ADIF ha emitido este lunes, 11 de noviembre, la licitación para la redacción de los proyectos de construcción para el acondicionamiento del tramo ferroviario entre Granada y Almería, lo que supone una infraestructura relevante en el ámbito de la conectividad de la comunidad andaluza.

Dicha licitación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y ha organizado la redacción de los proyectos en cinco lotes diferenciados, asignando a cada lote un tramo específico del recorrido desde Granada hasta Almería. El recorrido pasará por las localidades granadinas de Iznalloz y Fonelas hasta alcanzar tierras almerienses con su llegada a Fiñana y Fuente Santa.

Este proyecto forma parte del plan de mejora de la red ferroviaria de España, contando así con el respaldo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

En cuanto a las empresas interesadas, el proceso se desarrollará mediante un procedimiento abierto bajo las directrices de la Directiva Europea 2014/24/EU para garantizar la transparencia y competencia en la adjudicación.

Distribución y presupuesto

La redacción de los proyectos contará con un presupuesto de licitación de hasta 22,1 millones de euros, con un importe base sin impuestos de 18,3 millones de euros. ADIF ha segmentado esta licitación en cinco lotes, lo que optimiza la ejecución de los proyectos y fomenta la participación de más empresas en el proceso, ya que cada licitador puede optar a uno o varios lotes, pese a que sólo puede adjudicarse uno.

Cada lote abarca un tramo del recorrido, comenzando por Granada-Iznalloz, seguido de Iznalloz-Fonelas, Fonelas-Fiñana, Fiñana-Fuente Santa y finalmente Fuente Santa-Almería. 

El lote Granada-Iznalloz cuenta con un valor estimado del contrato que asciende hasta los 3.065.557,63 millones de euros. El lote perteneciente al tramo Iznalloz-Fonelas se estima que alcance un valor de 4.041.156,57 millones. El siguiente tramo, que abarca Fonelas – Fiñana, partiendo así desde la provincia granadina hasta alcanzar territorio almeriense, contará con un valor estimado de 3.768.721,71 millones de euros. Fiñana- Fuente Santa es el penúltimo tramo, y el valor estimado del contrato está cifrado en 4.089.905,43 millones. Finalmente, el que corresponde al segmento Fuente Santa- Almería tiene asignado un coste estimado de 3.337.050,29 millones de euros.

Este enfoque posibilita una mayor especialización en cada sección, lo que permite acelerar los plazos de ejecución y mejorar la calidad del proyecto.

Repercusiones

La mejora de la línea que conecta Granada y Almería es una de las muchas demandas históricas existentes a nivel andaluz, y su acondicionamiento podría cambiar la movilidad entre ambas provincias, reduciendo tiempos de viaje y agilizando la circulación de mercancías.

En cuanto al impacto económico, se prevé signficativo, especialmente en sectores como el turismo y la agricultura, que dependen de una infraestructura de transporte eficiente. De esta forma, esta inversión abre nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en ambas provincias.

Criterios de adjudicación

ADIF ha introducido criterios de responsabilidad social en el proceso de adjudicación, puesto que las empresas que aspiren a este contrato deberán comprometerse a promover la inclusión laboral de personas con dificultades para acceder al mercado laboral y, de igual forma, fomentar la igualdad de género en sus equipos de trabajo.

Este enfoque responde a los objetivos de sostenibilidad y cohesión social promovidos por los fondos europeos, que buscan modernizar infraestructuras y mejorar la situación laboral en los territorios beneficiados.

Las ofertas económicas iniciarán el 22 de febrero de 2024, en un acto privado en Madrid, tras el cual se espera que ADIF adjudique definitivamente los lotes en las semanas posteriores. La duración prevista para la ejecución del proyecto es de 24 meses, por lo que granadinos y almerienses podrían ver los primeros avances de esta nueva infraestructura en 2026.

