Adif ha informado este lunes de que ha puesto en marcha la licitación de la renovación de la estructura del puente sobre el río Guadalvácar, en la línea de ancho convencional Alcázar de San Juan-Cádiz, en las proximidades de la localidad de Lora del Río, en la provincia de Sevilla.

Las obras de renovación representan una inversión de 1,3 millones de euros y consistirán principalmente en la impermeabilización de la plataforma, la sustitución de las barandillas y la mejora del camino de acceso al puente.

Durante la realización de los trabajos, se instalará una estructura metálica modular que hará posible la circulación ferroviaria a través de este viaducto de vía única electrificada. Asimismo, los trabajos se realizarán en las bandas en las que no hay tráfico ferroviario.

La estructura del puente es de hormigón con vigas metálicas embebidas en los arcos, con dos vanos de tipo arco. Sobre la pila central, cimentada en el lecho del río Guadalvácar, se apoyan ambos arcos.

Este tramo de la línea Alcázar de San Juan-Cádiz es un eje fundamental de la red convencional andaluza: permite conectar las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla con la ciudad de Córdoba y, a través de ella, con el resto de la red ferroviaria andaluza y con el norte, a través del paso de Despeñaperros.

En el ámbito de las mercancías, la vía comunica los Puertos de Sevilla, Cádiz y Huelva con el norte de la Península, a través de Despeñaperros. Además, acogerá las circulaciones de una autopista ferroviaria, la Huelva-Córdoba.

La llegada de los fondos europeos ha propiciado un bienio de oro para el sector de la construcción en España, según reconoce Julián Núñez, presidente de la patronal Seopan. Hasta noviembre, la licitación de obras por parte de las administraciones públicas ha alcanzado los 25.310 millones de euros, un 1,9% por encima del año pasado, que ya fue un año récord. “Diciembre ha sido también un mes con una licitación importante, por lo que el 2023 quedará como un año similar al 2022, que ya fue un muy buen ejercicio”, señala Núñez. En el 2022 se licitaron obras por valor de 30.074 millones de euros, un 27,9% más que en el 2021, cuando apenas existía este apoyo extraordinario de Europa.

Los fondos Next Generation UE han financiado el 12,3% de las obras licitadas este año, frente al 12% que supusieron en el 2022. Hasta noviembre, se han licitado obras por 3.043 millones de euros con cargo a los fondos europeos, un 84% de los cuales corresponden a proyectos de la Administración General del Estado (2.549 millones), mientras que a las comunidades les han correspondido 238 millones y a las administraciones locales, 211 millones.

El impacto de los fondos europeos explica que la Administración General del Estado haya liderado las licitaciones en 2023: hasta noviembre licitó obras por 9.389,9 millones de euros, un 40,7% más respecto al mismo periodo del 2022, mientras que la de las comunidades autónomas fue de 6.969,2 millones (un 18,9% menos) y la de las administraciones locales, de 8.950,9 millones (un 6,5% inferior).

Desde el 2019

Los fondos de recuperación de la UE han financiado obras por valor de 11.111 millones

En total, señala Núñez, desde 2019 hasta noviembre de 2023 estos fondos han financiado obras por valor de 11.111 millones (unos 8.000 millones de euros excluyendo las rehabilitaciones). “Es una cantidad importante pero lejos de la de otros países como Italia, donde han sido 50.000 millones”, señala. En este periodo Adif ha sido el principal inversor con fondos europeos, con el 63% (6.996 millones de euros). Consiguientemente, estos fondos han financiado mayoritariamente infraestructuras ferroviarias (49% del total), terminales (11,2%) y carreteras (8,2%). El plazo para licitar obras acogidas a estas ayudas se cerró en diciembre por lo que el 2024 no tendrá ya este estímulo.

“Muchas de las obras licitadas en el 2023 se adjudicarán y contratarán este año, por lo que la actividad del sector aún se mantendrá alta”, recordó Núñez, que consideró que el 2024 será por tanto “un ejercicio de transición”, y advirtió de un cambio de escenario a partir del 2025. “En el 2024 no habrá una reducción de la inversión pública, pero a partir del 2025 ya se habrán acabado los fondos europeos y los presupuestos empezarán a notar la exigencia de la UE de mayor disciplina fiscal”.

Seopan, explicó Núñez, aboga por profundizar en fórmulas de colaboración público-privada, como las concesiones, para mantener la inversión pública a la vez que aumenta el gasto social, y cumplir también el compromiso europeo de consolidación fiscal.

