• La industria de los materiales ve en riesgo la ejecución de ayudas por 6.000 millones

Preocupación en la industria de la construcción ante las dificultades para que salga adelante el macro plan de inversión en rehabilitación de viviendas impulsado por los fondos europeos Next Generation. El programa está dotado con cerca de 6.000 millones en subvenciones, pero la volatilidad en el precio de las materias primas se ha convertido en un lastre que pone en riesgo su ejecución, según ha trasladado la patronal de fabricantes de materiales de construcción CEPCO al Ministerio que lidera Raquel Sánchez.

El frente empresarial demanda, según ha podido saber Cinco Días, un mecanismo de revisión de precios de los materiales para las reformas, similar al que se ha aplicado a la obra pública. Con ello se garantizaría que los sobrecostes que sufren las constructoras pueden ser presentados al final de una obra a las Administración que ha concedido los fondos europeos.

En el Ministerio ya se ha subrayado la complejidad de implantar este tipo de fórmulas, ante lo que CEPCO sugiere que la Ley General de Subvenciones contempla el tanteo al alza en el momento de las liquidaciones. El asunto comenzó a tratarse hace tres semanas y volverá a verse en un próximo encuentro previsto entre representantes de Transportes, Comunidades Autónomas y la citada CEPCO, a la que podrían sumarse otras patronales de la construcción. El Ministerio de Hacienda también está siendo informado.

Con los fondos transferidos a los Gobiernos autonómicos, el empresariado ve una laguna en el hecho de que las comunidades de propietarios aparquen los proyectos de mejora de viviendas con las subvenciones ya asignadas: “Entre la petición de un presupuesto, la consecución de la ayuda y el comienzo de la obra, puede darse una enorme variación en los costes que dé al traste con el proyecto”, explica una fuente cercana a las conversaciones, “los fondos vuelven al remanente, pero la UE pone fecha límite de ejecución y ya vamos con retraso”. Otra de las quejas generalizadas es la falta de claridad en los incentivos fiscales que acompañan al plan. En el seno de la CEOE se estudia con detalle si el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado recoge dichas bonificaciones para incentivar la rehabilitación.

Miedo al compromiso

Los proveedores de materiales apenas garantizan una semana sus precios, ante lo que las compañías de reformas han estrechado al máximo el periodo de validez de los proyectos para no quedar atrapados en contratos a pérdidas. Con ello, se teme que decenas de millones en ayudas vayan quedando sin aplicación.

La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) ha demandado reforzar la colaboración público-privada entre los principales agentes del sector de la reforma y los órganos responsables en cada Comunidad Autónoma. Ambas partes trabajarían a partir de los resultados de un panel de seguimiento que indique, en tiempo real, cómo evoluciona el grado de penetración de los fondos para medir la efectividad de las ayudas a la rehabilitación e ir articulando medidas de mejora. También incide Andimac en la necesidad de la máxima claridad en la política fiscal.

Otro problema puesto sobre la mesa es el de la disparidad de Administraciones con competencias sobre el programa de rehabilitación, ante lo que el sector privado urge el funcionamiento de una ventanilla única para la tramitación de las ayudas que ya estaba prevista en el propio programa de rehabilitación. Y ello imbrica con la urgencia de un potente plan de comunicación sobre el modo de acceder a los fondos y la de promover la figura del agente rehabilitador, creada por el Gobierno para conectar a los propietarios con las ayudas programadas.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ha dirigido parte de la lluvia de fondos al arreglo de edificios residenciales, viviendas y barrios. El dinero se canaliza a través de las Comunidades Autónomas en proporción directa al número de hogares en cada región. Y estas pueden proceder de forma directa o delegar la convocatoria de ayudas en los Ayuntamientos. Las primeras remesas salen ahora, un año después de la publicación del Real Decreto para impulsar la actividad de la rehabilitación.

El programa fue complementado con beneficios fiscales por 450 millones, también articulados en octubre del año pasado. El Gobierno espera alcanzar las 510.000 actuaciones hasta junio de 2026 y la creación de más de 180.000 puestos de trabajo.

El efecto tractor de los fondos europeos debe colocar el número de viviendas rehabilitadas con cargo a la financiación europea en las 71.000 unidades al año, desde las poco más de 31.000 que se contabilizaron en 2019. Pero el objetivo final es alcanzar los 300.000 hogares reformados por ejercicio en 2030, tal y como marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. La mitad del parque de viviendas en España es previo a 1980.

