• El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul realiza una visita institucional a la localidad

• Adif adjudica por 46,9 millones de euros la renovación de parte de la línea Huelva-Zafra

El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Pedro Yórquez, ha realizado una visita institucional a Calañas para abordar distintos asuntos que forman parte de sus competencias.

El alcalde de la localidad, Mario Peña, ha recibido al representante de la Junta de Andalucía en el Ayuntamiento, donde Yórquez ha firmado en el libro de honor del Consistorio.

Ambos dirigentes han dialogado con vistas a realizar actuaciones de mejoras en el medio natural de Calañas y han intercambiado impresiones sobre distintos proyectos en el monte público, como la prevención de incendios.

Posteriormente, el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y el alcalde de Calañas se han desplazado a la presa de Sotiel Olivargas con el presidente de la Comunidad de Regantes del Andévalo Minero y alcalde de El Cerro de Andévalo, Pedro Romero, y varios comuneros. Pedro Yórquez ha conocido de primera mano los proyectos en materia hídrica para la zona. 

• Será una intervención que se realizará en un total de 23 kilómetros y contará con un presupuesto base de licitación de 3,2 millones de euros

La mejora del acceso al Parque Natural Cazorla, Segura y Las Villas por la A-319, un paso más cerca. La Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Jaén ha anunciado el inicio de los trámites para la licitación y ejecución de las obras de mejora de la seguridad vial. Será una intervención que se realizará en un total de 23 kilómetros y contará con un presupuesto base de licitación de 3,2 millones de euros.

El delegado territorial, Miguel Contreras, ha puesto de manifiesto la importancia de esta intervención, con cargo a la ITI, en una vía que presenta “un importante desgaste en el firme”. Por ello, asegura que que es una actuación “ampliamente demandada” y forma parte del objetivo de la Consejería de “dotar a las infraestructuras autonómicas de unas condiciones de funcionalidad y seguridad adecuadas, más aún si cabe en un eje de comunicación fundamental para la actividad económica de la zona como es la A-319”.

Las obras supondrán la rehabilitación de la capa de rodadura que restituya las condiciones de funcionalidad y que supondrán la mejora de la regularidad longitudinal y transversal, así como de la textura superficial.

En lo que respecta a señalización horizontal, se llevará a cabo la reposición de las marcas viales, tanto longitudinales como símbolos y cebreados, además de reponer el rebalizamiento con nuevos captafaros reflectantes horizontales.

La A-319 es el principal acceso a los núcleos urbanos de Cazorla, La Iruela, Burunchel, Arroyo Frío o Coto Ríos, además de ser la vía de entrada al Parque Natural y, con ello, a numerosos recursos turísticos imprescindibles para la zona.

Esta carretera tiene una intensidad media diaria de 2.963 vehículos al día y un tres por ciento de vehículos pesados.

• La ampliación del centro educativo de Málaga tiene un presupuesto de ejecución material de unos 420.000 euros.

No todo van a ser licencias de edificios de apartamentos turísticos o nuevas promociones residenciales. El Ayuntamiento de Málaga acaba de conceder a la Junta de Andalucía el permiso de obras necesario para la construcción de 6 aulas polivalentes en el IES Fernando de los Ríos, situado en la zona de los Guindos.

De acuerdo con los detalles contenidos en el expediente municipal, el desarrollo de esta intervención tiene un presupuesto de ejecución material algo superior a los 420.000 euros. Si bien no se fija un plazo cierto de desarrollo de la actuación, la Gerencia de Urbanismo sí advierte de la necesidad de impulsar los trabajos en un plazo no superior a los seis meses desde la expedición de la licencia.

Las nuevas aulas, con una superficie edificada de unos 572 metros cuadrados (a materializar en planta baja más 2 alturas), vendrán a sumarse al conjunto del instituto ya existente, que suma una superficie de casi 5.800 metros cuadrados de techo. Todo este conjunto se asienta sobre una parcela de 10.349 metros cuadrados de superficie.

“El edificio proyectado se sitúa como prolongación del existente, manteniendo la alineación de las fachadas”, se indica en el documento oficial, en el que se precisa que la ampliación se desarrollará en las dos alas del edificio, de forma simétrica, desarrollándose en tres plantas de altura al igual que el actual. 

