M.Valverde. Madrid

Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT están ultimando un acuerdo salarial para la negociación colectiva en el trienio comprendido entre 2023 y 2025. El pacto recoge una subida salarial del 4%, para este año, más un 3%, respectivamente, en 2024 y 2025, según informaron ayer las fuentes próximas a la negociación, consultadas por EXPANSIÓN. Las patronales y los sindicatos han convocado a sus órganos de dirección para el lunes, con la previsión de firmar el acuerdo el martes, 9 de mayo.

Por lo tanto, en el conjunto de los tres años el incremento de los salarios será del 10%. Es decir, 3,25 puntos menos que la propuesta inicial de los sindicatos, que era del 13,25%, para el trienio 2022-2024.

Es importante reseñar en este punto que los sindicatos renuncian a negociar un acuerdo con efectos retroactivos en 2022. Esta ha sido una de las líneas rojas marcadas por la patronal, que dio por cerrado el incremento salarial medio del 2,7%, con el que cerraron los convenios el año pasado.

Por lo tanto, CCOO y UGT han cedido en el incremento de los salarios, al aceptar una subida más moderada que la reivindicada inicialmente. Y, en segundo lugar, los sindicatos han aceptado también dar por cerrado el ejercicio económico de 2022.

Eso sí, a cambio, los sindicatos han conseguido introducir una cláusula de incremento adicional del 1%, para preservar el poder adquisitivo de los salarios, y en función de la inflación. Bien es verdad que la negociación puede continuar este fin de semana para cerrar lo que, en estos casos, siempre se denominan como flecos. Y uno de ellos puede estar en la modulación de las cláusulas de revisión y sus límites respecto a los precios. No obstante, lo reseñable es que los empresarios puedan aceptar este punto, cuando siempre se habían negado a restaurar una indiciación de los salarios respecto al Índice de Precios de Consumo.

Según las mismas fuentes, el acuerdo también tendrá otros puntos de aplicación en la negociación colectiva. Por ejemplo, el desarrollo de la contratación de la reforma laboral en las empresas y los sectores. Esto incluye las diversas modalidades creadas como el contrato de la construcción, los fijos discontinuos o los escasos modelos de contrato temporal. Además, la patronal y los sindicatos están discutiendo el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el control del absentismo laboral, y su reducción. También, sobre la igualdad de género y salarial en los convenios, además del desarrollo del teletrabajo.

En definitiva, hasta ayer, el acuerdo tenía 30 folios, a expensas de lo que pueda negociarse este fin de semana. En todo caso, tanto las patronales CEOE y Cepyme, como los sindicatos CCOO y UGT convocaron ayer a sus respectivos órganos de dirección para el lunes con el fin de ver si respaldan un acuerdo para la negociación colectiva del trienio 2023-2025. La previsión es que el martes se pueda hacer una firma formal del acuerdo y, tal vez, en el Consejo Económico y Social, como es habitual en estos casos.

El acuerdo se produce tras las intensas presiones que ha ejercido el Gobierno en el último año sobre los empresarios para que firmasen una subida salarial con los sindicatos. El Ejecutivo no ha dudado para ello en utilizar los actos de la larga precampaña electoral de este año para pedir un incremento de las retribuciones de los trabajadores frente al crecimiento de los beneficios empresariales. De hecho, este era uno de los puntos que el Ejecutivo quería incluir en el pacto de rentas inicial para combatir la inflación. Incluso, con este objetivo, el Gobierno no ha dudado en entrar en las descalificaciones personales de grandes empresarios y del propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a propósito de los beneficios de las compañías y de sus salarios.

No obstante, Antonio Garamendi rechazó esta propuesta del Ejecutivo de incluir los beneficios en un pacto de rentas y, a cambio, planteó que en el acuerdo entrasen las pensiones. Lógicamente, el Gobierno rechazó las pretensiones del líder de la patronal y más en un año electoral.

