El Consejo de Ministros y Ministras de España de este martes ha adoptado la declaración de utilidad pública de los terrenos dentro del dominio público marítimo-terrestre en los que se encuentra parte del hotel de El Algarrobico, en Carboneras. Según ha explicado en rueda de prensa la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a esto seguirá la tramitación del acuerdo urgente de ocupación de los terrenos y “otros hitos administrativos hasta la expropiación y demolición” del hotel.

Aagesen asegura que es el momento de “pasar página del pasado del ‘boom’ inmobiliario que dejaba a espaldas los ecosistemas y la protección de los espacios naturales”. De ello extrae dos lecciones: es fundamental proteger nuestros ecosistemas, que además generan actividad económica productiva como el turismo; y la segunda, que el dominio público marítimo-terrestre es fundamental para la protección de las personas contra situaciones como las inundaciones.

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha declarado que para el Gobierno era “fundamental” dar una “respuesta contundente” a lo que pedían los almerienses. En este sentido, ha recordaro que según el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía en 2011, será el Gobierno de España el que financie la demolición y gestión de los residuos, algo que puede alcanzar un coste de 7 millones de euros.

“Hay una parte del edificio que no está en terreno de competencia del Gobierno, por lo que las actividades deberían ser llevadas a cabo por la Junta de Andalucía —se refiera a la expropiación de un 60% de los terrenos— y entendemos que lo hará de forma responsable para que de forma conjunta podamos llevar a cabo el derribo”, aclara la ministra.

En este sentido, la posterior restauración de la playa, para dejarla en su estado original, correrá a cargo de la Junta de Andalucía. “Es fundamental no solo proteger, sino también restaurar los paisajes”, puntualiza la ministra.

Con este acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros se da un paso que pretenden que sea el definitivo para demoler el hotel ilegal que empezó a construirse en 2003 en la playa del Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y, así, “dejar atrás ese símbolo que afecta a nuestra reputación como país”. Un símbolo que, según Aagesen, “debe pasar de ser el símbolo de lo que no se debe hacer a el símbolo de lo que se acaba resolviendo”.

El antiguo convento de Santa Clara, un edificio que condensa gran parte de la historia de Córdoba, será sometido a un intenso programa de restauración que culminará en el plazo de dos años y medio con su reapertura como Museo de las Cofradías. Así lo ha anunciado este martes el alcalde, José María Bellido, durante una visita al inmueble de la calle Rey Heredia, tras la firma del acta de replanteo, y ha anunciado que la primera fase de restauración, centrada en la recuperación del antiguo alminar árabe, arrancará esta misma semana.

La empresa Antroju, que ya trabajara en la Puerta del Puente, será la encargada de ejecutar estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto de 480.757 euros, financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea.

• Se acometerán obras de abastecimiento y saneamiento de redes en cinco municipios que trasladaron la “necesidad de solucionar problemas”

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, acompañado por el delegado de Obras Públicas, José Balderas, ha presentado la primera fase del Plan de Obras 2025, en el que la institución comarcal va a invertir 402.510,78 euros en obras de abastecimiento, saneamiento y mejora de redes hidráulicas en los municipios de Albondón, Lújar, Motril, Salobreña, Lobres y Torrenueva Costa.

Rafael Caballero ha señalado que “estas obras se pueden llevar a cabo gracias al remanente de tesorería para gastos generales que tienen la Mancomunidad una vez liquidado el ejercicio 2024. Ha explicado que “esta primera fase se complementará con una segunda fase que incluirá 2 o 3 proyectos en diferentes municipios, que estaremos en disposición de presentar en abril o mayo”.

Caballero también ha recordado que, tras las primeras visitas realizadas a los municipios de la Costa Tropical “que hicimos antes de finales de 2023, los alcaldes nos trasladaron necesidades que tenían en sus municipios en las competencias que tiene delegadas la Mancomunidad, como son las obras de ejecución de las redes hidráulicas para el mantenimiento del ciclo integral del agua”.

Caballero ha detallado que en el Plan de Obras de 2024 se acometieron las obras de mayor urgencia y “ahora abordamos en este Plan de Obras 2025, otras que si bien no tenían tanta urgencia, son igualmente necesarias”.

