La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho pública la licitación, por un importe de 2.378.962,22 euros, del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y posterior ejecución de las obras de rehabilitación integral del Instituto de Educación Secundaria (IES) Alhadra de Almería.

El plazo para presentar ofertas a la licitación permanecerá abierto hasta el próximo 19 de marzo. Esta actuación se encuentra recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y está cofinanciada con fondos europeos Next Generation EU, asignados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) del Gobierno de España.

La intervención tiene como objetivo la reforma integral del instituto y la mejora de su eficiencia energética, y durante todas las fases de su diseño y ejecución se potenciará la economía circular.

El IES Alhadra de Almería, con más de 50 años de antigüedad, tiene 1.319 alumnos y alumnas e imparte enseñanzas de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.

El centro, de grandes dimensiones, cuenta con un edificio central compuesto por un patio y cinco tramos de escaleras que dan acceso a los espacios educativos ubicados a dos y tres alturas.

Tras esta edificación central, en una rasante inferior, se sitúa la pista polideportiva principal, junto a dos gimnasios y otras dependencias.

En último término se localiza un segundo patio con diversas pistas, algunas de las cuales están pendientes de mejoras y otras cerradas al uso.

La reforma integral del IES Alhadra supondrá, por un lado, la sustitución de las carpinterías que lo precisen por otras de aluminio con rotura de puente térmico, así como la renovación de las lamas de protección solar en mal estado.

Además, y con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, se reemplazarán las luminarias existentes por otras de bajo consumo, se instalará un sistema ecológico de bioclimatización mediante refrigeración adiabática en los espacios que lo requieran y se colocarán paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo eléctrico del centro con posibilidad de vertido a la red.

Nota de prensa Consejería de Desarrollo Educativo y FP Más información http://www.agenciaandaluzaeducacion.es Por otra parte, se reformarán los núcleos de aseos y la pista polideportiva, se realizarán reparaciones en las cubiertas y se eliminarán barreras arquitectónicas en la entrada principal del centro, con un nuevo diseño de escaleras y rampas desde la vía pública.

Como resultado de estas actuaciones, al finalizar las obras el IES Alhadra reducirá su consumo de energía primaria al menos un 30%.

Asimismo, el 70% de los residuos que se generen en la ejecución de las obras serán reutilizados, reciclados y recuperados en línea con los requisitos PIREP, entre los que también se encuentra el de reducir la producción de estos residuos, utilizando técnicas de construcción que apoyen la economía circular.

• Los convenios, firmados con la CUCN y JCUAPA, potencian el uso las aguas regeneradas para el riego, lo que permite la recuperación de los acuíferos de Níjar y del Poniente

• En total, 6.211 usuarios podrán mejorar la eficiencia hídrica y energética en 18.033 hectáreas de sus regadíos

• La CUCN firma su gran proyecto de futuro: las balsas 9 y 10

• “La inversión del Gobierno en desalación y mejora de regadíos supera los 400 millones”

• Unidad, clave en la defensa del agua para todos los territorios de España

La Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar y la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente (JCUAPA) estamparon su firma en sendos convenios formalizados en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para construir unas infraestructuras que garanticen el riego con aguas no convencionales en estas zonas regables de la provincia almeriense, con una inversión de 60,4 millones de euros. Las actuaciones refrendadas en los tres convenios beneficiarán a 18.000 hectáreas y a más de 6.200 regantes, todo ello enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El acto se celebró en la Subdelegación del Gobierno de la capital almeriense, hasta donde acudieron varias decenas de regantes de ambas comunidades. La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, estuvo presente en las firmas de los tres convenios, acompañada también del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández.

