El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la finalización de las obras del colector del núcleo urbano de Zalea, en el municipio malagueño de Pizarra. Tras una inversión de 861.986 euros, la Junta de Andalucía pone fin al vertido de aguas residuales sin tratar al Arroyo las Cañas, hecho que se producía de forma previa a la ejecución de estas obras, beneficiando así a una población de 1.487 habitantes y evitando posibles daños medioambientales.

A partir de ahora, este nuevo colector permitirá la conducción de las aguas residuales generadas en el núcleo de Zalea hasta la agrupación de vertidos existente para los núcleos del Bajo Guadalhorce, donde confluyen también este tipo de aguas procedentes de los municipios de Álora, Pizarra y Coín. Esta agrupación de vertidos, cuya obra también fue finalizada en 2020 con un presupuesto de ejecución de más de 7,5 millones de euros, conduce el total de estas aguas a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que es común a los tres municipios.

Las obras ejecutadas han consistido en la instalación de un colector que recoge las aguas del punto de vertido actual de Zalea, donde se dispone de un aliviadero de entradas, permitiendo conducir las aguas residuales, por gravedad, hasta la conexión con el colector de la Agrupación de Vertidos de los Núcleos del Bajo Guadalhorce. El colector proyectado presenta 400 mm de diámetro exterior, con una longitud de 2.747 metros.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha tomado conocimiento de la situación de los embalses andaluces, que almacenan 4.790 hm3 y se encuentran al 40,04% de su capacidad total de almacenamiento al experimentar un descenso de 83 hm3 (-0,69%) en la última semana. Si se compara este volumen con el de la misma semana del año 2023, hay 1.653 hm3 más, ya que se almacenaban 3.137 hm3. En relación con la última década se contabilizan 1.735 hm3 menos, con una media de 6.525 hm3 (54,53%).

En cuanto a las demarcaciones hidrográficas, la del Guadalquivir alcanza los 3.453 hm3 (43% de su capacidad). Respecto a la semana anterior ha experimentado un descenso de 64 hm3 (-0,80%). Si se compara con la misma semana de 2023, esta demarcación registra 1.550 hm3 más embalsados, ya que los recursos almacenados en esos momentos eran 1.903 hm3. En relación con la media de los últimos diez años (4.281 hm3, un 53,31%), hay 828 hm3 menos.

El agua embalsada en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas asciende a 359 hm3, lo que representa el 31,14%. Su capacidad total de almacenamiento es de 1.152,83 hm3. Respecto a la pasada semana, se ha producido un descenso de 5 hm3, lo que representa una bajada de un 0,43%. Si se compara con las mismas fechas en 2023, hay 27 hm3 menos, ya que los recursos almacenados en esos momentos eran 386 hm3 (33,48%). En relación con la media de los últimos diez años, hay 272 hm3 menos. (631 hm3, un 54,73%)

El agua embalsada en la demarcación Guadalete-Barbate, con una capacidad total de 1.651 hm3, asciende a 455 hm3 (27,56%). Se ha producido un descenso de 9 hm3 en la última semana (-0,55%). Al comparar este volumen con el disponible durante la misma semana del año 2023, cuando los recursos eran 385 hm3 (23,32%), hay 70 hm3 más. En cuanto a la media de los últimos diez años (921 hm3, un 55,78 %), hay 466 hm3 menos.

La demarcación del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza acumula 523 hm3, un volumen que representa el 46,91% teniendo en cuenta la capacidad total de almacenamiento, que asciende a 1.114,95 hm3. Con respecto a la semana anterior se ha producido un descenso de 5 hm3 (-0,45%). Si se compara con el volumen disponible en 2023 en las mismas fechas, hay 60 hm3 más, ya que los recursos almacenados eran de 463 hm3. En relación con la media de los últimos siete años (692 hm3, un 62,06%), figuran 169 hm3 menos.

