• Pese a ser la vía preferente para los desplazamientos en España, la inversión para su mantenimiento apenas alcanza el 50% de los recursos necesarios

El coche continúa siendo imbatible como medio de transporte favorito de los españoles para desplazarse. También en las vacaciones de verano, cuya operación salida ha arrancado este pasado fin de semana en su primera fase. De hecho, este periodo vacacional, los desplazamientos por carretera se van a incrementar en once puntos, hasta el 92%, según el sondeo que hace todos los años por estas fechas coches.net, el marketplace de movilidad. Pero en contraste con el crecimiento de los viajes por carretera, la inversión para el mantenimiento de estas vías no avanza lo necesario y el déficit de conservación se agrava año a año.

Según los cálculos realizados por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), para el correcto funcionamiento del sistema de transporte por carretera y la seguridad de los usuarios es preciso destinar 1.610 millones de euros al año a la conservación de las vías del Estado, incluidos los 1.000 kilómetros de autopistas de peaje revertidas al Estado. Adicionalmente, sería deseable según Acex invertir otros 1.628 millones de euros a la red autonómica y 694 millones en las diputaciones provinciales. En total, la inversión sumaría 3.932 millones de euros.

Frente a estas necesidades, y como pone de manifiesto Julián Núñez, presidente de la patronal de grandes constructoras y compañías concesionarias (Seopan), las inversiones reales apenas alcanzan los 2.000 millones de euros. En el caso de las carreteras estatales, los fondos han quedado congelados en algo más de 1.500 millones de euros dado que los Presupuestos Generales del Estado han sido prorrogados.

Consecuencia de esta diferencia entre las necesidades de la red y las inversiones que se hacen en la misma en mantenimiento es que, cada año que pasa,«el déficit se incrementa en unos 2.100 millones», según advierte Nuñez.

«La conservación es una de las grandes asignaturas pendientes de las carreteras españolas», corrobora Juan Francisco Lazcano, presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC).

Esta organización realiza periódicamente un informe sobre el estado de conservación de la red de carreteras española. Actualmente, se encuentra recopilando datos para la confección de un nuevo análisis. El último, que data del año 2022, estima que sería necesario invertir casi 10.000 millones de euros para poner a punto las carreteras españolas. 3.261 millones de euros serían precisos para adecuar la red que gestiona el Estado, y cuya longitud es de 26.400 kilómetros. Para las carreteras autonómicas y forales, que suman 75.300 kilómetros, serían necesarios otros 6.657 millones de euros más.

Las inversiones no sólo deberían tener como destino la mejora de pavimentos, que representa más del 90% de las necesidades de recursos; sino también del equipamiento viario, que comprende señales verticales, marcas viales, sistemas de contención de vehículos o balizamiento.

Asignatura pendiente

El examen de los informes de la AEC pone de relieve el declive ininterrumpido que ha ido sufriendo el estado de conservación de las carreteras españolas, como afirman desde Acex. Si en el año 2001 el mantenimiento de la red viaria aprobaba holgadamente el examen periódico de la AEC, en 2021, veinte años después, se situaba a las puertas del muy deficiente por este déficit inversor.

«Por dar un dato ilustrativo, de los 101.700 kilómetros representados en la muestra auditada por la AEC, un total de 13.000 presentaban deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento», explica Lazcano.

Para el presidente de la AEC, «el progresivo y más que evidente deterioro de las carreteras españolas está limitando el importante papel que estas infraestructuras están llamadas a desempeñar en la transición hacia una movilidad más sostenible, ecológica, digital y segura. La descarbonización del transporte, la repoblación de la España vacía, el refuerzo de la cohesión social y territorial o la reducción a la mitad del número de fallecidos por accidente de tráfico en 2030 penden de un hilo», advierte Lazcano.

Para el presidente de la AEC, igual que para Acex y Seopan, la única solución para dar la vuelta a este deterioro es invertir. Pablo Sáez, presidente de Acex, puso números hace unos días a esta inversión y afirmó que «se debería establecer legalmente un porcentaje no inferior al 1,9% del valor patrimonial para financiar la conservación de carreteras. «La inversión en conservación de carreteras debe ser sistemática y constante en el tiempo para no comprometer la movilidad de los ciudadanos, la seguridad de nuestras carreteras y la competitividad del país», afirmó Sáez.

