• Pone en valor la próxima licitación del tercer hospital frente a las críticas del PSOE

La consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, destacó ayer que el Gobierno andaluz ha invertido 330 millones de euros en cinco años en materia de sanidad en la provincia de Málaga, puso en valor la próxima licitación del tercer hospital, y subrayó el aumento en 10.000 atenciones quirúrgicas en 2023 respecto a las de 2018.

En este sentido se pronunció García este jueves en la sesión plenaria del Parlamento andaluz ante una pregunta oral del grupo socialista, cuyo parlamentario José Luis Ruiz Espejo preguntó por los «retrasos» que acumula puesta en marcha del hospital Pascual.

Así, Ruiz Espejo señaló respecto a este centro hospitalario, que su puesta en funcionamiento se anunció para el primer semestre de 2024 y, posteriormente, para principios del presente año 2024. Además, en su intervención, criticó las listas de espera en la provincia y se hizo eco de las quejas de Marea Blanca respecto a la presión asistencial y la sobrecarga para los profesionales sanitarios.

«Que usted venga aquí a hablarme de Pascual, cuando nos dejaron la deuda de 282 millones de euros con Pascual, que en este año hemos pagado 92,3 millones de euros, que castigaron la provincia de Málaga, siendo la provincia de Málaga la que menos camas por habitante tenía de toda España… ¡Cuarenta años han gobernado!», dijo Catalina García al comenzar su respuesta.

La consejera puso en valor la gestión del PP en la Junta y detalló que en cinco años «hemos invertido en la provincia de Málaga 330 millones, un 627% más», y lo comparó a que en tiempos del PSOE en el gobierno autonómico, entre 2011 y 2018, se invirtieron 50,5 millones en la provincia, lo cual, a su vez, ha comparado con los 61,2 millones anuales del actual ejecutivo frente a los 6,3 de los socialistas, un 871% más.

• Garamendi insta a la CE a analizar estas prácticas con Ineco y Tragsa que «socavan la competencia»
• El cierre de la circunvalación no saldrá a concurso y se hará con medios propios para ahorrar tiempo en el proyecto

Los empresarios denuncian en Europa el abuso de encargos a medios propios, que el Gobierno y otras administraciones públicas están llevando a cabo en los últimos años, muchos de ellos relacionados con los fondos europeos de recuperación. El caso más llamativo y reciente es la adjudicación directa, por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. sin mediar concurso público del diseño y proyecto del puente de la SE-40 a la ingeniería pública Ineco.

Ha sido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha tomado posiciones ante Bruselas para denunciar los contratos a dedo que tienen a las empresas públicas Tragsa e Ineco como principales adjudicatarias. Una situación que llevan años manifestando patronales de empresas constructoras como CNC y Seopan y que igualmente ha denunciado públicamente Tecniberia, la patronal que aglutina a 85 firmas privadas de ingeniería.

Subcontratas

En una carta dirigida al Comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, a la que ha tenido acceso este periódico, el líder de los empresarios denuncia que la situación «socava la libre competencia» e insta a la Comisión Europea a analizar «con rigor» la situación para que se estudien medidas que solucionen el problema. «Esta práctica deteriora el entorno empresarial, restringe y socava la libre competencia. Además, las empresas públicas internas tienden a subcontratar parte de sus actividades, lo que también distorsiona el proceso de licitación pública», se denuncia en la misiva en la que también se apunta a que ambas entidades incluso se ven obligadas a aumentar su plantilla contratando profesionales de empresas privadas, «agravando la actual escasez de personal que ya sufre el sector privado».

Garamendi recuerda a Bruselas que aunque esta preocupación por el uso excesivo de prestaciones propias ha sido compartida con las autoridades españolas, «esta práctica ha sido justificada por la Administración por la urgencia que impone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lugar de plantearse la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para simplificar y acortar trámites».

La patronal recuerda que sólo el 30,80% de los contratos internos publicados en 2022 están vinculados a proyectos de ejecución de fondos europeos, según el último informe anual de seguimiento publicado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (Oirescon), en el que se detalla el aluvión de adjudicaciones a empresas públicas que está aconteciendo desde la llegada de los fondos europeos.

Como ya publicó ABC, Tragsa, perteneciente a la SEPI, es el mayor beneficiario de contratos públicos en 2022 al sumar más de 668 millones, el 25% del total de trabajos encargados por la administración a medios propios, al que sigue su filial Tragsatec con 400 millones, el 15% del total.

Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, acumuló en 2022 encargos de las Administraciones por valor de 300 millones de euros. Ahora ha recibido el encargo del proyecto para la construcción del puente de la SE-40 una obra cuya ejecución rondará los 458 millones de euros. Las empresas de ingeniería ya han advertido que no se da ninguna de las circunstancias que prevé la normativa para la adjudicación directa de esta obra, como pueden ser razones de seguridad nacional, emergencia o, por ejemplo, la falta de concursantes a una licitación.

El porqué del encargo

Se trata de una maniobra que, en el caso de la SE-40, va relacionada con el intento del Ministerio por acelerar el máximo posible el comienzo de la obra del puente, como un éxito de este mandato y para hacer parecer que se ha saldado una deuda pendiente de hace muchos años. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló durante una de sus últimas visitas a Sevilla que su Ejecutivo había sido el más inversor desde 1992. En esa necesidad de cubrir el expediente con Sevilla, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente se salará toda la telaraña de la Ley de Contrataciones Públicas, que para infraestructuras de este calibre pueden conllevar hasta un año de plazo entre que sale a licitación, se adjudica y el resto de trámites antes del comienzo de los trabajos.

Sin embargo, como indicó el presidente de la asociación de ingenieros consultores Asica, Ignacio Sánchez de Mora, este procedimiento para acelerar la tramitación luego deriva en lo contrario: suele conllevar retrasos en la obra porque no es una empresa especializada en puentes de este tipo y acaba subcontratando a empresas. Por otro lado, es más cara, ya que su contratación no pasa por la tensión competitiva del mercado. Y, por último, supone un nuevo agravio a Sevilla, a la que se le prometió un concurso de ideas con las principales ingenierías para hacer un puente emblemático «como el Golden Gate» -llegaron a decir desde el Ministerio para cargarse de razones por haber tumbado los túneles-, y finalmente se hace con medios propios.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha explicado que se está trabajando para adaptar los espacios existentes en el colegio Marqués de Santa Cruz, en El Puerto,  y trasladar servicios como el comedor de los actuales módulos prefabricados, también conocidos como barracones o caracolas, al edificio central.

Así lo ha anunciado la consejera en respuesta a una pregunta oral en el pleno del Parlamento enunciada por el grupo Adelante Andalucía sobre las infraestructuras de este centro escolar, recogida por Europa Press.

José Ignacio García, portavoz de Adelante, ha puesto sobre la mesa el estado en que se encuentran estos barracones, donde como ha afirmado se usan como aulas y comedor escolar a pesar de estar oxidados, con goteras y no ser accesibles para todo el alumnado.

Del Pozo ha recordado que los módulos prefabricados fueron colocados en el centro por el Ministerio y que “durante 11 años, después de las transferencias, no pareció importarle ningún Gobierno de la izquierda andaluza. Pero no se preocupe que lo arreglaremos, como estamos haciendo con todo el desastre de infraestructura que heredamos en enero de 2019”, ha dicho la consejera al portavoz de Adelante.

Sobre la situación actual de este centro educativo, Patricia del Pozo ha asegurado que “lo deseable es que estuviera ya resuelta”, pero alega que la carga de trabajo es “tremenda y lo atrasado se remonta a 2006“, año del que han dicho “estamos sacando todavía obras”.

La consejera ha detallado que su Gobierno incluyó a este centro en los planes de infraestructuras con una obra de adecuación del edificio que “permitiese la retirada de esas “caracolas”, pero tras la pérdida de alumnado en este centro, que ha propiciado la reducción de líneas, contando muy pronto con sólo dos, la consejera ha anunciado que el proyecto de ampliación diseñado “ha quedado desfasado”, aunque se está evaluando “una posible intervención” para adaptar los espacios del centro y que puedan albergar el comedor y “en paralelo ir trasladando el resto de los servicios al centro, teniendo en cuenta que ya hay espacios libres“.

• El Ayuntamiento de Córdoba, a través de Vimcorsa, promoverá la construcción de más de 700 viviendas municipales. En total se construirán más de 2100 viviendas destinadas para los sectores más vulnerables en el acceso a un hogar

La situación de la vivienda en Córdoba no difiere mucho del resto de España ya que, según un informe hecho público por el Banco de España, se calcula que hacen falta 600.000 viviendas nuevas hasta 2025 y que existen 400.000 viviendas vacías en las grandes ciudades.

