• El consejero de Justicia afirma que este año finalizará toda la tramitación previa al inicio de las obras

El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz sigue dando pasos invisibles en los despachos y las administraciones a la espera de comenzar, al fin, las obras de construcción de este necesario equipamiento en parte de los antiguos depósitos de tabaco. Y en ese camino administrativo y burocrático, el consejero José Antonio Nieto ha desvelado este lunes en Cádiz un nuevo avance. El Ayuntamiento de Cádiz ha dado su visto bueno a la propuesta de construcción del nuevo edificio que realizara hace meses una UTE y que está siendo estudiada por la Junta de Andalucía.

Según ha explicado Nieto, la propuesta de construcción de un edificio de 8 plantas que albergará todas las dependencias judiciales que necesita la ciudad, a cambio de un alquiler que la Junta pagará durante 27 años, necesitaba pasar, entre otros muchos filtros, el del Ayuntamiento de Cádiz “para ver si cumplía los requisitos desde el punto de vista urbanístico, porque saben que hay un condicionante porque ese espacio tiene un alto valor patrimonial y tiene un fuerte impacto en la ordenación de la ciudad“.

Esa aprobación municipal, que salva cualquier impedimento urbanístico respecto al PGOU, se acaba de conseguir. Y según ha explicado también el consejero sólo resta por ratificar la decisión final que se adopte respecto al aparcamiento que debe incorporarse al proyecto.

“Tiene unos requisitos que, en este caso, la Gerencia de Urbanismo de Cádiz establece y que está sujeto a criterios que tienen que ver con el número de plazas que hay en el entorno“, ha explicado Nieto haciendo referencia directa al proyecto cercano del futuro hospital regional, que también debe contemplar plazas de aparcamiento. “En este momento lo único que está por dilucidar es que se pongan de acuerdo la entidad promotora y la Gerencia de Urbanismo sobre esas plazas que se tienen que tener disponibles para el proyecto”, ha añadido.

Resta importancia el consejero a esta cuestión del aparcamiento, indicando que se ceñirá a lo que la norma establezca y al acuerdo que alcancen las administraciones local y autonómica, considerando que “tiene que haber un equilibrio en los equipamientos, porque si uno tiene un gran aparcamiento aquí y otro construye otro gran aparcamiento allí, los dos fracasarán”. “Y para eso hay técnicos, tanto en la Gerencia de Urbanismo como en la Junta de Andalucía, que establecen un criterio en el que se busca ese punto de equilibrio en el que tenemos que trabajar todos”, ha concluido al respecto.

La hoja de ruta

Pendientes, pues, de concretar el aparcamiento que llevará el nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia, José Antonio Nieto ha avanzado también cómo será el proceso que aún resta por delante hasta el inicio de las obras.

“Es un procedimiento muy largo. La concesión de obra pública es un procedimiento complejo“, ha advertido el consejero, asegurando que el objetivo que se marca la administración andaluza es publicar cuanto antes el estudio de viabilidad presentado en su momento por la UTE; un trámite que es obligatorio y que da paso a un período de presentación de posibles alegaciones de personas “que analizaran el proyecto y entendieran que se puede mejorar o que se puede ampliar o reducir en lo que consideren oportuno”. Finalizado el plazo de alegaciones y una vez resultas si se produjera alguna, “ese estudio de viabilidad se tiene que pasar a un pliego de licitación y de prescripciones técnicas, que se manda a la Oficina de Evaluación Financiera y, con el visto bueno de la Oficina de Evaluación Financiera, se procede a la licitación del proyecto”, ha resumido Nieto.

Por si este procedimiento fuera poco, “en el caso de la Ciudad de la Justicia de Cádiz hay un elemento añadido”, recuerda. Se trata de que alrededor del 60% del proyecto se va a ejecutar a través de concesión de obra pública (a través de esa obra que realizará un privado para luego abonar la Junta un canon anual por el edificio durante esos 27 años que ha propuesto la UTE que formalizó su oferta hace meses) y el otro 40% contempla la rehabilitación de los antiguos depósitos de Tabacalera, “de un gran valor patrimonial porque son una representación de la arquitectura industrial gaditana que tenemos que proteger”.

