El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes el expediente de gasto para la contratación de las obras de depuración en Cumbres Mayores, Encinasola y Sanlúcar de Guadiana, los tres en la provincia de Huelva, por un importe que supera los 10,7 millones de euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en materia de agrupación de vertidos y depuración, se contempla la ejecución de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en Cumbres Mayores, para el tratamiento de aguas residuales y su posterior vertido en las condiciones adecuadas de calidad; así como de la remodelación de la actual agrupación de vertidos de Encinasola, la adecuación y la reforma de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) existente y la puesta en marcha de una nueva EDAR.

Por otro lado, en el municipio de Sanlúcar de Guadiana, el Gobierno andaluz ha autorizado la rehabilitación del colector ya existente, la ejecución de una EBAR y la impulsión para la conducción de aguas residuales hacia la nueva EDAR de la localidad. Estas obras de infraestructura hidráulica están declaradas de interés de la comunidad autónoma en la provincia de Huelva y beneficiarán a cerca de 3.500 habitantes.

 Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación de los embalses andaluces, que almacenan 4.873 hm3 y se encuentran al 40,72% de su capacidad total de almacenamiento al experimentar un descenso de 78 hm3 -una reducción del 0,65%- en la última semana. Si se compara este volumen con el de la misma semana del año 2023, hay 1.679 hm3 más, ya que se almacenaban 3.194 hm3.

 En relación con la última década se contabilizan 1.748 hm3 menos, con una media de 6.621 hm3 (55,33%). En cuanto a las demarcaciones hidrográficas, la del Guadalquivir alcanza los 3.517 hm3 -43,80% de su capacidad total-, tras un descenso de 61 hm3 -una reducción del 0,76%-. Si se compara con la misma semana de 2023, esta demarcación registra 1.587 hm3 más embalsados, ya que los recursos almacenados en esos momentos eran 1.930 hm3 . En relación con la media de los últimos diez años (4.350 hm3 , un 54,17%), hay 563 hm3 menos.

 Asimismo, el agua embalsada en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas asciende a 364 hm3, lo que representa el 31,57%. Su capacidad total es de 1.152,83 hm3. Respecto a la pasada semana, se ha producido un descenso de 4 hm3, lo que representa una bajada de un 0,35%. Si se compara con las mismas fechas en 2023, hay 33 hm3 menos, ya que los recursos almacenados en esos momentos eran 397 hm3 (34,44%). En relación con la media de los últimos diez años, existen 274 hm3 menos (638 hm3 , un 55,34%).

 Por otra parte, el agua embalsada en la demarcación Guadalete-Barbate, con una capacidad total de 1.651 hm3 , asciende a 464 hm3 (28,10%). Se ha producido un descenso de 7 hm3 en la última semana -una disminución del 0,42%-. Al comparar este volumen con el disponible durante la misma semana del año 2023, cuando los recursos almacenados eran 393 hm3 (23,80%), hay 71 hm3 más. En cuanto a la media de los últimos diez años (933 hm3 , un 56,51%), existen 464 hm3 menos.

 Asimismo, la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza acumula 528 hm3, un volumen que representa el 47,36% teniendo en cuenta la capacidad total de almacenamiento, que asciende a 1.114,95 hm3. Con respecto a la semana anterior se ha producido un descenso de seis hectómetros cúbicos -una reducción del 0,54%-. Si se compara con el volumen disponible en 2023 en las mismas fechas, hay 54 hm3 más. En relación con la media de los últimos siete años (700 hm3 , un 62,78%), figuran 172 hm3 menos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana formalizaba en mayo de 2022 un contrato con Elsamex-Geotalud por importe de 689.199 euros para la mejora del sistema de protección contra desprendimientos en la N-340A, más conocida como la carretera del Cañarete, entre el acceso puerto deportivo de Aguadulce y el túnel de Bayyana, un tramo de 6,7 kilómetros en el que se producen con excesiva frecuencia caídas de rocas de grandes dimensiones que representan un grave riesgo para la seguridad vial, además de continuos cortes de tráfico. Dos años más tarde, el promotor de la actuación ha conseguido superar una eterna tramitación con la aprobación de la evaluación ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para realizar los trabajos en una arteria fundamental por la que circulan más de 15.000 vehículos cada día.

