El pleno de la Diputación ha aprobado con los votos a favor de PSOE y Con Andalucía el presupuesto de la institución para el próximo año. La cantidad destinada a las políticas inversoras y de gestión es de 456,54 millones de euros, mientras que el presupuesto consolidado es de 610 millones de euros, el mayor esfuerzo inversor de la historia de esta institución provincial.

Tras esta aprobación inicial, la definitiva será en el pleno de diciembre. Unas cuentas que tienen el apoyo de PSOE, Con Andalucía y los votos en contra de PP y Vox, con un marcado carácter de políticas sociales y de dinamización económica. El presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos ha señalado la “responsabilidad y lealtad de Con Andalucía” y ha asegurado que amboas formaciones pueden “hacer un buen trabajo conjunto, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y nosotros vamos a cumplir con el acuerdo programático que hemos suscrito. Hemos firmado acuerdos económicos y hemos firmado filosofía, para seguir adelante con voluntad inequívoca en los seis o siete asuntos principales en los que trabajaremos conjuntamente’”.

Fernández ha felicitado a técnicos y diputados provinciales que han participado en la elaboración del presupuesto. El presidente ha recordado durante su intervención en el Pleno provincial que las políticas de los municipios sevillanos “no pueden crecer si no crecen los pueblos, por eso parte de nuestros esfuerzos de las políticas supramunicipales la priorizamos en darle dinero a nuestros pueblos para que desde su autonomía puedan crecer en equilibrio”. De este modo, advirtió que estas políticas supramunicipales “son las que cosen el territorio: carreteras, residuos, energía, transporte público, bomberos, etc. Aquí es donde vamos a poner los recursos, sobre todo en las políticas de izquierda, en todo lo social”.

En esta línea, el presidente explicó que en sus visitas por los distintos municipios, alcaldes de diferentes municipios le dicen que sin la Diputación “no podrían abrir por la mañana. No me dicen sin la Junta de Andalucía no podríamos abrir por la mañana”, ironizó. Seguidamente desgranó las cosas que le faltan a Sevilla como “mejoras en los 2.000 kilómetros de carretera de titularidad de la Junta; le faltan las casi veinte depuradoras que no hace el gobierno autonómico, que sí tiene un canon de depuración para ejecutarlas, igual que que nos falta que devuelvan a los ayuntamientos el impuesto de residuos que está cobrando a los vecinos y que no sabemos qué va a hacer con él. A la provincia también le falta un complemento al programa social que ya despliega la Diputación y claro que le falta que la Junta defina qué es la VPO andaluza y que acometa un plan serio en este apartado, claro, que falta que nos atienda las demandas que le presentamos en su día en la iniciativa del ‘Sevilla de 10’ o la Patrica, con la que los sevillanos solo recibimos poco más de un euro por vecino”, afirmó. Fernández ha tirado de cierta guasa para felicitar a la diputada del PP Gloria Guillén, concejal de Hacienda en Mairena del Alcor, para decirle que es “la única de los 106 pueblos de Sevilla que ha conseguido tener una partida finalista en los presupuestos de la Junta de 120.000 euros para el museo Antonio Mairena. Le felicito por ello es usted la más lista de todos los pueblos”. El actual delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, fue alcalde de este municipio.

Inversiones de la Diputación de Málaga en Málaga capital

Es más, en contra de lo que ocurre en Sevilla, donde el Ayuntamiento no acepta ninguna intervención de la Diputación, en Málaga la capital de la Costa del Sol va a recibir 5 millones para un auditorio, dos millones y medio para las cubiertas de la catedral y 10 millones de euros para el accionariado del estadio de La Rosaleda. Todo ello inversión de la institución supramunicipal malagueña “y al PP de Sevilla eso le da igual”, recalcó Fernández.

Por otro lado, la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, ha destacado ‘la firme apuesta de la Diputación por los ayuntamientos, ya que serán 315,5 millones de euros, el 51,67% de este presupuesto, frente al 47% del presupuesto anterior, los que lleguen a las arcas municipales. Con estas cuentas, la corporación muestra a las claras su apuesta por las políticas sociales, con sanidad, cultura y deporte, que también tienen incrementos significativos’.

