Daniel Rodríguez Asensio

Vivimos tiempos complejos. Tras varios años escondiendo problemas estructurales debajo de la alfombra de la política monetaria y una pandemia que paralizó al mundo entero ha aparecido el fenómeno de la inflación, en apariencia superado en las principales economías del mundo, y ha vuelto a dar la vuelta al tablero de la economía mundial.

Es ciertamente improbable que la economía global entre en recesión en los últimos tres meses del año, pero será difícil evitarla en 2023. Es poco probable que la inflación dé tregua; las tensiones geopolíticas suponen incertidumbre energética y, con ella, las cadenas de suministro continúan siendo una incógnita; y buena parte de los bancos centrales continuarán subiendo tipos, lo cual tendrá un impacto (negativo) sobre la sostenibilidad financiera de unos Estados altamente endeudados, sobre el poder adquisitivo de las familias, sobre la competitividad de las empresas y sobre los activos financieros, especialmente la renta variable.

Estados Unidos ya está en recesión técnica y, por el momento, no hay ningún indicador que nos haga pensar que esto vaya a cambiar en los próximos meses. La inflación parece estabilizarse, aunque en niveles inaceptablemente altos y un carácter estructural ciertamente preocupante. El último dato, correspondiente al mes de agosto, refleja un crecimiento interanual de los precios del 8,3%, con una inflación subyacente (eliminando la energía y los alimentos frescos) del 6,3%. Debemos recordar que el objetivo de la Reserva Federal, al igual que el del Banco Central Europeo y los principales bancos centrales del mundo, es del 2%. La FED cumplirá su hoja de ruta y en 2023 pondrá los tipos de referencia en el 4%.

China, por su parte, también muestra una evolución económica débil. Se ha pasado buena parte del año paralizada por las medidas Covid cero. Cuando ha querido reactivar su actividad económica ya era tarde: Rusia había invadido Ucrania, la economía global ya estaba en plena desaceración y, además, había explotado una crisis en el sector construcción (25% del PIB, recuerden la quiebra de Evergrande) que está provocando tensiones financieras internas. Al contrario de lo que está ocurriendo en prácticamente todo el mundo, su banco central está bajando tipos e inyectando dinero en su economía para revertir la situación, pero los indicadores adelantados de actividad económica reflejan contracción o, en el mejor de los casos, estancamiento. Además, la inflación también comienza a repuntar (2,7% en julio) y su posicionamiento geopolítico mundial se está viendo afectado por la postura que está adoptando en la invasión de Rusia a Ucrania.

Europa: Estanflación y crisis energética

Europa aún no está en recesión. Alemania ha registrado un crecimiento trimestral del +0,1% y Francia del +0,2%, mientras que Italia y España han dado la sorpresa positiva con crecimientos superiores al 1% como consecuencia de la reactivación del sector turístico. Pero la evolución es claramente a la baja y acumula notables hándicaps que condicionarán la evolución para lo que queda de 2022 y 2023.

El primero es la crisis energética. Una política energética equivocada durante la última década ha llevado a una dependencia absoluta del gas de Rusia, lo cual provoca una escalada de precios energéticos sin precedentes en el Viejo Continente. La inflación supera el 9%, los precios industriales crecen un 36% interanual y la pérdida de poder adquisitivo en términos reales oscila entre el 6,7% en Alemania y el 8,1% de España.

Será difícil (aunque no descartable) ver cortes totales de suministro de gas porque las reservas están a un 70%, pero el encarecimiento de la energía sin duda continuará, y esto pone en riesgo empresas y sectores enteros. En la rapidez para encontrar nuevas fuentes de suministro de energía y diversificar las existentes, y no en las políticas de reducción artificial de la demanda, se juega la Unión Europea su supervivencia en el corto y medio plazo.

Como consecuencia de los elevados precios energéticos, además de la inflación y unos índices de confianza del consumidor que son los más bajos de toda la serie histórica, la Unión Europea está sufriendo un déficit en la balanza comercial hasta septiembre de casi 31.000 millones de dólares. Este es un hecho no visto desde la crisis de 2011 que genera una deuda externa que aumenta su vulnerabilidad en caso de empeoramiento de las condiciones financieras.