La resolución que este martes recogía el Boletín Oficial del Estado con la firma de la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Paneque, recoge que como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada se ha considerado innecesario que el proyecto remitido por la Dirección General de Carreteras el 10 de octubre de 2022 sea sometido al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria porque no se prevén efectos adversos significativos sobre el entorno, siempre y cuando se cumplan con las medidas y prescripciones recogidas durante la fase de trámite a consultas al afectar a una zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y parte del ZEC Sierras de Gádor y Eníx y Red Natura 2000.

El informe definitivo entiende que las obras para mejorar el sistema de protección contra desprendimientos no afecta a las especies y hábitats porque la mayoría de las actuaciones se producen por desmontes de la propia carretera, si bien ha incorporado medidas al proyecto constructivo para reducir la contaminación del aire, partidas para el control y eliminación de especies invasoras y evitar determinados trabajos en épocas de nidificación en un tramo que discurre por la línea de costa al pie de un acantilado rocoso de elevada altura y pendiente. Estos taludes y escarpes rocosos de grandes dimensiones, de altura superior a los 70 metros en algunos puntos, disponen en su mayoría de medidas de protección, si bien en gran parte de las zonas los tratamientos existentes son insuficientes al no tener capacidad necesaria para retener los desprendimientos de rocas de cierta magnitud.

Trámite de consultas e informes

El 17 de marzo de 2023 se inició el trámite de consultas a las administraciones públicas y a las personas interesadas y el 19 de mayo se solicitaron los informes a cinco direcciones generales de la Junta de Andalucía (Política Forestal y Biodiversidad, Espacios Naturales Protegidos, Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático, Recursos Hídricos y Movilidad y Transportes) que remiten su evaluación entre julio y agosto. No se recibieron respuestas de Diputación y los ayuntamientos de Eníx y la capital y de los grupos ecologistas solo se manifiesta el GEM sobre la afección a la avifauna y a la nidificación de las especies en los acantilados. Como consecuencia del trámite de consultas y del análisis realizado, se trasladó al promotor que los impactos ambientales significativos detectados pueden ser evitados mediante la incorporación al proyecto de una serie de condiciones planteadas que son aceptadas y dan lugar a una versión final fechada el 21 de noviembre que ha sido la que ahora ha recibido luz verde. 

Obras durante 23 meses

El proyecto constructivo aprobado contempla la agrupación de los trabajos en cinco fases -inicialmente eran 11- en las que se actuará en forma independiente con desvíos e interferencias con el tráfico existente, incluido el corte total tanto por la necesidad de acopio del material hasta el lugar de su colocación como por la seguridad de los usuarios de la vía, según recoge la memoria. Las obras, que se adjudicaron con un plazo de ejecución de 23 meses, contemplan barreras dinámicas para la retención de rocas en movimiento, saneo de fragmentos inestables, red de cables bulonada, malla de acero de triple torsión, bulones de acero con barra de 32 milímetros de diámetro, gunitado y regularización del material acumulado. Estas medidas se aplicarán en función de la problemática detectada en cada talud o zona de actuación y se proponen de forma complementaria a las ya existentes e incluso se ha previsto la sustitución de elementos ya deteriorados en este trazado de taludes y escarpes rocosos tan inestable en los últimos años.  

