El Parlamento de Andalucía ha aprobado el IV Decreto de Sequía. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha explicado los detalles de un decreto ley que se ha dotado con 217,6 millones de euros en el que se establecen las prioridades del Gobierno andaluz ante la actual situación de sequía y las medidas a adoptar para prevenir escenarios más duros que pudieran producirse.

Esta iniciativa ha recibido el respaldo de la cámara autonómica, con lo que la iniciativa ha sido convalidada y la planificación que propone podrá ser desarrollada por la Junta de Andalucía. La consejera de Agricultura ha expresado su satisfacción y ha subrayado la política hídrica realizada por el Gobierno andaluz, que entre los cuatro decretos ha destinado a obras hidráulicas un total de 517,6 millones de euros. Crespo ha destacado que “llevamos cinco años adoptando medidas para paliar los efectos de la sequía para incrementar la disponibilidad hídrica para abastecimiento y los sectores productivos”. La consejera ha agradecido la apuesta del presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, por la puesta en marcha de actuaciones en materia de agua, así como el esfuerzo de la Consejería, el Comité de Expertos para la sequía, y la interlocución con el sector agrario y diferentes entidades.

Crespo ha resaltado que “con este Gobierno, Andalucía cuenta, por vez primera, con una planificación real, habiendo activado planes especiales de sequía y aprobando los planes hidrológicos en nuestras cuencas intracomunitarias”. Un programa de actuaciones que ha permitido, como ha recalcado la consejera, “que los dos primeros decretos de sequía se encuentren ya ejecutados al 90%, lo que supone decenas de actuaciones finalizadas y en ejecución”.

Asimismo, ha indicado que “lo que hemos conseguido con esta apuesta sin precedentes por la obra hidráulica en nuestra tierra es dotar a Andalucía de 252 hectómetros cúbicos de agua nueva, aliviando la presión sobre la población y nuestros sectores productivos en zonas muy castigadas por la sequía”.

En contraposición, ha explicado que “le habría venido muy bien a esta comunidad autónoma tener ejecutadas las 33 obras hidráulicas de interés del estado que tiene pendientes el Gobierno de España con Andalucía”. Para Crespo, “todos tenemos que arrimar el hombro por el agua y poner en marcha actuaciones, infraestructuras y medidas para amortiguar los efectos de la sequía”. No obstante, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha valorado el acuerdo para mantener reuniones semanales con el secretario de estado de Medio Ambiente para abordar la situación y acordar soluciones.

Respecto al IV Decreto de Sequía, Crespo ha afirmado que “nos va a permitir dotar a Andalucía de 81 hectómetros cúbicos adicionales a los ya conseguidos con los tres decretos de sequía anteriores”. La consejera ha señalado que “se trata del decreto más municipalista, con el que vamos a llegar a acuerdos con las diputaciones provinciales, por ejemplo, auxiliando para evitar las fugas de agua en las redes de abastecimiento”.

Entre las actuaciones del nuevo decreto, Crespo ha mencionado la reactivación de sondeos, por ejemplo, en Fuengirola, el río Guadalmansa o el canal del Guadarranque, sin olvidar las intervenciones que comenzarán de forma inmediata, como las obras para la mejora del abastecimiento en alta en el Valle del Almanzora, la garantía de abastecimiento a Santa Olalla del Cala (Huelva), y los núcleos onubenses de Cueva de la Mora y Monteblanco, en el término de Almonaster la Real.

Asimismo, este IV Decreto de Sequía incluye un segundo bloque de actuaciones prioritarias con obras a medio plazo, más allá del verano, además de la ayuda a zonas necesitadas fuera de las cuencas hidrográficas de competencia autonómica en municipios de Sevilla, Jaén y Córdoba.

El incremento de la desalación también será clave, auxiliando al estado con la ampliación de la desaladora de la Costa del Sol, en Marbella, que permitirá alcanzar hasta los 20 hectómetros cúbicos, que se complementa con la que está en marcha a raíz III Decreto de Sequía, por la que se está duplicando su capacidad de 6 a 12 hectómetros cúbicos. Su entrada en funcionamiento, junto a la finalización de las obras de la Estación de Bombeo de Rojas, beneficiará al conjunto de la Costa del Sol y, a través de la conducción en el norte de San Roque, al Campo de Gibraltar.

Además, la apuesta por la economía circular en numerosos puntos se refuerza con la construcción de nuevos terciarios en Jerez de la Frontera, el Bajo Guadalhorce, Antequera, Guadalhorce y Motril, con los que se pondrán en circulación 39 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para la industria y los sectores productivos, preferentemente el agrícola.

