• La patronal Tecniberia y los sindicatos acuerdan el marco laboral que afecta a unos 100.000 trabajadores

El vigésimo convenio colectivo sectorial de la ingeniería, que se ha llevado 18 meses de negociación y ha sido firmado esta mañana, regula por primera vez el teletrabajo, reconoce la desconexión digital para los empleados y recoge una subida salarial de hasta el 10,4% en los tres próximos años.

El documento, pactado por la patronal Tecniberia y los sindicatos CC OO y UGT, afecta a 100.000 trabajadores de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad. Su vigencia se va hasta el 31 de diciembre de 2024.

• La cartera de pedidos aumentó casi un 43% hasta alcanzar los 20 millones de euros en la actualidad

• UG21 logra un contrato con Aena para mejoras en aeropuetos del Este de la Península

Año de máximos para UG21. La empresa sevillana de ingeniería ha cerrado el ejercicio 2022 con cifras récord en sus principales magnitudes, gracias a la diversificación de mercados y de sus líneas de actividad.

Según detalló la compañía en un comunicado, el volumen de negocio de la ingeniería sevillana superó por primera vez en su historia los 7,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% con respecto al año anterior. En paralelo, la cartera de pedidos aumentó casi un 43% hasta alcanzar los 20 millones de euros en la actualidad, otro hito para la compañía y que, además, garantiza su estabilidad y crecimiento en el futuro.

Con estos resultados, UG21 se consolida entre las 50 principales ingenierías españolas y entre las más internacionalizadas, al proceder del exterior el 80% de su facturación. La compañía, que ha cumplido recientemente 20 años de trayectoria, dispone de sedes permanentes en España (Sevilla y Madrid), Colombia, Perú, México y Costa Rica y sus líneas de negocio abarcan desde las áreas aeroportuaria, obras lineales, hidráulica, marítimas o medioambientales hasta estructuras, ferrocarriles y edificaciones.

Dentro de las magnitudes globales de 2022, destaca el impulso del mercado español, que supone el 20% de la facturación. Entre los trabajos desarrollados por la ingeniería, sobresalen la redacción del proyecto de construcción del tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla, así como los contratos de diseño para AENA de los aeropuertos del este y del noroeste español.

En materia de ingeniería de aguas, la firma ejecuta para la entidad pública ACUAES la supervisión de las obras de la EDAR de Madridejos (Toledo). Asimismo, se han incorporado a la cartera de pedidos los proyectos de los aeropuertos de Baleares,

también para AENA, y un contrato marco con Cetursa para la estación de esquí granadina de Sierra Nevada, ambos para los próximos cuatro ejercicios.

Proyectos en el exterior

Ya en el ámbito internacional, Perú lideró las ventas de la compañía, con un peso del 30% y una carga de trabajo centrada en proyectos de ingeniería de agua, salud y aeropuertos, fundamentalmente. Así, como clientes más destacados del país andino, se encuentran el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la institución pública EsSalud y los concesionarios aeroportuarios AAP y ADP.

La sede de Colombia cerró el año duplicando las ventas, hasta rozar los 1,6 millones de euros, pese al impacto de la crisis del COVID y de la devaluación de la moneda. En este país los principales trabajos son el proyecto de supervisión de obra de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, así como diversos contratos que se están desarrollando en Bogotá para el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Por su parte, la filial de la compañía en México experimentó un importante crecimiento y ya representa el 25% volumen de negocio global. Como proyecto principal, destaca la participación en el Tren Maya, donde UG21 se encuentra supervisando las obras del tercer tramo, construido por la también sevillana AZVI. Por su parte, la rama aeroportuaria es un pilar importante dentro del porfolio de servicios, trabajando en las principales actuaciones del país azteca; mientras que la firma aspira a afianzar el área industrial para incrementar su peso en la carga de trabajos en este mercado.

Finalmente, la reciente oficina de Costa Rica aportó un 5% del volumen global de las ventas, país en el que UG21 realiza distintos trabajos del proyecto de diseño y construcción del Hospital Infantil Torre de la Esperanza en San José, una iniciativa que cuenta con una inversión total superior a los 185 millones de euros.

Dentro de su estrategia de diversificación de mercados y con el foco puesto en Latinoamérica, la ingeniería sevillana se adjudicó en consorcio en 2022 su primer contrato en Ecuador, un proyecto de Metro de Quito para el desarrollo de la consultoría del Plan Parcial de Renovación Urbana en Solanda, uno de los barrios más populares y con mayor densidad poblacional de la capital ecuatoriana.

