A tan sólo unas horas de que se celebre el Pleno extraordinario en el que se aprobarán los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para el año 2025, gracias al acuerdo alcanzado estos días entre PP y Vox, el gobierno de José Luis Sanz ha hecho balance del grado de ejecución de las cuentas de gasto de 2024, «el año en el que más dinero se ha ejecutado en toda la historia», ha informado el delegado de Hacienda, Juan Bueno. En total, el ejecutivo local ha gastado más de 960 millones de euros «en sólo 145 días», el tiempo que ha pasado desde la ratificación definitiva del presupuesto el 8 de agosto hasta el 31 de diciembre, cierre del ejercicio. «Hemos tenido 220 días menos que cualquier otro gobierno», a pesar de que «eran muchas las voces agoreras», ha dicho.

Para Bueno esta cifra merece el calificativo de «espectacular», señalando que es consecuencia «del esfuerzo de los trabajadores municipales, del personal directivo y de todos los delegados con el alcalde a la cabeza». Así, estos más de 960 millones representan un grado de ejecución del 78,21%, un dato que podría superar la barrera del 80% «en cuanto se terminen de contabilizar las operaciones pendientes». Al respecto, ha hecho una comparación con los datos obtenidos en el año 2022, el último ejercicio completo en el que no se produjeron cambios en el gobierno municipal. En relación a entonces, «hemos superado su ejecución en casi 2 puntos y en más de 110 millones», a pesar de tener «siete meses y medio menos para ejecutarlo».

El responsable de Hacienda también ha realizado una comparativa con lo ocurrido en el año 2023, en el que durante los primeros seis meses fue el PSOE quien estuvo al frente de la gestión de la ciudad, que pasó a estar en manos del equipo de José Luis Sanz en el segundo semestre. Así, Bueno ha recordado que «de todo lo que se ejecutó ese año, los socialistas gastaron el 48%, mientras que nosotros invertimos el 52%». O lo que es lo mismo, «unos 30 millones más que un gobierno que llevaba ocho años gobernando». En concreto, «si el gobierno de Muñoz en el primer semestre de 2023 invirtió 11 millones de euros en la ciudad, el nuestro invirtió en el segundo semestre más del doble, casi 23,5 millones de euros», ha explicado.

En cuanto al detalle de lo invertido en 2024, Bueno ha aclarado que en el caso de bienes y servicios se han ejecutado 154,74 millones, «enfatizando la mejora de los procesos de contratación para la prestación de servicios». En transferencias corrientes, la inversión ha sido de 370,42 millones, «lo que supone un indicador del impulso a las empresas municipales como la limpieza o el transporte público». Finalmente, la cifra en inversiones ha llegado a los 79,5 millones, «un 17,43% más que en 2022». Sobre los gastos, en seguridad y movilidad crecieron un 23,5%, pasando de 95 a 124 millones; en transporte público, un 17,66%, pasando de 87 a 105 millones, y en vivienda, un 11% más, llegando a los 72 millones de euros.

El delegado de Hacienda también se ha referido al capítulo de ingresos del presupuesto del año 2024, en el que se incluyó una bajada generalizada del 1% de los impuestos y la congelación de las tasas y los precios públicos. «Los datos no dan la razón, pues hemos recaudado 11,5 millones de euros más que en 2023, aún bajando los impuestos». En esta cifra queda al margen la tasa a las operadoras de telefonía por la ocupación del suelo y el vuelo, un impuesto que decidió recuperar el gobierno de José Luis Sanz en su primer año de mandato después de que se eliminara anteriormente ante las dudas legales que provocó una sentencia del Tribunal Supremo.

En este sentido, Bueno ha informado que al cierre del ejercicio ninguna de las cuatro operadoras que trabajan en Sevilla ha abonado la tasa que le corresponde por esta ocupación del espacio público. Esto ha provocado que el Ayuntamiento de Sevilla encargue un estudio para determinar cuántos metros de superficie son utilizados por cada uno de ellos y, en función del mismo, girarle un recibo con la cantidad que deben pagar. En total, aunque la estimación inicial era de 10 millones de euros, Hacienda les ha solicitado una cifra que asciende hasta los 19 millones de euros. «Ellos tenían que hacer el pago voluntario y al no hacerlo se le ha girado la cantidad para que lo paguen». Ahora, las operadoras tienen la opción de abonar esta cifra o, si lo creen conveniente, recurrir el planteamiento municipal.

Al margen de lo ocurrido con las cuentas del pasado 2024, este miércoles se ha convocado un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Sevilla para la aprobación de las cuentas de 2025. Al respecto, la coalición de Podemos-IU, junto a las organizaciones que la apoyan, han hecho «un llamamiento para que la sociedad civil se organice y luche» contra el acuerdo alcanzado por el gobierno de José Luis Sanz y el grupo municipal de Vox. El concejal Ismael Sánchez (IU) ha anunciado que se ha convocado una concentración a las puertas de la Casa Consistorial por parte de los movimientos feministas y animalistas, pidiendo «a toda la sociedad y a las fuerzas sindicales de base que se sumen para que el alcalde vea que el camino tomado es erróneo».