De donde sacar esa financiación ya es harina de otro costal. Juan Francisco Lazcano considera que es necesario definir «un espacio de financiación propio, global y estable para la conservación viaria, al margen de vaivenes políticos y económicos, y en el marco de una estrategia que acelere la transformación ecológica y digital de las carreteras españolas, a fin de mejorar la competitividad, la calidad y la sostenibilidad del sistema viario».

Núñez tiene claro que ese sistema propio y estable pasa, en el caso de las vías de gran capacidad, por los peajes. «Hay un modelo para financiar esa falta de recursos públicos que es el pago por uso que funciona en toda Europa», afirma el presidente de Seopan. «No hacer nada supondrá el deterioro progresivo de nuestra red de carreteras y llegará un momento que será irreversible», advierte con rotundidad Núñez.

El directivo ha recordado en varias ocasiones que los españoles tienen que pagar por circular por las carreteras de Portugal, Francia o Italia, pero que los extranjeros no pagan al entrar a España. Además de que la mitad de los camiones que circulaban por la AP-1, ahora gratuita, son extranjeros.

El debate sobre los peajes parece por el momento aparcado en España. Aunque el Gobierno lo incluyó entre las medidas que iba a adoptar a partir de este año para recibir las ayudas europeas de los fondos Next Generation, finalmente logró eludir su implantación a cambio de promover medidas en favor de la descarbonización como el impulso del ferrocarril. En todo caso, no parece un debate muerto. Como dijo meses atrás el ministro de Transportes, Óscar Puente, en algún momento será preciso retomar el asunto de cómo financiar el mantenimiento de las vías de gran capacidad.

En la tercera planta del Ayuntamiento de Granada, en un espacio que se ha remozado y que antes se utilizaba como archivo y sala de reuniones (llegó incluso a acoger comisiones cuando el salón de plenos estaba de obras), se ha ubicado la nueva oficina redactora del Plan General de Ordenación Urbana (PGOM) de Granada, que estará dirigida por Juan José Martín Rodríguez, que ha resultado nombrado al frente de esta oficina en un procedimiento abierto al que han aspirado más de 30 candidatos.

La incorporación oficial de Martín Rodríguez se ha producido ya con su publicación en el BOP y el encuentro con la alcaldesa, Marifrán Carazo, y el equipo de Urbanismo. Su objetivo será “canalizar y unificar toda la labor que están realizando los técnicos municipales con el impulso de este nuevo equipo”.

Así, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, la puesta en marcha total de la Oficinapara la redacción de los documentos necesarios establecidos en la LISTA es inminente y va a contar con personal municipal propio, de un lado, y la contratación por parte del área de Recursos Humanos de un equipo multidisciplinar de profesionales liderado por un director general, en este caso cuya única misión es la redacción de este nuevo planeamiento para la ciudad de Granada.

Según la alcaldesa de Granada, con esto logramos “no paralizar el resto de actividades desarrolladas por la Delegación de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias en materia de planeamiento”, como son tramitaciones y redacciones de Áreas de Mejora Urbana de la ciudad, Innovaciones de nuestro PGOU, Estudios de Detalle, etc. Carazo ha reseñado que el “personal para esta oficina será contratado por el tiempo que dure el proceso de redacción del citado plan, para lo que se ha seguido un proceso selectivo, mediante un concurso de méritos, con todas las garantías legales que exige la administración pública y respetando los principios de mérito, igualdad y capacidad”.

Marifrán Carazo ha explicado que esta Oficina redactora del nuevo planeamiento de Granada estará compuesta por un equipo de 17 personas, quedando conformada por el Director General del Plan; 4 arquitectos; 2 Asesores jurídicos; 2 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; 1 Arquitecto Técnico; 1 Informático; 3 delineantes; 2 Administrativos y 1 Auxiliar Administrativo

Carazo ha adelantado que “el resto del personal previsto hasta completar la Oficina del Plan se incorporará de manera progresiva, con la previsión de que en septiembre lleguen 3 arquitectos, un asesor jurídico, un delineante y un administrativo. En caso de que se necesiten más perfiles profesionales, estos se irán incorporando de manera paulatina conforme a las necesidades del desarrollo de los trabajos y las indicaciones del director general de la Oficina.