Plan de Obras 2025

Se realizarán trabajos para renovar redes de saneamiento en la calle La Lomilla, en Albondón, por 22.408,63 euros. Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento en la Cuesta de la Iglesia de Lújar por 47.450,20 euros. También se renovarán las redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales, en la calle Puerta Granada de Motril con 196.955,50 euros.

Así, se aumentará de presión en la salida de agua del depósito Albaycín, en Salobreña, por 15.306,14 euros. Seguido de una mejora de redes de saneamiento en la calle Federico García Lorca de Lobres, en Salobreña, por 60.390,31 euros. Del mismo modo, se completarán obras de mejora de redes de abastecimiento y pluviales en la calle Peñón de Jolúcar, en Torrenueva Costa, por 119.876,77 euros de presupuesto de los que la Mancomunidad aporta 60.000 euros.

Rafael Caballero ha anunciado que esta inversión de 402.510,78 euros, a la que se sumarán los 2 o 3 proyectos de la segunda fase, superará el medio millón de euros de inversión al finalizar este ejercicio.

La nueva marina deportiva que se vislumbra en Málaga está un paso más cerca. La Autoridad Portuaria espera que, de cumplirse los plazos previstos, puedan empezar las obras antes de este verano. En estos términos se ha expresado Carlos Rubio, presidente del Puerto de Málaga, durante la presentación del balance anual de 2024, en el que ha explicado que la Marina de San Andrés está más cerca de ser una realidad palpable.

Rubio ha señalado que están pendientes de que se presente el proyecto definitivo den los próximos días, que está a fañta de algunas subsanaciones requeridas. Sin embargo, la concesión “está otorgada y algunas tasas tenemos que ser pagadas”. Se ha referido igualemente que en las próximas semanas, una vez se entregue el proyecto definitivo, se podrá empezar a “tramitar las licencias municipales y posteriormente empezar a construir. Lo normal es que estuviera el comienzo de la construcción antes del verano”.

El Puerto concedió la construcción y explotación de la náutiva a Marina Málaga San S.L., cuyo propietario es el fondo Al Alfia, relacionado con la familia real catarí y que también promueve el hotel rascacielos en el dique de Levante. El pasado noviembre el Ayuntamiento aprobó el estudio de detalle, promovido por el arquitecto malagueño José Seguí, que define las nuevas alineaciones, alturas y usos comerciales, así como la conexión peatonal y continuidad visual de los establecimientos comerciales previstos y que se ubican junto a la plaza que contempla la parcela del Auditorio. La ordenación aprobada y que cumple los parámetros urbanísticos previstos en el Plan Especial del Puerto incluye una superficie total de concesión de 114.236,83 metros cuadrados (48.650,16 metros cuadrados de tierra y 65.586,67 metros cuadrados de agua) y una ocupación de volúmenes edificados sobre rasante del 13,31% (menor al 25% que marca la normativa).

Para uso comercial se reservan 3.000 metros cuadrados en planta baja (las edificaciones previstas deberán estar separados del muelle de ribera una distancia mínima de entre 19,90 y 20,20 metros). El complejo náutico ocupará 2.200 metros cuadrados y planta baja más uno (8 metros) y torreón (sin superar este los 100 metros). Destina a escuela de vela 380 metros, a usos varios 5.000 metros cuadrados de techo, en planta baja más uno como máximo y una capitanía y torre control con 425 m2 de techo y planta baja más tres y control.

Además, tendrá 451 plazas de aparcamiento (146 bajo rasante y 305 en superficie), que superan las 300 que pide el Plan Especial del Puerto.

Tras la aprobación inicial de este estudio de detalle que no se encuentra sometido a evaluación ambiental estratégica, el promotor debe recabar informes preceptivos y vinculantes de la dirección general de Aviación Civil y de la Demarcación de Costas de Andalucía.

Cabe recordar que la concesión para la Marina se inició por parte del Puerto en marzo de 2021, tardó un año en señalarse adjudicataria y otro más, hasta febrero de 2023, para que la Autoridad pusiera fin al bloqueo de la concesión y terminara por concederla, después de que otra de las empresas que entró en el concurso interpusiera alegaciones.

