El segundo presupuesto del mandato suele ser el segundo que este crece en el mandato, antes de la reducción que empieza a denotar que los proyectos nuevos a incluir no se van a poder terminar –y por lo tanto no darán para la foto– antes de las elecciones. Las cuentas del Ayuntamiento de Málaga para 2025 cumplen con esta máxima y vuelve a marcar un máximo histórico: sube hasta los 1.256 millones de euros (un 17% más que las precedentes), con 213 millones dedicados a inversión (un 30% más). Estas incluyen algunos de los proyectos estratégicos de la ciudad: el Auditorio (que el alcalde ha señalado que empezará en 2025 y al que dedica 4 millones), la renovación de La Rosaleda (4 millones) o el Paseo Marítimo de Pedregalejo (1,5 millones). Llama la atención la ausencia del Plan Málaga Litoral, el Astoria o el Plan Guadalmedina. Tanto el Auditorio como la renovación de La Rosaleda costarán más de 200 millones de euros y necesitan el empuje de varias administraciones para completarse.

Aumenta de esta manera en 188 millones de euros respecto al año anterior en los gastos municipales, siendo el segundo año consecutivo que marca un techo histórico, con unos ingresos previstos de 1.263 millones de euros, lo que deja una diferencia positiva de 7 millones en la caja municipal. “El Ayuntamiento es solvente y paga en 18 días, se lo puede permitir”, ha asegurado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Los mismos serán debatidos en un Pleno Extraordinario el 11 de diciembre, con la intención de que estén aprobados, periodo de alegaciones mediante, en los primeros días del año. El regidor ha asegurado que “son los presupuestos que la ciudad necesita para seguir siendo vanguardia. Para tener un auditorio, nuevas zonas verdes, dar resuesta en vivienda o tener un gran estadio”.

• Fomento saca el contrato por casi 5,4 millones de euros e incluye la conexión con la terminal ferroviaria de Adif

La urbanización de la tercera fase del parque logístico de El Higuerón, en Córdoba capital, comenzará en el mes de marzo del año que viene. Esta es al menos la previsión de la Junta de Andalucía, que ya ha sacado a licitación las obras, que incluyen, además de dicha urbanización, la conexión del área logística con las instalaciones adyacentes que pertenecen a Adif. El Consejo de Gobierno de la Junta tomó este martes conocimiento de este contrato, que sale a licitación por casi 5,4 millones de euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que podría estar acabado a finales del año que viene. En este caso, las empresas interesadas en presentar sus ofertas tienen hasta el 10 de enero de 2025 para hacerlo.

La tercera fase

Con las obras de urbanización de la tercera fase del parque se pondrán en carga casi 20.000 metros cuadrados de parcelas logísticas y se ganarán hasta 7.000 metros cuadrados en el parking de vehículos pesados, sumando 56 plazas a las ya disponibles. También será clave la conexión con la terminal ferroviaria de El Higuerón, pues a pesar de estar prácticamente pegada, los operadores que ahora practican la intermodalidad (la unión del transporte por carretera con el ferroviario) tienen que hacerlo a través del viario exterior.

La propia Junta explica que la urbanización de esta tercera fase permitirá que el movimiento se realice internamente, reduciendo al mínimo los acarreos necesarios para hacer un intercambio modal más eficiente. Estas obras harán que se aproveche al máximo el potencial del nodo intermodal de El Higuerón, que es prioritario de los corredores ferroviarios, y supondrá una facilidad más cuando se ponga en marcha la esperada autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras y que pasa por Córdoba. Además, según la referencia del Consejo de Gobierno, este parque logístico de Córdoba forma parte de la Red Logística de Andalucía y su ubicación «se considera idónea para la distribución de mercancías en el área metropolitana de Córdoba, como también a nivel nacional e internacional, ya que El Higuerón es un nodo intermodal prioritario de los corredores Atlántico y Mediterráneo de la Red Básica Transeuropea”.