PGOM

Carazo ha expuesto que “damos un paso más en la redacción del PGOM, un nuevo planeamiento de la ciudad que será piedra angular para construir el modelo de ciudad que queremos para el futuro, cumpliendo así con el compromiso adquirido con los granadinos durante la campaña y este primer año de gobierno”.

En este sentido, Carazo ha recordado que “queremos que el documento esté elaborado con la mayor rapidez y ser primera capital andaluza que adapte su ordenamiento urbanístico a la Ley Lista, para dotar a la ciudad de una herramienta que le permita poner en marcha un desarrollo urbanístico sostenible, de 14.200 viviendas que faciliten el crecimiento de población, con el objetivo de llegar a los 250.000 habitantes, para favorecer una Granada más verde mejore la calidad de vida de los granadinos”.

Syngenta ha anunciado hoy una nueva inversión de 9,6 millones de euros destinados a ampliar y equipar con la última tecnología sus instalaciones de I+D en El Ejido. Lo ha hecho en una reunión que han mantenido con la concejalía de urbanismo y el alcalde del Ayuntamiento de El Ejido y los responsables del centro de Syngenta en la localidad.

En palabras de José Manuel Zapata, director de los centros de investigación de Syngenta en Almería y Murcia: “Esta nueva inversión viene a revitalizar el medio rural en la provincia de Almería y a potenciar el ya reconocido liderazgo internacional de esta provincia en el desarrollo detecnologías de última generación en mejora y protección vegetal”.

La compañía anunció el pasado año la inversión en la ampliación de sus centros de I+D en Almería y Murcia por valor de 2,4millones de euros. Ahora con esta nueva apuesta de Syngenta por España la compañía se reafirma en su estrategia deacelerar la Innovación en nuevas tecnologías dirigidas a impulsar la productividad y rentabilidad sostenible del agricultor. Con esta fuerte inversiónse pretende dotar al centro de unas nuevas instalaciones que amplíen laslíneasde investigaciónexistentes.

Para ello se construirá un nuevo Centro de Innovación Vegetal. En esta nueva instalación se desarrollará nactividades de investigación en diferentes cultivos, tanto de invernadero como de aire libre. Se pretende así que este centro de I+D sea una referencia a nivel global en cultivos hortícolas de hoja, tomate, pimiento, pepino, calabacín y melón.

El anuncio ha tenido lugar en la sede del Ayuntamiento de El Ejido, allí los representantes de la empresa han compartido todos los detalles de la inversión con el alcalde, Francisco Góngora que ha señaladoque «es una magnífica noticia que una empresa de referencia internacional haya decido construir este centro de innovación en España y hacerlo concretamente en El Ejido».

Syngenta esuna de las primeras empresas en el mundo dedicadas a la obtención y mejora de variedades vegetales desde hace más de 150 años. Hoy es la organización más global del sector, con equipos de investigación que operan en más de 60 países que hacen llegar su innovación al resto del mundo.

La Junta de Andalucía ha aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Línea de la Concepción que guiará el desarrollo de la ciudad en los próximos años.

Según se indica este lunes en la resolución de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, el Ayuntamiento deberá “subsanar una serie de deficiencias” antes de proceder a su publicación en el BOJA y próxima entrada en vigor.

El documento de planificación urbanística recoge, entre otras novedades, un crecimiento del suelo residencial, con la construcción de más de 11.500 nuevas viviendas -casi la mitad serán de protección oficial-, así como herramientas para buscar una solución e integrar los suelos del asentamiento irregular de El Zabal.

Según una nota de la Junta, el nuevo PGOU “define un modelo de ciudad que pretende aprovechar la estratégica situación en la que se encuentra enclavado el municipio: entre dos mares (poniente y levante) y tres ámbitos singulares como son la Bahía de Algeciras, Gibraltar y la Costa del Sol, potenciando el desarrollo industrial y económico de La Línea desde el máximo respeto al entorno”. Así lo ha asegurado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha destacado la importancia de la aprobación de este plan general que, en su opinión, “abre un nuevo futuro para La Línea, al permitir su desarrollo económico y avanzar en iniciativas que vengan a cubrir las demandas de sus vecinos”.