Asimismo, se indica que el edificio existente se va a conectar con la ampliación, de manera que las fachadas de las nuevas alas sean similares a las del edificio existente, tanto en materiales como en proporciones y ritmo de huecos

• El conjunto del plan, que incluye el intercambiador de la Explanada de la Estación y la Marina o el parking de La Malagueta, se extendería entre 2024 y 2029 – El coste de la inversión es de 391 millones de euros, con una rentabilidad económica del 16,83%

El Ayuntamiento de Málaga estima que la obra para soterrar el tráfico a lo largo de 2,3 kilómetros del eje litoral de la capital durará tres años y medio.

Así, se ha expuesto el resultado del estudio realizado por la consultoría, el cual arroja que el coste total a largo plazo del PML, en el que se incluye la inversión y su operación y mantenimiento, supone 391 millones de euros. Por su parte, los beneficios socioeconómicos alcanzan los 1.000 millones de euros (a valor presente), lo que supone un ratio beneficio-coste de 2,57 y una rentabilidad anual del 16,83 %.

Para obtener estos resultados el análisis ACB, se ha basado en el estudio de la influencia que el PML tendrá sobre el empleo, la actividad local y el bienestar social, así como su impacto sobre la contaminación acústica y atmosférica, la creación de zonas verdes y la mejora en los desplazamientos con el objeto de poder desarrollar la mejor alternativa para la ciudad, han detallado.

Así, los mayores beneficios de la construcción del PML se derivan del ahorro de tiempo en desplazamientos y espera que se ha estimado en 463,38 millones de euros; de la recuperación del espacio público para el peatón que supone 261,49 millones de euros; y la reducción de la siniestralidad por accidentes de tráfico que el análisis ha estimado en 157 millones de euros.

Para ello, se ha considerado un periodo de 34 años, descontando un 5% anual, causa por la cual los beneficios sobre la contaminación acústica y atmosférica son inferiores al haber considerado la evolución del parque móvil hacia uno menos contaminante.

Por su parte, la reducción del ruido conlleva un coste evitado de 33,46 millones de euros y de 11,54 millones de euros en términos de contaminación acústica y ahorro de combustible, lo que supondrá mayor impacto en los primeros años después de la construcción del proyecto, de modo que las toneladas de CO2 evitadas suponen 2.293 en 2028 (6,28 t/CO2 diarias) y 150 al final del periodo.

Por último, en cuanto a los datos de empleo, el estudio ha reflejado el efecto tractor sobre la actividad económica y del empleo en la ciudad, a través de la creación de más de 1.500 puestos de trabajo en distintos ámbitos y actividades. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO

El ACB es una herramienta de gestión para la toma de decisiones respecto al desarrollo de las obras públicas que promueve la Unión Europea, a través de las guías de buenas prácticas.

El ejercicio permite disponer de una memoria de impacto socioeconómico del proyecto, facilita la toma de decisiones de forma óptima y otorga una visión global de todos los impactos.

Muchas de las obras públicas no son rentables financieramente porque no generan ingresos económicos pero sí tienen una rentabilidad socioeconómica positiva y eso justifica su provisión pública. Asimismo, los proyectos cuya financiación prevista proceda de fondos de la Unión Europea deben tener una rentabilidad socioeconómica positiva.

El estudio del PML lo ha realizado María Fernández Pérez, economista funcionaria en excedencia de la Administración Civil del Estado que, entre otros cargos, ha sido vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entre los años 2013-2020 y ahora es CEO de Etalia, una empresa de consultoría especializada en análisis de impacto de la regulación y proyectos públicos. PLAN MÁLAGA LITORAL

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han recordado en un comunicado que el Plan Málaga Litoral es un conjunto de actuaciones que sumarán a la ciudad 65.000 metros cuadrados de espacio peatonal y zonas verdes, incluyendo el soterramiento del tráfico desde el Guadalmedina hasta el hotel Miramar. La recuperación del Paseo de los Curas permite ampliar el Parque en 18.000 metros cuadrados y completar así la conexión peatonal con el Muelle Dos del Puerto.