El compromiso de la Junta de Andalucía, reafirmado este lunes por el consejero de Justicia, es que ambos proyectos (la rehabilitación de los depósitos y la construcción del nuevo edificio) estén en marcha en el año 2025. “Ese fue el compromiso que adquirimos ya en el año 2022 y el compromiso que mantenemos a día de hoy”, ha aseverado Nieto.

No obstante, eso no significa que las obras vayan a comenzar este año 2025. En este punto, el consejero ha matizado hoy declaraciones pasadas de otro consejero, Antonio Sanz, trasladando en esta ocasión que toda la fase administrativa en la que aún anda la Ciudad de la Justicia de Cádiz “es tan obra como lo demás”. Es decir, que el compromiso de la Junta es que en 2025 culminará toda la tramitación administrativa.

“¿Este año pueden estar ya iniciadas las obras? Pueden estar iniciadas las obras. ¿Van a estar iniciadas? Ese es nuestro objetivo, que este año se inicie la obra de rehabilitación y, con ellas, todo el proceso de la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Cádiz. ¿Tenemos la seguridad? Vamos a hacer todo lo posible para que sea así, pero no hay forma de asegurarlo”, ha querido detallar el consejero, que sí insiste en que desde su Consejería y desde la Junta “estamos trabajando intensamente para que ese pronóstico, ese objetivo que nos planteamos se pueda cumplir y los gaditanos vean que, por fin, ese proyecto que lleva tanto tiempo ahí pendiente y que ha sido un incumplimiento recurrente en las últimas décadas, deje de serlo y se convierta ya en un servicio de primerísimo orden, de la mayor calidad posible, al servicio de los gaditanos”.

El Puerto de Sevilla ha vuelto a adjudicar la ampliación de vías en Palmas Altas. En septiembre de 2024, la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) lanzó de nuevo la licitación de prolongación de playa de vías con un presupuesto base de siete millones (IVA excluido) adjudicada a DSV Empresa Constructora y Ferroviaria Railsur por 6,7 millones (IVA excluido).

Anteriormente, en 2023, la institución portuaria habría adjudicado la ejecución de la playa de vías licitada a la UTE Magtel Operaciones, S.L.U. – Extraco, Construccións e Proxetos, S.A. por un importe de 5,3 millones (IVA excluido). Dicha UTE no inició la ejecución de los trabajos, resolviéndose el contrato, por lo que fue necesario el lanzamiento de la nueva licitación debido a la importancia estratégica que tiene para el Puerto de Sevilla la infraestructura. Esta nueva licitación actualizó el presupuesto base adaptándose al incremento de precios del mercado experimentado desde el inicio de la primera licitación hasta el lanzamiento de la nueva.

Esta obra forma parte del conjunto de inversiones promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la operativa ferroviaria y favorecer la multimodalidad. La actuación consiste en la construcción de una playa de tres vías adaptada a trenes de hasta 750 metros de longitud en el punto de conexión funcional del puerto, en la zona de Palmas Altas, con el objetivo de facilitar los cruces de trenes de entrada y salida al recinto portuario.

• La CNMC pide reforzar la motivación de los encargos a la compañía para garantizar la competencia y evitar el uso sistemático de encargos en casos de urgencia o ante el fracaso de licitaciones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere que haya un mayor control sobre los contratos que las administraciones adjudican de forma directa y sin acudir a procesos de licitación abiertos a otros competidores a las compañías públicas Tragsa y Tragsatec, que componen el Grupo Tragsa. Además, tampoco es partidaria de que las empresas puedan hacerse con más contratos de obra pública de forma directa.

Competencia, en su análisis del proyecto de Real decreto que desarrolla el régimen jurídico del grupo, asegura que aunque estos encargos pueden estar justificados por motivos de interés general, como agilidad o flexibilidad, “su uso inadecuado puede afectar a la competencia (reducción del mercado, fortalecimiento de la posición de operadores) y reducir la eficiencia en la gestión de fondos públicos”. Por ello, “al formular encargos es necesario reforzar el deber de motivación de los poderes públicos, que han de valorar el impacto de su actuación y elegir la forma de aprovisionamiento más beneficiosa desde la óptica del interés general”, añade.