La nueva marina ocupará un espacio de más de 100.000 metros cuadrados en la zona oeste del puerto de Málaga, en la margen derecha del río Guadalmedina, con capacidad para 566 embarcaciones de recreo entre 8 y 30 metros de eslora (se precisa que deberán permitir hasta 50 metros de eslora). A cambio de la inversión necesaria, el futuro concesionario dispondrá de un periodo de explotación de 50 años. Se estima que el impacto socioeconómico total, durante el periodo concesional, será de unos 785,9 millones de euros (unos 15,7 millones de euros al año).

En cuanto a empleos, se estima un mínimo de 700 puestos de trabajos indirectos y directos, sin tener en cuenta la mano de obra necesaria para efectuar la obra. De estos, se crearán 70 puestos directos, un empleo indirecto de 590 trabajadores y un empleo inducido de otros 741.

• El alcalde de Sevilla ha participado en el acto simbólico de colocación de la primera piedra en la mañana de este martes
• Así son las nuevas viviendas de Palmas Altas de Emvisesa

Los trabajos de construcción del nuevo residencial Puerta de la Carne en Palmas Altas han comenzado oficialmente con el acto de colocación de la primera piedra en la mañana de este martes 11 de febrero. Este ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha depositado una cápsula del tiempo con un periódico de ABC del día.

El proyecto de Emvisesa cuenta con un total de 137 viviendas protegidas distribuidas, de las cuales 42 son de dos dormitorios y 95 de tres habitaciones. De estas últimas, seis viviendas están adaptadas para personas con discapacidad. La superficie útil de las viviendas varía entre 57 y 90 metros cuadrados, y se ofrecen 17 tipologías diferentes para ajustarse a las necesidades y preferencias de los solicitantes.

Los precios de las viviendas, que incluyen garaje y trastero, oscilan entre 184.123 y 270.107 euros (IVA no incluido). Este rango de precios se define según la superficie, orientación y distribución de cada vivienda, asegurando una oferta variada y accesible para diferentes unidades familiares.

A continuación se reproduce la intervención íntegra del alcalde durante el acto simbólico con el que arrancan las obras de esta promoción inmobiliaria:

«Hoy celebramos un nuevo hito en la transformación de Sevilla y que demuestra que Sevilla está en marcha. Con esta nueva primera piedra reafirmamos el compromiso inquebrantable de este equipo de gobierno para impulsar la vivienda protegida en nuestra ciudad.

Un compromiso que se hace realidad: Nos habíamos propuesto desarrollar 1.403 viviendas protegidas, y me complace anunciar que la práctica totalidad ya está en marcha.

Además, decidimos ampliar y elevar a 1.511 viviendas protegidas durante este mandato (16 en Paseo Rey Juan Carlos Primero, 8 en Su Eminencia y 84 en Algodonera). Cada una de estas viviendas es la garantía de un hogar asequible y digno para una familia sevillana.

Desde la llegada de este gobierno al Ayuntamiento, hemos marcado un antes y un después: ya se han colocado las primeras piedras de 11 promociones, sumando 755 viviendas y una inversión de 120 millones de euros. Sevilla se posiciona hoy como referente nacional en políticas de vivienda, destacándose no solo por la cantidad, sino por la calidad y rapidez con la que se ejecutan estos proyectos.

Actualmente, Emvisesa cuenta con 1.377 viviendas municipales protegidas con obras adjudicadas, y próximamente se sumarán 134 más, completando el ambicioso objetivo de 1.511. Como he dicho, se trata de realidades.

Este año 2025 ya tenemos programadas nuevas colocaciones de primeras piedras, entre ellas el proyecto de Cruz del Campo con 92 viviendas en régimen de venta.

Cada proyecto que lanzamos no solo amplía la oferta de vivienda protegida –ya sea en alquiler o en régimen de propiedad–, sino que también impulsa la creación de comunidades conectadas.

La inversión supera los 200 millones de euros, y la gran mayoría de estas obras estarán en desarrollo al finalizar este primer trimestre de 2025.

Emvisesa sigue innovando, reduciendo plazos y costes, y elevando la calidad de cada promoción. Con calificaciones energéticas doble A, estos proyectos aseguran eficiencia y un bajo impacto ambiental, en sintonía con los estándares europeos para acceder a los fondos Next Generation. Además, muchas viviendas contarán con equipamientos de vanguardia: zonas comunes, espacios de estudio y, por primera vez, piscinas que elevarán la calidad de vida de los futuros residentes.

