisis de la Unión Europea y el Estado para 13.500 beneficiarios para que puedan hacer frente a los elevados costes de producción. Además, vamos a complementar esta ayuda, a través de la Medida 22, aportando 37 millones de euros más. En estos momentos de dificultad hay que estar, más que nunca, al lado de los agricultores.

—El buen aprovechamiento de los fondos europeos ha sido también otro de los objetivos de la Consejería en el anterior mandato. Estando ya en el final del N+3, que permitirá poder ejecutar el gasto hasta 2023, ¿Puede avanzar si se ejecutará todo el presupuesto o habrá que devolver fondos?
—Fue, sin duda, uno de los grandes objetivos de la anterior legislatura, dedicando muchos esfuerzos para ponernos al día en la ejecución, teniendo en cuenta que, cuando llegamos, nos encontramos que ésta estaba prácticamente sin comenzar. Y, por supuesto, al final del período vamos a justificar el cien por cien del presupuesto asignado.

• La alcaldesa de los nijareños/as liga el futuro del municipio a este proyecto, vital para la agricultura local y provincial

Esperanza Pérez Felices lo tiene claro. Sin desdeñar ninguno, el Puerto Seco es el proyecto que “más me ilusiona y siempre le tengo en mente”. Así lo ha admitido la alcaldesa de los nijareños/as desde 2015 en una extensa entrevista que ha concedido a Foco Sur, revista mensual de actualidad, economía y cultura de Almería, con 26 años de trayectoria, en su número 292, correspondiente a este mes de septiembre.

“El Puerto Seco no es un proyecto que dependa del Ayuntamiento de Níjar. pero es el futuro de Almería y también de Níjar. Depende del Puerto de Almería, pero es un nudo logístico que le va a dar la posibilidad a Almería de comercializar directamente para llevar sus productos a Europea, sin tener que desplazarse a otras ciudades para que los comercialicen”, valora en el encuentro informativo con este medio, el decano de las revistas de periodicidad mensual en la provincia de Almería.

Y añade: “Ahora estamos en la redacción del proyecto de urbanización que lo está ejecutando la Junta de Andalucía porque del gobierno autónomo andaluz depende, y a la vez, el Ayuntamiento de Níjar está desarrollado el Plan Especial y también la propia Junta. La idea es que las obras comiencen a ejecutarse en 2024. Ahí entraría también el ramal que le une con el Tren de Alta Velocidad (AVE)”.

La primera edil reconoce abiertamente que es el proyecto, el del Puerto Seco, que “más me ilusiona. Lo tengo siempre en mente. Si queremos tener futuro en la agricultura, ese futuro va de la mano de infraestructuras que hagan que nuestra agricultura llegue lo más rápido posible al mercado europeo. Necesitamos el Puerto Seco porque tenemos que ser sostenibles medio ambientalmente, ya que esto garantiza el futuro de la agricultura de Almería y de Nijar”.

El consistorio nijareño, con un acuerdo plenario alcanzado meses atrás, ha aprobado el proyecto de actuación, declarado de interés social, que permitirá a una empresa multinacional de semillas, productora y comercializadora, la construcción de un Centro de Investigación y Desarrollo en suelo nijareno, en el paraje Las Amenas, de San Isidro. La llegada de esta productora de semillas es, a juicio de Pérez Felices, una decisión “muy importante porque se van posicionando empresas y le van dando relevancia al sector. Le dan madurez y una fortaleza al sector que hacen que tenga solidez y proyección de futuro”.

La primera edil de los nijareños/as mira al futuro local con optimismo. “Le veo muchísimo futuro al turismo y a la agricultura. Al turismo por ser de naturaleza y de Parque Natural, que tira mucho de calidad entre el turismo de calidad en Europa como destino turístico. Y a la agricultura le veo muchísimo potencial si conseguimos tener una infraestructura con la que no tengamos que depender de otros territorios para comercializar nuestros productos. Con el Puerto Seco, le veo muchísimo futuro a Níjar y con muchos cambios en diez años”. augura.

• Será termosolar con fovoltaica de apoyo pero permitirá acumular el calor en grandes depósitos de sales fundidas para generar cuando sea preciso
• Sadeco lanza el Polo Verde pero sin la recalificación de suelos que se inició en 2006
• El Polo Verde de Sadeco cuesta 60 millones para la producción de energías limpias

La empresa cordobesa de ingeniería Magtel ha iniciado la fase de consultas ambientales de la primera central de renovables híbrida que se plantea en la provincia de Córdoba. Tendrá (si consigue los papeles) las dos tecnologías solares disponibles, la termosolar y la fotovoltaica, pero tendrá una particularidad. Podrá crear energía eléctrica a voluntad. Cuando la red energética así lo demande. Incluso durante la noche, cuando no hay rayos de sol, o en periodos de nublado.