Su compañera Susana Hornillo, portavoz del grupo, se ha pronunciado en la misma línea, al tiempo que ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad de las cuentas. «Suponen una involución democrática y que el ‘trumpismo’ ya ha llegado a Sevilla», ha asegurado, insistiendo en que «se intenta implantar un nuevo sentido común, una nueva lógica, que es más propia de un tiempo franquista que de un Ayuntamiento democrático y ese es el legado político que va a quedarle a José Luis Sanz». Frente a ello, ha hecho «un llamamiento a los movimientos sociales, a todas las personas antifascistas de Sevilla, para que estén vigilantes y para que ante cualquier retroceso de derechos lo denuncien para que no se dé ni un paso atrás».

Bueno, por su parte, ha respondido que desconoce «cuáles son las razones de ir en contra de los presupuestos», puesto que «nunca ha habido un gasto social más alto que en este mandato». De hecho, ha insistido en que estas cuentas «ni tenían carga ideológica ni lo tienen ahora» y que lo único que ha cambiado tras el acuerdo alcanzado con Vox es «una reorganización del gasto social, por menos de un millón de euros». Frente a ello, «aquellos que piensan que tiene carga ideológica deberían demostrarlo, pasando de los titulares a las cifras, para que fueran creíbles».

Por su parte, el grupo municipal del PSOE ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad del presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para el año 2025, justificando que lo hace porque, «además de carecer de modelo de ciudad, no atiende a las necesidades reales del conjunto de los sevillanos, no garantiza una correcta prestación de los servicios públicos municipales y está elaborado sobre unas cuentas ficticias e infladas». En este mismo sentido, el portavoz Antonio Muñoz ha criticado «la implicación de la extrema derecha en la capital de Andalucía por vez primera en democracia» y, en consecuencia, «la imposición de su carga ideológica traducida en recorte de derechos, en una apuesta por la especulación inmobiliaria y en crispación social y política».

Al respecto, ha insistido en que «como hace la carcoma, la alianza de Sanz con la ultraderecha, que mete en el Ayuntamiento el cuestionamiento de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género y de la lucha contra el cambio climático y contribuye a generar odio hacia las personas migrantes, va royendo los derechos sociales. Y Sanz no tiene problema en pagar este precio». Muñoz ha reiterado que «si ya de por sí el borrador de presupuesto de Sanz sobre el que el PSOE presentó su batería de propuestas en noviembre pasado para negociar era malo, el pacto con la ultraderecha lo ha empeorado en la parte más sensible: la social».

• La licitación ha quedado desierta por segunda vez para ejecutar un proyecto de 23 millones de euros
• El Gobierno aprueba la remodelación del enlace de la A7 en Roquetas de Mar con una inversión de 54 millones de euros

Desde septiembre de 2023 Roquetas de Mar busca inversores para la construcción y explotación de un hospital privado. Tras un primer intento fallido se remodeló el proyecto, se volvió a sacar y nuevamente la licitación ha quedado desierta sin poder adjudicarse.

En julio de 2024, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó un nuevo anteproyecto y los pliegos reguladores del concurso tramitado por el procedimiento abierto para la concesión demanial sobre un terreno de titularidad municipal con el objetivo de construir y explotar un complejo hospitalario privado por un plazo de 75 años. Casi 40.000 metros cuadrados sobre los que construir y explotar un complejo sanitario de más de 200 camas con área de docencia.

El Ayuntamiento de Cádiz se ha puesto a buscar suelo para viviendas en la ciudad hasta debajo de la alfombra. Pendiente de iniciar las obras del centenar de nuevos pisos públicos anunciados el año pasado, y mientras avanzan las promociones de Chinchorros, García de Sola y Santiago, el gobierno municipal analiza los espacios libres que quedan en la ciudad que ya tienen uso residencial para intentar activarlos. Y, a la vez, apunta en el plano los suelos no residenciales que no tienen uso alguno desde hace años y que podrían adaptarse para futuras viviendas.

En este segundo caso juega un papel esencial el proceso de modificación del PGOU que se ha iniciado. El mismo se ha puesto en marcha para cerrar al máximo el crecimiento del parque inmobiliario. El actual PGOU, en vigor desde 2012, ha quedado totalmente desfasado en materia de vivienda. Y aunque una parte de las proyecciones en esta materia aún no se han cumplido, la limitación de nuevos pisos que preveía, menos de 4.000, se quedaba muy lejos de las necesidades de la ciudad. Por eso la necesidad de ampliar estos suelos.

