• Un grupo de grandes empresas solicita la suspensión cautelar del encargo que ha realizado el Ministerio de Transportes a la empresa pública Ineco
• El Gobierno vuelve a frenar la SE-40 entre Espartinas y Valencina

Las patronales del sector de la ingeniería Cíes (federación en la que se integra la andaluza Asica), Ceacop y Aseci se han unido para presentar un recurso contra el encargo del Ministerio de Transporte y MovilidadSostenible a laempresa pública Inecopara la redacción del proyecto de construcción delpuente sobre el río Guadalquivirde laronda SE-40.Las tres organizaciones empresariales representan a 200 compañías españolas de ingeniería y emplean a13.500 trabajadores.

A pesar de haber solicitado el acceso al expediente de encargo hasta en tres ocasiones (26 de agosto, el mismo día de la publicación del encargo, el 4 de septiembre y el 8 de septiembre), la Dirección General de Carreteras ha negado dicha solicitud de forma previa a la interposición del recurso, en contra de lo que dispone la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

A la espera de que el Tribunal inste al Ministerio a dar acceso al mismo, los motivos que justifican la procedencia del recurso interpuesto residen en el incumplimiento de los requisitos legales para realizar los encargos del artículo 32 de la LCSP, concretamente cuatro. De entrada, la ausencia de justificación de que el encargo, supuestamente, representa una opción más eficiente, sostenible y eficaz que la contratación pública; y la falta de concurrencia de las razones de seguridad o de urgencia que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional del encargo en lugar de la licitación. Debemos recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995.

A lo que se suma, en tercer lugar, la infracción del límite legal del 50% de la subcontratación previsto en el artículo 32.7.b) de la LCSP, por pretender subcontratar gran parte de los servicios en un porcentaje del 60,87%, sin la debida motivación de las supuestas excepciones que permitirían subcontratar por encima del tope; y, finalmente, la falta de inclusión de la metodología BIM en la redacción y supervisión de los proyectos, pese a su carácter obligatorio según el Plan BIM España.

El creciente y grave problema de los encargos a los medios propios viene de largo y, de hecho, tanto el Tribunal de Cuentas como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han sido muy críticos sobre la forma en que se viene aplicando los encargos como vía de escape de las normas que rigen la adjudicación de los contratos públicos y el enorme perjuicio que conlleva para la competencia efectiva en el mercado. Las patronales denuncian que se les están quitando trabajos que les corresponden y que su mercado se reduce sustancialmente.

En este caso, además, la actividad esencial y crítica del proyecto que se encarga a Ineco -el cálculo y el diseño del puente singular- ha sido a su vez subcontratado por esta compañía pública en su totalidad, lo que vuelve a demostrar la ineficiencia del encargo y abunda en la necesidad de una motivación reforzada del subcontrato, pues no se trata de una prestación accesoria o complementaria, sino de la prestación esencial y más importante del encargo, como es el puente.

• El Gobierno encarga a Ayesa Ingeniería y Arquitectura la redacción de un informe sobre las alternativas para solucionar los problemas de la A7 en el tramo de la Ronda Este y el Rincón de la Victoria

El Gobierno, a través de la Dirección General de Carreteras, ha adjudicado a la empresa Ayesa Ingeniería y Arquitectura la redacción del estudio en el que se deberán buscar alternativas para solucionar los problemas de embotellamientos y siniestralidad que registra la A7 en el tramo entre la Ronda Este y el Rincón de la Victoria, por donde circulan a diario entre 70.000 y 80.000 vehículos.

Los adjudicatarios tienen un plazo de 12 meses y un presupuesto de 601.446,23 euros para realizar un informe en el que se recojan las posibles soluciones en esta autovía de acceso a Málaga por el este. Entre esas soluciones, el Gobierno ya plantea la implantación de carriles BUS-VAO, la ampliación de la capacidad de la A7 o incluso la construcción de una nueva autovía de nuevo trazado que discurriría por el interior e la A7 actual “con los viales de conexión necesarios para la evacuación de tráfico desde la red actual”, tal y como ya publicó este periódico.

