• La titular de Fomento se posiciona con los empresarios y se muestra firme en la creación de una infraestructura “que permite mejorar la conexión de la capital”

• El Ayuntamiento, por su parte, aboga por reforzar las líneas de Metro antes de iniciar esta actuación

“No podemos prescindir de ningún proyecto que venga a mejorar Granada”. Con estas palabras se ha referido Marifrán Carazo, consejera de Fomento de la Junta, durante una visita a la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), para referirse a la ampliación del Metro y al cierre del Anillo de la Circunvalación, ambos proyectos que enfrentan al Gobierno autonómico con el local. 

En declaraciones a los medios antes de la reunión con el presidente de los empresarios de Granada, Gerardo Cuerva, la consejera ha explicado sobre este proyecto que su estudio de impacto ambiental está “a punto de iniciarse”, al tiempo que ha asegurado que el cierre se realiza respetando siempre el entorno que atraviesa. 

Esta noticia ha sido bien recibida por los empresarios, pues en palabras de Cuerva se trata de un proyecto que llevaba años en tierra de nadie y ahora se pone en marcha. Esta idea ha sido también apuntada por Carazo, quien ha insistido en que se han tenido que desempolvar proyectos que “estaban guardados en un cajón” y que habían sido planificados hace más de una década. 

Para la titular de Fomento, ambos proyectos, el metro y el Anillo de la Circunvalación, van de la mano, puesto que permite mejorar la conexión de la capital y, al mismo tiempo, limpiar su aire, al aliviar el tráfico y ayudar a que este fluya mejor. De hecho, esta misma idea ya fue defendida por la  Mesa de la Construcción de Granada (constituida por los colegios oficiales de ingenieros de caminos, técnicos industriales, arquitectos y instaladores eléctricos), quien consideró prioritaria esta actuación hace ahora un año. 

Una postura diametralmente opuesta a la que sostienen desde la Plaza del Carmen, que ven como secundario esta actuación y opta por ejecutar más líneas de Metro para evitar el caos circulatorio en el que se convierte la actual Circunvalación en horas punta. De hecho, ya en su día, el concejal de Urbanismo criticó que Carazo hubiera realizado el anuncio de la salida a licitación de la autovía “sin sentarse a hablar” con el Ayuntamiento.

Otras infraestructuras

Más allá del Metro y la Circunvalación, Carazo  ha subrayado que, en materia de infraestructuras, Granada “ha notado el cambio” en el Gobierno andaluz y se ha detenido en el trabajo realizado para redactar los proyectos y captar 110 millones de fondos europeos para acometer la prolongación sur del metro de Granada, cuyas obras se iniciarán en el año 2023, y la fabricación y compra de nuevos trenes.

Asimismo, ha destacado los compromisos alcanzados para mejorar la red viaria en la provincia de Granada, como la ronda sur de Motril, la mejora del acceso a Granada por la carretera de la Zubia o el nuevo acceso a la Alpujarra, que “acabamos de licitar por 11 millones y que eliminará muchas de las curvas de la A-348 a Lanjarón”.

Estas actuaciones tendrán continuidad, ha remarcado la consejera, gracias a un banco de proyectos en el que se está abordando la VAU-5, la VAU-9 o la mejora de capacidad de la carretera Iznalloz-Darro. Esa apuesta por Granada, contrasta, ha recalcado, con la realizada por el Gobierno de España, que ha tenido su reflejo en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023, que ha calificado de “decepcionantes”.

También ha reprochado la “escasa” presencia en las cuentas estatales de partidas para la mejora de las conexiones por tren de Granada. “No sólo es que no haya nada para la integración del AVE y que la variante de Loja se pinte una inversión que arrastra un retraso importante, sino que los presupuestos no recogen ni un euros para la conexión Granada-Almería del Corredor Mediterráneo ni para el tren Motril-Granada”, ha dicho.

El Gobierno de España, ha insistido, está perdiendo la oportunidad de aprovechar los fondos europeos para “ejecutar una obra fundamental para el desarrollo de Granada”.

• Marifrán Carazo llama a resolver las dudas de una norma andaluza “que se ha hecho con el consenso del sector de la construcción”

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha reclamado al Gobierno de España que alcance cuanto antes un acuerdo que “disipen las dudas que ha generado” sobre el decreto ley de la Junta de Andalucía de revisión del precio de los materiales de la construcción y que se ha desarrollado “de la mano del sector para evitar la pérdida de empleos en Andalucía”. La consejera de Fomento ha inaugurado un encuentro empresarial sobre seguridad jurídica y perspectivas de la revisión de precios en contratos públicos celebrados en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios y organizado por Fadeco Contratistas.