Es una pieza clave de la ampliación del paseo marítimo de la capital y la regeneración del Delta del Andarax. Se trata de la construcción de una pasarela peatonal, preparada también para el tránsito de bicicletas, con la que poder ‘saltar’ la desembocadura del río, pues conectará las zonas oeste y este, ampliando todo el espacio de recreo y deporte actualmente existente. Tras meses de trabajo, la Subdelegación del Gobierno en Almería cuenta ya con diferentes alternativas constructivas que han sido trasladadas al Ayuntamiento de la capital para acordar cuál de ellas contiene la solución más acertada.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha comunicado que la Dirección General de Costas ha trasladado las alternativas sobre las que se viene trabajando desde meses atrás en la redacción de este esencial proyecto, adjudicado por 110.000 euros. Hay varias opciones para levantar esta pasarela de 210 metros de longitud sobre el cauce del río Andarax, entre el puente de la carretera AL-3202 que discurre por la costa desde la capital hacia la Universidad y la desembocadura.

Según ha detallado Martín, se apuesta por una conexión que no ocupe el dominio público marítimo terrestre ni hidráulico y que además tenga la menor afección visual posible en la puesta en valor en este ámbito de conexión del río con el mar. 

Las alternativas contemplan también la construcción de dos tramos de paseo marítimo, uno de aproximadamente 60 metros de longitud, en el margen derecho del río Andarax, y otro de 180 metros de longitud en el margen izquierdo.

Se estima una inversión superior a los 3,7 millones de euros por parte del Gobierno central para la ejecución de los trabajos una vez se defina el proyecto, coste que ha sido valorado por Martín, junto a la “voluntad de consenso” con el Consistorio de la capital la opción más beneficiosa para los intereses de la ciudad, habiéndose dado traslado al equipo de gobierno y, en concreto, a la Gerencia de Urbanismo de cinco propuestas, de las cuales dos son, en principio, las que sortean complicaciones en cuanto al dominio público marítimo terrestre.

El Puerto de Algeciras se mantiene como el más eficiente de Europa según el Container Port Performance Index en su edición de 2023 elaborado por el Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence. Buenas noticias, pero no tan bueno, ni por desgracia tan noticia, es el hecho de que Algeciras sigue sin tener conexión ferroviaria ni con Cádiz ni con Sevilla, convirtiendo en papel mojado el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, que establece como uno de sus objetivos básicos en su artículo décimo “La consecución de la cohesión territorial, la solidaridad y la convergencia entre los diversos territorios de Andalucía”.

En el Día de los Inocentes de 2017 un gerente de Renfe-Viajeros celebraba sin pudor alguno que gracias al AVE “«Sevilla se ha convertido en un barrio de Madrid»”. Dos noticias del mismo día aunque en medios diferentes hacían referencia a las conexiones ferroviarias de ciudades andaluzas con la capital del Estado: Iryo, el nuevo tren privado en Sevilla, vendía los primeros viajes a Madrid por 18 euros mientras en Jerez el PP anunciaba que llevaría a pleno el aumento de conexiones por tren con la madre de todos los destinos.

En aras del esquema centralista radial en favor de la citada capital del reino la vertebración territorial de Andalucía se viene viendo perjudicada por el progresivo deterioro en sus líneas de cercanías y media distancia, con una reducción de entre 3.000 y 4.000 plazas diarias a partir de 2017, o por el hecho de que los recortes y retrasos en la finalización de uno de los tramos de AVE hicieran que la ciudad de Granada se haya llevado varios años sin tren, o que el 30 de agosto de 2019 el Consejo de Ministros determinara que la media distancia convencional Granada-Algeciras pasaba a ser Antequera-Algeciras, con lo que, como consecuencia y por ejemplo, Ronda perdía la conexión viaria directa con Granada, de modo que las y los habitantes de Ronda o visitantes que quisieran desplazarse en tren hasta la capital nazarí debían hacer, a partir de ese momento, un transbordo en Antequera, entre ellos gran número de jóvenes de Ronda que se desplazan hasta allí para realizar sus estudios universitarios. Mientras, además de la pérdida de esa línea directa, se veían mermados otros servicios como la conexión con Málaga, que ya solo se podía realizar en autobús.