Ganar en eficiencia energética es el principal caballo de batalla, con el recorte de un 30% en consumo de energía no renovable y una reducción mínima del 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. Este recorte deberá ser acreditado a través de un certificado energético de la vivienda previo y posterior a la reforma. En este momento, más del 80% de los hogares españoles son contaminantes en términos de emisiones y poco eficientes en consumo de energía. 

• La presencia de una importante colonia de ‘patella ferruginea’ condicionará la ejecución de las obras que también buscan preservar la especie 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras proyecta la rehabilitación del talud exterior del contradique del Puerto de Tarifa. Una infraestructura que adolece de problemas de conservación por su antigüedad y cuyo proyecto supondrá una inversión de hasta 2,16 millones de euros por parte de la administración portuaria.

Las obras, con un plazo de ejecución estimado de 16 meses, han salido a concurso para su contratación con el fin de remozar una instalación que data de los años 40 del siglo XX. 

Dado el periodo transcurrido desde su construcción, más de setenta años, se han producido movimientos en los bloques de escollera que han desconfigurado la sección inicial. Además, el contradique presenta diferencias en cuanto al rango de los tamaños de los bloques que forman la escollera y parte de ellos se han fragmentado con el paso del tiempo. Son las principales deficiencias que pretenden ser corregidas, según el proyecto técnico.

Así, los trabajos que se van a contratar buscarán dar estabilidad al manto exterior de escollera del contradique, reponiendo y reforzando su estructura de manto doble de bloques, para que pueda cumplir con su función estructural de infraestructura portuaria. Así mismo, deberá ser restituida la infraestructura correspondiente al morro, incluyendo el recalce y rehabilitación de la estructura del muelle y las edificaciones que se encuentran sobre él.

La presencia de una importante colonia de patella ferruginea, una especie de lapa altamente protegida, condicionará la iniciativa a la par que buscará mejorar su supervivencia. 

Los individuos de esta especie, más de un centenar a lo largo del contradique, se encuentran adheridos a las caras de los bloques de escollera del manto exterior en la banda intermareal. La inestabilidad de los bloques del manto hace que, por el oleaje, estos bloques vuelquen, rueden y, finalmente, se desplacen a zonas más profundas en las que estas lapas no son capaces de sobrevivir. Por ello, el proyecto contempla su traslado a la zona intermareal del talud ya reformado.

Las actuaciones que se proponen repondrán y reforzarán el manto exterior de escollera. Para ello, se procederá a la demolición de tramo de muro espaldón del contradique para permitir un acceso al talud exterior, que tiene que ser reforzado. Se recuperarán sillares y mampuestos, por lo que la demolición se realizará con maquinaria ligera y herramientas de cantería.

Los bloques de piedra que definen los paramentos exteriores del muro serán numerados para su recolocación en el lugar original. Además, se efectuará el refuerzo y reposición de los bloques de escollera en el talud, comenzando desde el pie hacia la coronación, desde abajo hacia arriba, llevando el talud exterior actual hasta su sección teórica. 

La operativa de trabajo para desplazar los bloques de escollera en los que se encuentren adheridos ejemplares de patella ferruginea se basará en la localización del bloque y catalogación para ser colocado en un lugar de similares características dentro de la infraestructura ya remozada o donde no haya que reforzar el talud, estando por tanto los bloques en una situación estable. Así, progresivamente, se conseguirá rehabilitar el talud y reubicar los bloques con lapas en la banda intermareal. 

• A la Autoridad Portuaria ya le ha llegado la tercera parte de esta ayuda, con la que pretende adelantar los plazos de la construcción de la segunda fase del futuro muelle de contenedores

Hasta julio de 2016, la Unión Europea no creía en el proyecto de la nueva terminal de contenedores. Era un tiempo en el que se construían aeropuertos sin aviones como el de Castellón y muelles sin barcos, de manera que Europa no veía con buenos ojos que el puerto de Cádiz necesitara realmente un nuevo muelle para el tráfico de contenedores.

Miraban los puntos y las comas de cada uno de los escritos que se remitían a Bruselas desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), aunque cabe recordar que muchas de las previsiones que se les hacia llegar en aquellos instantes estaban más que infladas y presentaban una realidad que poco tenían que ver lo que estaba por llegar.

