• Diversos informes alertan sobre la necesidad de estos profesionales y, sin embargo, todos los años caen las matriculaciones

Los ingenieros españoles se consideraron alguna vez la élite del sistema universitario. Los que pasan de los 80 años, se acordarán de unas pruebas de acceso muy exigentes, nada que ver con la selectividad que aprueba hoy el 95% de los alumnos que se presentan o las bajas notas de corte en muchos grados de ingeniería. A finales de los 80 y principios de los 90, los cerebritos de los bachilleraros eran los ingenieros.

Al igual que pasa ahora en Medicina, había cierto efecto rebaño: los que mejores notan sacaban, tenían que ir a Teleco, a Caminos o a Industriales. Entraban con matrícula de aquellos COU y sabían que empezaban un camino con suspensos y tolerancia a la frustración. Quién les iba a decir a aquellos chavales, hoy cincuentones, que las ingenierías de Telecomunicaciones tienen en marcha una campaña, Teleco Renta, para captar a adolescentes que son ajenos a las posibilidades laborales de la ingeniería. Hay trabajo para los ingenieros, pero faltan estudiantes. ¿Qué ha pasado?

Situemos el problema. Un informe del Ingite (Instituto de graduados en ingeniería e ingenieros técnicos de España) establece que, «en los últimos 20 años, ha descendido un 40% los alumnos matriculados en Ingeniería, que han pasado de representar un 24,02% sobre el total de alumnos en el curso 2002-2003 a tan solo un 12,72% en el año 2022- 2023, siendo incluso inferior al porcentaje que había en el inicio de la serie histórica 1985-1986 donde los alumnos de Ingeniería representaban el 14,06%».

Como cualquier problema complejo, los factores son múltiples. Sara Gómez tiene una trayectoria perfecta para tratar de explicarlo: catedrática de Ingeniería de Materiales de la escuela de Industriales de la Politécnica de Madrid, también ha sido vicerrectora en la época de la reforma de Bolonia, directora general de Universidades en la Comunidad de Madrid: «Tenemos que explicar mucho mejor una oferta de grados que, con la reforma de Bolonia, es un galimatías. Hay un batiburrillo de titulaciones con ingeniería, hay que despejar ese panorama», explica la que es también responsable del programa de Mujer e Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería, para fomentar las vocaciones entre las chicas.

«Conseguir más vocaciones de ingeniería es un tema crucial para este país pero en el Congreso no están a los asuntos importantes, ni siquiera tiene la conciencia de que es un problema. Hablan de Pacto Verde, pero, ¿tenemos ingenieros para la transición ecológica?», añade la catedrática.

Rafael Godoy, decano de la escuela de Telecomunicaciones de Málaga, está viendo cómo suben las matriculaciones: «Todos los datos de empleabilidad, salario medio y satisfacción con los estudios realizados llevan a pensar que debería tener el mismo éxito, sino más, que en los años 90». Queda darlos mejor a conocer.

Chicas son Paula Denis y Carla de Las Heras. La primera es ingeniera industrial ya, con trabajo en una energética en Madrid y la segunda sigue estudiando en la Carlos III, recién llegada de un curso en Colorado. Las dos son hijas de ingenieros. Paula fue una estudiante extraordinaria en Bachillerato y entró en Industriales en la Universidad de Málaga cuando pedían ya poca nota de acceso, no había ese sentimiento de elitismo pero, sin embargo, explica que «el orgullo que te da haber terminado una carrera tan exigente es interno y lo compartes con tus compañeros que han vivido lo mismo».

Admite que puede que algunos no vean que les merezca la pena el esfuerzo y los salarios iniciales pero añade que es una visión «cortoplacista»: «Como ingeniera industrial recién incorporada al mundo laboral veo que las empresas necesitan ingenieros y respecto a muchos amigos muy buenos de otros sectores como abogados, aun siendo top en sus carreras, sí que están precarios en cuanto a sueldos».

Carla cree que su futuro laboral estará más bien en la gestión pero, en vez de ir directamente a un grado de empresariales, su padre le convenció para una ingeniería: «Me dijo que era capaz y que me iba a formar mejor la cabeza. Así que el haberme mantenido en la carrera e ir aprobando me genera satisfacción» También ayudó que estudió Bachillerato Internacional y allí muchos sabían que iban a ingeniería.

Guerra por el talento

Pero, ¿qué pasa con los chavales que no tienen a familia cercana que les anime a estudiar ingenierías? ¿Saben en los institutos la cantidad de trabajo que hay para ingenieros? Hace un par de años, el Observatorio de la Ingeniería cifró en 200.000 los ingenieros que necesitaba la economía española para los próximos diez años. El mismo informe explicaba que los ingenieros están un 30% de la media salarial española, aunque alertaba de cierto estancamiento.

Sara Gómez habla de «una guerra por el talento» ahora mismo en las empresas y no parece que eso se esté trasladando bien a los institutos y no será por ella, que va continuamente a difundir las salidas de las ingenierías donde la llaman. José Fernando García Ródenas es el vocal del Colegio de Telecomunicaciones encargado de la campaña para conseguir más ingenieros y está de acuerdo en que falla la orientación en los centros: «Ahora mismo, es una guerra de guerrillas y es cierto que los orientadores tienen otras muchas tareas». «Es un menudeo», añade Sara Gómez, y lo que hace falta «es un plan estratégico».

Los dos están de acuerdo en que también falla la enseñanza de las matemáticas desde primaria, no se transmite las posibilidades de sus aplicaciones. «En los países nórdicos, los maestros de primaria están muy bien pagados. Aquí a veces tenemos a gente dando clase que ha huído de las ciencias», explica Gómez. Y son ellas, el sector casi es femenino en su totalidad, las que deberían trasladar el interés por las matemáticas, herramienta indispensable para las ingenierías.

José Fernando también cree que hay un estigma de grados muy complicados: «Es verdad que a los chavales de hoy es difícil motivarles con algo difícil pero también lo es que ahora mismo los grados no son lo que eran hace 30 años». Aquellos años en los que lo habitual ere repetir incluso más de un curso.

Sobre el nombre de TelecoRenta a su campaña, este ingeniero de telecomunicaciones que ha trabajado en IBM lo explica: «Estudiar ingeniería renta, porque vas a tener empleo sin ninguna duda. No hay paro. Las oportunidades de progreso son mejores. También renta el esfuerzo del master para acabar siendo un ingeniero superior. Te conviertes en una mente muy analítica, eres un resolvedor de problemas, te sirve mucho para la vida real». Por eso muchas veces los ingenieros acaban en puestos de gestión.

No cree que el problema esté en que hay demasiadas escuelas: «Ahora mismo salen 600 ingenieros de Telecomunicaciones al año en España y el mercado es capaz de absorberlos, está por debajo de la demanda». Las notas de corte han caído porque ahora hay mucha más ofertas de grados con la palabra ingeniería, explica. Sin plan estratégico nacional, como se quejaba Sara Gómez, lo que han hecho en Teleco es hacerse con una red de divulgadores muy conocidos en las redes, como Javier Santaolalla.

Entre los factores, señala a las series de televisión: «Los ingenieros tienden a ser poco sociables en sus papeles». Está de acuerdo Antonio Gómez-Guillamón, fundador de Aertec, una ingeniería aeronáutica con sede en Málaga y negocio en todo el mundo: «Necesitamos una buena serie de Netflix», dice como en broma. Pero el caso es que se sabe que ‘Big Bang Theory’ provocó un aumento en las vocaciones de Física.