Nuevos operadores

Según la memoria que acompaña a la licitación, el objetivo es la llegada de nuevos operadores al parque logístico, en este caso, de tamaño pequeño y mediano. Cabe recordar que la fase una está ya completa y que para la segunda se plantea la llegada de un gran operador que ocupe todo el espacio. En total, el parque logístico de El Higuerón ocupa 35,6 hectáreas y la tercera, donde se prevé la intervención, es de 4,1. Además, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda prevé que la puesta en servicio de la totalidad del área logística de Córdoba generará cerca de 1.000 puestos de trabajo directos.

El parque y el proyecto

El primer Plan Funcional del Área Logística de Córdoba se aprobó en 2009 con una ordenación y una normativa de usos adaptada a las necesidades del sector en ese momento. Sin embargo, ha resultado demasiado rígido para adaptarse a la evolución de la demanda en estos años. Esto supuso que diez años después de la inauguración del centro, en 2010, no se alcanzase el nivel de actividad esperado. La profunda transformación que ha experimentado la logística ha generado nuevas necesidades en los operadores, que demandan, sobre todo, más superficie de parcelas y flexibilidad en la ordenación. Con esto en mente, ya en 2020, la Junta modifica, con lo que se consigue, entre otras cosas, una ordenación más flexible, eliminando parte de los viales de maniobra que separan las parcelas logísticas para lograr manzanas de mayor tamaño.

Con todo ello, el proyecto define ahora la urbanización de los terrenos que se corresponden con la tercera fase de ejecución del parque logístico, así como la conexión con la terminal ferroviaria. La urbanización incluye todos los trabajos necesarios para preparar el terreno para que puedan llegar nuevos operadores. Entre otras cosas, se dibujan viales de doble sentido de un tamaño de cuatro metros y acerados de entre dos y 2,5 metros, así como aparcamiento en batería. Aborda desde la calzada hasta los accesos a los muelles de carga, las redes de saneamiento o abastecimiento, alumbrado, mobiliario y cerramiento.

La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado el expediente de contratación para la redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de un puente peatonal de conexión del Paseo Marítimo en la desembocadura de la Rambla del Cañuelo.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha explicado que la salida a licitación de este nuevo puente pretende conectar el Paseo de La Romanilla con el de la playa de Las Salinas ya que, en la actualidad, no se encuentran conectados lo que obliga a los viandantes a cruzar dicha rambla por un camino que está al nivel de la misma. “El objetivo del Ayuntamiento es acometer un puente peatonal de madera que cumpla con las normativas de accesibilidad y proporcione una mejora estética que permita poner en valor dos zonas tan emblemáticas de la ciudad”, destaca el alcalde.

El túnel que uniría España y Marruecos bajo el Estrecho de Gibraltar comienza a perfilarse con más claridad en el último informe de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa).

El documento, presentado recientemente, recupera la descripción técnica de la solución más avanzada para esta infraestructura: un sistema compuesto por dos túneles ferroviarios de vía única y sección circular de 7,90 metros de diámetro interior, acompañados por una galería de servicio y seguridad de 6 metros de diámetro, situada entre los dos túneles principales. Además, las galerías transversales, previstas cada 340 metros, facilitarían la conexión entre estas infraestructuras, con un diseño también de 6 metros de diámetro.

El informe supone un paso más en la larga historia de este ambicioso proyecto, que busca conectar Europa y África a través de un corredor ferroviario subterráneo. La publicación del documento refleja el avance en los estudios técnicos, aunque sigue sin concretar fechas para su ejecución. Según el texto, el diseño propuesto no solo se ajusta a los estándares internacionales de seguridad y eficiencia, sino que también incorpora las experiencias adquiridas en proyectos similares, como el Eurotúnel entre Reino Unido y Francia.