“El decreto andaluz sigue vigente, aunque somos conscientes de que la situación a la que nos ha llevado el Gobierno de España genera incertidumbre tanto en el sector de la construcción como en las entidades locales que se pueden adherir al mismo”, ha puesto de manifiesto la consejera al recordar que el Gobierno de España “haya vuelto a amenazar con un recurso de inconstitucionalidad”, como ya hiciera con el decreto de regularización de viviendas irregulares o la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), ambas resueltas con rapidez en reuniones de trabajo.

Marifrán Carazo ha lamentado que los decretos nacionales “no hayan tenido el efecto deseado porque su aplicación deja fuera al 95 por ciento de las obras públicas”, lo que ha traído como consecuencia “retrasos, abandonos de proyectos y una parálisis del sector que está abocando al cierre a no pocas empresas”.

Esa situación, ha señalado la consejera, se ha intentado paliar con la aprobación el pasado mes de abril del decreto andaluz de revisión de precios, que “se ha redactado de la mano y con el consenso del sector de la construcción”. A diferencia del Gobierno de España, la consejera ha precisado que la norma andaluza incorporar también las obras en ejecución en 2021 y de menos de cuatro meses de duración. De igual manera, suprime la penalización por retrasos vinculados a falta de material, permite sustituir materiales si no altera la calidad y amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos.

Llegado a ese punto, la consejera ha criticado que “el Gobierno central se tome con calma intentar resolver las diferencias sobre este decreto”, al no convocar hasta el mes de agosto la comisión bilateral. “El Gobierno andaluz quiere resolver cuanto antes esta situación y trabajamos intensamente para conseguir que finalmente se solventen todas las dudas”. Además, se ha sumado a la petición de la patronal de solicitar la aprobación “un tercer real decreto que, verdaderamente, sirva al sector a afrontar la situación que vive”. “Muchas peticiones que le reclaman están en el decreto andaluz, por lo que un buen paso sería un acuerdo que de seguridad jurídica”, ha dicho.

Entre 1986 y 2022, España ha padecido tres recesiones económicas: 1992-1993, 2008-2013 y 2020. No obstante, solo en las dos primeras hubo una contracción en el mercado residencial. A pesar de que en la tercera el PIB (11,3%) disminuyó mucho más que en la primera (0,1%) y la segunda (7,7%), la evolución del anterior mercado fue satisfactoria.

Por regla general, existe una elevada correlación entre la variación del PIB, la del precio real de la vivienda y la de las transacciones. No obstante, en la economía siempre hay excepciones y una de ellas tuvo lugar hace dos años. Los deseos de cambio de piso generados por la Covid–19 provocaron un elevado número de adquisiciones por parte de la clase media–alta y mantuvieron a flote el mercado residencial.

Por tanto, si queremos analizar si en 2023 existirá una crisis inmobiliaria, previamente hemos de dilucidar si en dicho año la coyuntura económica será adversa. A diferencia de 2008, en la actualidad España no está entre los países más enfermos de la Unión Europea, sino que es uno de los más sanos.

La ventaja relativa de nuestro país está basada en tres motivos: escasa participación de la industria en el PIB, reducida dependencia del gas ruso y exigua relación comercial con el país eslavo. España es una isla energética por obligación, pues nunca ha sido una prioridad para la Comisión Europa nuestra conexión por cable y gaseoducto a través de Francia. La construcción de siete plantas regasificadoras exigió una gran dispendio, pero ahora nos proporciona una gran seguridad de suministro.

En 2020, los países más afectados por la crisis tenían una elevada dependencia del sector servicios y especialmente del turismo. En cambio, en 2023 los más frágiles serán los que tienen un sector industrial más potente y utilizan en gran medida el gas natural como materia prima. Entre ellos estarán Alemania, Chequia, Polonia, Rumanía o Austria.

Por consiguiente, una posible crisis económica no tendrá las principales características de las anteriores. No vendrá generada por un modelo de crecimiento erróneo ni por un elevado déficit exterior ni por los problemas de solvencia de numerosos bancos o por un creciente desequilibrio entre ingresos y gastos públicos. La gran amenaza es un gran y escasamente justificable aumento de los tipos de interés por parte del banco central de la zona euro.

El papel del BCE

Una vez más, el BCE se ha equivocado. En tres meses, el banco central ha pasado del blanco al negro, cambiado sus prioridades y dado un completo giro a su política monetaria. En junio, sus medidas impulsaban el PIB y la inflación de la zona euro, a pesar de que la última ya alcanzaba el 8,6%. Por eso, su tipo de interés principal se situaba en un 0% y la entidad compraba 20.000 millones de deuda pública y privada.

En septiembre, sus actuaciones buscaban reducir rápidamente el nivel del IPC, sin preocuparle sus negativas repercusiones sobre la economía europea, situada a un paso de la recesión por la crisis energética. Por dicho motivo, el banco central ha subido más que nunca sus tres tipos de interés (un 0,75%) y ha situado el principal en un 1,25%.