Aunque modificar el PGOU es un proceso lento (en todo caso, la urgencia de contar con más suelo tal vez permita acelerar la elaboración de los documentos de otras administraciones que deben acompañar a esta modificación), el Ayuntamiento ha optado por esta fórmula para tener una visión clara de lo que se puede hacer en el conjunto del término urbano. En Navalips, promovido por la Zona Franca con el apoyo municipal, sí se utilizó la fórmula de un plan de reforma interior, que aún así también ha agotado muchos meses de trámites administrativos.

En esta búsqueda de suelo el gobierno municipal y el regional ya han puesto sobre el papel operaciones en Valdeíñigo, Tolosa Latour y la Escuela de Náutica, con unas 300 nuevas unidades. En todo caso, en el terreno donde iba a ir hace hace dos décadas la Ciudad de la Justicia aún cabrían más pisos si se eliminase el complejo de oficinas que proyecta tambiénen la Junta.

La incógnita de Casitas Bajas

Otro suelo amplio donde poder construir es el de las antiguas Casitas Bajas, en San Severiano. La propiedad se reparte entre una empresa privada (que en su día compró la totalidad del suelo) y el Ayuntamiento (que se queda con parte del mismo gracias a los aprovechamientos urbanísticos de la unidad de ejecución en el que se integra este espacio). A pesar de la relevancia de esta parcela hasta ahora no se ha logrado un acuerdo público-privado para sacar adelante una operación que permitiría la construcción de más de un centenar de viviendas. Además, el PGOU incluye a las Casitas Bajas como uno de los suelos donde poder levantar un edificio de 20 plantas de altura.

Pero el mayor terreno donde poder construir viviendas se ubica en el precario polígono exterior de la Zona Franca, hoy con calificación industrial, aunque una modificación urbanística va a permitir construir una residencia de estudiantes y un hotel en el entorno de la Zona Base (epicentro de la economía azul que promueve el Consorcio).

Desde hace décadas, este polígono, con medio millón de metros cuadrados, se encuentra en un estado de decadencia del que no logra salir, a pesar de haber contado con más de un plan de relanzamiento proyectado en los últimos años. Con el suelo en su mayor parte en manos de la propiedad privada, es el pulmón que le queda a Cádiz para construir viviendas en una cierta cantidad.

Lo cierto es que no todo tendría uso residencial, pues aún quedan pequeños talleres y equipamientos industriales en servicio, que sería necesario reagrupar en una parte de este suelo.

El Ayuntamiento de Bruno García pretende incluir en la modificación puntual del PGOU este suelo para cambiar en parte del mismo el uso industrial por el residencial. El planteamiento del equipo de gobierno es claro: no se quiere suelo no productivo en la ciudad. Cádiz, con un histórica falta de terrenos y con el peligro que le acecha de bajar de los 100.000 habitantes, necesita definir con claridad más espacios para viviendas.

Esta apuesta, en todo caso, no implica eliminar la industria del término urbano. Más allá del recinto fiscal de la Zona Franca (el histórico, casi agotado, y el que queda por ocupar en la antigua Altadis), el Ayuntamiento tiene claro que hay que mantener metros dedicados a la industria limpia, entre la que incluye la clara apuesta de la ciudad por la economía azul. Así, el polígono exterior compatibilizaría ambos usos, aunque con una mayor relevancia del residencial respecto al que se pintó hace ya años, en la etapa de Teófila Martínez como alcaldesa y José de Mier como delegado del Consorcio.

En todo caso, esta no será una operación fácil de cerrar. Hay que tener en cuenta que buena parte de este suelo es de propiedad privada, y es de suponer que un porcentaje de estos empresarios querrá obtener beneficios a la hora de deshacerse de sus terrenos.

La participación del Estado

Para hacer viable esta propuesta tendrá que entrar de lleno el Estado, del que depende la Zona Franca. Y más cuando acaba de lanzar un amplio programa en defensa de la vivienda pública. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de cumplir en Cádiz estos compromisos, en una de las ciudades del país con mayor déficit de viviendas y con menos suelo donde construir.

Por lo pronto, en la agenda del Ayuntamiento está pendiente una reunión con la Zona Franca para analizar un diseño consensuado del polígono exterior. En este sentido, el acalde indicó a este diario que primero se está trabajando en el proyecto del nuevo Hospital Regional y en una propuesta para que el Consorcio acepte la operación de venta del nuevo para este centro médico; a la vez se sigue avanzando en el proyecto de 800 pisos en Navalips. Y cuando todo ello esté totalmente encauzado, se pondrá en marcha la tercera pata de esta relación entre Ayuntamiento y Zona Franca.

Mientras, desde el Consorcio se sigue defendiendo el carácter industrial del polígono exterior.