Enmiendas presentadas

En relación con las enmiendas del resto de grupos políticos, es reseñable que el grupo Vox ha presentado una enmienda a la totalidad, esgrimiendo su portavoz, Rafael García, que el aumento del presupuesto “es debida al incremento de los impuestos que viene practicando el gobierno de Sánchez y no se refleja en paliar las necesidades reales de los ciudadanos de la provincia. El presupuesto no contempla la gravedad de la situación, con una economía que aun no se ha recuperado del todo de la crisis de la pandemia. Las cuentas reparten las partidas de forma ideológica y las previsiones económicas que manejan no son reales”.

Por su parte, el grupo popular presentó varias enmiendas, de las cuales un buen número han sido aceptadas e incorporadas al presupuesto. Su portavoz, Martín Torres, ha señalado que se reducen las políticas sociales, “porque no hay política de vivienda en la provincia, solo en la capital, y no se aborda de manera definitiva el Virus del Nilo “con la creación de una oficina específica. En este punto, Fernández le ha respondido que este es “un problema de salud pública y la Junta de Andalucía es quien tiene competencia en materia de salud pública, ¿por qué no asume su responsabilidad y da un paso adelante y lidera y decide?”.

‘La política hídrica es nula y hemos recibido la negativa a elaborar un plan para reformar los centros educativos de la provincia, además de seguir contando con grandes carencias en bomberos. El presupuesto tiene un problema estructural, agradecemos la voluntad de escucha de la diputada, pero no se ha traducido en cambios estructurales del presupuesto”, ha concluido.

Acuerdo PSOE-Con Andalucía

Caso aparte tienen las apreciaciones que ha formulado el grupo Con Andalucía a las Cuentas para 2025, ya que dichas enmiendas, la mayoría de ellas también aceptadas, llegan acompañadas de un acuerdo programático entre dicho grupo y el del PSOE, que es el que ostenta el gobierno provincial. Acerca de ese acuerdo programático y del presupuesto, el diputado de ‘Con Andalucía’, Francisco García, ha indicado que el presupuesto es un buen trabajo de colaboración que recoge asuntos de vital importancia para la mayoría de la provincia y para los municipios que se encuentran en peor situación. Nos queda un intenso año por delante en el que desarrollaremos el presupuesto para darle los recursos necesarios a los Ayuntamientos para que puedan continuar prestando sus servicios públicos’.

Con este nuevo acuerdo entre el PSOE y Con Andalucía, las nuevas cuentas incluirán 617.527 euros para la creación del “Observatorio Provincial de la Memoria Democrática”, al objeto de que funcione ya en 2025; un “refuerzo” de la Oficina contra la Despoblación, un alza del 8,6 por ciento la financiación destinada a servicios sociales, alcanzando los 15,57 millones de euros en 2025; mejoras en vías provinciales como la SE-225 y SE-226, en el Bajo Guadalquivir, la elaboración de un estudio sobre la financiación necesaria respecto al coste real de la ayuda domiciliaria, prestada por los ayuntamientos con fondos de la Junta y el Estado; o más autonomía local en los planes de inversión que financie la Diputación el año que viene.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha resuelto los recursos de reposición formulados contra el Proyecto de Reparcelación del Ensanche Sur aprobado el pasado mes de julio y revalidado en el Pleno del mes de septiembre. De esta forma, se ratifica el documento, culminando definitivamente la tramitación administrativa y dando vía libre a su inscripción en el Registro, lo que supone activar la cuenta atrás para el inicio de las obras de urbanización.

El primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha celebrado una noticia “histórica, porque supone el último y definitivo paso para liberar de problemas administrativos un proyecto bloqueado durante más de 20 años”. Arias ha asegurado que “con la inscripción del documento en el Registro, damos a los propietarios la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para poner en marcha las inversiones y exigir al agente urbanizador el inicio de unas obras fundamentales para el desarrollo de la ciudad”.

Felipe Arias ha recordado que “por fin podemos decir que entramos en la fase de inicio de obras de un proyecto que supone ganar para la ciudad 120 hectáreas donde además de las dotaciones e infraestructuras a nivel de ciudad como la Ciudad de la Justicia, los aparcamientos subterráneos, la rehabilitación de la Antigua Estación y el Colegio Ferroviario, el nuevo Club de Tenis, el recinto Colombino o la Residencia de Mayores, se construirán 3.400 viviendas, lo que influirá en el sector inmobiliario, bajando los precios por el incremento de la oferta y se acompañará de espacios deportivos, sociales, comerciales, educativos, zonas verdes y espacios libres de calidad, todo ello al pie de la Ría para llenar de vida esta nueva Huelva cumpliendo un sueño compartido por todos los onubenses”.