Las centrales híbridas forman parte de las nuevas tecnologías en la materia. Consisten en usar dos sistemas en uno de forma que siempre exista la posibilidad de crear electricidad. Bien con agua y biomasa, viento y sol o cualquiera de las opciones que permita el entorno para la que están diseñadas. Esta central está prevista para el término municipal de Hornachuelos en un paraje llamado El Carrascal.

En este caso, Magtel ha optado por la termosolar y la fotovoltaica que tienden a confundirse aunque en modo alguno son lo mismo. La primera tecnología es térmica, funciona con calor. Los paneles lo captan y calientan un fluido cerca de los 400 grados que es lo que se aprovecha para crear electricidad en la turbina correspondiente. La fotovoltaica usa un procedimiento químico. La radiación solar entra en contacto con materiales que producen electricidad y la conducen hasta la red. Por eso es la que más se usa en el ámbito doméstico.

La diferencia de esta central es que permitirá a su operador producir electricidad cuando la red lo demande, incluso por la noche. El gran reto hoy de las renovables es ofrecer un abastecimiento constante. La biomasa se puede seguir quemando, el viento sigue soplando pero con el sol hay un problema. Magtel trabaja en hidroeléctricas de retorno que permiten precisamente controlar la salida de las aguas al generar un especie de circuito cerrado. Un grifo que se abre y se cierra sin perder recurso hídrico.

En el caso de la termosolar, los ingenieros de la empresa han optado por la tecnología de sales fundidas. Es un fluido que se calienta cuando el calor del sol llega a los paneles. Cuando se produce el traslado de ese fluido de un tanque caliente a uno frío es cuando empieza el proceso de producción energética.

El plantamiento de Magtel el de crear una central híbrida de tamaño grande. La parcela que se ha identificado como necesaria mide como 250 campos de fútbol. La parte termosolar produciría unos 100 Mw, de las más importantes del entorno, y la fovotoltaica (fundamentalmente de apoyo a la producción termosolar), 10 MW.

Las razones de elegir Horchachuelos tras estudiar varias localizaciones tiene que ver con la presencia cercana de la subestación de Villanueva del Rey que se encuentra en una línea de alta tensión donde sí hay planes de ampliación. Los documentos de la Agencia Andaluza de la Energía aseguran que este eje, que conecta la campiña sevillana con Castilla La- Mancha, es clave para el desarrollo energético futuro de las renovables. Magtel explica en su informe que se pretenden iniciar las consultas ambientales con el objetivo de estar preparados a los eventuales concursos de volcado a la red que habrá en el futuro. La empresa no quiso facilitar la inversión prevista al ser un proyecto en fase inicial.

• Esas actuaciones, sumadas a las 26 ya finalizadas, suponen un montante superior a los 17 millones

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha ejecutado este 2022 obras de reforma o mejora en colegios e institutos de la provincia de Córdoba, o bien las está ejecutando con la previsión de concluirlas antes de que acabe el año, por un montante total superior a los 17 millones de euros.

Así lo han destacado a Europa Press fuentes de la delegación territorial de dicha consejería en Córdoba, precisando que son 74 las intervenciones contratadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y, de las mismas, 26 son obras ya concluidas, mientras que 48 que se están ejecutando aún.

De estas últimas, el presupuesto total por el que se han adjudicado suma la cantidad de 13.842.815 euros, requiriendo una inversión de 67.979 euros el proyecto que menor inversión precisa de los que se ejecutan, en concreto para la dotación de infraestructuras de recursos TIC del programa Escuelas Conectadas, destinadas al colegio Turruñuelos, en la capital cordobesa.

En cuanto a la obra de mayor presupuesto ahora en ejecución, se lleva a cabo en el instituto Inca Garcilaso de Montilla, por un montante de 585.418 euros, que se dedican a la instalación de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática.

De hecho, la mayor parte de las obras de mejora y reforma que se están llevando a cabo y que se concluirán este año en los colegios e institutos de la provincia, en concreto 35 de las 48 que están en marcha, tienen como objeto la instalación de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática en los centros educativos.

En cambio, de las 26 obras ya finalizadas y que han supuesto una inversión total, por parte de la Junta de Andalucia, de 3.181.139 euros, tan solo una, por valor de 311.006 euros y que se ha ejecutado en el instituto Zoco de la capital, ha tenido como fin la instalación de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática.