Ingeniería de referencia

Ozgur Unay Unay, presidente de la compañía, ha señalado que “nuestra cartera de pedidos, una situación financiera sólida, un grupo humano de más de 250 profesionales y trabajar en disciplinas no convencionales de la ingeniería forman un coupage que, sin duda, va a situar a UG21 en los próximos años como una de las ingenierías de referencia del país”. “Estamos muy orgullosos”, ha añadido, “del trabajo que se ha realizado y muy motivados para lo que nos depara el futuro”.

Por su parte, Manuel González Moles, consejero delegado de la empresa, asegura que no pueden estar “más satisfechos del desarrollo de este 2022”. “Las ventas se han incrementado sustancialmente, la deuda corporativa se ha reducido y, en general, las cifras nos indican que vamos por la senda correcta para conseguir el objetivo marcado para 2025 de superar los 15 millones de euros de facturación”, resumió.

El sector de la construcción se contrajo un 6,9% en España en noviembre de 2022 respecto al mismo mes de 2021, según Eurostat, que señala al país como el peor de todos los analizados en términos interanuales.

Por el contrario, la construcción creció un 1,3% en la zona euro, mientras que también avanzó un 1,8% en el conjunto de la Unión Europea durante el mismo periodo.

Los países con un mejor desempeño fueron Eslovenia (+44%), Rumanía (+20,4%) y Bélgica (+12,9%). Los peores han sido España (-6,9%), Eslovaquia (-5,8%) y Alemania (-1,2%).

En cuanto a datos mensuales, el sector se contrajo en España en noviembre del pasado año respecto al mes anterior un 0,8%, en línea con la eurozona, que también cayó un 0,8%. La caída en la Unión Europea, sin embargo, se moderó hasta el 0,4%.

Los países con un mejor desempeño mensual fueron Hungría (+6,8%), Polonia (+2,5%) y Bélgica (+1,6%). Por contra, los peores datos fueron los de Eslovenia (-3,4%), Alemania (-2,2%) y Eslovaquia (-2,0%).

• La actuación global supondrá una inversión superior a los 40 millones de euros tras reacondicionar la central con otros 16 millones

La desaladora del Bajo Almanzora, que quedó destruida en septiembre de 2012 tras las inundaciones sufridas por el temporal en el Levante almeriense apenas un año después de su inauguración, volverá a estar en servicio el próximo año tras las obras de reparación y protección «desbloqueadas» por el Ejecutivo, que prevé instalar además una planta de energía fotovoltaica que, a partir de 2026, la infraestructura hídrica pueda autoabastecerse y con ello «reducir el precio del agua desalada».

Así lo trasladó ayer ante los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien indicó asimismo que la actuación global supondrá una inversión superior a los 40 millones de euros. Según detalló el responsable gubernamental, actualmente «se está supervisando el proyecto ya redactado para la reparación y puesta en marcha de la desaladora», lo que conllevará un desembolso de 16,3 millones de euros.

Las inversiones contemplan además una partida cerca a los siete millones de euros destinada a «ampliar la protección de la desaladora, de tal manera que no se vuelva a producir un episodio como el del año 2012», por el que solo estuvo un «escasísimo periodo de tiempo» en funcionamiento.

«Las previsiones es que el próximo año los dos trabajos, los de protección y el de la puesta en marcha de la nueva desaladora, estén finalizados y que la desaladora entre a pleno rendimiento», apuntó Morán, quien sostiene que la instalación podrá producir hasta 20 hectómetros cúbicos de agua desalada al año.

Esta infraestructura, desarrollada inicialmente por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), supuso una inversión de 75,9 millones de euros, de los cuales 23 fueron cofinanciados por la Unión Europea. Su objetivo inicial era satisfacer la creciente demanda de recursos hídricos de la agricultura y de las localidades costeras de esta zona del levante almeriense.

Así, y para tratar de minorar el precio del agua desalada ante sus altos costes de producción, Morán ha indicado que mediante una inversión adicional de 17 millones de euros se va a instalar una planta de energía solar fotovoltaica con la que abastecer a la planta hídrica.

El secretario de Estado de Medio Ambiente explicó a su vez que también se trabaja en ampliar las desaladoras de Carboneras y el Campo de Dalías para aumentar conjuntamente hasta en 19 los hectómetros cúbicos de agua desalada en ambas zonas. Según precisó, «en estos momentos está redactándose el proyecto de ampliación del Campo de Dalías para aumentar su producción hasta los 40 hectómetros cúbicos al año», lo que supondrá una inversión de 17,5 millones de euros que permitirá aumentar en diez hectómetros cúbicos su capacidad de agua desalada.