Tras más de 20 años de bloqueo, el Ayuntamiento de Huelva, ha explicado Arias “tomó las riendas de la Junta de Compensación para buscar el consenso y la conformidad de los propietarios de las parcelas privadas del Ensanche Sur, hasta conseguir el apoyo unánime”.

De esta forma, “con la colaboración de todos, en una nueva alianza público-privada vamos a hacer realidad el Ensanche Sur, que supone conseguir en la práctica el acercamiento de la ciudad al mar, colocar a Huelva mirando a su ría, desde el corazón del Casco Histórico”. Felipe Arias ha insistido “en lo complicado de un proyecto, que se vio afectado directamente por la crisis económica del sector inmobiliario y después, por ocho años de parálisis, en los que no se ha movido ni un solo papel, pero que en menos de un año hemos conseguido su desbloqueo a nivel urbanístico y administrativo con la gestión de todos los documentos necesarios para activarlo”.

El Ensanche Sur, en números

• La edificabilidad de parcelas de uso comercial es de 100.000 m²
• Número máximo de viviendas en el sector 3429 unidades
• Superficie de parcela de uso comercial 141.910 m²
• Superficie de parcelas destinada a uso residencial 116.045 m²
• Edificabilidad de parcelas de uso residencial 375.000 m²
• Sistemas Generales de Equipamiento comunitario 186.604 m²
• Sistema Local de Equipamiento deportivo 27.670 m²
• Sistemas Generales de espacios libres a nivel de ciudad 287.007 m²
• Sistema Local de espacios Libres 101.956 m²
• Sistema Local de Equipamiento social 28.876 m²
• Sistemas Generales de Infraestructura 61.065 m²
• Sistema Local de equipamiento docente 55.218 m²

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la licitación por casi 26 millones de euros (en concreto, 25.950.236 euros) de las obras del tercer carril de la carretera entre Almonte y El Rocío (A-483), en la provincia de Huelva. El proyecto, que ejecuta la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y está cofinanciado con fondos europeos Feder 2021-2027, consiste en la implantación de un tercer carril reversible con uso reservado para autobuses y vehículos de alta ocupación (BUS-VAO).

Los trabajos abarcan un tramo de diez kilómetros desde el punto kilométrico 13,8 de la carretera A-483, en Almonte, hasta la glorieta existente en el acceso a El Rocío. A partir de ahí, se proyecta una vía con dos carriles por sentido en los primeros 380 metros y un tramo de transición para conectar con la variante de El Rocío. El sentido de circulación del carril reversible se determinará en función de los flujos de tráfico y se señalizará mediante paneles de mensaje variable (PMV) y balizas cilíndricas desmontables que definirán la línea de borde de circulación. Se trata de un sistema piloto de cambio de sentido que se ha diseñado específicamente para esta carretera y que se ha hecho en colaboración con el sector y con el visto bueno de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La construcción de este tercer carril lleva aparejada la imposibilidad de efectuar giros a la izquierda de manera no regulada, por lo que se controlarán todos los accesos de las propiedades colindantes mediante caminos o vías de servicio que conectan las fincas con cruces a nivel. Estas intersecciones se proyectan como cuatro nuevas glorietas, además de mantener la glorieta existente de acceso a El Rocío en el kilómetro 22,9. Asimismo, el tráfico se controlará telemáticamente mediante señalización luminosa en pórticos y calzada. La vía tendría una calzada con tres carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y dos arcenes de metro y medio.

La solución adoptada para esta carretera ha sido especialmente respetuosa con el medio ambiente dado el entorno por el que discurre. De hecho, el proyecto de tercer carril de la A-483 ha sido sometido a una tramitación ambiental preceptiva, que ha obtenido un informe favorable de carácter vinculante de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva sobre la solicitud de Autorización Ambiental Unificada. La actuación, además, casa con las líneas estratégicas del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), aprobado por el Decreto 540/2022, que contempla el desarrollo de infraestructuras sostenibles e intermodales entre las que se encuentra la construcción de plataformas reservadas de transporte público como la que se va a construir en la carretera Almonte-Matalascañas.