Como informó LA RAZÓN en su edición del pasado 25 de noviembre, uno de los objetivos de Tragsa, que tiene reconocida la condición de medio propio, por lo que es contratada de forma directa por entidades públicas para realizar trabajos que se consideran urgentes o para los que no se quiere recurrir a un procedimiento de contratación competitivo al uso; es que se considere incurso en urgencia todo contrato que quede desierto o del que se haya incoado un procedimiento de resolución por casos no imputables a la administración. Este movimiento permitiría adjudicar a Tragsa más contratos de forma directa. Sobre este punto, la CNMC apuna a la necesidad de “evitar el uso sistemático de encargos en casos de urgencia o ante el fracaso de licitaciones”. En lugar de ello, propone “explorar alternativas como nuevos procesos de contratación con ajustes en su diseño o tramitación acelerada”.

Competencia también sugiere ajustarse a la literalidad de la ley de contratos en cuanto a las finalidades y funciones recogidas en el objeto social del Grupo Tragsa y respecto de los encargos vinculados a situaciones de emergencia. También pide ajustar los precios a los valores de mercado para evitar cualquier ventaja económica que pueda considerarse ayuda pública; una mayor transparencia, publicando rápidamente la formalización de los encargos y documentos relacionados, como memorias justificativas; y limitar la contratación con terceros a casos excepcionales, debidamente justificados y publicados.

Tribunal de Cuentas

Sobre estos últimos puntos, en el informe sobre la fiscalización de la actividad de Tragsa de los años 2021 y 2022 del Tribunal de Cuentas ya se destaca algunas deficiencias. Así, el organismo llama la atención sobre que Tragsa, originariamente creada para la consecución de los objetivos de reforma y desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza, “ha visto extendida su actividad a ámbitos distintos de los mencionados que exceden el contenido de su objeto social”.

El documento también asegura que en la ejecución de los encargos de emergencia ha observado “debilidades y/o deficiencias como la ausencia de actas de recepción, de formalización de los excesos y/o modificados y de relaciones valoradas o facturas”. Asimismo, ha encontrado “ampliaciones no justificadas en una necesidad de actuar de manera inmediata”. “Tragsa asume encargos por supuestos de urgencia y emergencia, sin dejar constancia en los expedientes de las circunstancias que fundamentan la urgencia o emergencia”, resume.

También asegura que no se observa control alguno sobre contrataciones a terceros.

Denuncias

El uso de medios propios por parte de las administraciones, práctica de la que Tragsa es punta de lanza, está en el punto de mira de la CNC desde hace tiempo. La organización ha denunciado en los últimos meses el, a su juicio, injustificado incremento del uso de este recurso en los últimos años. La CNC ha asegurado que, según el informe “La publicidad de los encargos a medios propios”, elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda; de 2021 a 2022, el uso de medios propios por parte de las administraciones para ejecutar contratos públicos creció un 77%. El importe, además, se incrementó casi un 350%, hasta los 2.631 millones de euros.

Para la patronal, el abuso de estos medios supone una anomalía para la competencia empresarial. Por ello, la CEOE ha promovido una gestión directa ante la Comisión Europea para denunciar la, a su juicio, “mala praxis y abuso de los encargos a medios propios” por las administraciones públicas españolas.

• Fomento comienza el hormigonado de la losa de cubierta del túnel en Armengual de la Mota para poder reponer los carriles de tráfico

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha iniciado este viernes los trabajos de urbanización y reposición de Armengual de la Mota y la calle Hilera, afectada por las obras de prolongación del Metro de Málaga al Hospital Civil y el futuro tercer hospital de Málaga. Así, por la mañana se ha iniciado el hormigonado de la losa de cubierta del túnel en la calle Armengual de la Mota.

“El Metro de Málaga alcanza un nuevo hito en su camino al nuevo hospital, con los pasos previos para recuperar el viario afectado por las obras”, ha subrayado la consejera de Fomento Rocío Díaz. La titular de Fomento ha señalado que se sigue “el calendario previsto, acelerando en la ejecución del túnel y, en paralelo, despejando las zonas donde el avance en la construcción del túnel así lo permite”.

Una vez terminadas las tareas de ejecución de las pantallas del túnel y de protección arqueológica, se puede comenzar con el hormigonado de la losa que cubrirá el túnel de la continuación de Línea 2 del Metro de Málaga.