Asimismo, se cuenta ya con autorización para la redacción de proyecto y ejecución de las obras para mejorar la eficiencia energética de la desaladora de Carboneras, «que va a permitir ampliar en un 15 por ciento la capacidad de producción, pasando de los 42 a los 51 hectómetros cúbicos al año, con una inversión de diez millones de euros». Esta obra se completará con una nueva conducción para el vertido de salmuera

«Tanto en el caso de la desaladora de Carboneras como en el campo de Dalías, se prevé también como en el Bajo Almanzora, podamos tener funcionando los parques fotovoltaicos en 2026 para abaratar el impacto de costes energéticos», indicó Morán, quien cuantificó en 125 millones de euros el conjunto de las inversiones para contar en Almería con cerca de 40 hectómetros cúbicos de agua destinada al riego en los próximos años.

Los agricultores de regadío del término municipal de Córdoba, englobados por la Comunidad de Regantes del Pantano del Guadalmellato, verán cómo se modernizan sus instalaciones a corto plazo gracias a la adjudicación de las obras de mejora y consolidación de las instalaciones de riego del único sector que quedaba por sustituir sus actuales infraestructuras por otras más modernas.

El presidente de la citada comunidad de regantes, Andrés del Campo, informó de que en 2008 se realizó la modernización de las instalaciones de regadío de todos los sectores salvo del cuarto, «por ser la zona más conflictiva» ya que se localiza en terrenos urbanizados tanto al este como al oeste del núcelo urbano de Córdoba.

Y es precisamente este tramo el que ha sido adjudicado por 2,8 millones a la empresa Jiménez y Carmona S.A. (Jicar), un proyecto que fue solicitado por la Junta de Andalucía con cargo a los fondos europeos Next Generation. «Estamos muy contentos», apuntó del Campo, quien informó de que los regantes también habían presentado por su cuenta este proyecto para recibir la financiación de Bruselas. «Al final se nos ha adelantado la Junta de Andalucía, pero por nuestra parte muy contentos porque eran muchas las comunidades que habían presentado proyectos similares», indicó el también presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore).

La aportación que realizará la comunidad del Guadalmellato oscilará entre el 25 y 30 por ciento del final de la actuación, que consistirá básicamente en la sustitución de los actuales canalillos al aire libre que distribuyen el agua del canal principal que baja del pantano hasta las distintas explotaciones por tuberías soterradas. Del Campo indicó que esta actuación, en este sector, es muy compleja debido a la presencia de parcelas en la zona del Arenal y a lo largo de la Vega del Guadalquivir, por lo que se necesitan pedir autorizaciones a los propietarios para poder sustituir los canalillos por las tuberías.

El presidente de la comunidad de regantes del término municipal cordobés recordó que aparte de las parcelas, en el sector donde se actuará está también el Aeropuerto, lo que añade más complejidad y motivo por el que hasta ahora se ha pospuesto la modernización del último de los seis sectores de riego a los que suerte de agua el canal del Guadalmellato desde Alcolea hasta Almodóvar del Río. O lo que es lo mismo, 5.600 hectareas.

Del Campo apuntó que con el soterramiento de los canales se acabará también con la problemática de la basura arrojada a estas infraestructuras. «Pasan junto a muchas viviendas y es muy común que la gente incivilizada cuando se le muere algún animal lo arroje al canal», puntualizó.

Otro de los cometidos de la obra adjudicada a Jicar es la de adaptar las infraestructuras de riego para la instalación de contadores digitalizados. Al respecto, Del Campo apuntó que tiene que ser una obra «que evite que se roben los contadores», ya que cuentan con la experiencia en otros sectores del robo de baterías o placas solares instaladas para proveer de energía y hacer posible la telegestión de los contadores.

El presidente de Fenacore indicó que las obras tendrán un plazo aproximado de un año, con lo que se completará la modernización de toda la zona de riego del canal, con las ventajas en ahorro de agua y costes para los regantes. Eso no quiere decir «que más adelante avancemos con otros proyectos de digitalización, que tenemos en mente y en casi proyecto ya».