La carretera A-483 pertenece a la red intercomarcal de la Red Autonómica de la Red de Carreteras de Andalucía y tiene una longitud aproximada de 41 kilómetros. Su origen se encuentra en el enlace con la A-49 a la altura de Bollullos del Condado y su fin en la intersección con la carretera A-494 en Matalascañas. Los primeros 14 kilómetros de esta carretera son autovía y, a partir de este punto hasta el final, la carretera presenta dos tramos de carretera convencional y un tramo de autovía (variante de El Rocío). La intensidad media diaria es elevada presentando puntas acusadas en la época estival y durante la celebración de la romería del Rocío.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, visitó ayer el Conjunto Monumental Alcazaba de Almería, en el que están en marcha importantes obras, entre ellas la rehabilitación de la muralla sur, uno de los proyectos más esperados para la fortificación. La inversión que se está ejecutando supera los cinco millones de euros y antes de final de año se acometerá una nueva fase, que es la renovación de la red de abastecimiento, con lo que se eliminarán las filtraciones de agua que erosionan de forma graven el monumento.

Del Pozo, que estuvo acompañada por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, aseguró que los trabajos en la Muralla Sur “ya están muy avanzados y se encuentran al 80 por ciento de ejecución”. “Este tramo está delimitado por el Baluarte del Saliente al este y la Torre de la Pólvora, abarcando unos 450 metros que presenta una morfología muy heterogénea”, explicó la titular de Cultura y Deporte, aclarando que el objetivo de esta intervención es “frenar los daños causados como consecuencia de los factores de degradación y recuperar la integridad física del material mediante la fijación y consolidación de los materiales que componen la obra, así como recuperar su calidad estética, mostrando siempre el máximo respeto por el original”.

Este proyecto dispone de un presupuesto de 4,4 millones de euros, a los que hay que sumar otros 735.000 euros para la renovación y mejora de la red de abastecimiento interior del conjunto. Esta nueva fase de los trabajos en la Alcazaba está a punto de comenzar. “Con ello terminaremos con las filtraciones de agua que afectan a la conservación de las murallas y a los restos arqueológicos”, explicó la consejera.

Todo este esfuerzo inversor “obedece a la responsabilidad de proteger nuestro patrimonio y dejarlo a las generaciones futuras mejor conservado; de ahí surge el compromiso del Gobierno andaluz con la Alcazaba de Almería”, recalcaba.

El plan de rehabilitación del conjunto andalusí no termina ahí, a la par se prepara el terreno para continuar con otras actuaciones como la restauración de la Torre de la Justicia, a la que se destinarán 300.000 euros con miras a iniciar los trabajos en el 2º semestre de 2025; la recuperación del segundo recinto de la muralla norte, cuyo proyecto ya está supervisado y redactado y cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y la iluminación del Cerro de San Cristóbal, que se ejecutará a finales del año que viene con una inversión de 250.000 euros.

Tras la visita, Patricia del Pozo comprometía más recursos para investigación y la redacción del Plan Director del Conjunto, que en los últimos cinco años ha recibido una inversión histórica. En total se ha destinado un montante de 10 millones de euros que ya está ampliamente ejecutado.

Desde que se iniciaron las primeras campañas de rehabilitación se ha recuperado el primer recinto de la Muralla Norte, el Muro de la Vela, la Torre del Homenaje, el Aljibe Califal, los Baños de la Tropa, la Muralla del Cerro de San Cristóbal y la Torre Sur.

Por otro lado, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba ayer la orden por la que se acuerda la designación de vocales de la Comisión Técnica del Conjunto Monumental Alcazaba, que estará presidida por la directora del Conjunto Monumental, Gema Embí.

Así, la Comisión Técnica estará integrada por los ocho vocales que fueron designados en 2021, todos ellos son profesionales de amplia trayectoria que se reunirán periódicamente para abordar las necesidades del monumento. Se trata de Ángela Suárez Márquez, anterior jefa del Departamento de Museos y Conjuntos de la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo Cultura y Deporte de Almería; Alberto León Muñoz, profesor titular de la Universidad de Córdoba; Camilla Mileto, catedrática del Departamento de Composición Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia; María de las Flores de Luque, coordinadora de los enclaves arqueológicos de Almería de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales; Irene Montilla, profesora ayudante doctora de la Universidad de Jaén; José Luis García Pulido, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); María Ángeles Utrero, científica titular del CSIC; y Rafael Azuar, que fue jefe de la unidad de Excavaciones y Colecciones de la Universidad de Alicante.

Los vocales, junto con la presidenta de la Comisión Técnica, planificarán, debatirán y consensuarán los objetivos a corto, medio y largo plazo en la gestión del monumento.