El segundo elemento de interés es la evolución del BCE y su impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Con los datos con los que contamos no hay ninguna razón para pensar que vaya a haber ningún problema en los próximos meses con la deuda privada, pero el incremento de los tipos de interés exigidos a la deuda pública, junto con una retirada progresiva de la compra de activos por parte del BCE pueden hacer resurgir la prima de riesgo.

A pesar de que el BCE tan sólo ha subido los tipos un 0,75%, los bonos del Tesoro a 2 años en Alemania y Francia están en niveles de 2011 y en Italia en 2013. Nuevas subidas de tipos son previsibles en lo que queda de año, empezando probablemente con 75 puntos básicos en septiembre, lo cual nos conduce al último punto relevante: la inestabilidad política en Italia. Los resultados de las elecciones de septiembre son cruciales para la estabilidad en la zona Euro.

En definitiva, no podemos descartar una entrada en recesión, bien a finales de 2022 o en el primer trimestre de 2023, la inflación va a seguir siendo elevada, y los riesgos energético y financiero pueden empeorar la situación de forma notable y a una velocidad elevada.

España: La peor recuperación y una de las economías más vulnerables

España es el único país europeo que no ha recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis del Covid-19. Además, tiene la mayor inflación de entre las economías europeas comparables, la mayor tasa de paro, uno de los mayores déficit y endeudamiento y acumula vulnerabilidades que no debemos obviar.

En este contexto, se ha instalado un sentimiento pesimista acerca del otoño en la economía española, ante el cual debemos realizar un análisis riguroso y equilibrado.

España va a entrar en recesión. Esto es algo natural, después de varios meses en los que los indicadores más importantes (mercado laboral, demanda doméstica, etc.) reflejaban valores de fin de ciclo y los de coyuntura una clara desaceleración.

Esto, sin embargo, no significa que este otoño volvamos a ver situaciones similares a 2011/2012, por varias razones:

Primero, ni tan siquiera está claro que la recesión se vaya a producir este año. De hecho, mi escenario base pasa por una revisión a la baja del dato de PIB correspondiente al segundo trimestre del año, un tercer trimestre muy débil pero en positivo, y el primer dato negativo en el último trimestre del año.

Los últimos datos del mercado laboral que hemos conocido afianzan esta hipótesis, aunque debemos tener en cuenta la destrucción de empleo artificial creado por los contratos fijos discontinuos. La recesión en el sector manufacturero y la debilidad de los servicios es un hecho.

Segundo, porque no hay ni un solo indicador que avance un parón súbito de nuestra economía. La desaceleración es evidente desde principio de año, y es probable que en los últimos meses veamos los efectos de pérdida de renta disponible. Pero eso es compatible con una recesión ligera (caída de en torno al 1% en 2023), frente a la caída superior al 3% de 2009 y 2012.

Tercero: Lo que vamos a ver a nivel financiero es un proceso de normalización. Nada más y nada menos. Es probable que se disparen las insolvencias empresariales por el fin de la moratoria de los créditos ICO y que la prima de riesgo se incremente. Según el Banco de Pagos Internacionales, nuestra prima de riesgo el año pasado debería haber tocado los 150 puntos básicos. O, dicho de otra manera, lo que queda en los últimos meses del año no es un deterioro adicional de las condiciones financieras, es tener consciencia del estado real de nuestra economía.

Y cuarto, porque aún no hay ni un solo indicador, ni en España ni en ningún lugar del mundo, que nos permita avanzar un escenario de crisis financiera (que fue lo que ocurrió en 2011) inminente con un grado de certeza elevado.

Lo anterior, sin embargo, no debe hacernos bajar la guardia ni caer en la autocomplacencia. Por primera vez desde la gran crisis, en junio el coste de las nuevas emisiones de deuda pública (1,8%) ya superó el coste de la deuda en circulación (1,6%). Somos uno de los países más dependientes del BCE, y eso nos hace vulnerables ante la retirada de estímulos en los próximos meses y ante cualquier empeoramiento de las condiciones financieras internacionales.

En resumen, mi escenario está lejos de la catástrofe que muchos anuncian. El PIB de España podría caer un –1,3% en 2023 y la inflación estabilizarse en torno al 8%. No obstante, si alguno de los riesgos (especialmente el financiero) cristaliza, el deterioro será súbito. Hemos tenido la oportunidad durante años de hacer reformas que fortalecieran nuestra economía, y ahora tenemos la de convertirnos en el proveedor energético de referencia en Europa. Las hemos dejado pasar todas, y estas son las consecuencias.