Para la economía española y el mercado residencial, el anterior tipo no es ningún problema. Este lo constituye la intención de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE de situarlo por encima del 2% en diciembre y alcanzar una cota superior al 3% en algún período del primer semestre de 2023. Según mi parecer, una excesiva subida, dadas las expectativas de elevada disminución de la inflación en los próximos meses.

Si así sucediera, en el próximo ejercicio las hipotecas fijas tendrían un escaso atractivo y el euribor a 1 año se situaría en un nivel próximo al 4%. Una coyuntura que llevaría a los nuevos prestatarios a tipo de interés variable a pagar alrededor de un 4,5% y desincentivaría notablemente la compra de viviendas.

No obstante, más que el anterior tipo, el principal problema del mercado residencial sería el rápido cambio de las condiciones de financiación de la vivienda, siendo ésta la causa más frecuente por la que aquel en pocos meses pasa de la expansión a la recesión.

La actuación de los bancos

A finales del pasado año, los principales ejecutivos de los bancos españoles hicieron caso a la presidenta del BCE y estimaron en la confección de sus presupuestos de 2022 un tipo de interés nulo durante la totalidad del año. Por tanto, la coyuntura volvería a ser adversa para su negocio, pues ellos generalmente ganan más cuando más elevados son los tipos, siempre y cuando estos no conduzcan al país a una aguda recesión.

Para lograr un gran incremento de sus beneficios, pusieron su interés en el mercado residencial y en particular en el crecimiento del crédito hipotecario. Un boom inmobiliario, una elevada creación de ocupación y una reducida morosidad de los préstamos concedidos para la compra de vivienda hicieron que una sustancial parte de su negocio estuviera directa o indirectamente relacionado con él.

Una colosal batalla se desató entre las entidades financieras por captar o fidelizar clientes mediante la concesión de hipotecas y, en los primeros ocho meses del actual ejercicio, un gran número de adquirentes de inmuebles pudieron acceder a un préstamo a tipo de interés fijo entre un 1% y 1,5% a un plazo inicial de 25 anualidades.

En 2023, los bancos actuarán de forma muy diferente a la del pasado año. La prioridad ya no será un elevado crecimiento del crédito hipotecario, sino el mantenimiento de una reducida morosidad. Para conseguir dicho objetivo, disminuirán el volumen de préstamos concedidos. Los más afectados serán los demandantes con menores salarios, los que pretenden dedicar más del 35% de sus ingresos al pago de la cuota hipotecaria y los que quieren adquirir una segunda residencia.

En el próximo ejercicio, si los tipos de interés del BCE siguen la evolución anteriormente descrita, los bancos tienen casi asegurado un gran aumento de sus beneficios. El principal factor que los proporcionaría sería un elevado número de deudores a tipo de interés variable, pues estos pagarán por el mismo producto bastante más que el pasado año. La única gran amenaza consistiría en un elevado aumento de la morosidad, pues esta les obligaría a realizar cuantiosas provisiones que reducirían sustancialmente las ganancias obtenidas.

La repercusión sobre la obra nueva

En el actual año, la demanda de viviendas nuevas ha superado claramente a la oferta. Los promotores no han vendido más porque su oferta era muy limitada. Por tanto, afrontan el próximo año sin stock de pisos acabados y la mayoría con unas ventas efectuadas superiores al 60% de las unidades cuya escritura ante notario está prevista para 2023.

En el siguiente ejercicio, ya sea por un efecto psicológico o por la incertidumbre sobre el precio de los materiales de construcción, numerosas pequeñas promotoras reducirán el número de viviendas iniciadas. El primer factor será una consecuencia de los graves perjuicios sufridos durante la crisis de 2008. El segundo constituirá una muestra de su escaso conocimiento sobre el funcionamiento del mercado de materias primas y una aversión al riesgo mayor de la habitual.

La explosión de la burbuja inmobiliaria no la vieron venir, perdieron numerosos solares financiados por los bancos e inmuebles acabados donde la mayoría de las ventas comprometidas no se materializaron. Unas porque desistieron los adquirentes y otras porque la banca no concedió a los interesados la financiación necesaria para su compra.

Debido a las anteriores razones, el próximo año probablemente solo se inicien 85.000 viviendas. Una cantidad muy exigua si la comparamos con las 725.801 de 2006 (máximo histórico), pero también con las 95.000 de 2022 y las 110.071 de 2021. Así pues, en 2023 la combinación de una escasa oferta y un elevado número de viviendas comprometidas descarta la bajada del precio de las nuevas unidades construidas y la creación de un gran stock.