Junto a estos datos, el informe subraya la importancia de los estudios geológicos en marcha para evaluar la viabilidad del trazado bajo el fondo marino, una de las mayores incógnitas debido a las complejas condiciones tectónicas y sedimentarias del Estrecho. Estos análisis, realizados con la colaboración de equipos internacionales, servirán para precisar las características del terreno y minimizar riesgos durante la futura construcción.

Sismómetros para analizar el fondo marino del Estrecho

El proyecto de conexión fija entre Europa y África a través del Estrecho de Gibraltar ha dado un nuevo paso con la reciente adjudicación del contrato para el alquiler de cuatro sismómetros de fondo marino, esenciales para analizar la geología de la zona. La empresa Tekpam Ingeniería SL, con sede en Guadarrama (Madrid), ha sido la única firma que concurrió a la licitación, ofertando un precio ligeramente inferior a los 487.000 euros presupuestados. Los equipos serán utilizados por el Real Instituto y Observatorio de la Armada en una campaña de investigación sismotectónica que se desarrollará durante seis meses.

Este avance se produce en un momento clave, tras años de trabajo técnico y cooperación bilateral entre España y Marruecos para materializar una infraestructura que promete revolucionar las relaciones entre ambos continentes.

Un eje estratégico de desarrollo económico y geopolítico

El enlace, cuyo diseño se inspira en el Eurotúnel que conecta Francia e Inglaterra, no solo facilitaría el tránsito de pasajeros y mercancías, sino que también reforzaría el papel del Estrecho de Gibraltar como un nodo logístico de importancia global. De hecho, según el último informe estadístico de Secegsa, los puertos de Algeciras y Tánger-Med ya concentran la mayor parte del tráfico RoRo (vehículos embarcados) entre Europa y África.

A pesar de las desigualdades económicas entre ambos continentes, la integración comercial entre España y Marruecos muestra signos de avance. En los últimos años, los intercambios de mercancías generales han crecido, mientras que los flujos de pasajeros están recuperándose tras el impacto de la pandemia.

Sin embargo, los desafíos no son menores. Las tensiones geopolíticas y las diferencias estructurales entre Europa y África siguen siendo un freno para una integración más equilibrada. A ello se suma la complejidad técnica de la obra, que debe superar retos como la profundidad del Estrecho y su intensa actividad sísmica.

Cooperación histórica y proyección futura

El túnel submarino es un sueño que data de los años 80, cuando España y Marruecos firmaron los primeros acuerdos de cooperación. Desde entonces, ambas partes han trabajado en estudios geológicos, técnicos y socioeconómicos, publicando periódicamente análisis que destacan las oportunidades y desafíos del proyecto. La colaboración entre Secegsa y su homóloga marroquí, SNED, se ha reforzado en los últimos años con el apoyo del Centro de Estudios del Transporte para el Mediterráneo Occidental (Cetmo), una entidad clave en el desarrollo de infraestructuras en la región.

La infraestructura proyectada no solo sería un hito de ingeniería, sino también un puente entre culturas y economías. Su puesta en marcha conectaría las redes ferroviarias de Europa y África, impulsando el comercio, el turismo y el intercambio cultural. Según los expertos, la conexión fija ayudaría a posicionar el Mediterráneo Occidental como un eje estratégico para el transporte global, a la altura de otros grandes corredores internacionales.

Mientras se ultiman los estudios geológicos con los nuevos sismómetros, el Campo de Gibraltar sigue observando con atención los avances de un proyecto que, de realizarse, situaría a Tarifa como una de las puertas de entrada a un nuevo capítulo en la historia de las relaciones Europa-África.

La vivienda asequible es uno los principales problemas a los que se enfrentan las generaciones jóvenes. Y en Córdoba la situación no es diferente. Para solventar este desafío, el próximo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que prepara el Ayuntamiento obligará a que el 50% de las viviendas que se construyan en el futuro tengan la consideración de vivienda protegida (VPO). Así lo ha avanzado este martes el alcalde, José María Bellido, durante su intervención en el Foro Joly celebrado en el Real Círculo de la Amistad que ha abordado el modelo de desarrollo de Córdoba y provincia. En el coloquio, moderado por la directora de El Día de Córdoba, Raquel Montenegro, también han participado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el director de Telefónica en el Territorio Sur, Joaquín Segovia.