El acondicionamiento de esta infraestructura representa un avance signficativo en el desarrollo ferroviario andaluz, el cual impulsa también el Corredor Mediterráneo y fortalece las conexiones regionales con el resto del país y Europa. De esta forma, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana, se pretende consolidar una red ferroviaria sostenible y accesible para todos.

La Plataforma ‘Agua para todos, alimentos para el Mundo’, integrada por Freshuelva, la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva y la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Huelva Riega), ha vuelto a exigir a las administraciones medidas concretas y urgentes para paliar la alarmante escasez hídrica que afecta a la provincia. La Plataforma solicita respuestas firmes, tanto al Gobierno Central como a la Junta de Andalucía, que permitan la construcción de las infraestructuras hidráulicas necesarias y urgentes, máxime tras el reciente acuerdo entre España y Portugal sobre el trasvase de Bocachanza, que deja a Huelva en una posición aún más precaria.

Después del acuerdo transfronterizo, el volumen de agua disponible se ha reducido a la mitad, pasando de los 75 Hm³ anuales a menos de 40 Hm³, un recorte insostenible para el sector agrícola y para el abastecimiento de la población en la provincia. Este acuerdo, lejos de ofrecer soluciones, deja a Huelva en una situación crítica y evidencia la urgente necesidad de concluir infraestructuras esenciales, como la presa de Alcolea.

A este respecto, la Plataforma recuerda que en julio mantuvo una reunión con el secretario de Estado, quien planteó dos posibles vías para finalizar la presa de Alcolea: una, mediante el convenio de cofinanciación actual entre el Estado y la Junta de Andalucía; la otra, con la transferencia completa de la obra a la administración autonómica. Ante esta situación, la Plataforma exige a la Junta de Andalucía que avance en las negociaciones y tome decisiones con prontitud para evitar el agravamiento de la crisis hídrica. Los agricultores onubenses consideran injustificable la inacción ante una situación que ya conlleva restricciones de hasta el 25 % en los usos del agua, y que podrían incrementarse al 50 % si no se acometen medidas con urgencia.

Asimismo, la Plataforma insta al Ministerio a que clarifique de inmediato la licitación del proyecto Bocachanza II y demande compromisos específicos que garanticen un suministro de agua adecuado para una provincia que, con su gran potencial agrícola, contribuye de forma decisiva a la economía y la seguridad alimentaria nacional e internacional. Además, subraya que Huelva no puede permitirse un desarrollo sin los recursos hídricos necesarios, y hace un llamamiento tanto al Gobierno Central como a la Junta de Andalucía para que pongan en marcha un plan de acción que garantice el futuro hídrico de la provincia.

Las organizaciones agrarias reclaman que aún faltan muchas infraestructuras vitales para consolidar el sistema Huelva y asegurar el abastecimiento y la actividad económica de la provincia a medio y largo plazo, por lo que llevarán a cabo cuantas medidas reivindicativas sean necesarias para exigir que las administraciones se comprometan con el futuro de la provincia onubense.

• El presupuesto para levantar las promociones asciende a 50 millones de euros
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El Ayuntamiento de Málaga da un empujón a Distrito Z, la promoción en el ámbito de Sánchez Blanca (al sur del polígono El Viso). La Gerencia de Urbanismo va a aprobar las licencias de obras para la construcción de 503 nuevas viviendas, de las que 111 son de protección oficial, en ocho promociones y todas ellas en el ámbito de Sánchez Blanca (conocido como Distrito Z) en el distrito de la Cruz del Humilladero.

En concreto, y según informan desde el Consistorio en un comunicado, será el consejo de Urbanismo quién dé el visto bueno a estos permisos de obras en su próxima sesión, que se celebrará el jueves 14 de noviembre. El presupuesto de ejecución material de las promociones para las que se concede las licencias alcanza los 52.589.834 euros.

La primera de las promociones está compuesta por dos edificaciones de planta baja más siete y planta baja más seis y que contendrán en su conjunto 124 viviendas, 167 aparcamientos, 124 trasteros y un local comercial en la parcela G.2 de este sector, que cuenta con 3.705 metros cuadrados de superficie.

