• Contará con cuatro torres y será “bioclimático, eficiente y altamente tecnificado”

• Su coste se estima en 380 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de cinco años 

• La Junta adjudica por 16,4 millones el proyecto de construcción del tercer hospital de Málaga

Se empiezan a conocer algunos detalles del que será el tercer hospital de Málaga. El conjunto de empresas que se ha hecho con la redacción del proyecto y la dirección de obra, ya va desvelando algunas de las características de su trabajo. la unión temporal de empresas (UTE) Malaka NHM ha confirmado que será “bioclimático, eficiente y altamente tecnificado” además de contar con cuatro torres. 

En un comunicado, Malaka NHM –formada por los estudios de arquitectura AIDHOS Arquitec, especializada en arquitectura hospitalaria, y Estudio Lamela y las ingenierías SENER y ARCS Estudios y que también fue responsable de la redacción del anteproyecto–, ha señalado que el edificio está concebido como el nuevo centro sanitario de referencia en Málaga, para pacientes agudos con una alta especialización y sofisticadas tecnologías sanitarias.

El edificio será bioclimático, eficiente y altamente tecnificado, y dará servicio durante las próximas décadas a la población malagueña, según afirman los encargados de redactar el proyecto, que fue adjudicado por 16,4 millones de euros. Ha sido concebido con flexibilidad para adaptarse con facilidad a los continuos cambios que se producen en la tecnología médica y para dar respuesta a una nueva medicina, mucho más personalizada que la actual.

En este sentido, señalan, se implementarán principios y mejoras de diseño encaminadas a la humanización de los espacios y se desarrollarán medidas correctoras frente a la afección sonora y su impacto. A ello se suma la digitalización total del hospital.

El nuevo complejo, ubicado junto al Hospital Civil, supondrá una inversión estimada en 380 millones de euros y contará con una superficie total construida de 270.300 metros cuadrados (197.600 dedicados al propio edificio hospitalario y 73.600 al parking y el muelle de carga y descarga). El plazo aproximado de ejecución del proyecto es de 60 meses.

Estará dividido en cuatro torres en las que se erigirán 15 plantas, 12 sobre rasante y tres sótanos. El área de hospitalización, que ocupa ocho plantas completas, contará con un área con 27 unidades de hospitalización, 810 habitaciones y un hospital de día con 108 puestos, así como cuatro unidades de UCI con 66 boxes, 42 quirófanos, 48 puestos de cirugía mayor ambulatoria, 189 consultas externas, 31 salas de exploración especial y un área de docencia e investigación.

La UTE Malaka NHM consiguió casi 10 puntos más que su única competidora en la adjudicación, la UTE Planho Consultores SL, JG Ingenieris SA, HCP Arquitectos y Urbanistas SLP. En total, Arcs Estudios, Sener Ingeniería, AIDHOS Arquitec y Estudio Lamela han conseguido 93 puntos sobre 100, por los 83,41 de su competidor. 

Las principales diferencias que han observado los técnicos de la mesa de contratación se han dado en las medidas correctoras frente a la afección sonora y las medidas para reducir su impacto; además de la humanización de los espacios, en las que han conseguido el doble de puntuación. También han destacado por encima de las propuestas de Planho Consultores en los requerimientos de sostenibilidad, energéticos y de adecuación económica.

La financiación de esta adjudicación, según detalla la Junta de Andalucía, se fraccionará en seis plazos, uno por año hasta el 2028. De esta manera, se abonará el año que viene 7,1 millones de euros; 2,6 en 2024; 2,2 millones el año siguiente; 1,9 en 2026, y dos últimos plazos de 1,8 millones y algo más de 780.000 euros para finalizar.