La agricultura, protagonista en el IV Decreto de Sequía

Este IV Decreto de Sequía focaliza su atención en las necesidades actuales y de futuro del sector primario andaluz. En concreto, se incluyen ayudas a través de líneas directas, exenciones fiscales y nuevas infraestructuras para aportar la conexión a las aguas regeneradas a regantes y agricultores.

En este sentido, la gran novedad es la línea específica, por valor de 50 millones de euros, para la recuperación del potencial productivo para los cultivos más afectados por la sequía, mientras que para la ganadería se mantiene la excepción para la alimentación convencional del ganado ecológico por la situación de sequía.

Por último, la Junta de Andalucía asumirá las conexiones a las aguas regeneradas en las zonas regables de la margen izquierda del Bajo Guadalete-Costa Noroeste, Guadalhorce, Guaro, la cabecera del Guadalhorce en Antequera, Motril-Salobreña y áreas del Levante almeriense (Vera, Mojácar y Cuevas del Almanzora). Esta revitalización del uso de aguas regeneradas se suma a las ayudas de cuatro millones de euros para las comunidades de regantes en materia de asesoramiento para contribuir a su constitución y mantenimiento, y el mantenimiento de las exenciones en la cuota del canon de regulación.

Defensa de las reivindicaciones de los agricultores

La consejera ha aprovechado su intervención en el Parlamento de Andalucía para mostrar su “sorpresa por la negación de la oposición a aprobar una declaración conjunta y consensuada de apoyo a las justas reivindicaciones de nuestro sector agrario, que supone el 12% del PIB y el 10% del empleo de Andalucía”. Crespo ha aseverado que “piden mejoras tan comprensibles como menos burocracia, una mejor fiscalidad, más rentabilidad, posponer la obligatoriedad del cuaderno digital agrario o poder contar con materias activas alternativas”.

Crespo ha mostrado su esperanza de que “en el próximo Pleno del Parlamento de Andalucía podamos mostrar todos los grupos políticos una unión sin fisuras en la defensa de las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos”.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha destacado, durante el debate para la aprobación del Decreto Ley 1/2024 en el Parlamento de Andalucía, que “la finalidad es ser útiles a los andaluces”. Sanz ha explicado la necesidad de aprobar este decreto ley ante la modificación sufrida por el Reglamento de la Unión Europea 651/2014, para otorgar más flexibilidad a la hora de formular y ejecutar las ayudas, y por el que se concedió un plazo de seis meses para la adaptación de la normativa andaluza.

El consejero de la Presidencia ha sentenciado que con esta iniciativa “cumplimos con Europa, como no puede ser de otra forma, con un gobierno responsable como el nuestro, y lo más importante: seguimos ayudando y siendo útiles a los andaluces”.

Este decreto ley modifica cuatro decretos que establecen el marco regulador de las ayudas que concede la Junta. Se trata del Decreto 114/2014, que regula las ayudas a empresas para inversiones de Finalidad Regional; el Decreto 115/2014, que promueve el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas; el Decreto 185/2014, que se refiere a las ayudas para la investigación y el desarrollo de la innovación, y el Decreto 303/2015, que regula las ayudas para la protección del Medio Ambiente y el desarrollo energético sostenible. Estas cuatro normas son decretos de los años 2014 y 2015, sobre los que pivotan muchas de las ayudas que se conceden a nuestras pymes y autónomos.

Se trata de una normativa que introduce numerosos cambios en los cuatro decretos afectados, aunque destaca la ampliación para las empresas de la fórmula de cómputo de los costes subvencionables por la Junta, mediante el cálculo simplificado, para los proyectos ejecutados conforme a los planes de recuperación y resiliencia. Asimismo, se incluye el IVA en el cálculo de la ayuda y de los costes subvencionables.

Por otro lado, se adoptan nuevas reglas de acumulación en proyectos apoyados por Fondo Europeo de Defensa, y se incrementan los umbrales de aquellas ayudas en las que no es necesario contar con una decisión expresa de la Comisión Europea, “lo cual es evidente que beneficiará a numerosos pequeños y medianos empresarios andaluces”, ha recalcado el consejero.