Todas estas opciones deberán valorarse en este estudio previo que Carreteras ha sacado a licitación. Así, se anlizarán factores económicos como coste de la inversión inicial y mantenimiento; factores funcionales, como la mejora de los nuveles de servicio, de la accidentalidad esperada o la dificultad y el plazo de construcción; factores territoriales, esto es, la compatibilidad con el planeamiento y la superficie de expropiaciones en terrenos urbanos o urbanizables, y también ambientales, incluyendo las afecciones a espacios protegidos o patrimonio cultural, entre otros.

Dos tramos a estudio

El estudio se centrará en dos tramos principales. El primero será el que comprende la Ronda Este, desde el punto kilométrico 239 al 247, un tramo de tres carriles por sentido puesto en servicio entre 1989 y 1992.

Según se recoge en el pliego del contrato, el tráfico en 2019 fue de 81.139 vehículos, con un 5% de vehículos pesados, según los datos recogidos por la estación de aforos permanente MA-375-0. Asimismo, entre 2013 y 2019 se ha registrado un incremento del tráfico del 40%, pof lo que Carreteras vaticina que la A7 pase a ser una autovía “congestionada” en los próximos años, en particular en los tramos en rampa. Asimismo, destaca la accidentalidad “elevada” en este tramo.

El segundo tramo es el del Rincón de la Victoria, entre los puntos kilométricos 247 y 260, una autovía con dos carriles por sentido, con las calzadas separadas por una mediana estricta. “El trazado es muy sinuoso, con curvas de radio reducido y limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora”, se detalla.

El tramo conocido como Variante del Rincón de la Victoria fue ejecutado en el marco del Plan General de Carreteras 1984-91, que fue puesto en servicio en 1990. Existen 4 enlaces en aproximadamente 7 km, tres de ellos con escasa capacidad y sin carriles de cambio de velocidad.

En esta vía el tráfico es “muy intenso” llegando a registrar 73.028 vehículos al día en 2019, de los que 4,3% son pesados, según la estación MA-48-2. Esta situación dibuja un nivel “deficiente, propio de una autovía al límite de su capacidad”. Por otra parte, se acumulan fuertes crecimientos de tráfico en el periodo 2013-2019: en 2013 se registraron 58.368 vehículos al día, por lo que estos 6 años se incrementó un 25 %.

Las empresas españolas sitúan la incertidumbre sobre la política económica del Gobierno, los problemas de disponibilidad de mano de obra y el aumento de los costes energéticos como sus preocupaciones principales.

Los datos son del Banco de España, que ha dado a conocer los resultados de su Encuesta de Actividad Empresarial (EBAE), un informe trimestral que radiografía la evolución y perspectivas del tejido empresarial de nuestro país.

En el tercer trimestre del año, la facturación de las empresas españolas volvió a cifras negativas después del aumento registrado en el trimestre anterior. Concretamente, el porcentaje de compañías encuestadas cuyas ventas han descendido en este período es del 29,4%, nueve puntos porcentuales más que durante los tres meses anteriores. No obstante, el retroceso es inferior a los que se registraron durante los dos años precedentes, y las tendencias para el final de año son positivas y «apuntan a una recuperación de la facturación empresarial», dice el supervisor bancario en su informe.

Aun así, las firmas que han percibido aumentos en su facturación descienden hasta el 25,4%, casi siete puntos menos que entre abril y junio. En este campo, destacan por lo negativo los datos de la agricultura y el comercio, que encadenan diez y once trimestres consecutivos de retrocesos respectivamente y, según el Banco de España, «continúan exhibiendo un comportamiento desfavorable».

También recula el empleo, siendo un 3% menos que en el trimestre anterior los encuestados que declaran haber contratado personal nuevo, un 15,5% exactamente. Otra vez, el sector agrícola vuelve a ofrecer datos especialmente negativos, 27 meses consecutivos de descensos. Como explica el Banco de España en su análisis, por sectores, el patrón observado en los datos de empleo coincide con el de los datos de facturación. Ambos mejoran en hostelería, transporte, ocio y actividades administrativas, en contraste con los malos resultados de la agricultura o los servicios inmobiliarios.

