• Se trata de la segunda mayor partida aprobada para el conjunto del sistema público universitario

La Junta de Andalucía ha dado el visto bueno a que la Universidad de Jaén (UJA) utilice 3,33 millones de euros de remanentes para acometer en el ejercicio 2024 mejoras de instalaciones e infraestructuras consideradas prioritarias en su campus, a través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras. Se trata de la segunda mayor partida aprobada para el conjunto del sistema público universitario. Este instrumento, contemplado en el modelo de financiación universitaria, tiene una dotación inicial de 80 millones de euros para dar cobertura a sus cuatro años de vigencia (2024-2027), con una distribución anual de 20 millones como máximo por cada ejercicio y para todo el conjunto universitario. Para este 2024, el sistema público de educación superior dispondrá de en torno a 20 millones de euros. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha sido la encargada de autorizar esa inversión, a propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Según se ha informado desde la Junta de Andalucía, dicha autorización se ha concedido a esta institución académica debido a que prevé cerrar este año sin déficit. Los remanentes no afectados son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público universitario. Hasta el ejercicio 2019, primer año del Gobierno de Juanma Moreno, el uso de estos fondos no estaba autorizado. La UJA dispone hasta la fecha de 18,32 millones de euros en concepto de remanentes, en virtud de las aportaciones realizadas por el Ejecutivo autonómico y a la gestión de la propia universidad, que ha venido generando superávits en años anteriores. La Consejería de Universidad ha venido trabajando con los rectores del sistema público para acordar el reparto definitivo de los fondos, a partir de la propuesta inicial llevada el pasado 22 de mayo al Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Una vez ajustados los importes de todas las instituciones académicas, la Consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos ha trasladado la propuesta con las actuaciones a la Consejería de Economía, que es la responsable de aprobarla de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades (LAU). Entre las actuaciones programadas para la UJA, se encontraría la intervención del edificio de Ciencias de la Salud y la dotación del mobiliario para este inmueble y para algunas plantas de Magisterio.

• El préstamo concedido por el Gobierno andaluz tiene un interés del uno por ciento y se debe pagar en 21 años
• Rescate a la Universidad de Málaga después de gastarse 160 millones en obras sin permiso
• La Universidad de Málaga busca tres millones para acabar el año tras gastar 160 millones en obras desde 2018
• La Universidad de Málaga es la que más dinero recibe y la que más gasta sin autorización en Andalucía
• La Junta dice ahora que la situación financiera de la UMA es «preocupante» con una deuda de 25 millones

La Junta de Andalucía consumará su rescate a la Universidad de Málaga (UMA) para salvar la maltrecha economía de esta institución académica. El modelo para inyectar dinero a la UMA es un préstamo de 48,5 millones de euros a un interés fijo del uno por ciento. Así se pretende aliviar una situación contable asfixiantes, que adelantó ABC en noviembre del año pasado, y a la que se llegó cuando bajo el mandato del anterior rector se gastaron 160 millones de euros del remanente de tesorería en obras sin autorización del Gobierno andaluz.

Ahora este crédito se hace para salvar la situación y se devolverá de un único pago por un plazo máximo de 21 años. La administración regional espera así solventar su «problema financiero» y que puedan atenderse las deudas generadas con empresas constructoras, que se ocuparon de la ejecución de obras en distintas facultades. «No solo beneficiará a la Universidad sino a toda Málaga», ha asegurado este lunes Carolina España, consejera andaluza de Economía.

Para la Junta de Andalucía la economía de la UMA «era un problema que había que resolver». «Nos pusimos manos a la obra para esta inyección económica, que supone que pueda seguir día a día prestado sus servicios académicos«, ha añadido España, quien explica que la también portavoz de la Junta.

El préstamo está asociado a un «plan de ajuste», siguiendo las directrices de la ley orgánica del sistema universitario. Según el consejero de Universidades José Carlos Gómez Villamandos, la UMA tiene que imponer «en un nuevo modelo de gestión mucho más eficiente». Desde esta consejería se insta buscar nuevos ingresos, así como a que este rescate sea «un punto y aparte en la historia de la Universidad».

El plan de ajustes lo tiene que aprobar el consejo social de la Universidad de Málaga, encabezado por el rector Teodomiro López, que durante la presentación del rescate estuvo arropado por los decanos de la facultades y por los vicerrectores, que conforman el 70% de este consejo. La devolución de este préstamo conllevará la contención de gastos que tiene que ver con el crecimiento del personal.

El objetivo de este préstamo es permitir que la UMA pueda hacer frente a una deuda acumulada debido a una serie de obras y proyectos pendientes, además de atender compromisos con proveedores. Esto le llevó a acabar el año pasado buscando tres millones para finalizar el ejercicio contable, luego a una deuda de 25 millones y ahora a un rescate de 48,5 millones. En el centro está una política de inversiones que acabó con el remanente, que era el colchón para los imprevisto y donde se dilapidaron sin autorización 160 millones de euros. Para el que nada sirvió ser la universidad que más dinero recibe en Andalucía.