La Dana que la semana pasada pasó por Cádiz puso a prueba las obras de reparación de las filtraciones que se están desarrollando en el polideportivo El Náutico de Cádiz. El pasado mes de octubre arrancaron estos trabajos concretos, que están a punto de finiquitarse esta semana, tras los últimos episodios de pequeñas goteras durante los días de lluvia. Según fuentes municipales, “se ha actuado ya en la cubierta y al hacer la prueba de agua se han producido filtraciones muy puntuales”. Por este motivo se revisaron los conductos interiores, por si venían de ahí las filtraciones, pero finalmente se descartó esta posibilidad. Por lo tanto, la empresa adjudicataria está terminando de reparar cubierta, “tras lo que se realizará otra prueba de agua”.

Los trabajos en ejecución en el pabellón La Paz también terminan esta semana, mientras que en la Piscina de Astilleros “la obra está pendiente de varias reparaciones en la cubierta y un período de pruebas para comprobar que no filtra”. De hecho, el grueso de la reparación en la cubierta ya se ha realizado.

Según informó el Ayuntamiento hace unos meses los trabajos de eliminación de las filtraciones en el polideportivo El Náutico se adjudicaron a la empresa Pinturas Gines Pastor S.L. por 114.259,38 euros y un plazo de ejecución de 4 meses; mientras que la empresa Nikok Gestión S.L. es la encargada de acometer las obras de impermeabilización y colocación de barandillas en la cubierta de la piscina de Astilleros, en una adjudicación resuelta con 98.857 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

El Gadir, Francisco Blanca y Casco Histórico, a la espera de obras

A estos pabellones y polidedortivos que llevan años arrastrando problemas de filtraciones de agua le siguen otras instalaciones que adolecen de los mismos problemas. Se trata de los polideportvos Gadir y Francisca Blanca, para los que el equipo de Gobierno tiene las mismas intenciones, “encargar los proyectos para el arreglo de las cubiertas”, añaden desde el Ayuntamiento.

Además, también “se está pendiente de unas reparaciones puntuales en el pabellón del casco histórico, donde se han localizado pequeñas filtraciones por la rotura de lucernarios”.

Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios, por la rehabilitación del molino del Conjunto Vergara de la localidad de Doña Mencía, y Sepisur XXI, por la ejecución de un edificio de nueve apartamentos turísticos en Córdoba capital, han sido merecedores de los III Premios Maslama a la Promoción de la Seguridad y Salud en la Construcción, que otorga la Diputación de Córdoba en colaboración con el Colegio de Arquitectos.

Los finalistas de esta convocatoria han sido Datacon Ingeniería de Construcción, por la tercera fase del edificio de usos múltiples de Castil de Campos, y Mogilba, por la rehabilitación del centro de desarrollo local de Belalcázar.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco (PP), ha presentado el proyecto de remodelación del acceso al Polideportivo Municipal Francisco Manzano por la zona sur de entrada al Pabellón Alcalde Miguel Salas. Se trata de unas obras que ya han dado comienzo en el marco del Plan de Accesibilidad de la Diputación de Córdoba, y que están siendo ejecutadas por la empresa pontanesa Creur, por un importe de 46.524 euros, teniendo un plazo de ejecución de unas cinco semanas para concluir a finales de año.

“Las obras buscan mejorar la accesibilidad al polideportivo, por lo que se instalará un pavimento adoquinado de prefabricado de hormigón, con una ligera pendiente desde la Plaza San Felipe Neri, absorbiendo la diferencia de cota existente con las dos puertas de entrada al pabellón, la de acceso a la grada y la de acceso a la pista, de manera que quede un plano inclinado muy suave, que permitirá una entrada más fácil para las personas con movilidad reducida”, ha señalado el alcalde.

Los 50.000 regantes que nutren sus cultivos de los pantanos de La Breña II y El Arenoso amenazan con un plante fiscal masivo frente al canon previsto para 2025. Así lo ha determinado este martes la junta general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), celebrada en Córdoba, tras tildar de “sablazo” la propuesta de cobrar el metro cúbico en estos embalses, ambos situados en la provincia de Córdoba, a un precio medio diez veces superior al de los pantanos de la regulación general. Los regantes afectados se sitúan en las provincias de Córdoba, Sevilla, Jaén y Granada y suman 350.000 hectáreas.