Como viene sucediendo desde octubre de 2020 -cuando la Pandemia arreciaba-, la incertidumbre para con la política económica del Gobierno se postula como uno de los principales problemas para el tejido empresarial español, aunque hay un matiz, y es que por noveno mes consecutivo se observa una ligera reducción en la incidencia de esta variable como factor negativo. Eso sí, sigue siendo la preocupación principal para la mayoría de los encuestados, un 47%.

A su vez, las ramas de actividad a las que más preocupa ‘lo político’ son la agricultura, la industria y el comercio, en las que ese factor incide en un 62%, 57% y 55% de los casos respectivamente. En lo que respecta a la preocupación por el coste de los ‘inputs’ energéticos, continúa afectando negativamente al 42% de las compañías encuestadas, dos puntos más que hace tres meses, aunque a largo plazo se observa un descenso de ese problema, empezando en el arranque de 2023.

Como se ha avanzado más arriba, el tercer factor que más preocupa a las empresas es la escasez de mano de obra, percepción que no deja de empeorar año a año. El 42,8% de los encuestados comparte ese problema (un 2% más que hace tres meses), siendo hostelería (64%) y construcción (56%) los más afectados. Según el Banco de España, estas diferencias pueden contribuir a explicar la evolución de los costes laborales desde el punto de vista sectorial, ya que las ramas en las que se observa una mayor incidencia de la falta de mano de obra tienden a coincidir con las que anticipan mayores incrementos de sus costes laborales a un año vista.

Muy a la zaga está la demanda, que es una variable limitativa de la actividad para el 18,3% de las compañías, un 4,5% más que en el trimestre anterior. En este campo, un resultado alarmante es el que ofrece la industria, donde la falta de demanda afecta negativamente al 24% de los encuestados.

Luego está la incidencia de los factores financieros, que sigue mostrando una tendencia decreciente y ya solo un 13,5% de las empresas manifiestan preocupación por esto, un 4,5% menos que hace tres meses. En el informe se destaca que este indicador está 3,5 puntos más alto que antes del inicio del ciclo de subidas de tipos de interés iniciado por el Banco Central Europeo en julio de 2022. La bajada de la preocupación por los aspectos financieros del negocio de las empresas españolas, por tanto, coincide con el cambio de política del supervisor europeo, que en junio inició el recorte en los precios del dinero.

Por sectores, la encuesta revela que donde más preocupan las condiciones financieras es en la agricultura, la construcción y el transporte, mientras que las compañías pertenecientes a las ramas de la información y la comunicación declaran tener más facilidades.

Como nota positiva, a partir de julio de 2024 se ha observado un descenso de las presiones inflacionistas, de una forma incluso más acentuada de lo que el Banco de España esperaba a inicios de año.

La proporción de los encuestados que dicen haber experimentado un incremento de los precios de sus consumos intermedios se sitúa en el 35,8%, casi doce puntos menos que hace tres meses, aunque de cara al cuarto trimestre se anticipa una ligera subida de las presiones de costes.

Correlativamente, apenas un 17,7% de las empresas declaran haber incrementado sus precios entre julio y lo que llevamos de septiembre, 7,4 puntos menos que en el segundo trimestre. A su vez, las perspectivas para el final de año apuntan a una práctica estabilidad de la incidencia de las subidas de los precios.

Cuando se pregunta a los directivos por sus perspectivas sobre la inflación a un año vista, hay mejoría, aunque muy ligera. El 59,8% de las sociedades siguen esperando subidas de costes en doce meses, apenas un punto menos que en el trimestre anterior.

No obstante, esta moderación de las previsiones de subidas de costes se concentra en las ramas del sector servicios, que venían mostrando mayores presiones inflacionistas que las empresas de la industria en los últimos dos años.