«Entiendo que ser ingeniero agrónomo, montes, minas o caminos no tiene el caché social que tuvo, pero ahora con tantos grados específicos puedes estudiar cosas increíbles, convertirte en un experto y ser internacional. Además, la mejor combinación para un MBA es haber estudiado antes ingeniero. La cabeza estructurada, buenos en matemáticas, entendimiento de lo que es un sistema. Los fondos de inversión, bancos, tecnológicas, se los rifan», añade el empresario.

Germán Bernal lleva décadas haciendo talleres científicos con escolares a través de Ciencia Divertida y Planeta Explora: «Los jóvenes no conocen la función social de las ingenierías, no comprenden el desarrollo técnico como un bien social, como algo que termina haciendo posible vivir mejor y más felices. No hay laboratorios en muchísimos institutos de secundaria, ni de ciencias ni de tecnología. O los hay, pero no quienes los dominen».

La demografía no juega a favor de la demanda de ingenieros. Cada año, por pura lógica de pirámide poblacional, entrarán cada vez menos en la universidad. El reto es que, como la campaña de Teleco, los futuros universitarios vean que las ingenierías rentan. Por ahora, sin un plan estratégico.

Las obras para la prospección de los primeros tramos del tunel del Metro al Hospital Civil comenzarán el próximo 3 de julio. “La semana que viene llegarán los equipos para la excavación“, ha confirmado esta misma mañana el director generente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, José María Rivera. En una visita a las inmediaciones de la obra, ha informado que a partir de la semana que viene los malagueños ya podrán visualizar una grúa de gran envergadura, que, entre otra maquinaria, se encargará ya en julio de construir las pantallas que estabilizarán las paredes de la infraestructura conforme se vaya materializando la prospección.

Esta operación se enmarca dentro de una primera fase de ampliación de la Línea 2 del Metro, que une Palacio de los Deportes con Guadalmedina y que aspira a concluir en el Civil. En concreto, se trata de un primer tramo del recorrido proyectado que unirá la estación de Guadalmedina con calle Hilera. La intervención prevé otros dos tramos hasta llegar al destino fijado –en calle Santa Elena– y en ningún caso se prevé la apertura de esta línea hasta que las obras de los tres tramos del proyecto hayan finalizado. De momento, esta primera fase que comenzó en enero tiene un plazo de ejecución de 36 meses –en 2027–.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha subrayado durante la visita que el comienzo de la instalación de estas pantallas de armadura bajo tierra marcan un “hito”. Esta primera fase abarca 637 metros de los 1,8 kilómetros totales que sumarán estos tres tramos de la prolongación de la Línea 2. La conclusión de esta intervención, con un presupuesto de 45 millones de euros, se estima que se demore tres años.

La licitación del segundo tramo ya llega con retraso

De momento, la licitación del segundo tramo de prolongación sigue sin publicarse. El propio presidente de la Junta de Andalucía anunció en febrero, durante la colocación de la primera piedra de esta obra, que estaría publicada este mismo mes. “Estamos ultimando el pliego para licitar esa segunda fase, estamos haciendo todo lo posible para que no se pare la maquinaria“, ha manifestado la consejera en relación a este retraso.

Este segundo tramo, con una longitud de 653 metros, incluye la estación La Trinidad y cuenta con un presupuesto base de algo más de 58 millones de euros y otros 36 meses de ejecución. La importancia de la agilidad radica en que las obras de esos tres tramos se vayan ejecutando de forma simultánea, teniendo en cuenta que la ampliación no se pondrá en marcha hasta que estén listos los tres tramos.

De forma paralela, la consejera ha recordado que igualmente están “finalizando” el pliego para el encargo de un estudio que permita tomar una decisión sobre la dirección en la que seguir ampliando el Metro de Málaga. “En ese estudio tenemos tres posibles ampliaciones: una nueva línea a Málaga TechPark o la ampliación a Ciudad Jardín y La Rosaleda o hacia El Palo y Rincón de la Victoria”, ha puntualizado Rocío Díaz, quien también ha asegurado que esté en contacto con comerciantes y vecinos de la zona donde se está desarrollando la obra del tramo al Civil para que “sean lo menos gravosas posibles”.

Al recinto de obras de Armengual de la Mota ya han llegado los primeros materiales para la ejecución de las pantallas, los muros que delimitan longitudinalmente el recinto del túnel y de las estaciones. Recientemente, se han terminado los denominados muretes-guía, que permiten señalizar la ubicación exacta de las pantallas sobre el viario antes de proceder a su excavación e introducción del hormigón armado.

Nuevos cortes de tráfico

La actuación también prevé nuevos cortes de tráfico. De las calles afectadas por la totalidad de la intervención, a partir del 1 de julio quedará cortada en su totalidad calle Hilera en sentido oeste entre Armengual de la Mota y Alonso de Palencia y esa misma vía entre Monseñor Carrillo Rubio y Alonso de Palencia. “Desde Alonso Palencia bajarán dos carriles y continuará con Calle Hilera hasta Armengual de la Mota, donde quedarán dos carriles por sentido”, ha adelantado Mario García, director de las obras, quien dará más detalles la semana que viene.

• La comunidad ha cuadruplicado su volumen de aguas regeneradas en el último lustro

Las obras hidráulicas ejecutadas por el Gobierno de Juanma Moreno han posibilitado un incremento de 252 hectómetros cúbicos en reserva de agua tras una inversión de 500 millones de euros. Los técnicos de la Secretaría General de Agua de la Junta de Andalucía estipulan que un hm3 permite abastecer durante un año a 10.000 personas. Por lo tanto, se podría concluir que el conjunto de medidas adoptadas en el último lustro equivaldría a las aportaciones de agua necesarias para el consumo del 30 por ciento de la población de Andalucía, 2,5 millones de personas.

Obviamente, algunas de esas infraestructuras se han dedicado a infraestructuras de abastecimiento en alta, pero también se ha invertido en eficiencia en las presas y en todas las fuentes de recursos hídricos incluida la desalación y las aguas regeneradas, que van destinadas a la agricultura fundamentalmente. De los 252 hm3 referidos, 70 corresponden a aguas regeneradas. Las obras de emergencia contempladas en los planes de sequía más el Plan SOS (Soluciones y Obras frente a la sequía) han entrañado «una movilización de hasta 1.500 millones de euros», como recuerda Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y en suplencia de Agricultura, quien ve necesario «alzar la voz en las instituciones comunitarias» para que la apuesta de la Junta sea «replicada por el resto de Administraciones Públicas». Mientras tanto, «en absoluto vamos bajar la guardia», insiste. De hecho, está previsto que en los próximos meses finalicen obras por valor de 47 millones más.

La apuesta por la regeneración de aguas residuales será uno de los grandes retos a los que tendrá que dar continuidad el nuevo consejero de Agricultura de la Junta –está por conocerse si Ramón Fernández-Pacheco mantendrá estas competencias o tras la crisis de gobierno el reparto será distinto–, después de que la gestión de la hoy eurodiputada Carmen Crespo, haya multiplicado por cuatro el volumen de aguas regeneradas. Con una subida del 4% al 17,5% en el aprovechamiento de estos recursos, Andalucía se sitúa 9 puntos por encima de la media nacional, aportando hasta 70 hm3 adicionales a disposición de los agricultores. Durante una de sus últimas comparecencias en la Cámara andaluza, Crespo destacó que «Andalucía se sitúa por delante de otras regiones al liderar el crecimiento en la obtención de estos caudales», subrayando ejemplos como «la comarca malagueña de La Axarquía y el Poniente almeriense, con la puesta en marcha de estos terciarios que aportan ya a los regantes y agricultores unos 22,5 hm3 y 14 hm3 de agua».