Y no les funcionaba mal el olfato a los hombres de negro de Europa porque en 2018 Cádiz se quedaba sólo con un barco a la semana de contenedores de la mano de MSC. El resto de navieras habían modificado sus estrategias y con ellas sus rutas y dejaban a Cádiz fuera de sus mapas.

Pero los tiempos han cambiado y Bruselas demuestra que no tiene una bola de cristal sino que está muy al tanto de cómo aumentan las cifras de los movimientos de los teus que tienen a Cádiz como punto de partida o, como poco, como punto de escala o almacenaje para sus contenedores vacíos. A Boluda, Containerships, CMA-CGM, MSC se les acaba de sumar la compañía británica Ellerman City Liners que se dejaba ver estos días por Cádiz con su el SC Mara, un gigantesco portacontenedores que ha empezado con un buque cada 15 días y que podría cambiar el 15 por el 7 en poco tiempo.

Los datos y los movimientos que le llegan a Europa han cambiado mucho en seis años y la UE lo demuestra con su apoyo económico.

“No ha sido fácil”, indican desde la Autoridad Portuaria, pero finalmente el puerto de Cádiz ha conseguido 15,6 millones de euros de subvención europea, a través de la convocatoria 2021 de los fondos CEF (Connecting Europea Facility), para la ejecución de la segunda fase de la nueva terminal de contenedores. Teófila Martínez utilizará este dinero no sólo para esta segunda fase del nuevo muelle de carga que necesita Cádiz sino también para la segunda fase de su acceso ferroviario, consistente en la prolongación de los ramales de ferrocarril en dicha terminal para el acceso de trenes de hasta 750 metros de largo.

De estos jugosos 15,6 millones que le llegan a la ex alcaldesa, el puerto gaditano recibía el pasado 7 de octubre 5,5 millones de euros (el 35% de la subvención) en concepto de anticipo). Este adelanto le valdrá a la APBC para licitar antes de que finalice el año la obra de la segunda fase de la nueva terminal que, tal y como ya se anunció, quedará también en manos de Concasa.

Volviendo atrás en el tiempo, la compañía Concasa llegó a decir en octubre de 2019 que si no había contenedores, su permanencia y su inversión en Cádiz perdían todo sentido y que no dudarían ni un instante en abandonar esta ciudad.

Pero llegó Boluda con su proyecto Daily Canarias y, de su mano, Mercadona, dos nombres de mucho peso que sirvieron de imanes para otras compañías que fueron probando los bolardos gaditanos y comprobando que había que atarse los cabos y que se podía confiar en el proyecto de su nueva terminal de contenedores.

Así, el pasado verano, la Autoridad Portuaria adjudicó a Concasa el concurso para la concesión administrativa para la construcción y explotación de las fases 1,2 y 2 de la nueva terminal de contenedores, de manera que la Concasa gestionará y explotará esta segunda fase, cuya obra se licitará posiblemente antes de que finalice el año gracias al empujón económico llegado este mes desde Bruselas que demuestra que el proyecto sigue en pie y que los hombres de negro siguen confiando en Cádiz.

• La intervención pasa por sustituir la pavimentación e impermeabilizar este espacio y el cercano Pasaje Nilo

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación la obra prevista en la Plaza de Cuba, en el distrito Levante, una actuación que va a consistir en la sustitución de la pavimentación e impermeabilización, con la idea de solucionar los problemas de filtraciones que se vienen dando en dicho enclave. La actuación se va a extender al cercano Pasaje Nilo, dado que es igualmente un espacio de uso público que acusa idénticos problemas de filtraciones en el mismo sótano destinado a garaje.

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 182.123,76 euros. El plazo de ejecución de la obra es de tres meses, a contar desde la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo. La licitación del contrato se ha publicado este lunes, 17 de octubre, y el plazo para la presentación de ofertas finaliza el 11 de noviembre.

El teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha aplaudido que se saque a concurso esta intervención, que “viene a dar respuesta a una demanda de los vecinos que ya viene del mandato anterior y que es necesario ejecutar para evitar el serio deterioro que está sufriendo esta plaza”.