• La consejera de Fomento de la Junta indica que se iniciarán las obras del Tramo Norte, se finalizará el proyecto del Tramo Sur y se licitará la revisión de la Línea 2

• Se retrasa la adjudicación de las primeras obras de la línea 3 del Metro de Sevilla

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha reivindicado que “2023 será un año clave para la ampliación del Metro de Sevilla”. En su participación en el foro empresarial El camino hacia un futuro mejor, que organiza la Cámara de Comercio de Sevilla, ha desgranado la hoja de ruta para el Metro en los próximos meses, que pasa por el inicio de las obras con la ejecución del ramal técnico del Tramo Norte de la Línea 3, la finalización del proyecto constructivo del Tramo Sur y su prolongación a Bellavista y la licitación de la revisión del proyecto de la Línea 2.

Carazo no ha especificado cuándo se adjudicarán las obras del ramal técnico de la Línea 3, pese a que el procedimiento para su adjudicación lleva un retraso superior a un mes porque varias empresas licitadoras de las presentadas han pedido “información adicional sobre los criterios de valoración” y la administración andaluza debía elaborar un informe sobre esta cuestión.  

“El Gobierno andaluz trabaja en firme para que Sevilla cuente con la red de metro que merece”, ha remarcado la consejera, que ha demandado que el Gobierno de España también plasme su compromiso con la firma del convenio de financiación “del que aún no tenemos fecha”. Así, ha calificado de buena noticia que los presupuestos generales del Estado recojan una participa presupuestaria para la ejecución del tramo Norte de la Línea 3 del Metro, pero “necesitamos que cuanto antes se firme ese convenio” que fije la financiación al 50 por ciento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha trabajado en reactivar la ampliación del Metro de Sevilla. Primero se puso en marcha una mesa técnica con el Ayuntamiento para compartir información y, posteriormente, se licitaron y se adjudicaron los proyectos de los tramos Norte y Sur de la Línea 3 por un importe de 3,7 millones de euros. Además, se ha licitado el ramal técnico, la primera obra del Metro en 13 años, en 6,8 millones de euros, y se llegó a un acuerdo de financiación con el Estado a la espera de la firma.

La consejera también ha destacado el impulso que se ha realizado en reactivar las obras del tranvía de Alcalá de Guadaíra, que ha recuperado la confianza de Europa que ha permitido recuperar los 88 millones de euros y que ha dado un nuevo paso “con la reciente licitación por más de 32 millones de euros de la fabricación de seis trenes, clave para su puesta en marcha”. El contrato se suma a los ya adjudicados de reparación de los actos vandálicos sufridos por el tranvía o la redacción de los proyectos de talleres y cocheras y de electrificación.

Vivienda

Además de movilidad, Marifrán Carazo también ha incidido en la apuesta de la Junta de Andalucía por la vivienda en Sevilla. “Sólo en la capital hispalense se han invertido 30 millones de euros”, ha remarcado la consejera. Entre las medidas, ha señalado el programa de subvenciones de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, que se inició en 2019 y que ha ayudado a la construcción de 815 viviendas en alquiler a precio asequible en la provincia de Sevilla, de las que 277 se encuentran en la capital, como la promoción de Hacienda del Rosario, que se inició hace apenas unos días.

“Nuestro objetivo es aumentar la oferta para ordenar los precios sin intervenir en el mercado”, ha reivindicado Marifrán Carazo, que ha asegurado que “con estos planes ayudamos a construir ciudad y a hacer más fácil el acceso a una vivienda”. Al hilo de ello, ha asegurado que habrá una nueva convocatoria del citado programa, pero también se dará continuidad con la línea de ayudas para ayuntamientos del Plan Ecovivienda, que recoge 173 millones de euros de fondos europeos Next Generation para la construcción de viviendas energéticamente sostenibles en suelos de titularidad pública. Este programa ya ha admitido propuestas para 3.095 nuevas viviendas en Andalucía, de las que 446 viviendas son propuestas de la capital hispalense.

Además, ha hecho hincapié a otros proyectos que se están acometiendo en la capital, como la construcción de 18 alojamientos protegidos para jóvenes en la calle San Roque de Sevilla, que “hemos retomado después de estar paralizada desde hace 15 años” o las obras de rehabilitación de viviendas y la reurbanización del Vacío Central en el Polígono Sur. También hay previstas, ha indicado, partidas para acometer la rehabilitación de Los Pajaritos y el Parque Alcosa, con una inversión total de 9,5 millones para la mejora de 456 viviendas.