En el grupo de obras ya concluidas, la menor inversión ejecutada ha sido la llevada a cabo en el colegio Victoria Díez de Hornachuelos, con un coste de 12.948 euros, para la dotación de infraestructuras y recursos TIC Escuelas Conectadas, mientras que la mayor inversión ya concluida este año ha sido la del instituto Carmen Pantión de Priego de Córdoba, por valor de 410.259 euros, dedicados a la reforma y ampliación de espacios para un nuevo CCFF de cocina y gastronomía.

• El Gobierno central se compromete a que las canalizaciones para su uso estén listas en parte en 2026, pero regantes y vecinos de la Costa Tropical en la que se sitúa Rules no se fían y enmarcan las promesas como parte de la precampaña electoral

Cuando en 2004 el pantano de Rules, en Granada, se inauguró, el euro apenas llevaba dos años en circulación y la mayoría de las personas seguían contando sus compras en pesetas. Cuando el pantano de Rules se hizo realidad, la última sequía datada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había terminado en 2001 y en 2005 iba a comenzar otra que duraría hasta 2007. El embalse, que se planteó, además de para dar abastecimiento de agua a las poblaciones del litoral granadino, como solución para el regadío de la zona, sigue exactamente igual que entonces: no está en servicio. Con la diferencia de que desde que se inauguró, España ya ha vivido dos sequías y actualmente atraviesa una tercera.

“La piscina más grande de Europa”

El principal problema que hace que Rules no esté en funcionamiento es que carece de conducciones que lleven el agua embalsada fuera del recinto de la que algunos llaman con sorna “la piscina más grande de Europa”. Tampoco hay una central hidroeléctrica que aproveche esta infraestructura para generar energía en un momento en el que el precio de la electricidad marca hitos históricos. Si bien el Gobierno central ya ha terminado la redacción del primer proyecto de canalizaciones cuyas obras quieren iniciarse el año que viene, el escepticismo es mayoritario entre los regantes y los vecinos de la zona: “Cada vez que se acercan las elecciones parece que Rules va a entrar en funcionamiento”.

Mientras el nivel de agua embalsada en los pantanos de Granada apenas supera el 31%, en Rules esta cifra se dobla, llegando hasta el 66%. Aunque no tiene canalizaciones, parte del agua sí se “vacía” por evaporación, filtración y se desembalsa para asegurar la estabilidad arquitectónica de la presa, yendo a parar al río Guadalfeo que discurre junto a la misma, nutriendo así los acuíferos de los que luego se sirven los regantes para las plantaciones de esta zona costera, donde abundan las frutas tropicales como la chirimoya o el aguacate. Sin embargo, como el agua no se vacía de forma directa, parte de la misma se pierde y no es suficiente para llenar estos acuíferos naturales que, según los agricultores, llevan tiempo “prácticamente secos”.

El panorama que dibuja la sequía que atraviesa España es especialmente llamativo junto a la presa de Rules. Mientras los pantanos pierden agua por toda la geografía porque no llueve, en Rules se queda principalmente embalsada. Paradójicamente, su utilidad se limita a usos recreativos como kayak, embarcaciones de vela o incluso windsurf, especialmente en verano por estar enclavado en un valle en el que corre mucho viento en este periodo. Una realidad que no están dispuestos a asumir vecinos y regantes de la zona porque llevan dos décadas esperando a que el embalse entre en funcionamiento. Por eso, preparan una gran manifestación de cara al otoño para recordar la urgencia de las canalizaciones.

“Situación crítica”

Rules debe dar servicio a las más de 5.000 hectáreas de campo fértil que hay en la Costa Tropical, pero actualmente solo sirve para dar algo de agua a las conducciones que ya había por el río Guadalfeo en las cotas 100 y 200. Agua que, antes de Rules, ya discurría de forma natural gracias a este arroyo. En teoría, la construcción del embalse permitiría dotar de más agua no solo a esas dos cotas, sino elevarla a 300, permitiendo la instalación de otras 5.000 hectáreas de plantaciones en la Costa Tropical de Granada. Francisco García, agricultor de la zona de Almuñécar que planta pitaya, aguacate y chirimoya principalmente, sabe bien qué momento está atravesando el campo de la zona sin las conducciones de Rules: “Estamos fuera del tiempo de descuento. La situación es crítica”.