“Nos están quitando la cartera”, ha exclamado de manera muy crítica el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, quien, sobre las consecuencias de este plante fiscal en el caso de que no se rectifique, podría ser el embargo de las fincas. “Que empiecen ya, es media Andalucía”, ha retado Cepeda ante la factura propuesta. Y es que, según los cálculos de los productores, lo que el Estado “quiere cobrarse” por estos dos embalses se elevaría a 17 millones de euros, un volumen que consideran “exagerado” y “sin ninguna correlación” con el volumen de que agua que aportan, que en los últimos cinco años ha sido de una media de 70 hectómetros cúbicos.

“Una broma de mal gusto”

El coste por metro cúbico repercutido a estos regantes del Guadalquivir en la propuesta de 2025 se eleva a 0,25 euros por metro cúbico, un importe que Cepeda califica de “sablazo”, pues supone un importe que es diez vez superior al del metro cúbico repercutido en el canon del sistema de regulación general. El presidente de Feragua, en este sentido, ha calificado de “broma de mal gusto” que el importe, además, se haya triplicado en diez años, cuando “obviamente los costes no han podido subir en esa proporción”.

“¿Cómo se puede explicar que el canon de 2015 por La Breña II y El Arenoso fuera de 18,86 euros por hectárea y se pretenda que el del año que viene, después de una nueva subida del 45%, sea de 51,50 euros?”, se ha preguntado Cepeda, quien ha concluido que “es algo que no tiene ninguna explicación posible”.

El impacto del IVA

Feragua, que presentó sus alegaciones a los cánones propuestos y está a la espera de la respuesta, rechaza en sus argumentos la subida “sin justificación” en la última década y particularmente la del último año, y solicita expresamente la no repercusión del IVA y de los costes de la estación de bombeo de La Breña II, en Almodóvar del Río. Pues, según sus cálculos, de los 51,50 euros por hectárea del recibo, 9 corresponden al IVA, “que nos repercuten de manera ilegal” según Cepeda, y otros 6 de una estación de bombeo que “no nos genera ningún beneficio y que, por tanto, no estamos dispuestos a pagar.

Respecto a la repercusión del IVA, el presidente de los regantes andaluces ha explicado que esta se produce “por culpa de la intermediación de la sociedad estatal Acuaes, que es totalmente contraproducente y ningún regante quiere ni ha pedido”. “Fue el Estado quien unilateralmente decidió, contra toda eficiencia, que estos embalses no fueran gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), como el resto de presas del Sistema de Regulación General, sino que fueran mantenidos por una sociedad estatal que, por pura economía de escala, cobra sus servicios más caros, pero no un poco más caros, sino mucho más”, ha comparado.

“Para más inri, Acuaes no explota directamente estas presas, sino que las tiene subcontratadas a un tercero, una sociedad mercantil con ánimo de lucro, cuando en el convenio de gestión directa que mantiene con el Ministerio cabe la posibilidad de que ese tercero sea la propia CHG. Esto abarataría mucho la factura“, ha incidido el presidente de los regantes.

Pendientes del Tribunal Supremo

En concreto, según los datos de Feragua, los costes de funcionamiento y conservación de estos dos embalses, gestionados por Acuaes, se sitúan en 815.000 euros de media, frente a los 320.000 de la regulación general -que gestiona directamente la CGH-, lo que supone un 154% más. La causa principal de esta diferencia reside en la repercusión a los regantes del 21% del IVA, que Cepeda insiste en que “es ilegal“; Feragua, de hecho, la tiene recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. “La Ley es clara y nos da la razón. Los servicios prestados entre entidades que forman parte del sector público y dependen de la misma Administración no están sujetos a IVA”, asevera el presidente.

En cuanto a la repercusión de costes de la estación de bombeo, Cepeda la ha calificado de “engaño alevoso”, pues “estamos pagando por una infraestructura que está aportando menos del 10% del agua prevista”, incide. En concreto, desde el 1 de octubre de 2021 ha bombeado 37 hectómetros cúbicos, frente a los 383 que, según los servicios técnicos de Feragua, podría haber bombeado.

Cepeda, por último, ha considerado “profundamente injusto” que el periodo de amortización de estos embalses sea de 25 años, en lugar de 50, “algo insólito en una obra de regulación”. “Hablamos de los únicos embalses de España cuyos cánones de regulación se amortizan en este plazo”, insisten los regantes andaluces, que consideran una “nueva excepcionalidad negativa” que, en su opinión, explicaría “el abuso de los cánones propuestos”.