• El Ejecutivo central, que aportará 500 millones, firma con la Junta el permiso para construir en los terrenos del PTA – La licitación de las obras se producirá en 2026 – El IMEC generará en sus primeros años hasta 250 empleos directos

El proyecto para el desembarco en Málaga del prestigioso centro IMEC (siglas del Interuniversitair Micro-Electronica Centrum, que tiene su sede en la ciudad belga de Lovaina) ha vivido este viernes un nuevo impulso con la firma del permiso de la Junta de Andalucía en favor del Gobierno de España para que se pueda construir la futura infraestructura en los terrenos del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). La vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, ha afirmado que el futuro centro de microchips del IMEC tendrá una inversión de 615 millones de euros, de los que 500 serán aportados por el Ejecutivo central. El proyecto que hará de la capital malagueña un referente internacional líder en investigación y desarrollo de nanoelectrónica y tecnologías digitales, un campo absolutamente estratégico para el futuro de Europa.

Montero, acompañada del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha explicado en la tecnópolis malagueña que espera que la sede del IMEC pueda estar en funcionamiento para el año 2030, aunque la Junta de Andalucía, otra de las grandes adalides del proyecto, ha preferido no poner aún plazos concretos. 

“Málaga tiene todas las capacidades para realizar este proyecto, que la va a convertir en la capital tecnológica del sur de Europa”, ha comentado la también ministra de Hacienda. Según el Ejecutivo, se estima que la puesta en marcha de este centro en Málaga genere en sus primeros cuatro años de funcionamiento hasta 250 empleos directos.

El Gobierno ha reservado 236 millones de euros para la construcción de esta instalación científica para el diseño y fabricación de semiconductores (9 millones para el desarrollo de todos los proyectos técnicos previos a la construcción del edificio y 227 para las obras), una cantidad que se añade a los primeros 105 millones anunciados hace tres meses por el presidente Pedro Sánchez para el diseño y control del proyecto. En una fase posterior, el Gobierno hará nuevas aportaciones para adquirir maquinaria, según ha desglosado el ministro Óscar López. La licitación de las obras se publique para los primeros meses de 2026, ha añadido.

El primer paso para iniciar las futuras obras se ha dado hoy con la firma entre el Gobierno de España a través de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT), y la Junta de Andalucia, del derecho de uso a favor del Ejecutivo español para que se pueda construir en los terrenos del PTA. Al acto de firma, que se ha desarrollado junto a los terrenos que ocupará el IMEC, han asistido también el presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el vicepresidente y director de Estrategia del Imec, Jo de Boeck; y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando.

Montero ha destacado la importancia de que Málaga acoja una línea tan estratégica y fundamental como el diseño de microchips y ha resaltado algunos equipamientos de los que dispondrá el IMEC en Málaga como una sala blanca de investigación y pruebas. En una fase posterior, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía harán aportaciones para adquirir maquinaria.

• Hasta el 12 de febrero podrán presentarse los interesados en redactar los proyectos básicos y de ejecución y de asumir también la dirección de la obra de este nuevo edificio vinculado a la Economía Azul

Zona Franca de Cádiz empieza a recorrer el camino para la construcción de nuevos edificios vinculados a la Economía Azul. Dos, en concreto, que servirán para ampliar la acción que también empezará a desarrollar en el edificio que está construyendo con contenedores marinos reciclados.

En concreto, el consorcio estatal ha sacado a licitación la redacción de los proyectos básico y de ejecución del nuevo edificio Blue Core; un vivero de empresas 4.0 que se levantará junto a esa futura base de Incubazul y que más adelante tendrá una segunda sede en el recinto interior. Los trabajos para redacatar los proyectos se sumarán a la dirección técnica de las obras y la redacción del estudio y coordinación de Seguridad y Salud. Todo ello con un presupuesto de licitación de 205.000 euros.