La Diputación de Granada ha celebrado este lunes una reunión con técnicos de las distintas delegaciones de la institución implicadas en el avance de los proyectos que integran la senda litoral. La licitación del primero de ellos, que cubre el tramo entre Cantarriján y El Tesorillo, en Almuñécar, con una inversión prevista de 1,2 millones de euros, está a la espera de la firma de las autorizaciones de algunos propietarios cuyos terrenos se ven afectados.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de la Diputación y diputado de Presidencia y Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro, ha señalado que estas reuniones periódicas se vienen produciendo prácticamente todas las semanas, avanzándose en paralelo en la licitación del segundo proyecto que está previsto active la institución provincial, entre El Tesorillo y Calahonda, en término de Motril, que se divide a su vez en diversos subtramos.

“Todo el proyecto de ese trazado está listo” y se valora en total en torno a los 4,1 millones de euros. Se va a comenzar por Salobreña, en el subtramo que, con un presupuesto de unos dos millones, unirá La Caleta con la Rambla de Puntalón, en el límite con Torrenueva Costa.

Como el de Almuñécar, que la Diputación confía que pueda estar licitado en el primer semestre de 2025, está previsto que este subtramo lo esté también en este año, a fin de que puedan ponerse en marcha las obras en ambos en los próximos meses.

En cuanto a los permisos que estaban pendientes a finales del pasado verano para el primer tramo, entre Cantarriján y El Tesorillo, Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta hizo recomendaciones de cara al proceso de la obra, pidiendo un inventario de plantas naturales, así como observaciones que había que incluir sobre señalética, ha indicado el vicepresidente.

Pero resuelto este aspecto, la Diputación está ahora a la espera de “la disposición total de los terrenos” en tanto hay varios propietarios entre Cantarriján y Cotobro, que aún tienen que firmar una autorización, para lo que desde la institución provincial se está dando un “plazo razonable”.

En paralelo se avanza en la tramitación de la licitación del subtramo que permitirá el inicio de las obras en Salobreña, con las distintas administraciones que han de dar autorización, entre ellas la estatal, en concreto Costas, o la andaluza, en Medio Ambiente. Los técnicos mantienen reuniones periódicamente también para ello.

Está firmado el convenio correspondiente con el Ayuntamiento salobreñero, ha detallado Navarro, al igual que con los de Motril, donde es primer teniente de alcalde, y se desarrollan trabajos en el marco del proyecto provincial de la senda litoral, y Torrenueva Costa, y con la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda, en término motrileño.

Navarro ha hecho hincapié también en las ayudas facilitadas por la Diputación a las entidades locales, como la que ha señalado que se ha dado al Ayuntamiento de Torrenueva, como consistorio que tiene lista su parte de la senda litoral, para intervenciones de mejora en el tramo urbano de la misma, con iluminación y articulación de una zona de sombra.

Se trata, ha precisado el diputado, de mejorar en lo posible “lo que tengan los ayuntamientos hecho” en sus términos para la senda litoral de la costa de Granada, un proyecto que abarca un total de más de 80 kilómetros.

Según la información facilitada en su día, la senda conllevará la “utilización de algunos de los paseos marítimos existentes” junto con “otras zonas que la Diputación de Granada consolidará con espacios especialmente escarpados en los que se garantizará la seguridad” y “se mejorarán las sendas que ya existen” sumando otras “de creación nueva” tanto de hormigón como de madera.

El plan recoge también “una serie de puntos estratégicos y de proyectos singulares, como pueden ser, por ejemplo, ese puente colgante que va a ir desde el faro” hasta el túnel de Sacratif o el “mirador especial pilotado” que va a unir lo que sería toda la parte de Playa Granada por delante del Hotel Impressive para unirlo a la playa de Salobreña, “que ya unirá con el puente y el paseo marítimo de este municipio”.

En resumen se planifica una vía de “acceso peatonal y ciclista en algunas zonas”, que va a ser utilizada desde el punto de vista turístico y medioambiental porque “hay muchos senderistas que utilizan este tipo de espacios”, todo ello con una imagen corporativa única en la que los ayuntamientos colaborarán también con el mantenimiento de la misma una vez que se ejecute.

“También que utilice esas sendas que se están haciendo hacia el interior o que se van a hacer”, como la fluvial que va a ir en el entorno del río Guadalfeo y que “va a llegar prácticamente, por ejemplo, a Vélez u otras zonas de la Contraviesa que se irán estudiando en una segunda fase”.

Se esperaba desde hacía meses y este lunes ya finalmente el Consorcio del Palacio de Congresos ha sacado a licitación la redacción del proyecto y ejecución de obras del recinto, que supondrá la inversión de 7,6 millones (IVA incluido) de los que 6,1 se financiarán con Fondos Next Generation y el 1,4 restante autofinanciado. Las obras dotarán al Palacio de mejoras que urgen para su modernización a través de la rehabilitación energética, la reforma y reparaciones del edificio. La adjudicación será con tramitación de Urgencia y hay hasta el 14 de febrero para pesentar ofertas a un contrato con 12 meses de ejecución.