La Junta de Andalucía ha comenzado este lunes la construcción de la nueva sede judicial de Órgiva, en la provincia de Granada, marcada por el acto simbólico de colocación de la primera piedra. Este nuevo edificio casi cuadruplicará la superficie actual y permitirá centralizar los órganos judiciales, que hasta ahora estaban repartidos en dos locales “con carencias de espacio y accesibilidad”, según ha detallado la propia institución andaluza.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha resaltado que cumplir con este compromiso era una “prioridad” para el Gobierno andaluz, beneficiando a los 24.000 habitantes de los 26 municipios del partido judicial y ofreciendo un servicio de calidad en unas instalaciones modernas que serán representativas de la Alpujarra.

Las obras, a cargo de la UTE formada por la empresa murciana Soluciona Obras y Servicios y la almeriense Lirola Ingeniería y Obras, cuentan con un presupuesto de 5,6 millones de euros y durarán 14 meses, por lo que la previsión es que los juzgados puedan trasladarse al nuevo edificio a principios de 2026.

“Queríamos un edificio que destacara, que diera valor y mejorara el entorno”, ha subrayado, tras agradecer al alcalde, Raúl Orellana, la colaboración del Ayuntamiento para poner en marcha el proyecto.

Actualmente, los dos órganos mixtos del partido judicial están repartidos entre un edificio propiedad de la Junta en la calle Fleming y otro alquilado en la calle Estación, ambos con problemas de espacio y barreras arquitectónicas que no se pueden eliminar.

Nieto ha recordado que la construcción de una nueva sede “era un compromiso de 2003, se encargó un proyecto en 2005, que se terminó en 2009 y, directamente, se metió en un cajón hasta que este Gobierno lo rescató en la pasada legislatura para adaptarlo, no solo a la nueva normativa, sino a una nueva realidad judicial como la que traerá la Ley de Eficiencia Judicial”.

Datos del proyecto

La nueva sede unificará todo en una zona de expansión de Órgiva , lo que atraerá actividad y contribuirá al desarrollo económico del municipio.

Se trata de un edificio de 2.515,34 metros cuadrados (frente a los 720 m 2 que suman los dos actuales) repartidos en plantas sótano, baja, primera y segunda.

Serán unas instalaciones de alta eficiencia energética, plenamente accesibles y equipadas para una Justicia digital y para prestar un servicio público acorde al siglo XXI a los vecinos de los 26 municipios de la zona, muchos de ellos pequeños y con núcleos de población dispersos.

En concreto, el partido judicial de Órgiva  engloba también a las localidades de Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bubión, Busquístar, Bérchules, Capileira, Carataunas, Cádiar, Cástaras, Cáñar, Juviles, Lanjarón, Lobras, Murtas, Nevada, Pampaneira, El Pinar, Pórtugos, Soportújar, La Tahá, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Válor.

Así, el nuevo edificio albergará una sala de vistas, los dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial, las dependencias de la Fiscalía, el Servicio Común, el Registro Civil, despacho para el Juzgado de Guardia, espacio para los colegios profesionales, el servicio de mediación, la consulta médico-forense, área de detenidos y archivos.

También incorporará una sala multiusos y sala Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas que evite a las víctimas más vulnerables tener que declarar varias veces durante el proceso judicial.

Adaptado al terreno

Para adaptarse a las condiciones del terreno en pendiente, el edificio tendrá una única planta, la superior, en la Avenida González Robles, donde estará el acceso principal y los servicios de atención a la ciudadanía, mientras que por la calle Haza Calera, que se encuentra por debajo de la avenida, contará con tres plantas en las que se ubicarán las zonas más privadas de despachos y el resto de las dependencias.

Además de resolver los problemas de espacio, el proyecto se ha planificado con visión de futuro para albergar nuevos órganos que se puedan crear y previendo ya la reordenación que supondrá la creación de los tribunales de instancia.

Se trata de crear “un nuevo ecosistema de trabajo para atender adecuadamente al ciudadano y donde van a poder trabajar con la dignidad y seguridad que se requiere todos los operadores jurídicos” quienes, para el consejero, llevan “muchos años trabajando, con gran compromiso personal, en unas condiciones que no corresponden a un país avanzado en el siglo XXI”.

Nieto ha defendido que el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 movilizará 1.500 millones de euros para actuar en el cien por cien de los 85 partidos judiciales, completando la red de Ciudades de la Justicia en las capitales, entre ellas la de Granada  para lo cual ha dicho “que en breve se firmará la compra del edificio El Cubo, pero sin dejar de lado los partidos más pequeños de zonas rurales, como esta nueva sede en Órgiva o la ampliación de los juzgados de Motril“.