Manuel García Quero (JCUAPA)

“Tenemos un milagro más en Almería: esta mañana se han firmado tres grandes proyectos. En temas agrícolas y de agua somos un referente mundial gracias al conocimiento, al trabajo y a los planteamientos que hemos conseguido desde esta bendita tierra. Gracias a los que se levantan todas las mañanas a la hora que sale el sol para producir pimientos, tomates, pepinos. Eso conjuntamente con las directivas de las comunidades de regantes y las cooperativas almerienses, porque se dedican muchas noches a buscar soluciones a los problemas de los agricultores. Y de aquí dar el paso, como es natural, a las administraciones para que los proyectos salgan adelante”.

• El proyecto, obra de la empresa Ence Energía, ocupará una superficie de 155 hectáreas, generaría un total de 345.400 MW de electricidad cada año y tendría una vida útil de 30 años

• Asociaciones medioambientales alegan contra construcción de una gran planta fotovoltaica en la Vega de Granada

La gran planta fotovoltaica del Área Metropolitana de Granada está cada vez más cerca de comenzar a construirse. La Junta de Andalucía ha iniciado ya el proceso para la declaración de utilidad pública de los proyectos de planta Fotovoltaica Ence Atarfe I, II y III, que es el paso previo necesario para expropiar las parcelas ubicadas en los términos municipales de Las Gabias, Vegas del Genil, Santa Fe, Pinos Puente y Atarfe para crear la mayor planta generadora de energía renovable y limpia cercana a la capital hasta la fecha.

El proceso se encuentra actualmente en información pública de sus tres fases, por lo cual los propietarios de los terrenos afectados, así como otros interesados, pueden recurrir esta declaración. Si las alegaciones finalmente son desestimadas, se iniciará la expropiación para la instalación de los módulos solares. En total, ambos procesos afectan a 243 parcelas, de las cuales 140 pertenecen al término municipal de Santa Fe, 67 a Atarfe, 26 a Pinos Puente, 6 a Vegas del Genil y 4 a Las Gabias. Entre los propietarios hay empresas y particulares, e incluso carreteras o vías de comunicación de titularidad pública de los ayuntamientos o de la propia Junta.

La declaración de utilidad pública hará que los terrenos sean expropiados y que la empresa que va a construir los campos solares fotovoltaicos, Ence Energía y Celulosa SA, los obtenga en concepto de beneficiaria.

Esta zona de placas solares ocupará en total, sumando las tres fases en las que se divide, una superficie de 155 hectáreas, el equivalente a 200 campos de fútbol aproximadamente. En esta extensión se podrían instalar alrededor de 201.000 módulos de recepción de rayos solares. Supondrá para la empresa una inversión de unos 56 millones de euros aproximadamente.

La ubicación en la que se instalarán las placas solares será en el margen izquierdo de la carretera autonómica A-385, que une Santa Fe con Otura, entre el Cortijo El Ánima y la localidad de La Malahá, cercano a la Dehesa de Santa Fe. Esta zona es en su mayoría de cultivos, principalmente olivos. La vía es muy usada para acceder hasta Escúzar y su parque tecnológico por su conexión con la A-338.

Así es el proyecto

Una vez las parcelas estén en manos de la empresa y se pueda comenzar la construcción del parque, según los proyectos técnicos adaptados de cada semi proyecto consultados por Granada Hoy, se espera que la construcción de cada parcela se prolongue durante aproximadamente ocho meses, con trabajos autorizados para su levantamiento solo en horario diurno, es decir, se trabajaría en periodos de 08:00 a 22:00 horas. Además, se espera que el grado de contaminación sea “nulo o de nivel mínimo” durante la construcción.

Cada uno de estos tres “semi proyectos” no supera los 50 MW, acogiéndose el plan de construcción a la tramitación a través de la Junta de Andalucía y no a través del Ministerio de Transición Ecológica. El nombre de “Atarfe” lo recibe porque, aunque esta localidad se ve sólo ligeramente afectada por la instalación de las placas solares, la evacuación de la electricidad generada se hará por la subestación de Red Eléctrica Española de 220 KW que se situará en él.