En las últimas décadas, el Estado ha parado en seco la anterior descentralización administrativa oficialmente denominada “Estado de las Autonomías” y ha intensificado la recentralización madrileña, como evidencia la progresiva e imparable concentración de sedes fiscales de grandes empresas en Madrid. Y uno de los factores de esa recentralización es el esquema radial de comunicaciones cuyo principal beneficiario histórico ha sido, once again, Madrid, en detrimento de la llamada periferia peninsular.

Con el control ejercido por la dinastía borbónica a partir del siglo XVIII se instaura un régimen centralizado y castellanizado a imagen del modelo francés, uno de cuyos aspectos es la construcción de una red radial de carreteras con cargo a la Corona (a los Presupuestos Generales del Estado de la época), a diferencia de la tradición anterior mediante la que la apertura y conservación de caminos era cometido de los municipios, que corrían con los costes en función del uso previsto (criterio económico).

Este sistema peninsular radial de comunicaciones dejó como consecuencia una Andalucía totalmente desvertebrada. Desde tiempos ancestrales los caminos y rutas del país habían sido dispuestos de forma lógica y racional, conectando los asentamientos próximos a las zonas bien irrigadas y/o con riqueza mineral o natural aprovechando la ventaja de la comunicación fluvial (Córdoba, Sevilla) y los puertos en los puntos donde la geografía ofrecía buen resguardo para el comercio, de acuerdo con las posibilidades de navegación de la época (Málaga, Cádiz, Huelva, Almería). De ello dan prueba la ruta conocida como Vía Augusta, que discurría junto al Guadalquivir buscando conectar con los Pirineos por la costa Mediterránea, o los 416 kilómetros de calzada romana que existían entre Adra y Cádiz serpenteando la costa. Obviamente, el tiempo de desplazamiento y comunicación entre las principales urbes andaluzas, factor clave para la cohesión territorial del país, fue menor al que las conectaba con el centro de la península durante siglos.

Sin embargo, la invasión castellana de Andalucía cambió drásticamente la situación y el sistema de postas que ya data del siglo XV con la dinastía de los Austrias abandonó el criterio racional de cohesión económica y funcional y estableció como prioridad del diseño el control del territorio y la articulación de los resortes del poder, desde entonces nucleado en el centro peninsular. Los Borbones profundizarían ese trazado fijando en 1720 el mapa de las actuales vías radiales (de la N-I a la N-VI); una lógica centralista desde una corte absolutista de acuerdo con la cual lo mismo daba por dónde discurrieran los ríos o dónde estuvieran los puertos. A la altura del siglo XIX Sevilla estaba más lejos de Málaga que de Madrid.

Llegó en 1980 la autonomía y con ello hubo algunos cambios positivos, de manera que la A-92 (la antigua Vía Augusta) recuperaba su entidad quinientos años más tarde equiparando en capacidad a la radial A-4 que conecta Andalucía con Madrid, lo que evidenció que, frente a la priorización de la conexión con el centro de poder peninsular pergeñada por los diseñadores centralistas, la troncal andaluza, apenas terminó su ejecución, superó en tráfico a la radial madrileña. Pero el absolutismo centralista borbónico no tardaría en ser reeditado de la mano de Rafael Arias Salgado, quien diseñó las autopistas radiales que luego tuvimos que pagar todo el mundo. Desde que el presidente español José María Aznar asentara como objetivo “una red ferroviaria de alta velocidad que, en 10 años, situará a todas las capitales de provincia a menos de cuatro horas del centro de la península”, los sucesivos ministros de Fomento han ido proclamando sentencias épicas.

