La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por más de 12 millones de euros la renovación de dos contratos de servicios de conservación de 587 kilómetros de carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla. Estos dos lotes están pensados para garantizar la vialidad de 25 carreteras de municipios de la Sierra Sur y la Sierra Morena de Sevilla.

Estos lotes forman parte de la renovación de los contratos de conservación de los más de 10.500 kilómetros de vías de titularidad autonómica iniciada a principios de año para evitar que se repitiera la situación vivida en 2019, cuando, recién llegado el Gobierno de Juanma Moreno, se encontró que la mayoría de estos contratos estaban caducados o a punto de caducar. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado el intenso trabajo realizado para que, “en apenas nueve meses, se haya afrontado la renovación del 89% de los contratos de Andalucía“, con una inversión de casi 230 millones de euros. “Hemos actuado con previsión y evitando los errores cometidos por los anteriores gobiernos”, ha asegurado Rocío Díaz.

En el caso de Sevilla, la Consejería de Fomento ha licitado por cerca de 6,8 millones (6.759.334 euros) las tareas de conservación de la zona Sureste, que abarca 272 kilómetros de carreteras, entre las que destaca parte del trazado sevillano de la autovía A-92. Además, atiende las comunicaciones viarias entre municipios de la Campiña y la Sierra Sur, como Arahal, Estepa, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna o La Puebla de Cazalla, entre otros.

También se invertirán, a través del lote de la zona Noreste de Sevilla, 5,9 millones (5.887.698 euros) para garantizar la vialidad de 314 kilómetros de 13 carreteras de la Sierra Morena, como la A-432, la A-455 o la A-436 que van desde Lora del Río, Peñaflor o Cantillana, hasta municipios más al Norte de la provincia de Sevilla como Constantina, Cazalla de la Sierra, Alanís o Las Navas de la Concepción

Los contratos que se han licitado tendrán una vigencia de tres años, más una posible prórroga de dos años más, con un incremento medio del presupuesto del 13%. Las empresas interesadas en su ejecución tienen hasta la primera semana de noviembre para presentar sus ofertas en la plataforma electrónica de la administración (Sirec).

Los nuevos contratos de conservación introducen varias mejoras. La principal novedad es la revisión ordinaria de precios, conforme a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta posibilidad, ya recogida con carácter general para los nuevos contratos de servicio, se suma a la revisión excepcional de precios de conservación realizada durante 2023, atendiendo una petición del sector, que había solicitado un incremento de las partidas que compensara la subida de los costes de los materiales.

Asimismo, se incorporan mejoras en materia laboral que favorecerán que las empresas hagan frente, con garantías, a las obligaciones salariales con el personal de los servicios de conservación. Con ello, no sólo se vela por un buen servicio de 24 horas los 365 días al año, sino también por unas condiciones dignas de la plantilla.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda afronta así la tercera fase del proceso de renovación de los contratos de conservación de carreteras. A principios de este año se licitaron los primeros 12 lotes, que ya están adjudicados y en ejecución, mientras que el pasado verano se sacaron a concurso otros 12 contratos, actualmente en fase de evaluación de las ofertas. Con todo ello, el Gobierno andaluz ha movilizado en este año 228 millones para la renovación de 32 de los 36 contratos de conservación. Los cuatro restantes se renovarán cuando se vaya aproximando la fecha de vencimiento, que se encuentra entre los años 2025 y 2027.

La red viaria andaluza es la segunda en extensión de todo el territorio nacional. A ello se añade que el porcentaje de vías de gran capacidad es muy elevado, lo que obliga a dedicar más recursos a su conservación. Las labores de conservación son vitales para asegurar que la movilidad se realice en condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, y conllevan la realización de un conjunto de intervenciones de diversa índole: reparaciones en el pavimento, limpieza y mantenimiento de elementos de drenaje, apoyo al control de maleza en márgenes y poda de medianas en autovías, mantenimiento de la señalización, y conservación y reparación de sistemas de balizamiento y defensas.

Las operaciones de conservación tienen como misión garantizar que las carreteras se encuentren en condiciones normales de vialidad y seguridad. Las empresas adjudicatarias realizarán, en primer lugar, todas las actividades y operaciones de ayuda a la vialidad, reparación de elementos dañados y ayuda a la explotación. En este apartado se incluye el mantenimiento de instalaciones generales necesarias para llevar a cabo los servicios de conservación y explotación. Asimismo, mantendrán las vías en condiciones de funcionalidad. Por último, se incluyen actuaciones en circunstancias excepcionales que hagan necesaria la intervención inmediata de los equipos.

La Diputación de Almería ha presentado esta mañana los nuevos Planes Especiales para inversión en el deporte. El presidente de la Diputación y los diputados provinciales José Antonio García y José Juan Martínez, han desvelado los detalles de estos Planes que destinarán un total de 12,5 millones a la construcción de nuevas instalaciones y mejora de las existentes para el ejercicio 2024-2027.