Eso sí el Gobierno firmó el año pasado un acuerdo con los sindicatos de la función pública hasta 2024, con un incremento máximo del 9,5% en el conjunto del trienio, en el caso de que la economía evolucione positivamente.

El intervencionismo del Ejecutivo en la negociación colectiva no tiene precedentes. Ha llegado hasta el punto de que Garamendi dijese el pasado jueves que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, “no pinta nada” en la negociación colectiva.

Por todas estas razones, las conversaciones entre CEOE y Cepyme con CCOO y UGT se interrumpieron en mayo del año pasado, aunque con contactos esporádicos. Otro hecho que contribuyó a la ralentización de las negociaciones fueron las elecciones de CEOE, el 23 de noviembre del año pasado, en las que Garamendi consiguió su reelección para un segundo mandato.

Por varias razones, en un año intensamente electoral, el acuerdo entre la patronal y los sindicatos es muy importante para el Gobierno. En primer lugar, porque manda un mensaje de estabilidad hacia los agentes económicos en España y hacia los inversores extranjeros. El pacto salarial es un instrumento más para intentar contener la inflación, que en estos momentos tienen una tasa interanual del 4,1%, pero del 6,6% en la subyacente.

La paz social

En segundo lugar, el acuerdo garantiza una cierta paz social en las empresas y en las calles. Los sindicatos habían amenazado con desencadenar el apocalipsis en los convenios colectivos conflictivos, hasta insinuar la utilización de violencia. Es lo que querían decir a lo largo de la última semana, antes del Primero de Mayo, cuando afirmaban lo siguiente: “Las movilizaciones [de trabajadores] se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban”. E incluso, utilizaron el ejemplo de las batallas campales en Francia contra la reforma de las pensiones del presidente Enmanuel Macron. Es más, CCOO y UGT amenazaron a los empresarios con encadenar las protestas entre las empresas con problemas en los convenios colectivos.

La primera reacción del Gobierno a lo que puede ser una acuerdo salarial entre 2023 y 2025 fue la de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. En sus redes sociales, expresó su “agradecimiento” a los agentes sociales por haber alcanzado un acuerdo para subir los salarios en España. En su cuenta de la red de Twitter, Díaz destacó que es “un acuerdo tan importante, que está destinado a proteger los salarios de las personas trabajadoras”. “Las organizaciones sindicales y patronales –continuó la vicepresidenta– vuelven a estar a la altura de nuestro país”, que es una expresión que utiliza con frecuencia.

Expansión. Madrid

Cada vez son más los españoles que viven de alquiler. En estos momentos se sitúan en torno al 24%, por debajo de la media de la Unión Europea, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuando en 2007 eran del 20% (según Eurostat). Por este motivo, los socios del Gobierno han llegado, finalmente, a un acuerdo para crear una nueva Ley de Vivienda que otorgue más protección a los inquilinos, demanda que ya lleva años en el candelero político. Tras su aprobación en el Congreso el pasado 27 de abril y su remisión al Senado, si éste la ratifica, se procederá a su publicación y entrada en vigor en las próximas semanas. Estas son algunas de las carencias que presenta el mercado de alquiler, así como algunas claves que introduce la nueva norma en la legislación española.

Impulso del alquiler

El principal crecimiento en viviendas de alquiler se ha concentrado en los últimos cinco años, con casi medio millón de nuevas viviendas. Esta tendencia nos acerca poco a poco a la media europea y no se ha visto interrumpida a pesar de la elevada inflación. De hecho, según diferentes expertos en materia económica, los dos principales factores que motivan el aumento del alquiler serían el incremento de requisitos para conseguir una hipoteca y un cambio social que deja de ver la propiedad como única forma de tenencia. El portal inmobiliario Fotocasa indica que existe más demanda de propiedad que de alquiler, pero los obstáculos crecientes (el encarecimiento de este mercado, la inestabilidad socioeconómica y la falta de ahorro) llevan a más personas a continuar alquilando.

La encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas del INE pone de relieve diferencias territoriales. Las tres comunidades autónomas donde el alquiler tiene más peso son Baleares, Cataluña y Canarias. En cambio, la propiedad de viviendas ya completamente pagadas tiene más peso relativo en Euskadi, La Rioja y Castilla y León.

Precios al alza

Un informe del Banco de España indica que los precios ofertados de alquiler se encarecieron más de un 50% desde que tocaran mínimos a finales de 2013 hasta el máximo de mayo de 2019. Y, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa, el año pasado se cerró con un aumento del precio medio de los alquileres de un 7,4%.

Al menos 481.000 hogares destinan más del 40% de sus ingresos netos a pagar el alquiler, según el INE. Esta cifra corresponde al 16% de los hogares que viven de alquiler y podría ser mayor ya que para el cálculo solo se han considerado los umbrales de renta más bajos de cada franja. Afecta, sobre todo, a quienes ganan menos de 1.500 euros mensuales.

Poca oferta de pisos

El aumento del precio medio de los alquileres es uno de los síntomas de que el nivel de demanda supera una oferta que, además, se redujo un 35% en términos generales. Los datos de Idealista corroboran que cada vez se anuncian menos viviendas para alquilar: las 180.000 ofertas de hace dos años y medio se habían reducido a 100.000 el pasado mes de enero, la cifra más baja desde 2016. Por su parte, un informe de Servihabitat Trends constata que la oferta de viviendas en alquiler ha caído ya un 50% de media en los dos últimos años.

Globalmente, en el último año esta pérdida de unidades se cifra en el 5%, aunque en las dos principales urbes españolas, Barcelona y Madrid, la caída fue del 9 y el 19%, respectivamente. La tendencia general se ha mantenido en el primer trimestre. En cuanto a la situación en las dos regiones con más presión inmobiliaria, la foto se repite en el caso de la Comunidad de Madrid y permanece estable en el caso de Cataluña.

Con un stock de viviendas en alquiler a la baja, la capacidad de negociación de los inquilinos se reduce y también facilita las prácticas abusivas por parte de algunos caseros. Además, en las zonas más demandadas, los inmuebles disponibles son cada vez más caros, antiguos y de menores dimensiones

Nueva Ley de Vivienda

La nueva Ley de Vivienda se hace eco de las dificultades de los inquilinos para acceder a una vivienda y propone algunos cambios para reforzar su protección.

“Cabe recordar que las Comunidades Autónomas tienen asumidas en sus Estatutos de Autonomía la competencia en materia de vivienda, por lo que son los legisladores autonómicos los encargados de elaborar los programas normativos y el Estado de garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada”, explica Montserrat Martín, abogada de la compañía de seguros de Defensa Jurídica, ARAG. A modo de ejemplo, la Ley de Vivienda sienta las bases para definir qué es una zona tensionada, pero son las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos quienes decidirán si aplican o no esos puntos. Pese a que algunas competencias no son centrales, otros muchos puntos de la Ley sí lo son, como el establecimiento de una nueva referencia para la actualización anual del alquiler, medidas de protección frente a los desahucios o beneficios fiscales para los propietarios.

Los cambios más destacables de la nueva Ley son las siguientes:

L Límite a la actualización anual del precio del alquiler. El año pasado se instauró un tope del 2% en la actualización de alquileres para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. “Este año se ha prorrogado y el año que viene se establecerá una nueva limitación del 3% siempre que no exista pacto entre las partes”, indica Montserrat Martín. Se espera que, para el 2025, se haya acordado una nueva referencia desvinculada del IPC, que dependerá del Instituto Nacional de Estadística.

L Zona tensionada. Son aquellas en las que la carga media de la hipoteca o del alquiler, más los suministros, supera el 30% de los ingresos medios de un hogar o en las que el precio haya subido al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Como se indicaba anteriormente, son las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos los que deben definirlas, pues tienen traspasadas las competencias de vivienda.

L Grandes Tenedores. Hasta ahora, se consideraban a los que tenían más de 10 viviendas o una superficie útil superior a 1.500 m2. Con la nueva norma, los propietarios que tengan 5 o más inmuebles, siempre que estén en área tensionada, se considerarán grandes tenedores, sean personas físicas o jurídicas.