Así, Magdalena Álvarez, del PSOE, declaró en 2008 que “esa es la verdadera forma de defender la unidad de España y sentirnos más españoles a través de la Alta Velocidad: coserla con hilos de acero”; y con pespunte en Madrid, claro está. Ana Pastor, por el PP, decía en 2012: “las obras del AVE van a hacernos a los españoles más iguales en oportunidades”; unos, los del centro, más iguales que los otros, claro. PSOE y PP, el mismo centralismo es.

Porque es en Madrid donde se ha decidido que confluyan todos los caminos, así como, en cuando a las clases sociales, las que gozan de rentas medias-altas y altas, usuarias recurrentes del AVE a favor de las cuales se genera una enorme redistribución regresiva de la que se han beneficiado igual y primordialmente las grandes empresas de la construcción de obra pública en un contexto de reducción de la inversión pública en educación, sanidad y otras áreas sensibles. El Ministerio de Fomento de Pastor presupuestó 4.188 millones para AVE en el año en que emitió aquellas declaraciones. En cambio, los cercanías ferroviarios, cuyo servicio es mucho más importante e insustituible, recibieron solo 28,5 millones, porque el AVE en el Estado español no responde a una política de transporte al servicio de la productividad y el bienestar, sino que es un caso paradigmático de ideología administrativa en estado puro.

Más que solidaridad lo que se ha estado haciendo es centralización, uno de los grandes impulsos que la política pública ha ofrecido a la transformación de Madrid en el País del reino de España. ¿Análisis de la demanda? ¿Alternativas disponibles? ¿Costes? ¿Efectos territoriales? ¿Efectos ambientales? El AVE no recupera la inversión, no sufraga completamente el mantenimiento de la infraestructura, no financia la mayor parte de su material móvil. Se necesitarían entre cuatro y cinco siglos (al ritmo alcanzado de contratos e importes) para compensar solo la inversión efectuada hasta ahora en el reino de España. Como dice Germá Bel, “quizás para entonces las tecnologías al uso para transporte de viajeros sean más similares a las de Star Trek”.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y a su presidente Gerardo Landaluce la finalización del paseo marítimo en Campamento. Así lo ha solicitado en una visita a las obras que ha realizado junto a la teniente del alcalde de la Bahía, Mónica Córdoba, y al concejal de Urbanismo, Alfonso Valdivia, en la que han comprobado que no se han eliminado las barreras arquitectónicas.

El alcalde ha recordado que de San Roque aporta un tercio de los ingresos de la APBA a través del pantalán de Refinería, y que San Roque tiene otras servidumbres portuarias como Crinavis, la ampliación de la dársena adjudicada a Dragados Off Shore, y los pilotes para la carga o descarga de agua potable.

Así, Ruiz Boix considera que la Autoridad Portuaria debe atender lo comprometido con el municipio, ya que hace dos años que se finalizó la primera fase del paseo marítimo en la zona de Puente Mayorga.

Recuerda el alcalde que en los 5 kilómetros que van desde Guadarranque hacia Campamento, la actividad portuaria genera molestias a los vecinos.

Las actuaciones de lo que es conocido como Puerto-ciudad “se concretan única y exclusivamente en el municipio de Algeciras, y se olvida el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, de que tiene compromiso con otros municipios, por ejemplo con el municipio de San Roque, con cinco kilómetros de litoral”.

Detalla el alcalde que “esta playa de Campamento, en el acceso por Punta Mala, no reúne las condiciones más dignas de acceso, y menos para personas con discapacidad, ya que hay una escalera muy empinada, así como los otros tres accesos que no cumplen ninguna normativa”. Así, ha solicitado a la APBA una inversión un millón de euros para finalizar este paseo marítimo.

“Exigimos -dice el alcalde- que se culmine el proyecto de paseo marítimo de toda la bahía en San Roque. Se trata de una actuación que supone menos de un kilómetro, en los que queremos paseo marítimo, iluminación y resolver esas barreras arquitectónicas que impiden la normal, comunicación, no solo de personas con discapacidad, sino de personas mayores, carros de bebé”.