•  El coste de reunir las sedes judiciales en un solo espacio en la capital sigue disparándose en los sucesivos anuncios que realiza la Junta de Andalucía

La Ciudad de la Justicia sigue creciendo. Pero no en metros cuadrados ni en sedes, que por ahora no tiene ninguna, sino en euros. Uno de los eternos proyectos que tiene pendientes en Cádiz la Junta de Andalucía solo evoluciona en el plano económico, y siempre a peor; es decir, siempre hacia cifras cada vez más inalcanzables, lo que va en paralelo a esa espera que supera ya las dos décadas mientras los juzgados y órganos del mundo del Derecho siguen dispersos y en condiciones poco propicias.

La última cifra que la Junta de Andalucía ha trasladado respecto al equipamiento judicial pendiente llama la atención, cuando no asusta directamente. La administración autonómica intenta matizarla, hablando de 6,5 millones de euros anuales, lo que puede considerarse apropiado. Pero si ese canon se alarga durante 27 años, la cifra final de 175,5 millones de euros para una parte de la Ciudad de la Justicia puede considerarse una inversión mayúscula. Sobre todo porque la Junta deja a un lado y no da detalles respecto a la rehabilitación que necesitan las construcciones hasta ahora existentes en los antiguos depósitos de tabaco; es decir, a las naves que formarán parte del complejo judicial, al edificio de los antiguos almacenes o a las casas de los ingenieros. Se limita el gobierno andaluz a apuntar que esas actuaciones se afrontarán mediante fondos europeos, a priori, pendientes de llegar; pero aún siendo así esto en el futuro, conviene apuntar que los programas europeos obligan por regla general a las administraciones que los gestionan a aportar el 20% del proyecto. ¿Y cuánto puede ser el 20% de la rehabilitación de dos naves y media, los almacenes y los edificios gemelos que están a la entrada del recinto?

Cerca en el tiempo tiene el Ayuntamiento unas actuaciones que pueden ser ejemplo perfecto; y es que la otra parte de las antiguas naves de Tabacalera ya están siendo sometidas a la pertinente rehabilitación de cara a su nuevo uso. Más de 9 millones y medio de euros necesita el Ayuntamiento para recuperar tres de estos grandes espacios cubiertos, cantidad que se considera similar a la que necesitará la Junta para la rehabilitación de las naves destinadas a Ciudad de la Justicia.

A todas estas obras habrá que incorporar luego el mobiliario y equipamiento necesarios para dotar cada una de las salas o unidades que disponga esa futura sede judicial, lo que eleva el montante económico global necesario por encima de los 200 millones de euros. Una cantidad casi prohibitiva, sobre todo si se compara con los números que hasta ahora se han ido dando respecto a la Ciudad de la Justicia de Cádiz.

El progresivo aumento del presupuesto

Y es que en más de dos décadas en las que no se ha puesto un solo ladrillo en ese futuro suelo dedicado a la justicia el precio del proyecto ha ido creciendo de manera desorbitada. Cada vez que la Junta de Andalucía anuncia una novedad respecto a la Ciudad de la Justicia, las cifras se disparan. Se elevan como el humo que se va perdiendo cielo arriba.

La primera cifra que se dio respecto a este proyecto, allá por el año 2003, se elevaba hasta los 23 millones de euros. Una mera estimación que en aquel momento se hacía referencia al solar de la antigua Institución Provincial Gaditana, en San Severiano. Poco después se aprobaría la redacción del proyecto, que ya entonces se presupuestaba en 32 millones de euros.

Tras años de espera, en el año 2012 el presupuesto que manejaba la Junta de Andalucía crecía hasta los más de 80 millones de euros que entonces, una docena de años atrás, se consideraba un lujo inalcanzable en el contexto de la crisis económica que entonces azotaba en todo el país, lo que llevó a dar carpetazo al proyecto.

No sería hasta el año 2017 cuando el proyecto de la Ciudad de la Justicia es rescatado, pero ahora para ubicarse no en la calle Tolosa Latour, sino en los antiguos depósitos de tabaco, que la ciudad había conseguido y que cedería de manera totalmente gratuita a la Junta. Curiosamente, en aquel momento se defendía el cambio de proyecto y de emplazamiento porque de los 80 millones cifrados en 2012 se pasaban a apenas 30 millones de euros que costaría abrir la sede judicial gaditana en los antiguos depósitos de Altadis; cifra considerablemente inferior a la de Tolosa Latour, lo que hacía indiscutible el cambio de sede.

