• El Decreto-ley 4/2022 establece que dichos contratos sean revisados del mismo modo que los correspondientes a obras
• La Consejería de Fomento está pagando la mano de obra en las conservaciones un 30% por debajo del convenio

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) lamenta que la Junta de Andalucía no esté aplicando las revisiones de precios en los contratos de conservación de carreteras, pese a estar recogido en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el propio Gobierno autonómico. Dicha normativa establece que los contratos de conservación serán actualizados de igual modo que los correspondientes a obras, que se revisan en su totalidad y hasta su terminación, incluidas sus prórrogas llegado el caso.

Las empresas han recibido con indignación el hecho de que solo se estén reconociendo parcialmente las revisiones, dejando fuera la mayor parte de los capítulos de las certificaciones, en contra de lo contemplado en el decreto. De hecho, las propuestas de resolución apenas alcanzan el 20% de los importes que corresponden, lo que en la práctica supone enormes pérdidas para las compañías que desarrollan este cometido.

“Este cambio de criterio respecto a lo aprobado representa un jarro de agua fría para nuestras empresas, que han venido realizando los trabajos con el convencimiento de que se aplicaría el procedimiento recogido en esta normativa. Pese a que no resolvería la totalidad del impacto real que están soportando, representaría un avance importante”, afirma el gerente de la asociación, Arturo Coloma.

Una de las consecuencias más inmediatas que denuncia la organización es que la Administración autonómica está pagando actualmente la mano de obra de quienes realizan estas tareas un 30% por debajo del convenio, obligando a las empresas a subvencionar el servicio a pérdidas, sin que puedan soportarlo por más tiempo. “Nos parece una irresponsabilidad de la Junta de Andalucía fomentar la precariedad en el empleo de los trabajadores”, señala la organización.

Red de carreteras de la Junta

La reivindicación de CEACOP hace referencia a todas las conservaciones de la red de carreteras de la Junta de Andalucía. Sobre un importe de contratos que ronda los 250 millones de euros, la cantidad solicitada supone tan solo un 10%, pero lo que pretende reconocer el Gobierno regional no alcanza ni un 2%, a pesar de que el impacto medio de los sobrecostes es del orden del 30% para las adjudicatarias.

En caso de no reequilibrarse la situación, las empresas analizarán las medidas que se verían obligadas a adoptar. En lo concerniente a mano de obra en particular, se pueden llegar a plantear expedientes de regulación de empleo para adaptar las plantillas a los importes efectivamente recibidos por la Administración.

“Si bien inicialmente la Junta en general -y la Consejería de Fomento en concreto- mostró una buena predisposición para resolver las pérdidas ocasionadas por la enorme e imprevisible inflación, llegado el momento y más marcadamente en los últimos meses, se ha desvanecido en cálculos a la baja, recursos sobre las fórmulas a emplear y trabas en los expedientes, que en la práctica suponen menores cantidades a recibir y, en cualquier caso, dilación en los plazos de cobro”, subraya Coloma.

Abandono a las pymes

Para CEACOP, la Consejería deja en el abandono a las pymes andaluzas que velan por la seguridad vial y la seguridad de las carreteras -un trabajo altamente especializado no exento de riesgo-, obligándoles a perder más de 20 millones de euros por el incumplimiento de su propia normativa. Con ello, se ponen en riesgo las condiciones y el empleo del personal adscrito a las conservaciones, así como la viabilidad de las compañías del sector.

Desde la patronal se insiste en que la gestión de esta problemática no debería dar lugar a la judicialización de los expedientes, sino a la aplicación de las resoluciones del decreto de forma ágil, para que las empresas puedan compensar las pérdidas sufridas sin que los procesos se dilaten excesivamente en el tiempo.

Al margen de las conservaciones, tampoco se están revisando los contratos de emergencia, aunque inicialmente se previó y reconoció en dicho derecho.

Ante el complejo escenario que se ha generado, CEACOP y las compañías afectadas han solicitado una reunión de urgencia con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, al objeto de trasladarle su malestar y exigirle una solución inmediata.

