1

Sevilla: Cambia el plan de la Junta para los traslados de los juzgados de Sevilla a Palmas Altas

 

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha confirmado este miércoles el cambio de planes de la Junta de Andalucía para los traslados de los órganos judiciales de Sevilla a Palmas Altas.

Hace diez días este periódico informaba de que la Consejería había decidido frenar el traslado de los Juzgados de Primera Instancia a la Ciudad de la Justicia, previsto para los pasados meses de junio y julio. Actualmente, el Edificio A del Campus Palmas Altas alberga los cuatro juzgados de lo Mercantil y los 13 Contencioso-Administrativo. Y el cronograma de la Consejería tenía fijado para este verano la mudanza de los órganos de Primera Instancia al Edificio B, pero se ha querido recoger en las obras de adecuación de dicho edificio a sede judicial las recomendaciones y peticiones de los operadores jurídicos y funcionarios que ya están desarrollando su labor en el Edificio A para mejorar salas de vistas, despachos, salas de esperas, etc. Además, se adaptarán los edificios a los cambios estipulados en la futura Ley de eficiencia judicial.

Esto supone un freno en la adjudicación de las obras de adaptación del Edificio B, que según la Consejería se llevará a cabo antes de que acabe este año 2024. Después, una vez adjudicadas las obras, tendrá que realizarse dicho proyecto de adecuación, lo que conllevará unos meses, por lo que la mudanza de los Juzgados de Primera Instancia se realizará casi un año después de lo previsto. Hoy Nieto la ha fijado para el verano de 2025.

Esta decisión, como ha explicado el consejero, encierra un cambio en los planes de la Junta para la Ciudad de Justicia de Sevilla. Finalmente el traslado del resto de los juzgados que quedan por mudarse a la antigua sede de Abengoa se hará de manera «integral» y «en el menor tiempo posible» y no de forma progresiva, como estaba marcado cronológicamente. No obstante, los juzgados de Instancia se mudarán en el verano de 2025. A partir de ahí, el resto se hará todo de una vez.

En declaraciones a los medios antes de participar en los Encuentros Ceacop, el consejero ha explicado que la mudanza de juzgados al Edificio A –uno de los que componen el complejo judicial– ha servido para «aprender» de cara al traslado de sedes al Edificio B, donde, por ejemplo, los despachos de jueces y fiscales serán más amplios. En cualquier caso, ha abundado, la Administración autonómica mantiene sus previsiones de que la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas esté operativa en 2028.

Nieto ha recordado además que la Junta ha licitado ya por cerca de 1,9 millones de euros (1.879.491 euros concretamente) la redacción de un proyecto que sirva de base para la siguiente licitación, la de las obras de adecuación del campus de Palmas Altas, donde ya están operativos desde el 31 de octubre de 2023 toda la Jurisdicción Mercantil y, desde el 24 de noviembre del mismo año, los órganos de lo Contencioso-Administrativos. Estos órganos judiciales están ubicados en el conocido como edificio A.

En la documentación publicada por la Junta y consultada por Europa Press, la Consejería recuerda que la parcela de Palmas Altas dispone de siete edificios agrupados en dos áreas que ocupan 41.517 metros cuadrados: una al norte, con tres bloques de cuatro plantas y otro de cinco sobre rasante; y otra al sur, con tres bloques de tres plantas sobre rasante. «La adecuación del Campus Palmas Altas exige asignar usos a los siete bloques con previsión de crecimiento y conforme al modelo organizativo del servicio público de Justicia», se recoge en los pliegos.

En la actualidad, los órganos judiciales y fiscales y servicios de la Administración de Justicia de Sevilla se ubican en seis edificios situados en el área Prado-Buhaira-San Bernardo, con una superficie ocupada de 64.608 metros cuadrados, 31.196 en régimen de arrendamiento y un coste anual superior a los cinco millones de euros. Fuera de este área se hallan, además, el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal y el Archivo Territorial de Sevilla.




Cádiz: La defensa del consejero de Justicia de la colaboración público-privada que hará posible la Ciudad de la Justicia de Cádiz

 

La colaboración público-privada va a ser clave para que la Ciudad de la Justicia se haga realidad en Cádiz. El progresivo aumento presupuestario del equipamiento que acumula 20 años de retraso convertiría en tarea casi imposible el reto de que la Junta de Andalucía pudiera acometer la inversión por sí misma, con fondos propios. Y no sólo de Cádiz, sino prácticamente de cualquier proyecto vinculado a la Consejería de Justicia.

Así se desprende de las declaraciones que este miércoles ha hecho el consejero, José Antonio Nieto, que ha querido poner de relieve el escenario que abre la implicación y propuestas de empresas constructoras con los nuevos edificios que tiene que construir la administración andaluza, o con aquellos otros que necesitan una rehabilitación.