Marifrán Carazo no ha querido desaprovechar la oportunidad para animar a vecinos y comunidades de propietarios a que soliciten las subvenciones para la rehabilitación de viviendas y edificios con cargo al Plan Ecovivienda, cuyo plazo se abrió el pasado lunes 17 de octubre. “Son 133 millones de euros de ayudas destinadas a mejorar el aislamiento de fachadas, instalar sistemas de energías renovables y cambiar ventanas y sistemas de iluminación”, ha precisado la consejera, que ha indicado que se podrán beneficiar más de 25.000 familias andaluzas.

• La empresa adjudicataria tendrá un plazo de ejecución de 24 meses para analizar la mejor alternativa de transporte  para una conexión ferroviaria de viajeros entre ambos puntos 

• La Junta adjudicó a primeros de este año la redacción de otro estudio informativo con un plazo de ejecución inferior: 13 meses 

• La Junta adjudicó en enero de 2022 la redacción de su estudio informativo para esta misma conexión

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha enviado este miércoles para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación del contrato de servicios para la redacción del ‘Estudio informativo de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla’, con un presupuesto de 847.021,18 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución es de 24 meses.

La licitación de este estudio está próxima, pero llegará más de ocho meses después del paso dado por la consejería de Fomento de la Junta para esta misma conexión, que ya tiene adjudicada la redacción de este estudio informativo con un plazo sensiblemente menor: 13 meses. A finales de enero de 2022, Fomento de la Junta adjudicó por 309.120 euros a la UTE formada por URCI Consultores, Incosa y David Álvarez Casillo la redacción del estudio informativo para la conexión entre la estación de trenes de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, en Sevilla. El plazo de ejecución es de 13 meses.  

El objeto del estudio informativo de la conexión ferroviaria desde Santa Justa hasta el aeropuerto es la elección de la alternativa óptima para este nuevo enlace. Para ello, se analizará, con el grado de definición y precisión acorde a este tipo de estudios, un número suficiente de alternativas de trazado, que posteriormente serán comparadas bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales y de explotación.

Este contrato incluirá los trabajos necesarios para llevar a cabo los trámites de información pública y consulta a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas establecidos en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental vigentes, hasta llegar a la aprobación del expediente de información pública y con ello, a la aprobación definitiva del estudio informativo.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado que “se trata de un nuevo impulso del Estado al desarrollo de las infraestructuras en Andalucía, en este caso en Sevilla, que refleja su compromiso y esfuerzo para retomar y agilizar obras que llevaban años en el fondo del cajón y que, en muchos casos, ha tenido que empezar desde cero porque los plazos para los proyectos estaban caducados”.

Así, ha añadido que “en los próximos días veremos publicada esta nueva licitación en el BOE, que se suma a otros avances en infraestructuras en nuestra tierra, como las conexiones de la SE-40, que ya cuentan con una planificación clara, con un compromiso de finalización de todos sus tramos en 2030 para los que prevé destinar más de 970 millones de euros”.

• La Consejería de Fomento admite en una jornada de Ceacop que el acuerdo entre los gobiernos central y autonómico sobre la revisión de precios está lejano

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha organizado este miércoles una jornada para abordar la revisión de los precios de los contratos de obra pública, amenazada ante la falta de consenso entre los gobiernos central y autonómico.

En el encuentro presidido por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, esta ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la necesidad de alcanzar un consenso para que no se suprima el decreto autonómico sobre la revisión de los precios.