Esta nueva batería de Planes Especiales nace de la “apuesta firme” de la Diputación por acercar a todos los rincones de la provincia “infraestructuras de calidad” y que “todos los almerienses puedan practicar deporte y realizar actividades saludables, vivan donde vivan”. 

El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha explicado los detalles de las nuevas inversiones que se dividen en dos Planes, cada uno con dos líneas de actuación. El primero es el ‘Plan de Creación, Terminación y Mejora de Instalaciones Deportivas’. Va dirigido a los municipios de entre 1.500 y 5.000 habitantes y permitirá terminar, mejorar y construir nuevos pabellones o instalaciones cubiertas. 

El segundo de ellos, el ‘Plan de Instalaciones Deportivas y de Creación y Mejora de Senderos’ está dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Apoyo a los pequeños

García ha explicado que este Plan cuenta con una inversión de 11.125.000 € incluyendo la redacción de proyectos y dirección de obras. Este Plan tendrá dos líneas de actuación: una para la terminación y/o mejora de pabellones e instalaciones deportivas cubiertas y otra para la construcción de nuevos pabellones.  

En concreto, la Línea 1 está dirigida a los municipios más pequeños de entre 1.500 y 3.000 habitantes que precisan terminar o mejorar instalaciones deportivas cubiertas. Por otro lado, la Línea 2 del Plan está dirigida a municipios de 3.000 a 5.000 habitantes para la nueva construcción de pabellones.

La Diputación aportará 10 millones de euros (85% de la financiación total) y los ayuntamientos aportarán 1.125.000 (15%). El máximo que se podrá destinar a cada proyecto es de 2,5 millones de euros. Al igual que ocurre en los Planes Provinciales, la baja que se produzca en el proceso de adjudicación de las obras se aplicará a la aportación municipal. 

Con la puesta en marcha de estos Planes, García ha destacado que “Almería podría convertirse en la provincia con más pabellones de toda Andalucía en municipios de más de 2.000 habitantes. Asimismo, nos sentimos muy orgullosos de esta iniciativa que se convierte en el Primer Plan de Pabellones de la historia de la Diputación”.

Creación de senderos

El Plan de Instalaciones Deportivas y Senderos cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros que estarán financiados al 100% con fondos propios de la Diputación. Este Plan está dirigido a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes y tiene dos líneas de actuación:  uno para la reparación y mejora de instalaciones deportivas de todo tipo con un presupuesto de 1.000.000 €. Y otro para la creación de nuevos senderos y/o mejora de los existentes con un presupuesto de 300.000 €.

García, ha puesto de manifiesto que “es la primera vez que se consigna una línea de inversión específica para la creación y mejora de senderos. Es el inicio de un camino que seguiremos en los próximos años ya que, tal y como me comprometí en mi investidura, la puesta en valor por nuestra red de senderos será una acción de gobierno prioritaria”.

Por su parte, el diputado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos, José Juan Martínez ha detallado los plazos de ejecución que seguirán estos Planes Especiales: “Los ayuntamientos tendrán dos meses para presentar su solicitud desde la publicación de las bases. Tras la baremación por parte de los técnicos, se licitarán para su construcción (en el caso del Plan de Creación, terminación y mejora de instalaciones deportivas) o se ingresará directamente el dinero a los ayuntamientos si han optado por el Plan de Instalaciones Deportivas y Senderos”.

Para esta actuación, el diputado de Deporte, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, ha detallado la tipología de espacios deportivos que optan a su mejora a través del Plan de Instalaciones Deportivas así como el proceso que los ayuntamientos interesados deben seguir para la homologación de sus senderos y la mejora en los ya existentes que aparezcan incluidos en el Registro General de Senderos de Andalucía y de la FEDME, o que, cuenten con numeración por parte de la Federación Andaluza de Montañismo. 

El Pleno de Algeciras que se celebra este jueves incluye en su orden del día la aprobación de la propuesta de firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Administración General del Estado para mejoras en el parque del río Pícaro, nuevos contenedores de basuras y un horno crematorio. Algeciras recibirá 1,8 millones de los 7,3 que el Gobierno destina a los ocho municipios de la comarca.

Se trata de “garantizar la prestación de determinados servicios públicos de calidad” a través de una subvención del Ministerio de Hacienda, explica el Ayuntamiento en una nota de prensa en la que subraya que, “para poder proceder a la firma del convenio que permita la percepción de las cantidades económicas destinadas es indispensable el visto bueno del Pleno Municipal”.

Las tres actuaciones concretas que se llevarán a cabo a través de este convenio son: 

• 1. La rehabilitación de infraestructuras y obras de restauración hidrológica forestal en el Parque Fluvial Municipal del río Pícaro por valor de 1,2 millones de euros. La propuesta consiste en la mejora y la ampliación de sus infraestructuras, la protección de su ribera, la mejora del estado de su vegetación y la adaptación del espacio a nuevas actividades como el huerto urbano, de forma que se refuerce el componente medioambiental y social del mismo. Se trata de poner en valor el parque fluvial como ruta turística, basada en los valores ambientales y paisajísticos.
• 2. La adquisición de contenedores de carga lateral de polietileno por valor de 200.00 euros, del mismo tipo que los va a adquirir la empresa que gestiona los residuos de Campo de Gibraltar, Argcisa.
• 3. La construcción de un nuevo horno crematorio que dará servicio a toda la comarca y que reduzca sensiblemente las emisiones contaminantes, con una aportación de 600.000 euros. La implementación de este horno crematorio moderno y ecológico permitirá no solo cumplir con las regulaciones ambientales vigentes, sino también reducir significativamente las emisiones de gases contaminantes, contribuyendo así a la mejora de la calidad del aire y al bienestar de nuestra comunidad.