Pronóstico para el 2024

2024 será “de transición” por la inercia de contratos; la UE ya no financiará más obras

En esta línea, también aboga por recuperar fórmulas de pago por uso para la red de autopistas. “En 23 países de la UE hay fórmulas de pago por uso en las vías de alta capacidad. En Portugal y Grecia el 100% de la red de autopistas es de peaje, y en Italia y Francia el 80%”, recordó. A su juicio el pago por uso habrá de aplicarse a partir del 2027, cuando la UE obliga a que el sector de transporte profesional se incorpore al mercado de emisiones de CO2. Pero a su juicio habrían de aplicarse fórmulas que afectasen a todo tipo de usuarios y que permitiesen financiar en mantenimiento de la red viaria.

La patronal de la construcción estima que hay un déficit de inversión en mantenimiento de más de 2.000 millones de euros al año. Según Núñez, un mantenimiento adecuado de la autovías y carreteras exigiría invertir 3.600 millones de euros al año: 1.500 millones por la administración central, 1.500 millones por las autonomías y 600 millones por las diputaciones. Sin embargo, hasta noviembre las administraciones públicas solo han licitado obras de mantenimiento de la red viaria por 1.713 millones de euros. Además, recordó, “no solo hace falta invertir en mantenimiento, sino que se han de construir estaciones de recarga para la electromovilidad”.

Subida de precios. La inflación deja desiertas el 3% de las licitaciones

Seopan estima que el 3% de las licitaciones de obras públicas quedaron desiertas en el 2023 porque los pliegos no se ajustaban ya a los costes de los materiales, que se han disparado desde la pandemia, y otras tantas obras, aunque licitadas, no se ejecutan porque el contratista renuncia.
Por ello, y pese a que los precios de los materiales han bajado el último año (el 1,9%), la patronal se ha marcado como prioridad que los contratos públicos vuelvan a incluir una fórmula de revisión de precios, como era obligatorio que la tuviesen hasta el 2015.
“Los precios no han vuelto a los niveles previos a la pandemia”, recuerda Núñez. Por ejemplo, el aluminio es ahora un 57% más caro que en mayo del 2020, el cobre un 63% y el acero corrugado, un 50%. “Además hemos visto que tienen una gran volatilidad, que es un factor muy distorsionador porque muchas obras tardan más de cuatro años en ejecutarse”.
A su juicio, indexar los contratos daría seguridad a los contratistas y podría suponer un ahorro para la administración, si finalmente bajan. “Además, se garantizaría que no queden licitaciones desiertas y que los contratos no se paralicen”.

El balance de la Edusi se divide en tres bloques. De un lado, en el extremo más positivo, aquellos proyectos que han sido ejecutados al 100% con la financiación concedida por Europa en 2017; en el extremo contrario, aquellos proyectos que estaban previstos pero que se van a quedar sin ejecutar. Y en medio, cuatro actuaciones que se iniciaron el pasado año pero que no ha dado tiempo a finalizar antes de fin de año, lo que lleva ahora al Ayuntamiento a completar su ejecución en base a lo que ya reafirmó el alcalde, Bruno García, esta semana.

Los proyectos que culminará el Ayuntamiento son la elaboración de un mapa de ruido para las barriadas incluidas en la Edusi (Segunda Aguada, Guillén Moreno, Loreto, Puntales, Cerro del Moro y Barriada de la Paz), la culminación de la reforma del carril bici que se está ejecutando en la Avenida de la Sanidad Pública y las intervenciones en el equipamiento deportivo de Puntales-La Paz. Y, por encima de todas ellas, cobra especial relevancia la obra de los depósitos de tabaco, que ha quedado a un 66% y que seguirá su ritmo para finalizar y abrir el nuevo centro de dinamización social a lo largo de este año, según indicó hace unos días el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi.

En todo ello tendrá que invertir el Ayuntamiento 3,6 millones de euros de sus propios fondos. Dinero que, como garantizaba García, ya está disponible a raíz de las distintas modificaciones presupuestarias que ha realizado el actual gobierno desde su llegada el pasado junio.