Desde la consejería se trabaja en nuevos servicios de regeneración de aguas para la capital de Almería, el Levante almeriense, las provincias de Huelva, Granada y Cádiz, donde «serán cruciales los terciarios de Algeciras y La Línea, ya que van a dotar aproximadamente de unos 20 hm3 la industria de hidrógeno verde», reveló Crespo. La previsión del gobierno andaluz es «alcanzar como mínimo 140 hm³ de aguas regeneradas y convertir a Andalucía en la primera comunidad autónoma con más aguas regeneradas de España y Europa».

Actualmente Andalucía alcanza el doble de caudal regenerado respecto a Cataluña y «ya están en marcha las 300 actuaciones de depuración declaradas de interés de la comunidad autónoma», confirmó la exconsejera Crespo, destacando la previsión del Gobierno para cumplir el «objetivo de elevar en 116 hm³ más esas aguas depuradas» para que Andalucía lidere el «vertido cero en Europa» y pueda seguir incrementando las aguas regeneradas, «aportando un plus de sostenibilidad a los municipios y sectores productivos vinculados». Estos trabajos han permitido reducir en un 95% las sanciones que atendía Andalucía en 2019 por vertidos, lo que convierte «la depuración y las aguas regeneradas es una de las líneas prioritarias dentro de los ejes de gestión de la Consejería». Según los datos aportados por Crespo, en 2023 se llegó a una ejecución de hasta 130 millones de euros en materia de aguas regeneradas y «actualmente se está ejecutando el canon del agua al cien por cien», manifestó la política almeriense, poniendo también de relieve la investigación que se está realizando a través del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua y con proyectos «pioneros y vanguardistas» como el de Reutivar y Feragua, relativos en este caso al olivar.

Otro de los avances significativos en materia hídrica ha sido abrir la colaboración público-privada con su Plan de Aguas Regeneradas a grandes empresas, que estrenó la almeriense Cosentino, sociedad que emplea un 99% de agua reciclada en sus procesos industriales. El parque industrial de la multinacional en Cantoria posee una Regeneradora de Aguas Residuales propia que garantiza el autoconsumo de esta compañía, cesando el uso de 324.000 m³ de aguas subterráneas y favoreciendo así la recuperación de los acuíferos. Cosentino, que en 2023 alcanzó una cifra de negocio de 1.570 millones, reutiliza el agua para el riego del cinturón verde creado en su Parque Industrial como sumidero de CO2.

En esta legislatura denominada como «la del agua» por el presidente regional, el gobierno popular ya ha incrementado el presupuesto hídrico en más del 40%, duplicando la inversión pública con respecto a 2018 y convirtiendo la obra hidráulica, por primera vez en la historia, en el motor de la obra pública en Andalucía con más de 1.500 millones de euros en estas políticas. «En el último lustro se han llevado hasta 1.097 actuaciones en las ocho provincias, frente a las 33 obras pendientes del Estado», puntualizó el parlamentario Manuel Guzmán, ahondando en el olvido estatal porque «17 son estratégicas para el desarrollo de Andalucía y siguen durmiendo el sueño de los justos». Asimismo «hemos ejecutado 76 obras que eran competencia del Estado porque para nosotros los andaluces sí son los primero», concluyó Guzmán.

• El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía muestra su compromiso respecto a la Ciudad de la Justicia, más cerca ahora gracias a pasos adelante «irreversibles»
• Así sería la Ciudad de la Justicia de Cádiz: tres torres de ocho plantas y una plaza pública

Esta semana se ha conocido el nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, una moderna infraestructura de tres torres de ocho plantas con 32.000 metros de superficie. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, apunta algunas de las claves de un proyecto que la ciudad lleva décadas esperando.

-¿Es este el proyecto definitivo de la Ciudad de la Justicia de Cádiz?

-A mí me gustaría que fuese así. De todas formas, esta es una propuesta de un grupo de empresas, una UTE, y tiene que contrastarse tanto desde el punto presupuestario como desde el técnico sobre su uso como sede judicial. El aspecto y los datos que hemos podido analizar son positivos, creo que es un proyecto muy ambicioso, con una imagen muy potente y rotunda. Además está bien diseñado y bien ordenado para prestar el servicio de Justicia que queremos. Es un proyecto que, dentro de esa ambición, va en un estándar de calidad superior al que inicialmente estaba previsto y evidentemente eso también tenemos que analizarlo. Pero el hecho de que sea en tres volúmenes permite una calidad de utilización mayor, mucha más llegada de luz natural y menos necesidad de luz artificial y, por tanto, menos consumo energético. Cuenta con una ordenación de espacio mucho más eficiente que la que se planteaba en estudios anteriores. Nosotros queremos que Cádiz tenga la mejor sede judicial posible y diría que si pasa por esos controles que se tienen que hacer ahora, es este proyecto sobre el que vamos a pivotar y a impulsar la Ciudad de la Justicia. Hemos querido ser transparentes, nosotros hemos recibido y registrado una propuesta de una UTE y lo primero que hemos querido es darla a conocer a la sociedad gaditana y andaluza en un ejercicio de transparencia que siempre hemos defendido. No tiene sentido que esto se ocultara y se privara de información. Y ahora vamos a seguir dándola de cada uno de los pasos que se van a ir dando. Este proyecto encaja en nuestro programa de necesidades, encaja en nuestro modelo de Ciudad de la Justicia que queremos y ahora tenemos que ver y analizar los números que nos presentan estas empresas, ver si son los adecuados t¡y si finalmente van a ser esas cifras las que van a definir el proyecto. Lo mismo que hemos hecho con la Ciudad de la Justicia de Jaén, que ya está en fase de licitar en los próximos meses y es lo que nos gustaría que pasara también con la de Cádiz.

-¿Qué plazos maneja la Consejería?

-Los que fija la ley. Nosotros no nos inventamos los plazos, vienen marcados por la legislación vigente. En este momento hemos recibido la propuesta que hacen estas empresas que, tengo que decir, he leído cosas que respeto pero que sólo responden a la ignorancia sobre cómo funciona un proceso de este tipo por parte de quien las realiza. Las empresas tienen abierta la posibilidad de presentar una iniciativa para un proyecto de este tipo. Tienen que hacerlo a través de un estudio de viabilidad, tal y como establece la ley de contratos del sector público, la administración recibe esa información y tiene que analizarla desde dos ámbitos. Uno, el presupuestario, que le corresponde a la oficina de evaluación financiera y otra desde el uso, que le corresponde a la secretaría general de infraestructuras judiciales. Esos estudios se van a realizar y si desde los dos ámbitos se cumplen los parámetros que establece la ley de contratos del sector público, daremos por recibido el proyecto y se publicará en el BOJA para dar exposición pública y que cualquier persona y entidad pueda hacer alegaciones al proyecto. Una vez cumplido el plazo de exposición pública y analizadas y contestadas las alegaciones, lo que se hace es un pliego de licitación del proyecto, que se apoya en el estudio de viabilidad que hemos recibido, en el que se modifican aquellos parámetros que entendamos necesarios. Por ejemplo, si la cantidad que establece el estudio de viabilidad de 6,5 millones de euros por el canon es la cantidad correcta o se tiene que afinar. A lo mejor entendemos que esa cantidad es excesivamente alta y se tiene que rebajar. O a lo mejor entendemos que la división o la ordenación de espacios que realiza el edificio no es la correcta y estimamos que en la torre dos debe ir la jurisdicción penal en lugar de ir en la torre uno. Pues eso es lo que se ordena y se recoge en el pliego de licitación, que es al que podrá concurrir cualquier empresa que haga su oferta para la puesta en marcha de este proyecto que, insisto, es muy ambicioso y complejo. La prueba es que llevamos veintitantos años esperando que sea una realidad en la ciudad de Cádiz.