“Falta tanta agua en los acuíferos que la que hay está prácticamente salada y afecta directamente a nuestras plantaciones. Sin ir más lejos, la semana pasada visité una cooperativa de mangos y las hojas de los árboles estaban verdes, pero dos días después se habían secado y el árbol estaba amarillo”. Como no llueve y algunas comunidades de regantes no dejan de sobreexplotar los acuíferos con regadíos nuevos e ilegales, según reconocen los ecologistas de la zona, estos depósitos naturales de agua dulce están bajo mínimos. “Los niveles de cloruro están tan altos que hemos decidido hacer una circular para avisar a los agricultores y que sepan si les conviene regar sus plantaciones”, reconoce Francisco García. Cree que han llegado a este punto “por la ineptitud de todas las administraciones”. Como no hay agua, tienen que bombearla del subsuelo lo que aumenta el precio de la factura de luz que pagamos. “Hay estudios que aseguran que si hubiese ya canalizaciones, el país habría ganado con nosotros.

Con el abastecimiento humano asegurado porque, si hiciese falta, hay tuberías subterráneas que utilizan el agua del mar para dar servicio a las localidades de la Costa Tropical, la urgencia se sitúa en la economía agraria. “Llevamos mucho tiempo advirtiendo de que las canalizaciones eran urgentes”. Como dos décadas después aún no se han construido, los agricultores piden que se recarguen los acuíferos con agua dulce para evitar perder las cosechas por la salinización del agua. “No nos han querido hacer caso y ahora todos se llevan las manos a la cabeza. Nos da igual quién sea, si el PP o el PSOE, porque en los últimos años los dos han estado tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno de España y no han arreglado el problema”, apunta García.

Si bien las canalizaciones corresponden al Gobierno central, que sufragaría parte del gasto cobrando un canon a las comunidades de regantes que se beneficiarán de ellas, los agricultores señalan a la Junta de Andalucía por no haber hecho nada de su parte para limitar la sequía. “La Junta no solo no recarga el acuífero, sino que tampoco quiere asumir como obra urgente la construcción de las canalizaciones y luego pasarle la factura al Gobierno”. Mientras que desde Madrid se sitúa en 2026 la fecha horizonte para que el primer proyecto de tuberías esté en marcha, los regantes no se lo creen. Consideran que es otro “engaño más” porque estamos en periodo entre elecciones. Desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía asumen que las canalizaciones no son de su competencia, pero que están “dispuestos a actuar hombro con hombro”. No responden sobre la recarga de acuíferos, pero sí añaden más variables al asunto: “Se han movilizado 141 millones por parte del Gobierno andaluz con los dos decretos de sequía, cuando tiene solo el 33% del territorio de cuencas (Mediterráneo, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras), frente al Gobierno de España que con el 67% del territorio (Guadalquivir…) solo ha destinado 9,6 millones de euros para obras de emergencia en su cuenca”.

¿Otro lustro de espera?

El baile de cifras no convence a nadie, tampoco a los ecologistas. El secretario provincial de Ecologistas en Acción, Juan Antonio Martínez, que en su día también participó en el proyecto de construcción, cree que, “siendo muy optimistas”, las conducciones no estarán como pronto hasta dentro de “5 ó 6 años” y suponiendo que “no haya problemas de tramitaciones o alegaciones que retrasen la construcción”. Considera que es un asunto recurrente del que se hace mucha “demagogia” cada vez que PSOE o PP quieren sacar rendimiento electoral. Al mismo tiempo, apunta a que, como parte de la obra se sufragaría con fondos europeos, las comunidades regantes beneficiarias deben estar al día de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. “La mayoría de ellas son morosas y eso retrasa cualquier posibilidad”. En todo caso, aunque desde el punto de vista ecologista la construcción de Rules “no gusta” porque supuso deteriorar un valle, el terreno es inestable y altera el curso del río Guadalfeo, “ya está hecho y es una reserva importantísima de agua que tiene que tener salida”.

Más ahora en plena sequía y cuando los regadíos ilegales no dejan de extenderse. Al mismo tiempo, “se teme que una vez estén hechas las conducciones, desde Almería y Málaga se pida que necesitan también esa agua”. De hecho, según cuenta Martínez, desde tierras malagueñas ya se han ofrecido a aportar fondos para las canalizaciones. “Hay agua de sobra, pero tiene que estar bien gestionada”. Con todo, la desesperación es palpable entre los regantes que no quieren que siga pasando el tiempo sin que haya una solución. Francisco García admite tal desesperación que necesita “que esté lloviendo un mes entero”. “Ha llegado un punto en el que prefiero que caiga una tromba y me rompa los caminos y los bancales, pero que se rieguen mis plantaciones”. Mientras tanto, Rules sigue siendo “la piscina más grande de Europa” y lo será, al menos, hasta 2026 cuando estima el Gobierno que acabará la primera fase de construcción de las canalizaciones.