• El decreto aprobado por el Gobierno para un mecanismo extraordinario decayó en marzo

El Gobierno está analizando de la mano de las constructoras un sistema de revisión de precio de las obras públicas que permita asegurar la buena ejecución de los fondos europeos. El sistema extraordinario aprobado por el Ejecutivo decayó el 1 de marzo sin solución de continuidad. Pero el sector ha seguido insistiendo en que es imprescindible para que las obras no queden desiertas.

Fuentes del Gobierno confirman que hay varias opciones sobre la mesa, que deben ser analizadas por los departamentos de Economía y Hacienda. El sector de la construcción siempre ha puesto de manifiesto que el departamento de Transportes que dirige Raquel Sánchez era perfectamente consciente del problema que ha representado para las compañías el fuerte alza de costes de las materias primas y la energía, pero señalaba reticencias de los departamentos de Nadia Calviño y María Jesús Montero por el coste de la medida para las arcas públicas.

El Ejecutivo dio un paso adelante con varios decretos para implementar un sistema de revisión de precios extraordinario del que fueron pioneros en su día tanto el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) como la dirección general de Carreteras. Ahora, se estudia cómo mejorar el sistema y hacerlo más flexible, añaden las citadas fuentes.

Desde el sector aseguran que las conversaciones están muy avanzadas y dan por hecho que la nueva propuesta podría estar lista en apenas unas semanas. Desde el Gobierno se limitan a reconocer estar trabajando en el asunto, sin dar más detalles sobre la forma de implementación. Según adelantó este lunes El Economista, el grupo de trabajo interministerial contempla soluciones transitorias ante la coyuntura actual.

Julián Núñez, presidente de Seopan -la patronal de las concesionarias que aglutina a las cotizadas ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr y OHLA aseguró este miércoles la necesidad imperiosa de implementar un nuevo sistema. En este sentido, abogó durante un encuentro en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por elevar del 20 al 30% el límite respecto al precio de adjudicación del contrato que se prevé en el anterior decreto del Gobierno. «Esto nos va a condicionar este año y el que viene», aseguró.

«Vamos a modificar la ley para reducir permanentemente o transitoriamente, si es posible, esa carencia absurda que tenemos de 2015 de dos años de ejecución y vincularlo preferentemente a la fecha de presentación de ofertas», añadió.

Además, respecto al Real Decreto 36/2020, puso en valor la concesión automática de anticipos financieros de hasta el 50% de todas aquellas obras que tengan subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En este sentido, recordó que hay un informe de la Abogacía General del Estado del pasado mes de enero que dice que basta con que solicite y que no hacen falta trámites o documentos justificativos adicionales.

Su principal queja es que «todas las obras licitadas por las Comunidades Autónomas y entidades locales, no tienen ni fórmulas de revisión. Y las que se acogieran, lo harían con el período de carencia de dos años, lo que supone un riesgo enorme». Una de las principales reivindicaciones del sector de la construcción es reinstaurar la obligatoriedad de que los contratos incluyan fórmulas de revisión de precios, algo que quedó como residual con la aprobación de la ley de desindexación de la economía de 2015.

En este sentido, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) llevan tiempo quejándose de que el 90% de las empresas del sector no se estaba viendo beneficiado del mecanismo puesto en marcha por el Gobierno y que se estaba aplicando a una tipología de obra grande y centrado principalmente en ferrocarril y carreteras.

Hace apenas dos meses, el propio Núñez se encargó de recordar que aunque el acero, el cobre y el aluminio están reduciendo sus precios entre un 6% y un 12%, siguen un 51%, 38% y 33% por encima, respectivamente, al nivel de 2020. El gas y la electricidad también habían bajado hasta febrero un 12% y 62%, pero seguían un 556% y 121% más caros que en ese año 2020. Entre los cambios que reclamaban de cara una eventual revisión del sistema, estaba el incluir la variable energética en la revisión del precio de los contratos.