El primer edil ha calculado que, a lo largo del mandato, se desarrollarán en Córdoba 6.000 viviendas, de las que la mitad se englobarán en el mercado regulado. “Esto supondrá un elemento estabilizador enorme para los precios“, ha argumentado Bellido, quien ha apostado, al mismo tiempo, por la rehabilitación en barrios ya consolidados como Ciudad Jardín y el Parque Figueroa.

El alcalde ha destacado que “Córdoba ha tenido la suerte de contar con un gran PGOU, que ha aportado mucha estabilidad de crecimiento”, pero han pasado 25 años desde su aprobación y los retos ahora “son distintos, porque la sociedad ha cambiado”, y esto se reflejará en el nuevo documento de planificación urbanística. Bellido ha expresado su preocupación, por ejemplo, por los desarrollos industriales, de manera que la ciudad debe responder a retos como la base logística del Ejército de Tierra (BLET), que requiere por ejemplo “glorietas del tamaño de un campo de fútbol para los vehículos pesados”. Aunque ha insistido en que el principal desafío de la ciudad es la necesidad de vivienda, a lo que responderán proyectos como las nuevas urbanizaciones de Huerta de Santa Isabel.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha incidido por su parte en que la vivienda “es el gran problema que tiene el país”, y al que deben responder las administraciones públicas para que los jóvenes puedan tener estabilidad. En este sentido, ha explicado que las administraciones locales, tanto ayuntamientos como diputaciones, tienen la posibilidad de poner a disposición suelo, ya que “lo que te abarata el precio no es el catálogo de calidades, sino el terreno”. Fuentes ha defendido que empresas públicas como Vimcorsa o Vimpica “están haciendo su tarea muy bien”, al tiempo que ha animado a impulsar modelos cooperativistas encaminados a construir pisos asequibles. El otro gran reto es “cómo rellenar” urbanísticamente los casco históricos de los municipios, ya que “no puedes ensanchar tu pueblo y dejar abandonados los solares que están vacíos”.

Un gran parque fluvial en el Guadalquivir

El cambio climático es otro de los grandes desafíos al que deben responder las ciudades actuales para seguir siendo habitables. Sobre este asunto, el alcalde de Córdoba ha resumido que el anillo verde -es decir, los parques que circunvalan el casco urbano- se agotan tal y como está trazado en el actual PGOU. Pero la intención del Ayuntamiento es continuar con este proyecto, de manera que el nuevo PGOM convetirá al río en objeto de desarrollo verde. De esta manera, el propio Guadalquivir, al que “nunca se le ha prestado la atención que requería”, se convertirá en parte de este cinturón verde.

Bellido ha avanzado que la primera propuesta está sobre la mesa y consistie en habilitar un gran parque fluvial que conecte el Alcázar de los Reyes Cristianos con la Escuela de Agrónomos. La intención del regidor cordobés es que esta iniciativa se convierta en el “gran eje vertebrador” de la nueva tanda de fondos europeos que prepara Bruselas.

Junto a esta iniciativa, en Capitulares están pendientes de una cita con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) encaminada a crear un protocolo que defina cómo se hará a partir de ahora el mantenimiento y la limpieza del río, pues este asunto “no puede ser un foco constante de conflicto entre las administraciones”. La intención de Bellido es establecer un acuerdo para que haya estabilidad, lo que iría acompañado de un proyecto municipal de limpieza y mantenimiento para que el Guadalquivir a su paso por Córdoba “esté limpio y tenga buena imagen”.  