• Espejo, Dos Torres, Montalbán, Puente Genil y Bujalance acogerán proyectos para producir esta energía verde a partir de residuos agrarios

Las instalaciones de biogás despegan en Córdoba con la ambición y la posibilidad de convertir a la provincia en un referente andaluz en la producción de esta energía renovable. En la actualidad, la delegación territorial de Medio Ambiente tramita las autorizaciones ambientales integradas de seis proyectos (algunos darán lugar a instalaciones de biometano) que suman un presupuesto de 137,8 millones de euros. Realizando una extrapolación de las cifras avanzadas hasta ahora para Andalucía, estas iniciativas crearían alrededor de 420 puestos de trabajo.

Por otra parte, diferentes entidades han contactado con Medio Ambiente y con la Delegación territorial de Industria, Energía y Minas para interesarse por la tramitación de unas 15 iniciativas. La inversión global para la ejecución de estas plantas ascendería a unos 420 millones de euros y se superaría el millar de empleos.

En cuanto a los proyectos en tramitación, estos se desarrollarán en las localidades de Espejo, donde se destinará a la construcción 13,6 millones de euros, y Montalbán, donde la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) impulsa un proyecto para el tratamiento de la fracción orgánica selectiva por 38,6 millones. Asimismo, otras plantas irán a Dos Torres (23,6 millones) y Puente Genil. En este último municipio, Naturmet plantea unas instalaciones de biometano para el aprovechamiento de residuos ganaderos con un presupuesto de 11,5 millones. Según se ha anunciado, la iniciativa permitirá el autoabastecimiento de gas natural sostenible a Puente Genil y a poblaciones aledañas.

Una importante planta de biometano en Bujalance

En Bujalance, otra planta de biometano contará con una inversión de 27,4 millones de euros, mientras que una séptima localidad de la provincia, que no se conoce públicamente por cuestiones de confidencialidad, cuenta con un proyecto cuyo presupuesto es de 23,08 millones.

En principio, estos seis proyectos podrían recibir la autorización a lo largo de 2025 como paso previo a la construcción. La iniciativa de Epremasa ha salido ya a información pública y el resto se encuentra en distintas fases del proceso. Las plantas son promovidas, de forma mayoritaria, por empresas privadas que necesitan tener cerca explotaciones agrícolas y ganaderas para acceder a la materia prima, que son los residuos y subproductos de su producción. Otras veces, las propias industrias valorizan sus residuos convirtiéndolos en energía limpia para el autoconsumo o para su inyección en gasoductos.

Actuaciones de Covap en Pozoblanco

A las actuaciones en trámite se añade la que desarrolla Covap en Pozoblanco, una planta de tratamiento de residuos y digestión anaeróbica que cuenta con una inversión de 25 millones de euros para la producción de biogás, biomasa y energía solar fotovoltaica. La iniciativa cuenta ya con autorización ambiental integrada y, de hecho, desde la Junta de Andalucía señalan que la planta de biogás ha iniciado la actividad. Este periódico se ha dirigido a la cooperativa agroalimentaria para conocer la actualidad del proyecto, pero de momento la empresa no ha facilitado información.

Los delegados territoriales de Energía, Agustín López; Agricultura, Francisco Acosta, y Medio Ambiente, Rafael Martínez, reivindican que «Córdoba tiene todos los ingredientes para convertirse en referencia» de la producción de biogás. En este sentido, destacan que Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor potencial en España y, dentro de ella, sobresalen las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla.

Alianza andaluza

En los últimos días, la Junta de Andalucía ha presentado la Alianza Andaluza del Biogás A2BIO, que pretende reunir a empresas, universidades, investigadores, asociaciones y otros agentes implicados en el desarrollo de esta energía renovable, por tratarse de «un nuevo foco de desarrollo industrial y económico», en palabras de Agustín López.

Andalucía tiene en marcha 21 plantas de biogás y la provincia con un mayor número es Jaén, por la fuerte presencia del olivar. En Córdoba, la planta de Covap funciona desde el año pasado y esta provincia se posiciona entre los primeros puestos de la comunidad autónoma por el número de actuaciones en tramitación. Rafael Martínez recuerda que esta «es la única provincia de Andalucía que no tiene parque eólico, por lo que existe una oportunidad muy grande para el biogás, ya que sí tiene mucho campo».

Córdoba, a la cabeza de Andalucía por los proyectos en tramitación

En su opinión, «los beneficios medioambientales y económicos son grandísimos, porque se evitan la contaminación y los olores, se crea trabajo y se le da una solución técnica al subproducto y el residuo».