Pablo Cerezal. Madrid

Los últimos datos de crecimiento son bastante positivos, con un incremento del PIB del 1,1% entre abril y junio, pero podría tratarse del canto del cisne de la economía antes de un enfriamiento súbito, a tenor de lo que le espera a la vuelta de la esquina en otoño, cuando el agotamiento del empujón turístico se sumará a las consecuencias de la subida de los precios del gas tras el cierre del suministro ruso y a los efectos cada vez más evidentes del alza en los tipos de interés, que penalizarán tanto el consumo como la construcción. De hecho, el panel de Funcas, publicado ayer, estima que el PIB apenas crecerá un 0,1% en el tercer trimestre y que se contraerá dos décimas en el cuarto. Además, a esto se suma el otoño caliente que preconizan los sindicatos, que podría agravar el frenazo del empleo que se lleva experimentando desde julio.

Las señales de desaceleración ya se están dejando notar. En primer lugar, el mercado laboral parece haberse frenado después de que el sector turístico haya incorporado ya a prácticamente todos los afiliados que tenía antes de la crisis del coronavirus, y no parece que haya ningún otro sector que pueda tomar el relevo actualmente. De hecho, algunas ramas de la economía empiezan a aflorar problemas derivados de la disminución del poder adquisitivo de las familias (caso del empleo doméstico, por ejemplo) o de la subida de los costes de producción (agricultura o distintas ramas de la industria). Así se explica que en julio se perdieran 7.366 afiliados a la Seguridad Social, a pesar de que este mes suele ser muy positivo para el empleo, y que en agosto se destruyeran otros 189.963 puestos de trabajo tras el final de la temporada estival, un 40% más que en el mismo mes en años precedentes.

Y los dos grandes factores detrás de este frenazo no hacen más que agravarse por momentos. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo es clara, con una inflación del 10,5% en agosto, una cifra que multiplica por cuatro el avance de los salarios. Y la merma de capacidad de compra se hará todavía mayor conforme las familias con hipoteca a tipo variable empiecen a sufrir revisiones de sus cuotas, ya que el Euribor, que a principios de año se situaba en el –0,5%, está ahora a las puertas del 2% en tasa mensual y puede dar una nueva vuelta de tuerca con la última subida de los tipos, que puede suponer un incremento de los pagos de unos 1.500 euros al año en el caso de una hipoteca a 30 años por 160.000 euros. Además, si muchas familias habían usado el ahorro generado años atrás para darse el último capricho estas vacaciones, ahora puede darse la situación contraria, debido a la incertidumbre de cara a la factura de la luz este invierno.

También la pérdida de competitividad se está intensificando con el aumento de los costes energéticos y de los precios del gas, algo que no experimentan en la misma medida otros países no occidentales que no han impuesto sanciones a Moscú. El precio del gas, que ya estaba disparado este verano, ha sufrido un incremento adicional en septiembre por el corte del suministro ruso a Europa, lo que podría provocar el cierre de numerosas industrias por la falta de rentabilidad y los cortes de emergencia para evitar el desabastecimiento. Hay que tener en cuenta que la excepción ibérica para el mercado del gas ha permitido reducir la factura eléctrica en España, pero también ha supuesto el cierre de cerca del 60% de las fábricas que utilizan la cogeneración debido a la disminución de su retribución por parte del mercado eléctrico. Y aunque Sánchez anunció a principios de mes que extenderá el tope del gas a esta industria, está por ver si la nueva normativa es suficiente como para enderezar la situación.

Además, los intentos por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores pueden derivar en una mayor pérdida de competitividad que dinamite los puestos de trabajo generados en los últimos años. Los sindicatos han advertido en los últimos días de fuertes movilizaciones para lograr subidas salariales de acuerdo con la inflación, algo que ha venido respaldado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo que puede desencadenar numerosas huelgas que lastrarán a las empresas. El problema es que las compañías, cuyos márgenes se han visto laminados en los últimos meses por unos costes disparados y las dificultades para repercutirlos en su totalidad, no pueden asumir la revalorización total de los salarios conforme a los precios, ya que eso dejaría a un buen número de empresas en pérdidas. Y, en caso de poder hacerlo, quizá tampoco sería aconsejable debido a que las compañías tendrían que repercutir ese alza a los productos que fabrican, lo que redundaría en una aceleración de la espiral inflacionaria que volvería a mermar el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de las empresas nacionales.