Hay que tener en cuenta que esta partida económica debe sumarse a la que ya se ha invertido con cargo a la propia Edusi, que conviene recordar que establecía que Europa financiaría el 80% y la ciudad tendría que aportar el otro 20%. Teniendo en cuenta que Cádiz ha gastado un total de 11.815.000 euros (que suponen el 63,02% del total que tenía la Edusi), el Ayuntamiento ya ha debido aportar 2.363.000 euros de ese montante correspondiente a lo ejecutado entre 2017 y el 31 de diciembre de 2023.

Por tanto, si se suman ambas partidas, la Edusi terminará costándole 6 millones de euros al Ayuntamiento gaditano. El consuelo es que esa partida económica es -a priori- la máxima posible, ya que el gobierno ha reservado para finalizar la rehabilitación y puesta a punto del nuevo uso de los depósitos un total de 2,6 millones de euros; aunque se confía en que la partida necesaria sea menor.

El resto de partidas que ya dispone el Ayuntamiento para estos proyectos son 567.000 euros para el equipamiento deportivo de La Paz-Puntales; 376.000 euros para culminar el carril bici (lo que supondrá que por segunda vez costea el Ayuntamiento esta infraestructura, que al final no ha podido correr por cuenta de Europa); y 64.000 euros para la elaboración o actualización de ese mapa de ruidos que permitirá conocer cuáles son las zonas de esas barriadas más saturadas o con más problemas, para a partir de ahí realizar las actuaciones que se consideren.

• Ayuntamiento, Zona Franca y Autoridad Portuaria tienen en sus manos la posibilidad de cerrar a lo largo del nuevo año el diseño de la ciudad de cara a las próximas décadas

• El modelo de la ciudad que viene 

• La gran revolución de Cádiz: cuatro ciudades en una 

Cada inicio de año, cuando miramos al desarrollo que esperamos del nuevo ejercicio, buscamos cualquier excusa para calificar como “esencial” para los intereses de Cádiz los doce meses que se ponen en marcha.

En buena parte de las ocasiones, la contundencia de esta afirmación acaba desinflándose a medida que pasan los meses y lo que se espera para la ciudad no se logra o se dilata en el tiempo.

Como un bola de nieve, todos estos proyectos que han ido quedando por el camino, han ido acumulándose. Unos cuantos han llegado incluso al límite de una espera lógica; otros, ya se dan por perdidos.

Esa bola de nuestro futuro no cumplido, acaba de toparse con la puerta de entrada del nuevo año. Ahora queda por ver si entra en el 2024 y si el año es capaz de derretir la bola, en todo o en parte, para que algo pueda hacerse realidad antes del próximo 31 de diciembre.

Más que nunca en pasados años, en esta ocasión la ciudad de Cádiz apoya sus deseos y necesidades sobre tres nombres. No son los Reyes Magos, pero sí tienen en sus manos la posibilidad de dar los pasos esenciales para, primero, recuperar el ritmo de la ciudad tan dañado en parte en los últimos ocho años; y, segundo, poner ya en marcha los pilares de lo que debe ser la capital de las próximas décadas.Bruno García, desde la Alcaldía del Ayuntamiento; Fran González, al frente de la Zona Franca y Teófila Martínez, dirigiendo la Autoridad Portuaria, manejan desde sus despachos todo el suelo de Cádiz. Y su futuro.

Eso sí, todos con la vista puesta en dos administraciones que acumulan una importante deuda con Cádiz, con la esperanza de que comiencen a pagarla este mismo año. Pasa con la Junta de Andalucía y pasa también con el Estado.

El nuevo alcalde de la ciudad, que ha cumplido ya seis meses en el cargo, debe asumir que llegó a la Alcaldía con expectativas muy altas por una parte muy importante de la ciudadanía, hasta el punto de lograr la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales.

Al contrario de lo que pasó con José María González, será difícil que se le dé un plazo tan amplio como el que obtuvo Kichi para ponerse a trabajar y sacar adelante proyectos para la ciudad. Todo lo contrario, el parón sufrido por Cádiz en estos ocho años, salvo en cuestiones muy determinadas como la movilidad urbana, supone para el nuevo gobierno una carga extra: ahora se le reclama agilidad en el cumplimiento de sus promesas.

El Presupuesto Municipal para 2024, cuya aprobación está próxima, marcará cuál va a ser la agenda de prioridades del equipo de García.

Ya ha lanzado actuaciones en el parque de viviendas. Es, como se sabe, uno de los graves problemas históricos de la ciudad. De difícil o imposible solución.