No obstante, a partir de este momento el presupuesto ha ido progresivamente creciendo, aparición tras aparición del consejero de Justicia o de su delegado territorial en la provincia de Cádiz. En el año 2021 se hablaba ya de 50 millones de euros; y ya con el actual consejero, José Antonio Nieto, esos 50 millones se convirtieron en 70 en el año 2023; y meses más tarde pegó otro considerable estirón, elevando el presupuesto el propio Nieto (en otra de sus visitas a Cádiz) hasta los 120 millones de euros, que entonces se justificaban en el aumento de la edificabilidad que había conseguido la Junta en colaboración con el Ayuntamiento, lo que permitía aprovechar el 100% de los metros cuadrados posibles.

Esa última cifra, 120 millones de euros, la aportó la administración autonómica, en boca del consejero, en noviembre de 2023; es decir, hace apenas siete meses. Y en este corto período de tiempo, lo que se estimaba en 120 se ha disparado hasta los 175, que junto a las rehabilitaciones no incluidas en el avance del proyecto y al posterior mobiliario y equipamiento oportunos hacen dar por hecho que de los 200 millones de euros no bajará el complejo judicial que está llamado a construirse junto al centro social, cultural y económico potenciado por la Edusi y a esa torre de viviendas que va a levantar Abu en la Avenida de la Sanidad Pública.

En más de 20 años de espera, por tanto, la construcción de la Ciudad de la Justicia no conoce un solo ladrillo colocado, un obrero trabajando, un proyecto definitivo ni tampoco proceso de licitación de obra alguno. Pero sí acumula repetidos bailes de cifras que siempre van en línea ascendente y que ya multiplica casi por diez (que se dice pronto) el presupuesto inicial de un equipamiento que a día de hoy sigue siendo absolutamente fantasma.

• Las actuaciones, dirigidas a facilitar los trabajos de prevención y extinción de incendios, están cofinanciadas con los fondos Feder

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía ha invertido 1.695.704 euros en la puesta a punto de los caminos de los montes públicos de los municipios de Adamuz y Obejo. Estas actuaciones forman parte del servicio de modernización y mejora de los caminos forestales en la provincia de Córdoba 2021-2024.

Así lo han manifestado el delegado territorial, Rafael Martínez, en una reciente visita a las obras junto a los alcaldes de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, y Obejo, Pedro López. Además, acudieron al encuentro el director de obra, José María Molina; el coordinador en la comarca biogeográfica de los agentes de Medio Ambiente, Miguel Olmo, y personal de la empresa Tragsa, los ingenieros Miguel Ángel Hidalgo y Ramón Méndez, junto al encargado de obra, Marcelino Carrascosa.

El principal objetivo de estos trabajos son la mejora de la red de caminos forestales de los montes y su acceso, para facilitar los trabajos de prevención y extinción de incendios. Las actuaciones buscan a su vez, según las circunstancias de cada monte, favorecer los trabajos de aprovechamientos forestales y el aprovechamiento cinegético, así como la gestión diaria de estos montes y los desplazamientos del personal que trabaja o vive en ellos, al mismo tiempo que el uso público, cuando coincide con zonas de esparcimiento u ocio.

Actuaciones en Adamuz

En Adamuz se está actuando en la mejora y reparación del acceso al monte la Sierrezuela y a la torre de vigilancia del Plan Infoca. Los trabajos se han efectuado en dos caminos, a lo largo de 8,2 kilómetros. En total, el presupuesto invertido ha sido de 127.384 euros.