Y esta pérdida de competitividad, además, tiene lugar en un momento muy complicado para el sector exportador debido a la contracción de la actividad en Francia y Alemania a la que apuntan los Índices de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) para el tercer trimestre, lo que redundaría en un frenazo de las ventas a estos países. Hay que tener en cuenta que el Rin, la gran arteria de la industria alemana y suiza, se ha quedado muy mermado por la sequía este verano, lo que ha impedido la llegada de ciertos suministros, adelantando los problemas del sector. Pero, además de eso, se ha producido una caída generalizada de los pedidos industriales en los últimos meses que ha provocado que el stock almacenado en los inventarios de las empresas se empiece a atragantar. Y a la debilidad de la demanda internacional (que también tiene problemas en países como China o EEUU) hay que sumar el encarecimiento de los precios energéticos, que ha provocado que el déficit comercial español se multiplique por seis en el primer semestre del año.

Y si hace un tiempo podía parecer que el turismo podía ser la gran tabla de salvación de la economía española, lo cierto es que su crecimiento es cada vez más limitado conforme el sector se acerca a los niveles previos a la pandemia, y es complicado que vaya más allá en un contexto inflacionario. Además, si bien el turismo ha sido un elemento clave para la fuerte recuperación del empleo en los últimos meses y dará sustento al PIB en el tercer trimestre, igual que hizo en el segundo, las perspectivas son más sombrías de cara a final de año, cuando el peso del turismo en el PIB se reduce por su carácter estacional. En este momento, será clave conseguir que la demanda corporativa se recupere igual que lo ha hecho la rama personal. Además, a esta limitación hay que sumar la pérdida del poder adquisitivo, que ha retraído la demanda extranjera. Si bien la inflación en España ha podido ser un acicate para el turismo nacional, al disuadir a los ciudadanos de hacer viajes a mayor distancia y darles incentivos para pasar sus vacaciones en España, la subida de precios en el resto de Europa ha hecho lo propio, limitando la llegada de extranjeros. Y todo ello se agravará en los próximos meses, dado que el incremento en la factura energética y en la cesta de la compra resta capacidad de compra para otro tipo de servicios más fácilmente prescindibles, como es el caso de los viajes. De hecho, Citigroup predice que la inflación está lejos de tocar techo y alcanzará el 18,6% en Reino Unido en los próximos meses.

Subida de tipos

Esta inflación, además, genera un problema añadido, ya que puede hacer que la subida de los tipos de interés no permita moderar la inflación en el corto plazo, por lo que será necesario aumentar la dosis y la duración de esta medicina, lo que agravará también sus efectos negativos sobre la economía, al lastrar tanto la inversión por parte de las empresas como el gasto público y el consumo. De hecho, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló el pasado jueves, tras una subida histórica de 75 puntos básicos, que habrá más alzas de tipos y que éstas se extenderán durante bastante tiempo, mientras que en EEUU, donde la inflación subyacente volvió a subir en agosto, la Fed podría pisar aún más el acelerador del encarecimiento del precio del dinero. Las subidas de tipos ya están provocando que muchas empresas empiecen a paralizar sus nuevas inversiones debido a que a la falta de demanda y a las pobres expectativas para un futuro próximo se une la subida de los costes de la deuda, lo que ha llevado a muchas empresas a reducir sus gastos de capital para evitar quedar entrampados en inversiones difícilmente amortizables con los intereses más altos.

A su vez, las alzas afectan al Euribor, lo que encarece el coste de las hipotecas a tipo variable en vigor, restando capacidad de compra a muchos hogares, pero también encarece enormemente el coste de las nuevas hipotecas. Aunque en un primer momento no se ha notado un gran impacto sobre las compraventas de inmuebles debido al empuje positivo de los nuevos contratos indefinidos y a la prisa de los compradores para evitar mayores subidas de tipos, a partir de ahora se puede observar un cambio de tendencia. Hay que tener en cuenta que la subida del Euribor desde principios de año ha provocado un encarecimiento de las cuotas hipotecarias para los nuevos créditos superior al 20% en el caso de préstamos por encima de 25 años, lo que, sumado al encarecimiento de los nuevos inmuebles, arroja a muchos posibles compradores a los brazos del mercado del alquiler. Y eso, sumado al incremento de los costes de las nuevas construcciones, está empezando a disuadir a los promotores, lo que ha llevado a un descenso del 14,8% en la petición de visados de obra nueva por las malas perspectivas para su venta en los próximos años.