-¿Se empezará la construcción antes de que acabe el mandato en la Junta?

-Nuestro objetivo es que cada paso sea irreversible, que no podamos volver a la casilla de salida como ha ocurrido tantas veces con este proyecto. Se presentó un primer análisis en el año 1998, otro ya con algunas datos, aunque bastante precarios, en el 2003 y a ese proyecto se le han ido sucediendo una serie de propuestas en las que se cambiaba el solar, la ubicación, las dimensiones y todo eso ha llevado a que haya bastante poca credibilidad con cualquier cosa que se diga en torno a la Ciudad de la Justicia porque ha habido mucho incumplimiento. Yo lo que he intentado hacer es implicarme al mil por cien en este proyecto. Lo primero que hicimos fue comprobar que había un mal enfoque del proyecto cuando llegamos a la Consejería en julio de 2022. Que la Ciudad de Cádiz no se podía conformar con la mitad de la edificabilidad, con la mitad de la superficie que necesitamos. Llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz y en noviembre de 2022 se aprobó una corrección del Plan General de Ordenación Urbana para doblar la edificabilidad de ese solar. Y por eso ahora tenemos el doble de espacio que existía cuando llegamos a la Consejería y el proyecto sobre el que estamos trabajando es el doble de grande, el doble de costoso y el doble de complejo que el de antes. Pero es que es lo que Cádiz se merece, no podemos hacer una Ciudad de la Justicia que nazca pequeña, reducida e insuficiente para lo que un partido judicial tan importante como el de Cádiz necesita. Por eso estamos dando pasos ciertos y seguros. Todo lo que hemos dicho se ha cumplido, pese a que hay quien hace oídos sordos y mantiene su interpretación contraria a cualquier cosa que se propone, y nosotros vamos a seguir trabajando para que en esta legislatura ese proyecto sea absolutamente irreversible y esté en condiciones de prestar servicio en el menor tiempo que se pueda. Una obra de un edificio como este, que estará en torno a los 18.000 metros, de un complejo judicial como va a ser la Ciudad de la Justicia que con el resto de los edificios superará los 32.000 metros, no se hace de hoy para mañana y además tiene que cumplir una serie de controles legales para evitar que se produzcan situaciones legales como las que se han producido en Andalucía, que no se cumplía la ley y al final no se sabía quién se llevaba el dinero. Aquí cumplimos la ley, cumplimos los controles, garantizamos que se usan de manera correcta los recursos y hacemos que el gobierno de la Junta tenga credibilidad. Si decimos que Cádiz va a tener Ciudad de la Justicia y que va a tener la mejor Ciudad de la Justicia posible, ese es un compromiso para nosotros irrenunciable.

-¿Conocen ya el presupuesto?

-Conocemos la estimación que ha hecho la empresa. Me gustaría aclarar que el canon no es un alquiler aunque hay quien lo confunde. El canon es una cantidad que se abona anualmente y que cubre tres conceptos: el coste de construcción del edificio, el coste de la financiación que adelantan durante la obra y nosotros lo vamos pagando a lo largo del tiempo, y en tercer lugar, los servicios, que incluyen la limpieza, el mantenimiento, mejora de archivos o gestión energética. Y queremos que sea una sede moderna, con las mejores condiciones y la mejor imagen, pero que a la vez esté limpia, sea segura y esté bien atendida, los requisitos que cualquier ciudadano busca en la administración pública. Entonces la cantidad que se aporta por la empresa es para nosotros una cantidad estimada, porque tenemos que hacer ahora los estudios económicos del proyecto, y esos 6,5 millones anuales serán 6 o 5,8, lo que sea. Lo que sí les puedo decir es que esos 6,5 es la cantidad máxima. Luego, aparte de lo que fijemos en el pliego desde la administración, hay un proceso de concurrencia, que las empresas concurren y alguna te dice que te lo puede hacer por un canon de 6,5 y otra te dice que puede hacerlo por 5,8. Ahí el mercado tiene que funcionar y eso será lo que tendrá que determinar el coste total del proyecto. Eso no es que yo lo diga por escurrir el bulto o por no querer responder, es que es imposible saberlo. Cualquiera que se lea la ley de contratos del sector público, entenderá lo que estamos diciendo. El que analice, contraste y pregunte a cualquier territorio o administración que haya sacado adelante una concesión de obra pública sabrá que esto funciona así y son pasos que se tienen que ir dando. Que son complejos, difíciles y muy exigentes para la administración, pero entendemos que Cádiz necesita su Ciudad de la Justicia y no podemos seguir perdiendo tiempo para dársela y darle la mejor posible.

-¿Por qué se opta por la vía de la concesión público-privada?

-En un momento económico como el que vivimos, que no es de hoy, es algo que venimos ya soportando mucho tiempo, esperar a tener el coste total de un gran equipamiento como el que estamos planteando en Cádiz es abocarte tú mismo al fracaso, que es lo que ha venido ocurriendo todo este tiempo. Es como si yo ahora le dijera a cualquier ciudadano que hasta que no tenga el cien por cien del coste, no se puede comprar una casa, no puede pedir una hipoteca. Me dirían que estoy loco. ¿Quién se puede comprar una casa sin una hipoteca? Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Tenemos un sistema y un tipo de contrato que nos permite la ley en el que podemos contratar la obra, la hipoteca y el servicio de mantenimiento todo junto. No se puede decir que pagábamos un millón de euros y ahora se van a pagar 6,5 porque es que no tiene nada que ver. Primero, en un alquiler nunca voy a tener la propiedad de lo que tengo alquilado. Aquí, una vez que yo acabe a los 27 años, paso de 6,5 ó 6 o 5,8, lo que acabe siendo el canon, a pagar cero. Porque ya he pagado la obra y la hipoteca. Y a partir de ese momento, contrato los servicios con la misma empresa o con otra, porque habrá que seguir limpiando el edificio, manteniéndolo, y eso sí habrá que seguir pagándolo. Primer error, no entender que es diferente un alquiler a un canon. Segundo error, una cosa es que digan cuánto cuesta la construcción de un edificio y otra es que tengas que meter además la financiación de ese mismo edificio y los servicios, no son cantidades comparables. No se pueden decir medias verdades, que acaban siendo las peores mentiras, cuando se comparan datos que no son equiparables. Nosotros lo hacemos a través de la concesión de obra pública primero porque tenemos empresas que creen en el proyecto, en Madrid se ha intentado hacer dos veces la Ciudad de la Justicia a través de la colaboración público-privada y ha quedado desierto porque ninguna empresa se ha interesado por el proyecto. Aquí, sin que lo hayamos sacado a la licitación, simplemente haciendo difusión de una intención y nuestro proyecto, ya ha habido empresas que lo han asumido, que se han gastado un dinero importante en definirlo, que han puesto un proyecto arquitectónico sobre la mesa de altísimo nivel y que han financiado ellos y que nos permite seguir una pista que es muy útil para nosotros y que desde luego acelera muchísimo los plazos. Para estar en el mismo punto que nos pone la presentación de este estudio de viabilidad, probablemente tardaríamos más de un año. Y ese tiempo lo hemos ganado. Creo que para todos tiene que ser un motivo de alegría que las empresas crean en la Junta de Andalucía y en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y arriesguen su dinero en presentar un proyecto.