Del Campo recordó que la redacción de este proyecto fue adjudicada hace un año a la consultora Ayesa Ingeniería y Arquitectura por un importe de 214.455 euros, y que el compromiso de la CHG «es ejecutar esta obra en este plan hidrológico».

• El Ministerio de Transición Ecológica publica la relación de fincas afectadas por las obras del desglosado 9

• Los titulares de las parcelas tienen veinte días para presentar alegaciones desde el pasado martes

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha dado el pistoletazo de salida formal a las obras del primero de los once proyectos de construcción en los que se divide el plan para dotar de canalizaciones las presas de Rules y Béznar. El organismo acaba de publicar la relación de fincas que serán sometidas al proceso de expropiación para la construcción del desglosado 9 y que se encuentran desde este martes en proceso de información pública para que los titulares de las mismas puedan presentar alegaciones durante un plazo de veinte días hábiles. La mayoría de las parcelas se encuentran situadas en el término municipal de Vélez de Benaudalla, pero también hay terrenos afectados en Salobreña, Molvízar y en menor medida Motril.

En concreto, las obras de este primer proyecto de construcción forman parte de la primera fase de un total de seis de los que consta toda la red de canalizaciones. Esta engloba a los dos únicos desglosados que ya están en marcha, el 3 y el 9, en concreto con la redacción de los dos proyectos constructivos, el último aprobado a finales del pasado mes de marzo de 2022. Las expropiaciones afectan a 204 parcelas, incluidas subparcelas, dentro del municipio de Vélez de Benaudalla, mientras que 97 están dentro del término de Salobreña, 77 del de Molvízar, y 12 en Motril. En total 392 parcelas que hacen un total 33,35 hectáreas de terreno que serán ocupadas de forma temporal; y 11,56 hectáreas de servidumbre. De todas estas parcelas, 37 se usan para frutales de regadío y 25 de secano, mientras que 34 se dedican a huertas de riego y dos de secano. Cuatro afectan a invernaderos y cultivos bajo plástico y otras 37 son pastizales de distinto tipo. El resto de terrenos afectados tienen usos variados o improductivos.

Esta primera fase viene a poner en servicio las aguas del pantano de Béznar, que va camino de cuatro décadas de infrautilización. Según describe el proyecto, se prioriza el riego desde la presa situada en el valle de Lecrín hacia las comunidades de regantes situadas en la cota 400 en su margen derecha (Río Verde, Jete, Almuñécar y su entorno), que actualmente riegan con reservas naturales subterránea, y cuyas aguas llegarán a estas comunidades a través del ya existente Canal de Ízbor, que será ampliado y duplicado en otra fase.

El proyecto de obra 3 implica construir una tubería de 9,3 kilómetros y un diámetro de entre 1,4 y 0,8 metros desde la presa de Béznar, y otras dos secundarias más estrechas que suman una longitud de 11 kilómetros. También se concluirá la interconexión de Palmares (que llevará agua de Rules) hasta la cota 200 y una estación de bombeo.

Aquí entran las obras del desglosado 9, referidas a la tubería de riego y abastecimiento de esa cota 200, y que será la que parta desde la presa de Rules (que está más abajo de la de Béznar y que quedarán interconectadas en Palmares. Es una obra de una tubería de 15,5 kilómetros y casi dos metros de ancho. A estas se unen las obras de la interconexión del Guadalfeo y su estación de bombeo, con una capacidad de 30.000 metros cúbicos. La duración de esta fase se ha estimado en 36 meses, dando suministro al 25% de la superficie de riego. Es decir, los dos proyectos ya en marcha son los más importantes porque son los que ‘sacan’ el agua de los dos pantanos y empiezan a redistribuirla por las zonas de riego con mayor número de explotaciones agrarias.

Las obras son la tubería de la cota 200 para riego y abastecimiento. Con este desglosado se lleva el recurso, es decir, el agua procedente de la presa de Rules a las comunidades integradas en el sector de riego F mediante una tubería de 15.492 metros de longitud y diámetro 1.800 milímetros. Además se ejecutan las obras asociadas a la Interconexión de Guadalfeo, desde la tubería de cota 200 a la cota 400, incluida la estación de bombeo y la balsa asociada a la interconexión, con capacidad 30.000 metros cúbicos. Esta estación de bombeo dispone de dos arquetas de aspiración, a diferente cota, a fin de optimizar la carrera del embalse de Rules. En este desglosado se incluye también: bombeo secundario hacia la Balsa existente de Santa Ana; y la conducción de abastecimiento desde el embalse de Rules hasta la ETAP de Los Palmares, con una longitud de 15.492 metros en diámetro 1,2 metros.