El retraso en el contrato ha obligado incluso a realizar una adenda al mismo para aplazar las fechas en las que las intervenciones deben estar finalizadas, recibidas y destinadas al uso público: antes del 31 de marzo de 2026 la segunda fase. La primera tenía hasta septiembre del pasado 2024. Y se pide que las obras se puedan ejecutar sin interferencias con las actividades y congresos previstos en el Palacio por la empresa concesionaria.

La Consejería de Justicia ha sacado a licitación el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra para la adecuación a sede judicial del edificio del Cubo de Granada. Un anuncio que supone el inicio de los trabajos de adecuación del inmueble para la futura Ciudad de la Justicia de Granada una vez que el 5 de diciembre pasado se firmó el contrato de compraventa con CaixaBank por 22,5 millones. Como anunció la Consejería, una vez que la Junta es titular del inmueble, se iban a agilizar los trabajos para cumplir con los plazos del Plan de Infraestructuras Judiciales. Y este es el primer contrato para ello, en el que se destinarán casi 2 millones de euros a la redacción del proyecto y dirección de obra. La duración del contrato es de 38 meses, por lo que una vez adjudicado se estiman 3 años para su conclusión total. Con procedimiento abierto y tramitación ordinaria, el importe de licitación sin IVA es de 1,6 millones y con IVA sube a los 2 millones de euros. Para pesentar las ofertas se ha puesto como fecha límite el próximo 12 de febrero.

Finalmente, según se detalla en los documentos de la licitación pública, se hará una reforma por fases con un primer alcance que será parcial. Según el pliego de prescripciones técnicas del contrato, consultado por este periódico, “limitaciones presupuestarias impiden por el momento acometer su completa adecuación, lo que exige, en el marco de una propuesta de actuación de adaptación global del edificio que habrá de alcanzar el desarrollo máximo de proyecto básico y constituye parte del objeto de este contrato, la redacción de un proyecto de ejecución de las obras de máxima prioridad que habrá de constituir una intervención parcial o fase 1 y cuya ámbito se delimitará de forma precisa durante la ejecución del contrato una vez la entidad adjudicataria haya ejecutado de conformidad el proyecto básico y obtenga el informe favorable”. Es decir, el anteproyecto y proyecto básico deberán contemplar el proyecto global de intervención para su comleta adecuación pero el proyecto básico y de ejecución alcanzará la ejecución de las obras de adecuación del edificio de la primera ocupación . Así, la cuantificación de las necesidades a satisfacer en el proyecto de la fase I de adecuación se determinará una vez se disponga del proyecto básico de adecuación global del edificio. El límite de presupuesto para la ejecución de las obras recogidas en el contrato hace que el alcance de esta actuación parcial tenga como prioridad la delimitación del área del edificio objeto de la fase I, que será albergar los tribunales de la Audiencia Provincial y los juzgados unipersonales de las jurisdiccicones Civil y Contencioso-Administrativa conforme al nuevo modelo de juzgados.

Como explica el expediente, el objeto del contrato es el trabajo de redacción de proyecto y dirección facultativa de la obra del Cubo, donde se trasladarán gran parte de los órganos judiciales y fiscales con sede en Granada y los servicios de la Administración de Justicia. Un edificio con dos sótanos y siete plantas sobre rasante que suman una superficie construida de 36.525 metros cuadrados. La parcela tiene también espacios libres para aparcamiento y jardín.

El Servicio de Obras y Patrimonio de la Dirección General de Planificación estudió la viabilidad del inmueble para acoger la Audiencia Provincial, la Fiscalía Provincial, los órganos de las Jurisdicciones Civil, de lo Contencioso-Administrativa y Social, así como los servicios de la Administración de Justicia Necesarios. También el Decanato, la Coordinación Provincial de LAJS, Mugeju, los colegios profesionales de abogados, procuradores, el servicio de orientación jurídica y el de mediación.También ubicará el archivo. Esto será el programa general de uso del edificio. Y para acoger todo esto hay que adecuar el edificio, hasta ahora de oficinas bancarias. Y además se pretende que se adapte tanto al programa funcional ahora diseñado “en una primera fase de ocupación racional del edificio como a todos los crecimientos futuros que experimente la planta judicial de Granada y que llevarán a que el edificio en un futuro albergue todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción del penal”, que irá en el edificio que se construirá en el solar anexo al Cubo.

Con todo, como se ha explicado por cuestión presupuestaria, “la voluntad del órgano de contratación es llevar a cabo una primera fase de ocupación con los órganos antes mencionados, por lo que el proyecto básico y de ejecución preceptivo para lanzar la licitación de las obras alcanzará solo esa primera adecuación del edificio, con una inversión más contenida”.

