• Los trabajos cuentan con una inversión de 617.967 euros 

• Estepona finaliza las obras de un nuevo tramo de corredor litoral en Dominion Beach

El Ayuntamiento de Estepona ha licitado un nuevo tramo de corredor litoral que discurrirá por la playa del Cristo y las urbanizaciones Veramar y Bermeja Beach, una actuación que cuenta con una inversión de 617.967 euros, según ha informado este martes la teniente de alcalde del área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco.

La edil ha precisado que las obras están financiadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

La nueva senda, que conectará con el paseo peatonal de Doncella Beach, tendrá una longitud de 354 metros y una anchura de 3 metros, adaptándose su trazado a la topografía existente con el objetivo de reducir al mínimo los movimientos de tierra.

Además, este tramo incluye la construcción de una pasarela de madera de 12,30 metros de longitud y 3 metros de anchura junto a Doncella Beach. También los accesos desde la senda a la playa se resolverán mediante escaleras y una rampa de nueva creación, que sustituirán a la escaleras existentes.

Velasco ha explicado que esta actuación dará un importante impulso al proyecto de corredor litoral por la zona oeste de la ciudad. Así ha recordado, que también en estos momentos se están ejecutando las obras de un nuevo tramo de senda, de 535 metros lineales, en Guadalobón.

Una vez que finalicen estos dos proyectos, según ha destacado la responsable municipal, Estepona quedará conectada en su franja oeste desde Costa Natura hasta Guadalmansa, lo que suponen unos 17 kilómetros de paseo ininterrumpido. También están en su recta final las obras que se están llevando a cabo en Arroyo Vaquero, donde se ha instalado un puente de 32 metros de longitud.

Asimismo, continuando con este proyecto para unir los más de 22 kilómetros de litoral esteponero a través de paseos peatonales, se ha licitado otra nueva senda que conectará Villacana con Playa del Sol y la Junta de Andalucía ha autorizado al Ayuntamiento de Estepona la ejecución de otro tramo de 559 metros que unirá Las Dunas-Matas Verdes con los sectores de Punta de Baños y El Saladillo.

De esta forma, el proyecto de senda litoral en Estepona está muy avanzado y se encuentra ejecutado en más de un 90%, lo que supone la existencia de más de 20 kilómetros de litoral unidos por estas sendas peatonales. Este proyecto de desarrollo urbano sostenible que conecta el litoral es de gran valor porque ha supuesto preservar este espacio y ha posibilitado un nuevo atractivo para la ciudad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de 63M€ para la contratación de seis proyectos encaminados a mejorar la depuración de aguas residuales de municipios de la provincia de Córdoba y Jaén. En total, la población que se verá beneficiada por estas iniciativas asciende a 42.500 andaluces.

Estos proyectos que impulsa la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural conllevan mejoras ambientales al suponer un avance en el correcto tratamiento de los vertidos y, además, contribuyen al desarrollo de la comunidad autónoma mediante la generación de puestos de trabajo ligados a las propias obras y al posterior funcionamiento de las instalaciones.

Por un lado, la Junta invierte más de 52M€ en la redacción del proyecto y la construcción de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y agrupaciones de vertidos de Rute (19,5M€), de La Carlota (18,6M€) y de La Rambla y Montalbán (14M€). El objetivo de las actuaciones es poner a disposición de las localidades todas las infraestructuras hidráulicas necesarias para poder reunir y conducir sus vertidos hasta las depuradoras donde recibirán el correspondiente tratamiento. En total, 36.100 cordobeses se benefician de unas obras que podrán generar alrededor de 780 empleos.

Por otro lado, se destinan 10,9M€ a tres iniciativas en la provincia de Jaén entre las que se encuentra la ejecución de una nueva red de colectores, una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) para la agrupación de vertidos y la EDAR de Escañuela (1,9M€). Este montante cubre también la ejecución de las obras relativas a la concentración de vertidos y la depuración independiente de los núcleos urbanos de Montizón, Aldea Hermosa y Venta de los Santos (5,6M€).

Además, esta inversión atiende también la construcción de la agrupación de vertidos y la EDAR donde se tratarán conjuntamente las aguas residuales de Begíjar y Lupión (3,3M€). En total, 6.400 jienenses se benefician de unas obras que podrán generar alrededor de 165 empleos.

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• La construcción es el sector más afectado debido a la subida de los costes de materiales por encima de un 30%

En este contexto, las empresas andaluzas son de las que más se han visto afectadas. Según un estudio de Informa, Andalucía es la segunda comunidad con mayor número de disoluciones, solo por detrás de Madrid. A un mes de finalizar el 2022 se han contabilizado 648 concursos y 3.689 disoluciones en Andalucía, lo que supone un 42% y un 12% más respecto al mismo periodo de 2021.

Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio son los dos sectores que un mayor número de procesos de ambos tipos acumulan en lo que llevamos de año en la comunidad andaluza, con 118 y 128 concursos y 1.064 y 748 disoluciones cada uno. Por provincias, Málaga y Sevilla concentran la mayor parte, con 124 y 189 concursos y 1.123 y 906 disoluciones respectivamente.