• El Gobierno andaluz atiende la reivindicación de los promotores y aprueba una subida del 14,5% del precio de los módulos con los que se fija el valor de los metros cuadrados de las viviendas protegidas; o también amplía el límite salarial para que pueda acceder a los inmuebles más población de clase media
• «Este decreto aumenta en más de un 25% el colectivo elegible para estas viviendas», destacan los promotores

La Junta de Andalucía pondrá en marcha una serie de medidas encaminadas a que los promotores se embarquen en la promoción y la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), algo a lo que en los últimos tiempos habían ofrecido muchas reticencias por la inflación y la consiguiente subida de los costes de producción. Con la aprobación de un nuevo decreto de simplificación administrativa en el Consejo de Gobierno, ya se ha dado luz verde a la tramitación de una serie de modificaciones que atienden las reivindicaciones de los promotores y los invitan a animarse a pujar por los suelos que las instituciones públicas sacan a subasta para desarrollar este tipo de promociones, a lo que ahora por lo general se niegan. Por ejemplo, el precio de los módulos con los que se fija el valor de los metros cuadrados de las viviendas protegidas subirá casi un 15%, un 14,5% para ser exactos. Y, al mismo tiempo, se harán más fléxibles las limitaciones salariales ampliándolas para que una mayor parte de la población de clase media pueda acceder, pese a tener más ingresos, a estas viviendas sociales. 

Valoración de los promotores

El presidente de la patronal andaluza de construcción Fadeco Promotores, el malagueño Ignacio Peinado, lo valoró en terminos positivos y recordó que «la gran inflación en los costes de producción de los últimos años ha dificultado enormemente la viabilidad de la promoción de vivienda protegida». «Sólo los materiales de construcción experimentaron subidas por encima del 20%, incrementos que han sido todavía mayores en el coste de financiación; y estos hechos han provocado que la promoción de vivienda protegida no haya conseguido alcanzar los volúmenes deseables para impactar en el mercado, y generar una oferta suficiente de vivienda asequible en Andalucía», añadió el también presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP).

A juicio de Peinado, «la actualización del módulo y rentas de alquiler vienen a equilibrar, en parte, esa inflación, favoreciendo la viabilidad de desarrollo de estas viviendas protegidas». «Con esta medida, Andalucía gana en competitividad con otras comunidades autónomas que contaban con condiciones más favorecedoras para el desarrollo de vivienda asequible en venta y alquiler», dijo el presidente de Fadeco. 

Igualmente, Peinado destacó que se hace «más universal e inclusivo el espectro de beneficiarios de este futuro parque de vivienda protegida», lo que «favorecerá que un mayor número de familias andaluzas puedan acceder a una vivienda, en alquiler o propiedad, con esfuerzos equilibrados a su nivel de renta».

 «Este decreto aumenta en más de un 25% el colectivo elegible para estas viviendas, y lo extiende a una mayor parte de la clase media trabajadora que había quedado fuera del acceso a una vivienda, por no alcanzar los precios del mercado libre y tampoco era calificado como beneficiario de una vivienda protegida», subrayó.

Un movimiento esperado

La subida de los precios de la vivienda asequible era un movimiento esperado por el sector de los constructores y promotores, y sus asociaciones profesionales lo venían reclamando. Así quedó de manifiesto el pasado mes de noviembre durante la celebración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED) en el Palacio de Ferias de Málaga.

En este marco, se puso el foco sobre la necesidad de impulsar la construcción de vivienda protegida. Y, de hecho, la Junta de Andalucía adelantó que ya estaba trabajando en la recién aprobada modificación de los módulos con los que se fija el precio de referencia de los metros cuadrados de estas viviendas. La secretaria general de Vivienda del Gobierno autonómico, Alicia Martínez, aseguró que este cambio se iba a llevar a cabo «de la mano del sector» y «más pronto que tarde».

En el mismo foro, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, se refirió a la realidad que ha llevado a los promotores privados a reivindicar nuevas condiciones para que el desarrollo y la explotación de las promociones de VPO les resulte rentable. De la Torre expuso que habían dejado de «lanzarse» a este tipo de obra porque los precios de los módulos «se habían quedado cortos en relación a la evolución de la inflación». «Los promotores privados son mucho más numerosos que los públicos, más ágiles, tienen una gran experiencia profesional, saben hacer bien las cosas, pero tienen que tener unos números para que no pierdan dinero en las VPO», defendió el incombustible regidor malagueño.    

Apuesta por la VPO

En la actualidad, se está asistiendo a cierta recuperación de la apuesta de las administraciones públicas por las viviendas protegidas. Por ejemplo, en el sector Universidad -en las inmediaciones de Los Asperones y de la ampliación del campus universitario de Teatinos– ya se han iniciado las labores de construcción de un barrio completo de VPO para alquiler, que tendrá alrededor de un millar de viviendas y cuenta con la implicación del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.   

Además, la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) está preparando los terrenos para que se lleve a cabo la construcción de otras 1.300 VPO en Buenavista, junto al recinto que hubiese albergado la Exposición Internacional de Málaga de 2027, y acordará con el Ayuntamiento de Málaga cómo se concretarán las actuaciones que allí se realicen.