El plan contempla el intercambiador modal de La Marina, junto a la estación de ferrocarril María Zambrano; el Eje Litoral soterrado; urbanización de los nuevos espacios públicos y zonas verdes; un aparcamiento de rotación en terrenos de El Puerto; el aparcamiento Ciudad de Melilla; así como el desarrollo urbanístico de la parcela municipal de Los Tilos.

El Plan Málaga Litoral responde a los planteamientos de la Agenda Urbana 2015 y desarrolla el Plan del Clima (Alicia) y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, recientemente aprobados por el Ayuntamiento. Asimismo, responde al cumplimiento de la Agenda 2030 en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• La entidad supramunicipal contempla una inversión de 154,8 millones de euros en infraestructuras de residuos en el horizonte del año 2035

La desestructuración de la gestión de los residuos urbanos en la provincia de Sevilla, cuyo gran exponente es las irregularidades detectadas en la Mancomunidad de Los Alcores con su planta de Montemarta-Cónica gestionada en prórroga forzosa por Aborgase desde 2016,  ha llevado a la Diputación a plantear la creación de un consorcio que permita organizar las diferentes unidades de gestión, coordinar los servicios y, especialmente, optar a fondos públicos que permitan cumplir con las diferentes directivas europeas en materia de residuos.

Según la Diputación, el consorcio permitiría la optimización de la gestión de los residuos urbanos y daría garantía de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera al futuro sistema de cooperación territorial. Aunque tenga personalidad jurídica plena y capacidad de obrar, es un instrumento de gestión compartida de competencias que permitiría a los entes locales mantener su titularidad y “gestionar servicios y actividades de interés común, como es la gestión de los residuos urbanos en clave de calidad del servicio y eficiencia en el gasto”.

Un consorcio permitiría crear y explotar infraestructuras de gestión, tratamiento, clasificación o vertederos, además de prestar servicios como recogida de residuos municipales, la gestión de puntos limpios o las estaciones de transferencia, fundamental en localidades de pequeño tamaño o más alejadas de las infraestructuras.

Aspecto fundamental es el acceso a la financiación. Fondos de resiliencia, la próxima convocatoria de los Feder, los nuevos PERTE… relata Regla Martínez, responsable de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación, sobre las posibilidades de financiación para adaptarnos a las nuevas directivas europeas y a las que se podría optar a través de este consorcio.

“Hay mucho que hacer”, reconocía Martínez, que puntualiza que el objetivo de la Diputación con el Plan de Residuos Peligrosos de la Provincia es “reorganizar” la desestructuración que ha provocado que cada “uno haya ido por su lado”, aunque la idea es partir de las siete unidades de gestión actualmente establecidas e integrar. “Que las unidades estén bien delimitadas y que el Consorcio provincial sirva de coordinación”, es su resumen.

Su apuesta la respaldan con presupuestos: 154,8 millones de euros en inversiones para infraestructuras con el horizonte del año 2035. Para nuevas infraestructuras se incluyen 104,6 millones, 73 de ellos para biorresiduos, y 50,1 para mejoras en las ya existentes, de las que la mayor partida (44) para las de fracción resto.

Pero además, se contemplan 15,2 millones al año para la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos, ya sea a través del quinto contenedor o con el sistema puerta a puerta, además de casi 52 millones para costes de explotación, reposición y mantenimiento a futuro.

Las instalaciones

La planificación de la Diputación de Sevilla contempla el establecimiento de cinco centros de tratamiento en la provincia, manteniendo y mejorando los cuatro ya preexistentes que cuentan con Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), Planta de Clasificación de Envases (PCE) y vertedero, como son las de Montemarta-Cónica (para la que se propone su remodelación completa); La Vega, Campiña 2000 y Matagrande; y se incluye la ya remodelada de Espartinas y una futura planta de clasificación en Sevilla capital.

También contempla nueve estaciones de transferencia, las siete actuales (Sevilla, Carmona, Lebrija, Lora del Río, Constantina, El Saucejo y Écija), y dos nuevas, La Vega y Montellano, además de la remodelación ya hecha en Bollullos y Espartinas.

El plan incluye siete plantas de tratamiento de biorresiduos recogidos de forma selectiva, apostando por de forma preferente las plantas de compostaje, aunque se abre la puerta a la digestión anaeróbica “si se demuestra su viabilidad económica y técnica”. Así, se contemplan las cuatro existentes en cada centro de tratamiento (Montemarta, La Vega, Matagrande y Campiña 2000), una en el perímetro este de la ciudad de Sevilla, otra en Espartinas y una planta de autocompostaje en la ET de Constantina.