• El consejo de administración del Puerto de Algeciras aprueba la cuenta general de 2023 con 39 millones de beneficios
• Algeciras conecta con su Puerto con un nuevo Llano Amarillo

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha aprobado este miércoles en sesión ordinaria el Convenio que firmará en las próximas semanas con el Ayuntamiento de Algeciras para ejecutar la segunda fase del proyecto del Lago Marítimo en el Llano Amarillo. Se trata del tramo comprendido entre la zona en la que el Consistorio ha invertido casi 4 millones de euros para su reforma, recientemente inaugurado, y el conocido como Oasis, enlazando con el Acceso Central Paco de Lucía.

La APBA indica que esta probación inicial del convenio se hace necesaria porque la nueva fase, con una superficie de actuación de más de 10.000 metros cuadrados, abarca tanto terrenos portuarios como municipales. Los trabajos contemplan la urbanización de un bulevar peatonal y un carril bici perimetral que completará el anillo ciclista que bordea el Llano Amarillo. También se contemplan 94 plazas de aparcamiento en la avenida Virgen del Carmen.

A lo largo del bulevar se dispondrán dos alineaciones de arbolado de gran porte junto a las plazas de aparcamiento y arbustos de bajo porte con gran capacidad de absorción de CO2 para delimitar el carril bici. La zona también contará con pérgolas y bancos. En paralelo, la APBA trabaja en los trámites del proyecto de la urbanización de la fase 3, en el frente norte del Llano, que incluye obra marítima y requiere de un informe de compatibilidad con la Estrategia Marina del Ministerio de Transición Ecológica, documento aún pendiente.

Plan de Adaptación al Cambio Climático

Otro de los convenios aprobados por el consejo de administración ha sido el que firmará la APBA con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con el objetivo de elaborar un Plan de Adaptación al Cambio Climático de las infraestructuras portuarias de Algeciras y Tarifa, herramienta impulsada por la Oficina Española de Cambio Climático y el Marco Estratégico del sistema portuario. Se trata de un proyecto de investigación científica que se alargará durante cuatro años y permitirá identificar, monitorizar y analizar los condicionantes que participan en la evaluación de riesgos portuarios a largo plazo y elaborar medidas de adaptación.

Además, se aprobaron las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2023, que arrojan un resultado tras impuestos de 39,3 millones de euros beneficios que se aplican a fondos propios para acometer el plan de inversiones de los próximos años recogido en el plan de empresa 2025. Los ingresos de explotación ascendieron a 114,9 millones de euros, mientras que los gastos de explotación fueron de 89,6 millones.

También vio la luz verde el pliego para el ejercicio de la actividad de consignación de buques y/o mercancías y el nuevo pliego de condiciones particulares para la prestación del servicio comercial de reparaciones de buques a flote, sustituyendo ambos a las normas hasta ahora en vigor.

• Los trabajos cuentan con un presupuesto base de licitación de 11,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses

El alcalde de Chiclana, José María Román, compareció este miércoles en rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcalde, Ana González, y al delegado de Policía Local, José Vera, para anunciar la licitación de las obras del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil. Este proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 11.349.731 euros y será una realidad a lo largo del año 2026.

Tal y como desveló el regidor chiclanero, a principios del próximo año, una vez adjudicadas las obras, se iniciarán los trabajos del nuevo edificio en la actual Caseta Municipal, junto al Campo Municipal de Deportes, mientras que el plazo de ejecución será de 18 meses.

El Ayuntamiento de San Fernando ya tiene perfilada su propueta para la construcción de la piscina cubierta prevista en el solar de la avenida Constitución colindante a las dependencias de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, uno de los compromisos electorales anunciados por la alcaldesa, Patricia Cavada, en 2023.

Los detalles se han dado a conocer este miércoles en una reunión que la regidora isleña ha mantenido con los representantes del Club de Natación de San Fernando como paso previo a la remisión del expediente al órgano de contratación para proceder a licitar la redacción del proyecto “en los próximos meses”, según ha informado el gobierno municipal en una nota de prensa.

El presupuesto máximo de licitación de las obras asciende a 5,5 millones de euros, de los que 136.409,59 euros corresponden a la redacción del proyecto, que incluye el estudio geotécnico, arqueológico y ambiental. El plazo máximo de ejecución de los trabajos de redacción es de siete meses.