Los promotores tienen un comportamiento asimétrico. Cuando venden sobre plano más de lo inicialmente previsto, suben precios y muchas veces más de una vez. No obstante, cuando lo hacen menos, se resisten considerablemente a bajarlos. La mayoría espera a una mejora de la coyuntura económica para equiparar las ventas efectuadas a las planificadas.

Por regla general, están dispuestos a disminuir el precio cuando la promoción está finalizada y tienen pendiente de enajenación más del 30% de las unidades. También algunos lo reducen en el último trimestre de la construcción del inmueble, si el ritmo de ventas es muy decepcionante. La gran excusa para su resistencia es su negativa a bajarles el importe de venta a los compradores ya comprometidos mediante el pago de las arras.

En 2023 la demanda de viviendas nuevas bajará menos que la de inmuebles usados. La clave estará en el perfil del comprador. Los ingresos de los compradores de las primeras son superiores a los de los segundos, pues la mayoría de las adquirentes de los pisos recién construidos pertenecen a la clase alta o media–alta, especialmente en las grandes ciudades.

A diferencia de algunos de los demandantes de viviendas usadas, los compradores de pisos nuevos no tendrán ninguna dificultad para conseguir un préstamo hipotecario y casi ninguno tendrá en riesgo su empleo. Por tanto, la nueva coyuntura no les obligará a cambiar sus iniciales planes de compra.

La repercusión sobre la vivienda usada

En la vivienda usada, las demandas más afectadas por la nueva coyuntura serán las de primer acceso a la propiedad y de inversión. El principal problema de la primera consistirá en la obtención de un préstamo, pues los jóvenes constituirán las principales víctimas del criterio más selectivo de concesión de hipotecas por parte de los bancos.

Debido a ello, las ciudades más afectadas serán las que tienen una gran oferta por debajo de los 150.000 euros y habitualmente los menores de 40 años son sus principales compradores. Así, por ejemplo, en el próximo ejercicio el precio y las ventas se resentirán más en Lugo, Cáceres, Jaén o Albacete que en Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga.

Dentro de la demanda de inversión, es interesante destacar el distinto comportamiento de la especulativa y la patrimonial. La primera es realizada por los que compran, reforman y venden. Para lograr la rentabilidad deseada, necesitan adquirir el piso por debajo del precio de mercado, realizar una actualización que incremente su valor por encima del coste de las obras y un aumento del importe de venta por la mejora de la coyuntura inmobiliaria en el período comprendido entre la adquisición y la enajenación.

En 2023, la última característica, generalmente la más importante, no será viento de cara, sino probablemente en contra. Por tanto, la mayor parte de los especuladores desaparecerá del mercado durante gran parte del próximo año. Mi recomendación es su regreso a final del ejercicio actual o en los primeros meses del siguiente. En dichos períodos, el número de chollos será muy superior al actual y al existente en el siguiente semestre.

La demanda patrimonialista permanecerá expectante. La intención de la mayoría es reducir el ritmo de adquisiciones e incluso muchos no efectuarán ninguna. En primer lugar, por la reducción de la rentabilidad de la compra generada por la subida del tipo de interés hipotecario. En segundo, por la disminución del exceso de demanda actual de vivienda de alquiler y el estancamiento de su precio en 2023.

No obstante, si un patrimonialista clásico observa la aparición de un piso a precio de mercado en una de sus ubicaciones fetiche, lo adquirirá. Lo hará, aunque sospeche que unos meses más tarde puede encontrarlo más barato. Sin embargo, el riesgo a perderlo más que compensa la posible bajada del importe de venta.

La demanda con mejor evolución será la de mejora. A la mayoría de los compradores les resultará fácil encontrar una hipoteca, ya sea por el reducido porcentaje de endeudamiento solicitado o por su relativamente elevado salario. Al vender otro piso, a diferencia de los jóvenes, no necesitarán pedir una hipoteca por el 80% del precio. Su principal dificultad estará en la venta de su actual vivienda. Les costará enajenarla y muy probablemente deban conformarse con un importe significativamente inferior al deseado.

Escenarios

En el próximo ejercicio, el gran problema para la economía española y el mercado residencial estará en Fráncfort y será el Consejo de Gobierno del BCE. Si tal y como espero, su tipo de interés principal supera el 3%, nuestro país sufrirá una leve contracción económica, el precio de los inmuebles bajará entre un 3% y un 5% y las transacciones más de un 10%. En cambio, si dicho tipo no supera el 2%, ni España caerá en recesión ni el importe de la vivienda bajará.

En el primer caso, la recesión del mercado residencial no será aguda, sino light, pues durará poco. Mi previsión está basada en una rápida disminución de la inflación por el establecimiento por parte de la Comisión Europea de un tope al precio del gas importado, la desvinculación del importe de la electricidad del de la anterior materia prima y la caída de numerosos países del norte y centro de Europa en una significativa contracción económica.