En su intervención, ha manifestado el compromiso de la Junta en la actualización permanente del banco de precios y ha propuesto a Ceacop establecer una mesa para revisar los pliegos de contratos de obra pública. “Vamos a seguir defendiendo y tirando del sector para evitar la paralización de obras y la pérdida de empleos”, ha enfatizado la consejera. Por su parte el viceconsejero del ramo, Mario Muñoz-Atanet, se ha mostrado rotundo al afirmar que “se articularán medidas y ayudas porque las empresas no van a pagar la fiesta”.

Por su parte, la gerente de Ceacop, Ana Estella, ha agradecido el esfuerzo de la Junta de Andalucía, pero ha exigido responsabilidad a todas las administraciones para salir lo antes posible de la situación de incertidumbre que pone en riesgo a la obra pública, afectada por los “disparados” costes de la energía y los precios de las materias primas, al tiempo que ha advertido de la inseguridad jurídica ante la falta de acuerdo entre ambas administraciones sobre la mencionada normativa andaluza.

“Los decretos son una herramienta para mitigar el impacto del alza de precios, pero la discordancia actual genera desconfianza en las empresas del sector de la construcción, que de momento son las que están asumiendo los sobrecostes de las obras, en un ejercicio de valentía y responsabilidad con los contratos firmados, sus empresas y plantillas”, ha destacado Ana Estella.

El encuentro celebrado en Sevilla se ha centrado en la situación de inseguridad jurídica que se produce como consecuencia de la disputa entre el Gobierno y la Junta respecto a la posible inconstitucionalidad de varios preceptos de la norma andaluza, actualmente vigente y, por lo tanto, de obligado cumplimiento.

“Una hipotética sentencia que declarara la inconstitucionalidad podría fijar sus efectos sin afectar a situaciones ya reconocidas por aplicación del principio de seguridad jurídica”, ha explicado Gonzalo Cerón, socio de Sollertia Abogados y experto en la materia, quien ha puntualizado que sucedería lo mismo si se publicara una nueva norma, “ya que no debería tener efectos retroactivos”.

Durante el encuentro, Ceacop también ha puesto de relieve el esfuerzo del sector de la construcción para continuar con las obras, a pesar del marco de inseguridad al que se enfrentan diariamente desde hace más de un año y medio, y ha agradecido a la Junta su defensa de las empresas y el sector.

• La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, da por hecho que el Gobierno recurrirá la norma andaluza
• Los constructores pedirán la revisión de contratos de obra pública en Andalucía mientras esté en vigor el decreto autonómico
• Como compensación, la Junta anuncia una revisión del banco de precios antes de 2023 y de los pliegos de contratos de obras públicas
• Los sobrecostes dejan desiertas obras públicas en Andalucía por 140 millones

El Gobierno central ha anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto autonómico de revisión de precios de obras públicas. La reacción del Ejecutivo presidido por Juanma Moreno no se ha hecho esperar y prepara ya con los servicios jurídicos de la Junta su artillería legal para hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez. «La situación es compleja y no pinta bien», ha admitido este miércoles la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, ante casi un centenar de empresarios convocados por el Círculo de Compañías Andaluzas de la Construcción (Ceacop), a los que ha advertido de la batalla legal que se avecina. Aún así, la Junta asegura que «plantará una batalla fuerte si hay recurso ante el Constitucional» porque -ha declarado- los empresarios no tienen que asumir los sobrecostes por el alza de los materiales y de la energía.

«Vamos a defender al sector», ha dejado claro la política, quien ha asegurado que este asunto está en la agenda de Juanma Moreno y lo ha planteado en todas las cumbres de autonomías con Pedro Sánchez. Asimismo, ha subrayado que el presupuesto de licitaciones de obras públicas de la Junta aumentará en 2023 «porque el presidente sabe que es una herramienta para la recuperación económica, por lo que las obras públicas no se van a paralizar, a diferencia de lo que ocurrió en 2008».