L Desahucios. “Con relación a los procedimientos actualmente suspendidos hasta el 30 de junio, solo se levantará la suspensión si el demandante gran tenedor acredita que se ha sometido al proceso de conciliación o mediación para buscar una solución habitacional al inquilino”, explica Martín. Para los nuevos desahucios, la demanda presentada por un gran tenedor debe acompañarse con la acreditación de haber realizado un proceso de conciliación o mediación con el inquilino y las administraciones públicas para facilitar una solución habitacional. Se exige que todas las resoluciones judiciales que se dicten en el procedimiento indiquen la fecha y hora del lanzamiento, siendo este punto una demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos, que no saben cuándo se les va a desahuciar. “Todo el trámite en sí puede suponer una media de 1 año o 2 años para conseguir el desalojo”, indica la abogada de ARAG.

• Inyectará más de dos millones de euros para el impulso a obras, actividades culturales y para la promoción de ‘Costa de Almería’ como destino turístico

El Pleno de la Diputación de Almería celebrado ayer ha aprobado la inversión de más de 3 millones de euros para la realización de obras que mejoren infraestructuras y servicios en toda la provincia, así como el impulso a otras iniciativas de carácter cultural y social o para la promoción del destino ‘Costa de Almería’ como enclave turístico.

Por un lado, se ha aprobado una ampliación del presupuesto de la Institución Provincial en 2,2 millones de euros que se destinarán para materializar proyectos de diferente naturaleza en toda la provincia. Dentro de esta inversión se contemplan acciones desde todas las áreas como obras de reformas, modernización, eficiencia energética, acciones deportivas o de promoción agroalimentaria o turística.

En este último caso, el Pleno ha habilitado una ampliación presupuestaria para la promoción turística del destino ‘Costa de Almería’ que asciende a 450.000 euros que se emplearán en acciones promocionales que consoliden la reactivación del sector este año mediante estrategias que fortalezcan la presencia de ‘Costa de Almería’ en los diferentes mercados nacionales y, sobre todo, internacionales.

Esta medida aprobada hoy se pone en marcha con el objetivo de reforzar y ampliar las acciones promocionales de ‘Costa de Almería’ que se van a llevar a cabo en aquellos destinos que recientemente han vuelto a operar con el Aeropuerto de Almería, como con la ciudad alemana con Dusseldorf, para consolidar las nuevas y futuras conexiones aéreas que se establezcan con el Aeropuerto almeriense.

El vicepresidente de Diputación y portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez, valoró que «estas iniciativas difundirán la imagen de la provincia y de la marca ‘Costa de Almería’ asociada a la excelencia como destino turístico. Nuestra tierra reúne todo lo necesario para ser el lugar escogido por turistas nacionales e internacionales durante este verano gracias a nuestra oferta sin masificar y basada en la diversidad».

Durante el pleno celebrado este viernes se ha aprobado por unanimidad la cuarta relación de actuaciones de 2023 de Planes Provinciales que continuarán mejorando y actualizando infraestructuras y servicios públicos en los 103 municipios y la entidad local menor de Fuente Victoria.

En concreto, se han aprobado nuevas inversiones para reforzar y potenciar los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía en todos los municipios, especialmente los más pequeños, mediante los Planes Provinciales 2020-23.

A través de la partida económica puesta en marcha en el Pleno de ayer, la Diputación de Almería impulsará obras para la mejora de caminos municipales en Oria; del entorno urbano de Olula del Río, para la impermeabilización de la piscina municipal de Ohanes o para la remodelación del parque en la barriada del Niño del Remedio de Gádor.

• Con un coste de cerca de 50.000 euros, se eliminarán algas, musgos y líquenes y se consolidará la pieza, a la que se le sellarán las grietas y se le eliminará la grapa metálica

• La Alhambra inicia una nueva intervención en el jardín de Alamedilla

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha iniciado el procedimiento para restaurar la fuente norte del Patio de los Arrayanes, uno de los espacios más singulares del recinto monumental.