“Todos los afectados esperan una reunión urgente con la consejera con la esperanza de que se implique en la resolución del problema como era costumbre en la anterior etapa. Hemos notado un cambio de actitud del nuevo equipo de Gobierno, que parece que escoge el modelo de recorte que tan malas consecuencias trajo en el pasado”, concluyen desde la asociación.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha lamentado que la Junta de Andalucía “no esté aplicando las revisiones de precios en los contratos de conservación de carreteras, pese a estar recogido en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el propio Gobierno autonómico”. Dicha normativa establece que los contratos de conservación serán actualizados de igual modo que los correspondientes a obras, que se revisan en su totalidad y hasta su terminación, incluidas sus prórrogas llegado el caso, según han explicado.

Desde Ceacop han expuesto que las empresas “han recibido con indignación el hecho de que solo se estén reconociendo parcialmente las revisiones, dejando fuera la mayor parte de los capítulos de las certificaciones, en contra de lo contemplado en el decreto”. “De hecho, las propuestas de resolución apenas alcanzan el 20 por ciento de los importes que corresponden, lo que en la práctica supone enormes pérdidas para las compañías que desarrollan este cometido”, han subrayado.

En este sentido, el gerente de la asociación, Arturo Coloma, ha afirmado que “este cambio de criterio respecto a lo aprobado representa un jarro de agua fría para nuestras empresas, que han venido realizando los trabajos con el convencimiento de que se aplicaría el procedimiento recogido en esta normativa. Pese a que no resolvería la totalidad del impacto real que están soportando, representaría un avance importante”.

Una de las consecuencias “más inmediatas” que denuncia la organización consiste en que la Administración autonómica “está pagando actualmente la mano de obra de quienes realizan estas tareas un 30 por ciento por debajo del convenio, obligando a las empresas a subvencionar el servicio a pérdidas, sin que puedan soportarlo por más tiempo”. “Nos parece una irresponsabilidad de la Junta de Andalucía fomentar la precariedad en el empleo de los trabajadores”, ha señalado la organización. RED DE CARRETERAS DE LA JUNTA

La reivindicación de Ceacop ha hecho referencia a todas las conservaciones de la red de carreteras de la Junta de Andalucía. “Sobre un importe de contratos que ronda los 250 millones de euros, la cantidad solicitada supone tan solo un diez por ciento, pero lo que pretende reconocer el Gobierno regional no alcanza ni un dos por ciento, a pesar de que el impacto medio de los sobrecostes es del orden del 30 por ciento para las adjudicatarias”, han explicado.

Además, han advertido de que, “en caso de no reequilibrarse la situación, las empresas analizarán las medidas que se verían obligadas a adoptar”. “En lo concerniente a mano de obra en particular, se pueden llegar a plantear expedientes de regulación de empleo para adaptar las plantillas a los importes efectivamente recibidos por la Administración”, han agregado.

En esta línea, Coloma ha subrayado que, “si bien inicialmente la Junta en general -y la Consejería de Fomento en concreto- mostró una buena predisposición para resolver las pérdidas ocasionadas por la enorme e imprevisible inflación”, cuando ha “llegado el momento y más marcadamente en los últimos meses, se ha desvanecido en cálculos a la baja, recursos sobre las fórmulas a emplear y trabas en los expedientes, que en la práctica suponen menores cantidades a recibir y, en cualquier caso, dilación en los plazos de cobro”. ABANDONO A LAS PYMES

Para Ceacop, la Consejería “deja en el abandono a las pymes andaluzas que velan por la seguridad vial y la seguridad de las carreteras –un trabajo altamente especializado no exento de riesgo–, obligándoles a perder más de 20 millones de euros por el incumplimiento de su propia normativa”. “Con ello, se ponen en riesgo las condiciones y el empleo del personal adscrito a las conservaciones, así como la viabilidad de las compañías del sector”, han expuesto.

Desde la patronal se ha insistido en que la gestión de esta problemática “no debería dar lugar a la judicialización de los expedientes, sino a la aplicación de las resoluciones del decreto de forma ágil, para que las empresas puedan compensar las pérdidas sufridas sin que los procesos se dilaten excesivamente en el tiempo”. “Al margen de las conservaciones, tampoco se están revisando los contratos de emergencia, aunque inicialmente se previó y reconoció en dicho derecho”, han agregado.