Un compromiso con el futuro de Sevilla. Más allá de los números, nuestro compromiso es con los sevillanos. Impulsar estas políticas de vivienda no sólo responde a las necesidades actuales, sino que también es clave para alcanzar la meta de 700.000 habitantes, fortaleciendo la financiación de la ciudad, mejorando los servicios públicos, atrayendo inversiones y consolidando a Sevilla como un referente a nivel nacional e internacional.

Esta primera piedra simboliza mucho más que el inicio de una obra: es la confirmación de un compromiso adquirido y la promesa de seguir avanzando con paso firme hacia un futuro en el que cada persona tenga acceso a un hogar.

El compromiso que adquirimos en las jornadas de vivienda en marzo de 2024 no sólo se está cumpliendo, sino ampliando.

Quiero anunciaros que, al margen de los proyectos en marcha y lo que ya os he contado, vamos a construir 913 viviendas protegidas más.

Hemos sacado a licitación para la cesión de la concesión demanial sobre dos parcelas municipales –conocidas como R-1 y R-2– situadas en FIBES. Terrenos que hasta ahora se habían destinado a usos temporales como aparcamientos y actividades lúdicas.

Conscientes de la necesidad de poner en valor estos espacios hemos decidido dar un paso decisivo para convertirlos en un motor de desarrollo social y urbano. Esta licitación permitirá la promoción, construcción y gestión de nuevos alojamientos protegidos destinados al régimen de alquiler, así como la implantación de usos terciarios energéticamente eficientes.

Esta actuación se enmarca en las políticas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan Vive en Andalucía, lo que garantiza que nuestros proyectos vuelven a aprovechar todo el potencial de la colaboración entre administraciones y contribuyen de manera decisiva a la construcción de viviendas dignas.

Nuestro compromiso inicial de promover 1.403 viviendas asequibles a través de Emvisesa se vio aumentado a 1.511 a principios de este año y ahora volvemos a incrementar esta cifra hasta las 2.424 viviendas y alojamientos asequibles promovidos por la empresa municipal de la vivienda, lo que supone un 73% más de la cantidad inicialmente comprometida. Somos un gobierno de hechos y realidades.

En próximos días os informaremos detalladamente sobre estas nuevas viviendas.

Estamos trabajando y destinando todos nuestros esfuerzos para que Sevilla sea una ciudad agradable para vivir y acabar con el déficit de vivienda existente, fruto de la ineficacia de gobiernos anteriores. Así como desbloqueando suelos y proyectos que estaban estancados. Sevilla está en marcha.

Hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso de construir no sólo casas, sino hogares y comunidades que reflejen el espíritu y la visión de futuro de Sevilla. Estamos trabajando incansablemente para transformar Sevilla.

Quiero agradecer el esfuerzo y la colaboración de todas las entidades y personas que han hecho posible este proyecto de Palmas Altas».

• Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de cinco meses y la inversión supera los 1,7 millones de euros
• La historia interminable de la Ciudad de la Justicia en Sevilla

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha adjudicado a la empresa ACSA las obras para adecuar el edificio B del complejo de Palmas Altas a su nuevo uso judicial. En concreto, el inmueble albergará los juzgados de Primera Instancia de Sevilla, cuya mudanza está prevista para verano, por lo que el plazo de ejecución de las obras es de cinco meses y la inversión supera los 1,7 millones de euros.

La licitación de estos trabajos se publicó el pasado diciembre y el plazo de presentación se cerró el 10 de enero. Siete empresas han presentado ofertas siendo la adjudicataria ACSA Obras e Infraestructuras SAU por un importe de 1.702.253,59 euros (IVA incluido). Paralelamente también se ha sacado a licitación el contrato de servicio para la mudanza de los órganos judiciales al edificio una vez terminada la obra (134.146,26 euros IVA incluido), actualmente en proceso de evaluación de las ofertas presentadas tras cerrarse el plazo el 6 de febrero.

Asimismo, el pasado diciembre fue adjudicada por 1.405.899 euros (IVA incluido) la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución para adecuar el resto de bloques construidos del Complejo de Palmas Altas a la UTE formada por Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura SLP y Argenia Ingeniería y Arquitectura SL. Este contrato, que incluye también el Estudio de Seguridad y Salud y Dirección facultativa de las obras, tiene un plazo de ejecución de 40 meses.