En lo que respecta a las expectativas a largo plazo de aumentos de precios de venta, también hay moderación, y también es ligera. En concreto, el porcentaje de compañías que esperan encarecer sus productos a un año vista se reduce hasta el 46,5%, 2,2 puntos menos que hace tres meses, con cifras similares tanto en la industria como en los servicios.

l parque inmobiliario es insuficiente para satisfacer la creciente demanda y es necesario obra nueva que permita equilibrar el mercado. Pero las constructoras se enfrentan a un nuevo inconveniente: la escasez de mano de obra cualificada. Falta personal y las nuevas generaciones no están interesadas en este sector.

Después de un periodo de calma precipitado por la pandemia y el incremento de los costes de producción y del precio de los materiales, el mercado inmobiliario se ha reactivado y, con él, el problema de la escasez de talento. Según un estudio de Hays, el 80 % de las inmobiliarias y las constructoras están teniendo dificultades para encontrar perfiles cualificados.

«Apenas hay perfiles especialistas en obra dispuestos a trabajar y que se sitúen entre los 25 y los 40 años», señala Miguel de la Fuente, tema manager de Hays España. «Tanto para retener y atraer el talento existente como para posicionarse como un sector atractivo para las futuras generaciones, es necesario ofrecer mejores condiciones retributivas que compensen el sacrificio de trabajar día a día en el terreno de la obra», añade.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) calcula que en España hacen falta más de 700.000 trabajadores cualificados para cumplir con las demandas de viviendas e infraestructuras asociadas a la llegada de los fondos europeos. Y eso, sin contar con el envejecimiento de las plantillas, cuya media de edad se sitúa en los 50 años.

Los jóvenes, por su parte, no muestran tampoco interés en el sector. Según datos del Observatorio Industrial de la Construcción, solo 1.678 personas terminaron estudios de Formación Profesional en el año 2022 relacionados con Edificación y Obra Civil a pesar de que las previsiones de empleo en construcción para este tipo de alumnado superan las 160.000 vacantes hasta 2030. Así, apenas el 9,2 % de los trabajadores del sector tienen menos de 29 años, porcentaje que ascendía al 25,2 % en el 2008, el año del estallido de la crisis financiera.

«Hace falta mejorar la imagen del sector. Tenemos buenas condiciones laborales, buenos horarios y buenos sueldos», señalaba recientemente el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, en una entrevista para El Debate.

«El que menos cobra gana un 30 % más del salario mínimo interprofesional. Eso no lo pueden decir en todos los sectores. Subir en las categorías profesionales además es relativamente fácil, con lo que el incremento de sueldo es bastante sensible», añadía.

No es un asunto baladí. El sector calcula que la construcción canalizará el 70 % de los fondos Next Generation y, con este panorama, la escasez de mano de obra amenaza con obstaculizar su cumplimiento. Por ello, las empresas han puesto sus ojos en la inmigración irregular y fuera de nuestras fronteras.

El SEPE, de hecho, ha autorizado por primera vez la contratación en el extranjero de electricistas, gruistas y expertos en carpintería metálica. Además, ha agilizado las contrataciones colectivas en origen con 21 países, principalmente africanos e hispanoamericanos, una medida aplaudida por la patronal que exige soluciones a medio y largo plazo.

• Esta nueva licitación para el nuevo Centro de Salud La Bajadilla de Algeciras llega después de que la concesionaria haya renunciado al contrato

En una reunión mantenida en la sede de la Consejería en Sevilla, Hernández ha recibido al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, y a la delegada territorial del ramo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, para garantizar «su compromiso» con la sanidad algecireña, ha indicado la Junta en una nota.

Este centro de Atención Primaria fue objeto de un traslado a finales de 2020, dado que no ofrecía las garantías de seguridad en el marco de la pandemia por la Covid-19 debido a sus dimensiones y arquitectura. Así, la Junta invirtió alrededor de 480.000 euros en la reforma del antiguo edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en cuya primera planta se ubican las consultas, en una superficie de más de 420 metros cuadrados.