El alcalde reitera que el municipio genera importantes ingresos para la entidad portuario y “no recibe absolutamente nada”. “En el año 2023 la inversión en el municipio de San Roque fue de cero euros, y en el año 2024 llegan tarde y mal para la aportación de arena en Guadarranque, que finalizará ya inmersos en el verano”.

Además, el alcalde reclama al presidente de la APBA que explique “el proyecto de Dragados que han adjudicado a espaldas del Ayuntamiento de San Roque; que nos cuente cuáles serán las actuaciones de los “Duques de Alba” (pilotes de suministro de agua potable); o que nos cuente cuál es la nueva realidad de un pantalán de Cepsa que corta la comunicación entre los vecinos de Guadarranque y Puente Mayorga por la playa”.

El Juncal acoge el inicio de los trabajos de construcción de un nuevo aparcamiento público, que se está ejecutando en un solar municipal de unos 2.600 metros cuadrados.

El proyecto, cuya inversión asciende a más de 163.000 euros, está sufragado por el Ayuntamiento de El Puerto, la Junta de Andalucía y Diputación, enmarcado dentro del PFEA (Plan de Fomento de Empleo Agrario).

• La visita del titular de Transportes se produce en la misma semana que saldrá el vuelo de Air Nostrum a Palma

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitará Córdoba el próximo lunes 1 de julio con motivo de la inauguración de la ampliación de la terminal del aeropuerto de la ciudad. Será la primera vez que Puente visite Córdoba como ministro y lo hará en la semana en la que se retoman los vuelos de compañas regulares en el aeródomo cordobés.

El ministro de Transportes estará acompañado del presidente de Aena, Maurici Lucena, así como de una amplia representación de representantes institucionales de la ciudad. Coincide la visita de Puente, además, con el regreso del vuelo de Basilea que partió este lunes 24 de junio (pero que tuvo que hacerlo desde Sevilla).

La nueva terminal

La razón principal de la visita de Óscar Puente será la plena operatividad de la nueva terminal del aeropuerto de Córdoba. Aena ha invertido 2,2 millones de euros en un nuevo edificio de 1.000 metros cuadrados, adosado a la terminal actual, y cuyas obras ha ejecutado la empresa cordobesa Sepisur XXI.

Con la obra, las salas de embarque y de recogida de equipajes disponen de más de 350 metros cuadrados cada una, mientras que el vestíbulo de salidas alcanza los 100 metros cuadrados. Se ha incorporado un nuevo mostrador de facturación (hay un total de tres) y un equipo de rayos X adicional (hay dos) en el control de seguridad, que también cuenta con dos lectoras automáticas de tarjetas de embarque y una zona para que los pasajeros puedan distribuirse en cola antes de acceder al filtro.

Desde Aena han señalado que “la ampliación da continuidad a la reforma y modernización acometida en el terminal en 2022, ante el creciente interés que se ha detectado entre las aerolíneas por operar con el destino Córdoba”. Hasta media decena de compañías han solicitado información sobre el aeropuerto y tanto Aena como las instituciones locales encargadas de la promoción turística y de negocios de Córdoba trabajan de la mano para contribuir al desembarco de nuevas conexiones aéreas.

Vuelos regulares

De esta forma, el nuevo edificio estará disponible para la llegada de los viajeros de Basilea procedentes del chárter fletado por Mapatours. Además, pocos días después, el 4 de julio, ya sí partirá desde el aeropuerto de Córdoba el primer vuelo comercial, el previsto por Air Nostrum con destino Palma de Mallorca.

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) va a acometer obras en el estadio de San Eulogio para mejorar su seguridad y que pueda ser usado para más actividades antes de arrancar la fase dos del proyecto de adecuación general, que está en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Así lo ha informado este martes la delegada de Deportes en el Ayuntamiento, Marian Aguilar, tras una convocatoria de manifestación del club Fray Albino Racing Córdoba por no poder usar las instalaciones.