Por tanto, no es para nada descartable que en el segundo semestre de 2023 o primero de 2024, el BCE cambie el signo de su política monetaria y vuelva a bajar sus tipos de interés. No obstante, su cuantía será sustancialmente inferior a las del conjunto de las subidas previas.

En definitiva, en el peor de los casos, la recesión inmobiliaria no será ni un aperitivo de la observada entre 2008 y 2013, siendo su duración más previsible de un año. En el mejor, el precio de la vivienda se estancará y las transacciones disminuirán alrededor de un 5%. La última será una coyuntura cada vez más habitual en el mercado residencial, pues la etapa de tipos de interés ultrarreducidos ya ha desaparecido.

C.Morán. Madrid

Tragsa, la empresa estatal especializada en obras y servicios en el medio rural y agrícola, va a cerrar 2022 con un notable crecimiento en términos de facturación, sin erosionar demasiado la rentabilidad manifestada en los últimos años. Aunque la compañía no tiene como finalidad ganar dinero, el grupo presidido por Jesús Casas prevé unos 25 millones de euros de beneficio, en línea con el resultado de 2021. Los ingresos de explotación procedentes de las encomiendas ejecutadas durante el año ascenderán a unos 1.255 millones de euros, lo que representa un aumento del 12% respecto al año pasado. La compañía, al igual que el resto de contratistas del Estado, está sufriendo el impacto de la escalada de precios de materiales de construcción.

La empresa, cuyo buque insignia es la ingeniería Tragsatec, trabaja para la gran mayoría de las administraciones territoriales, clientes que emplean la empresa como medio propio del Estado a través de la figura de la encomienda de gestión.

Una parte relevante del alza de la cifra de negocio proviene del crecimiento orgánico, con la incorporación de más accionistas al capital de la empresa, especialmente Diputaciones Provinciales .

Según el último balance realizado, forman parte del accionariado de Tragsa 70 administraciones. Sepi es el socio de control con el 51%. El Fondo Español de Garantía Agraria tiene el 38,9% y la Dirección General de Patrimonio del Estado, otro 9%. Las 17 Comunidades Autónomas, dos ciudades autónomas y 48 diputaciones, cabildos y consells suman una acción cada una, título que les da derecho a encargar obra y otro tipo de trabajos al grupo público.

“Recibimos todo tipo de encargos”, aseguran en la compañía especializada en atender, sobre todo, situaciones extraordinarias como trabajos nuevos vinculados a la alarma provocada por el Covid, las campañas de incendios, la erupción volcánica de la isla de La Palma y los daños causados por las danas (lluvias torrenciales), entre otras emergencias.

En los dos últimos años, la empresa ha mejorado sensiblemente la relación con el sector privado. La relación no fue buena debido a las acusaciones de las constructoras, que veían en Tragsa a un competidor desleal al recibir encargos para construir edificios públicos sin pasar por procesos de concurrencia.

“Ya no existe esa tensión del pasado”, admiten en la empresa que, no obstante, reconoce que varias Administraciones territoriales han tenido que llamarles por el aumento de concursos de obra desiertos. “No son numerosos, pero sí hemos percibido más casos por la escalada de precios de algunos materiales de construcción, como, por ejemplo, hormigón, acero, cobre y madera”.

La propia compañía estatal ha tenido que realizar consultas a la abogacía del Estado debido a que a las encomiendas en fase de ejecución no se les puede repercutir el incremento de costes. “No podemos trabajar a pérdidas, pero, al mismo tiempo, según la legislación, solo se puede repercutir ese sobrecoste a las nuevas encomiendas”.

• Es la provincia andaluza con menor número de licitaciones descartadas en lo que va de año

• El total suma 8,4 millones, de los que el 82% corresponde a las lanzadas por ayuntamientos

Casi una veintena de contratos de obra pública han quedado desiertos en Córdoba entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este 2022. En concreto han sido 19 contrataciones lanzadas por alguna de las diferentes administraciones las que no han llamado la atención de empresa alguna en los tres primeros trimestres de 2022, lo que representa el 3,4% del total y suma una cuantía en torno a los 8,4 millones de euros. En total, en lo que va de año, entre el Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación y los distintos ayuntamientos de municipios cordobeses han licitado 554 contratos por valor de 349,8 millones de euros.

Las 19 licitaciones desiertas acumuladas en lo que va de año hacen que Córdoba sea la provincia con menor número de toda Andalucía, aunque en cuantía se encuentra por delante de tres de ellas. Así, según los datos facilitados por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), es Málaga (53 contratos por un importe de 41,5 millones) quien marca el paso, seguida de Sevilla (53 y 31,4 millones) y Cádiz (38 y 24,2 millones). El resto quedan ya muy lejos de esos registros: Almería (23 y 9,6 millones), Córdoba con las cifras ya referidas, Granada (32 y seis millones), Huelva (20 y cinco millones) y, ya por último, Jaén (23 y 4,9 millones).