Las tres plantas solares generarían un total de 345.400 MW de electricidad cada año, que pasarían a la red española de energía y sería distribuida por todas las subestaciones del país, lo que haría reducir la dependencia de los combustibles fósiles para la creación de corriente. El proyecto tendrá una vida útil primaria de 30 años, pudiendo ampliarse este tiempo si se considera que la instalación todavía ofrece las garantías para seguir generando electricidad.

Dos de las tres plantas de Ence tienen en total 49,9 MW cada una, mientras que la tercera llega hasta los 33 MW. Pese a estar divididas, estarán unidas en el mismo terrero y suman prácticamente 133 MW de potencia instalada en conjunto.

Cercanía a espacios protegidos

Estas plantas fotovoltaicas se han diseñado, según la documentación consultada por este periódico, de tal forma que no afecta a las zonas marcadas como zonas lugar de importancia comunitaria “encontrándose todas las infraestructuras proyectadas más allá de los límites de la misma”. Por lo tanto, las zonas ambientales protegidas de la Dehesa de Santa Fe (Rempa) y de la Zona Especial de Conservación de La Malahá (Red Natura 2000), muy cercanas a la zona en la que se construirá todo el valle solar, no se verían afectadas según el proyecto.

La ubicación de la planta fotovoltaica levantó las críticas de varias asociaciones de conservación y medio ambiente, que incluso anunciaron que presentarían alegaciones al proyecto de construcción. Estas impugnaciones y las diferentes subsanaciones o desestimaciones que se han tenido que ir haciendo hasta ahora han ido retrasando la declaración de utilidad pública desde agosto del 2022 hasta el 11 de diciembre de 2023, día en el que la Junta de Andalucía autorizaba oficialmente las tres fases. Dos meses después, el 6 de febrero, se publicaba el primero de los dos anuncios de utilidad pública. El segundo y el tercero han llegado en los últimos días.

Las organizaciones medioambientales Ecologistas en Acción–Granada, Somos Vega y Somos Tierra Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe valoraron en su momento como “muy deficiente” la Evaluación de Impacto Ambiental, en lo que respecta a flora y fauna, afectando negativamente a los ecosistemas de las mismas debido a la instalación de grandes placas solares en la zona.

Además, argumentaron que el proyecto de macro planta voltaica se había dividido en tres con la intención de eludir las evaluaciones ambientales de proyectos de más de 50 MW, “cuya competencia corresponde a la Administración Central, al tiempo que se esquiva la evaluación del impacto global del proyecto”.

La gran planta fotovoltaica se plantea en su mayoría en zonas no urbanizables con vocación agrícola. De hecho, la mayor parte del proyecto se ejecutará sobre parcelas de olivares de secano, de regadío o tierras de labranza, lo que según los ecologistas conllevará la eliminación total de esa vegetación actual. “Eso supondría cancelar una gran zona de liberación de carbono capturado por esos árboles, así como la cantidad de dióxido de carbono que dejaría de secuestrarse por la eliminación de esta vegetación, además de la pérdida de la actividad agrícola y puestos de trabajo vinculados a ella”.

Esta previsto que los trabajadores extraigan y retiren de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el proyecto. “Estos trabajos serán los mínimos posibles y los suficientes para la correcta construcción del proyecto”, se informa en el proyecto técnico adaptado. Además, los materiales que se obtengan de la excavación en el lugar de construcción se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo.

Una de las preocupaciones de los grupos ecologistas son las posibles afecciones de la hidrodinámica del arroyo Salado. El proyecto asegura que la planta fotovoltaica contará con un sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales que constará de cunetas en la zona perimetral y en los viales de la misma. Sin embargo, las asociaciones ambientales consideran que este drenaje generará una rápida incorporación de las aguas pluviales y sedimentos al curso del arroyo, con afectación directa a dicho cauce, así como a las poblaciones y zonas aguas abajo.