Aguilar ha asegurado, sobre la protesta, que “en ningún momento hemos negado la participación y el uso, jamás se ha negado su uso a nadie” y que la prioridad de las instalaciones la tienen las entidades deportivas, “pero nunca en exclusividad”. Ahora mismo, sin embargo, “tenemos limitado el uso por la seguridad”, porque queda por acometer la segunda fase de las obras y redactar el plan de uso del propio campo. “Trabajamos con la agilidad de que sea puesta en marcha cuanto antes”, ha informado.

“La idea es que pueda usarse cuanto antes por la necesidad y la demanda”, ha expresado la concejala mientras ha informado de que se encuentran “evaluando acometer pequeñas intervenciones”. Esas pequeñas intervenciones serían antes de la fase dos del proyecto, que ahora está en la GMU para sacarlo a licitación. Por ahora, los partidos de competición federada no se pueden realizar por razones de seguridad, pero “con pequeñas intervenciones se puede utilizar para ciertas actividades limitadas”.

Los alumnos del colegio Mercedarias, por ejemplo, estuvieron allí a modo de prueba, pero solo para la asignatura de Educación Física, actividades que no requieren desplazamientos de balón de largo recorrido. La segunda fase del proyecto conlleva la intervención en el graderío y una pista multideportiva.

Marián Aguilar ha hecho un balance de su año de gestión al frente del Imdeco y ha adelantado que se ha aprobado la redacción del Plan Director, por 60.000 euros, un documento que marcará la hoja de ruta para la intervención en las instalaciones deportivas y puesta en marcha de programas. Será redactado con la participación de los órganos interlocutores de la ciudad, porque “va a ser participativo”. 

Acerca del Pabellón de la Juventud, ha vuelto a asegurar que hay “un mayor compromiso” para que pueda salir adelante, todo esto una vez que ninguna empresa se haya presentado al contrato. El Ayuntamiento tiene el reto de que el nuevo pliego salga “con mayor garantía” para ir con la ilusión de que sea adjudicado “con una probabilidad alta”.

Además, ha informado de que al próximo consejo rector del Imdeco va a ir el proyecto para la instalación deportiva de Villarrubia por 150.000 euros y mejoras incorporadas. Aguilar ha resaltado que durante el primer año de su mandato se ha conseguido agilizar la parte administrativa. Para ello, se ha aumentado la plantilla incorporando cuatro oficiales en Vista Alegre y tres auxiliares administrativos. Está prevista la incorporación de cuatro operarios más, un coordinador de instalaciones y están aprobadas las bases para un coordinador de programas. 

La responsable del Imdeco ha valorado positivamente la apertura de la primera piscina de uso preferente para personas con discapacidad en el Figueroa, la recuperación de hasta 25 espacios afectados por el temporal del año pasado, la vuelta de los Juegos Deportivos Municipales, el servicio de actividad física para mayores, con unos 1.000 participantes, y la atracción de eventos deportivos de gran magnitud, objetivo del Consistorio en este mandato. 

Para la concejala se ha “afianzando la confianza en el deporte de la ciudad”, con un organismo municipal exigente y “al servicio de los ciudadanos y de los agentes deportivos”. Aguilar está convencida de se ha recuperado “la confianza de todo el tejido del deporte” por una gestión con “agilidad y mejora de calidad, más eficaz y con el compromiso de los clubes deportivos en un permanente diálogo”.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) en Granada ha anunciado que ya han comenzado a visitar las obras del sector de la construcción, en la provincia de Granada, para velar por el cumplimiento de la jornada continuada que dio comienzo el pasado lunes, día 24 de junio, lo que afectará a unos 30.000 trabajadores en la provincia.

El Secretario General de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha destacado la obligatoriedad en el cumplimiento de las medidas para aplicar esta jornada continuada y ha señalado que tendrá una duración de 59 días naturales, hasta el próximo 18 de agosto, inclusive.