De vuelta a la situación en Córdoba, entre las 19 obras públicas que han quedado desiertas destaca sobre todas las demás una, que además es la única del Ayuntamiento de la capital. En concreto se trata de una licitación de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), cuyo consejo de administración aprobó el pasado marzo el proyecto y la apertura de expediente para la contratación de las obras de modernización y mejora de la primera conducción de abastecimiento a la ciudad, en su segunda fase. El presupuesto base de licitación ascendía a 3,1 millones de euros, con un periodo de ejecución de 12 meses, pero nadie concurrió.

Según informó Emacsa en su momento, la primera conducción de abastecimiento a Córdoba, que se realiza desde el embalse del Guadalmellato, pasando por la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Villa Azul para su tratamiento y posterior distribución, está fuera de servicio. De esta manera, el servicio queda confiado a la segunda conducción y al bombeo de emergencia desde el canal del Guadalmellato en caso de avería. Esta segunda fase, de las cuatro que comprende el proyecto en su totalidad, afectaba al tramo entre la salida del túnel y el Psiquiátrico y es fundamental para la puesta en marcha de esa primera conducción, que permitiría aumentar la garantía de abastecimiento y la capacidad de transporte de agua bruta.

Al margen de este contrato, otros siete lanzados por seis ayuntamientos han quedado desiertos de la misma manera, prácticamente en su totalidad por el alza de los precios de los materiales que disminuye o anula la rentabilidad de la obra para cualquier empresa. Todas estas licitaciones alcanzan un valor de 6,9 millones de euros, de los que casi el 45% corresponden al contrato lanzado por Emacsa, lo que supone más de un 82% de la cuantía del total de las licitaciones que han quedado desiertas en la provincia en lo que va de 2022.

Las más importantes en cuantía son el contrato de restauración, consolidación y puesta en valor del Palacio Ducal de Fernán Núñez, que alcanza los 1,6 millones de euros, y la contratación de la obra de 16 viviendas de protección oficial (VPO) y zonas comunes en la calle Béjar de Hornachuelos, por valor de 1,3 millones. Los ayuntamientos han vuelto a licitar ambos proyectos, en el caso del municipio melojo durante esta misma semana y por procedimiento de urgencia tras dos intentos vanos, el último el pasado agosto bajo un negociado sin publicidad.

La siguiente en valor es la construcción del gimnasio municipal situado en el complejo deportivo El Cerrillo de Villafranca de Córdoba, por una cuantía de 570.195 euros. También han quedado desiertos dos contratos en Bujalance -la ampliación del cementerio y conexión con el antiguo, por 151.780 euros, y las obras de reforma en la plaza de la calle San Pedro, por 62.500 euros-, y otros dos de un valor apenas significativo en Puente Genil (prestación de los servicios necesarios para la ejecución de las obras a cargo del PFEA, por 5.400 euros) y La Guijarrosa, con la ejecución de obra para el acondicionamiento del carril bici en la carretera A-3052, por apenas 1.500 euros.

En un segundo escalón se encuentra la Diputación de Córdoba, que se ha encontrado con cinco contratos desiertos por un valor de 1,3 millones de euros. El más sobresaliente (595.000 euros) hace referencia a la rehabilitación energética de la envolvente térmica del Ayuntamiento de Montilla, seguido de otro contrato de 400.000 para la reparación de la calle Ventanas de Doña Aldonza de Santaella. Por algo más de 130.000 se encuentran las obras de mejora del tramo urbano de la CP-51 de las Huertas de Almedinilla y las labores de adecuación de zonas verdes y ampliación del cementerio de Dos Torres, y por apenas 113.000, las obras de reparación de las instalaciones deportivas de Palenciana.

Renuncias o ralentización en las obras

Mucho menos significativa es la aparición tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central. En el caso del Ejecutivo andaluz, las dos licitaciones desiertas son de contratos lanzados por Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), encargada principalmente de las estaciones de ITV, que corresponden a dos asistencias técnicas en el centro de Pozoblanco por un total de unos 11.000 euros.

En el caso del Gobierno de la Nación, las licitaciones desiertas son cuatro, de las que tres corresponden a la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), y hacen referencia a la ejecución del cerramientos, carpintería de vidrio y metálica de la obra de puesta en uso del Palacio de Congresos de Córdoba en su segunda fase, por un total de 186.000 euros. La cuarta y última es una asistencia técnica al servicio de dirección de la obra de sustitución de acabado de fachada y carpintería exterior en el edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por apenas 5.300 euros.