La ejecución es ahora la prioridad

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores, reconoció durante el encuentro que ahora mismo, la principal tarea por delante es ejecutar todo lo que se ha licitado. «Estamos todos empeñados y comprometidos para que esto sea un éxito», expresó. «Toca el esfuerzo y no bajar la guardia para ejecutar todo lo puesto en marcha», añadió también las presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, tras reconocer que «hay falta de mano de obra a todos los niveles».

Por su parte, el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, lamentó que los encargos realizados por empresas públicas casi se duplicaron el año pasado. En este sentido, expuso que compañías públicas como Tragsa (Agricultura) o Ineco (Transporte) recibieron 1.888 encargos en 2021, pasando en 2022 a más de 3.120 proyectos.

«Proponemos que solo se permita utilizar un porcentaje del presupuesto a través de encargos a medios propios y que se establezca un procedimiento ágil para encomendar remanentes, porque muchas veces se les otorga a medios propios para que los hagan rápidamente, ya que de lo contrario esos fondos se perderían», concluyó.

• La provincia lleva generando proyectos de crecimiento sin apenas éxito desde hace cerca de medio siglo

• La enésima promesa a la industria de Cádiz

En 1972 el astillero de Puerto Real se convirtió en el mayor de España y en uno de los principales de Europa, tras un proyecto con el que creció un millón de metros cuadrados, se construyó construcción un inmenso dique seco y se habilitó la factoría para construir barcos de hasta un millón de toneladas.

La que iba a ser la joya de la corona de la industria en la etapa final del franquismo, se topó con la crisis del petróleo y el hundimiento de la economía, especialmente duro en España que andaba con los pies de barro.

Ahí empezó la gran crisis industrial de la Bahía de Cádiz de la que aún no hemos sido capaces de salir. Una crisis que se llevó por delante a empresas señeras del sector público, como la Tabacalera y Construcciones Aeronáuticas y casi provoca el cierre de los astilleros, hoy en franca recuperación.

Cierres que provocaron, especialmente en los años ochenta, importantes conflictos laborales en la Bahía, hasta el punto de provocar un ataque a la sede del PSOE en la gaditana plaza de España en 1995, que estuvo a punto de salir ardiendo cuando el entonces gobierno de Felipe González, anunció el cierre de la factoría naval gaditana.

El boquete que provocó en todo este proceso de reestructuración industrial, (que solo entre 1984 y 1992 provocó la pérdida de cerca de 10.000 empleos en la Bahía, tanto en el sector público como en la industria auxiliar), tanto en clave económica como social se intentó solventar mediante una serie de planes especiales.

• El BOJA publica el Informe Ambiental Estratégico, que considera que el desarrollo “no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente” siempre que se cumpla con las especificaciones señaladas
• El condicionado contempla medidas para la protección de camaleones o la necesaria cautela arqueológica, entre otras cuestiones
• Nuevo paso para las más de 200 viviendas previstas en la Huerta de San Joaquín en San Fernando
• El Pleno aprueba el plan parcial de la Huerta de la Compañía: casi 900 viviendas nuevas para Camposoto

El plan parcial de la Huerta de San Joaquín, donde está prevista la construcción de más de 200 viviendas, ya cuenta con el Informe Ambiental Estratégico (IAE) de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que posibilitará el desarrollo residencial de estos suelos emplazados en Camposoto.

Se trata de un paso más en la tramitación urbanística que desde hace año y medio se impulsa a instancias de Gestión de Proyectos Inmobiliarios del Sur SL a través de un sistema de compensación cuyo proyecto de estatutos y cuyas bases de actuación fueron aprobadas hace ya un año por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Fernando.

El Informe Ambiental Estratégico, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, considera que el desarrollo de este plan parcial “no tendrá efectos significativos sobre el medioambiente, siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el documento de planeamiento yen el documento ambiental estratégico”.

Protección del camaleón y cautela arqueológica

Eso sí, se especifica que tendrán que cumplirse con los informes sectoriales recabados durante la tramitación urbanística que tengan carácter vinculante y que el plan deberá cumplir con el condicionado que se detalla el mismo documento, donde se precisan cuestiones como la protección del camaleón (Chamaeleo chamaeleon) dado que la zona en la que se prevé desarrollar la actuación es hábitat de esta especie y es probable su presencia.