En el Camino de Ronda 183 hay en la actualidad un solar. Lo es desde que en 2022 se demolió el antiguo concesionario de BMW, lo que dio lugar a una operación urbanística de cambio de suelo para poder hacer un proyecto residencial. En concreto, el propósito es levantar una residencia de estudiantes de aproximadamente 588 habitaciones, construidas en un edificio de 6 plantas, más dos de sótano, con la creación de 158 plazas de aparcamiento y 24 para bicicletas. Para eso, el promotor y dueño del terreno (un promotor americano) ha tenido que solicitar una innovación al PGOU actual y además se acaba de firmar un convenio de planeamiento urbanístico entre el Ayuntamiento y el propietario que fija la compensación a la ciudad por el aumento del aprovechamiento urbanístico, lo que supondrá que el interesado tendrá que pagar 1 millón de euros a la ciudad.

Con esta firma se desbloquean unos trámites que esperan desde hace años, en concreto desde 2017, cuando se presentó la primera documentación, y que permitirán levantar en este punto del Camino de Ronda, entre Villarejo y el Estadio de la Juventud, un nuevo bloque residencial con un máximo de 6 alturas (las permitidas en la zona) y aparcamiento subterráneo. Además, contará con locales comerciales en el bajo.

Según el convenio, del 8 de mayo pasados, de planeamiento para actuación urbanística de dotación en parcela de Camino de Ronda 183, firmado entre el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, y el representante de la propiedad de la parcela, Casl Granada Property Owner SL, que adquirió la propiedad del suelo en diciembre de 2021. La parcela objeto del convenio está clasificada en el PGOU de 2001, que es el que está en vigor en la actualidad hasta que no se apruebe el nuevo PGOM, como suelo urbano consolidado y calificación de terciario comercial, por su anterior uso de concesionario de coches. Por esto además no especifica el número de plantas que se podían construir.  La parcela cuenta con 3.373,40 metros cuadrados.

Para llevar a cabo el proyecto de viviendas que busca la propiedad, hacía falta cambiar a la calificación de Residencial Plurifamiliar en bloque abierto, para lo que se requiere una innovación al PGOU, que establece también el número de plantas en seis como máximo a construir. Una innovación que se presentó tras el primer informe ambiental de septiembre de 2020 en el que se decía que el cambio no tenía consecuencias significativas en el medio ambiente y por tanto era viable, lo que se aprobó inicialmente por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en abril de 2023, con el anterior gobierno del PSOE en el Gobierno. El pasado marzo de este año, ya con el PP en el Gobierno, la Junta de Gobierno Local aprobó el convenio que daba vía libre definitiva a la modificación del suelo.

Tras ese paso, era necesaria la firma de este convenio para la iniciativa y tramitación de la modificación del PGOU para esa parcela, así como el cálculo y el pago de la sustitución de las cesiones de suelo correspondientes por su valor metálico, fijado en un millón de euros. Además, el Ayuntamiento se compromete en este convenio a la tramitación del mismo. La cantidad a pagar por sustitución en metálico del incremento de aprovechamiento y por cesión de los terrenos destinados a dotaciones generales y locales asciende a 1.087.387 euros, que corresponde a la sustitución en dinero de la cesión de terrenos correspondiente al 10% del incremento de aprovechamiento lucrativo, de las dotaciones locales y de los sistemas generales.

Ese dinero, según se confirmó en su día, lo invertirá el Ayuntamiento en obras municipales y sistemas generales.

Detalles del proyecto

En este proyecto, el arquitecto Fernando Vallejo Montes diseñó un edificio con planta baja y cinco alturas para albergar las instalaciones y habitaciones de la residencia. El complejo incluía también piscina y zonas comunes, según se puede ver en las infografías publicadas en sus redes sociales por el propio arquitecto, y que muestran cómo la idea era igualar la altura a las edificaciones de la calle, para lo que había que hacer el cambio en el plan urbanístico.