Lo anunciado hasta ahora se centra en proyectos de pequeñas dimensiones y con un limitado número de pisos por cada promoción. Hoy, los grandes suelos donde aún se pueden construir decenas de viviendas están fuera del alcance del Ayuntamiento, ajeno a su propiedad.

Las cuentas del nuevo año deberán de marcar el interés o no del nuevo gobierno por el patrimonio histórico de la ciudad, el gran abandonado en esta década.

Cádiz todavía tiene pendiente por definir el papel de su patrimonio en su desarrollo como ciudad cultural y turística. A priori todo debería de parecer muy claro, y cualquiera debería de asumir el valor que las murallas, los museos, los monumentos, tienen para esta ciudad tan pequeña que no tiene capacidad para contar con un sector industrial como motor de su crecimiento.

Por eso es tan importante este presupuesto. Entonces sabremos si vamos en serio o no. Si nos creemos nuestra historia y el rédito que le podemos sacar. Si descubrimos de una vez por toda el papel de Cádiz como Capital Constitucional, más allá de un cartel en la entrada de la ciudad.

Aquí Bruno García debería de jugar un papel esencial y presionar a las dos grandes administraciones públicas para sacar adelante proyectos congelados.

Equipamientos abandonados 

¿Los recordamos? El castillo de San Sebastián, propiedad del Estado, y que está abandonado; el Centro de Interpretación del Doce, propiedad de la Junta, y que está cerrado. La ausencia de apoyo financiero de ambas administraciones para la cada vez más necesaria restauración del Monumento a las Cortes (que pronto olvida la Junta su compromiso de ayuda tras la caída de la espada hace unos años), y para la recuperación de todas las fortificaciones.

Aquí jugará mucho la presión que Bruno García pueda hacer ante las grandes administraciones, asumiendo los escasos recursos municipales. (Aquí hay que tener en cuenta que el PP ha recibido un Ayuntamiento con unas cuentas más saneadas que las que tenía hace ocho años, lo que le permite acudir a los préstamos si quiere reforzar el hipotético plan de inversiones).

En este triunvirato, recae sobre el alcalde un papel nada sencillo y que, se supone, le va a ocupar su tiempo: dialogar, reclamar, exigir y presionar para que salgan adelante actuaciones que, por el tiempo que acumulan sin ejecutarse, forman parte ya de nuestra vida.

Aquí, el alcalde puede tener a su lado o en frente a la Junta de Andalucía, que desde principios de siglo ha ido dejando pendiente proyectos de la ciudad. Esos que en su día iban a ser relevantes para nuestro futuro. Futuro que ha llegado sin estar ejecutados.

El Hospital Regional, la Ciudad de la Justicia, el futuro del antiguo edificio de Náutica, los solares de Loreto, Chalé de San Luis y San Severiano. Un listado sonrojante de incumplimientos de compromisos autonómicos. Todos son herencia del PSOE cuando gobernaba la región, pero tampoco podemos obviar que el PP acumula ya 5 años al frente de Andalucía, tiempo más que suficiente para haber puesto en marcha en alguna algunas de estas operaciones.

Por eso, en estos casos, Bruno García difícilmente va a tener capacidad de dar más tiempo al gobierno de Juanma Moreno para cumplir con Cádiz. La ciudad, o por lo menos aquella parte de la misma que está concienciada de sus necesidades, considera que ya ha pasado tiempo más que suficiente para hacer realidad al menos alguno de estos proyectos.

A la vez, y junto al trabajo propio que haga el Ayuntamiento en los tres años y medio que le quedan de mandado, se es consciente de que lo que ejecute o deje de hacer la administración regional en este tiempo jugará a la hora de emitir el voto en las próximas elecciones municipales.

Dejando a un lado las relaciones con la Junta, Bruno García juega con la ventaja de que en Cádiz tiene dos aliados que también tienen muy clara la idea de ciudad y la necesidad de plantear proyectos que la refuercen de cara a las próximas décadas.

El nuevo modelo de Zona Franca

Con Fran González, delegado del Estado en la Zona Franca (esperemos que el gobierno de Pedro Sánchez no cometa el error de cambiar a su representante en el Consorcio gaditano y que prime el análisis de su trabajo efectivo en estos años, frente a los movimientos políticos internos del PSOE gaditano), no hay una conexión ideológica, lógicamente, pero sí una clara idea de municipalismo y de servicio a la ciudadanía.