Por último, la subida de los tipos de interés ya está impactando en los tipos de emisión de los bonos de deuda pública, cuyos intereses multiplican por cinco las cifras de principios de año. Por el momento, este incremento no se nota en la carga financiera de las Administraciones debido a los altos plazos de vencimiento de la deuda española, ya que el Tesoro aprovechó el aluvión de liquidez de los últimos años para extender estos periodos. Sin embargo, España es uno de los países con más deuda y déficit de la eurozona y el Banco de España señala que una subida de los bonos de 100 puntos básicos, la mitad de la que se ha producido en los últimos meses, haría que la carga financiera se elevara cuatro décimas, hasta el 2,4% del PIB, en 2023. De momento, el déficit se está cerrando a pasos agigantados por el impacto de la subida de precios sobre la recaudación, pero en 2023 el efecto de la inflación será el contrario, al limitar el crecimiento y provocar un alza generalizada de los gastos, impulsada por la revalorización de las pensiones con el IPC y la muy probable subida de los sueldos públicos, lo que podría llevar a la necesidad de un recorte de gasto en el futuro.

• Dos años después de la solicitud formal de la Junta, el Ejecutivo solamente ha dado largas
• La ausencia de la Variante Oeste, el gran déficit del impulso final al Área Logística de Córdoba

Hace justo dos años, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía (tanto en el primer Gobierno de Juanma Moreno como en el segundo) se dirigió formalmente a su homólogo en el Ejecutivo central, José Luis Ábalos, para activar unas conversaciones clave para la política de infraestructuras que afectan a Córdoba. Pedía por carta que se retomaran las negociaciones para concluir la parte que queda de la Variante Oeste. El tramo pendiente debe unir las carreteras del Aeropuerto (estatal) y de Palma del Río (autonómica).

Antes de mover un papel, Gobierno y Junta tienen que sentarse a hablar porque el proyecto tiene que ser necesariamente cofinanciado. El grueso de la inversión corresponderá a los Presupuestos Generales del Estado pero el enlace con la A-431 es una responsabilidad de la Consejería de Fomento.

En estos dos años, ha cambiado el ministro (ahora es Raquel Sánchez quien manda) pero lo que no ha cambiado es un hecho objetivo. En los archivos de la Junta solo consta una respuesta a esa carta. Tiene apenas unas líneas, la firma el entonces director general de Carreteras y anuncia negociaciones futuras vinculadas a trabajos internos del Ministerio.

Sí hay declaraciones de la consejera instando a la vuelta de las negociaciones y respuestas parlamentarias del Ejecutivo de Madrid explicando que, como no había convenio definitivo, no podía haber carretera. Una especie de juego dialéctico que establece una gran verdad. El Ministerio de Movilidad se lo está tomando con calma. Mucha.

Para entender el tiempo perdido, la primera vez que se firmó un papel sobre el tramo norte de la Variante Oeste (el Sur, puente de Ibn Firnás incluido, quedó ejecutado con José Blanco en el Ministerio). Iba a costar unos 46 millones de euros de los que 41 eran cosa del Gobierno y cinco de la Junta. En la siguiente ocasión en que ambas partes se sentaron, el tramo ya superaba los 70 millones de euros. No existe aún una cifra definitiva.

Teóricamente, el Ministerio de Movilidad y una empresa contratada para tal fin trabajan para establecer una actualización del proyecto técnico (han cambiado muchas normas reguladoras) y de las cantidades de obras. La nueva cifra puede ser, vista la inflación, de mareo gordo. Supuestamente, los trabajos de actualización del proyecto se debían haber realizado al amparo de la Ley de Presupuestos de 2021 aunque no existe constancia de que estén concluidos.

Las partidas de la Variante Oeste volvieron a aparecer en las cuentas del Estado tras años de calderilla. Se interpretó como un interés cierto por el desarrollo de las obras. Sin embargo, nunca han tenido enjundia suficiente como para convertirse en una apuesta cierta. De hecho, la Junta también intentó empezar a provisionar las cantidades. Aparecían en el proyecto de ley de presupuestos de este año que no llegó a aprobarse por el rechazo directo de toda la izquierda y Vox en un ambiente claramente preelectoral.