Con respecto a los puntos limpios, el plan contempla el acondicionamiento de los 78 existentes, más la creación de otros 20 fijos y otros siete móviles.

De San Pablo a Diego Velázquez. El aeropuerto de Sevilla cambiará de nombre antes de 2024. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recibirá antes de final de mes una propuesta socialista que contará con el respaldo de la mayoría de los grupos políticos (la duda es la confluencia de izquierdas) en la sesión plenaria de marzo. Se trata de una iniciativa ciudadana respaldada por más de 40 colectivos sociales coincidiendo con el cuarto centenario de la designación de Velázquez como pintor de la Corte de Felipe IV, la puesta en servicio de las instalaciones renovadas del aeródromo y el aniversario del primer vuelo realizado en las instalaciones del Cortijo de San Pablo.

El gobierno municipal sostiene que “nominar el aeropuerto de Sevilla, como Aeropuerto Internacional de Sevilla Diego Velázquez ayuda a continuar forzando las señas de identidad de nuestra ciudad, a reforzar nuestra imagen en el mundo. Todas las grandes ciudades ligan sus principales infraestructuras a grandes personajes de su historia y Sevilla quiere seguir esta estela con Diego Velázquez”. Aunque se ganó su fama como pintor de la corte en Madrid, su huella en Sevilla no es menos importante y fue decisiva para su trayectoria. Aquí se formó, se examinó, se casó, tuvo a sus hijas y pintó algunas de sus más representativas obras.

Con la solicitud al Estado, se sigue la línea que han desarrollado otras ciudades del mundo que han vinculado a lo largo de los últimos años el nombre de sus aeropuertos con creadores o artistas locales de proyección universal. Es el caso de Málaga (Pablo Ruiz Picasso); Granada (Federico García Lorca); Lanzarote (César Manrique), Liverpool (John Lennon), Roma (Leonardo da Vinci); Parma (Guiseppe Verdi), Salszburgo (Wolfgang Amadeus Mozart) o Varsovia (Fréderic Chopin). En el caso de Sevilla, además, el aeropuerto tomó su nombre actual por la denominación del terreno donde se construyó de forma que nunca tuvo un nombre propio asociado.

Varias han sido las iniciativas que se han propuesto con anterioridad para cambiarle el nombre, pero todas se han quedado por el camino. La propuesta no es gratis. No son pocos los casos que ha habido en los últimos años en el país y en todos ellos, salvo alguna excepción, el que propone es el que paga. La intención del equipo de Antonio Muñoz es que todo el coste lo asuma Aena.

El gasto para que el aeropuerto de Madrid se llamara Adolfo Suárez y el de Barcelona Josep Tarradellas fue asumido por el Gobierno central, en ambos casos superando los 500.000 euros. Lo más costoso sería la sustitución del gran cartel sobre la fachada de la nueva terminal, pero también habrá que sustituir los rótulos y matrículas en los transfer del aeródromo o incluso los membretes que coronan la documentación interna que manejan los empleados.

Junto con el cuarto centenario de la designación de Velázquez como pintor de la Corte de Felipe_IV, otro de los motivos por el que el gobierno municipal ha retomado la idea de cambiar el nombre al aeropuerto se debe a que la coalición electoral autonómica y de izquierdas Por Andalucía solicitó a mitad de febrero que se denomine Aeropuerto Blas Infante, una iniciativa que registró en la cámara Unidas Podemos. “El padre de la patria andaluza, Blas Infante, debe ser reconocido en un edificio público, cuando están a punto de cumplirse 43 años de la aprobación del Estatuto”, señaló el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.

El último grupo municipal en pronunciarse sobre el cambio de nombre del aeropuerto fue Vox. Su portavoz, Cristina Peláez, manifestó ayer que “es de justicia” que el aeródromo, “puerta de entrada de millones de turistas que acuden atraídos por nuestra cultura y patrimonio, lleve el nombre de un sevillano universal como Diego Velázquez”. La edil afirmó que confía que esta iniciativa “motive a las diferentes administraciones para impulsar la figura y la obra de uno de los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos”.