-Esta infraestructura dobla la capacidad de las ya existentes. ¿Hay intención de dotarla también de mayores medios humanos?

-Pasamos de 13.000 metros a 32.000, estamos hablando de bastante más del doble. El objetivo es que podamos dar cabida a las necesidades que hoy tiene el partido judicial de Cádiz y las que tenga mañana y pasado mañana y que no tengamos que estar en un problema de dispersión de sede judiciales como ahora nunca más. Por eso se hace un esfuerzo importante de incremento. La dotación de personal en Justicia es un proceso complejo porque quien decide el número de órganos judiciales es el Ministerio de Justicia en exclusiva. La comunidad autónoma lo que hace es pedir, proponer que se creen una serie de órganos judiciales. Hemos hecho una propuesta para pedir 50 nuevos juzgados, pero habitualmente lo que recibimos son 12 cada año para toda Andalucía. A mí me gustaría que Cádiz tuviese más, pero depende del Ministerio. Si nos dota de más órganos y los ubica en el partido judicial de Cádiz, sí puedo decir que no va a haber problemas en muchísimos años, creo que nunca, para tener espacio disponible para ellos.

-Desde la Audiencia Provincial han dicho en más de una ocasión que no quieren trasladarse a la Ciudad de la Justicia. ¿Existe opción de que permanezcan en su ubicación actual? ¿Qué beneficios les reportaría el traslado?

-La dispersión de órganos judiciales siempre es un problema. Lo que nos hace es tener que dividir recursos y desorientar al ciudadano, que al final no sabe dónde tiene que ir, perjudica a los profesionales que tienen que estar yendo de una sede a otra para celebrar sus juicios o llevar sus documentos y eso es muy negativo. Lo ideal es que todos los órganos judiciales estén en el mismo sitio, en las mejores condiciones posibles y con garantías absolutas de uso. Esto se hace desde el diálogo, no desde la imposición, y vamos a mantenerlo siempre abierto con la Audiencia, con su presidente (Manuel Estrella), los magistrados y nuestro objetivo es que se encuentre una solución de consenso, que seguro que va a ser una realidad. El problema es que ellos también se sienten engañados desde hace tiempo por unos y por otros que les han prometido muchas cosas y que luego no se cumplían. Y ahora lo que quieren, al igual que la ciudadanía de Cádiz y los medios de comunicación, es meter el dedo en la llaga y ver si esta vez se va en serio. Y yo les voy a ir garantizando, con mucha paciencia y con mucha tranquilidad, que vamos en serio, que esto va en la dirección correcta y que para todos es muy positivo que todos los órganos judiciales se unifiquen en la Ciudad de la Justicia.

-¿Qué otras actuaciones se contemplan en la provincia?

-Cádiz es una de las provincias históricamente más abandonadas, porque la Ciudad de la Justicia de Cádiz es uno más de los incumplimientos. La situación del partido judicial de Algeciras es límite, algo que estamos abordando porque ya tenemos el proyecto desarrollado y a principios del año que viene vamos a licitar la construcción de la Ciudad de la Justicia de Algeciras, que es también muy ambicioso con más de 12.000 metros cuadrados, más del doble de la superficie de las sedes judiciales que tiene ahora Algeciras. En colaboración con la Diputación vamos a llevar a cabo la construcción del nuevo juzgado de Puerto Real, vamos a poner en marcha el nuevo juzgado en San Roque en colaboración con el Ayuntamiento, vamos a buscar definitivamente la solución para los juzgados de El Puerto, vamos a trabajar para ampliar el de San Fernando a través de un alquiler para que tenga las condiciones adecuadas. También estamos colaborando con el Ayuntamiento de La Línea, que nos ha cedido el antiguo hospital municipal para que ahí tenga la sede el nuevo complejo judicial. Todos los partidos de Cádiz van a tener alguna actuación, en algunos casos mejoraremos la eficiencia energética, eliminaremos barreras arquitectónicas, los dotaremos de equipamiento en la lucha contra la violencia de género y en otros casos vamos al máximo en la construcción de una nueva sede porque, insisto, la provincia de Cádiz era una provincia abandonada desde el punto de vista de la Justicia y tenemos que corregirlo en el menor tiempo posible.

-¿Cómo puede contribuir la Justicia a la lucha contra el narcotráfico?

-Puede contribuir de una manera decisiva, consiguiendo condenar a aquellos que infringen la ley, que arriesgan la seguridad de todos, que trafican con sustancias que dañan a quienes las consumen. Estamos viendo, desgraciadamente, a personas sufrir por su dependencia de la droga y hay gente que se lucra de esa dependencia. Tenemos que intentar que eso no ocurra. Para ello hace falta que actúen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ojalá que con mejores condiciones que las que tienen en este momento, con mejores dotaciones y más garantías. Y que una vez que actúen, cuando pongan a disposición de la Justicia a aquellas personas que trafican con droga, que la Justicia esté en disposición de, en el menor tiempo posible, poner sanciones ejemplares que hagan que otros se lo piensen antes de dedicarse a esa actividad. Confío y deseo que dentro de muy poco dotemos al sistema de Justicia de toda la provincia de Cádiz de las mejores garantías posibles para luchar de una forma activa contra el narcotráfico.

-¿Debe asumir la Audiencia Nacional las causas de narcotráfico para aliviar la presión de algunos juzgados como el de Barbate?

-Es absolutamente evidente que la Audiencia Nacional tiene una serie de competencias muy claras y muy nítidas que tienen que ver con los delitos que se cometen en España y en otros países, y los de narcotráfico están relacionados con el norte de África y con otros países. Y creo que en un porcentaje muy alto, la Audiencia Nacional tiene que ocuparse de esos asuntos. La Audiencia Nacional estaba sobrecargada por los delitos de terrorismo desgraciadamente durante toda la etapa de ETA y afortunadamente esos asuntos se han reducido de una manera importantísima y ahora tiene que dar un paso muy importante para ocuparse de situaciones que no es justo que le traslademos a juzgados como el de Barbate que no tienen los medios que tiene la Audiencia Nacional para combatir y luchar contra este tipo de delitos. Por eso creo que tiene que haber un papel mucho más claro. Nosotros hemos solicitado, y el Ministerio lo ha acordado, tener una experiencia piloto con un tribunal de instancia en el Campo de Gibraltar y Barbate que permita hacer más eficientes nuestros juzgados, pero necesitamos que además de eso haya una mayor implicación y coordinación con la Audiencia Nacional.

-¿Qué papel está jugando la digitalización en la Justicia?

-La Justicia del siglo XXI ya no es de papel, que se concreta en legajos. La Justicia hoy es la del dato, que se tramita a través de soportes digitales y afortunadamente este paso la hace mucho más democrática, accesible y cercana. En estos momentos estamos desarrollando una serie de medidas, un plan estratégico en el que una parte es la mejora de las sedes física con el plan de infraestructuras judiciales, y otra parte es la mejora de los soportes virtuales en los que tiene que funcionar la Justicia del siglo XXI. Esa es la estrategia de Justicia digital que estamos impulsando, que va permitir tener el expediente judicial electrónico, que es un expediente que ya no tiene soporte en papel, sino que es digital, que va a tener una carpeta judicial a la que van a poder acceder los profesional sin tener que salir de su despacho y desplazarse a los juzgados. También van a poder acceder los ciudadanos, lo que les va a permitir estar mucho más implicados en sus asuntos y en cómo se desarrollan. Vamos a intentar hacer más ágil el trabajo de jueces, fiscales, funcionarios de Justicia o letrados, que ahora muchas veces trabajan en unas condiciones bastante precarias, cargando con unos expedientes muy voluminosos, llenos de polvo. Esa no es la Justicia que queremos para Andalucía a estas alturas.