Así será la nueva piscina

Atendiendo a las necesidades planteadas por el Club de Natación de San Fernando, la piscina contará con un único vaso en el que se distinguirán dos zonas: una de 25 por 25 metros con diez calles de natación con una anchura de 2,5 metros. Tendrá una profundidad máxima de 2 metros y 1,8 metros en cada calle; y otra zona de 25 metros por 8 con tres calles para usar como zona de calentamiento y para la práctica de otras actividades lúdicas. La profundidad de este vaso será de 1,2 metros. Ambas zonas estarán divididas por un puente móvil de una anchura de un metro, el cual podrá desplazarse según las necesidades de uso.

La superficie útil total para la zona de piscina será de 1.225 metros cuadrados como mínimo, aunque dicho espacio podrá incrementarse según la distribución final del resto de elementos a construir.

Por otra parte, habrá una zona de vestuarios, duchas y aseos de unos 600 metros cuadrados, que incluirá femeninos y mixtos destinados exclusivamente a niños y a personas con movilidad reducida. Igualmente, se destinarán unos 400 metros cuadrados a la sala técnica de instalaciones, almacén y botiquín.

Igualmente, el pliego contempla un graderío para el público de unos 400 metros cuadrados con una capacidad para entre 200 y 300 personas.

Asimismo, la futura piscina cubierta dispondrá de una zona multiusos bajo el graderío para gimnasio, fitness y otro tipo de actividad deportiva interior.

La piscina, señala el Ayuntamiento isleño, permitirá que casi 20.000 vecinos del entorno tengan acceso a un equipamiento deportivo “de primer nivel” y se suma a las existentes en La Magdalena, en el complejo deportivo municipal de Bahía Sur y a la que existe de iniciativa privada en Compañía de María (pendiente de apertura) .

“Dada la gran demanda de la práctica de natación en la ciudad por los efectos beneficiosos que tiene para la salud, el Ayuntamiento ha entendido como una oportunidad ampliar la oferta destinada a este deporte en todas sus modalidades, tanto a nivel competitivo como de ocio para toda la población isleña”, ha señalado el gobierno local en su comunicado en el que señala que la actuación “demuestra que este está siendo el mandato de los grandes equipamientos deportivos”.

Alude así a los proyectos de los dos estadios, el de fútbol en Bahía Sur, “que está ya pendiente de firma” tras la adjudicación de las obras; y el de atletismo en Camposoto (Huerta de la Compañía), que quedó desierto y ahora se va a volver a licitar tras incrementar su presupuesto.

Reunión con el Club de Natación

Cavada se ha reunido este miércoles con representantes del Club de Natación de San Fernando “para verificar que el pliego de condiciones para la redacción del proyecto de la piscina cubierta en la avenida de la Constitución recoge todas las necesidades deportivas y técnicas planteadas en las reuniones mantenidas con anterioridad con dicha entidad”.

La reunión se ha mantenido con el presidente de la Federación Andaluza de Natación, Francisco Olmo, y el presidente del Club de Natación de San Fernando, Clemente Ruiz, quienes -según el comunicado del Ayuntamiento- “han agradecido el compromiso firme de la alcaldesa y del equipo de gobierno con la piscina”.

En los últimos meses -explica el equipo de gobierno- se han estado barajando diferentes opciones y posibilidades de piscina cubierta con el Club para determinar las condiciones que han sido finalmente recogidas en el pliego elaborado por el equipo de Urbanismo, que ha sido firmado y enviado a Contratación este mismo jueves.

“Esto supone un paso importante que permitirá que, en los próximos meses, la nueva piscina cubierta de Constitución se publique en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se inicie el procedimiento de licitación para su construcción”, afirma.

El pliego técnico -detalla- es un amplio documento muy completo que se ha elaborado tomando como referencia buenos ejemplos de otros municipios, indicaciones de los usuarios y de los clubes deportivos con todas las características técnicas y los planos de referencia para el desarrollo del proyecto final.

Según la alcaldesa, el pliego recoge que el edificio de la futura piscina cubierta debe ser concebido desde un primer momento como un espacio de ocio, deporte y reunión para el ciudadano, previendo la posibilidad de acoger a un gran número de personas ante grandes eventos deportivos que eventualmente puedan tener lugar en el mismo.

“El proyecto presta especial atención también a los accesos y el espacio libre circundante, debiendo tener en cuenta criterios de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, en la arquitectura y el espacio público”, señala el ejecutivo municipal.

El gobierno municipal recurrirá a préstamos por más de 24 millones de euros durante 2025 y 2026 así como a más de 10 millones de los remanentes de los próximos dos ejercicios para financiar 6 de sus proyectos estrella en este mandato: los dos estadios, el de de fútbol en Bahía Sur y de atletismo en Camposoto; el parque de La Magdalena, la rehabilitación de la Casa Lazaga, la piscina de la Ronda del Estero y el club náutico de Gallineras.

La propuesta de modificación del compromiso de gastos plurianuales -de la que el equipo de gobierno no ha informado- se aprobará en el pleno ordinario que la Corporación Municipal celebrará este viernes.