La consejera de Fomento ha asegurado, además, que “es un plan que sigue las directrices que se ha marcado el Gobierno de Juanma Moreno en el desarrollo urbanístico de Andalucía”. Así, los crecimientos propuestos en este plan en suelo urbanizable son “muy contenidos”, con un desarrollo residencial ligado al anillo perimetral del núcleo urbano y el nuevo acceso norte propuesto. De las actuaciones previstas, se proyectan 11.560 nuevas viviendas, de las que 3.767 se destinan a vivienda protegida. Ello supondrá un crecimiento poblacional de 27.744 nuevos habitantes en el horizonte de ejecución del plan.

En cuanto al uso industrial y terciario, el PGOU califica suelo con dicho destino en continuidad con el polígono industrial existente y junto al nuevo acceso norte previsto. En total, se destina una superficie de 175.139 metros cuadrados de suelo urbanizable. De igual manera, se califica una superficie de 186.088 metros cuadrados de suelo a uso de espacios libres, mejorando el estándar actual y pasando de 7,4 metros cuadrados a 11,91 metros cuadrados por habitante.

Una de las principales apuestas del PGOU es la incorporación de parte de los suelos del asentamiento irregular de El Zabal, al ser compatible con el modelo urbanístico previsto. Con esta actuación, se ordenan los suelos entre el núcleo urbano principal de La Línea y la zona turística de Santa Margarita.

Igualmente, el citado plan general contempla la incorporación de aquellas agrupaciones de edificaciones irregulares con alto grado de consolidación, que cumplen con los supuestos establecidos en la legislación urbanística y en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. No obstante, quedarán excluidas aquéllas que ocupan suelos rústicos de especial protección por ser parte de dominios públicos hidráulicos o de vías pecuarias, o bien las que se ubican en suelos con riesgos de inundación. En todo caso, el PGOU no considera la incorporación de edificaciones ejecutadas con posterioridad al año 2019.

“La incorporación propuesta permite reconducir el desarrollo urbanístico del asentamiento, incluyéndose entre los deberes de los propietarios, la preceptiva reserva de suelo con destino a espacios libres y equipamientos en cumplimiento de la legislación urbanística, así como la ejecución de las infraestructuras necesarias para conectar los suelos que se incorporan a las redes públicas municipales con el objetivo de que sean suelos urbanos”, añade la nota. Así, de las actuaciones previstas en El Zabal se obtiene una superficie de 161.329 metros cuadrados para espacios libres y 40.539 metros cuadrados para equipamientos.

Por otro lado, además de reconducir el desarrollo urbanístico de estos suelos conforme a la planificación y legislación urbanística, esta propuesta permite corregir “un importante problema ambiental existente en la actualidad”, derivado de la sobreexplotación y contaminación del acuífero por las instalaciones irregulares.

Finalmente, el PGOU de La Línea recoge que los suelos colindantes al Campo de Gibraltar tendrán dos actuaciones para usos terciarios y hoteleros. El ámbito AH-6 “Santa Bárbara” y AH-7 “Centro de Negocios” en suelos de titularidad pública, correspondientes a la actual Ciudad Deportiva y Recinto Ferial respectivamente. En el primero se recoge la reordenación del equipamiento deportivo, introduciendo usos terciarios; mientras que en el segundo se contempla la implantación de un centro de negocios, con usos terciarios de oficinas y hoteleros, aprovechando la localización estratégica de estos terrenos junto a la frontera, el aeropuerto, el centro urbano y la playa.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Sur su satisfacción por este nuevo PGOU para ordenar el municipio de manera integral, desde el uso del suelo y la vivienda hasta la infraestructura pública, los espacios verdes y la movilidad. Este martes se celebrará una rueda de prensa que ahondará en el asunto con la presencia del alcalde, Juan Franco, que el pasado mes de febrero ya avanzó que supondrá “un antes y un después para la ciudad”.