Es más que probable que las obras que han quedado desiertas porque ninguna empresa se ha presentado vuelvan a salir a licitación. Sin embargo, en el contexto económico actual, la falta de interés es creciente, ante las consecuencias que para las compañías tiene asumir contratos que no siempre pueden ser satisfechos luego por el aumento de los costes, que en el último año equivale al acumula en los 20 previos. Hay que tener en cuenta que las renuncias pueden traer consigo sanciones por parte de la administración, lo que en muchas ocasiones lleva a las empresas a ralentizar el ritmo de las actuaciones para evitarlas, lo que igualmente repercute en la ciudadanía al quedar fuera de plazo las infraestructuras programadas.

• Entre todas las administraciones han lanzado 554 contratos en los tres primeros trimestres de 2022

• Ceacop urge al Gobierno central y a la Junta a llegar a un acuerdo para la revisión de precios

Durante los tres primeros trimestres del presente 2022, entre todas las administraciones que tienen algún tipo de competencia en Córdoba -ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central- se han lanzado 554 contratos de obra pública, por valor de cerca de 350 millones de euros. Del total de licitaciones, apenas 19 han quedado desiertas -un 3,4%, por una cuantía en torno a los 8,4 millones- fruto, principalmente, del reflejo que la subida del precio de los materiales, y los efectos de la cada vez más cacareada inflación, ejerce sobre las empresas.

Esta situación problemática, por la que las compañías no terminan de encontrar la fórmula para hacer rentables ese tipo de proyectos es la que ha llevado al Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) a urgir una solución a los ejecutivos nacional y andaluz para no retrasar infraestructuras ni paralizar al sector de la construcción, uno de los más importantes en la economía de la comunidad autónoma andaluza.

Los 554 contratos de obra pública licitados en Córdoba entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del presente año, por una cuantía global de 349,5 millones de euros, sitúan a la provincia en la zona media de Andalucía en estas particulares tablas. Sevilla y Málaga, al igual que ocurre con las contrataciones desiertas, marcan el paso, empujadas también por su mayor potencial económico y su mayor población, que las sitúa como las grandes potencias de la comunidad autónoma, no solo en cuanto a obras públicas, si no en otros muchos aspectos.

Por número de contratos licitados en lo que va de año, Sevilla encabeza la tabla con un total de 1.269. Es la única provincia de la región que pasa del millar, de donde se queda muy cerca Málaga (982). En un segundo escalón se quedan Cádiz (698) y Granada (678), siendo la siguiente en la tabla Córdoba, con unas cifras muy similares a las que ofrecen Almería (538) y Jaén (520). En último lugar aparece Huelva, con apenas 361 contratos de obra pública sacados a concurso en los tres primeros trimestres del año.

La tabla mantiene en gran parte su estructura si se mira el valor de esas licitaciones. El principal cambio llega en la cabeza, donde Málaga, a pesar de esas casi 300 obras menos, supera en casi 80 millones a Sevilla (662 por 585). Entre ambas se cuela Cádiz (621,7), mientras que muy cerca de la capital de la comunidad aparece Granada, también por encima de los 500 millones (542,2 concretamente). En un estrato ya inferior se quedan el resto de provincias, con Almería (359,7) también por encima de Córdoba -empujada por la fuerte inversión que suele hacer su Diputación- y Huelva (279,2) y Jaén (241,7) a la cola con bastante diferencia sobre el resto.

• La institución rechaza la alegación de Aqualia, la única que se ha registrado, y activa la primera norma provincial de Andalucía contra el derroche de agua
• Los embalses de Córdoba siguen bajando y están al 14 por ciento de su capacidad

La Diputación de Córdoba aprueba el próximo miércoles de un modo definitivo la primera Ordenanza de la Sequía con la que cuenta la provincia, cuyas reservas de agua se encuentran a menos del 14 por ciento y donde ha sido preciso una intervención de urgencia el Gobierno para trasvasar agua del pantano de La Colada a Sierra Boyera para garantizar el suministro en el norte de la demarcación, que es la zona con los depósitos más bajos. La activación de esta norma de regulación del consumo se va a producir después de que el Pleno de la Corporación con sede en el Palacio de la Merced diera el visto bueno inicial al documento en su pleno del pasado julio con los votos favorables de PSOE, IUVox y Ciudadanos y la abstención del PP.

Entonces, la Diputación abrió un periodo de exposición pública para la formulación de alegaciones: solo se ha producido una, esgrimida por la empresa Aqualia y que se encarga del suministro del agua en Pozoblanco, Puente Genil y Baena. La Diputación ha rechazado de plano los argumentos de la citada firma, que defendía que la ordenanza planteaba «la imposición arbitraria de una penalización por consumo excesivo a los ayuntamientos que no han cedido su ciclo integral del agua a la Emproacsa [la empresa provincial que presta el servicio]», así como una «discriminación» a estos municipios.