La obra, cuyo presupuesto de ejecución asciende a 14.554.973 euros, se ejecutará en dos fases. La primera comprende la construcción del bloque A con 62 viviendas, el local comercial y la planta baja y sótanos correspondientes al uso de aparcamientos y trasteros. Por su parte, la segunda, se corresponde con la edificación del otro bloque que consta de otras 62 viviendas. La promotora encargada de la construcción de estas viviendas es Aedas Homes y prevé un plazo de ejecución de 36 meses.

En cuanto a las 111 viviendas protegidas, éstas serán promovidas por Fundación Vimpyca en la parcela R-6 del sector Sánchez Blanca que cuenta con 6.028,85 m2. La edificación prevista es de planta baja más seis y contará también con 165 aparcamientos y 111 trasteros.

Según apuntan desde el Ayuntamiento, el presupuesto de ejecución material es de 9.911.067 euros y el plazo de construcción es de 36 meses.

Por otra parte, también se ha dado luz verde a la licencia para la construcción de 67 viviendas, 85 aparcamientos, 67 trasteros y dos piscinas en la parcela R-13 del mismo sector. Las obras, cuyo presupuesto asciende a 7.246.419 euros, están divididas en dos fases, de modo que en la primera se contempla la construcción de las viviendas, los aparcamientos y los trasteros y en la segunda las dos piscinas. Estas viviendas también están promovidas por Aedas Homes y tienen un plazo de ejecución de 36 meses.

Igualmente, se dará el visto bueno para la construcción de otra edificación con 31 viviendas, 38 aparcamientos, 3 locales comerciales, 31 trasteros y una piscina comunitaria promovida por Osorno Investments S.L en la parcela R-18 de este sector. El plazo de ejecución es de 36 meses y su presupuesto de ejecución asciende a 3.582.167 euros.

Esta constructora construirá otra promoción con 59 viviendas en un bloque de planta baja más cuatro, 78 aparcamientos, 59 trasteros, cuatro locales comerciales y una piscina comunitaria en la parcela R-19 con 1.517 metros cuadrados de superficie. Está promovida también por Osorno Investments S.L, tiene un plazo de ejecución de 36 meses y un presupuesto de ejecución de 6.648.384,55 euros.

La misma promotora construirá otra edificación de 30 viviendas, 38 aparcamientos, tres locales comerciales, 30 trasteros y piscina comunitaria en la parcela R-20 que tiene una superficie de 1.032 metros cuadrados. El presupuesto de ejecución material para la construcción de estas viviendas asciende a 3.503.374,94 euros y el plazo previsto es de 36 meses.

Promociones Habitat construirá en el mismo sector un edificio de 70 viviendas, 90 aparcamientos, 70 trasteros y una piscina en el suelo R-21.1 de este mismo ámbito. El plazo de ejecución solicitado asciende a 30 meses y el presupuesto de las obras que está dividida en dos fases (en la primera fase la edificación residencial y en la segunda la piscina) es de 5.729.038 euros. La parcela donde se desarrollará la promoción de planta baja más tres tiene una superficie de 3.705 metros cuadrados.

Por último, se concederá la licencia de obras para la construcción de un bloque de planta baja más uno con once viviendas y el mismo número de aparcamientos en la parcela R-24 con 3.195,28 metros cuadrados y promovido por Momentum Picasso. El presupuesto asciende a 1.414.412 euros y el plazo de ejecución a 36 meses.

La Gerencia de Urbanismo ha concedido desde el mes de enero hasta la fecha licencia de obras para la construcción de un total de 2.639 viviendas. El presupuesto de ejecución material de las obras asociadas a estas viviendas asciende a 549.565.759 euros.