La Junta movilizará 1.500 millones para la construcción y reformas de todas las sedes judiciales de Andalucía

Un total de 1.500 millones. Es lo que movilizará la Consejería de Justicia con el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, diseñado para construir o reformar sedes en el 100% de los 85 partidos judiciales de Andalucía.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, lo ha presentado este miércoles ante CEACOP en Sevilla donde ha llamado a los empresarios de la construcción a aprovechar la «oportunidad de negocio» que supone este plan, ya que sostiene que las más de 160 actuaciones previstas generarán 18.000 empleos a tiempo completo, un retorno fiscal de casi 400 millones para la Administración Pública y una aportación al PIB andaluz de más de 1.100 millones.

El Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que «es ya una realidad», se ha diseñado en colaboración de todos los operadores jurídicos para definir las necesidades con el objetivo de que «nadie nos pueda decir que la Justicia no funciona porque las sedes están mal». Pero también recogiendo las propuestas de las empresas sobre fórmulas innovadoras para financiarlo.

En los 27 años transcurridos desde que Andalucía recibió las competencias en Justicia, sólo se han hecho 22 sedes judiciales. Un ritmo que no permite solucionar los déficits existentes, según se destaca desde la Consejería.

Las limitaciones presupuestarias han sido tradicionalmente el principal obstáculo para acometer más actuaciones. Por ello, Nieto ha puesto en valor la búsqueda de fórmulas innovadoras de financiación que por primera vez serán explotadas para desarrollar las más de 160 actuaciones de este plan entre construcciones nuevas, rehabilitaciones de edificios y reformas para mejorar la accesibilidad, la digitalización, la eficiencia energética y la ordenación de espacios para adecuar las sedes existentes a las necesidades de la Justicia del s siglo XXI.

Fondos europeos y colaboración público-privadas

Entre estas fórmulas innovadoras de financiación ha destacado que por primera vez se destinarán fondos europeos a obras en edificios judiciales, así como la colaboración con ayuntamientos y diputaciones.

Así, la Consejería ya ha suscrito nueve protocolos y convenios con entidades locales para que éstas asuman la construcción de edificios municipales a cambio de ceder su uso a la Consejería de Justicia durante 30 años cobrando un canon anual con el que no solo recuperarán la inversión, sino que obtendrán un beneficio. Con esta fórmula ya están en marcha proyectos como el de Roquetas de Mar (Almería).

La tercera vía es la colaboración público-privada, en la que Nieto ha querido centrarse ante un foro de empresarios y que ha defendido «sin complejos, desde la transparencia». Así, ha detallado que es la vía que va a permitir desbloquear grandes proyectos que llevan décadas en el cajón como las Ciudades de la Justicia de Cádiz, Jaén y Huelva mediante una fórmula poco explotada hasta ahora como la concesión de obra pública.

Durante el encuentro, Nieto ha citado otros proyectos fuera de las capitales cuyas obras ya se han adjudicado como la construcción de la nueva sede de Órgiva, en Granada, a la que concurrieron 13 empresas, o la reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera, en Córdoba.

Ciudad de la Justicia de Sevilla

En otras ha apuntado se están ultimando los proyectos de ejecución, con la previsión de iniciar las obras durante 2025, como los nuevos edificios judiciales de Algeciras (Cádiz), Huércal-Overa (Almería) y Villacarrillo (Jaén), la reforma de los juzgados de Montilla (Córdoba) o adecuación de los edificios B, C, D, E y F del campus de Palmas Altas para la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que se ha sacado a licitación de manera conjunta por 1.879.491 euros.

«El reto es que todas las obras del Plan de Infraestructuras Judiciales estén al menos iniciadas en 2030», ha afirmado el consejero, quien ha incidido en que es una oportunidad no sólo para grandes constructoras y consultoras de obra pública, sino también para medianas y pequeñas empresas.

Prueba de ello es que más de 60 empresas han concurrido a las licitaciones convocadas hasta ahora, por lo que a juicio del consejero hay interés en el sector gracias también a la estabilidad y la seguridad jurídica que ofrece Andalucía.

Para Nieto, el Plan de Infraestructuras Judiciales es un motor de impulso económico tanto por la actividad y el empleo que generará como por la contribución que supondrá para mejorar la prestación de un servicio que es «el cimiento de nuestra democracia», ya que cuanto más ágil y eficaz sea el sistema judicial mejor contribuirá al desarrollo de una Andalucía líder que atraiga proyectos e inversiones.

El presidente de CEACOP ha agradecido al consejero que haya inaugurado estos encuentros y ha puesto en valor su exposición ya que ha reconocido que las infraestructuras judiciales son grandes desconocidas para el sector. Ha coincidido con el consejero en que suponen una oportunidad y ha abogado por lograr que sean empresas andaluzas quienes desarrollen los importantes proyectos previstos para que la inversión se quede en Andalucía.