El inversor internacional que adquirió el suelo y solicitó la licencia de demolición lo hizo en pleno boom de la construcción de residencias de estudiantes de Granada. De hecho, esta se construirá justo enfrente de una de las cinco residencias nuevas que han llegado a Granada, la que ocupa el espacio del antiguo cuartel de Automovilismo. Muy cerca también está la que ha abierto en el antiguo Hospital de La Salud.

La Universidad de Granada ha iniciado el procedimiento para reformar una de las naves almacén del recinto de la Azucarera San Isidro. El objetivo es convertir este espacio, actualmente vacío, en un laboratorio universitario. En concreto en esta instalación se instalará el laboratorio de la Unidad de Investigación de la Madera Estructural de Andalucía (UIMA).

La nave objeto de la licitación lanzada por la UGR por un importe de algo más de 146.000 euros forma parte del recinto BIC de la Azucarera, si bien “no presenta protección propia y está fuera de catalogación”, señala la documentación preparada por la UGR. Se trata de la última nave construida en el recinto en la década de 1960. La Azucarera fue adquirida en diciembre de 2021 por la UGR para convertir este espacio en un lugar de ciencia, transferencia, sostenibilidad y cuidado del patrimonio granadino.

Las actuaciones que ahora prevé la Universidad “no afectan a elementos estructurales, ni a las fachadas y actual envolvente, no modifican la volumetría ni la edificabilidad de la Nuevo Almacén de Azúcar”. Únicamente se adecuará la instalación de la maquinaria y aparatos del laboratorio, así como arreglo y mejora de aseos y despachos para el desarrollo de las investigaciones. Anteriormente la UGR ha intervenido en la Azucarera pero únicamente para evitar que avanzara su deterioro.

El nuevo laboratorio universiyario se instalará, cuando la obra termine, en un almacén de 1.240,30 metros cuadrados de superficie construida con una altura libre interior de 7 metros. Cuenta con portones de acceso a la misma de “grandes dimensiones” tanto en su fachada Sur y Norte, disponiendo e sus laterales de ventanas de iluminación.

“Interiormente la nave es diáfana, tan solo presentando en su fachada Sur un espacio distribuido en planta baja con una superficie de 80 metros cuadrados aproximadamente destinado a las antiguas oficinas y baños de esta, con planta alta cerrada sin distribución interior a la cual se accede desde una escalera metálica de comunicación entre ambas plantas”, detalla la documentación de la licitación.

La solería es de hormigón con tratamiento superficial, las paredes están revestidas con mortero de cemento con acabado pintado en blanco, y el falso techo cuenta con placas aislantes térmicas sobre estructura metálica auxiliar de apoyo de estas.

“El estado en el que hoy se encuentra el conjunto de la edificación es en general bueno sin indicios aparentes de problemas de tipo estructural o fallo del material de cubrición, si bien presenta un estado de abundante suciedad consecuencia del no uso de la misma durante un largo periodo de tiempo, así como rotura generalizada del acristalamiento de las carpinterías metálicas de la nave consecuencia de actos vandálicos contra este”, prosigue el documento.

En cuanto a la obra quien se haga con el contrato acometerá la limpieza general del pavimento de la nave con “reparación de aquellas fisuras y/o grietas que presente este”. Se revestirán los pilares metálicos a modo de protección mediante trasdosado auto portante de cartón-yeso, se arreglarán desperfectos y se pintará. Se repasarán los interiores existentes en planta baja, con alicatado de las parte de este desprendidas en los cuartos húmedos, así como el guarnecido y enlucido de las nuevas divisiones cerámicas para su acabado mediante pintura plástica blanca.

Además, la memoria descriptiva señala que se acristalarán las carpinterías metálicas existentes mediante doble acristalamiento para mejorar la eficiencia energética de la zona de oficinas.

El pasado mes de marzo la Universidad de Granada hizo público en un comunicado que ya contaba con licencia municipal para esta obra que, según el comunicado remitido entonces, eran las “primeras” en la Azucarera de San Isidro. El plazo de ejecución, una vez que se adjudique la licitación, es de tres meses.