El delegado de la Zona Franca ya mantuvo abiertas líneas de diálogo con el gobierno de José María González, y las mantiene con el de Bruno García, con el que ha tenido diversas conversaciones.Hay dos aspectos en el que el Consorcio avanza con agilidad y cumpliendo calendario: el desarrollo de Incubazul y la apuesta inmobiliaria en Navalips.

En el primero de los casos, este año permitirá abrir las espectaculares dependencias de este equipamiento; en el segundo, se agotará el ejercicio con todo el proceso de tramitación urbanística listo de cara al inicio de la construcción de las primeras viviendas, sobre un total de 800, ya en 2025.

Incubazul, y la Economía Azul, irán más allá del espacio que va a ocupar en el polígono exterior. Es el principal ejemplo del nuevo modelo económico por el que apuesta la Zona Franca.

El éxito del mismo va a ser vital para el Cádiz de la próxima década, pues nos permitirá situarnos en la vanguardia de la nueva economía. Asumiendo que las grandes industrias deben ir en Las Aletas (hoy Lógica), en Delphi y en el Polígono del Trocadero, la capital debe apostar por ser un referente tecnológico y un contenedor de nuevos modelos empresariales, donde primen los nuevos emprendedores, que ya vienen pisando fuerte con Incubazul.

Este nuevo año que ahora se inicia es también vital para que la Zona Franca y el Ayuntamiento cierren el rediseño del polígono exterior, asumiendo que es un proceso complicado (llevamos hablando de ellos desde hace décadas) porque el mayor porcentaje de este suelo están en manos privadas.

Habrá que aclarar este año, sí o sí, si este suelo se sigue dedicando a industria o si se abre la mano a la construcción de viviendas en una parte del mismo, como ha pasado con Navalips.

• El concejal de Seguridad Ciudadana confía en culminar esta remodelación en el actual mandato
• La primera fase de la colocación de cámaras para controlar el tráfico culminará durante 2024
• El nuevo equipo de gobierno persiste en la idea de mantener la misma ubicación para la jefatura

El nuevo ejercicio económico activa la remodelación integral de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local de Lucena. Una partida de 12.000 euros, reflejada en la orgánica del área de Seguridad Ciudadana, propicia la redacción de un proyecto técnico basado en un boceto inicial presentado por el anterior equipo de gobierno socialista.

• La actuación, en la calle Arquitecto Modesto Cendoya, estará financiada con fondos europeos del programa Feder 2021-2027

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha anunciado que destinará 527.766 euros a la rehabilitación energética de 36 viviendas públicas en régimen de alquiler ubicadas en la ciudad de Granada.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) llevará a cabo esta intervención para mejorar el comportamiento energético de los bloques 1, 3 y 5 de la calle Arquitecto Modesto Cendoya, que será financiada con fondos europeos del programa operativo Feder 2021-2027. Las empresas interesadas podrán presentar hasta el 5 de febrero las ofertas para esta actuación, cuyo plazo máximo de ejecución será de ocho meses desde el inicio de las obras.

• La provincia retrocederá diez años para volver a tener en construcción infraestructuras para el AVE con la Vairante de Loja y el Metro, que tienen que empezar durante en los próximos meses, y las canalizaciones de la Costa, que se inician en enero

• Europa obligará a acelerar la Variante de Loja, el soterramiento y la A-92 ferroviaria para que estén en 2030

Hace ya diez años de 2014. Piénsenlo. ¿Desde cuándo se pasa el tiempo tan rápido? Lo cierto es que una fecha que parece cercana ya no lo es tanto, y que aunque no lo parezca, en muchas cosas ha cambiado Granada. Sobre todo en infraestructuras ferroviarias. Hace diez años no se sabía cuándo ni cómo vendría el AVE. Aún se discutía. Y la Alta Velocidad llegó cinco años más tarde. El Metro seguía en sus eternas obras en el peor momento en cuanto a financiación. Tres años y medio después estaba en marcha. En este 2024, Granada vuelve a la casilla de salida en infraestructuras ferroviarias. En lo que parece un viaje al pasado, obras para el AVE y para el Metro de Granada tendrán que estar a pleno rendimiento durante este año: de un lado, la Variante de Loja, y de otro la ampliación Sur por Churriana de la Vega y Las Gabias.