106 viviendas. Esa es la cifra que en repetidas ocasiones ha lanzado el equipo de gobierno del PP respecto a la gestión de este primer año en el Ayuntamiento de Cádiz en relación a la demanda de nuevas viviendas y de rehabilitación de fincas. Una cifra que hasta ahora no era más que una traducción de voluntades, un plan de intenciones; pero que en este arranque de verano ha marcado su primera piedra de firmeza. El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras correspondientes al que será primer proyecto de construcción de viviendas de la era Bruno García como alcalde de la ciudad.

En concreto, se trata de las 53 viviendas que se levantarán en la Avenida Marconi, junto a los antiguos depósitos de tabaco. Un proyecto que cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation y que supera los 8 millones de euros de inversión.

La empresa municipal de Vivienda, Procasa, ha unido en una misma licitación la redacción del proyecto de ejecución de estas nuevas viviendas y las obras de construcción. Todo ello en un plazo de 21 meses, que es el que se marca el Ayuntamiento para tener lista esta promoción y poder entregar los pisos; plazo que se divide entre los tres primeros meses, plazo máximo para redactar el proyecto de ejecución (el básico ya ha sido realizado por los técnicos municipales) y el año y medio que tendría que durar como máximo la obra de construcción.

El precio de licitación fijado por el Ayuntamiento para este proyecto asciende hasta los 8,6 millones de euros. De este importe, 261.546,30 euros se destinarán a la redacción del proyecto de ejecución, sumando 6,3 millones el presupuesto material de la obra; cantidades a las que hay que sumar un 13% de gastos generales y otro 6% de beneficio industrial, lo que unido al IVA correspondiente eleva la factura de las nuevas viviendas de Marconi rescatadas del olvido por el actual gobierno municipal a la cifra exacta de 8.643.866,12 euros.

Con este importe, que en parte estará financiado con fondos Next Generation, se levantará un edificio de nueve plantas de altura sobre rasante. Las plantas baja y primera tendrán uso comercial; las otras siete (de la segunda a la octava) uso residencial; y la planta sótano bajo rasante se destinará al aparcamiento de vehículos. De este modo, se ofertarán 53 viviendas, locales comerciales y 55 plazas de aparcamiento para turismos y otra media docena para motos, con las correspondientes rampas de acceso de entrada y salida hacia la Avenida Marconi.

Las viviendas oscilarán entre los 58,20 y los 68,75 metros cuadrados de superficie útil; repartidas en cinco viviendas en la planta segunda (dos de ellas destinadas a personas con movilidad reducida, que tendrán tres dormitorios y terraza; otras dos con dos dormitorios y terraza; y la quinta de tres dormitorios y terraza) y ocho en las plantas tercera a octava (cuatro de ellas de dos dormitorios y otras cuatro de tres en cada planta).

En total serán 4.220,25 metros cuadrados de nuevas viviendas, a las que se suman dos locales comerciales; uno en la planta baja de 766 metros cuadrados, y otro en la primera planta con 983,20 metros cuadrados de superficie construida.

Las empresas interesadas tendrán ahora hasta el 24 de julio para presentar sus ofertas; y a partir de esa fecha, el Ayuntamiento iniciará el proceso hasta adjudicar el proyecto de ejecución y las obras para que a inicios del verano de 2026 puedan entregarse estas primeras 53 viviendas que salen a licitación con Bruno García como alcalde de la ciudad.

El resto de proyectos pendientes

Esto supone exactamente la mitad de las que ya ha prometido el gobierno del PP, que como ya ha indicado en alguna ocasión el alcalde necesitarán de cierto tiempo hasta empezar a materializar las obras y que, eso sí, cuentan ya con la financiación asegurada a raíz de las modificaciones de crédito realizadas en el último año y que tienen continuidad en los presupuestos que hace unos días fueron aprobados en su fase inicial.

Así, en próximas fechas debe salir a licitación las obras de construcción de las 25 viviendas previstas en Calderón de la Barca 19, Sagasta 77-79 y Pericón de Cádiz 3-5; o las anunciadas en los últimos meses en la calle San Juan Bautista de la Salle 2 y 17 (nueve viviendas) o en el número 22 de la calle García de Sola (otras 19).

A todas estas promociones hay que sumar las que ya están en ejecución en los Chinchorros, en Santiago 11 o en el 20 de García de Sola, esquina a la avenida de la Constitución de 1812; y a las que están a la espera de culminar en esa misma avenida esquina a Marqués de la Ensenada (destinadas por el anterior gobierno a alojamientos provisionales) o las de la calle Setenil (destinadas también a alojamiento transitorio).