• Dispone de miles de metros listos para recibir a empresas en el Puerto Seco, polígono industrial y centro logístico
• Ikea invertirá 60 millones en su centro de Antequera, que moverá 400.000 pedidos al año

Antequera ha sentado todas las bases para convertirse en el gran polo de la logística general privada en el sur de España. Polígono industrial, Puerto Seco y centro logístico ofrecen las condiciones y los terrenos para la llegada de decenas de empresas y la creación de miles de puestos de trabajo. Eso sí, como apuntaba el alcalde de la ciudad, Manuel Barón, no se trata del milagro del pan y los peces y esos empleos no llegarán de la noche a la mañana. “Cuando se anuncian miles de puestos de trabajo no quiere decir que se van a crear de un día para otro, sino una vez que se produzca en desarrollo total de las diferentes áreas y para eso tardaremos entre cinco y diez años como mínimo”, explica Barón.

El alcalde pone como ejemplo el propio desarrollo del polígono industrial actual que se inició en los años 80 y que ha tardado 30 años en desarrollarse para hacer realidad los alrededor de 1.600 empleos que genera en estos momentos. “Ahora las cosas van más rápidas y no tardaremos ese tiempo, pero seguro que hace 30 años se habla de 1.600 empleos y también hubiese sonado a mucho”, señala Barón.

No obstante, el alcalde se muestra convencido de que la ciudad será esa gran capital de la logística de la que todos hablan. “Seremos la gran arteria, no hay duda, aunque eso no quiere decir que no existan secundarias, claro que las habrá”, sostiene.

Además, destaca el hecho de que la ciudad tiene la disponibilidad inmediata para aquellas empresas que se quieran instalar. “Ya no es hacer anuncios como pasaba antes, ahora el Puerto Seco que encuentra urbanizado en su primera fase y las obras del centro logístico empezarán posiblemente en un mes”, explica.

Por su parte, el presidente de los empresarios del polígono industrial, Juan Antonio Barón, también resalta la importancia que tiene para la ciudad que proyectos como el Puerto Seco ya sean una realidad. “Ya existe un horizonte claro para que puedan llegar empresas”, señala.

Además, apunta que “las últimas noticias son una señal de que Antequera llama la atención”, al tiempo que resalta que “es algo positivo para todos”.

En este sentido, también destaca el modelo de gestión del polígono que se encuentra prácticamente ocupado al 100% y en el que conviven empresas de industria, alimentación y comercio. Para Barón esta zona industrial fue el germen del espíritu logístico que existe en este momento en Antequera.

De hecho, son diversas las empresas que han llegado a las zonas industriales en los últimos años. Uno de esos ejemplos es la multinacional del cristal Lumon y la juguetera rondeña MGI, que trasladó su sede de distribución de Lucena al propio centro logístico.

En cuanto a las últimas en anunciar su llegada es la multinacional sueca Ikea la de mayor renombre. De hecho, la empresa ya tiene solicitada la licencia de obras para comenzar la construcción de su centro logístico.

Todo ello sin olvidar a otras grandes empresas como Mercadona o Día, que tienen sus centros de distribución en el parque empresarial antequerano. A ellas se suman las empresas locales, que también han aprovechado la estratégica ubicación y las comunicaciones para crecer desde su propia ciudad como pueden ser Abasthosur, Grupo San Roque o Sancho Melero, entre otras.

En este sentido, los responsables del Puerto Seco, el Grupo IDEC, ya ha anunciado que se había cerrado el primero de los acuerdos para la implantación en la nueva área logística: la firma Ontime Logística.

Una vez desarrollado en su totalidad se estima que se creen unos 8.000 puestos de trabajo directos y que se alcance la cifra de 16.000 inducidos en la zona. Unos número que supondrían un gran respaldo a esta zona de Antequera próxima a la estación de Bobadilla que lleva años esperando esta infraestructura para tratar de recuperar el esplendor que tuvo en el pasado también gracias al tráfico de viajeros y mercancías por tren. Eso sí, antes será necesario invertir otros 150 millones de euros de inversión privada para el desarrollo de las fases restantes.