Solo en el mes de noviembre 95 empresas andaluzas han entrado en concurso de acreedores, las más importantes Abengoa Energía S.A. y Abengoa Agua S.A., con una facturación de más de 200 millones de euros (242 y 229 millones respectivamente). Además, otras 360 sociedades se han disuelto. De ellas, la que más ventas suma es Avícola Garrido García S. L, con 6,6 millones de euros.

«Somos pesimistas de cara al 2023 porque el sector está con fiebre», advierte Ana Estella Pérez, gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP). Desde este organismo recuerdan que la subida extraordinaria de los precios de materiales de construcción, por encima de un 30%, comenzó en el segundo semestre de 2020. Y que, aunque esa subida «parece que se está moderando, no vamos a volver a los precios prepandemia», avisa Pérez. Para amortiguar la subida de costes, se buscaron herramientas que permitieran ejecutar los proyectos ya planificados. La Junta aprobó el decreto autonómico 4/2022, de 12 de abril para revisar los precios de los materiales y amortiguar ese sobrecoste de los proyectos topado a un 20%. Pero el Gobierno de España ha amenazado con un recurso de inconstitucionalidad.

• La norma andaluza complementa el decreto nacional, que no incluía todas los contratos de obras ni todos los materiales
• El Gobierno andaluz prepara ya su respuesta ante el Constitucional para defender su norma, que fue cuestionada por la Abogacía de la Junta
• Los sobrecostes dejan desiertas obras públicas en Andalucía por más de 140 millones de euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos acuerdos para solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente ante el Tribunal Constitucional sendos recursos contra los decretos-ley que las comunidades autónomas de Aragón y Andalucía aprobaron en 2022 para revisar de forma excepcional los precios en los contratos de obras públicas. A principios de enero vence el plazo para que el Estado puede recurrir esos decretos autonómicos, que venían a complementar el decreto nacional de revisión de precios, pero que el Consejo de Ministros entiende que invadieron sus competencias al incluir otros materiales y contratos.

La decisión de recurrir ante el TC esos recursos se produce tras el fracaso de la comisión bilateral que se creó para intentar salvar las diferencias entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de una parte, y esos dos gobiernos regionales, de otro. Las negociaciones se iniciaron con Aragón en mayo y finalizaron en noviembre, y con Andalucía comenzaron en junio y acabaron en octubre.

El ministerio que dirige María Jesús Montero mandó propuesta de acuerdo final. Ante esta tesitura, «una vez terminadas las negociaciones, se solicitó dictamen del Consejo de Estado, que ha sido favorable en ambos casos». El Consejo de Ministros afirma que otras comunidades también regularon la revisión de precios, aunque finalmente hubo acuerdos finales con Extremadura, Galicia, Navarra e Islas Baleares, por lo que no se ha recurrido a los tribunales.

Tanto el decreto andaluz como el aragonés extienden la revisión de precios prevista en el Real Decreto Ley 3/2022 de ‘Medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística’ a otros contratos y otros supuestos no contemplados en la normativa estatal. De esta forma, estas dos regiones introducen nuevos casos para aplicar la revisión de precios no previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

El Gobierno de Pedro Sánchez recurrirá los decretos de Andalucía y Aragón para que se suspendan aquellos casos impugnados, «considerando también que no sólo se planta una lesión competencial, sino el riesgo de infringir el Derecho de la Unión Europea».

El Consejo de Ministros subraya que las normativas autonómicas a recurrir incumplen el decreto nacional de revisión de precios en los contratos de obras públicas al introducir otros materiales cuyo incremento de coste debería tenerse en cuenta a efectos de la revisión excepcional de precios de los contratos de obras públicas, algo que -dice- «es competencia del Estado».

Los artículos del Gobierno andaluz que impugnará el Gobierno central extienden la revisión de precios a contratos de servicios y suministros, cuando la normativa estatal sólo contempla aquellos contratos de servicios que son necesarios para la obra pública.

Además, otros artículos que se impugnarán son aquellos que contemplan la revisión de precios de contratos aún cuando no estuvieran en ejecución cuando entró en vigor el real decreto del Gobierno central. La Administración central tampoco está de acuerdo con que el Gobierno andaluz extienda la revisión de precios a otros materiales.

El Parlamento andaluz aprobó el decreto de revisión de precios en mayo de 2022, una reivindicación de los constructores, que advertían lo que finalmente ha sucedido, que no sólo se paralizarían obras, sino que se quedarían desiertas licitaciones porque no les salen las cuentan y no quieren trabajar a pérdidas. De hecho, en octubre ya habían quedado desiertas obras públicas en Andalucía por 140 millones de euros, ya que salían a un 22% menos del coste real, dado el incremento de los materiales, la energía y los combustibles.

Consciente del problema que traerá la falta de licitación de obras, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha sido una gran defensora del decreto andaluz, cuyo objetivo es que se aplique por parte de ayuntamientos, diputaciones, puertos… Cuando el Gobierno central anunció en plazo al Constitucional la posible presentación de un recurso contra el decreto andaluz, el Gobierno andaluz aseguró que plantearía «una batalla fuerte» al entender que los empresarios no tienen que asumir los sobrecostes por el alza de los materiales y de la energía. «Vamos a defender al sector», dejó claro Carazo, que dijo que el decreto andaluz se aprobó porque el nacional «no se ajustaba a la realidad andaluza ni a la casuística de contratos de obra pública en la región».