La futura infraestructura se ubicará en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento algecireño en la antigua Huerta de Siles, y contará con una superficie de 1.800 metros cuadrados en comparación con los 400 metros cuadrados del antiguo centro, lo que le permitirá disponer de un doble circuito para adultos y Pediatría. Además, La Bajadilla albergará áreas de Cirugía Menor, Radiología, Fisioterapia y Rehabilitación.

La consejera ha asegurado «la continuidad» de las inversiones sanitarias en Algeciras, que ha sido objeto de «una especial atención» por parte del Ejecutivo andaluz «desde 2019».

En el Hospital Punta Europa de Algeciras, que se convirtió en universitario en 2022, se acometieron la reforma de los laboratorios de Microbiología (349.005,60 euros) y de Hematología (207.796,01 euros), así como reformas de la UCI Polivalente (858.643,90 euros), del Área de Obstetricia y el Bloque Quirúrgico de Partos (652.190 euros) y de la quinta planta de la Unidad de Oncohematología Clínica y Unidad de Cuidados Paliativos.

También se han acometido diversas actuaciones en el Centro de Salud Algeciras Centro por un importe cercano a 1,5 millones de euros.

Sólo este año, se ha incorporado y puesto en marcha la resonancia magnética nuclear en el hospital algecireño, lo que ha supuesto una inversión total de 1,6 millones de euros dentro del Plan Inveat.

También en 2024 han comenzado las obras de construcción de las futuras instalaciones del hospital de día oncohematológico del Punta de Europa por una inversión cercana a los dos millones, que ya tiene en funcionamiento una de sus salas, la de tratamiento.

Asimismo, ya han concluido las obras para adecuar el Servicio de Medicina Nuclear, con el fin de incorporar un avanzado equipo PET-TAC, esencial para la detección temprana de tumores. Esta adquisición tecnológica representa una inversión de 3,4 millones de euros, mientras que la remodelación del servicio alcanza los 800.000 euros.

Además, este mismo centro se encuentra inmerso en un proyecto de eficiencia energética, por importe de 15 millones de euros, en el marco del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (Pirep).

• La Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado importantes proyectos para crear infraestructuras lúdico – culturales, mejorar los servicios básicos de calles y carreteras y construir un Parque Infantil en Felix

La Diputación de Almería continúa promoviendo actuaciones en la provincia con el objetivo de seguir igualando servicios y crear oportunidades a todos los almerienses. Prueba de ello, ha sido el paquete de inversiones que se ha aprobado en la última reunión de la Junta de Gobierno, que va a cristalizar inversiones en ocho municipios de todas las comarcas por valor de 2,2 millones de euros. 

En concreto, se han aprobado siete expedientes de adjudicación de obras que van a materializar la dotación de energías renovables en instalaciones municipales, la construcción de grandes infraestructuras culturales, la adecuación de un local público, así como la mejora de calles, una carretera y la creación de un nuevo parque infantil.

El diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha puesto en valor la importancia de las inversiones provinciales para seguir acortando distancias e igualar oportunidades «entre todos los almerienses», con independencia del municipio en el que residan. «Cada semana seguimos aprobando proyectos de Planes Provinciales, actuaciones en carreteras y estamos encarando la recta final de uno de los Planes más importantes para impulsar la energía renovable en los ayuntamientos de la provincia: DUS 5000», ha explicado.

Del mismo modo, ha recordado la importancia de las inversiones provinciales: «Son esenciales para que los municipios puedan seguir mejorando sus infraestructuras y generando oportunidades y así continuar con la fijación de la población en los 103 municipios». 

Las actuaciones aprobadas en la última Junta de Gobierno son: 

–Adjudicación de las Instalaciones de Generación Eléctrica Renovable para autoconsumo en el municipio de Santa Cruz de Marchena y Santa Fe de Mondújar, a realizar por la diputación en ejecución de operaciones seleccionadas en programa DUS 5000. 72.666 €.

–Adjudicación de las Instalaciones de Generación Eléctrica Renovable para autoconsumo en el municipio de Líjar, a realizar por la diputación en ejecución de operaciones seleccionadas en programa DUS 5000. 129.591 €.

–Adjudicación Edificio Uso Polivalente en Antas. 1.238.869 €.