Sobre el cambio climático, el regidor ha advertido que Córdoba padecerá dos efectos directos: la rachas de calor, que serán cada vez más intensaas y seguidas, y las sequías, que serán cada vez más graves. De ahí la necesidad de poner en marcha una política hidráulica para “intentar aprovechar parte del agua que ahora se devuelve a la cuenca casi perfecta”. El objetivo de Bellido es conseguir la CHG otorgue un cupo para reutilizar aguas regeneradas para el riego de parques y jardines, pues actualmente se emplea agua filtrada.

Otras políticas enumeradas por Bellido como respuesta al cambio climático son el proyecto de Sadeco 5.0, que permitirá obtener energía de la submateria; la construcción de tanques de tormentas como sistema de control frente a inundaciones; la renovación de la flota municipal para que sea menos contaminante; la implantado de la zona de bajas emisiones y la instalación de medidores de calidad del aire. “En definitiva, la resistencia es transversal a todas las áreas de gobierno, desde el urbanismo a la movilidad”, ha apostado.

Digitalización contra el cambio climático

Mientras, el director de Telefónica en el Territorio Sur, Joaquín Segovia, ha abundado en cómo la digitalización puede ayudar a dar respuesta a algunos de los desafíos del cambio climático, como ya lo reconocen los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. “La tecnología puede ayudarnos evitando emisiones de CO2 con el teletrabajo”, ha puesto como ejemplo. Aunque los mayores avances, ha incidido, se lograrán con la propia toma de decisiones que permiten tecnologías como el gemelo digital de la ciudad; el casco histórico de Córdoba cuenta ya con esta réplica, que el Ayuntamiento quiere ampliar a todo el casco urbano.

“A partir de esta tecnología, podemos pensar por ejemplo en el control del tráfico en tiempo real y que los semáforos se regulen de manera inteligente. Así, cuando se produzca un accidente, el tráfico se podrá redirigir de manera automática. El gemelo digital también puede ayudar a regular la calidad del aire o a redistribuir los flujos turísticos”, ha expuesto el directivo de Telefónica, quien ha resumido que “las ciudades inteligentes son más sostenibles al realizar una gestión más eficiente de los recursos”. En el turismo, por ejemplo, un sector clave para la economía de Córdoba, la digitalización supondrá “un cambio del paradigma”, ya que se podrá hacer llegar a los potenciales turísticos una oferta personalizada.

• Hay cuatro en la que los trabajos ya han arrancado y en las otras siete comenzarán antes de final del presente ejercicio
• Una treintena de obras en barrios de Córdoba por 7 millones para 2024 con asignaturas pendientes del Centro
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El edil de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha comparecido este martes para hacer balance de las actuaciones de reforma de calles que tiene en marcha su Concejalía -cuatro- y la que arrancarán en breve -otras siete-.

El primer paquete de remodelaciones lo conforman las vías ya en ejecución de Alcalde de la Cruz Ceballos; Travesía Miño; Calatañazor y Amanecer de Fátima. En total, suman un presupuesto de 637.386 euros.

Motril se prepara para elaborar una serie de proyectos que permitan realizar los objetivos y estrategias de cara al futuro desarrolo urbano de la ciudad, enmarcados dentro de la Agenda Urbana 2030. Proyectos estratégicos que den solución a los problemas actuales de los vecinos de la localidad, pongan en valor sus lugar emblemáticos o fomenten el desarrollo económico.

En algunos casos ya se han dado los primeros pasos para implantar estas mejoras, como la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad, o la remodelación integral del Paseo de las Explanadas, pero en otros, supondrá una mejora sustancial para los vecinos de barrios que llevan años demandando una actualización en sus barrios y calles con la revitalización del Parque de las Provincias, la mejora del casco histórico o la mejora y rehabilitación integral del barrio de los Álamos y la Fabriquilla.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, explica que esta Agenda Urbana “refleja, por un lado, el compromiso de esta ciudad con el progreso, la sostenibilidad y el desarrollo urbano” a la vez que “define a la perfección nuestras necesidades a través de un documento vivo y participativo que nos asegura un impulso histórico en muchos aspectos, desde el ámbito social, pasando por el económico o el medioambiental”.