Obras hasta 2028 en esta primera fase

Aunque el contrato no se divide por lotes, se detalla que el precio de la fase de redacción del proyecto será de 1 millón de euros y la dirección facultativa, de 632.011 de lo que se ha denominado primera fase, sin contar el IVA. El gasto del contrato se distribuirá en cuatro anualidades, desde 2025 hasta 2028.

La previsión es que el contrato pueda comenzar su ejecución alrededor de abril o mayo. Después, el calendario que se contempla es el siguiene, según el expediente: 2025 trabajos previos, anteproyecto y proyecto básico; 2026 proyeto básico y de ejecución, eestudio de seguridad y salud y un 5% de dirección de obra y ejecución de la misma; en 2027 se ejecutará un 60% de dirección de obra y en 2028 el 35% restante y las certificaciones finales.

El plazo de ejecución del contrato se divide en dos fases. La primera es la de redacción del proyecto y la segunda la de la dirección facultativa, que se iniciará con la firma del acta de replanteo y autorización del inicio de las obras. Así, se calcula según los plazos por meses desde el inicio del contrato que la fase de redacción del proyecto se prolongue durante ocho meses y la dirección facultativa llegue desde los 26 meses a los 38 de la liquidación final. “Dichos plazos parten de una estimación de periodo de obras de 18 meses, que se considera adecuada a la dimensión de las mismas”, por lo que la obra en sí durará año y medio desde el arranque de los trabajos.

Criterios a valorar

Entre los criterios a valorar, punturá el mejor esquema de funcionamiento del conjunto y los espacios libres, la seguridad de accesos y la eficiencia en los recorridos. Tambien la idónea ubicación de las áreas funcionales y su futuro crecimiento dentro del edificio, la accesiblidad y diferenciación de las circulación. Se prestará especial atención a la funcionalidd de los recorridos y las relaciones entre espacios con mayor afluencia de público (salas de vistas o registro civil), los circuitos habituales para el personal interno trabajor y las específicas condiciones requeridas para la estancia y movimiento de detenidos.

También se valorará el interés arquitectónico de la propuesta así como la preservación y potenciación de los valores arquitectónicos y el carácter emblemático de un edificio que fue diseñado por el arquitecto Alberto Campo Baeza. Obtendrá también puntos la adaptación del conjunto al uso judicial con soluciones razonables y eficientes para la adaptación sucesiva del edificio desde una primera ocupación del mismo a una progresiva transformación que culmine en el proyecto global de adaptación del conjunto, por lo que se valorará también el impacto de obras futras sobre lo que ya funcione.

El Pliego de Prescripciones Técnicas, también analizado por este periódico, recoge que las necesidades el edificio tendrán que satisfacer el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, cuya entrada en vigor podría ser anterior al inicio de los trabajos de redacción del proyecto, lo que determinaría la inminencia de la implantación del nuevo modelo judicial, que introduce cambios profundos al convertir el modelo tradicional de juzgados unipersonales independientes, compuesto cada uno por un magistrado, un letrado de la administración y un número variable de gestores, tramitadores y auxiliadores, en un Tribunal de Instancia único, organizado por secciones correspondientes a los asuntos que trate, compuestas cada una de ellas por los magistrados, actuales titulares de los juzgados, letrados y un número determinado de funcionarios de los cuerpos de gestión y de tramitación procesal y administrativa. También la audiencia provincial se verá afectada por la nueva ley aunque con efectos menos notorios.

Se recoge que para las necesidades que no puedan abordarse en esta primera fase, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, se podrán progrmar en el futuro otras obras hasta culminar la adaptación del edificio.

Necesidades globales en el nuevo edificio por secciones

Las necesidades globales del edificio según sus servicios obligará a ubicar diferentes órganos judiciales. La Audiencia Provincial de Granada se ubicará íntegramente en el edificio, incluso su Presidencia y su unidad de tramitación, lo que exigirá la permanencia en sede de detenidos para su asistencia a las vistas orales y salas de vistas con requisitos específicos para ello, en particular la del jurado. En la actualidad, dispone de 3 secciones civil y 2 penales, con 19 magistrados, 5 letrados de la administración de Justicia, LAJS, uno por cada sección y 5 oficinas. La nueva ley sustituye las oficinas, antes independientes, por una nuica unidad de tramitación. Para la Audiencia Provincial se necesitarán: despacho del presidente, sala de juntas para unas 25 personas, antedespacho y sala de espera. Además, para el tribunal de la Audiencia harán falta despachos de magistrados, salas multiusos para deliberaciones, despacho de dirección de la UTRAM, de letrados de la administración de justicia, de la jefatura de equiopo de la UTRAM, la unidad de tramitación de la Audiencia Provincial y espacio para el auxilio judicial

El edificio del Cubo albergará también las jurisdicciones Civil, Contencioso-Administrativo y Social del Partido Judicial de Granada, con carácter prioritario las dos primeras, que son las que se incluyen en la primera fase de reforma. El Tribunal de Instancia se organizará por secciones: Civil (se conformará a partir de los actuales 17 juzgados de Primera Instancia, los 3 de Primera Instancia-Familia y los 2 de lo Mercantil); Contencioso-Administrativa (a partir de los actuales 5 juzgados) y Social (se conformará a partir de los actuales 8 juzgados). Cada sección estará compuesta por los magistrados titulares de los actuales juzgados. Se ha estimado un crecimiento de las mismas. El Tribunal de Instancia de Granada dispondrá de las siguientes dependencias: salas multiusos, despachos de magistrados, salas de espera infantiles, dos despachos para equiios psicosociales.