Carazo no tendrá a su favor la Abogacía de la Junta, que puso de manifiesto sus «dudas» sobre la constitucionalidad del Decreto-Ley 4/2022 aprobado en el Consejo de Gobierno andaluz el 12 de abril y después convalidado por el Parlamento andaluz. «Albergamos dudas relativas a la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la hora de aprobar normas con rango de ley que puedan no respetar, o sobrepasar, la legislación básica del Estado en la materia que nos ocupa», indicó la Abogacía de la Junta.

• El presidente de Ceacop señala que hacen falta profesionales «desde la base hasta los más cualificados», considera que «no hay cantera» y advierte de que es un problema «de calado»

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social al último día de noviembre en Andalucía es de 3.286.047, máximo histórico en dicho mes. La comunidad autónoma se ha acostumbrado a presentar cifras de afiliación por encima de los 3,2 millones e incluso ha superado los 3,3 millones en mayo de este año. Por sectores, Servicios sigue acumulando el mayor número de personas, con 2.317.107 de los afliados, seguido del sector primario (473.471) e industria (264.120). Ahora bien, el sector que más crece es el de la construcción, que cuenta con 220.921 afiliados y que ha aumentado un 6% interanual, 2,3 puntos más que la media en España (3,7%) .

Pese a este crecimiento sostenido, las empresas del sector reclaman más personal y más cualificado para hacer frente a los proyectos que tienen en cartera. Y los datos así lo avalan: hasta el mes de septiembre se han terminado 13.657 viviendas, la mayor cifra en igual período desde 2012 aunque muy lejos de las cifras registradas entre 2006 y 2008, con 98.000 viviendas terminadas en los nueve primeros meses del año.

Las 13.657 viviendas finalizadas suponen un 11,3% más que en el mismo período del año anterior, explicado por el aumento registrado en las viviendas de renta libre (11,3%); mientras que no se finalizó en el período ninguna vivienda de protección oficial, al igual que en 2021.

A todo ello hay que sumar que, según un informe de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), siete de cada diez euros de los fondos europeos de reconstrucción están vinculados a proyectos de construcción. De hecho, ya advirtieron hace un año que para que España pudiera ejecutar el volumen de fondos asignados sería necesario que se contrataran a unos 700.000 trabajadores. Este mismo mes han ratificado su pronóstico y consideran que el sector debería aumentar un 53% su personal, hasta alcanzar los 2 millones de empleados frente a los alrededor de 1,3 millones que ejercen en la actualidad.

Desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), su presidente Carlos López considera que el sector tiene «un problema de calado» porque cada vez es más complicado encontrar personal. Una situación que se extiende «desde la base del peón hasta los oficios más cualificados» que se necesitan para desarrollar un proyecto, como arquitectos o ingenieros.

El presidente de Ceacop sitúa el origen del problema en la anterior crisis económica, que señaló a la construcción como origen de la misma y «arrasó con el 80 por ciento del tejido productivo» . Pese a que ha transcurrido más de una década desde entonces, el sector se ha quedado «sin cantera» y ahora hay que crearla desde cero. «Se ha perdido atractivo para crear oficio», lamenta.

Como es lógico, esta cuestión afecta especialmente a las empresas más pequeñas, que se encuentran con más dificultades para mantener a su personal.

Esta reclamación de mano de obra por parte de las empresas de construcción no es nueva. De hecho, el Estudio Andaluz de Necesidades Formativas y Planificación de la Formación para el Empleo (FPE), elaborado por la Consejería de Empleo, ya detectó en su informe esta carencia. Y, seguramente, irá a más: «En el marco de la denominada Construcción sostenible, entendida como la ejecución de construcciones respetando los principios de la economía circular, se demandan especialidades formativas relacionadas con eficiencia energética de edificios o el mantenimiento de equipos eléctricos para edificios automatizados. De entre ellas podemos destacar, Encofradores, Mantenedores, Pintores, Soldadores, Montadores de cubiertas, además de las ya mencionadas en relación con las energías renovables y la domotización, y otras con un nivel de cualificación mayor como son los Técnicos en construcción, Supervisores de la construcción, técnicos en prevención de riesgos laborales especializados en la construcción. Estas ocupaciones se vinculan al área de Proyectos y Seguimientos de Obra de la familia Edificación y Obra Civil».

También se están haciendo intentos en la formación reglada y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional cuenta con varios ciclos formativos en esta materia, así como proyectos para impulsar la Formación Profesional Dual entre empresas del sector. Pero los frutos de estas inciativas no serán inmimentes.

A todo ello hay que sumar que la construcción es un sector que también debe hacer frente a la transformación digital de la economía e incorporar nuevos perfiles laborales.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) también recuerda que el sueldo más bajo es un 30% más alto que el Salario Mínimo Interprofesional y que los contratos indefinidos suponen tres de cada cuatro.

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