Así, se especifica que “se tendrá que contactar con una empresa consultora o profesional especializado en su manejo que realice una prospección antes de las obras quien tendrá que solicitar previamente a esta delegación una autorización para el manejo y traslocación de los ejemplares”.

También se concreta que, en función de la probabilidad de restos arqueológicos en el ámbito del plan, “deberán establecerse cautelas arqueológicas mediante un diagnóstico previo consistente en una actividad arqueológica de prospección superficial de los terrenos previo a las actuaciones”.

Estos trabajos -se detalla- deberán ser realizados por arqueólogo que presentará en esta Delegación Territorial el correspondiente proyecto para su autorización. previo al inicio de obra. Y en función de los resultados obtenidos en la actividad arqueológica, se determinarán otras medidas de investigación, protección y/o conservación del área afectada.

El desarrollo residencial previsto

El plan parcial de la Huerta San Joaquín abarca una superficie de 40.434 metros cuadrados que se extiende entre la carretera de Camposoto y la calle Cartageneras -hasta la zona del  campo de Hockey- a través de las calles Granaínas y José Quetar y otra área pendiente de desarrollo como es La Albenda, actualmente en proceso de regulación. Se trata de terrenos sin desarrollar que forman parte de antiguas huertas de La Isla y que pertenecen a varios propietarios.

El desarrollo planteado abarca 17.552,38 metros cuadrados de uso residencial con una edificabilidad máxima de 21.431,72 metros cuadrados donde el Plan General contempla la construcción de un total de 202 nuevas viviendas, de las que 64 serán protegidas.

La tipología de estas futuras viviendas es variada y abarca desde unifamiliares hasta edificios con cuatro plantas de altura.

Los pasos dados para afrontar el desarrollo de estos suelos coinciden con otras iniciativas similares que a lo largo del último año se han estado llevando a cabo en el ámbito urbanístico. Entre ellas, el plan parcial de la Huerta de la Compañía, también en la zona de Camposoto, que con 879 viviendas previstas se convierte en una de las actuaciones más destacadas en este sentido que han empezado a moverse y que se aprobó en el pasado mes de enero.

• La empresa propietaria del centro comercial ya ha pedido licencia para la obra

• La estación de Bahía Sur estrena ascensores y escaleras mecánicas

La nueva rampa peatonal con la que se completará la estructura de la pasarela entre San Fernando, la estación de trenes y el centro comercial Bahía Sur comenzará a construirse pronto. La empresa Castellana Properties, propietaria de la superficie comercial, ya ha solicitado la licencia de obra.

Desde el Ayuntamiento se informa de que los responsables de Bahía Sur iniciaron los trámites el 14 de abril. El coste de la estructura ronda los 300.000 euros y se prevé que tenga un plazo de ejecución de unos 4 meses. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el Ayuntamiento y el centro comercial han dado el visto bueno a este proyecto.

Desde hace tiempo colectivos de personas con movilidad reducida y la ciudadanía en general demandaban que la plataforma que cruza desde Pery Junquera con General Pujales hacia Bahía Sur, por la que también se accede a la estación de tren de Bahía Sur, se completara con una rampa por el lado del centro comercial.

Esta reclamación se sumaba a las quejas por los problemas de accesibilidad a la estación ferroviaria por las averías constantes que sufrían los ascensores y la presencia de escaleras mecánicas estropeadas, una situación que quedó solventada con la sustitución de los elevadores del lado de la ciudad y de la estación, que permite además su uso con sillas de ruedas eléctricas y carritos de bebé dobles, y la instalación de unas nuevas escaleras escaleras por parte de Renfe, cuya inversión fue de 1,5 millones de euros. Ahora es Castellana Properties, responsable del mantenimiento del ascensor de esa margen la que ejecutará la construcción tras acordarlo con el Consistorio.