La información sobre las parcelas afectadas está expuesta en los tablones de anuncios de los ayuntamientos de Vélez de Benaudalla, Salobreña, Molvízar y Motril, además de en la sede de la Subdelegación del Gobierno en la provincia situada en la Gran Vía de Granada capital, además de las oficinas de Aguas de las Cuencas de España, en Sevilla, y del propio Ministerio de Transición Ecológica en Madrid. Además, se podrá consultar la documentación en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Las alegaciones  se deben de remitir en el plazo de veinte días a la Dirección General del Agua del Ministerio.

• Situado en el barrio del Pilar del centro histórico, albergará la Escuela Municipal de Música y Danza, con una inversión superior a 2,1 millones de euros, financiados por la UE

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha firmado el expediente del proyecto del Complejo Cultural de la Finca de las Golondrinas en el barrio del Pilar para que las obras salgan a concurso con un proceso de tramitación urgente. La actuación, que ha sufrido el parón de dos años con motivo de la pandemia y las dificultades sobrevenidas por el aumento de los precios de la construcción, finalmente avanza para que su ejecución sea una realidad.

• El delegado estima que en un par de meses estará listo el proyecto y a fin de año podría iniciarse la obra del edificio

• Moreno presenta el antreproyecto del tercer hospital de Málaga y asegura que “no hay vuelta atrás”

Las catas de suelo para determinar la cimentación del tercer hospital han comenzado esta semana en los terrenos del Civil donde se prevé la infraestructura sanitaria. “Hoy es un día para celebrar, es una foto histórica, la voy a enmarcar”, ha apuntado el delegado de Salud, Carlos Bautista, quien estimó que en un par de meses podría estar terminado el proyecto del edificio y hacia “finales de 2023” arrancar la obra. 

“Las máquinas perforadoras ya están trabajando en el estudio geotécnico del suelo en paralelo a la redacción del proyecto. Así que vamos adelantando las catas”, señaló. Para Bautista, este nuevo paso es la prueba de “la apuesta decidida de hacer el tercer hospital, “que será el mayor de Andalucía y por el que llevamos muchos años esperando”. 

• La Junta de Andalucía ha licitado de forma urgente y por casi medio millón de euros los primeros trabajos para habilitar hasta 21 juzgados antes del 30 de junio
• Retos judiciales para 2023: el traslado a Palmas Altas, clave para Sevilla, que necesita 21 juzgados

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha licitado por 486.514 euros (sin IVA incluido) las primeras obras de acondicionamiento de espacios en el complejo de Palmas Altas para «albergar» 21 juzgados en la que será la sede de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Estos trabajos prevén también la adecuación de despachos, salas de vistas, salas multiusos, reprografía, archivos y servicios complementarios «necesarios».

Así se recoge en la memoria justificativa del contrato publicada este miércoles y consultada por Europa Press, en la que se detalla que estas primeras obras se concentrarán en el edificio A del campus de Palmas Altas para «albergar trece juzgados de lo Contencioso Administrativo, cuatro juzgados de lo Mercantil y cuatro juzgados de Primera Instancia».

La Administración andaluza argumenta la urgencia en «razones de interés público» como lo es «la necesidad imperiosa de ejecutar los trabajos antes del 30 de junio de 2023, en primer término, como fecha marcada para la entrada en funcionamiento de los nuevos juzgados de Sevilla, y del 14 de julio de 2023».

Esta segunda fecha se marca en rojo ya que para entonces «expira el contrato de arrendamiento del edificio Viapol, que aspiramos a reducir a la mitad, con el consiguiente ahorro económico, al trasladar una parte singnificativa de los órganos judiciales ubicados allí en estos momentos. Concurren no una sino dos circunstancias que justifican la urgencia de tramitar el presente expediente», se abunda en la memoria del contrato licitado.

Los trabajos se centrarán «fundamentalmente» en la «modificación de determinados elementos de compartimentación interior» para aumentar así el número de despachos existentes y para habilitar las salas de formación y salas de reuniones en salas de vistas «sin alterar los valores esenciales del edificio, su modulación y diseño e imagen externa».

Asimismo, se especifica, «se deben realizar cuantos ajustes requieran las instalaciones» en materia de iluminación, sistemas eléctricos y contraincendios, entre otros, para «atender el programa funcional previsto». El edificio A consta de cuatro plantas más dos de sótano.