En cuanto a la primera fase que ya se encuentra desarrollada, cuenta con una extensión de 100 hectáreas de un total de 338 que tendrá el área logística una vez que está desarrollada en su totalidad.

En este caso los retos más inmediatos son la construcción de la estación intermodal para facilitar el transporte por ferrocarril y el desdoblamiento de los 17 kilómetros de carretera que conectan con las grandes autovías que pasan por Antequera. Un proyecto en el que ya trabaja la Junta de Andalucía.

Centro Logístico

Por su parte, el Grupo Baraka ha adquirido, a través de su filial Trilogis, el Centro Logístico de Antequera, donde invertirá 300 millones de euros en el desarrollo completo del proyecto, que creará, según señalan desde la empresa, 2.000 empleos entre directos e indirectos.

Fundada y presidida por el empresario murciano Trinitario Casanova, Baraka informó de que asume este proyecto, que abarcará una superficie de 1,6 millones de metros cuadrados y está destinado a convertirse en uno de los desarrollos logísticos más relevantes del sur de Europa.

El plan incluye la instalación de tres centros de distribución para grandes compañías de alimentación y otras industrias, así como la creación de un moderno centro de datos.

Las parcelas netas, con superficies superiores a los 120.000 metros cuadrados, están diseñadas para albergar naves logísticas de gran formato, adaptadas a las necesidades de las grandes empresas que buscan optimizar sus cadenas de suministro.

En este caso uno de los grandes asuntos pendientes es la construcción de un acceso directo desde las autovías A92 y A45, ya que, aunque está situado entre ambas, la entrada se realiza por una vía secundaria que está previsto que se ensanche por parte de la Diputación de Málaga.

Una posición estratégica que hace que el interés por implantarse en la ciudad sea constante. “Recibimos a muchas empresas y de mucho tipo, lo importante es que no paran de llegar”, apunta el alcalde.

Vivienda, el gran reto

Eso sí, las buenas previsiones de crecimiento y de creación de empleo también hace que la ciudad tenga que afrontar otros retos como aumentar la oferta viviendas y el crecimiento de su planta hotelera.

En la actualidad el Consistorio trabaja en el desarrollo normativo de suelos que posibilitarían la construcción de más de 6.000 viviendas en el caso de ser necesarias.

Además, también han comenzado a llegar proyectos para la reconversión de grandes casas solariegas en futuros hoteles.

El sector del ladrillo se confirmó como el gran baluarte de la iniciativa empresarial malagueña en 2024. Tanto fue así que una de cada tres sociedades que se crearon durante el ejercicio fueron de este tipo, según el último estudio de la plataforma Informa D&B. Este segmento, que aúna la construcción y las actividades inmobiliarias, es, por tanto, el que más ha aportado al crecimiento de empresas en la provincia, que este pasado año volvió a firmar una cifra cercana a su máximo histórico con un total de 7.549 compañías constituidas, 435 más que en 2023. Ambas son cantidades muy próximas a las que se daban en los pujantes años 2003 y 2004 que precedieron a la crisis económica.

Una parte nada desdeñable del cómputo actual se registró durante la primera mitad del año, cuando se firmaron cinco meses consecutivos al alza, hasta el punto de que durante los mismos se alcanzó la mayor cifra acumulada de la historia en cuanto a volumen de nuevas entidades, con un total de 3.379 sociedades.

El Ayuntamiento de Sevilla ha completado las obras de mejora en la calle Graham Bell, en el Distrito Triana, desarrollada conjuntamente por las áreas de Urbanismo y Parques y Jardines. La actuación se está realizando en dos fases diferenciadas. La primera, ya completada, ha contado con una inversión de 151.645 euros. Entre los trabajos realizados destacan la demolición de pavimentos en mal estado, con la recuperación de vallados para su posterior reutilización. Además, se ha instalado una nueva red de alumbrado público, que incluye el traslado y conexión de las farolas existentes en nuevas ubicaciones. También se han ampliado los acerados con nuevas superficies pavimentadas, lo que supone mejorar la conexión con la calle Samuel Morse. Se ha añadido un nuevo cerramiento.

Del mismo modo, se ha realizado una repavimentación completa con albero de alta calidad, con lo que se garantiza una mayor accesibilidad y una mejora estética y funcional de los espacios.