Vegas del Genil cobrará el IBI a Ence

El Ayuntamiento de Vegas del Genil, uno de los cinco municipios afectados por la construcción de estas plantas fotovoltaicas, ha buscado sacarle rédito económico a la instalación de la planta fotovoltaica. En el pleno ordinario de agosto de 2022 se aprobó la modificación de sus ordenanzas fiscales para que Ence Energía, la promotora del proyecto, pague el Impuesto de Bienes e Inmuebles (conocido como IBI) por alojar en la localidad sus instalaciones.

Con la aprobación de esta modificación se buscaba cubrir un “vacío legal”, según argumentó el entonces alcalde, Leandro Martín (PSOE), “y que así las empresas de energías renovables que se instalen en la localidad dejen un beneficio económico”.

El expediente fue aprobado con los votos a favor del PSOE, PP, Ciudadanos y la formación ‘Ahora Vegas’, y la abstención de los concejales de Vox. 

Entre los argumentos a favor de la aprobación de este expediente, los grupos municipales confirmaron que la construcción y la explotación de esta infraestructura no generará prácticamente beneficio económico para Vegas del Genil, puesto que, salvo el posible establecimiento de personal para el mantenimiento de la misma, toda la actividad económica pasará por la empresa y la localidad no sacará rédito.

Tanto PSOE como PP, así como Cs y ‘Ahora Vegas’, valoraron como una oportunidad de obtener beneficio esa modificación, de tal forma una industria cada vez más pujante reciba un cargo por usar los terrenos locales. “Estaremos abiertos a que cualquier iniciativa encuentre una alfombra para poder llegar, pero es verdad que tenían un agravio comparativo, y es que todos los empresarios tributan en Vegas del Genil, y al no estar regulado este tipo de actividades, se iban a ahorrar pagar impuestos. Adaptamos la ordenanza para que contribuyan con el municipio”, comentaba el regidor, un hecho que desde el PP y Cs veían como “muy conveniente, coherente y correcto”.

La única formación que se mostró ligeramente escéptica con esta modificación de la ordenanza fue Vox, que se abstuvo. Pese a “entender” que por agravio comparativo se vaya a comenzar a gravar la actividad, quiso “romper una lanza por el empresario que invierte en placas solares”.

• Los trabajos, que suponen una inversión de 258.104 euros, consisten en la reforma integral de una cubierta, intervención en otras cuatro y reparación de techos 

• El IES San Blas de Aracena suspende las clases tras inundarse el centro por las fuertes lluvias

Las obras de reparación del IES San Blas de Aracena comenzarán el próximo 4 de marzo. Así lo ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Los trabajos, que supondrán una inversión de 258.104,34 euros, consistirán en la sustitución integral de la cubierta invertida del edificio cinco y la reparación de los techos de las aulas afectadas, en las que se repondrán los revestimientos desprendidos de los techos. Además, se intervendrá en las cubiertas de los cuatro edificios restantes, con reparaciones puntuales.

De este modo, se culminan, según ha indicado la Junta de Andalucía, el conjunto de actuaciones llevadas a cabo desde la Delegación territorial en colaboración con el equipo directivo del instituto. “Se atiende así al compromiso adquirido con el centro y su comunidad educativa para subsanar las deficiencias de las instalaciones del instituto, afectadas por la falta de conservación y mantenimiento adecuados en décadas anteriores”.

El delegado territorial, Carlos Soriano, ha manifestado que “se pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía por los centros escolares andaluces, que garantiza que el funcionamiento de los mismos es el adecuado y, en caso de que surjan incidencias, trabajar sin descanso para solucionarlas”.

El mal estado de las instalaciones obligó este curso, en el que hay 1.084 alumnos matriculados en el centro, a desalojar a más de doscientos de tercero y cuarto de ESO, para ello hubo que habilitar espacios como la biblioteca y sala de reuniones. La parte más afectada es la planta de arriba del edificio 5, denominado Reloj de Sol, que cuenta con seis aulas, de las que se desalojaron a los estudiantes. En el resto de las instalaciones del instituto, que tiene más de medio siglo de antigüedad, también hay aulas con humedades y desprendimiento de materiales (cemento y arena) del enfocado del techo.