Una de las cuestiones más desasosegantes del abandono sometido durante años a la Variante Oeste es que el tramo norte es menor. La mayor dificultad se encontraba en el Sur. Era más largo, 5,9 kilómetros, y tenía que salvar el cauce del Guadalquivir por el salto de Casillas para unir la A-4 y la A-45 con la carretera del Aeropuerto. Lo que resta son los dos kilómetros que tienen que salvar tanto las vías del ferrocarril como crar el nuevo enlace con la carretera de Palma.

Esos dos kilómetros son, sin embargo, una actuación clave que se diseñó, curiosamente, con el PSOE en el gobierno de la ciudad. Fueron los socialistas en la Gerencia de Urbanismo quienes insistieron en que la comunicación rodada de Poniente debía realizarse diferenciando los tráficos pesados de los urbanos, en donde la presencia de camiones es significativamente menor.

Los segundos se realizarían por la Ronda dePoniente que se ha convertido con el tiempo en la columna vertebral de los nuevos barrios de Córdoba. Los primeros se llevarían a una variante más alejada de la ciudad que no precisaría de entrar en la ciudad y daría servicio al eje de la carretera de Palma.

Cuando se planteó el diseño, en esaparte del término municipal de Córdoba no había prácticamente nada. Era un lugar colonizado por naves industriales y algunos viveros. En todos los años en los que ha estado en marcha este expediente, la configuración es muy distinta. Se creó el polígono industrial de la carretera de Palma y posteriormente se urbanizó la llamada manzana de San Eloy. Se inauguraron las instalaciones del Parque Joyero, que ha levantado su peor etapa en lo que concierne a ocupación de espacios, e incluso se crearon las naves de Colecor que, a su manera, pretendían ser un acercamiento a la logística.

El desarrollo del transporte de mercancías es lo que ha dado la necesidad final de la infraestructura, según todos los análisis que se han realizado en esta materia, con la patronal, CECO, a la cabeza. En esta pate de la ciudad se encuentra la mayor plataforma logística de la Junta de la provincia en la que ya se está diseñando la tercera fase, que pondrá fin a la actuación.

Además, se encuentra en la zona la estación de mercancías de ADIF, una infraestructura que está llamada a aportar mucho más de lo que lo ha venido haciendo. Pese a que sus resultados anuales son decrecientes en términos de manejo de UTIS (la medida de contabilidad del traslado de contenedores), la estación se encuentra en uno de los principales ramales del tráfico de mercancías por ferrocarril.

En estos momentos, los estados miembros de la Unión Europea están invirtiendo una gran cantidad de dinero público con el objetivo de mejorar sus redes ferrovarias, modernizar la flota de ferrocarriles e incrementar el porcentaje de mercado de esta forma de transporte frente al tradicional de camiones.

Una última cuestión ha cambiado en esta parte de la ciudad que justifica la creación de mejores comunicaciones. El Centro de Convenciones de Córdoba se abrirá en semanas y, si alguna vez está hecha la Variante, será un gran beneficiario de su construcción. En estos momentos, tiene los mismos accesos rodados del Parque Joyero que pueden ser suficientes para un número concreto de personas pero no para una entrada y salida masiva. El Consistorio aún no ha explicado cuáles son sus planes de movilidad para el momento en el que el edificio esté en marcha y tenga actividades con mucho público.

• Pretende ejecutar obras de modernización en la vía, construida hace cuatro décadas

• La primera fase,  que se ejecutará a lo largo del próximo mandato, se centrará entre el Playa y Cortadura

El Paseo Marítimo de Cádiz comienza a tener demasiados achaques. Construido hace ya casi 40 años, su masiva utilización, más allá de la temporada estival, y los cambios urbanísticos que se han ido ejecutando en algunos de sus tramos se están dejando notar hasta el punto de reclamar un buen lavado de cara.

No olvidemos que el Paseo es una de las principales postales de Cádiz, fuera de la ciudad histórica, y sigue siendo la principal atracción para buena parte del turismo que nos visita.