Hay que destacar de las actuaciones en el monte público de Adamuz la reparación integral del puente sobre el arroyo de La Calderuela, por el que transitan camiones pesados, de trasporte de madera y, en su caso, vehículos de extinción de incendios. Un puente que se encontraba muy deteriorado por el paso del tiempo y por la falta de salidas de agua y cunetas, que se inundaba en los episodios de lluvias.

Además, en la Sierrezuela existe una red de senderos de uso público y un mirador conocido como el Mirador de las Aves, muy transitado por los vecinos de Adamuz y Villafranca. Las actuaciones en los caminos forestales que dan acceso han favorecido el uso público de estos espacios tan transitados por los lugareños.

• Una formación que no se adapta al mercado laboral, falta de interés de los jóvenes y cambios en el modelo de producción son algunas de las razones de este déficit, según las patronales sectoriales

A pesar de que la tasa de desempleo continúa a la baja, situándose en el primer trimestre del año en un 14,67%, según la última Encuesta de Población Activa, el número de desempleados es considerable. No obstante, hay sectores como el metal, la construcción o el transporte que sufren un déficit de personal cualificado para determinados puestos, los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) considera como de «difícil cobertura». Las patronales justifican esta falta de mano de obra en que la formación no se adapta al mercado laboral, en la falta de interés de los jóvenes y en cambios en el modelo de producción. 

En concreto, según el SEPE, para el segundo trimestre de 2024 las ocupaciones consideradas como «de difícil cobertura» en Córdoba son las de carpinteros de aluminio, metálico y pvc; montadores de carpintería metálica, aluminio y pvc; instaladores electricistas de edificios y viviendas; instaladores electricistas, en general; conductores-operadores de grúa en camión; conductores-operadores de grúa fija, en general; conductores-operadores de grúa móvil; entrenadores deportivos y deportistas profesionales. Todas ellas se suelen repetir trimestralmente. Adaptar la formación para que los estudiantes salgan al mercado laboral preparados, buscar aspirantes en la población extranjera y realizar campañas de captación del talento son algunas de las medidas que emprenden desde los colectivos empresariales para suplir la falta de trabajadores.

El presidente de la Asociación Profesional de Industriales Electricistas y Telecomunicaciones de Córdoba (Apieco), Miguel Pastor, apunta que tanto el Estado como las comunidades están luchando por incentivar la FP con la implantación de la modalidad dual, pero que la mayoría de estudiantes, cuando acaban, «no están preparados», algo de lo que no culpa al alumnado sino al sistema. Pastor detalla que muchas plataformas de obra no dejan ejercer al personal en prácticas al no considerarlos trabajadores y asegura que en un sector en el que el trabajo es manual no se aprende observando. Por ello, insta a cambiar los convenios y llama a que «las instituciones tengan en cuenta a las empresas» a la hora de elaborarlos. Esta percepción también la comparte la Federación de Empresarios de Metal de Córdoba (Femeco), que pide que los catálogos formativos se adapten a nivel tecnológico del sector, que, en la actualidad acapara «trabajos tecnificados», como señala su presidente, Lugwig Wagner, que asegura que el sector ofrece una gran cantidad de empleo pero que «el empresario quiere que el trabajador sea productivo» desde el primer día. No obstante, señala que debido al déficit existente las propias empresas están invirtiendo en formación privada para sus trabajadores.

Falta de formación específica

Francisco Carmona, secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor), añade que el problema afecta sobre todo al perfil de jefe de obra, puesto que no existe formación adaptada a estas funciones y tradicionalmente los oficiales han aprendido sobre el terreno. «Los módulos de FP relacionados con el sector son muy escasos» y los existentes «no casan con las necesidades de las empresas» en la actualidad, según Carmona. Construcor también trabaja para crear un «posgrado para FP» especializado en el sector, pero es consciente de que ello requiere una homologación y que son medidas que darán sus frutos a largo plazo. Mientras tanto, la patronal recorre la provincia con su campaña Construyendo empleo, que busca talentos para incorporarse al sector.