-Ha abogado por que las empresas hagan uso de la mediación para no saturar los juzgados. ¿Qué garantías ofrece?

-Hemos visto esta misma semana en unas jornadas que ha organizado el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio que la mediación tiene que ser una herramienta alternativa para la resolución de conflictos, que descongestione los juzgados, que permita que un porcentaje muy elevado de asuntos se tramiten y que suponga un ahorro importante de costes para las personas, las empresas y también para la administración. También se da un ahorro enorme de plazos, porque pasamos de resolver asuntos en dos o tres años a hacerlo en dos o tres meses. Eso es vital que lo podamos tener a disposición de los andaluces y lo que requiere es determinación, estudio, compromiso de la administración, las instituciones y la propia sociedad. Lo que vamos a intentar es que sea una realidad. Todas las comunidades autónomas que tienen un mal sistema de mediación, tienen altísimas tasas de litigiosidad. Las que tienen un buen sistema de mediación, han bajado su tasa de litigiosidad y eso es lo que queremos, que Andalucía esté a la cabeza de la mediación y que esté con cifras muy bajas de litigiosidad. Ese es nuestro reto, no lo vamos a conseguir de hoy para mañana, pero nuestra línea estratégica está apoyada en ese proyecto que tiene que acabar por colocar a Andalucía en una mejor situación.

-¿Se está politizando la Justicia?

-Tengo la absoluta certeza de que se está manoseando la Justicia, ya no es un problema de que se politice. Se hace desde el populismo más interesado, no le duelen prendas a ningún miembro del Gobierno en politizar y hacer manifestaciones que perjudican claramente la imagen de la Justicia, poniéndola en el foco para transmitir la sensación de que la Justicia en España es parcial. Cuando oigo a miembros del Gobierno hablar de lawfare, se me cae la cara de vergüenza. Cuando oigo en la tribuna del Congreso señalar con nombres y apellidos a determinados jueces a los que se descalifica e insulta y que desde ningún ámbito se les defienda, se me cae igualmente la cara de vergüenza. Creo que estamos llegando a un punto que la democracia española se está denigrando y está perdiendo mucha calidad y que una de las grandes pérdidas es la división de poderes y el ataque constante y permanente a la Justicia, que no se puede tolerar y que desde luego yo quiero denunciar.

-¿Qué opina de la Ley de Amnistía?

-La Ley de Amnistía es una parte de esa relativización, de ese manoseo de la Justicia. Oye, necesito siete votos para seguir siendo presidente y me da igual pisotear una doctrina absolutamente sólida en relación a la inconstitucional de la amnistía que el propio PSOE defendía antes de las elecciones del 23 de julio. No importa poner en la picota a los jueces y a los fiscales, utilizar al Fiscal General del Estado y superar todos los límites posibles de lo que debe ser la separación de poderes y el respeto a la base democrática del funcionamiento de un país como España. Y ante esa situación, creo que los españoles tenemos que levantar la voz y decir basta, hasta aquí hemos llegado. Y a partir de aquí, empezar a fijar otros estándares de calidad democrática distintos a los que nos está dando este Gobierno.

-¿Cree entonces que se está atacando la separación de poderes?

-Hay un hecho que lo ejemplifica, tener un ministro que es de Justicia, Relaciones con las Cortes y Presidencia, es decir, los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Esa es una imagen absolutamente evidente de cómo pisotea la división de poderes este Gobierno. Unifica en una persona lo que de facto quiere unificar, que es hacerse con el poder judicial, me hago con el poder legislativo y todo lo someto al interés del ejecutivo o directamente al interés de la figura del presidente. Eso, a día de hoy, es un hecho denunciado por muchas personas, muchas autoridades académicas y judiciales y que cada día es más evidente para cualquiera en este país.

-¿Qué debe suceder para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial?

– Debe suceder que haya un mínimo de garantías por parte del Gobierno de España de que no se va a continuar en esa estrategia de manoseo de la Justicia. Lo que pide el Gobierno es que el PP se someta a lo que quiere el Gobierno, que es nombrar a quien le da la gana. Estamos hablando de un Gobierno que ha nombrado Fiscal General del Estado a la que era ministra de Justicia, que ha nombrado consejero del Tribunal Constitucional al que ha sido ministro de Justicia, también a quien ha sido asesora del presidente del Gobierno en las Cortes. Que ha nombrado después Fiscal General del Estado a la mano derecha de la que antes fue ministra de Justicia. Es decir, hay antecedentes que nos obligan a estar muy pendientes de que lo que ya ha hecho el Gobierno de España con otras instituciones, no lo haga con el Consejo General del Poder Judicial, que es colonizarlo y ponerlo al servicio del interés del presidente. Eso tenemos que evitarlo absolutamente. Tenemos que defender la independencia de la Justicia y defender la idea de que los jueces tienen que elegir a su gobierno, igual que los universitarios eligen a sus rectores. Las universidades dependen de las comunidades autónomas, ¿se imaginan que el presidente de la Junta dijera que ahora va a ser el gobierno andaluz el que elija a los rectores para que sea democrático y lo vamos a someter a la votación en el Parlamento de Andalucía? Habría una crisis sin precedentes. Eso, en algo todavía más sensible que la Universidad que es la Justicia, es lo que está diciendo el presidente del Gobierno y el PSOE y pretende que los demás lo acatemos. Nosotros lo que hemos dicho es que si se garantiza la independencia judicial, habrá acuerdo. Si se pretende colonizar y someter al CGPJ al interés del presidente del Gobierno, vamos a evitar que eso ocurra. Y eso es lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo.

-¿Qué le parece el modelo de financiación singular que ha propuesto el Gobierno para Cataluña? ¿Lo considera un agravio para Andalucía?

-Lo considero la mayor amenaza que tenemos en este momento para el futuro de Andalucía, que afortunadamente es bueno, el mayor ataque después del que se perpetró en el año 2009 con el anterior acuerdo de financiación. Hay que decirle a todos los andaluces que el anterior acuerdo se firmó entre el PSOE de Zapatero y Esquerra Republicana, los mismos que están negociando este. El primer ataque nos ha costado a los andaluces 22.500 millones de euros, una salvajada. Imagínense cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas Ciudades de la Justicia, cuántas carreteras o cuántos puentes se pueden hacer con ese dinero. El segundo que se está negociando ahora, ¿cuánto nos va a costar? Nos tenemos que rebelar, no podemos permitir los andaluces que esto nos vuelva a ocurrir porque ya lo hemos vivido y ya sabemos el atraso que nos ha generado. Yo no quiero volver a la época en la que los andaluces tenían que emigrar a Cataluña porque el dinero se iba allí y se quitaba de aquí. Lo que tenemos que aspirar es a que a Andalucía se le dé lo justo, lo que corresponde, no queremos más de lo que nos corresponde, pero ni un euro menos. Y a partir de ahí, a cada uno lo suyo. Pero evidentemente, cuando en la declaración de la renta se dice que los que tienen más tienen que ayudar a los que tienen menos, no puede ser que las comunidades que tienen más no quieran ayudar a las que tienen menos. Eso no se puede aceptar y desde luego el PP no lo va a aceptar y Juanma Moreno y el gobierno andaluz no lo van a permitir. Y en esa línea vamos a luchar lo que haga falta.

La cubierta del molino de mareas del Zaporito, en la plaza Manuel de la Puente, serán reparadas con carácter urgente habida cuenta de su deterioro, que ha llamado especialmente la atención a lo largo de las últimas semanas después de que se desprendieran varias tejas.