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha dado a conocer este jueves los detalles de la operación en una nota de prensa en la que ha lanzado la voz de alarma ante el nivel que alcanzará la deuda del Ayuntamiento de San Fernando –actualmente a cero– con esta operación.

De esta forma, para la construcción del nuevo estadio de fútbol que se levantará en Bahía Sur, el gobierno municipal recurrirá a préstamos por valor de 7.696.196,26 euros entre 2025 y 2026 y utilizará 2.846.262,86 euros del remanente de 2024. De esta forma financiará 10.542.459,12 euros de los 11.057.349,47 euros que costará esta infraestructura deportiva.

Para el otro estadio, el de atletismo previsto en los terrenos de la Huerta de la Compañía, recurrirá a préstamos por 3.033.888,20 euros y a 1.035.004,67 euros del remanente de 2025. Así, cubrirá 4.068.892,87 euros de los 4.088.173,54 euros en los que está presupuestada esta otra obra.

Otro de los proyectos que más ha dado que hablar a lo largo del último año –el del parque de La Magdalena– también se incluye en la operación. Según la propuesta de modificación del compromiso de gastos plurianuales que el gobierno local aprobará en el Pleno gracias a su mayoría, para ejecutar la obra se recurirrá a préstamos cuyo importe ascenderá a 8.377.829,29 euros (entre 2025 y 2026), a los que se añadirán otros 4.868.708,51 euros del remanente de 2025. Así se financiarán 13.246.537,80 euros de los 13.618.452,64 euros que costará llevar a cabo este proyecto.

Para afrontar la rehabilitación de la Casa Lazaga se recurrirá a 3.213.897,63 euros en préstamos para costear parte de los 4.129.763 euros que se gastarán en rehabilitar este histórico inmueble.

El listado sigue con el proyecto de la piscina de verano prevista en la Ronda del Estero. En esta ocasión -según la propuesta de gasto plurianual- se sumarán 1.131.403,45 euros con los préstamos de 2024 y 2025 y se añadirían 988.562,32 del remanente de 2025 para alcanzar 2.119.965,77 euros de los 2.200.919,28 euros que cuesta construir este equipamiento de ocio.

Y, por último, para rescatar el proyecto del Club Náutico de Gallineras se recurrirá a 603.896,63 euros en préstamos y a 679.762,58 euros del remanente de 2025. Así se llegará 1.283.659,21 euros de los 1.323.597,70 euros en los que se presupuesta esta otra actuación.

AxSí avisa: la deuda se va a disparar

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha informado con detalle de esta propuesta de modificación del gasto plurianual para advertir que el gobierno municipal de Patricia Cavada aprobará este viernes en el Pleno “endeudar al Ayuntamiento de San Fernando en más de 24 millones de euros y comprometer millones de euros de futuros remanentes cuyo importe, a día de hoy, aún se desconoce”. Y todo -ha señalado- para costear 6 proyectos que van a sumar más de 34 millones de euros.

“Cavada endeudará a las familias de San Fernando en 24.057.111,46 euros con sus oportunos intereses y se gastará 10.418.300,94 euros de remanentes de 2024 y 2025 cuyo importe aún se desconoce pero compromete ya para financiar seis proyectos que ascienden a 36.418.255,63 euros. Esta es la foto fija de la inversión prevista para este mandato que agotará cualquier otra posibilidad”, ha señalado el edil andalucista.

“Hemos querido informar con transparencia para que cada isleño saque sus propias conclusiones y considere si esto es lo responsable, si esta decisión se aleja o no de las prioridades y necesidades de las familias de La Isla. Familias sometidas a una insoportable presión fiscal que debería conllevar inversiones y servicios públicos a la altura en limpieza, mantenimiento de zonas verdes, alcantarillado, alumbrado público, viviendas y equipamientos sociales, planes de empleo, bibliotecas, etc…”, añade.

De entre los 6 proyectos estrella del gobierno, el portavoz de AxSí se ha referido especialmente a la obra de La Magdalena, que finalmente requerirá de más de 8,3 milllones de euros en préstamos y de casi 5 millones del remanente presupuestario: “Continúa el que ha sido el mayor fracaso de gestión y de fiscalización del régimen y de la historia de las inversiones públicas en la ciudad”, ha manifestado.

“Este caso es especialmente sangrante ya que estos préstamos y este remanente se destinarán a cubrir en gran parte los más de ocho millones de euros que el gobierno de Cavada perdió de los fondos europeos EDUSI que iban a costear en un principio el 80% de esta actuación. Más de ocho millones de euros que ahora saldrán de las arcas municipales y que todos los isleños e isleñas tendremos que desembolsar de nuestros bolsillos por la gestión negligente e irresponsable de un equipo de gobierno cuya incapacidad para fiscalizar cualquier gran contrato y obra es manifiesta. Este gobierno juega sabiendo que si se equivoca el pueblo isleño pagará, literalmente, los platos rotos. Y seguimos sin que nadie asuma responsabilidades políticas y dimita”, ha afirmado Romero.