Según se indica en la licitación, hecha pública por la Junta de Andalucía, el contrato tendrá un coste de 49.544 euros. Se desarrollarán labores de conservación-restauración de la fuente norte del patio de Arrayanes, cuyo objetivo es “frenar, en lo posible, el deterioro que manifiestan en la actualidad para poder asegurar su permanencia en su lugar original”, apunta el documento.

“La intervención abarcará el tratamiento de la fuente, pie de apoyo y solería adyacente”, prosigue la licitación, que añade que los trabajos están descritos en el proyecto técnico de conservación de la pieza. Según el desglose de las actuaciones previstas, quien se haga cargo de este trabajo debe ocuparse de la adecuación del espacio y el estudio histórico y artístico de la fuente. Se hará asimismo un estudio analítico previo y se eliminarán las capas de cal por medios mecánicos. Sólo en esta operación se prevé un coste de algo más de 17.000 euros.

Se hará una limpieza con láser fotoablación, la eliminación de musgos, líquenes y algas y consolidación del elemento. Se le sellarán las fisuras y grietas, además de reintegrar los fragmentos que haya perdido. Se eliminará asimismo la grapa metálica y se deberá realizar una redacción de memoria final de la intervención. El plazo de ejecución fijado es de cuatro meses.

• Con esta actuación, la Agencia de Obra Pública espera producir energía para su autoconsumo, esperando cubrir el 27% del consumo total del Metro granadino

• El Metro de Granada comienza la construcción de la cubierta vegetal de sus cocheras

La Junta de Andalucía ha publicado la licitación de tres concursos para la instalación de placas fotovoltaicas en el Metro de Granada, con un presupuesto base que suma 3.042.688 euros y con un plazo de ejecución de hasta seis meses.

Con esta actuación, la Agencia de Obra Pública, que gestiona los metros andaluces, pretende la optimización energética y ambiental de la infraestructura granadina, y más específicamente, la producción de energía para autoconsumo, esperando cubrir un 27 por ciento del consumo total del Metro.

Esta actuación se enmarca en el objetivo de mejora de la sostenibilidad y la eficiencia energética de los ferrocarriles metropolitanos, por lo que recibe financiación de los fondos React de la Unión Europea. La empresa LETTER Ingenieros ha sido la encargada de redactar los proyectos que han dado pie a estas instalaciones.

La instalación fotovoltaica que se llevará a cabo en la nueva cubierta vegetal que se está construyendo en la playa de vías de los talleres y cocheras del Metro de Granada sale a licitación con un presupuesto base de 1.355.706 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La instalación fotovoltaica, que convivirá con las zonas ajardinadas en la cubierta vegetal, contempla la instalación de 1.707 módulos fotovoltaicos y siete inversores, conformando así un generador fotovoltaico con una potencia de 810.825 kWp. El plazo de recepción de ofertas expira el próximo 17 de mayo.

Estos inversores se conectarán a la instalación principal fotovoltaica, que se incluye en el segundo contrato que sale a licitación con un presupuesto base de 1.131.984 euros y un plazo de seis meses una vez se inicien los trabajos, y que supondrá la instalación de placas fotovoltaicas también en la cubierta del edificio de Talleres y Cocheras y otras instalaciones anexas como la zona de aparcamientos o en las marquesinas de los propios estacionamientos existente y de futura construcción.

En su conjunto, esta segunda actuación estará compuesta por 675 módulos y tres inversores, conformando un generador fotovoltaico con una potencia pico de 320.625 kWp. El plazo para la recepción de ofertas concluye el próximo 15 de mayo. La potencia generada por los inversores, tanto de la playa de vías, como del edificio de talleres y cocheras y de los aparcamientos anexos, será evacuada al anillo de 20Kv de las instalaciones a través del centro de transformación, que elevará la tensión de salida de los inversores hasta la tensión de consumo.