Ante este escenario, Ceacop y las compañías afectadas han solicitado una reunión de urgencia con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, al objeto de “trasladarle su malestar y exigirle una solución inmediata”.

“Todos los afectados esperan una reunión urgente con la consejera con la esperanza de que se implique en la resolución del problema como era costumbre en la anterior etapa. Hemos notado un cambio de actitud del nuevo equipo de Gobierno, que parece que escoge el modelo de recorte que tan malas consecuencias trajo en el pasado”, han concluido desde la asociación.

• El delegado Juan de la Rosa anuncia, horas antes de la protesta organizada por los vecinos de Miraflores, sus gestiones con la Junta de Compensación de la Fábrica de Vidrio

• Pedirá a la comisión de Patrimonio que proponga una nueva solución y reconduzca la existente

• Fábrica de Vidrio de Sevilla: los vecinos protestan este miércoles a las 19:00 contra el muro de 4 metros que oculta el edificio

Horas antes de la protesta vecinal convocada esta tarde en Miraflores contra el muro de cuatro metros de alto que se ha levantado alrededor de la Fábrica de Vidrio de Sevilla, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa (PP), ha anunciado que el equipo de gobierno de José Luis Sanz “está en conversaciones con la Junta de Compensación de la Fábrica de Vidrio para que frene las obras en el muro y está estudiando fórmulas para que la comisión de Patrimonio proponga una nueva solución y reconduzca la existente”. De la Rosa señala que “ya nos hemos reunido con los vecinos y les hemos trasladado nuestra sensibilidad ante este asunto”.

El delegado de Urbanismo recordó que este gobierno local no es responsable de la autorización de ese muro y señaló a la administración anterior socialista. “Es una situación heredada. Es el resultado de un procedimiento de planeamiento y de una resolución de la comisión de Patrimonio del año 2018 y de un proyecto de urbanización que contó con participación pública y, con el voto favorable de todos los grupos políticos, así como con la aprobación de todos los vecinos y sin alegaciones en contra en el periodo de exposición pública”.

“Entendemos que cuando se ha demolido el muro antiguo, el cual la comisión pedía que fuera idéntico al anterior, se ha percibido una estampa inédita de la visión de la fábrica desde la avenida de Miraflores. Este gobierno es sensible a esas nuevas percepciones visuales, por ello ya ha contactado con la junta de compensación de la Fábrica de Vidrio para que frene las obras en el muro y está estudiando fórmulas para que la comisión de Patrimonio proponga una nueva solución y reconduzca la existente”, dijo De la Rosa.

“Es sorprendente que esta sensibilidad no la tuvieran los gobiernos anteriores en propuestas que ellos lideraron como gobierno. Otra muestra más de que el gobierno anterior no estaba pendiente de nada”, criticó el delegado.

La concentración vecinal es este miércoles en la avenida Miraflores número 18 a las 19:00 horas. Los vecinos de Miraflores y Carretera de Carmona están indignados por el muro de 4 metros de alto hecho de hormigón armado que se ha levantado alrededor de toda la parcela de la Fábrica de Vidrio. La presión vecinal ha llevado a la Asociación Histórica Retiro Obrero (AHRO) y a la Plataforma Salvemos la Fábrica de vidrio La Trinidad a convocar para este miércoles 18 de octubre una protesta pacífica ante la “preocupación” por este muro ciego alrededor de la parcela, que acogerá más de 200 viviendas. 

• La construcción de obra pública ha caído en un 86% desde su máximo histórico de 2006

Durante los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo pasado fue uno de los asuntos estrella del debate político: la promesa de construir decenas de miles de viviendas de alquiler asequible o social. Las elecciones pasaron y el debate se calmó, pero la falta de oferta sigue ahí. Es más: la construcción de vivienda pública ha caído un 86% en España con respecto al máximo histórico registrado en 2006 y se calcula que se necesitan 761.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible durante los próximos 10 años.

Todo esto, en un momento en el que se construyen al año unas 80.000 viviendas (de cualquier tipo) en España. Del total de esta producción, solo el 10% corresponde a vivienda protegida y de ese porcentaje, el 80% proviene únicamente de la inversión privada.