Asimismo, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera (Atransmerco), Tomás Aranda, añade que están buscando mano de obra en otros países y que están trabajando para «abrir un poco las puertas para convalidar los carnés» extranjeros. El sector también opta por contratar autónomos con sus propios camiones.

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba ha aprobado la innovación de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) de Rute y de Palma del Río para la delimitación de nuevos suelos industriales en estos municipios. Ambas innovaciones, de iniciativa privada, tienen como objetivo impulsar el desarrollo industrial de ambas localidades y permitir la ampliación de las industrias existentes.

En su momento, la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul emitió los correspondientes documentos de Declaración Ambiental Estratégica, en los que constan como viables a efectos ambientales ambas innovaciones, siempre que se cumplan las especificaciones indicadas en el documento de planeamiento.

Rute

En Rute, la iniciativa parte de la empresa Arrebola y Perea con el fin de obtener el suelo necesario que asuma el crecimiento y permita la concentración en un solo ámbito de todos los centros de actividad de la empresa Roox, favoreciendo la consolidación de la industria local.

Actualmente, esta empresa cuenta con una plantilla superior a los 100 trabajadores, y está previsto que emplee a 50 personas durante la fase de construcción, lo que le otorga una gran relevancia en el tejido económico comarcal.

El objetivo es poner en marcha un nueva planta de reciclado y transformación de residuos agrícolas, asignado por el Consejo de Gobierno de Andalucía a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico en Andalucía. Se engloba dentro del ámbito industrial de la economía circular con alto valor añadido, cuenta con una inversión prevista de 16 millones de euros y propone la creación de 1.700 puestos de trabajo directos e inducidos, ligados al desarrollo de las nuevas actividades.

La compañía es líder en soluciones de PLV para marcas de gran consumo y equipamiento comercial para Retailers, con más de 15 años de experiencia en el sector y una clara apuesta por la sostenibilidad.

La innovación del PGOU de Rute se inició en 2019 con la aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento con el objetivo de clasificar un nuevo sector de suelo urbanizable ordenado de unos 41.000 metros cuadrados para uso lucrativo industrial. Los terrenos se sitúan muy próximos al núcleo principal, con acceso por la carretera A-331. Se prevé una sola parcela lucrativa bordeada con dos viales que terminan en rotondas. Se excluyen del nuevo sector las industrias contaminantes o con riesgo inherente de accidentes graves, permitiendo como usos compatibles el comercio, oficinas y salas de reuniones sin espectáculos.

El sector contará además con unos 9.600 metros cuadrados de espacios libres y otros 2.300 metros de superficie para equipamientos entre los que se prevé un punto limpio. Las zonas verdes dan continuidad espacial con suelos de interés paisajístico y etnológico del PGOU vigente.

Además, se dispondrán 330 plazas de aparcamiento, 121 en vial público y el resto en el interior de la parcela industrial. La propuesta también engloba la ejecución de un enlace como mejora de la conexión viaria exterior existente desde la A-331, que permitirá el acceso a las futuras instalaciones con un mayor grado de seguridad.

Palma del Río

En el caso de Palma del Río, la iniciativa la ha solicitado la empresa Cosuol SCA, con la finalidad de permitir la permanencia y ampliación de tres industrias agroalimentarias, la Cooperativa Cosuol SCA, que a su vez agrupa a Sunaran-Oleopalma y la Cooperativa de Regantes. Estas empresas locales están vinculadas a la trasformación de productos de la actividad agrícola y generan un importante número de empleos. Por ello, Fomento autoriza la clasificación de un nuevo sector de suelo urbanizable sectorizado, en el lugar en el que se ubican las industrias, para permitir sus necesidades de extensión y mejora de las actuales instalaciones.