En el caso de nuestra ciudad se estima que al menos son necesarias unas 6000 viviendas protegidas para responder a la demanda registrada por parte del Ayuntamiento de Córdoba, a través de Vimcorsa, y que se recoge en el Plan Municipal de Vivienda y suelo de Córdoba para el periodo 2024-2029. Esta cifra cubriría tanto los hogares solicitantes de viviendas (2.700 hogares), la proyección futura de demanda y que se ha establecido en 3.100 viviendas y las personas que carecen de hogar (160).

Las zonas que centralizan esa demanda de vivienda protegida son Norte-Zona Centro, Norte-Sierra, Poniente-Norte y Sureste-Poniente Sur y el perfil de las personas que requieren este tipo de hogar está en una horquilla de 35 y 65 años si bien el 40% responde a los jóvenes menores de 35 años y el 10%, a personas que superan los 65 años. Otro dato que revela el informe del Ayuntamiento de Córdoba, a través de Vimcorsa, con respecto al régimen de las viviendas protegidas es que la mitad muestran preferencia por el alquiler. Actualmente Córdoba se sitúa en la media nacional puesto que el 88% de las viviendas están en régimen de propiedad y sólo el 12% en alquiler, especialmente en los distritos de Poniente Sur y centro.

Con respecto al estado de las viviendas protegidas, más de 3000 de ellas se encuentran en mal estado de conservación, de las cuales 275 están en estado ruinoso. Por barrios, y teniendo en cuenta que la antigüedad media del parque residencial es de 1.981, las viviendas del sur, sureste y centro son las más antiguas, aunque difiere la calidad constructiva ya que mientras las del centro tienen mayor calidad, sureste y sur tienen una menor calidad. En el ámbito de la accesibilidad, casi el 30% de las viviendas ubicadas en edificios de cuatro plantas o más carecen de ascensor y un 20% están en edificios no accesibles.

Otro de los aspectos tratados en el informe elaborado por el Ayuntamiento de Córdoba, a través de Vimcorsa, está relacionado con el uso residencial de las viviendas y las situaciones anómalas detectadas. En este sentido, destacan que hay una disminución en el porcentaje de la vivienda vacía y que se sitúa en un 8%, mientras que, en el caso de la vivienda destinada al turismo, ha ido recuperando las cifras prepandemia.

Toda esta radiografía realizada al parque residencial de Córdoba ha sido muy útil para poder realizar una revisión del Plan Municipal de Vivienda y así establecer un programa de actuación para los próximos años.

Los objetivos del plan de Vivienda elaborado por el Ayuntamiento de Córdoba, a través de Vimcorsa, son varios. Entre ellos se encuentra facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, lo que supone proporcionar una oferta suficiente que se adapte a las necesidades de la población, que el acceso pueda realizarse de forma organizada en cooperativas, que este acceso sea preferentemente en régimen de alquiler o el fomento de fórmulas como los alojamientos protegidos.

También se pretende evitar la vulnerabilidad a nivel urbano y residencial a través de la identificación de aquellos edificios deficientes o que sean susceptibles de crear asentamientos, facilitar recursos para que no se pierda la vivienda por motivos económicos y habilitar acciones para aquellas personas con más necesidades de acceso a vivienda.

Con respecto a la calidad de los edificios y el medio ambiente, este plan pretende mejorar las condiciones de conservación y accesibilidad de las viviendas y edificios así como renovar equipamientos e infraestructuras urbanas para que sean mucho más eficientes y sostenibles.

Actualmente, el parque de viviendas nuevas protegidas se compone de 1135, de las 4856 que existen en Córdoba, de las cuales están previstas 819 para el régimen de alquiler. Con respecto a las acciones de rehabilitación u otras ayudas en las viviendas, se han realizado intervenciones en más de 11.000 viviendas, de las cuales 4782 eran de titularidad municipal y el resto pertenecían a entidades privadas o autonómicas. En este aspecto, destaca la ayuda ofrecida a 430 viviendas orientadas a la infravivienda o el chabolismo.

• El plazo de ejecución de la nueva sede es de 14 meses y el presupuesto total supera los 5,6 millones de euros

• Empleo se suma a la Semana de la Administración Abierta con una docena de actividades por toda la provincia

• Un acuerdo con la Diputación de Granada permitirá un desdoblamiento de calzada en el Camino de las Ventillas de Motril

El consejero de Justicia informa al Parlamento que en julio se adjudicará la dirección facultativa y la ejecución del proyecto, con un plazo de 14 meses y un presupuesto de 5,6 millones para las obras de la nueva sede judicial de Órgiva.