• La consejera de Fomento de la Junta pide no renunciar al trazado por el Centro para no ser menos que Sevilla o Málaga

• El alcalde de la ciudad insiste en la ampliación metropolitana y dice que llevarlo por el Centro es tenerlo abierto “no sé cuánto tiempo”

La ampliación del Metro por el Centro de Granada se ha convertido en el primer asalto electoral entre Junta y Ayuntamiento en la ciudad. Ya desde hace meses, cuando la Junta afeó al Consistorio que anunciara antes de comunicárselo a ellos su trazado alternativo de Este a Oeste frente al trazado por el Centro que defendía la Junta, el tema entró en el debate político entre administraciones. Ahora es el Ayuntamiento el que acusa a la Junta de lo mismo. Y en medio está el modelo de transporte de la ciudad para el futuro.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha mantenido este lunes un encuentro con empresarios en el ha expuesto el impulso que, desde la Junta de Andalucía, se ha dado a la ampliación del Metro de Granada. “La ampliación se iniciará en el sur, pero no se parará ahí y seguiremos con paso firme para continuar su desarrollo”, ha indicado la consejera, que ha insistido que se hará como desde que se empezó a redactar los proyectos: “de la mano de los ayuntamientos implicados y en un clima de colaboración y de diálogo, que es la mejor forma de desarrollo proyectos que Granada necesita”.

“Estos proyectos que son de ciudad han de contar con el mayor consenso y eso es lo que he ofrecido a la ciudad, al Ayuntamiento y al empresariado. Con el aval de haberme entendido con alcaldes de Sevilla y Málaga en la línea por el Centro y con Jaén para el tranvía, hay que buscar el mejor trazado posible y por ello ofrecí una mesa técnica al Ayuntamiento que se ha reunido en tres ocasiones y empezamos a estudiar las alternativas. Hemos tomado la primera, la metropolitana, por lo que no entiendo la crítica. La decisión de ampliación entre Armilla, Churriana y Las Gabias ya está tomada y empezarán las obras en 2023″.

Y mientras, “vamos a seguir estudiando para la mejor alternativa del trazado del Metro por el Centro, por lo que no entiendo ni la crítica ni la demagogia fácil. El alcalde tiene que responder con determinación si quiere Metro en el centro de la ciudad o no. Eso es lo primero que tiene que decir”, ha retado Carazo. Para la Junta, el metro por el Centro “es una oportunidad”. “¿Por qué va a ser menos que Málaga o Sevilla? Todas tienen un Metro que atraviesa la ciudad y une con el área metropolitana. Granada no puede renunciar a ese proyecto y vamos a seguir trabajando para buscar la mejor iniciativa también con los técnicos desde el punto de vista económico y social”. 

Carazo considera que “si queremos mejorar la movilidad de Granada y el Área Metropolitana es fortaleciendo al Metro y no nos va a parar nadie de que dejemos de estudiar y ver la mejor alternativa para que siga creciendo y mejorando la movilidad y la calidad del aire de Granada”. 

La Junta pide así diálogo y que Granada no renuncie al trazado por el Centro, que la capital no ve prioritaria frente a su propuesta metropolitana.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado viernes 7 se octubre la resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte, por la que se hace pública la aprobación del estudio informativo de la ampliación del Metro de Granada, que ya se conoció en 2021 y que ha pasado por un periodo de alegaciones. La siguiente fase es la redacción del proyecto de obras, que deberá definir el trazado en detalle. 

Cuenca apela al miedo de la obra empantanada

Preguntado por este asunto, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha dicho: “Me llama la atención, bienvenidos al diálogo a aquellos que nos informan a través de los medios de comunicación”.

Cuenca ha resaltado que en la ciudad “afortunadamente llegamos a acuerdos desde el debate, el diálogo, y si puede ser buscamos el máximo consenso. El pacto de los mártires así lo determina. Y tengo claro que cualquier decisión de infraestructura hay que acordarla, sentarse y escuchar a los granadinos y soy yo el que los representa”.

El alcalde destaca que la ciudad tiene una “visión metropolitana que pasa por los barrios más poblados, Genil y Chana”. “Lo que digo es que se estire buscando el aeropuerto y la cornisa Sur. No queremos otro invento parecido a la LAC. Aquello ya echó para atrás a mucha gente del transporte público”, asegura Cuenca.

El alcalde ha apelado al peligro de volver a tener una obra empantanada en la ciudad. Para el regidor, hacer ahora una línea por el Centro “lo único que podemos hacer es crear una plataforma de 1,5 metros de profundidad que deje el centro parado no sé cuánto tiempo”, por lo que defiende que “pase lo que queremos los granadinos y para eso pido que cualquier decisión que tome sea sentados en una mesa y acordando por el bien de Granada”.