El edificio B será el segundo que entre en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, donde desde finales de 2023 se encuentra toda la Jurisdicción Mercantil y Contencioso-Administrativa. En la licitación de las obras de este segundo inmueble se han tenido en cuenta la experiencia del edificio A y se han incluido las mejoras propuestas por los operadores jurídicos, como la ampliación del tamaño de los despachos.

Al igual que el edificio A, la ordenación de los espacios prevista «será ya acorde a la estructura del nuevo modelo de Justicia que contempla la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aprobada en enero y que sustituirá progresivamente los actuales juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos colegiados, y las plantillas estanco de funcionarios adscritos a un juzgado por estructuras flexibles y servicios comunes», según han detallado desde la Junta.

Según los plazos previstos en la ley, el partido judicial de Sevilla, como el resto de capitales andaluzas, tendrá que estar adaptado a la misma antes del 31 de diciembre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instaurará aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio que importe Estados Unidos a partir de este lunes, según anunció el propio mandatario estadounidense este domingo. Este arancel afectará a todos los países que exporten tanto aluminio como acero a EEUU, de modo que impactará también en Europa y a España, que exportan una parte de su acero y aluminio al otro lado del Atlántico. Esta decisión también tendrá sus repercusiones en las bolsas europeas que inician esta jornada su arranque semanal.

Trump, hablando con los periodistas el domingo en el Air Force One, aseguró que los aranceles se aplicarían a las importaciones de metales de todos los países. Cuando se le preguntó si se incluirían a los principales proveedores, México y Canadá, dijo que los gravámenes cubrirían a “todos”. No especificó cuándo entrarían en vigor los aranceles.

De modo que estos aranceles también afectarán en cierta medida a Europa después de que el presidente recalcara que afectan a “todos” sin excepción”. El presidente al ser preguntado por qué países se verían afectados por la medida. “Cualquier acero que venga a Estados Unidos va a tener que tener un 25% de arancel. También el aluminio. 25% para los dos”, ha indicado Trump desde el ‘Air Force One’ en declaraciones a la prensa estadounidense, según recogen desde Bloomberg.

El presidente también dijo que anunciaría aranceles recíprocos esta semana para los países que gravan las importaciones estadounidenses. Estos se promulgarían “casi inmediatamente” después de un anuncio, dijo Trump, sin proporcionar más detalles. En el caso de España, las importaciones de acero a EEUU son relativamente importantes, con unas ventas a ese país de casi 300.000 toneladas en los últimos 11 meses y una semana, según datos de la Administración Pública de Estados Unidos.

En términos de dólares, se estima que España ingresa unos 366 millones de dólares al año, según la Administración de Comercio Internacional de EEUU. Destacan las ventas en el último mes que han sido de enero, que han sido de más de 64.000 de toneladas, la mayor cantidad en el último año. Esta cantidad ha supuesto unos ingresos por ventas de más 64 millones de dólares en un solo mes. No obstante, según datos publicados por Bloomberg, los países más golpeados serán Canadá, México y Emiratos Árabes Unidos.

Las importaciones de aluminio de países como Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y México son las que satisfacen la gran mayoría de la demanda americana (las importaciones netas sumaron más del 80% en 2023, según Morgan Stanley). Las importaciones de acero representan una porción menor del consumo total, pero son vitales para los sectores que dependen de los grados especiales, como el aeroespacial, la fabricación de automóviles y la energía, desde los desarrolladores de energía eólica hasta las perforaciones petroleras. Por el contrario, el aluminio español tiene poco peso y ocupa la posición vigesimoctava en exportaciones a EEUU con unas 19.600 toneladas el año pasado, que alcanzaron un valor de 133 millones de dólares.

Estos aranceles están impactando en las bolsas de forma directa, pero no general. En el caso de España, ArcelorMittal cae casi un 3%, puesto que ve peligrar parte de sus exportaciones de acero a América. Por otro lado, Acerinox se convierte en la cara y sube más de un 3,5% hasta los 10,46 euros. Esto se debe a que Acerinox tiene parte de producción en EEUU y los aranceles funcionarán de parapeto para la firma, que verá cómo se reduce su competencia exterior. Sin embargo, el gran perdedor será probablemente el consumidor estadounidense que pagará unos precios mayores por consumir los bienes que sean intensivos en aluminio y acero.