• Las cuentas superan los 1.250 millones de euros, con 213 millones para inversión que priorizan el Auditorio, la nueva Rosaleda y la vivienda

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga, reunida en sesión extraordinaria y urgente, ha dado luz verde hoy al proyecto de presupuesto 2025 para la ciudad que supera los 1.250 millones de euros, con 213 millones para inversiones que priorizan la Rosaleda, el Auditorio y la vivienda.

El equipo de Gobierno quiere dar un importante impulso a dos grandes infraestructuras, como es el futuro Auditorio de la Música en Málaga en terrenos del Puerto -aún pendiente de culminar el convenio para impulsar una gestión público-privada del espacio-, para lo que se destinan cuatro millones de euros.

Otros cuatro millones de euros se dedicarán, a través de Promálaga, a las primeras actuaciones para adaptar el estadio de La Rosaleda a las exigencias de la FIFA con el objetivo en convertirla en sede del Mundial 2030. Una obra sobre la que pesan unos ajustados plazos, ya que la obra debe estar terminada un año antes de la celebración de la competición. El alcalde ha apuntado que esa cuantía se destinará a los trabajos previos, incluyendo el despeje de las parcelas al norte del estadio.

De ese total de inversiones, 33,8 millones se destinan a la construcción de 3.338 viviendas, ya sea a través de la construcción, la tramitación urbanística o la rehabilitación. Aquí, por ejemplo, está incluido el millar de VPO previstas en Soliva Oeste, con una inversión de 7,5 millones de euros para el año que viene. En esta parcela, el Ayuntamiento de Málaga deberá afrontar la urbanización del terreno, que está cifrada en 18 millones de euros.

Otra de las grandes infraestructuras que más peso tienen en los presupuestos para el próximo año es el Campamento Benítez, con 5,8 millones de euros. Este mismo año han arrancado las obras de reforma y rehabilitación y se prevé que terminen, según el calendario del propio Ayuntamiento, el año que viene. En cuanto el Neoalbéniz, se destinan 1.773.993,74 euros al proyecto básico y de ejecución de este equipamiento, que ya ha arrancado las obras. La Catedral recibirá este próximo año un millón de euros para las obras del tejado.

Oposición

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga criticó los presupuestos presentados para 2025, calificándolos de «irrealizables» e «insostenibles», con un preocupante aumento de la deuda municipal, según su portavoz, Daniel Pérez.

«Los presupuestos del PP no resuelven la emergencia de vivienda, las necesidades de los barrios ni las inversiones verdes», criticó la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas.

El Ayuntamiento de Estepona sacará a licitación en breve las obras de construcción de dos nuevos tramos de la senda litoral, lo que permitirá la prolongación del corredor costero en las zonas de Bahía Dorada al oeste del municipio y en Atalaya por el este, según ha informado este lunes el Consistorio.

Así, el Ayuntamiento continúa trabajando en el impulso de la senda litoral, tras instalar hace unos meses el último de los 17 puentes de madera de gran porte, previstos en el proyecto completo del corredor litoral.

Según han destacado, el Consistorio tiene ya avanzados los trámites para sacar en breve a licitación la construcción de las pasarelas que permitan ampliar el paseo, tanto por el este como por el oeste, al tiempo que trabaja en la ejecución de los tramos de Benamara y El Saladillo.

En concreto, en lo que respecta al tramo 20, correspondiente a la zona de Bahía Dorada, ya se han obtenido las autorizaciones pertinentes por parte de la Junta de Andalucía sobre el anteproyecto presentado, y se está trabajando ya en la redacción del proyecto definitivo.

Mientras, en el área de Atalaya, dentro del tramo 15 del proyecto municipal, se ha presentado toda la documentación y se está a la espera de las autorizaciones, han apuntado.

Más de 21 kilómetros de corredor

El proyecto del corredor litoral, puesto en marcha por el Ayuntamiento, encara su recta final y ya cuenta con más de 21 kilómetros de senda construida, estando muy cerca de concluirse esta iniciativa sostenible y de gran impacto para la ciudad que ha supuesto preservar el litoral poniéndolo en valor y posibilitando un nuevo atractivo turístico. Según han indicado, la senda se encuentra ejecutada en más del 90% de su trazado.

Las últimas actuaciones se han localizado en el tramo correspondiente a la zona de El Saladillo, con la construcción de una nueva franja de senda que permitirá unir la ya existente, al oeste, en la urbanización Costalita, con Benamara. Igualmente, se están culminando los trabajos en Benamara entre El Saladillo y el entorno de la urbanización Dos Hermanas.

• La Junta autoriza a la US y la UPO a utilizar 3,7 millones para mejora infraestructuras. La UPO lo utilizará para mejoras en el campus
• El rector de la Universidad de Sevilla irá a los tribunales si no puede terminar la Escuela de Agrónomos

La Junta de Andalucía ha aprobado la utilización por parte de las universidades sevillanas de más de 3,7 millones de euros –más de 3,2 millones la Universidad de Sevilla (US) y 464.010 euros la Universidad Pablo de Olavide (UPO)- para llevar a cabo mejoras en su campus en el ejercicio 2024 a través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras. Este instrumento, contemplado en el modelo de financiación universitaria, tiene una dotación inicial de 80 millones de euros para dar cobertura a sus cuatro años de vigencia (2024-2027), con una distribución anual de 20 millones como máximo por cada ejercicio y para todo el conjunto universitario.