Esta necesidad de vivienda destinada al alquiler asequible, supondría una inversión de 108.000 millones de euros, lo que supone 142.000 euros por vivienda, según se puede extraer del informe Acceso a la vivienda y las necesidades de alquiler asequible de Culmia y GAD3.

El consejero delegado de Culmia, Francisco Pérez, ha señalado que España necesita de “políticas claras y eficientes” para desarrollar, en colaboración púbico-privada, un parque de vivienda asequible que sea capaz de asumir la demanda inmediata y futura.

Por regiones, Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana son las zonas que precisan de un mayor desarrollo de vivienda asequible, aunque con inversiones diferentes.

Así, la región catalana necesitará construir 225.000 viviendas de alquiler asequibles en los próximos diez años, para lo que precisará de una inversión pública de 1.010 millones de euros; mientras que Madrid precisa de 174.000 nuevas viviendas de alquiler asequible en la próxima década, con una inversión pública que alcanzará los 5.418 millones de euros.

“La última actualización del precio de los módulos explica que la inversión en Cataluña sea menor que la que tiene que realizar la Comunidad de Madrid, pese a que el número de viviendas que precisa es mayor”, han señalado en el informe.

El mercado de vivienda nacional se sitúa a la cola de Europa en cuanto a construcción de vivienda pública, siendo ya el quinto país de toda la Unión Europea (UE) con menor parque destinado a ello.

En lo que respecta al esfuerzo que deben hacer los hogares para hacer frente al alquiler, desde Culmia han apuntado que, en la actualidad, la tasa de esfuerzo supone una media del 40% de sus ingresos.

No obstante, en el informe se revela que en los hogares con salarios entre 1.000 y 2.000 euros, la tasa de esfuerzo está por encima del 50% en algunos casos.

• La Consejería de Desarrollo Educativo finaliza los trabajos de ampliación y mejora del centro destinados a la impartición del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) Diseño y Amueblamiento

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha concluido las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Alhamilla de Almería, con una inversión de 272.450,54 euros. Los trabajos han consistido en la creación de nuevos espacios y mejora de los existentes para la impartición del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) Diseño y Amueblamiento.

El IES Alhamilla, con más de 1.100 estudiantes matriculados, acoge enseñanzas de secundaria obligatoria, bachillerato, FP y ciclos formativos de grado medio y superior. A fin de dotar al esteciclo de los talleres de montaje y mecanizado con las superficies necesarias, se ha ampliado el edificio destinado a ciclos formativos en la sede principal.

Además, se han adecuado y modernizado otras dependencias contiguas, incluyendo núcleos de aseos, y se han actualizado las instalaciones eléctricas y de iluminación. En total, se ha actuado sobre más de 322 metros cuadrados de construcción y se ha ampliado la superficie en 182,75 metros cuadrados mediante el cerramiento de un porche y la ocupación de un patio.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación. Está cofinanciada por los fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.

• La inversión supondrá un gasto de 14 millones de euros

• ‘Soy un hombre de hoy’, la apuesta más feminista del Ayuntamiento de El Ejido

• Unanimidad para que no haya demoras en poner solución a la playa de Balerma

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado el proyecto de trazado de mejora de los enlaces de Copo y Santa María del Águila, situados en los km 409 y 411 respectivamente, de la autovía del Mediterráneo A-7.

El presupuesto de licitación es de 14,05 millones de euros (IVA incluido) y el presupuesto estimado para las expropiaciones es de 430.000 euros. El objeto de las actuaciones es mejorar la funcionalidad y seguridad en ambos enlaces. En el enlace 409, aumento y mejora de las plataformas de las glorietas del enlace, así como la ampliación del paso superior sobre la autovía. Y en el enlace 411, mejora de la seguridad vial mediante la transformación del enlace sur a diamante con pesas, construcción de sendas glorietas, al norte y al sur y reordenar las intersecciones existentes. La longitud es de 3,553 km.