• El Gobierno aprueba una subvención de 8,6 millones de euros para la instalación o ampliación de diferentes actividades productivas dentro de las ayudas por el cierre de la central de Puente Nuevo
• Una fábrica de derivados de las almendras, una planta de reciclaje de plásticos o la habilitación de un complejo turístico rural, entre los proyectos
• La Junta proyecta la creación de un centenar de empleos en el Guadiato a través del Fondo de Transición Justa

Siete proyectos empresariales de distintos sectores supondrán la inversión de 36 millones de euros de aquí a 2026 y crearán 125 nuevos empleos en el Guadiato. Reciclaje de plásticos, fabricación de derivados de pellets o la ampliación de una fábrica de embutidos son algunas de esas propuestas destinadas a impulsar el desarrollo económico de la zona en el marco de las ayudas puestas en marcha para compensar el perjuicio causado por el cierre de la central térmica de Puente Nuevo.

En el año 2020, tras medio siglo de actividad, la central de carbón de Viesgo fue clausurada dentro del proceso de cierre de las instalaciones que aún utilizaban carbón en el país, necesario para cumplir los objetivos de descarbonización comprometidos por España. Como otras zonas afectadas por la misma situación, el Alto Guadiato entró en un convenio de transición justa en el que se establecían una serie de actuaciones para contrarrestar los efectos negativos de ese cambio, a través de distintos instrumentos. Entre ellos, la concesión de subvenciones a nuevos proyectos empresariales o la ampliación de los existentes. El Instituto para la Transición Justa, el órgano del Gobierno para la gestión de estos convenios, acaba de resolver la convocatoria de ayudas y ha seleccionado esos siete proyectos, a los que concede una subvención de 8,6 millones de euros (parte de ellos de fondos europeos) en total para cubrir parte de los 36 millones de inversión prevista.

La propuesta que mejor puntuación ha obtenido en este concurso abierto a nivel estatal es Quinto Nut, una instalación para la fabricación y envasado de productos derivados de las almendras. Sus instalaciones en Espiel fueron inauguradas el pasado año y son, según la empresa, “una de las mayores de Europa para la elaboración de ingredientes como proteínas, pastas y aceites de almendra y de otros frutos secos”, con 15.000 metros cuadrados de superficie. Con un total de inversión subvencionable de dos millones de euros, ha recibido casi un 50% de ayudas estatal para la creación de 26 empleos.

También en Espiel se sitúa el proyecto que mayor subvención ha obtenido, la ampliación de la fábrica de embutidos de Los Castaños de Jabugo con una línea de deshuesado y loncheado de producto curado. Con una inversión prevista de 10,2 millones de euros, recibirá una ayuda de tres millones para una planta que creará 11 empleos.

Otra beneficiaria de Espiel es Recam Laser, dedicada al corte por láser y cuya planta del municipio se dedica al diseño y fabricación “de soluciones innovadores y de alto valor añadido relacionadas con el diseño, fabricación y montaje de todo tipo de productos, desde un pin hasta una estructura metálica o calderería pesada”. Recam ha presentado a la convocatoria la ampliación de su planta productiva, pasando de tener 225 a 245 empleados. Con una inversión total de 3,6 millones de euros, el Gobierno concederá un millón de ayuda.

Y hay un cuarto proyecto en el municipio: Agrícola Kepler prevé transformar una antigua hacienda agroganadera en un complejo turístico rural. Con una inversión de 1,7 millones, la ayuda será de 571.000 y creará cuatro empleos.

Dos empresas de Fuente Obejuna han resultado seleccionadas en la convocatoria de ayudas. Ela Aviación, dedicada al a fabricación de autogiros, solicitó la ayuda para la ampliación de una nave y la creación de un espacio destinado a museo y exposición. Con 1,4 millones de euros de inversión subvencionable, verá sufragado un 51%.

Hermanos Molinillo Guerra, por su parte, prevé la construcción de una planta de fabricación de pellets de paja, que requerirá una inversión de 1,6 millones de euros y tendrá una subvención de 529.000. Generará tres empleos.