Variante de Loja

La segunda quincena de febrero es la fecha clave para que empiecen las obras de la Variante de Loja. Justo diez años después de que el entonces llamado Ministerio de Fomento, dirigido por la ministra gallega del PP Ana Pastor, desechara su construcción, ahora se retoma. Entonces se justificó en que costaba mucho y además retrasaba la llegada del AVE a la ciudad más de lo que ya estaba tardando. Se optó pues por adaptar un tramo de casi 30 kilómetros en vía única siguiendo la traza casi al completo del tren del siglo XIX, lo cual reducía la velocidad del AVE en algunos puntos hasta poco más de 30 kilómetros por hora, y sin superar los 60 de media durante todo el tramo.

• Los trabajos de consolidación y desmontaje de los restos arqueológicos incrementan en 212.245 euros el presupuesto

• El Puerto de Huelva custodiará los restos arqueológicos del edificio de Hacienda

El plazo de ejecución de la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda de Huelva se amplía hasta el 31 de agosto de 2025 debido a los hallazgos arqueológicos, que precisan la redacción de proyectos modificados para la cimentación, refuerzos de las medianeras o integración de los restos. Por ello, mediante Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se prorrogó el plazo de ejecución, se aprobó un programa de trabajo adaptado al nuevo plazo y se reajustaron las cuantías económicas, estableciéndose  2.227.991,87 euros para 2024 y 3.622.316,57 euros así como 721.331,44 para 2025.

Previamente, ya hubo otra ampliación de plazo. Mediante otra Resolución de la Consejería de Economía, de fecha 18 de enero de 2023, se extendió hasta el 31 de agosto de 2024, debido a los retrasos en la ejecución de la obra, principalmente, por los hallazgos arqueológicos, por lo que hubo que plantear también entonces un programa de trabajo adaptado al nuevo plazo y se reajustaron las anualidades.

Desde la Junta de Andalucía se reconoce que el desarrollo de la actuación se ha visto afectada poracontecimientos sobrevenidos no imputables a la empresa adjudicataria, por lo que ha modificado el objeto del encargo a la Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa) para la ejecución de la obra del proyecto de terminación de rehabilitación de la emblemática edificación, ubicada en el número 1 de la  Plaza de la Constitución, de modo que se pudieran acometer los trabajos de intervención arqueológica  necesarios para que la conservación de los restos no se vea comprometida, en tanto que se redacta la modificación del proyecto.

La necesidad de acometer de manera urgente los trabajos adicionales para la consolidación y desmontaje de los restos arqueológicos para su conservación y su posterior instalación en el edificio una vez remodelado  ha supuesto además un incremento del presupuesto en 212.245,94 euros, IVA incluido.

Fue por Resolución de la anterior Consejería de Hacienda y Financiación Europea de 4 de agosto de 2021 que se encargó a Tragsa, con un presupuesto de 7.213.314,37 euros (IVA incluido), la ejecución de la obra de terminación de rehabilitación de la edificación con un plazo de ejecución de 20 meses, a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo y autorización del inicio de la obra. El acta de comprobación del replanteo y autorización del inicio de la obra se firmó el 9 de septiembre de 2021.

Las obras de rehabilitación del edificio se retomaron en septiembre de 2021 tras una nueva licitación, al abandonar los trabajos la primera adjudicataria. Se reiniciaron las actuaciones con el desbroce de la vegetación que creció durante el tiempo de parón, la revisión del vallado, y la intervención arqueológica.

Vrbanitas, el grupo de investigación de la Universidad de Huelva dirigido por Juan Campos, encontró, durante la intervención arqueológica en el solar del antiguo edificio de Hacienda, muros de almacenes portuarios de época tartésica. Los restos arqueológicos serán finalmente reintegrados en el edificio de lacéntrica Plaza de la Constitución. Mientras se desarrollan las obras, se custodiarán en las instalaciones del Puerto de Huelva.

• La actuación cuenta con un presupuesto de 1.034.999,87 euros

• Mijas destaca la inversión de la Junta en equipamientos sanitarios y educativos

• Mijas activa un plan de limpieza de choque que se prolongará durante un mes

El Ayuntamiento de Mijas, a través del área de Infraestructuras y Obras, ha dado luz verde a la sustitución del depósito Monteparaíso ubicado en la urbanización Sitio de Calahonda, una actuación que cuenta con un presupuesto de 1.034.999,87 euros, según ha informado este viernes el concejal de Infraestructuras y Obras, Juan José Torres Trella. 