• La inversión es de 865.000 euros y el plazo de ejecución, de seis meses

• Costas aprueba la realización de obras de emergencia en el castillo de San Sebastián

• El PP de Cádiz quiere recuperar el Castillo de San Sebastián

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), las obras de emergencia para reparar los tramos de la muralla del Castillo de San Sebastián, en Cádiz, dañados por la acción del mar. El presupuesto de estos trabajos asciende a 865.000 euros y el plazo de ejecución es de seis meses. 

El Castillo de San Sebastián forma parte íntegramente del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Se trata de una construcción militar de principios del siglo XVIII catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Los desperfectos causados por el oleaje en esta estructura, patrimonio histórico y cultural, hacen urgente actuar para evitar un mayor deterioro. 

La muralla de este castillo está compuesta por un lienzo de sillería de piedra ostionera recibida con mortero de cal con un núcleo de mampuesto de piedra con mortero de cal. La coronación del muro y la explanada, por rellenos de diversa categoría. 

Los trabajos

Los trabajos que se iniciarán de manera inmediata comprenden la reconstrucción del tramo de lienzo derrumbado de la muralla, de características similares al original, recuperando en la medida de lo posible los sillares caídos al mar.

A su vez incluyen el refuerzo de la base de cimentación y núcleo con mampostería tradicional de piedra y mortero hidráulico de cal así como la consolidación de los elementos deteriorados en peligro de derrumbe.

Los trabajos aprobados ahora por el Gobierno y que ya contaban con la aprobación de Costas incluyen también el relleno y la consolidación del trasdós de la muralla.

Declaraciones de José Pacheco

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ya indicó en septiembre pasado  que “el Gobierno es sensible a las necesidades del mantenimiento de la muralla y de los elementos defensivos de la ciudad. Hay que recordar que todas las intervenciones de los últimos años en la muralla han sido asumidas por el Gobierno de España, las dos últimas se están ejecutando en la zona de Santa María del Mar y en la zona de Mirandilla y del Baluarte de los Mártires”.

Pacheco ha insistido en el valor que tienen estas estructuras y en “la necesidad de que intervengamos sobre ellas desde un punto de vista global y colaborativo las instituciones con competencias sobre la muralla que, en el caso del Ayuntamiento de Cádiz, son aquellas que no lindan con el mar o se elevan sobre cota cero, como pueden ser el Baluarte de San Roque, el de Santiago o las murallas de San Carlos, por ejemplo”.

El valor del castillo de San Sebastián

El castillo de San Sebastián forma parte íntegramente del Dominio Público Marítimo terrestre. Es una construcción militar de la ciudad de Cádiz construida a principios del siglo XVIII, de planta irregular con nueve lados, con parapetos, cañoneras, dos fosos de agua y puentes levadizos. El castillo se adentra en el mar gracias a la existencia de una laja rocosa sobre la que se cimienta.

Se encuentra unido a tierra por un malecón (paseo Fernando Quiñones), lo que permite que no se encuentre aislado en la pleamar. La fortaleza se sitúa en el extremo más septentrional de la playa de la Caleta.

Estos elementos defensivos se encuentran catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC), incluido por la Junta de Andalucía en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

La muralla perimetral de este castillo se encuentra expuesta al oleaje y está compuesta por un lienzo de sillería de piedra ostionera recibida con mortero de cal con un núcleo de mampuesto de piedra con mortero de cal. La coronación del muro y la explanada está compuesta por rellenos de diversa categoría.

• Desde el final de las obras, el recinto aún no ha cumplido el propósito de ser un dinamizador de la vida de la ciudad

• Se ha perdido la oportunidad de organizar actos aprovechando los numerosos eventos del último mes

• Las imágenes de la apertura de la nueva plaza de España

• Así era la plaza de España, cuando no era plaza

La reforma de la plaza de España en Cádiz se convirtió en la principal obra ejecutada por el Ayuntamiento presidido por José María González. Los trabajos, cofinanciados con la Junta de Andalucía a través de fondos europeos, terminaron casi sonando la campana del mandato municipal, con unas elecciones locales a la vuelta de la esquina.

La falta de inversiones en estos ocho años de mandato de la coalición de izquierda (lo que dejó en la hucha varios millones de euros sin gastar), convirtió el proyecto de la plaza de España en el referente en esta etapa, a pesar de no ser vista con buenos ojos por una parte del gobierno, que la ignoró durante su desarrollo.