Para este 2024, el sistema público de educación superior dispondrá de en torno a 20 millones de euros. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha sido la encargada de autorizar esa inversión, a propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Dicha autorización se ha concedido a estas instituciones académicas debido al superávit con el que prevén cerrar este año.

Los remanentes no afectados son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público universitario. Hasta el ejercicio 2019, con la llegada de Juanma Moreno al Gobierno de la Junta, el uso de estos fondos no estaba autorizado. Así, la US dispone hasta la fecha de 8,7 millones de euros en concepto de remanentes, mientras que en el caso de la UPO estos ascienden a 1,9 millones de euros, gracias a las aportaciones realizadas por el Ejecutivo autonómico y a la gestión de las propias universidades, que han venido generando superávits en años anteriores.

La Consejería de Universidad ha venido trabajando con los rectores del sistema público para acordar el reparto definitivo de los fondos, a partir de la propuesta inicial llevada el pasado 22 de mayo al Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Una vez ajustados los importes de todas las instituciones académicas, la Consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos ha trasladado la propuesta con las actuaciones a la Consejería de Economía, que es la responsable de aprobarla de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades (LAU).

En su propuesta de actuaciones a llevar a cabo a cargo de los remanentes de tesorería no afectados en 2024, la Universidad de Sevilla, única universidad que sube el montante aprobado respecto a la propuesta inicial del CAU, contempla las obras de reforma y ampliación de la ETS de Ingeniería Agronómica, que siguen avanzando y han alcanzado ya un porcentaje de ejecución del 80,73%, estando prevista su finalización en el mes de enero. Además, el documento recoge la petición de financiación para las actuaciones en el aulario del Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (CATEPS) en la Isla de la Cartuja, que comenzaron el pasado año y cuya ejecución ha alcanzado un nivel del 26,38%.

Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide dispondrá de los remanentes solicitados para un total de nueve actuaciones por una cantidad de 464.010 euros, de los que 76.482 euros los destinará a la mejora de sus aulas y 34.659 a la reforma del centro de transformación CTP04 tras una avería en el mes de julio que dejó sin suministro eléctrico suficiente a varios edificios del la UPO. Asimismo, financiará con fondos propios la redacción del proyecto de placas solares fotovoltaicas en la cubierta del edifico Complejo Universitario Flora Tristán (5.263 euros) tras las subvención recibidapor parte de la Agencia Andaluza de la Energía para su instalación y el proyecto de ejecución de la rehabilitación integral de la Antigua Central Térmica, por un importe de 13.671 euros.

Igualmente, el documento de propuestas presentado por la Olavide recoge la impermeabilización de la cubierta del Edificio 14 (56.648 euros), la instalación de climatización actual de las aulas 6-7 del Edificio (82.535 euros) y la reforma parcial del Pabellón de Marruecos, de la Exposición Iberoamericcana de 1929, tras la concesión demanial y gratuita del inmueble por parte del Ayuntamiento de Sevilla para desarrollar un proyecto cultural, académico y de internacionalización, a lo que destinará 49.750 euros.

Además, para abordar la siguiente fase de rehabilitación del edifico, se llevará a acabo un análisis parcial de la estructura por un valor de 25.000 euros. Por último, se destinarán 120.000 euros a la acometida eléctrica del edificio que se convertirá en un Centro de Excelencia en Genómica y Análisis de la Biodiversidad (CEGAB).

Una vez desarrollados estos proyectos e intervenciones por parte de las universidades públicas, la Consejería de Universidad se encargará de evaluar y revisar su ejecución para, posteriormente, informar al CAU.

Para beneficiarse del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024-2027, la Junta de Andalucía ha establecido tres requisitos de carácter financiero que tienen que cumplir estas instituciones académicas. El primero fija la obligación de disponer de transferencias autonómicas no ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior a la ejecución de la inversión y el segundo exige a las universidades contar con un presupuesto (o prórroga) en situación de equilibrio en términos de contabilidad nacional.

En tercer lugar, se determina la necesidad de presentar para el ejercicio en el que se solicita la autorización una previsión de liquidación presupuestaria en equilibrio y un saldo positivo de transferencias no ejecutadas de la Junta.

Al margen de las transferencias no ejecutadas, las universidades públicas tendrán a su disposición otras dos vías de financiación definidas por el Ejecutivo autonómico. Por un lado, la financiación europea, que dará cobertura a intervenciones de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias.

En este caso, ya se está explorando la posibilidad de que las instituciones académicas opten por primera vez al programa de incentivos en materia de eficiencia energética en las Administraciones públicas que convoca la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Y por otro, fondos extraordinarios de la Junta para impulsar nuevos proyectos apoyados en función de su viabilidad económica y técnica.

Además de estos recursos, los campus andaluces disponen de más de un millón de euros a través de la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA) para llevar a cabo la instalación de placas fotovoltaicas.