Y finalmente, en Montalbán se encuentra el proyecto de Politer Reciclaje, la instalación y puesta en marcha de una planta de reciclaje de residuos plásticos. Un proyecto que lleva años de desarrollo y que ahora recibiría una subvención de 1,8 millones de euros para 7,7 millones de inversión, creando 41 empleos.

Zonas de transición justa

En el conjunto del país, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha adjudicado ayudas por un importe de 37,9 millones de euros a 38 proyectos empresariales generadores de empleo en zonas de transición justa. Las ayudas, otorgadas mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, permitirán canalizar una inversión total de 202,8 millones y generar más de 700 puestos de trabajo.

Las ayudas se otorgan mediante un procedimiento de concurrencia competitiva y su aceptación incluye el compromiso de los beneficiarios de crear empleo y mantenerlo un mínimo de tres años. Este compromiso, de acuerdo con los proyectos, se ha traducido en un total de 725 puestos de trabajo, de los que el 36% serán femeninos y el 21% juveniles, contribuyendo a la fijación de población en entornos rurales.

Los proyectos beneficiarios se encuentran en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia. El volumen de las ayudas otorgadas por proyecto oscila entre los tres millones y los 75.000 euros.

Las ayudas podrán ser cofinanciadas por la UE a través del Fondo de Transición Justa en algunos casos; en otros casos, contarán exclusivamente con fondos nacionales del ITJ. Se prevé lanzar una segunda convocatoria para proyectos empresariales generadores de empleo en zonas de transición justa a principios de 2025.

• Andrés Lorite visita la zona para conocer el proyecto

En los próximos días darán comienzo las obras de mejora del camino del Pamplinar en Rute. “Se trata de una actuación a través de Diputación, sobre un camino con un importante uso agrícola y también como lugar de ocio y paseo, ya que conecta con el embalse de Iznájar”, ha explicado el alcalde de Rute, David Ruiz.

Tanto el regidor ruteño, como el vicepresidente de la Diputación, Andrés Lorite, y el concejal de Obras e Infraestructuras, Rafael García, han visitado el trazado de este camino, para conocer con los técnicos las obras que se van a llevar a cabo.

Inversión

“La inversión que va a realizar Diputación es de 420.000 euros, en una obra adjudicada a la empresa lucentina Aroan, con fecha de finalización en el mes de septiembre”, ha señalado Andrés Lorite. Dicha mejora consiste en un firme de zahorra compactada y con tramos de pavimento de hormigón, allí donde la pendiente lo requiere. “Lo que mejorará la seguridad vial” de este camino, que además de su uso para la explotaciones olivareras, presenta un uso turístico por su valor paisajístico, ha añadido el vicepresidente de Diputación.

Sale a información pública la concesión de uso privativo de una parcela en el Ensanche Sur de Huelva para una residencia de mayores. Se trata de una parcela con una superficie de 4.666 metros cuadrados de dominio público con uso dotacional social, ubicada entre el Centro de Educación Infantil y Primaria Nuevo Ensanche, en la calle Practicante Juan Carbonell, y la Avenida José Luis García Palacios.

Aprobado en la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de mayo de 2024, el proyecto básico presentado por Ignacio Vivas Soler, que actúa en nombre y representación de la entidad Intercentros Ballesol S.L, los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, así como el expediente de contratación y la apertura de los trámites para su adjudicación, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación para la concesión de uso privativo de la parcela, la número 27 del Plan Parcial del Sector Ensanche Sur, para la construcción, gestión y explotación de edificio destinado a dotacional, se somete dicha documentación a información pública por plazo de veinte días hábiles.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 13,1 millones de euros las obras para reducir el ruido en la Autopista del Mediterráneo AP-7 a su paso por Marbella, una actuación que comprende la instalación de 28 pantallas acústicas con el objetivo de disminuir los niveles sonoros y beneficiar a los afectados, según ha informado este lunes la subdelegación del Gobierno en Málaga.

En concreto, ha detallado que los trabajos forman parte del Plan de Acción contra el Ruido en la fase segunda, y se llevarán a cabo en el tramo ubicado en la variante de Marbella, entre los kilómetros 175,347 y 183,459.