Desde el gobierno se destaca que el trabajo conjunto realizado entre el Ayuntamiento y Castellana para cumplir el compromiso con la mejora de la accesibilidad en la ciudad y, en concreto, en uno de los principales pulmones económicos de la ciudad y uno de los centros comerciales más visitados de Andalucía, que es además un nudo importante de la movilidad y el transporte de la Bahía con una enorme afluencia de viajeros.

Para ejecutar esta actuación también se han atendido las peticiones y aportaciones de las entidades y colectivos de referencia que representan a las personas con diversidad funcional y movilidad reducida.

• Ninguna empresa ha presentado oferta para ejecutar las obras

El concurso para la mejora de la accesibilidad en la Alcazaba de Antequera queda desierto. Ninguna empresa ha presentado oferta a la licitación abierta por la Diputación de Málaga el pasado mes de marzo. Una actuación que se proyecta a través de la estrategia DUSI Caminito del Rey.

Rampa de acceso y ascensor junto al Arco de los Gigantes

El proyecto fue autorizado el pasado mes de septiembre por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía al tratarse de una intervención directa en un BIC, un Bien de Interés Cultural. Las obras contaban con un presupuesto de licitación de cerca de 230.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Se centraban fundamentalmente en la construcción de una rampa de acceso y un ascensor entre el Arco de los Gigantes y la entrada principal a la Alcazaba. Ya en el interior del recinto amurallado, se habilitarían los diferentes itinerarios peatonales adaptados. También se contemplaba el tratamiento de los bordes del sendero oeste mejorando la estética la barandilla de protección y la jardinería de esta fachada que da directamente a la Real Colegiata de Santa María.

La licitación se abrió a mediados de marzo cerrándose el 5 de abril el plazo de presentación de ofertas. Ninguna empresa se ha interesado en su ejecución de forma que será necesario revisar el proyecto y sacarlo de nuevo a concurso, algo para lo que de momento no hay fecha.

La Alcazaba de Antequera está pendiente de otra intervención de urgencia para reparar el muro que se desprendió en Semana Santa. Un paño mayor situado junto a la calle de Herradores y que se vino abajo como consecuencia de una fuga de agua. El Ayuntamiento será el encargado de ejecutar la reparación.

• El Ayuntamiento instalarán sistemas fotovoltaicos en la depuradora y en la cubierta del pabellón polideportivo y se rehabilitará el segundo módulo del antiguo Séneca

• La Comisión Territorial de Urbanismo da luz verde a la innovación del PGOU de Palma del Río

• Palma del Río y Peñaflor, en Sevilla, unidas por vado inundable en el río Retortillo

Palma del Río ha conseguido financiación europea para tres nuevos proyectos de rehabilitación y mejora energética, que suman 1,7 millones de euros, así lo ha informado este miércoles la alcaldesa de la localidad, Esperanza Caro de la Barrera. 

Caro de la Barrera ha explicado que “han llegado nuevas resoluciones de la mano de los fondos Next Generation, que se pusieron en marcha para poder llevar a cabo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España para recuperarnos de la pandemia. Son tres buenos proyectos que nos animan a continuar preparando más iniciativas para seguir acogiéndonos a estos fondos europeos que están haciendo tanto bien a Palma del Río. Empezamos climatizando los colegios y hemos rehabilitado edificios públicos y equipamientos, y hay que seguir aprovechando los fondos Next Generation”.

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado el Plan Más Provincia (Plan Provincial de Reactivación Económica mediante la Asistencia a Municipios y ELA,S en el ámbito de sus competencias) para este ejercicio, que movilizará una inversión total de 16 millones de euros en la provincia.

El portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha recalcado que “este programa permite la asistencia económica en actuaciones que vienen a reforzar y garantizar los servicios públicos de competencia municipal”.

“Del mismo modo, se facilita el desarrollo de proyectos que tienen como finalidad el fomento del desarrollo económico y social, dentro del ámbito de competencia municipal”, ha añadido.

El Pleno ha aprobado una modificación de crédito, por un importe de 1.800.000 euros procedente de un remanente de Tesorería, que será transferido a la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa) “con el objetivo de reforzar la financiación de este organismo, habida cuenta de las necesidades económicas que está generando la situación de sequía y la declaración de no aptitud del agua en el norte de la provincia”, ha explicado Morales.