La Unidad de Tramitación del Tribunal de Instancia (UTRAM) será la responsable de la ordenación del procedimiento y se organizará por áreas: Civil, Contencioso-Administrativa y Social se situarán en este edificio y la Penal no. Tendrá despacho de dirección y de letrados de las tres secciones, entre otros.

En cuanto a los servicios comunes procesales, han de preverse el General (SCPG) y el de Ejecución (SCPE). Ambos servicios son únicos para todos los tribunales, por lo que para esta sede conlleva una dotación fraccionada acorde a los tribunales que albergará. Tendrá dirección del servicio, las dependencias de la junta electoral provincial y de zona, salas de archivo, oficinas de tramitación, salas multiusos, equipo de averiguación patrimonial, etc.

En cuanto a la Fiscalía Provincial, precisa una ubicación específica como órgano diferenciado en cuanto a la sección especializada en asuntos de Familia, que deberá permanecer en el Cubo. Tendrá atención al público, despacho del fiscal coordinador, despachos de fiscales, oficina de la sección y zonas de auxilio.

El Registro Civil combinará antención en mostrador y en mesa y estará integrado por un área de atención al públio para trámites, sala de espera, despacho de letrado, oficina de tramitación y 14 puestos de trabajo. También tendrá salas de entrevistas, de auxilio judicial y archivo. Además, se preverán las necesarias para la celebración de bodas de unos 80 metros cuadrados y con salida directa al espacio libre exterior y una antesala de bodas para las esperas.

Salas de vistas, zona de detenidos, bodas y seguridad

Una característica del edificio es su tipología, con un patio central cubierto, espacios de trabajo en sus cuatro frentes y escalres en su cuatro ángulos, lo que a priori se estima buen punto de partida para la adecuación a su uso judicial. La planta jardín es susceptible de albergar las salas de vistas, lo que permite destinar el resto de las plantas del edificio a los órganos y servicios de la administración sin exigir una modificación profunda. Se hacen necesarias, según el proyecto, 21 salas de vistas: 11 de 60 metros cuadrados y 14 de 80, en las que no se prevé asistencia de detenidos; 3 de 80 metros cuadrados para vistas con detenidos y 1 para la celebración de juicios con jurado. Con sus dependencias anexas como antesalas, esperas de testigos y esperas de detenidos.

También habrá de dotar de área de detenidos para personas procedentes de un centro penitenciario y siempre bajo custodia policial, por lo que hay que extremar las condiciones de seguridad. Tendrá depósito de furgón policial, sala de cacheos, sala de retén, celdas, sala de ruedas de reconocimiento, sala de declaraciones y aseos. Tendrán conexión inmediata con las zonas donde tengan que ser trasladados para su asistencia a una vista oral.

En cuanto a la circulación y seguridad, la adaptación del edificio necesita distintos grados de accesibilidad: zonas abiertas, acceso controlado, acceso restringido y acceso prohibido, lo que requiere prevere circulaciones diferenciadas para personal y público e incluso exclusivas de determinados usuarios. Las áreas de circulación abiertas son la atención al público del SCPG, las salas de vistas, registro civil, servicio de mediación o servicio de orientación jurídica. Zonas de acceso controlado, a las que el público en general no tendrá acceso, serán, entre otras, despachos y oficinas de colegios profesionales y de la abogacía pública, salas multiusos, zonas de espera del SCPG y del SCPE. Las zonas de acceso restringido serán la totalidad de los lugares de trabajo a excepción de los de las zonas abiertas. Las zonas de acceso prohibido son las dependencias de seguridad y control de acceso al recinto o al edificio así como las dependencias de su personal, archivo de documentos y depósito de piezas de convicción, incluso archivos vivos de cualquier área.

El salón de actos mantendrá su configuración actual con 775 metros cuadrados y aforo para 384 localidades, manteniendo las mismas prestaciones.

Por último, habrá espacio para los colegios profesionales y la abogacía pública, decanato, coordinación provincial de secretarios judiciales, la mutualidad Mugeju, para traductores y peritos, locales sindicales, 3 salas de descanso, 3 salas de lactancia y vestuarios.