Los trabajos de reforma concluyeron a mediados de diciembre de 2022, pendientes de la recepción de las obras. La falta de albero, la presencia de farolas sin pintar o con la tulipas rotas, las pintadas en las papeleras o en algunos bancos y, sobre todo, el mal estado del césped (aquel que se podía pisar para el uso de la ciudadanía, a modo de descanso o de lugar para un picnic, como si estuviéramos en Hyde Park), deslucía una obra de referencia.

Lo cierto es que la plaza de España necesitaba un cambio radical. A pesar de contar con el monumento más relevante de la ciudad, el dedicado a la Constitución de 1812, y ser el recinto abierto de mayor superficie de Cádiz, la plaza jugaba un papel secundario en el día a día de la ciudad.

Situada en una punta del casco antiguo, con todo lo que supone en una ciudad donde los metros son más largos que en otras urbes, en una zona sin comercios y, sobre todo, rodeada por un tráfico constante y decenas de estacionamientos que dificultaban el acceso al recinto central, desanimaba a un uso más intenso por parte de la ciudadanía.

Eliminar estos problemas y crear un gran espacio urbano era la apuesta planteada por el equipo de Martín Vila al frente del área de Urbanismo. El proyecto quedó en los puestos de cabeza de una convocatoria de la Junta para el reparto de fondos europeos en actuaciones relacionadas con la movilidad urbana. Buena parte del millón largo que costó la obra se financió con este dinero, el resto lo puso en Ayuntamiento.

Hasta ahora, todo bien. La obra se ejecutó con el tradicional retraso de la ciudad (aquí todo se ha ido de tiempo menos la ejecución del soterramiento de la vía del tren), y a mediados de diciembre de 2022 se retiraron las vallas, para el disfrute público aunque pendiente de los retoques antes mencionados.

La eliminación de los aparcamientos y del tráfico rodado (aunque se siguen colando demasiados coches cada jornada), creó amplias zonas peatonales, algunas con nuevo arbolado y otras con espacio abierto en los frentes del Palacio de la Diputación y de la Casa de las Cinco Torres.

El planeamiento del proyecto era recuperar la plaza para el paseo público, el uso de los jardines por la ciudadanía (para lo que hubiera sido necesario sembrar un nuevo césped y eliminar los bordillos que dificultan el acceso a la zona verde) y la organización de eventos aprovechando los espacios libres. Todo con el objetivo de dar vida a la plaza.

A punto de cumplir los doce primeros meses desde el final de los trabajos, el resultado no puede ser más desolador, lo que lleva a pensar en si antes de invertir más de un millón de euros en el arreglo de una plaza hay que planificar sus usos posteriores.

En su momentos, desde Urbanismo se animó a la concejalía correspondiente a apostar por la plaza de España como recinto donde celebrar las fiestas de Navidad, propuesta que cayó en saco roto antes del cambio de gobierno.

Desde entonces la ciudad ha celebrado eventos de calado como la Gran Regata, el festival internacional de series y la SailGP, además de haber pasado por delante de todos el verano. Eventos que han contado con numerosos actos callejeros. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido lugar en la remozada y coqueta plaza de España.

Ha pasado el tiempo, han pasado las oportunidades y la ciudad (y en especial, su Ayuntamiento) no han sabido-querido-podido aprovechar el potencial de este recinto.

Los miles de visitantes de estos últimos meses han podido pasear, sí, por la remozada plaza. No han podido sentarse a leer, descansar o comer en un césped inexistente en buena parte de los jardines. Y han pasado calor al cruzar el amplio espacio peatonal que, se suponía, iba destinado a la ubicación de elementos dinamizadores de la vida de la ciudad.

Por si fuera poco, más de uno de estos visitantes habrá constatado la necesidad de la restauración del monumento dedicado a las Cortes del Doce.

No estamos sobrados de espacios urbanos acondicionados para celebrar eventos, y con ello conectarlos a la ciudad. Catedral y San Antonio son los lugares habituales que necesitan un recambio. Esa era una de las misiones de la nueva plaza de España, pero todo va camino de una apuesta lamentablemente fallida. Ya puestos, si es así, más vale no haber destinado tanto dinero a la obra.