• Los trabajos consistirán en garantizar la seguridad de los muros, la creación de un parque infantil, mejoras en la red de saneamiento, un sendero peatonal y zonas verdes colindantes

• Licitan la demolición de la discoteca Baluma de La Cala del Moral para crear un espacio público

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha adjudicado el proyecto de las obras de reparación y terminación de la urbanización La Candelaria de Benagalbón del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) municipal, en su mayoría destinadas a garantizar la seguridad de la zona.

Según ha adelantado en rueda de prensa el edil de Infraestructuras rinconero, Sergio Díaz, “los trabajos podrían comenzar en este mismo mes de octubre” una vez que han sido adjudicados a la empresa Probisa Vías y Obras SLU que se hará cargo de la obra con un presupuesto total de 340.303,96 euros.

Las actuaciones se centrarán en su mayoría en aspectos de seguridad con la subsanación del desmoronamiento del muro de escollera y estructura de madera; la colocación de un vallado de protección de desnivel en la zona verde más cercana a la promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO); la subsanación del asiento de un sendero peatonal; los desperfectos con disgregación de material en tapas de pozos y hundimientos de las zanjas del cruce de calles con los servicios urbanos; obras de servicios, o el acondicionamiento de zona verde, etcétera.

Además de todo esto, también se procederá a la creación de un parque infantil y se llevará a cabo el desbroce generalizado de toda la urbanización.

Díaz ha recordado que la actuación surgió “una vez finalizaron las obras de la urbanización La Candelaria y se detectaron una serie de deficiencias que fueron comunicadas a la promotora para su subsanación y posterior recepción” y, tras el incumplimiento de las mismas, “el consistorio se vio obligado a ejecutar los avales depositados como garantías”.

El consistorio rinconero “logró desbloquear un largo trámite administrativo que ha posibilitado el ingreso de los avales en las cuentas municipales licitando las obras para culminar las deficiencias en la urbanización por un periodo de ejecución de tres meses y medio y un plazo de garantía de tres años y medio”.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado a este respecto que es “máxima la prioridad por ejecutar el proyecto de mejoras de esta urbanización y con todas las garantías, tras la sufrida demora a causa de un arduo procedimiento administrativo para ejecutar los avales”.

El regidor ha indicado de igual modo que “el objetivo es poner en marcha las obras y que acaben en el plazo previsto para que en los primeros meses del próximo año puedan disfrutarlas los vecinos“.

Para finalizar, el edil ha informado que otros costes imputados al aval, además de las propias obras adjudicadas, “se encuentran los gastos de la realización del estudio geotécnico, la redacción del proyecto de obras, la redacción del estudio de seguridad y salud, el servicio de asistencia técnica para el control de ejecución de las obras, el control de calidad de las obras y el servicio de coordinación de seguridad y salud”.

• Nieto señala que la construcción del equipamiento judicial irá ligada el desarrollo de los accesos de la parcela

• Marbella y Junta acuerdan declarar la carretera de Ojén de interés autonómico para su desdoblamiento

La Junta de Andalucía prevé destinar en el presupuesto de 2023 una “partida como un crédito ampliable” para desarrollar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Marbella, cuya construcción va ligada a la creación de accesos a la parcela de La Torrecilla, para lo que el Ayuntamiento ha solicitado declarar la Carretera de Ojén de interés autonómico para su desdoblamiento, según ha anunciado este lunes el consejero del ramo, José Antonio Nieto.

Así lo ha destacado el responsable autonómico en una reunión que ha mantenido con el Consistorio y la Plataforma pro centro judicial Costa del Sol, donde el colectivo ha trasladado a la Administración regional “muchas iniciativas que vamos a recibir y a incorporar al programa funcional de la Ciudad de la Justicia”

La patronal andaluza de la construcción Fadeco calcula que el incremento de costes que está soportando el sector por la subida de los materiales se sitúa en una horquilla entre 567 y 693 millones de euros. Y advierte que, de no producirse un acuerdo entre Gobierno central y Junta de Andalucía sobre la revisión de precios que pagan las administraciones a las constructoras se pondrán en riesgo 100.000 empleos y muchas empresas estarán abocadas a la ruina. La situación ya ha provocado, de hecho, que obras por valor de 140 millones de euros hayan quedado desiertas, afirma la patronal. Es decir, se han licitado pero no se han terminado adjudicando por falta de concurrencia, al calcular las empresas que no pueden cubrir los costes.