Actuación en la cubierta

Dentro de las actuaciones prioritarias a ejecutar deberá incluirse la solución a los graves problemas de estanqueidad de la cubierta del edificio (planta 7) y, en menor medida, a las filtraciones de la cubierta de la planta jardín. Según el documento, “tras las consultas urbanísticas realizadas, se descartan soluciones que pudieran plantear la cubrición de las zonas de la cubierta en las que se ubican instalaciones”.

Al constituirse la cubierta como un elemento esencial de la envolvente del edificio, las soluciones que se propongan deberán contemplar la mejora del aislamiento térmico de la cubierta, cuantificando su indencia sobre la eficiencia energética del edificio.

El documento incluye también que de la consulta realizada por técnicos a Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, habría que realizar un cambio de uso del edificio a equipamiento comunitario S.I.PS. Servicios de las Administraciones Públicas, que se solicitaría con la licencia de obra.

La Diputación de Huelva saca a licitación el contrato de redacción del anteproyecto y proyecto de la nueva carretera de acceso que irá desde la carretera provincial HU-4402 hasta el puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim. Para la finalización de los accesos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España concede una subvención directa a la institución provincial, que licita dicho servicio por un valor estimado de 330.578,51 euros.

Los plazos ascienden a 13 meses a contar desde la firma del contrato de formalización, fijándose cinco meses para la redacción del anteproyecto y ocho meses, desde la notificación de la aprobación del mismo, para la redacción del proyecto.

• Las obras de las dos nuevas bolsas de estacionamiento en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra favorecen la conexión entre la zona metropolitana y la capital

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado dos enclaves estratégicos -financiados con más de 3,6 millones de euros procedentes de fondos europeos- que fomentarán la movilidad sostenible en el área metropolitana sur de la provincia y su conexión con la capital a través del Metro de Sevilla. Concretamente se trata de dos bolsas de aparcamiento disuasorio, que suman 833 plazas, en los municipios de Alcalá de Guadaíra y de Dos Hermanas, además de un carril bici en el nudo de transporte público de Olivar de Quintos por la avenida nazarena de Condes de Ybarra, actuaciones “que permitirán a los vecinos de ambos municipios dejar el coche y facilitar el acceso a la ciudad a través del metropolitano”, ha subrayado Toscano durante la supervisión de los trabajos.

Aparcamiento en Olivar de Quintos

En el caso de Dos Hermanas, Toscano, acompañado del alcalde de la ciudad, Paco Rodríguez, ha realizado un recorrido por las obras de urbanización de la bolsa de aparcamientos que se están ejecutando como ampliación de los existentes en el apeadero de Olivar de Quintos, y que dotará de 527 plazas más sobre una parcela de 21.534 metros cuadrados.

El aparcamiento consta de cuatro calles longitudinales interiores de reparto y siete bandas de aparcamientos en batería. Las cuatro bandas centrales se prevén cubiertas con marquesinas dobles que incorporarán placas fotovoltaicas.

Actualmente las obras se centran en la cimentación de las marquesinas, la puesta a tierra, las arquetas y las canalizaciones que alojarán las infraestructuras de las instalaciones necesarias para las fotovoltaicas, así como la red de infraestructuras para la instalación futura cargadores de vehículos eléctricos.

Un carril bici ya terminado

Complementando esta actuación, en el nudo de transportes, que se complementa con el Metrobús Dos Hermanas Línea 6, también han finalizado el carril bici que conecta la avenida Condes de Ybarra con la estación de metro Olivar de Quintos, “lo que supondrá añadir a la red de carril bici existente un total de 1.593 metros de longitud”, ha destacado el subdelegado.

“Estamos ante un claro ejemplo de cómo los fondos europeos están transformando nuestros municipios, contribuyendo al desarrollo económico y sostenible y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”, ha destacado Toscano, que ha elevado a “más de 28 millones de euros de fondos europeos los que ha recibido Dos Hermanas a través del Plan de Recuperación”.

Aparcamiendo en Alcalá de Guadaíra

Francisco Toscano se ha trasladado posteriormente a Alcalá de Guadaíra, donde, acompañado de su alcaldesa Ana Isabel Jiménez, ya han finalizado las obras de nuevo aparcamiento situado entre la barriada de Pablo VI y la A-92, dotado con 306 plazas para vehículos, además de espacios destinados al estacionamiento de motocicletas y semisubterráneos para bicicletas.

Esta infraestructura, ha explicado Toscano, “dará servicio, por una parte, a la futura parada de metro, pero también atenderá a la estación intermodal contemplada en la parada final de Montecarmelo, lo que generará un nodo intermodal de comunicaciones fundamenta para la movilidad dentro y fuera de la ciudad”, ha destacado.

La nueva infraestructura, dotada con 2,34 millones de euros y al 100% de su ejecución, contará con áreas ajardinadas y arbolado, iluminación led, dotación de smart city y cámaras de control de acceso.