El tercer contrato, que sale a licitación pública con un presupuesto base de 554.997 euros y un plazo de ejecución de tres meses, incluye la instalación de 96 marquesinas que se construirán en el aparcamiento disuasorio de Juncaril. La instalación fotovoltaica sobre estas marquesinas estará compuesta por 180 módulos y dos inversores, conformando un generador fotovoltaico con una potencia pico estimada en 85.500 kWp. El plazo de recepción de ofertas se extiende al próximo 15 de mayo.

En este caso, estos inversores estarán conectados a la instalación interior aguas arriba del cuadro general de Baja Tensión de la subestación eléctrica de Juncaril, para alimentar los consumos de las instalaciones de baja tensión asociadas a la subestación de Juncaril en la modalidad de autoconsumo sin excedentes.

El impacto de la movilidad de los ciudadanos sobre el medio ambiente y su interacción con el cambio climático es uno de los retos a abordar en la gestión del transporte público, donde queda encuadrada la explotación del Metro de Granada. El desarrollo de la electrificación del transporte pasa por una extensión de las energías renovables, colaborando así con la descarbonización y la mejora de la calidad del aire y del entorno metropolitano.

• El tercer Decreto de Sequía de Andalucía recoge obras para mitigar la escasez de agua y el 40% de estas actuaciones están dirigidas avanzar en tratamientos terciarios de depuradoras que permiten obtener aguas regeneradas aprovechables para el riego de cultivos. Una de las depuradoras incluidas para este fin es la de Huelva.

El Consejo de Gobierno aprobó recientemente el tercer Decreto de Sequía de Andalucía, que recoge medidas por valor de 163 millones de euros encaminadas a hacer frente a la complicada situación que atraviesa la comunidad autónoma como consecuencia de la escasez de recursos hídricos. Esta nueva planificación eleva hasta 300 millones de euros los fondos que destina el Gobierno andaluz para responder al grave problema de falta de agua que sufre Andalucía.

A través de este tercer Decreto, se impulsan nuevas obras hidráulicas que apuestan por el aprovechamiento de las aguas regeneradas, la ejecución de conducciones para el regadío, la mejora del abastecimiento, la búsqueda de nuevas fuentes hídricas, reducción de las pérdidas de agua y la digitalización de la gestión del agua.

Precisamente el uso de aguas residuales para el riego ha sido una de las sorpresas de este decreto y que da fe de la alarmante situación que presentan todas las cuencas andaluzas, incluida la onubense del Tinto-Odiel y Piedras.

Hay que recordar que detrás de la denominación de aguas regeneradas está su definición: Son aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al que se destinan. Pero no se pueden usar como agua de consumo ni tampoco en industria alimentaria.

La consejera Carmen Crespo asegurado que las aguas regeneradas van a ser tan importantes para la agricultura como para otros sectores productivos, como la industria o el turismo

Se incluye, además, un paquete de ayudas directas y excepcionales para agricultores, ganaderos y pescadores andaluces que asciende a 43 millones de euros. Entre éstas, se encuentran ayudas directas (dotadas con 10M€), la ampliación de la línea de abrevaderos (6M€); una nueva convocatoria de subvenciones para la construcción de infraestructuras de balsas, abrevaderos o conectividad (5M€); y una línea de créditos de financiación de la capital circulante dirigida a agricultores y ganaderos.

Asimismo, los profesionales del campo y el mar podrán acogerse a la prórroga de las exenciones del canon y de tasas. El nuevo decreto permite que los agricultores y ganaderos de Andalucía continúen disfrutando de la bonificación y estén exentos del pago de las tasas y tarifas de servicios que presta el Gobierno andaluz, por ejemplo, en el ámbito veterinario.

En el caso de los regantes, se establece la exención del 100% de los cánones de regulación y de la tarifa de utilización correspondiente al año 2023 cuando su dotación de agua se reduzca en un 50% o más. Por su parte, en el ámbito pesquero, se vuelve a eximir a los profesionales de la actividad pesquera del abono de las tasas portuarias y establece bonificaciones en los servicios de la administración andaluza.