Se estima que las actuaciones de mejora tendrán una duración aproximada de cuatro meses. Indican desde la Consejería que el desarrollo de las mismas será compatible con la labor educativa. Señalan que las obras no afectarán a la docencia “dado que el 80% son exteriores y se ejecutarán con las debidas medidas de protección y seguridad mediante vallados de las zonas afectadas que impidan el acceso del alumnado”. Esto es algo que preocupaba en el centro, que las obras no fueran compatibles con el funcionamiento del mismo. 

Las únicas intervenciones que afectarán a las clases son las interiores del edificio 5 para la reparación de los techos de la planta alta que serán ejecutadas por las tardes “sin interferir”, recalcan desde la Consejería, en el normal funcionamiento de las clases.

La adjudicación de las obras para la reforma y mejora de las cubiertas del IES San Blas de Aracena se realizó el pasado 15 de febrero. La empresa adjudicataria de los trabajos es Sedeño & Muñoz UTE. 

• El Ministerio de Transición Ecológica se reúne con agricultores a final de mes después de un “breve y rápido” acuerdo con la Junta 

• La modificación irá al Consejo de Gobierno este mismo martes

• El PSOE anuncia un recurso al Constitucional de decreto de simplificación de Andalucía

• Junta y Gobierno acuerdan cambiar el decreto de simplificación para salvar el acuerdo de Doñana

La Junta de Andalucía y el Gobierno central parecen empeñados en pasar página lo antes posible de un desencuentro que ha puesto en peligro la puesta en marcha del denominado Acuerdo por Doñana y, lo que es más importante, la inversión de 1.400 millones de euros entre ambas administraciones. De hecho, éste pacto permanecía suspendido hasta la tarde de ayer, cuando se producía una reunión telemática entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los consejeros andaluces de la Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco.

Los tres tenían la tarea de eliminar del decreto de simplificación los artículos 242 y 244 que incluían dos párrafos contenidos de manera literal en la proposición de ley de regadíos de Doñana y que derivó en la reacción de la ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera, de suspender la reunión prevista en Sevilla para el pasado martes. Según ha podido conocer este periódico, los encuentros con agricultores, ayuntamientos y agentes económicos y sociales afectados por el Acuerdo por Doñana, se producirá a finales de este mismo mes.

Para ello ha sido necesario consensuar una nueva redacción de ambos artículos. La Junta había sostenido que se trataba de una simple trasposición de la ley de montes andaluza a la normativa nacional, mientras que del Gobierno aseguraba que dejaba la puerta a la regularización de superficies forestales de especies de ciclo corto (fundamentalmente eucaliptos) en terrenos agrícolas. Las suspicacias no cesaron hasta que se produjo una llamada telefónica entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la propia ministra, en la que el primero le garantizó su disposición a reunirse para eliminar cualquier inconveniente que pudiera haber en el Gobierno central. “Diez minutos” fue el tiempo que Moreno aseguraba horas antes que necesitaba para corregir “lo que no les guste y modificarlo para que no haya problemas ni con Doñana, ni con el agua”.

A pesar de que no se han reconocido detalles sobre el encuentro de la tarde de ayer, poco más tardaron Sanz, Fernández-Pacheco y Morán en cerrar el acuerdo que, fuentes del Ejecutivo andaluz calificaron de “cordial y breve, ya que ha sido muy fácil llegar a un acuerdo”.