«Primero se nos cuestionó que hubiéramos metido en el decreto los contratos de servicios que afectan a obras de conservación, pero después el Gobierno ya nos ha dicho que no tenemos competencia para aprobar el decreto porque la Ley de Contratos es estatal», ha anunciado esta consejera, que apoyada en los servicios jurídicos de la Junta y en la de los contratistas prepara un argumentario legal contra las posiciones de la Abogacía del Estado. Además, la Junta ha pedido una reunión urgente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que su departamento fue el que aprobó el decreto nacional de revisión de obras públicas-

Carazo ha recordado Carazo, el decreto andaluz de revisión de precios se aprobó porque el Gobierno nacional aprobó uno que no se ajustaba a la realidad andaluza ni a la casuística de contratos de obra pública en la región. «No hemos sido los únicos que nos hemos quejado. También lo han hecho Extremadura, Aragón, Galicia o Comunidad de Madrid», ha recordado la consejera, quien admite que la primera reunión bilateral para resolver este litigio acabó sin acuerdo.

La norma andaluza permite acogerse al mismo a administraciones locales, incorpora las obras en ejecución en 2021 y de menos de cuatro meses de duración (en un principio el decreto nacional sólo contemplada las de un año), suprime la penalización por retrasos vinculados a la falta de material, permite sustituir materiales si no se altera la calidad y amplía la compensación a los contratos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos.

Ahora la Junta espera una segunda reunión bilateral aunque el tiempo juega en su contra, ya que el 12 de enero acaba el plazo para que el Estado pueda recurrir el decreto andaluz de revisión de precios. «No pintan bien las cosas», reconoce la consejera, que subraya que sin revisión de precios se paralizarán muchas obras y seguirán quedando desiertas muchas licitaciones. En este sentido, ha recordado que el Estado ya tiene paralizadas todas sus obras ferroviarias en Andalucía, entre ellas varios tramos del corredor mediterráneo.

Advierte Carazo que si el Gobierno central presenta un recurso ante el Constitucional, se suspenderá automáticamente la aplicación del decreto andaluz de revisión de precios. Ante esta situación, ha puntualizado que la Junta ha aumentado hasta 110 millones de euros su presupuesto para revisión de obras, y que ha encargado una nueva revisión del banco de precios antes de 2023 con el compromiso de volver a hacerlo de forma permanente. Asimismo, ha informado que la Junta revisará los pliegos de contratos de obras públicas para meter cláusulas que permitan modificaciones si cambian las condiciones.

Por su parte, el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, ha manifestado que «el empresario no tiene que afrontar los sobrecostes de hasta el 80% de la energía o del 60% de los materiales. Tendrán que ser las administraciones las que lo hagan y, si es necesario, se harán menos obras». «Aunque la Ley de Contratos del Estado es una norma básica, las comunidades autónomas tienen capacidad para desarrollarla porque sólo está pensada para las grandes obras del estado, dejando a un lado las diputaciones o ayuntamientos», ha puntualizado.

«El Estado quiere derogar los artículos 4,5 y 9 del decreto andaluz de revisión deprecios, que en la práctica supone derogar toda la normativa andaluza», denuncia Muñoz-Atanet, que asegura que la Junta «mantendrá el pulso hasta el final. Es mejor ir al Constitucional si hace falta». Sobre las alternativas que estudia la Junta en caso de que se presente el recurso por parte del Estado y se suspenda la norma andaluza, el viceconsejero no descarta la posibilidad de modificar el decreto que habilitar subvenciones a las adjudicatarias de obras públicas. «Si las obras se paran tendrán problemas las empresas y la Administración. Las constructoras no pueden pagar esta fiesta», ha añadido.

Por su parte, Ana Estella, gerente de Ceacop, ha lamentado que los constructores estén «soportando injustamente el sobrecoste de las obras» y ha recordado que «aún está vigente el decreto andaluz de revisión de precios de la obra pública», por lo que ha animado a los empresarios a que tramiten expediente para que en el caso hipotético de que el TC tumbe la norma autonómica no sea con carácter retroactivo.