Por su parte, el alcalde de Órgiva ha agradecido al Gobierno andaluz que haya “rescatado el proyecto tras 15 años paralizado para hacerlo realidad y contribuir a mejorar los equipamientos públicos de una localidad en la que conviven 60 nacionalidades”.

También el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes, ha subrayado que se trata de un proyecto muy demandado por lo que ha destacado la importancia de este día para Órgiva  y la comarca.

• El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha visitado Chauchina, Santa Fe, Fuente Vaqueros y La Malahá, en el cinturón metropolitano de la capital granadina
• Santa Fe activa el Plan de Emergencias por el desbordamiento de la Cañada del Francés y el Arroyo del Salado

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado hoy que ya está en redacción el proyecto para la recuperación del Arroyo Salado, afluente del Genil, a su paso por los municipios de la Vega de Granada, unos trabajos que según ha avanzado “ya ha iniciado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con carácter de emergencia y acogidos a financiación europea”.

Fernández ha anunciado este proyecto en su visita a los municipios de Chauchina, Santa Fe, Fuente Vaqueros y La Malahá, situados en el cinturón metropolitano de la capital granadina y que fueron afectados por el segundo temporal de lluvias torrenciales registrados la semana pasada, con la consecuente crecida del arroyo Salado, “eje principal que conecta con el río Genil y que cualquier incremento de caudal puede suponer un riesgo al estar lindando con el suelo urbano de estos municipios”. 

De esta forma, el delegado ha indicado este lunes que las subdelegaciones  del Ejecutivo central en las provincias andaluzas han reforzado las visitas de técnicos a los municipios afectados por la DANA de la semana pasada para las tareas de valoración de daños, que prosiguen, al objeto de informar a ayuntamientos y particulares sobre las líneas de ayudas abiertas.

Por ello, ha insistido que “desde ya” la Confederación Hidrográfica está trabajando y va a proceder a la contratación de la redacción del proyecto de la medida incluida en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), que es la ‘Restauración fluvial del arroyo Salado en los términos municipales de Vegas de Genil, Santa Fe y Chauchina’. El objetivo principal de la intervención es recuperar los cauces desaparecidos, entre los municipios de Santa Fe y Chauchina fundamentalmente, y que ocasionan episodios puntuales de inundación.

Pedro Fernández ha reconocido que hay zonas donde el cauce del arroyo Salado “es prácticamente mínimo o casi inexistente”, si bien ha explicado que el objetivo es “recuperar inmediatamente ese espacio, que pertenece al cauce del arroyo y, por tanto, a la cuenca del río Genil, limpiar donde corresponda y dejarlo expedito para garantizar que en el futuro la incidencia sea nula, inexistente o menor, en todo en todo caso”.

Más allá de esta iniciativa, el delegado ha garantizado que “el Gobierno de España va a estar al frente de las necesidades de aquellos municipios que hayan sufrido las consecuencias de la DANA”. De esta forma, ha recordado, “tienen derecho a solicitar las ayudas que se vienen aprobando por parte del Consejo de Ministros”, y que, en su opinión, “siempre han de ser complementarias e ir de la mano de otras administraciones para que entre todos nos volquemos con las entidades locales que han sufrido daños para que el impacto final sea el menor posible”.

Refuerzo de visitas técnicas

Precisamente ése ha sido el motivo por el que el delegado, acompañado del subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, se ha trasladado a los municipios granadinos, con el objetivo de “mostrar todo nuestro apoyo, asesoramiento y coordinación permanente para explicarles cuáles son las líneas de ayuda que hay abiertas en este momento y garantizarles que aquí vamos a seguir para conseguir mejorar todas estas estructuras y evitar mayores consecuencias en el futuro”, ha incidido.

Fernández ha indicado que aún no existe una cifra que cuantifique los desperfectos materiales en tanto continúa el recuento por los ayuntamientos de las provincias afectadas, destacando que no se hayan producido daños personales.

Se están elaborando los correspondientes informes de afecciones materiales, que aún no se pueden “dimensionar”, desarrollando también, ha detallado el delegado del Gobierno, la Junta de Andalucía una “estimación en lo que se refiere al daño en explotaciones agrícolas a través de las oficinas comarcales agrarias”.

Los ayuntamientos en paralelo “están llevando a cabo la tarea de presupuestar y de inventariar los daños para presentarlos a través de las subdelegaciones  del Gobierno”, habiéndose activado también a las oficinas de Correos para las reclamaciones.