La Agenda Urbana se trata de un documento estratégico, cuya adhesión es voluntaria por parte de las administraciones, que tiene como objetivo principal la búsqueda de políticas de desarrollo urbano de cara a su consecución para el año 2030, buscando e identificando las diversas necesidades y compromisos en función de cada municipio.

El Ayuntamiento de Motril, a través del área de Proyectos Estratégicos, ha establecido unas líneas de actuación denominadas Proyectos Faro, en las que se fijan intervenciones y programas que permitirán dar respuesta a las necesidades urbanas de cara al futuro que Motril necesita resolver para así lograr la consecución de los diversos objetivos marcados por esta Agenda Urbana 2030.

Dentro de estas actuaciones faro, el equipo de Gobierno ha destacado algunas de las más importantes como la mejora y rehabilitación integral del barrio de los Álamos y la Fabriquilla, con la revitalización del Parque de las Provincias; la mejorar del casco histórico y la revitalización de nuestro centro comercial, con la creación de nuevas zonas peatonales y la ya anunciada implementación de la Zona de Bajas Emisiones; la importante recuperación de espacios emblemáticos e históricos de la ciudad, cuyo trabajo ya ha comenzado en algunos como el Paseo de las Explanadas, así como otros como el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Dentro de estos proyectos de la Agenda 2030 de Motril, también se prevé continuar potenciando el valor cultural e identitario de una de las joyas patrimoniales de la Costa Tropical: la Fábrica de Nuestra Señora del Pilar, así como la ampliación de su museo industrial.

El teniente de alcalde de Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro, ha desarrollado la importancia de esta Agenda Urbana 2030 de Motril pues “en las próximas semanas se abrirán las nuevas líneas de financiación económicas de la Unión Europea a las que el Ayuntamiento de Motril lograr aspirar a varios millones de euros” dentro del marco de unas subvenciones supranacionales que “valoran el trabajo realizado por este equipo de Gobierno por otros fondos como EDUSI o la Agenda Urban gracias a nuestro compromiso con los valores establecidos por los cánones de la línea europea” y donde “esta Agenda Urbana 2030 representa un compromiso solvente del trabajo municipal”.

García Chamorro ha realizado una visión general para que “la ciudadanía pueda hacerse una idea de la importancia que implican estos fondos para Motril” ya que, solo el año pasado conseguimos utilizar los 18 millones de euros asignados a nuestro municipio en proyectos que han mejorado significativamente la calidad de vida de nuestros vecinos” entre los que se pueden destacar las actuaciones del Centro de la Juventud, la rehabilitación del Parque de los Pueblos de América, la creación de nuevos carriles bici o el centro de recepción de la Charca de Suárez.

La Agenda Urbana Española establece, dentro de su compromiso nacional, 10 objetivos estratégicos principales, los cuales casan directamente con los objetivos marcados por la entidad local motrileña, en un proyecto que, como ya hemos podido observar, rebasa el plano nacional y se enmarca directamente dentro de la estrategia de la Unión Europea o las Naciones Unidas, destacando la importancia de la concienciación local y de la colaboración entre municipios, gobiernos y otras instituciones para lograr los objetivos marcados.

“Gracias al trabajo realizado con esta Agenda 2030 para Motril hemos podido establecer una foto fija sobre las necesidades de la ciudad y el orden de prioridades de nuestros objetivos, los cuales influyen significativamente para que, a partir de las próximas décadas, podamos tener una ciudad mucho más adaptada y sostenible, con objetivos estratégicos que buscan mejorar el orden territorial, rehabilitar la ciudad, prevenir el cambio climático con mejores políticas, favorecer la economía circular, la economía urbana o facilitar el acceso a la vivienda, entre otros objetivos, algunos de los cuales ya estamos trabajando plenamente en ellos”, ha señalado Nicolás Navarro.