Un retraso de casi un año. Las obras de restauración de las cubiertas y la fachada de la iglesia del antiguo colegio de San Hermenegildo, en la céntrica Plaza de la Concordia, no estarán terminadas hasta el 31 de julio de 2025. Los trabajos comenzaron el 1 de agosto de 2023 y contaban con un plazo de ejecución de un año. Pero quedaron suspendidas el pasado 16 de marzo, en vísperas de la Semana Santa, para la tramitación de una modificación del contrato debido a precios contradictorios. Tras ser aprobados estos cambios y autorizada la continuación de las obras el pasado 3 de octubre, la Gerencia de Urbanismo y la empresa adjudicataria, Joaquín Pérez Díez, S. L., firmaron el acta de reinicio de los trabajos que se materializó el 14 de octubre con la ampliación del vallado de obra y el reinicio de las actuaciones.

La comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobará este miércoles la liquidación definitiva del importe estimado de las indemnizaciones por la suspensión del contrato de obras del proyecto básico y de ejecución de obras de restauración de cubiertas y fachadas de la iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo que asciende a 26.641, 72 euros, tras aceptar parcialmente las reclamaciones de la empresa. Según se recoge en la resolución que se traslada a la comisión ejecutiva para su aprobación, tras diversas incidencias en ejecución de las obras, con fecha 15 de marzo de 2024, la dirección facultativa conjuntamente con el Servicio de Renovación Urbana y Conservación de la Edificación (en adelante SRV) emiten un informe por el que trasladan la orden del gerente de “variar por motivos de seguridad ajenos a la propia Gerencia de Urbanismo, la implantación de la obra, a la vista del contenido de un informe emitido con fecha 14 de marzo de 2024, por el jefe de guardia del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento”. 

El citado informe comunica la paralización completa de la obra desde el día 15 de marzo de 2024. A la vista de dicha solicitud, mediante resolución del gerente se dispone la autorización de la suspensión del contrato desde el día 15 de marzo, ordenando el levantamiento de un acta, así como la ejecución de las medidas de seguridad ordenadas por la dirección facultativa. 

Con fecha 19 de marzo, se emite informe suscrito por la dirección facultativa y el SRU, por el que solicitan una segunda modificación del contrato, “al objeto de tramitar los precios contradictorios necesarios para la ejecución de la modificación en la implantación de la obra, que garanticen la seguridad de los ciudadanos durante la Semana Santa, solicitando autorización de la continuación provisional durante su tramitación”. A la vista de dicha solicitud y previo los trámites preceptivos, se procede al inicio de la segunda modificación del contrato, otorgando el preceptivo trámite de audiencia al contratista. 

Seguidamente, con fecha 20 de marzo, la dirección facultativa y el SRU emiten un informe técnico, en el que tras justificar los precios contradictorios y su adecuación a los apartados 205.2.b y c de la Ley de Contratos del Sector Público, reiteran la necesidad de autorizar la continuación provisional de las obras, en tanto se tramita la citada modificación en los términos del artículo. 242.5 de la citada norma. 

A la vista de la citada documentación y previos los trámites preceptivos, se procede mediante la resolución del gerente de 21 de marzo, a disponer la autorización de la continuación provisional del modificado segundo, autorizando el reinicio de las obras, ordenando a la dirección facultativa su formalización mediante el levantamiento del acta. El marzo de 2024, se levanta acta de suspensión suscrita por el contratista, recogiendo en su apartado cuatro, que la misma surtirá efectos desde el día 18 de marzo de 2024, por ser el siguiente día laborable al traslado de las órdenes del gerente a la empresa contratista. 

Finalmente, con fecha 5 de abril de 2024, se emite otro informe por la dirección facultativa y el SRU por el que se solicita mantener la suspensión temporal efectiva, en tanto se redacta la documentación técnica necesaria para que por el órgano de contratación se apruebe el proyecto modificado en redacción o se autorice la continuación provisional de las obras. Posteriormente, con fecha 12 de abril, el contratista presenta un escrito en el que solicita al órgano de contratación el abono mensual de los daños y perjuicios por suspensión, identificando los que entiende procedentes.