El mal estado del monumento desencadenó también las críticas del PP, que demandó al gobierno municipal la reparación urgente del inmueble y achacó lo ocurrido a la falta de mantenimiento.

Ahora, el Ayuntamiento de San Fernando acaba de adjudicar las obras para la “urgente reparación” de la cubierta de este edificio de titularidad municipal, catalogado en el nivel 3 de protección del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana).

Los trabajos se acometerán por 45.339,95 euros y consistirán en la sustitución urgente de la cubierta de teja. Las obras tendrán un plazo de ejecución de dos meses.

El molino de mareas del Zaporito fue una de las inversiones que el Consistorio isleño consiguió que se acometieran con el tirón del Bicentenario de Las Cortes de 2010. Costas invirtió aproximadamente 1,3 millones de euros en una importante rehabilitación que logró rescatar al inmueble -y también a la zona, en torno a la que posteriormente se construyó una plaza- de una importante degradación. Las obras terminaron en 2011, aunque el molino tardaría todavía en abrir. En el histórico edificio se acondicionó posteriormente un centro de interpretación dedicado tanto a la historia del Zaporito en sí como al funcionamiento de los propios molinos de mareas.

Ya ha finalizado la redacción del nuevo proyecto de la adecuación del Molino de los Montoro como sede del futuro museo arqueológico y etnográfico de Priego. Así lo ha indicado el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, matizando que en el nuevo proyecto, «se adecuaban una serie de precios para poder competir con la modificación que actualmente existía», recordando que esta fue una licitación por parte de la Junta que se adjudicó a una empresa, «que argumentó que, en función de los precios que existían por las distintas coyunturas internacionales que se produjeron a finales de 2021, no podía acometer la obra».

Como señalaba Valdivia, el proyecto, que volvió al despacho de los arquitectos, «se ha reformulado, se han visto algunas partes que había que renunciar y ya se ha entregado al Ayuntamiento, estando actualmente en revisión». En este sentido, el alcalde ponía de manifiesto que, «para finales de este verano, puede volver a licitarse para que, con los plazos medios de un proceso de estas características, que oscilan entre los tres y cuatro meses, las obras se pudieran iniciar en la primavera del próximo año 2025».

Valdivia recordaba que, de todas las obras que el Ayuntamiento de Priego ha promovido en los últimos años, «la única que se quedó colgada ha sido esta», haciendo alusión a los casos que se han producido en otras localidades similares a Priego, «que han visto que esta circunstancia ha provocado que no se puedan ejecutar las obras que pertenecían a fondos Feder y por lo tanto se perdiera la financiación».
Cabe recordar que, en síntesis, el proyecto persigue la adaptación de la actual edificación para configurar un espacio museístico, recuperando el edificio como una pieza que configura el espacio denominado Huerto de las Infantas. El edificio se compone de un patio de 799,15 metros cuadrados y una superficie total construida de 926,52 metros cuadrados entre las tres plantas que conforman la construcción principal, que dispone de una zona de sótano donde se ubicará el depósito museístico. En la edificación se distribuyen las salas de exposición, los aseos, la zona de instalaciones y sendas escaleras en sus extremos.

El edificio contará con dos accesos, uno desde la planta alta, que lo conecta con la calle Santiago, y otro en la planta baja, en este caso en conexión con el patio.

La Junta de Andalucía anunció esta semana a bastante bombo y platillo que la autovía del Almanzora se acercaba a Granada. En concreto 3,7 kilómetros y cuando aún le quedan 34 para simplemente alcanzar el límite provincial. Una obra anhelada nada menos que durante cuatro décadas, las mismas que lleva el Norte de la provincia de Granada sin conexión ferroviaria, y que sigue sin ver la luz al final del túnel: con avances pequeños pero todos en la provincia de Almería, sin plazos para acabar una infraestructura básica para mejorar el acceso del Norte granadino con el Levante almeriense y español, y que tiene en su letra pequeña un avance, sin embargo, muy grande: tener mejor conexión con la Alta Velocidad y con Europa que la propia capital de Granada.

Acceso al AVE

Y es que una autovía como esta acercará la futura línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, en construcción y con previsión de apertura en el año 2026, a Baza en apenas una hora, mejorando en algo más de un cuarto de hora lo que se tarda ahora por la carretera autonómica A-334 en su actual configuración: vía convencional de un carril por sentido, limitada a 90 kilómetros por hora o incluso menos en algunos tramos, y luego autovía convencional a 120 kilómetros por hora desde Fines hasta la unión con la A-7 y el emplazamiento de la futura estación del AVE Vera-Almanzora. No solo una autovía completa hace que el tiempo de viaje entre Baza y la futura terminal ferroviaria del Levante almeriense pase de una hora y 18 minutos en la actualidad a 60 minutos, sino que también sea mejor opción que ir a Granada capital a coger el tren. El tiempo de viaje, en este caso, es de aproximadamente una hora y cuarto hasta la estación de Andaluces.

Pero es que es más, los bastetanos y los habitantes de la comarca tendrán, con un buen acceso a la futura estación de Vera-Almanzora, más posibilidades de viaje atractivas en Alta Velocidad. Si bien el tren con Madrid tardaría un poco más vía Murcia, con una estimación aproximada, en el mejor de los casos, de tres horas y media; y con Sevilla y el resto de Andalucía la conexión requeriría de enlaces, mejora las posibilidades de viaje por todo el litoral mediterráneo y abre las puertas, sobre todo, a Europa. Así, los trenes llegarían de forma más directa a Barcelona e incluiría paradas en Murcia, Alicante o Valencia, rutas que desde Granada capital no se pueden realizar salvo con transbordos.

Desde que se acabó el tren

Y es que los trenes tienen mucho que ver con el desarrollo de esta autovía, que no vendría más a que restañar, en parte, un agravio histórico con las comarcas del Norte. El proyecto de la carretera hunde sus raíces en 1986, justo un año después de que Renfe cerrara, el 1 de enero de 1985, la única línea ferroviaria que unía Andalucía y Granada con las provincias del Levante, siendo además la unión por tren más directa de la región con Barcelona. De hecho, el trazado ferroviario que cerró el Gobierno, entonces del PSOE de Felipe González, coincide prácticamente el todo el recorrido con el de la carretera A-334, antiguamente C-323 cuando pertenecía a la Red de Carreteras del Estado y su gestión era nacional.

Desde entonces, los intentos por recuperar la importancia del corredor Granada-Almanzora han sido muy numerosos pero se han quedado en agua de borrajas. Cuarenta años de promesas y anhelos incumplidos mientras las comarcas del Norte de Granada languidecen bajo la amenaza de la despoblación y la falta de oportunidades. Empezando porque, prácticamente desde el primer momento, se reclamó la reapertura de la línea ferroviaria, reclamación que ha ido a más en los últimos años en todas las comarcas que unía aquel tren. En la actualidad el Gobierno se encuentra en fase de elaboración del estudio informativo para la reapertura de la misma, y que entroncaría con el Corredor Mediterráneo impulsado desde Europa. ¿Su punto de conexión más factible? Vera o Huércal-Overa, en Almería. Ese estudio acaba de ser remitido al Consejo Asesor de Transportes y Movilidad Sostenible en su primera fase para que emita un informe y continuar con las dos fases siguientes. Aun así, este estudio debía haber estado terminado al completo en enero de este año.