La innovación del PGOU de Palma del Río se inició igualmente en 2019 con la aprobación inicial por el pleno municipal. El objeto es la clasificación de un nuevo sector de suelo urbanizable sectorizado denominado SUS/CO-1, Cosuol, de unos 168.000 metros cuadrados, entre la carretera comarcal CO-9004 y la A-3150 de Palma del Río a La Campana.

Actualmente, se hallan ocupados por las instalaciones agroindustriales pertenecientes a la Cooperativa Cosuol SCA, que agrupa a Sunaran, a la Sociedad Agraria de Transformación y Organización de Productores de Cítricos, Oleopalma, a la sociedad dedicada a producir y comercializar aceite de oliva virgen, así como la cooperativa de regantes, que gestiona la producción de cereal, cítricos, pienso y abonos.

Además del uso industrial, se establece una reserva de unos 16.850 metros de espacios libres y otros 6.740 metros de dotaciones para un posible parque deportivo y usos comercial e industrial. Al tratarse de un suelo sectorizado, será necesaria la tramitación del correspondiente Plan Parcial de Ordenación de la LISTA, que establecerá la ordenación detallada del sector, previamente a su urbanización y edificación.

• El Ministerio de Transportes insiste en exigir la firma del convenio que prometió hace un año impulsar
• Unanimidad de nuevo en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba para exigir al Gobierno que termine la Variante Oeste

La Variante Oeste de Córdoba parece un muro infranqueable. Un bucle sin salida. El penúltimo episodio del tira y afloja entre el Gobierno y la Junta de Andalucía corresponde a hace unos días. El Ministerio de Transportes, cuyo titular es Óscar Puente, acaba de dar el enésimo portazo al asunto cargando las culpas sobre el Gobierno andaluz, cuya titular de Fomento, Rocío Díaz, le recordaba hace unas semanas en sede parlamentaria, y por dos veces, las cartas enviadas para retomar el proyecto del tramo norte y la voluntad del Ejecutivo que preside Juanma Moreno por potenciar el área logística de la ciudad.

En una respuesta escrita al Grupo Socialista en el Congreso, a la que ha tenido acceso ABC, el departamento de Óscar Puente vuelve a insistir en que para retomar la Variante Oeste (2,3 kilómetros que restan) hay que firmar un convenio con la Junta que desarrolle el protocolo que ambas administraciones firmaron en octubre de 2006. A renglón seguido el reproche: «Para que la Junta aporte la financiación establecida en el citado protocolo, un 14,6% del importe total de la actuación, que habría que actualizar».

El Gobierno ha dado vía libre a la construcción del desglosado 3 de las obras de canalización del sistema de presas de Béznar-Rules, el segundo de los once proyectos con los que cuenta la gran infraestructura hidráulica que pretende paliar el histórico problema de abastecimiento de agua en la Costa de Granada. El siguiente paso será el de la salida a licitación del concurso público para las obras de construcción de este nuevo tramo, que el propio Gobierno anunció que se haría una vez se superara la tramitación medioambiental, algo que acaba de producirse tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que queda por definir, y que se tendrá que firmar durante el proceso de licitación, será el acuerdo entre comunidades de regantes y administraciones públicas, esencialmente Estado y Junta de Andalucía, para la financiación de unas obras que, al igual que el tramo ya en marcha, oscilarán los 60 millones de euros. Y una parte muy importante es saber si finalmente se podrá contar con fondos europeos Next Generation. En la última reunión de seguimiento, agricultores y PP criticaron que el Gobierno había dejado escapar los plazos, sin embargo el subdelegado no descartó, a finales de mayo, que la obra pueda contar son ayudas europeas.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y el diputado provincial de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, han visitado las obras en la carretera GR-4302, que conecta la A-338 con la GR-3307 en Arenas del Rey.

Estas obras, incluidas en el Plan Provincial de Carreteras 2023, buscan mejorar el firme y la seguridad vial en un tramo de 3,6 kilómetros junto al embalse de Los Bermejales, según informó la Diputación en una nota de prensa.