Sin ir más lejos, el propio Consistorio sacará a subasta suelo para que promotores privados acometan la construcción de más de un millar de VPO en la zona de Intelhorce, tanto en los terrenos de la fábrica de amoniaco como en Sánchez Blanca (el nuevo Distrito Zeta).

• No se han presentado propuestas para el proyecto, que busca dar respuesta a las demandas de la población y ser un apoyo para el nuevo centro hospitalario público actualmente en construcción

• El Ayuntamiento de Roquetas tratará la construcción de un hospital privado

• Roquetas presenta los presupuestos 2024: subida del IBI e Impuesto de Circulación

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha declarado desierta su propuesta para la concesión demanial de casi 40.000 metros cuadrados, en base a dos inmuebles de titularidad municipal, sobre los que construir y explotar un complejo hospitalario privado en la zona de Playa Serena Sur del municipio.

Según consta en la resolución municipal, consultada por Europa Press, no se han presentado propuestas para la edificación de este centro sanitario y su explotación posterior por un periodo de hasta 75 años bajo una contraprestación, que supone un pago mínimo anual de 264.900 euros en base, principalmente, al valor de la parcela, que supera los 5,2 millones de euros.

• Adif ha formalizado ya el contrato de redacción del proyecto y asistencia técnica

• La empresa adjudicataria ha trabajado en proyectos como las estructuras para la remodelación integral del Estadio Santiago Bernabéu

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El paso elevado de Villarrubia está más cerca de ser una realidad. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha dado un paso más en su construcción y este miércoles ha formalizado el contrato para la redacción del proyecto, que ha sido adjudicado a INES Ingenieros Consultores SL por 233.163 euros y un plazo de ejecución de dos años. 

La obra responde a una reivindicación ciudadana histórica y se centrará en solventar los problemas de accesibilidad y seguridad. Adif recibió siete ofertas, según reza el documento, ya publicado en el BOE, y se decantó por INES, con sede en Madrid.

La empresa ha trabajado en proyectos como las estructuras para la remodelación integral del Estadio Santiago Bernabéu, del estadio de Mendizorrotza de Vitoria, la torre Caleido de Madrid, la nueva sede corporativa del BBVA y, en materia ferroviaria, la estación de Villena (Alicante), la asistencia técnica del viaducto sobre el río Tajo dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, el viaducto de alta velocidad sobre el río Almonte o la sustitución de cuatro tramos metálicos de la línea Tarragona-Barcelona-Francia. 

Los profesionales de la compañía se harán cargo de la consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y el proyecto de construcción de la pasarela urbana en las vías del tren de Villarrubia. El Consejo de Distrito de la barriada lleva años pidiendo la construcción de un paso elevado en las vías, con ascensores, mientras se ejecutan también obras de mejora en los pasos subterráneos existentes.

Este proyecto de obra solucionará uno de los grandes problemas de movilidad de la zona y que obliga a los vecinos de la barriada periférica de Córdoba a cruzar las vías del tren a través de un paso urbano inferior y que actualmente no cumpliría con la normativa vigente en materia de accesibilidad. La solución permitirá una conexión segura para los vecinos entre el norte y el sur de la barriada.

El Gobierno de Pedro Sánchez adquirió el compromiso, en septiembre del año pasado, de activar inversiones en la provincia en materia ferroviaria, entre ellas el paso elevado de Villarrubia, los trenes de proximidad y nuevas paradas y frecuencias en la estación de Villanueva de Córdoba.

¿Qué le ocurre al paso subterráneo?

Los pasos subterráneos que existen bajo las vías del tren de alta velocidad que conecta Madrid con Sevilla a su paso por la barriada periférica de Villarrubia, en Córdoba capital, son motivo de controversia casi desde su construcción, en los años 90. La edificación respondió en su momento a la necesidad de mantener conectadas las dos zonas del barrio, que fueron separadas por la vía férrea. Sin embargo, los pasos no cumplen con las normas de movilidad y accesibilidad, son considerados “inseguros” por los vecinos, tienen barreras arquitectónicas y no cuentan con ascensores.

La realidad es que el Consistorio nunca recepcionó la obra por petición de los vecinos, que siempre han considerado que estaba mal ejecutada y no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad. Según el Consejo de Distrito, el acuerdo que alcanzaron con el Ayuntamiento fue de no recepcionar los trabajos para que Adif se hiciera responsable de la mejora de los mismos. 

Desde Adif se defendió, sin embargo, que en el año 2014 se acometieron obras de mejora en los pasos subterráneos, pactadas con el Ayuntamiento y tras la celebración de un Pleno para desatascar las mismas, que estaban siendo paralizadas por los propios vecinos en protesta. Así, la administración local colaboró económicamente y sí recepcionó esos trabajos, que incluían iluminación, toldos, pintura o pavimentación.