La licitación de las obras para la construcción de la nueva sede judicial de Órgiva (Granada) se adjudicará en julio y el comienzo de las mismas se prevé para después del verano, según ha anunciado hoy el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, Jose Antonio Nieto, en el Pleno del Parlamento Andaluz.

Nieto ha informado a los grupos parlamentarios de que, para agilizar los trámites, se han sacado a licitación a la vez tanto la dirección facultativa de la obra, a la que se han presentado seis empresas, como la ejecución, con 13 candidatas interesadas. Una vez cerrado el plazo para concurrir, la adjudicación de ambas licitaciones saldrá en julio por lo que la previsión es que las obras comiencen en septiembre u octubre.

El plazo de ejecución de la nueva sede es de 14 meses y el presupuesto total supera los 5,6 millones de euros para que “esa zona de la Alpujarra, con una dispersión muy importante de municipios de poca población, tengan unos servicios de calidad como se merecen y no los que han sufrido desgraciadamente hasta ahora y que los funcionarios que desarrollan su trabajo en estos juzgados en unas condiciones lamentables puedan tener las instalaciones adecuadas. Este es el Plan de Infraestructuras Judiciales en hechos”.

Nieto ha destacado que la nueva sede de Órgiva es un proyecto prioritario del Plan, ya que actualmente los órganos de este partido judicial se encuentran dispersos en dos edificios. Además, estos tienen un déficit de espacio para contar con las instalaciones necesarias para la reordenación que implicarán los futuros tribunales de instancia e impide futuros crecimientos.

El partido judicial de Órgiva presta servicio a 24.000 vecinos de 26 municipios, muchos de ellos pequeños y con su población diseminada en núcleos principales y pedanías (Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bubión, Busquístar, Bérchules, Capileira, Carataunas, Cádiar, Cástaras, Cáñar, Juviles, Lanjarón, Lobras, Murtas, Nevada, Pampaneira, El Pinar, Pórtugos, Soportújar, La Tahá, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Válor, además de Órgiva).

La nueva sede se ubicará en un solar 992 m² situado en la avenida González Robles, 85, un área de expansión de la localidad y plenamente accesible. El edificio proyectado alcanza una superficie construida de 2.515,34 m², repartida en plantas sótano, baja, primera y segunda.

El inmueble albergará una sala de vistas, dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, las dependencias de la Fiscalía, el Servicio Común, el Registro Civil, despacho para el Juzgado de Guardia, espacio para los Colegios Profesionales, el servicio de mediación, la consulta médico-forense, área de detenidos y archivos. También incorporará una sala multiusos y sala Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas que evite a las víctimas más vulnerables tener que declarar varias veces durante el proceso judicial.

Los tramos, golpeados por la borrasca Nelson, afectan a Jaén, Los Villares y Valdepeñas de Jaén, que recabó firmas para la mejora

La Junta de Andalucía ha invertido 710.000 euros en las obras de emergencias en la A-6050, necesarias tras los desprendimientos y deslizamientos provocados por la borrasca Nelson. Los tramos atañen a Jaén, Los Villares y Valdepeñas de Jaén, pueblo del sur de Jaén que, a través del Ayuntamiento, recabó firmas para lograr el arreglo. Los trabajos comenzaron en abril.

“Agradecemos la intervención para evitar quedarnos aislados, pero hace falta un arreglo integral de la carretera”, manifiesta Laura Nieto, alcaldesa de Valdepeñas de Jaén, consultada por este medio. “Seguimos a la espera de que la Delegación nos reciba. Pedimos cita en octubre del año pasado, también al pasar Navidad y aún no tenemos respuesta”, agrega e indica que entonces entregarán las firmas.

La carretera A-6050, perteneciente a la Red Complementaria Metropolitana de Jaén y al catálogo de vías de la Junta de Andalucía, une Jaén con Castillo de Locubín pasando por Los Villares y Valdepeñas de Jaén.