El tercer Decreto de Sequía de Andalucía recoge 25 nuevas infraestructuras hidráulicas que persiguen hacer frente a la sequía en la comunidad  autónoma y que, en total, conllevan un gasto de 120 millones de euros.

De estas obras, el 40% están dirigidas avanzar en tratamientos terciarios de depuradoras que permiten obtener aguas regeneradas aprovechables para el riego de cultivos.

Se centra el decreto en actuaciones de terciarios para aguas regeneradas en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de las provincias de Málaga (EDAR de Nerja, en La Axarquía), de Huelva (depuradora de la capital onubense) y de Almería (Cuevas del Almanzora; Mojácar; Vera; Balerma, en El Ejido; y El Toyo, en Almería capital) y en Granada, las conexiones de los terciarios de Almuñécar y La Herradura.

Huelva y Cádiz

El tercer Decreto de Sequía contempla medidas para hacer frente a la escasez de agua en la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras.

Entre los proyectos planificados se encuentra la mejora de la toma de la presa de El Andévalo con el fin de aprovechar en mayor medida el agua embalsada. Se estima que, gracias a estas labores, se podrán movilizar 100 hm³ para ofrecer mayor garantía de abastecimiento a los habitantes del Andévalo y a los agricultores de la Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo. Además, para mayor seguridad en los suministros, también se contemplan labores de mejora de la estación de bombeo de El Chanza y la estación número 1 del palafito de El Chanza.

El Consejo de Gobierno también ha tomado conocimiento de la evolución de la situación hidrológica de Andalucía. A nivel regional, el territorio cuenta con 3.457 hm³ de agua embalsada, que supone el 28,87% de la capacidad total. En 2022 en estas mismas fechas se registraban 858 hm³ más que en la actualidad.

La cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza cuenta con 533 hm³ de recursos hídricos acumulados (47,80% de su capacidad). En 2022, en la misma fecha, había del orden de 88 hm³ más.

• Las obras, que contemplan la ampliación de los acerados y la adecuación de los accesos a los garajes, tendrán un valor de 130.000 euros

• Los mayores contarán con un centro de participación activa en el Cerro del Águila

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente destinará más de 130.000 euros a la reurbanización del entorno de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios con mejoras de acerado, accesibilidad y de adecuación de los accesos a los garajes. La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha dado luz verde esta semana a esta nueva actuación que se enmarca en las intervenciones que se vienen realizando para mejorar las condiciones urbanísticas de los espacios públicos de la ciudad. En esta ocasión, las obras se van a centrar en el entorno de esta parroquia, entre las calles Virgen de la Victoria, Arcos, Virgen de Loreto y Béjar.

La actuación contempla la puesta a punto y ampliación de más de 1.500 m2 de acerados y pasos de peatones, en diferentes zonas del extenso espacio que rodea al templo. De manera especial, se intervendrá en la propia manzana de la parroquia, así como en el acerado de la calle Virgen de Loreto, donde se concentran buena parte de las deficiencias en el pavimento.

• La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sometido a información pública este proyecto 

• Cuenta con un presupuesto base de licitación de 512.626,20 euros, financiados con fondos europeos NextGenerationEU

• El Parque Central de Mairena del Aljarafe se abre al público después de casi dos décadas

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sometido a información pública, desde el pasado 27 de marzo, un proyecto de restauración ecológica del tramo medio del arroyo Porzuna. Las intervenciones se plantean en el tramo de máxima pendiente y en su llegada a la Vega de Gelves.

El proyecto se localiza en los términos municipales de Mairena del Aljarafe, Gelves y Palomares del Río y cuenta con un presupuesto base de licitación de 512.626,20 euros financiados con fondos europeos NextGenerationEU. Ha sido redactado por SPESA Ingeniería S.A. (Guillermo Cobos Campos y Manuel Cayuela López bajo la dirección de Antonio Barrera Maestre).