El contenido tiene notables diferencias con el que se encontraba vigente desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, es decir, desde el pasado sábado. La más sustancial es la que referencia a la exclusión de aquellos terrenos que ya han sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad. Este hecho solventaba las reticencias que habían hecho los partidos de la oposición en bloque sobre la posibilidad de que buscara una amnistía a los infractores.Además, se refuerza con que la entrada en vigor de la modificación acordada ayer, será retroactiva, es decir, estará plenamente vigente desde el 17 de este mes, es decir, la entrada en vigor del propio decreto. Se pone fin así a las suspicacias también planteadas por la oposición, especialmente el PSOE, que habían hecho llegar la posibilidad de que algunos agricultores ya habrían iniciado los trámites para regularizar la conversión de suelo forestal a agrícola.

Este extremo fue desmentido por fuentes del Gobierno andaluz que confirmaron que, esas conversiones, en cualquier caso, deberían ser autorizadas por la Junta de Andalucía y a ésta no le había llegado solicitud alguna. En cualquiera de los casos, la extensión afectada apenas llega a las 70 hectáreas de acuerdo a las mismas fuentes.

El siguiente paso es la convalidación de esta nueva redacción de los dos artículos del decreto en una próxima reunión del Consejo de Gobierno. Según ha podido conocer este periódico, se baraja la posibilidad de que sea aprobado incluso en su reunión del próximo martes. Entonces se volvería a llevar al Parlamento para su convalidación en el pleno de dentro de quince días.

Ésta tuvo lugar ayer en el pleno del Parlamento de Andalucía y contó con los votos favorables del PP y Vox (aunque éstos últimos arremetieran contra el mismo) y en contra de Adelante, PSOE y Por Andalucía. Estas dos últimas formaciones aseguraron previamente que la convalidación no será la última vez que oigamos hablar de este decreto de simplificación. La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, había pedido la colaboración socialista para sacar el debate del orden del día, algo que al final fue rechazado entre protestas.

Lo que también confirmó, en este caso la portavoz socialista, Ángeles Férriz, fue el recurso ante el Tribunal Constitucional del decreto en su conjunto. Los fundamentos del PSOE se sustentan en que los diferentes informes jurídicos que rodean al decreto “no dejan justificada la urgente y extraordinaria necesidad” que explicaría el empleo de un decreto en vez de tramitar un proyecto de ley. Este extremo fue desmentido por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quien aseguró en el pleno que esa referencia se hace en todos los decretos. Además, Férriz añadió la falta del informe del Consejo de Gobiernos Locales, que “no se ha pronunciado el Consejo Consultivo”, aun cuando ha precisado que su dictamen “no es vinculante”, además de una posible invasión de competencias, argumentos todos ellos calificados desde la Junta como “muy endebles”.

Doñana monopoliza el atril

El asunto de Doñana lo esgrimió la oposición. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, no hizo mención alguna en su exposición. El parlamentario socialista Josele Aguilar, puso como ejemplo de la “desfachatez” del decreto que se incluya una modificación de la ley forestal como la que recogía el PP en su proposición de ley con Vox, que ni es una transposición de la norma estatal ni está acordada con el Ministerio y añadió que se trata de “un esperpento” convalidar ya un decreto que van a rectificar en una semana (en referencia a la modificación acordad ayer). Aguilar anunció que el PSOE “peleará donde sea necesario” este “decreto omnibus al estilo Milei”, que es “una vergüenza antidemocrática” y de “dudosa constitucionalidad”.

Ricardo López, de Vox, lamentó que no se haya hecho “ninguna poda normativa”, afeó a la Junta que quiera “vender y ponerse medallas” que no son reales y ha advertido del peligro de los silencios administrativos.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, habló de “decretazo”, de “desprecio a la sociedad civil organizada” por cambiar 176 normas y de “trampas” que están pensadas “para agilizar los negocietes, a los que sí les ponen la alfombra roja”.

Por último, desde Adelante, Maribel Mora denunció el “autoritarismo puro y duro” y que se “cuela” un texto para que los freseros “ilegales” en suelo forestal de la Corona Norte de Huelva puedan “entrar” y ser “amnistiados” para no pagar sus multas.