Estella, que ha agradecido la honestidad de Carazo al no esconder el negro panorama que se cierne sobre el decreto andaluz, ha recordado a los constructores que existe además la posibilidad de pedir adelantos de pago a la Junta de Andalucía a cuenta de las obras públicas «antes de que suceda el peor de los casos». En ese caso, Ceacop cuenta ya con la revisión del banco de precios por parte de la Junta de Andalucía como medida de compensación.

Ceacop afirma que los sobrecostes están detrás de que en 2022 hayan quedado desiertas en Andalucía 300 licitaciones de obra pública. «En 2021 se adjudicaron 2.800 millones de euros y este año, que se han licitado 3.600 millones de euros, estamos aún a 1.500 millones de euros para cumplir el objetivo del pasado año».

Gonzalo Cerón, socio de Sollertia Abogados, que ha participado en el encuentro mantenido este miércoles entre la consejera y los socios de Ceacop, ha indicado que uno de las sombras que tiene el decreto andaluz es que deja abierta la posibilidad de que los ayuntamientos, diputaciones y universidades se adhieran o no a la revisión de precios. Muchas grandes corporaciones locales no lo han hecho, «por lo que no aplican la normativa andaluza y serán los tribunales los que decidirán, aunque en cualquier caso deben cumplir la norma estatal».

Este asesor jurídico ha planteado también las dudas existentes sobre qué hacer si hay silencio de la Administración ante una reclamación de una Administración, planteando la posibilidad de acudir a los tribunales tres meses después. Otras situaciones no están contempladas en los decretos nacional y andaluz de revisión de precios, que sólo contemplan asumir sobrecostes del 20%. En el caso de que el alza de precios soportada llegue al 60 o al 80% siempre queda la posibilidad de acogerse a que se está soportando un «riesgo imprevisible», según las mismas fuentes.

• El Ministerio de Transportes entrega al alcalde un documento con la hoja de ruta para terminar antes de 2030 el arco norte y construir el puente sobre el Guadalquivir
• El Ejecutivo central declara tres tramos obsoletos, lo que obligará a actualizar los proyectos

Mil millones de aquí a 2030. Siete años es lo que se marca el Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar de una vez por todas el anillo de la SE-40. Así lo señala el documento que ha entregado la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que marca una hoja de ruta para culminar no sólo la segunda ronda de circunvalación sino también la constitución de una comisión de información sobre otras inversiones en la ciudad pendientes por parte de este departamento. Se refiere igualmente a aquellas infraestructuras como la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto, las mejoras en la SE-20 y dos tramos de la N-630 previas a su recepción municipal, evolución de las obras del puente del Centenario, la financiación de la ampliación de la red de metro u otros asuntos como la vivienda.

El Gobierno central ha respondido de esta forma al requerimiento que el alcalde hispalense hizo después de que el Ministerio descartara definitivamente la opción de los túneles para salvar el río y apostase por el proyecto más barato, que es el del puente. Lo que llama la atención de este documento es la enorme inversión que plantea, que son 1.000 millones en siete años, una cantidad que contrasta sobremanera con los 24 millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Es decir, que no será en siete años esa inversión, sino en seis, que deberían incluir más de 150 millones cada año, a partir de 2024, sólo para la SE-40.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha defendido este miércoles en un encuentro con empresas de la construcción los beneficios del decreto de revisión de precios elaborado por la Junta y sobre el que el Gobierno central ha expresado dudas que ha instado a “solventar” lo antes posible para no generar inseguridad jurídica.

Carazo se ha expresado así durante la charla coloquio ‘Incertidumbres y certezas de la revisión de precios’ organizada por el Círculo de Empresas Andaluzas de la construcción, consultoría y Obra Pública (CEACOP) en Sevilla. Allí ha expuesto las “ventajas” del decreto andaluz de revisión de los precios de los materiales, que “se ha elaborado de la mano del sector de la construcción con medidas consensuadas para evitar la pérdida de empleos”.
Al respecto, ha reiterado una vez más al Gobierno de España que solvente ya las dudas arrojadas sobre el decreto andaluz y que aporte seguridad jurídica al sector.