Más de 50 voces especializadas han sido convocadas por el Ayuntamiento de Ronda para recabar información técnica sobre urbanismo, movilidad y estrategia urbana con motivo de los planes que se empezaron a elaborar en el mes de junio: el Plan de Acción Local para la Agenda 2030, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan General de Urbanismo. Estas mesas de expertos, que se desarrollarán al final de septiembre, serán el precedente de la participación ciudadana abierta, que se desarrollará en el mes siguiente. 

Se han conformado 6 ejes temáticos sobre los que se solicita una aportación específica y documentada que sirva para conformar un escenario de partida para el desarrollo posterior de las jornadas de participación. Las personas que participarán han sido propuestas por diversos grupos políticos y organizaciones técnicas tratando de garantizar la transversalidad socioprofesional. 

Cabe recordar, además, que este nuevo hito se desarrolla después de la emisión de dos cuestionarios online que se publicaron a principios del verano, los cuales aún pueden ser difundidos y contestados. Además, durante el proceso de elaboración de los planes en marcha, se darán otras actividades complementarias como visitas a las distintas realidades urbanas del municipio de Ronda o trabajos en centros docentes. 

• El socialista Antonio Muñoz asegura que antes de octubre se sabrá ya el nuevo anteproyecto elegido por el Ministerio de Transportes
• El Gobierno de Pedro Sánchez ningunea la SE-40 mientras inaugura el gran túnel de Atocha
• El Gobierno de España no actualiza los tramos del arco norte de la SE-40

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha zanjado las dudas en torno a su posición sobre un tema sensible para la ciudad. El regidor apuesta por los túneles antes que el puente para que la SE-40 cruce el Guadalquivir entre Coria y Dos Hermanas. Así lo evidenció en los micrófonos de Onda Cero Sevilla al ser cuestionado por la idoneidad del paso sur de la segunda circunvalación metropolitana.

Resulta, cuanto menos chocante, esta postura del alcalde habida cuenta del recelo que desde el Gobierno central, del mismo color que su partido, se tiene al respecto del futuro de los túneles. Se suma así a la petición que el también regidor del PSOE de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, realizaba el pasado martes, solicitando el cierre de la SE-40, una infraestructura vital» para el desarrollo industrial del municipio nazareno.

Por la información que maneja Antonio Muñoz, «a lo largo de este mes o como muy tarde a principios de octubre, se pondrá encima de la mesa» el resultado del nuevo anteproyecto promovido por el Ministerio de Transportes para definir un nuevo diseño de los túneles inicialmente diseñados, con un trazado más largo de unos 2,3 kilómetros adicionales; y comparar esta solución con cuatro alternativas de puente, al objeto de adoptar una nueva decisión sobre qué infraestructura acometer.

Especialmente, ha lamentado el «inexplicable retraso» que acumula el proyecto de la ronda metropolitana SE-40, que actualmente cuenta con 38 kilómetros en servicio de los más de 77 del trazado planeado. Mientras el Gobierno central manifestaba meses atrás que sus planes pasan por contar con el resultado de dicho ante proyecto antes de que finalice este año.

De cara a ese momento, el alcalde hispalense se ha mostrado «más predispuesto a continuar con los túneles» que a optar por puentes, explicando que «si la opción es otra», el Gobierno central tendrá que «convencer del porqué» de su elección.

Ello, después de que a finales de 2020, el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Javier Herrero, anunciase un «cambio radical» del proyecto inicial del paso sur de la SE-40 asegurando que había sido detectado que el grado de «importante impermeabilidad» en principio previsto en el terreno no es tal y «el suelo no se comporta según lo previsto».

En ese sentido, Herrero explicaba que naturalmente, un proyecto de puente es «infinitamente más fácil» de acometer que uno correspondiente a un túnel, requiere menos tiempo y resulta más económico, asegurando que en términos generales «la solución del túnel» es elegida «cuando no existe otra» opción.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida respecto al proyecto original de este tramo de la SE-40, recordémoslo, apostaba por desestimar la opción de los puentes ante un impacto «visual severo» del Guadalquivir.

Ante esta nueva situación en la que se encuentra el paso del río Guadalquivir, son ya varios alcaldes, además del de Coria, Modesto González, los que empiezan a presionar al Ministerio, especialmente los dos últimos en hacer, ambos del PSOE, como son Antonio Muñoz y Francisco Rodríguez.