Otra de las cuestiones relevantes que se han aprobado por unanimidad han sido dos modificaciones de crédito, que se realizan en el Plan contra la Despoblación de Mejora de Carreteras, para el arreglo de dos vías en las localidades de Montoro y Montalbán, “con una importante y necesaria inversión económica en ambos casos”.

Así, ha explicado el portavoz socialista, “se van a destinar 1.800.000 euros al arreglo de la carretera que une Montoro con el centro de salud que se está construyendo en este municipio, inversión que está justificada por el abundante tránsito que está previsto que haya diariamente de aquellos usuarios que demandan asistencia sanitaria”.

Por otro lado, en el caso de la vía que une Montilla con Montalbán, “se va a intervenir en el drenaje del firme de esta carretera, destinando un presupuesto de 300.000 euros, para evitar las recurrentes inundaciones que se producen en la misma”.

Morales ha mostrado su satisfacción por otro de los asuntos aprobados en la sesión como es “la incorporación del Ayuntamiento de Puente Genial, mediante un convenio con Emproacsa, a la prestación de la gestión del ciclo integral del agua”. “Es el primer municipio de más de 20.000 habitantes que se adhiere a este organismo provincial”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Ramón Hernández, se ha congratulado de que “se haya dado luz verde al Plan Más Provincia, mostrando, una vez más, nuestro compromiso y preocupación por las demandas y necesidades de nuestros municipios”.

Hernández ha resaltado “que es muy buena noticia también la ampliación de esos 2.100.000 para la puesta a punto de ambas vías en Montoro y Montalbán, en esa firme apuesta que desde la Diputación venimos haciendo por el arreglo de nuestras infraestructuras viarias”.

• Tras considerar la Junta que supone una modificación sustancial del plan, hay que llevarlo de nuevo a aprobación provisional y a información pública

• El objetivo es cambiar la normativa para que estos equipamientos religiosos puedan tener uso cultural o social cuando dejen de pertenecer a una orden evitando la especulación con usos hoteleros

La comisión municipal de Urbanismo, la última del mandato, ha tratado hoy varios expedientes importantes para el futuro de la ciudad. Uno de ellos es la innovación puntual de los equipamientos del PGOU, que será sometida a aprobación provisional en pleno. 

El objetivo de este punto es cambiar el “apellido” al uso que ahora se permite a los conventos precisamente para su protección permitiendo que una vez que no sean utilizados por órdenes religiosas, tengan uso cultural o social o como residencia de estudiantes o de mayores, pero nunca como hoteles frenando así cualquier intento de especulación urbanística como ya existió alguno. 

• Piden a la Comisión Europea que abra procedimientos de infracción sino se cumplen los plazos acordados

• Paso decisivo para el tren Granada-Motril: Bruselas incluye la línea en la Red Europea de Transporte

La línea ferroviaria entre el Puerto de Motril y Granada capital está un poco más cerca después de que el Parlamento Europeo acordase este miércoles culminar la red de transportes transeuropea, entre las que se incluye esta conexión, y marca como fecha tope para su realización el año 2050.

Según han informado a Granada Hoy, entre los acuerdos adoptados en el Parlamento Europeo por los eurodiputados, figuraba la petición de que como fecha tope 2050, esté incluido el tramo ferroviario entre Granada y Motril, tanto para el transporte de pasajeros como el de mercancías.

Además, este organismo ha pedido a la Comisión Europea que abra “inmediatamente” procedimientos de infracción contra los países de la UE si los proyectos que se han aprobado sufren un “retraso significativo”.

De esta forma, se cumple una de las peticiones más demandadas en los últimos años por los colectivos económicos, sociales, culturales y políticos de la provincia de Granada que habían demandado como una de las prioridades a realizar. 