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El Ayuntamiento de Monturque ha aprobado en sesión plenaria una modificación de crédito por un valor de 445.163 euros procedentes de los remanentes positivos para acometer actuaciones que deben afrontarse en el presente ejercicio 2024. Con el voto favorable del PSOE y el voto contrario del PP, el Consistorio destinará una partida de 172.000 euros a suplementar el capítulo de gasto corriente, así como un total de 273.163 euros para inversiones “que vendrán a mejorar las infraestructuras de Monturque”, ha manifestado el alcalde, Antonio Castro.

En este ámbito, destaca una aportación de 224.330 euros para una subvención que ha sido otorgada por el Consejo Superior de Deportes, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y procedente de los Fondos Europeos, que servirá para realizar una inversión de 600.000 euros en el polideportivo municipal. La intervención adecuará la pista de baloncesto dotándola de gradas para el público que asista a las competiciones, así como la reforma de los vestuarios, la mejora de la accesibilidad en el recinto y del aparcamiento bajo criterios de integración paisajística o la creación de un espacio de encuentro e información sobre otras actividades deportivas del municipio, ha explicado Castro.

Las obras de conducción para el abastecimiento de agua a la zona norte de Córdoba desde el embalse de La Colada, una actuación que fue declarada de interés de la comunidad en 2020, pese a no ser competencia de la administración andaluza al situarse en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, han dado un nuevo paso. Tras cuatro años de espera, la Junta ha adjudicado el contrato de las mismas de manera definitiva a la empresa Jícar por 9,3 millones de euros, según aparece publicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía; el importe de licitación era de 11,1 millones de euros, lo que representa un ahorro de casi dos millones de euros en el coste de las obras.

Por el momento, no hay fecha para comenzar estas actuaciones tan necesarias para las más de 80.000 personas que viven en las comarcas del Alto Guadiato y Los Pedroches, que durante todo el año pasado no pudieron beber agua del grifo. El contrato se firmará en apenas una semana para que los trabajos “puedan comenzar cuanto antes”. Así lo ha asegurado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco,en su visita este miércoles a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera en Belmez para hacer el anuncio de la adjudicación del contrato, que tuvo lugar el pasado lunes. Allí, ha reconocido que la situación que vivieron estos cordobeses a lo largo de todo el año pasado fue “injusta y para nada deseable, y que felizmente está resuelta”. En esta línea, ha incidido en que “todos los responsables públicos tenemos la obligación de procurar que no vuelva a repetirse nunca más”.

En su intervención, Fernández-Pacheco ha insistido en que “la Junta de Andalucía no tiene competencia en este territorio en materia de abastecimiento” y ha recordado que “salimos en auxilio de un importante número de andaluces que necesitaban que la Junta de Andalucía estuviera ahí”. También ha aludido al trabajo realizado por la Diputación de Córdoba durante esta crisis del agua en la zona Norte de la provincia de Córdoba.

Además, ha recordado que la actuación de la Junta de Andalucía en esta comarca “no se circunscribe única y exclusivamente a la colaboración con la Diputación para acometer esta actuación de cuatro millones de euros, sino que se replica también en otros ejemplos que, por ejemplo, en materia de depuración llevaban demasiado tiempo esperando”. Entre otros, ha citado la depuradora de Pozoblanco, que “está en marcha”,

El consejero ha destacado que la conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera “va a traer beneficios en el ámbito del consumo energético, ya que vamos a dejar de consumir combustibles fósiles para tener electricidad”. También ha subrayado que la impulsión de ese agua se va a hacer “de una manera mucho más sostenible” y “va a venir también aparejada de una mayor calidad de agua”. Otro de los beneficios que ha citado es que esta obra también “va a mejorar el caudal subiendo de esos 400 litros a los 600 litros.

“Calendario cumplido”

 Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha evidenciado que “el gran avance que supone el que hoy podamos anunciar el inicio inminente de una actuación que permitirá la conexión definitiva de La Colada y Sierra Boyera y, por ende, dar una solución de carácter estructural al problema del agua en la zona norte de la provincia”.  “El hecho de que estemos aquí para anunciar esta obra pone de manifiesto que estamos cumpliendo con el calendario que nos marcábamos, gracias a la implicación del gobierno de la Junta de Andalucía que pone sobre la mesa un proyecto y lo dota de presupuesto”, ha señalado.

A su juicio, “sería imperdonable que tuviésemos que enfrentarnos a una situación como la ya vivida y que dejó sin agua a más de 80.000 vecinos del norte de la provincia durante un año. Por lo que tenemos la obligación de aprovechar el tiempo que la lluvia caída nos ha proporcionado para seguir avanzando”. Fuentes ha insistido en el “importante papel que ha desempeñando el gobierno autonómico y su presidente, Juanma Moreno, para que el problema del agua esté presente en Europa, consiguiendo que se nombre un responsable de agua en el marco de la Comisión Europea, lo que, sin duda, revertirá, en recursos para cofinanciar infraestructuras hidraúlicas”.