El temporal golpeó con virulencia en la provincia entre el 25 de marzo y 1 de abril del presente año. “Ahora garantizamos la mayor seguridad vial posible a los usuarios de la A-6050, trabajando siempre para que los jiennenses puedan realizar sus desplazamientos en buenas condiciones”, expresa en un comunicado Miguel Contreras, delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Los daños más importantes provocados n se sitúan entre los puntos kilométricos 10+800 y 32+800 y afectan a la estabilidad de numerosos taludes, situados generalmente en desmonte, así como a deslizamientos tanto en desmontes como en terraplenes y, especialmente, a un importante deslizamiento localizado en el punto kilométrico 18+500.

LA EJECUCIÓN DE SEIS MUROS

Las obras suponen la ejecución de seis muros de escollera para contener los taludes deslizados, de los que ya se han finalizado dos. Además, se está ejecutando una pantalla de micropilotes en el deslizamiento del punto kilométrico 18+500.

El delegado recuerda que ejecuta esta y otras obras para reparación de daños por la borrasca Nelson, como la que se ejecuta en la A-6024 (Villacarrillo-Cazorla), por un importe global superior a los 2 millones de euros.

Si un ciudadano acude esta misma mañana con un proyecto de obra mayor a la Gerencia de Urbanismo de Málaga con la voluntad de tramitar una licencia, lo normal es que espere que en tres meses se le haya tramitado y respondido a favor en contra. Es el plazo que marca la legislación para ello. Sin embargo, fuentes de la Gerencia con acceso a los datos computados aseguran que ahora mismo el tapón hace que la gestión tarde un año, por ejemplo, en el distrito Centro. 

Arquitectos, promotores y constructores vienen denunciando en los últimos años que estos plazos se dan de facto, sin embargo, en Urbanismo, cada vez que se le pregunta aseguran no tener datos y señalar a una auditoría externa de procesos que ponga blanco sobre negro cuál es la realidad. 

En 2019, hace cinco años, el Colegio de Arquitectos de Málaga envió una carta a Urbanismo, denunciando que los procesos ya se estaban demorando un año completo. “No se puede aceptar que el trámite administrativo necesite más tiempo que la propia a obra a autorizar”, explicaba el entonces decano, Francisco Sarabia. 

El mismo alertaba que este retraso en los procedimientos estaba provocando “una enorme pérdida de oportunidades de negocio”, con “la huida” de operadores profesionales a otros destinos, y “la desesperación” de los ciudadanos particulares, que se ven “obligados a resignarse ante tal situación”. Ya entonces se alertaba del “riesgo de colapso” de una de las patas más importantes de la economía malagueña. 

Durante todo el pasado mandato, desde la Gerencia de Urbanismo se vino negando el tapón, hasta el punto de que negaron la necesidad de hacer cambios internos o de encargar una auditoria interna. El alcalde aseguró en una entrevista con Málaga hoy que “la Gerencia se audita ella sola”. Ya en este mandato, la nueva titular de Urbanismo, Carmen Casero, anunció que el estudio estaba encargado y salió a la luz a final de este 2023. 

Casero anunció entonces una reestructuración interna de la Gerencia que suponía la eliminación de un departamento por completo y el cese –que aún no se ha dado– de las dos jefas de los departamentos clave: Licencias y Planeamiento. Además, se estudiaba la creación de una Unidad Aceleradora de Proyectos encargada de aligerar los trámites de aquellas obras que tuvieran un presupuesto de ejecución superior a medio millón de euros. De momento, esto, que está en trámite, no ha mejorado un ápice la situación del Urbanismo en Málaga cinco años después. 

Con la reestructuración, en la Gerencia de Urbanismo han convocado un concurso interno de traslados. En el departamento de Licencias –en el que constan 83 trabajadores–, once empleados han pedido un cambio, habiéndosele concedido sólo a cuatro de ellos. Sólo tres empleados han solicitado su admisión en este Departamento. Fuentes internas señalan en una dirección: “la presión que estamos recibiendo en el departamento es muy alta”. 

En el departamento de Planeamiento, el otro señalado tras la reestructuración, sólo se han solicitado tres traslados, de los cuales dos se han aceptado. En total, han pedido un cambio 26 empleados (31 si se tienen en cuenta los que estaban contratados temporalmente y han conseguido plaza fija, que también computan). 

Sin embargo, de la veintena de cambios asignados, 14 deberán esperar hasta seis meses para ver su traslado realizado. Desde la Gerencia se les ha notificado que o bien son imprescindibles o bien deben encontrar un remplazo internamente o por ejecución de oposiciones convocadas, según la documentación interna a la que ha tenido acceso este periódico.