–Adjudicación de adecuación Local Público y ejecución Pluviales en Chirivel. 117.595 €

–Adjudicación Urbanización Calle San Juan Cantoria. 436.821 €

–Adjudicación de obra de Rehabilitación del Firme y Mejora de la CP AL3400, de la A-391 a la AL-3301: 190.233 €

–Adjudicación de Contrato de la obra Parque Infantil en  zona de aparcamiento municipal en Felix. 66.951 €. 

La depuradora de la urbanización de Atlanterra, en Tarifa, tendrá un nuevo emisario submarino para devolver al mar las aguas ya tratadas y evitar las limitaciones al baño en la playa durante el verano. La Diputación Provincial de Cádiz tiene previsto licitar en breve la redacción del proyecto para complementar la infraestructura, según ha anunciado este lunes la presidenta de la entidad provincial, Almudena Martínez.

Esta actuación es fruto del protocolo de colaboración firmado entre la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía a principios de año para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de aguas residuales en 18 núcleos de población de la provincia. Se trata, según Martínez, de un ejemplo de cogobernanza, eficiencia y responsabilidad que cuenta con la implicación de la Diputación, la Junta y el Ayuntamiento de Tarifa.

La Junta de Andalucía volverá a iniciar el trámite de licitación de la construcción del futuro centro de salud de La Bajadilla, en Algeciras después de que la empresa concesionaria haya renunciado al contrato.

El Servicio Andaluz de Salud será el encargado de tramitar nuevamente el expediente, que se adjudicó a finales de 2023 a ECSA Obra pública y civil SL, por un valor 5.277.385,06 euros, sin IVA. Sin embargo, según ha informado la Consejería de Salud, la constructora ha renunciado a este contrato, lo que obliga a licitarlo nuevamente.

El pasado mes de enero, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, anunciaba el inicio “inminente” de las obras, antes de la retirada de la concesionaria. Sin embargo, no fue hasta mayo cuando la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía publicó el anuncio de la formalización del contrato para la construcción del centro de salud, cuatro meses después del anuncio municipal. Los trabajos fueron adjudicados el 28 de noviembre de 2023 y la fecha de formalización del contrato fue el 29 de diciembre de 2023, pero la documentación no fue remitida al Diario Oficial de la Unión Europea hasta el 14 de mayo, con publicación el día 15.

Aunque desde ese momento las obras debían agilizarse y comenzar el plazo de ejecución de 18 meses, nunca arrancaron, dando pie al abandono de la constructora.

La consejera, Rocío Hernández, ha recibido en la sede de Salud en Sevilla este lunes al alcalde de Algeciras; al subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y a la delegada territorial, Eva Pajares, para informarles de la situación del proyecto y garantizar la inversión para acometer la infraestructura, según ha informado el gobierno andaluz.

Este centro de Atención Primaria fue trasladado a finales de 2020, dado que no ofrecía las garantías de seguridad en el marco de la pandemia por Covid-19, por sus dimensiones y arquitectura. La Junta invirtió alrededor de 480.000 euros en la reforma del antiguo edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en cuya primera planta se ubican las consultas, en una superficie de más de 420 metros cuadrados.

La futura infraestructura se ubicará en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la antigua Huerta de Siles y contará con una superficie de 1.800 metros cuadrados, en comparación con los 400 metros cuadrados del antiguo centro, lo que le permitirá disponer de un doble circuito para adultos y Pediatría. Asimismo, La Bajadilla albergará áreas de Cirugía Menor, Radiología, Fisioterapia y Rehabilitación.

La consejera ha asegurado la continuidad de las inversiones sanitarias en Algeciras. En el Hospital Punta Europa, que se convirtió en universitario en 2022, se acometieron la reforma de los laboratorios de Microbiología (349.005,60 euros) y de Hematología (207.796,01 euros), así como las reformas de la UCI Polivalente (858.643,90 euros), del Área de Obstetricia y el Bloque Quirúrgico de Partos (652.190 euros) y de la quinta planta de la Unidad de Oncohematología Clínica y Unidad de Cuidados Paliativos. Asimismo, se han acometido diversas actuaciones en el Centro de Salud Algeciras Centro por un importe cercano a 1,5 millones de euros.