El presidente de la institución provincial ha hecho referencia, además, a las cinco actuaciones que, por valor de cuatro millones de euros, permitieron volver a abrir los grifos en la zona norte: el sistema de ultrasonidos aplicado en La Colada, las obras de Cuartanero, la cubrición de depósitos de Sierra Boyera y el estudio de fugas. Por otra parte, no ha dejado escapar la oportunidad de recordar el otro desafío que tiene la zona norte: la necesidad de ampliar la capacidad energética para facilitar la llegada de nuevos proyectos empresariales y el desarrollo de las renovables.

La obra se paralizó en 2009

El embalse de La Colada se proyectó con objeto de mejorar el abastecimiento de dicha zona norte de la provincia de Córdoba, dando respuesta a una demanda social histórica de los municipios de la zona, que ha venido produciéndose desde la década de los 60.

Además, se ha contrastado que el sistema actual de abastecimiento desde la estación de tratamiento de Sierra Boyera puede presentar problemas de garantía de suministro en épocas de sequía, como las que se han sufrido en fechas pasadas y que con toda seguridad se repetirán en un futuro.

Tras la paralización de la obra de La Colada por parte de la Junta en el año 2009, el gobierno de Juanma Moreno la retoma en 2020 declarándola de interés de la Comunidad Autónoma mediante acuerdo de 16 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno. Se trata de una obra definitiva que culmina la iniciada en 2005.

En esta actuación se plantea la construcción de una toma en el embalse, una estación de bombeo con una capacidad de 600 litros por segundo y las conducciones necesarias hasta conectar con las conducciones paralizadas en 2009.

La obra ejecutada por la Confederación del Guadiana a partir de agosto de 2022 fue una actuación de emergencia y provisional, en la que se implantó una toma flotante en el embalse y un bombeo con una capacidad de 400 litros por segundo.

La conexión con Puente Nuevo

La situación de escasez severa de agua en esta comarca se mantuvo desde el verano de 2021 hasta la pasada primavera, por lo que desde la Junta de Andalucía se ha considerado “necesario” y así lo ha demandado que, al margen de la obra de La Colada para garantizar el suministro de agua de calidad en la comarca, se ejecute la obra de conexión del embalse de Puente Nuevo con el embalse de Sierra Boyera.

Esta obra ha sido reclamada a la Confederación del Guadalquivir en numerosas ocasiones. De hecho, en acta de la Comisión Permanente de Sequía del Guadalquivir, la Confederación contempló esta actuación para incluirla en el Decreto de Sequía del Guadalquivir en 2022, aunque finalmente no la incluyeron.

Además, a raíz de los problemas de calidad que surgieron en La Colada, desde la Junta de Andalucía se incluyó en el Decreto-ley 3/2023 (Tercer decreto de sequía de la Junta) una disposición adicional para promover un convenio con Diputación de Córdoba. Fruto de este convenio, la Junta de Andalucía ha financiado las obras para la adecuación de la ETAP de Sierra Boyera que ya están finalizadas.

El ambicioso plan que transformará la Granada judicial de aquí a 2030 ya ha comenzado. Y en lugar de hacerlo con el gran proyecto que la Consejería de Justicia está poniendo en marcha con la compra del edificil del Cubo a CaixaBank para convertirlo en una Ciudad de la Justicia, este ha arrancado con otro, también importante para la provincia, pero de menor envergadura: la nueva sede judicial en Órgiva, que iniciará su construcción “de manera inminente, en menos de 30 días”. De esta manera, la comarca de la Alpujarra de Granada tendrán muy pronto nueva sede judicial, después de que el proyecto haya estado parado durante 15 años.

Según ha informado este miércoles el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, las obras para la construcción de la nueva sede de Órgiva comenzarán su construcción en el próximo mes de noviembre. Nieto ha detallado que este mismo martes 22 de octubre, la Junta de Andalucía firmó el contrato con la UTE adjudicataria, formada por Soluciona Obras y Servicios y Lirola Ingeniería y Obras, para la ejecución del edificio en un plazo de 14 meses. El presupuesto total supera los 5,6 millones, incluyendo la dirección facultativa. Nieto ha defendido en Comisión parlamentaria que se están cumpliendo los plazos fijados para dotar a la localidad granadina de un edificio que unifique las dos sedes actualmente dispersas, una en propiedad y otra en alquiler, y resuelva los problemas de espacio y de accesibilidad que presentan.

Según ha informado la propia Junta, este nuevo edificio en la capital de la comarca de La Alpujarra se trata de un proyecto “prioritario” en el Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) 2023-2030 y un compromiso personal del actual Gobierno con un municipio “al que anteriores ejecutivos llevaban prometiendo una nueva sede judicial desde 2009”. De esta forma, incluso se adelanta las otras dos grandes intervenciones que contempla el plan para la provincia: la ampliación de Motril, para lo que se estiman 2,5 millones, y sobre todo la compra y habilitación del edificio del Cubo como Ciudad de la Justicia de Granada.