La Ciudad de la Justicia de Granada echa a andar. El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde este martes a la compra del Cubo a CaixaBank para sede judicial que unificará la jurisdicción Civil de Granada eliminando una dispersión que se había convertido en un problema desde hace dos décadas. Una operación que finalmente se llevará a cabo por 21,5 millones de euros, una partida que se ha autorizado ya y que supone ‘rascar’ 800.000 euros al precio acordado inicialmente tras un último proceso de negociación con la entidad bancaria después de inspeccionar el edificio de Campo Baeza, lo que se conoce como depuración física y jurídica del bien.

Con la aprobación de este expediente de gasto, la Consejería de Justicia ya podrá dar traslado a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para que ésta tramite el expediente patrimonial de adquisición directa del edificio. Una vez ejecutada la compra el inmueble quedará adscrito a la Consejería de Justicia, para ser destinado a uso judicial.

Lo siguiente tras autorizar el gasto será firmar el propio contrato de compra entre la Junta y CaixaBank, un acto que, según ha podido saber este periódico, se celebrará a principios del mes de diciembre ya que hay que tenerlo firmado antes de final de año para aplicar esta partida recogida en los presupuesto de la Junta de 2024 y cumplir el cronograma previsto en el Plan de Infraestructuras Judiciales. Esa firma será en un acto formal en Granada al que asistirá el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

“Hemos resuelto uno de los problemas más complejos”

El propio consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha valorado para este periódico este importante día para Granada y agradecido a todos los operadores jurídicos la colaboración para acabar con lo que considera que era uno de los “problemas más complejos y difíciles de resolver” con los que se encontró en su llegada a la Consejería hace poco más de dos años. “Conseguimos tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento y muchas reuniones dejar el bucle en el que se llevaba en Granada 20 años con el debate sobre el eje Plaza Nueva-Caleta y dar una solución viable. Se nos planteó comprar el Cubo y al principio la oferta entre ambas partes era muy distante pero poco a poco fuimos acercando posturas y ya podemos cumplir el compromiso de tenerlo comprado antes de que finalice 2024″, ha dicho.

20 millones más para adaptarlo y mudarse en 2026

Y en el objetivo está seguir cumpliendo plazos e incluso recortarlos. Ahora, tras firmar el contrato y realizar el pago a CaixaBank, en ese momento será titularidad de la Junta y se solicitará a la Intervención la licitación del proyecto básico de obras y del de ejecución, dos trámites que se pedirán a la vez para acortar plazos y licitar la obra para que “en el menor tiempo posible” se haga la reforma y comience a funcionar. Adelantando plazos y siendo consciente del riesgo, Nieto se pone en el objetivo que en 2025 esté licitada la obra de adaptación y en 2026 se pueda estar funcionando. “Un objetivo ambicioso” para la Consejería, según Nieto, que calcula que entre obra, mobiliario, dotación digital del inmueble y la mudanza posterior, haya que invertir otros 20 millones de euros, por lo que el montante total hasta su puesta en marcha será de unos 40 millones de euros, algo prioritario para el equipamiento judicial de Granada.

Sobre el precio final del inmueble, Nieto ha dicho que tras la depuración física y jurídica del bien se hizo un análisis para ver su estado y repercutir sobre el precio cualquier alteración. Se detectó un problema en la cubierta tras 20 años de funcionamiento del edificio que habrá que arreglar y que “encarece” luego la obra, de ahí la bajada del precio previsto en casi un millón de euros.

Tras el consejo de Gobierno, ha sido la consejera de Economía, Carolina España, la que ha resaltado la importancia de la compra ya que “por fin verá la luz y será una realidad” la unificación judicial en Granada.