Queda también pendiente la instalación de la ‘fuente seca’, prevista en una de las esquinas de la Diputación. Urbanismo tiene el proyecto elaborado por Aguas de Cádiz desde hace cerca de un año. Pendientes estamos de ver qué pasa.

Y si al final, esto tampoco sale adelante, que se invierta algo es reparar las farolas, arreglar los adoquines ya levantados por las raíces de los árboles, y cambiar los bancos que se instalaron hace un año por otros con un diseño más de acorde con la plaza.

• La inversión es de 865.000 euros y el plazo de ejecución, de seis meses

• Costas aprueba la realización de obras de emergencia en el castillo de San Sebastián

• El PP de Cádiz quiere recuperar el Castillo de San Sebastián

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), las obras de emergencia para reparar los tramos de la muralla del Castillo de San Sebastián, en Cádiz, dañados por la acción del mar. El presupuesto de estos trabajos asciende a 865.000 euros y el plazo de ejecución es de seis meses. 

El Castillo de San Sebastián forma parte íntegramente del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Se trata de una construcción militar de principios del siglo XVIII catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Los desperfectos causados por el oleaje en esta estructura, patrimonio histórico y cultural, hacen urgente actuar para evitar un mayor deterioro. 

La muralla de este castillo está compuesta por un lienzo de sillería de piedra ostionera recibida con mortero de cal con un núcleo de mampuesto de piedra con mortero de cal. La coronación del muro y la explanada, por rellenos de diversa categoría. 

Los trabajos

Los trabajos que se iniciarán de manera inmediata comprenden la reconstrucción del tramo de lienzo derrumbado de la muralla, de características similares al original, recuperando en la medida de lo posible los sillares caídos al mar.

A su vez incluyen el refuerzo de la base de cimentación y núcleo con mampostería tradicional de piedra y mortero hidráulico de cal así como la consolidación de los elementos deteriorados en peligro de derrumbe.

Los trabajos aprobados ahora por el Gobierno y que ya contaban con la aprobación de Costas incluyen también el relleno y la consolidación del trasdós de la muralla.

Declaraciones de José Pacheco

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ya indicó en septiembre pasado  que “el Gobierno es sensible a las necesidades del mantenimiento de la muralla y de los elementos defensivos de la ciudad. Hay que recordar que todas las intervenciones de los últimos años en la muralla han sido asumidas por el Gobierno de España, las dos últimas se están ejecutando en la zona de Santa María del Mar y en la zona de Mirandilla y del Baluarte de los Mártires”.

Pacheco ha insistido en el valor que tienen estas estructuras y en “la necesidad de que intervengamos sobre ellas desde un punto de vista global y colaborativo las instituciones con competencias sobre la muralla que, en el caso del Ayuntamiento de Cádiz, son aquellas que no lindan con el mar o se elevan sobre cota cero, como pueden ser el Baluarte de San Roque, el de Santiago o las murallas de San Carlos, por ejemplo”.

El valor del castillo de San Sebastián

El castillo de San Sebastián forma parte íntegramente del Dominio Público Marítimo terrestre. Es una construcción militar de la ciudad de Cádiz construida a principios del siglo XVIII, de planta irregular con nueve lados, con parapetos, cañoneras, dos fosos de agua y puentes levadizos. El castillo se adentra en el mar gracias a la existencia de una laja rocosa sobre la que se cimienta.

Se encuentra unido a tierra por un malecón (paseo Fernando Quiñones), lo que permite que no se encuentre aislado en la pleamar. La fortaleza se sitúa en el extremo más septentrional de la playa de la Caleta.

Estos elementos defensivos se encuentran catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC), incluido por la Junta de Andalucía en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

La muralla perimetral de este castillo se encuentra expuesta al oleaje y está compuesta por un lienzo de sillería de piedra ostionera recibida con mortero de cal con un núcleo de mampuesto de piedra con mortero de cal. La coronación del muro y la explanada está compuesta por rellenos de diversa categoría.