EL PIJ en Granada

Estos tres son los pilares fundamentales del Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) de la Junta en Granada, que está dividido en cuatro fases bianuales hasta 2030 para definir planes, impulsar proyectos, elaborar y solventar problemas de tramitación o financiación y ejecutar proyectos iniciados en fases anteriores. En todas las fases hay actuaciones previstas en la provincia, ya sea de rehabilitación como de construcción y adecuación. Aunque la que prima por encima del resto es la de la capital, que pese a que se anunció ahora hace un año todavía no está finalizada.

En la fase I hasta 2024 se recoge la “compra nueva sede” en Granada, la del Cubo, que tiene que firmarse este año. La fase II (2025-2026) recoge la “adaptación de esta nueva sede”, que será la que permita adaptar este edificio a las necesidades de los juzgados, con salas de vistas, despachos y otras necesidades específicas por unos 12 millones de euros. La fase III (2027-2028) incluye una nueva actuación en “rehabilitación de edificios históricos” y la mejora en el partido judicial de Loja de la eficiencia energética, y para la ultima fase, la IV, a desarrollar entre 2029 y 2030, se reserva el mayor número de actuaciones: mejoras de eficiencia energética en las sedes judiciales de Baza y Huéscar, ampliación del complejo judicial de Motril y renegociación y ampliación del alquiler en la sede judicial de Almuñécar.

A finales de septiembre, tal y como informó este periódico, la compra del edificio del Cubo está pendiente de los últimos flecos, que llevarán a definir los detalles de una operación que se fijará en el contrato que tendrán que firmar la Junta y CaixaBank, que aún no se ha rubricado. Entonces, la Consejería de Justicia esperaba aún los últimos informes sobre el estado del edificio para firmar el documento y convertirlo en la primera sede judicial unificada de la futura Ciudad de la Justicia granadina. Desde que antes de verano, en el mes de julio, el edificio fue desalojado por la entidad bancaria, que ha trasladado a los trabajadores que tenía allí al Serrallo, los técnicos de la Junta evalúan el estado en el que está el bien previo a la firma del contrato final de compraventa, que se ha establecido en 22,3 millones de euros pero que no está cerrado definitivamente. Unos trámites para los que el tiempo ya apremia, ya que la compra del edificio, según el cronograma del Plan de Infraestructuras Judiciales, tiene que realizarse en este año.

Según ha podido saber este periódico, además del estado en sí en que está el edificio, también entra en la ecuación final de negociación y valoración el hecho de ser una construcción singular, el valor de una obra de ‘firma’ del arquitecto Campo Baeza.

Así será la sede orgiveña

El partido judicial de Órgiva presta servicio a 24.000 vecinos de 26 municipios, muchos de ellos pequeños y con su población diseminada en núcleos principales y pedanías. Cuenta con dos juzgados mixtos repartidos en dos edificios con 360 metros cuadrados, uno propiedad de la Junta situado en la calle Fleming y otro en la calle Estación alquilado, cuyo arrendamiento supone un coste anual de 15.196,92 euros. Ambos carecen de espacio para adecuar las instalaciones a las necesidades actuales y a futuros crecimientos posibles. “En 720 metros cuadrados, que el espacio mínimo para un juzgado, tenemos dos”, ha señalado Nieto, además de tener problemas de accesibilidad debido a barreras arquitectónicas que no se pueden eliminar.

La nueva sede multiplicará el espacio disponible y se ubicará en área de expansión de la localidad y plenamente accesible, un solar de 992 metros cuadrados situado en la avenida González Robles. El edificio proyectado alcanza una superficie construida de 2.515,34 metros, repartida en plantas sótano, baja, primera y segunda. Albergará una sala de vistas, dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, las dependencias de la Fiscalía, el Servicio Común, el Registro Civil, despacho para el Juzgado de Guardia, espacio para los Colegios Profesionales, el servicio de mediación, la consulta médico-forense, área de detenidos y archivos. También incorporará una sala multiusos y sala Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas que evite a las víctimas más vulnerables tener que declarar varias veces durante el proceso judicial.

Para agilizar los trámites, se sacaron a licitación a la vez tanto la dirección facultativa de la obra, a la que se presentaron seis empresas, como la ejecución, con 13 candidatas interesadas. Finalmente, el proyecto ha sido adjudicado a la UTE formada por la empresa murciana Soluciona Obras y Servicios y la almeriense Lirola Ingeniería y Obras, con sede en El Ejido.

El consejero ha defendido que esta proyecto forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales y es un ejemplo del compromiso de la Junta de actuar en el 100% de los 85 partidos judiciales para resolver los problemas las sedes judiciales, no solo de las capitales, donde se completará la red de Ciudades de la Justicia, o grandes municipios sino también en zonas rurales como Órgiva, que da servicio a los municipios de Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bubión, Busquístar, Bérchules, Capileira, Carataunas, Cádiar, Cástaras, Cáñar, Juviles, Lanjarón, Lobras, Murtas, Nevada, Pampaneira, El Pinar, Pórtugos, Soportújar, La Tahá, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Válor.

El objetivo, según ha concluido Nieto, es que los habitantes de estos municipios cuenten con “los mismos servicios” que el resto, contribuyendo así fijar la población en comarcas rurales de interior como La Alpujarra granadina.