Ahorro de 1,3 millones al año en alquileres

En este edificio del Cubo irán la jurisdicción civil: 20 juzgados de Primera Instancia, dos de lo Mercantil, 5 de lo Contencioso, la sede de la Audiencia, la de la Fiscalía Provincial y el Registro Civil, según el plan de reordenación de sedes. Además del resto de estancias complementarias para el funcionamiento judicial como despachos o salas de vistas. Según el Plan, cuando se libere espacio en Caleta tras la salida de juzgados irán provisionalmente allí las salas penales (que después irán al segundo edificio anexo al Cubo cuando se construya) y con la liberalización de espacio también en la Chancillería volverá allí la Fiscalía Superior centalizando en Plaza Nueva el TSJA y la Fiscalía Superior de Andalucía. La provincial irá en el Cubo. Por tanto, el edificio del Banco de España quedará libre, ha confirmado el consejero.

Según España, la unificación judicial va a permitir también un ahorro de 1,3 millones de euros al año “como consecuencia de los alquileres que dejará de pagar la Junta por tener esta instalación”. En total se agruparán órganos repartidos ahora en cuatro sedes judiciales.

La Junta ha destacado en nota posterior el papel de Granada recogido en el Estatuto de Andalucía como capital judicial de Andalucía, “de ahí el especial interés por parte del Gobierno andaluz en que ésta no se quedara fuera del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 y que cuente, al igual que el resto de las capitales andaluzas, con una Ciudad de la Justicia en la que se pueda prestar un servicio público propio del siglo XXI, acabando con el endémico problema de la dispersión de sedes judiciales”.

Un plan con segunda fase

Esa solución pasa finalmente por la compra del Cubo anunciada a final de 2023 y para la que se reservó una partida en los Prespuestos de la Junta de este año. Un edificio de 2001 del arquitecto Alberto Campo Baeza de más de 36.500 metros cuadrados entre las dos plantas sótanos y las siete plantas sobre rasante, en los que Caixabank tenía sus oficinas centrales en Granada hasta hace pocos meses. Concretamente en junio se desalojó el edificio y se trasladaron a otras instalaciones en el Serrallo.

Cuando finalice su adaptación para dicho uso, que puede llevar un año y medio y por tanto permitiría tener en uso el edificio en 2026, en el inmueble se ubicarán las jurisdicciones de Primera Instancia, de lo Mercantil y de lo Contencioso-Administrativo, además de la Presidencia de la Audiencia Provincial, Decanato de los juzgados, Registro Civil, Fiscalía y servicios comunes.

Esto permitirá que se liberen cuatro sedes judiciales actualmente en uso, dos de ellas en propiedad y otras dos en régimen de alquiler, lo que supone un ahorro anual de más de 1,2 millones de euros.

Con esta operación, la Junta de Andalucía ejecutaría la primera fase para la Ciudad de la Justicia, ya que la segunda pasa por la construcción de un nuevo edificio justo en un solar anexo al Cubo, actualmente propiedad del Ayuntamiento de Granada, para poder trasladar al mismo toda la jurisdicción Penal y completar así el proyecto de Granada. Mientras tanto, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública llevará a cabo obras de mejoras en el edificio de La Caleta y, además, mantendrá La Real Chancillería como sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dado el valor patrimonial e histórico de este edificio, concebido desde sus orígenes como espacio judicial, que también será recuperado.

El del tercer hospital es uno de esos proyectos en la provincia de Málaga que acumulan mil promesas, otros tantos plazos y ningún ladrillo. Otra sucesión de infografías, ubicaciones, presupuestos, anteproyectos y documentos que rellenan cajones, carpetas, informativos y periódicos para no terminar (de momento) de materializarse. Desde 2007, que se sembró el proyecto por parte de una Junta socialista, hasta 2032, último plazo que se maneja para su apertura por un Gobierno andaluz popular, la infraestructura sanitaria cuenta ya por decenas sus virajes en el tiempo.

La historia de esta serie de promesas incumplidas arranca hace más de 17 años. Corría 2007 y los profesionales y un informe de CCOO alertaban de que Málaga era la provincia con peor ratio de camas de hospital por habitante de toda Andalucía –situación que se mantiene casi dos décadas después–.