Así, el edil responsable del área ha señalado que esta cuantía será asumida por la empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, Acosol, con cargo al canon de mejora local. 

En la actualidad, el servicio de agua de Sitio de Calahonda dispone de seis depósitos, así como de diversos bombeos, según han destacado. Uno de ellos, el conocido como depósito Monteparaíso, está compuesto a su vez por tres depósitos conectados entre sí mediante conducciones. 

De este modo, Torres Trella ha indicado que dos de los mismos son de pequeña capacidad, de entre 100 y 150 metros cúbicos, y están en desuso desde hace un tiempo, mientras que el tercero s de una capacidad de 900 metros cúbicos, el cual presenta fisuras dada su antigüedad, además de la inestabilidad del terreno en el que está ubicado. 

Por dicha razón, el responsable municipal ha explicado que se va a proceder a la demolición de los depósitos actuales y a la adecuación del terreno, lo que supondrá la construcción de un depósito regulador de hormigón armado, situado en superficie y de 3.000 metros cúbicos de capacidad. 

Tal y como ha reconocido Juan José Torres Trella, concejal de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de Mijas, “esta autorización que hemos emitido es un paso indispensable para que Acosol pueda acometer esta actuación tan necesaria no solo para el adecuado funcionamiento del depósito, sino para garantizar la correcta conservación de un bien tan necesario como el agua”, ha concluido.

• Mancha destaca que ha habido “diálogo permanente” con los municipios

• Acosol conforma su nuevo Consejo de Administración con Matilde Mancha como consejera delegada

• Acosol solventa la fuga de agua de la Estación de Río Verde de Marbella

La empresa pública del agua en la Costa del Sol Occidental, Acosol, ha renovado su Consejo de Administración antes de la finalización del año 2023, en el que ha integrado a los 11 alcaldes de la comarca representados en dicho órgano, en el que ha habido “diálogo permanente” con los municipios, según ha informado este viernes la consejera delegada, Matilde Mancha.

La sesión tuvo lugar el pasado 29 de diciembre, a la cual asistieron ya como miembros del Consejo, y en la que se incorporaron la alcaldesa de Mijas, Ana Mata; el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón; el regidor de Istán, José Miguel Marín, y el primer edil de Ojén, Juan Merino.

El Consejo de Administración de Acosol está compuesto en total por 14 representantes, de los que 11 son alcaldes, a excepción de Estepona, que está representada por la concejala Ana Velasco, y se suma el presidente Manuel Cardeña, la consejera delegada Matilde Mancha y el representante de los trabajadores de Acosol, Enrique Márquez.

La consejera delegada, Matilde Mancha, ha insistido en que hasta el momento ha habido un diálogo permanente con todos los municipios, pero ha valorado la importancia del trabajo conjunto y de que los principales responsables de la gestión municipal “sean protagonistas y formen parte de este consejo para conocer de primera mano la situación de extrema sequía y las acciones que se están llevando a cabo, así como las futuras actuaciones para enfrentar esta problemática”.

En el orden del día, Mancha dio cuenta de su informe de situación, en la que puso al tanto a todos los regidores sobre la sequía y las medidas puestas en marcha para alcanzar el objetivo de reducir un 20% el consumo de agua potable.

En este sentido, afirmó que se camina en la buena dirección, porque se están alcanzando objetivos, aunque advirtió de que la situación sigue siendo muy complicada. Por otro lado, informó a los consejeros del próximo decreto de sequía que la Junta de Andalucía publicará previsiblemente en enero, debido a la persistente falta de precipitaciones.  

En cuanto a la ampliación del uso del agua regenerada, explicó con detalle los avances en la hoja de ruta para conseguir ampliar la autorización para el riego de parques públicos y el baldeo por parte de los ayuntamientos, trámites que necesitan una máxima coordinación entre los ayuntamientos, Acosol y la Junta de Andalucía para dar cumplimiento a las exigencias normativas para estos usos.

Por último, también se aprobó el nuevo organigrama de la empresa pública del agua, que acerca más la figura de la consejera delegada a las áreas funcionales, contando con un equipo de apoyo a la dirección. El objetivo es trabajar de manera cercana y coordinada, redundando en una mejora en la gestión de la sociedad para afrontar no solo la situación crítica de la sequía, sino los grandes retos que giran alrededor de la eficiencia, la sostenibilidad y la digitalización del ciclo del agua, destacó la consejera de Acosol, con sede en Marbella.