El presidente del Puerto de Motril, José García Fuentes, en declaraciones a este periódico, considera que se ha dado “un paso de gigante” en la realización de este proyecto, y señala que “ahora nos enfrentamos a la negociación donde el Gobierno tendrá que defenderlo y respaldarlo para que sea una realidad”. Reconoce que se cuenta con un aval importante, ya que en el seno del Consejo Europeo, que es donde se tiene que debatir, la presidencia será española, “además de que el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, se ha comprometido a apoyar públicamente esta conexión”. 

García Fuentes insiste en que la valoración que hay que hacer desde el Puerto de Motril “es de satisfacción y de alegría”, y que para la realización del proyecto ha influido mucho el estudio que realizó la Universidad de Granada para la Autoridad Portuaria, además de todo el apoyo que ha contado de toda la provincia. 

“Ahora lo que hay que intentar es acortar el máximo posible los plazos, a sabiendas de que ya es una realidad”, añade. 

Por otra parte, destaca que todo esto “ha sido fruto del consenso de toda la provincia al sacarlo fuera del debate político”. Y destaca el trabajo realizado por los distintos colectivos implicados como Cámara de Comercio de Motril, AECOST, Plataforma por las Infraestructuras, Junta de Andalucía, Diputación de Granada, así como los distintos partidos políticos.  

En la misma sesión plenaria, se ha aprobado culminar en la red de transportes la  ‘Y vasca’, para finales del año 2030, además de instar la inclusión en la red para finales de ese mismo año a los puertos de Santander, Vigo, Cádiz, Castellón, Ferrol y Pontevedra.

La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión deberán iniciar ahora las negociaciones para acordar el texto legislativo y la primera reunión está prevista para el próximo lunes. 

En 2019, el Puerto de Motril encargó a la Universidad de Granada un estudio de viabilidad que soportara la reivindicación, al tiempo que se recabó el apoyo de todo el tejido de la provincia de Granada mediante la firma de sendos manifiestos dirigidos al Gobierno de España y a la Unión Europea. Además, se redactó un informe justificativo del cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la inclusión de la conexión ferroviaria en la modificación de la Red Transeuropea de Transportes en cuanto a resiliencia, eficiencia energética y sostenibilidad, en el que esta línea tenía un encaje perfecto, y que ha servido de base a las enmiendas presentadas en el seno del Parlamento por los principales grupos políticos PP, PSOE y Cs.

Dicho informe fue adjuntado al expediente, junto a otro en el que se dibujaba el escenario de la provincia de Granada con y sin ferrocarril, con la incidencia en el empleo, la economía y el medioambiente y que pone en evidencia la necesidad y la importancia de esta línea para nuestra provincia. Toda la documentación fue enviada a la Unión Europea, mientras que en el Congreso de los Diputados, a iniciativa del Partido Popular, se aprobó el compromiso del gobierno para instar a Europa a la inclusión de la mencionada conexión ferroviaria en la modificación de la Red Transeuropea. La Junta de Andalucía también lo incluye como línea estratégica en el PITMA, quedando reflejado en el planeamiento autonómico.

En las últimas fechas, tanto el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, como el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, se trasladaron a Bruselas, donde celebraron una ronda de entrevistas y reuniones con los grupos políticos con representación en el Parlamento Europeo y con la Comisión de Movilidad y Transportes para dar a conocer los puntos fuertes de esta línea, su importancia y recabar su apoyo.

• La empresa pública y los ayuntamientos convenían la sustitución y renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento

• Giahsa alcanza un volumen de casi 36 millones en licitaciones durante 2022

La comisión permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha aprobado las adendas de los respectivos convenios en las que se recoge una primera batería de obras que se ejecutarán en los municipios de Gibraleón, Isla Cristina, Manzanilla y Punta Umbría, lo que supone el arranque del denominado Plan Renovas, una ambicioso programa de actuaciones para modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento en un total de 36 poblaciones de la provincia y que contará con una inversión, en cuatro años, de 26 millones de euros.

Cada una de las adendas recoge las obras que se han acordado en la comisión de seguimiento constituida por la MAS, su empresa pública Giahsa y los respectivos Ayuntamientos, dentro del Plan Estratégico para la Mejora de las Infraestructuras Municipales y Planes de Inversión Municipal.