Solo la A-92

En estas cuatro décadas, el Norte de Granada ha visto sólo la finalización de una gran infraestructura, la autovía A-92, y lo hizo además con retraso: la conexión desde Baza hasta la autovía del Mediterráneo, en Murcia, no se completó hasta cinco años después de 1992, fecha límite para haber tenido acabada la carretera. Y es que la unión de Andalucía con el Levante español es la gran asignatura pendiente de la región, cuyas infraestructuras tanto viarias como ferroviarias han sufrido el modelo transversal aplicado desde Madrid hacia la periferia, en detrimento de un sistema radial.

La autovía del Almanzora es una de las soluciones para mitigar ese aislamiento. Pero el ritmo de sus obras es muy lento. Desde que se incluyó en el Plan General de Carreteras de Andalucía de 1986 hasta que se puso la primera piedra en 2005 pasaron 19 años, en los cuales solo se han construido 29,1 de los 88,4 de los que constaría la vía en su recorrido total. Una treintena de kilómetros que, además, se han construido a retales. En 2009 se puso en marcha el tramo Fines-Albox, justo a las puertas de Consentino, la gran multinacional de la zona. En 2011 se abrió el segmento hasta El Cucador, y en 2015 se completó la variante que rodea la localidad albojense. Es decir, se pasaba de carretera convencional a autovía, y luego de nuevo convencional.

Avances lentos

El Gobierno de Juanma Moreno retomó las inversiones después de que la infraestructura entrara en los planes de ajuste por la crisis económica. Pero en los cinco años de mandato del popular, apenas se ha avanzado en siete kilómetros: 3,3 entre El Cucador y La Concepción, y 3,6 desde este punto hasta el enlace con la autovía del Mediterráneo, abiertos al tráfico en 2023. De esta manera se unían los dos tramos de autovía aislados y se daba salida eficiente por carretera a la industria mamolera de la provincia de Almería.

Sin embargo, el avance hasta Granada sigue siendo muy lento. La Junta anunció esta semana la salida a licitación del concurso para la redacción de otro pequeño tramo de 3,8 kilómetros para unir Fines con Olula del Río, aún en Almería. Y es que para llegar al borde provincial con Granada aún quedarían 34 kilómetros de la A-334 por desdoblar y mejorar para convertir en autovía, más que los que se han construido hasta el momento. Y aunque para la administración de Moreno se reafirma el compromiso de llevar esta autovía hasta Baza, lo cierto es que, o aceleran las licitaciones de nuevos tramos, o restará mucho tiempo aún para que el corredor del Almanzora alcance siquiera la frontera de El Hijate.

¿Por qué no desde Baza?

También lo que parece prioritario para la Junta, en cierta parte con lógica, es extender la autovía por los municipios del valle del Almanzora en la provincia vecina porque abarcan 53.049 habitantes, según las últimas cifras, por los 37.746 de la comarca de Baza. También porque en el recorrido pendiente de desdoblar se abarca un mayor número de municipios que en el trazado por Granada, que aunque es bastante extenso, solo ocupa fincas de las poblaciones de Caniles y Baza.

Aun así, también es la parte del trazado de la carretera por Granada el más sencillo desde un punto de vista técnico, ya que es más llano y presenta menos dificultades montañosas que en Almería, más sinuoso al estar enclavado entre montañas. Nunca se ha planteado la administración construir esta autovía desde los dos extremos para acabar uniéndose a mitad de camino. Y ese es otro agravio para una comarca que lleva más de cuarenta años gritando por estar conectada al mundo.

El antiguo edificio de la estación del tren de Huelva, ubicado en la avenida de Italia, que se convertirá en un centro sociocultural, tendrá en la parte superior un mirador hacia el futuro Parque del Ferrocarril, para ello se aprovechará la pasarela acristalada de nueva creación, sobre la nave central, que unirá, en la planta superior, los dos torreones, uno de ellos albergará la sala de la exposición permanente sobre la historia del ferrocarril y el otro, el vestíbulo y los aseos.

En la planta baja se distribuirán dos salas multifuncionales, una de exposiciones y conferencias, con capacidad para 220 personas, en la que era la zona principal de la estación, el área de espera y de venta de billetes, y otra sala, en el ala izquierda, donde estaba el bar, con una aforo para unas 120 personas. En el otro ala, se ubicarán los aseos. Aparte, se recuperará la marquesina de la zona de los andenes como espacio para catering, expositivo y zona de estar.

• El ‘Plan mixto de mantenimiento para la Conservación de Infraestructuras Viarias’ pretende mejorar el estado de 41 calles

Sale a licitación el ‘Plan mixto de mantenimiento para la Conservación de Infraestructuras Viarias’, puesto en marcha por El Ayuntamiento de Jaén. A través de este proyecto se invertirá casi 1,5 millón de euros en el arreglo de acerados y asfaltado de calles de los distintos barrios de la capital. El concejal de Conservación e Infraestructuras Municipales, Antonio Losa, explicó este domingo que desde el pasado día 20 de junio, y hasta el 10 de julio, “el proceso estará abierto para que las empresas interesadas en concurrir puedan presentar sus ofertas a través de la plataforma del área de Contratación”. El edil ha defendido que la elaboración de este plan, “en apenas unos meses, pone de manifiesto el compromiso del equipo de gobierno con los vecinos de la ciudad”. “Se trata de una apuesta firme por mejorar calles y acerados y atender las necesidades de todos y cada uno de los barrios”, aseguró. Antonio Losa agregó que “se trata de un plan muy ambicioso que se configura como un ejemplo de gestión eficaz”. “Recoge necesidades que han manifestado los ciudadanos de forma particular o a través de las asociaciones de vecinales; fundamentales para la comunicación con el consistorio y la pronta respuesta a sus demandas”, apuntó.

El edil detalló que, “dentro del ‘Plan mixto de mantenimiento para la Conservación de Infraestructuras Viarias’, se contempla que en algunas calles se arregle sólo el acerado o sólo el asfalto, mientras que en otra se arreglarán ambas cosas”. En total, afirma, se va a actuar en 41 calles de la ciudad repartidas en 13 barrios, “atendiendo a aquellos en los que las necesidades son mayores; por ejemplo, en enclaves como Peñamefécit –donde se actuará en cinco calles–, Santa Isabel –en seis calles–, La Alcantarilla, Arrabalejo, Egido de Belén, La Magdalena, San Felipe, Las Protegidas o en la zona de Renfe y el Paseo de la Estación”. El concejal ha resaltado la “especial intervención” que se acometerá en tres puntos de la ciudad, como son la arteria principal del Polígono de Los Olivares, la calle Espeluy, “en la que llevaremos a cabo su asfaltado integral, muy demandado por la asociación, comerciales y empresarios de este recinto industrial”. Por otro lado, se actuará en la carretera de La Guardia desde el colegio Alfredo Cazabán y el paseo principal del recinto ferial ‘Alfonso Sánchez Herrera’ “durante muchos años abandonado y que resulta fundamental para la celebración del mercadillo o las ferias de San Lucas y Virgen de la Capilla”.

Antonio Losa especificó que, en total, “se invertirán en la ciudad alrededor de tres millones de euros en conservación y mantenimiento viario, ya que al plan que ahora sale a licitación hay que sumar las actuaciones que se están llevando a cabo dentro del contrato con la empresa Sando, del grupo Conacon, por valor de casi dos millones de euros, y a través del que diez personas ejecutan diversas operaciones de mantenimiento y conservación de la red viaria”. Por último, el concejal confirmó que “ya estamos trabajando en el siguiente plan previsto para finales de año, y para el que ya estamos visitando los barrios, recogiendo propuestas de las asociaciones vecinales o de informes recibidos en la Omiac”, según precisó.