La situación es la siguiente. El pasado 1 de marzo el Gobierno central lanzó un decreto que los constructores consideran muy limitado, porque deja fuera las obras de 2021, cuando ya había inflación de precios, y solo revisa cuatro materiales, betún, aluminio, cobre y hierro. La Junta de Andalucía, por su lado, publicó otro el 12 de abril que cubría todos los materiales, las obras certificadas el año pasado y las de menos de cuatro meses de duración (que no entraban en el decreto estatal), además de eliminar penalizaciones por retrasos producidos por la inflación de precios. A principios del verano el Gobierno planteó objeciones a la Consejería de Fomento y convocó una Comisión Bilateral para llegar a un acuerdo. En caso de que no lo hubiera, habría recurso al tribunal Constitucional. La misma situación se planteó con el decreto de regularización de viviendas y la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), conflictos ambos que se resolvieron con rapidez sin necesidad de llegar al tribunal de garantías. 

La patronal andaluza de la construcción Fadeco calcula que el incremento de costes que está soportando el sector por la subida de los materiales se sitúa en una horquilla entre 567 y 693 millones de euros. Y advierte que, de no producirse un acuerdo entre Gobierno central y Junta de Andalucía sobre la revisión de precios que pagan las administraciones a las constructoras se pondrán en riesgo 100.000 empleos y muchas empresas estarán abocadas a la ruina. La situación ya ha provocado, de hecho, que obras por valor de 140 millones de euros hayan quedado desiertas, afirma la patronal. Es decir, se han licitado pero no se han terminado adjudicando por falta de concurrencia, al calcular las empresas que no pueden cubrir los costes.

La situación es la siguiente. El pasado 1 de marzo el Gobierno central lanzó un decreto que los constructores consideran muy limitado, porque deja fuera las obras de 2021, cuando ya había inflación de precios, y solo revisa cuatro materiales, betún, aluminio, cobre y hierro. La Junta de Andalucía, por su lado, publicó otro el 12 de abril que cubría todos los materiales, las obras certificadas el año pasado y las de menos de cuatro meses de duración (que no entraban en el decreto estatal), además de eliminar penalizaciones por retrasos producidos por la inflación de precios. A principios del verano el Gobierno planteó objeciones a la Consejería de Fomento y convocó una Comisión Bilateral para llegar a un acuerdo. En caso de que no lo hubiera, habría recurso al tribunal Constitucional. La misma situación se planteó con el decreto de regularización de viviendas y la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), conflictos ambos que se resolvieron con rapidez sin necesidad de llegar al tribunal de garantías. 

En septiembre comenzó a funcionar esa reunión bilateral, y a mediados de octubre no solo no hay visos de acuerdo sino que más bien parece lejano. Según informa Fadeco, el pasado 30 de septiembre el Gobierno propuso al Ejecutivo andaluz derogar el decreto regional con el argumento de que invadía competencias estatales.

Aunque el decreto andaluz está vigente, la propia consejera de Fomento, Mari Fran Carazo, admite que la situación actual “genera incertidumbre tanto en el sector de la construcción como en las entidades locales que se pueden adherir a él” (la norma andaluza contempla la adhesión de Ayuntamientos y diputaciones). Y es que las constructoras, ante el conflicto jurídico planteado, no se atreven a ir a los concursos sin tener la certeza de los cobros y los municipios tampoco lo hacen por no tener seguridad sobre los pagos.

Fadeco y también la otra patronal andaluza, Ceacop, reclaman un acuerdo rápido para parar una sangría que ha llevado a que los materiales se eleven un 20% desde principios de 2021 y la energía más de un 40%. Según Ceacop, el crecimiento de los precios ha sido el mismo en el último año y medio que en el acumulado de las dos últimas décadas.

Según las organizaciones la política gubernamental está poniendo en riesgo los fondos Next Generation, justo ahora que deben comenzar a financiarse los proyectos ligados al Plan de Recuperación. Estos proyectos tienen unos plazos tasados por lo que, afirman, de seguir la situación actual no podrían ejecutarse.

Las dos asociaciones están moviéndose para revertir la situación actual. Este un centenar de empresas asociadas a Fadeco han mantenido un encuentro con la consejera de Fomento y el próximo miércoles los asociados de Ceacop también se reunirán con la cúpula de la Consejería para resolver dudas antes de presentar sus expedientes para la revisión de los contratos. Fadeco pide, además, una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para expresarle sus preocupaciones.

La construcción ve una salida en un tercer decreto que supere a los dos anteriores, algo que apoya la Junta de Andalucía.