Sólo este año, se ha incorporado y puesto en marcha la resonancia magnética nuclear en el hospital algecireño, lo que ha supuesto una inversión total de 1,6 millones de euros, dentro del Plan INVEAT. También en 2024, han comenzado las obras de construcción de las futuras instalaciones del hospital de día oncohematológico del Punta de Europa, por una inversión cercana a los dos millones, que ya tiene en funcionamiento una de sus salas, la de tratamiento.

Asimismo, ya han concluido las obras para adecuar el Servicio de Medicina Nuclear, con el fin de incorporar un avanzado equipo PET-TAC, esencial para la detección temprana de tumores. Esta adquisición tecnológica representa una inversión de 3,4 millones de euros, mientras que la remodelación del servicio alcanza los 800.000 euros. Además, este mismo centro se encuentra inmerso en un proyecto de eficiencia energética, por importe de 15 millones de euros, en el marco del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP).

El alcalde, Germán Beardo, y el teniente de alcalde de Educación, Enrique Iglesias, visitaron ayer el colegio público José Luis Poullet para explicar en detalle a la dirección del centro las obras que se van a ejecutar a lo largo de este curso académico.

Más de 100.000 euros se destinarán para mejorar las pistas deportivas, la red de saneamiento, los baños y otras pequeñas obras que el centro necesita como el arreglo del patio, para que los niños y niñas puedan jugar de forma segura y accesible.

• Se van a destinar cerca de 1,3 millones de euros en toda Andalucía

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía va a destinar cerca de 1,3 millones de euros (1.255.239 euros, con IVA incluido) a retirar amianto de 35 infraestructuras en espacios naturales. En concreto, será la provincia de Granada en la que se prevén más actuaciones, con un total de 19, seguida de Jaén, con cinco; Cádiz, con cuatro; tres en Córdoba y una en Almería, Huelva, Málaga y Sevilla.

Así figura en la licitación publicada por la Junta y consultada por Europa Press, en la que se especifica que la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) es la promotora de este proyecto que cuenta con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El contrato se divide en cuatro lotes: Almería y Granada (902.583 euros); Cádiz y Málaga (86.956 euros); Córdoba y Jaén (189.597 euros) y Córdoba, Huelva y Sevilla, con 76.102 euros.

Las infraestructuras a las que se les quitará el amianto fueron inventariadas gracias a un trabajo impulsado por la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos que permitió localizar los elementos de fibrocemento con contenido en amianto en 24 Parques Nacional y dos Nacionales de la comunidad andaluza, como es el caso de Sierra Nevada.

Por orden europea

La entrada en vigor de la Orden del 7 de diciembre de 2001 que hizo efectiva la Directiva Comunitaria 1999/77/CE, puso fin al uso de fibrocemento con fibras de amianto en la construcción en España. Su uso se prohibió en 2002 tras demostrarse que es un cancerígeno de primer nivel. Sin embargo esta prohibición dejó en un “limbo” el ya instalado y cuya vida útil ya ha terminado (como en la mayoría de los casos), que es el que puede ocasionar “graves problemas de salud”.

Por ello, siguen existiendo estructuras de años anteriores que se pueden mantener hasta el final de su vida útil, siempre que se encuentren en buen estado. La vida útil del amianto se considera de alrededor de 30 años, momento en que el fibrocemento con partículas de amianto comienza a perder sus propiedades como material. Todo el fibrocemento existente en los Espacios Naturales debe de haber superado o estar próximo a superar esa vida útil, lo que hace “aconsejable su retirada”, recoge la licitación de la Administración autonómica.

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en colaboración y a petición de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, realizó un trabajo de campo para la toma y procesado de datos que permitió la elaboración de un informe o inventario cuyo objetivo fundamental fue detectar la existencia de elementos de fibrocemento con contenido en amianto localizados en los 24 Parques Naturales y dos Nacionales de Andalucía.