El texto al que le da luz verde definitva la Institución provincial esta semana es el mismo que recibió el visto bueno provisional durante el verano, y llega en un momento muy delicado, porque las pocas precipitaciones del otoño en curso no han paliado la situación cercana a la emergencia en la zona septentrional de la demarcación, a cuyos municipios Emproacsa comenzó en verano a aplicarles topes de consumo en vista de que las reservas iban a menos de una manera preocupante.

El documento que estará aprobado salvo sorpresa este próximo miércoles le da a Emproacsa, responsable de la depuración y el abastecimiento de agua en 66 municipios —uno de ellos en Málaga: Cuevas de San Marcos— importantes poderes ejecutivos inexistentes hasta ahora para controlar el consumo, además de para fijar sanciones en el caso de que sea excesivo. La ordenanza obliga a todos los operadores de gestión de agua en la provincia y no solo a la red de Emproacsa, sean públicos o privados y, en este último caso, presten el servicio a través de concesión administrativa —como es el caso de Aqualia en Puente Genil, Baena y Pozoblanco o Hidralia en La Carlota—.

El presidente de Emproacsa, Esteban Morales, señala en este sentido a ABC que se trata «de la primera ordenanza de este tipo en Andalucía, y tenemos constancia de que otras provincias están tomando nota de lo que hemos hecho», comenta en referencia a la provincia de Sevilla. «El jueves, al día siguiente de su aprobación en el Pleno, ya estará vigente: la intención es evitar en todo lo posible el derroche de agua», añade Morales.

Así, la entidad dependiente de la Diputación podrá limitar o prohibir el uso de agua potable en el riego de jardines, praderas, árboles zonas verdes y deportivas, de carácter público o privado; en el riego y baldeo de viales, calles y aceras de carácter público o privado; en los llenados de piscinas, de fuentes y estanques, privados o públicos que no tengan en funcionamiento sistemas de recuperación o circuito cerrado; y en fuentes ornamentales o fuentes para consumo humano que no tengan elementos automáticos de cierre.

Además, la entidad podrá limitar el consumo en la limpieza de vehículos privados o pertenecientes a flotas de vehículos en instalaciones de lavado ubicadas en centros comerciales, garajes, aparcamientos, estaciones de servicio u otros locales o instalaciones industriales, propias o de terceros, mediante manguera convencional o sistemas similares que utilicen agua de la red de abastecimiento, así como en instalaciones de refrigeración y acondicionamiento que no tengan un funcionamiento con sistemas de recuperación de circuito cerrado.

Por añadidura, la compañía estará autorizada en virtud de la ordenanza «a imponer restricciones al consumo e interrupción del suministro de agua durante las franjas horarias que se determinen». ¿Y cómo controlará Emproacsa los consumos de agua? En primer lugar, la firma podrá instalar a costa del usuario, dispositivos limitadores de caudal suministrado. De igual manera, podrá proceder a la suspensión del suministro por una duración no superior a 24 horas.

Para los grandes consumidores —como tales considera a todo cliente cuyo consumo trimestral supere los 500 metros cúbicos— será obligatoria la instalación de un contador telecontrolado, a cargo del usuario, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente ordenanza.

Cuestión aparte son las piscinas. En estos casos, Emproacsa, «en colaboración con los ayuntamientos afectados por esta ordenanza, elaborará un censo de las piscinas públicas y privadas». Las piscinas públicas y privadas habrán de reunir una serie de requisitos para hacer un uso eficiente del agua y para que por Emproacsa se pueda prestar servicio a estos suministros, que son la inscripción en el censo de piscinas, incluidas las unifamiliares, y la realización de ensayos de estanqueidad y control de fugas con periodicidad anual.

Para las piscinas de nueva construcción y las sometidas a reforma será obligatorio también certificado de garantía de estanqueidad emitido por el constructor o fabricante. En las públicas o privadas de nueva construcción, o en aquellas que sean sometidas a remodelación, se incorporarán las instalaciones necesarias para la aplicación de un tratamiento físico y químico continuado, incluso fuera de la temporada de baño, así como de recogida y reutilización del agua de las mismas en las condiciones sanitarias establecidas por la normativa específica de piscinas y, en su caso, los medios para el aprovechamiento del agua para otros usos distintos del baño.

Para las piscinas ya existentes se establece un plazo máximo de dos años para que inicien las actuaciones necesarias para su adaptación a los requisitos previstos y un plazo máximo de cuatro años para la adaptación total de las mismas. En caso de situaciones de sequía declarada o de escasez de recursos hídricos —como la actual—, Emproacsa podrá restringir el llenado o el vaciado de las piscinas. «El coste de las visitas efectuadas por personal de Emproacsa o de una empresa especialista contratada para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos exigidos tanto a las piscinas públicas como privadas, será abonado por el titular», concluye la ordenanza.