Más aranceles están por venir

Además, ha adelantado que elevará aún más los aranceles en respuesta a las medidas de represalia adoptadas por otros países, aunque ha emplazado al martes o al miércoles para concretar esta decisión. “Es muy sencillo. Si nos cobran, les cobramos”, ha argüido. Estos aranceles se impondrán “casi de inmediato” y su impacto será “en todos los países”.

Trump también ha adelantado que podría gravar la importación de chips semiconductores, productos farmacéuticos, petróleo y gas, y el viernes advirtió de que habría aranceles recíprocos a partir de la siguiente semana.

Trump ya anunció el pasado 1 de febrero aranceles del 10% sobre los productos de China y también aranceles del 25% para Canadá y México, aunque en estos dos casos ha suspendido su aplicación durante un mes tras alcanzar sendos acuerdos para el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera.

La respuesta no se ha hecho esperar. Francia ha exigido este lunes a la Comisión Europea que imponga aranceles a productos estadounidenses de forma inmediata, en represalia a los anunciados el domingo por el presidente Donald Trump al acero y al aluminio (concretamente un 25%), indicó el ministro galo de Exteriores, Jean-Noël Barrot, según recoge EFE.

Trump “ya impuso esos aranceles en 2018 y entonces replicamos. Ahora replicaremos de nuevo”, indicó en jefe de la diplomacia francesa a la cadena TF1. Barrot agregó que corresponderá a la Comisión Europea decidir a qué productos impone esos aranceles y negó querer iniciar una guerra comercial.

Los trabajos de construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Pluviales (EBAP) en la Avenida Sudamérica de Roquetas de Mar continúan a buen ritmo y cumpliendo los plazos previstos.

Se trata de la ejecución de una importante infraestructura con la que se pretende solventar los problemas de inundaciones que se producen en esta zona cuando llueve de forma intensa. “En este momento la instalación de estas tuberías se está llevando a cabo en la Avenida Sudamérica para poner en marcha un nuevo emisario que se suma a los otros tres existentes en el municipio”, detalla el alcalde.

Amat ha señalado que con esta nueva estación “habrá cuatro emisarios desde El Puerto hacia Las Marinas, lo que demuestra el trabajo que hace el equipo de Gobierno para garantizar servicios de calidad e infraestructuras que solucionan los problemas de inundaciones que afectaban a vecinos, comercios e inmuebles cada vez que llovía fuerte”.

Estado de las obras

Actualmente, los trabajos de construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Pluviales (EBAP) en la Avenida Sudamérica se centran en la construcción de colectores entre la calle Honduras y la calle Mendoza. Además, se están llevando a cabo labores de desbroce de la zona, se están ejecutando lastres (estructura de hormigón armado) y se está soldando la tubería de polietileno para la ejecución de emisario.

La obra, adjudicada a Hormigones Asfálticos Andaluces S.A., cuenta con un presupuesto de 1.672.488,63 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

• Los trabajos tendrán un coste de 1.695.398,12 euros (con IVA) y un periodo de ejecución de cuatro meses
• El teatro del Parque Genovés, más cerca de ser una realidad
• «Una muy buena noticia» sobre el Teatro del Parque de Cádiz: ya hay novedades sobre su finalización

Nuevo paso para la conclusión de las obras en el Teatro del Parque Genovés de Cádiz. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato mixto de obras y suministro del proyecto de finalización de obras en el inmueble.

La edificación se encuentra en estos momentos al 70% de su ejecución, por lo que se deberá concluir el 30% restante de la obra y completar el inmueble con el equipamiento escénico. Desde el Consistorio se anunció meses atrás que ambas actuaciones se fusionarían en una única de cara a la licitación, para que los trabajos concluyesen a la menor brevedad posible.

El estado obsoleto de la antigua edificación del Teatro de verano hizo plantear al Ayuntamiento de Cádiz la necesidad de su demolición y construcción de un nuevo equipamiento escénico que se encargó al arquitecto José Luis Bezos Alonso, ganador del concurso de arquitectura realizado en 2005 para la reordenación y urbanización de los terrenos de la explanada de Santa Bárbara.

Las obras se comenzaron por fases, siendo la primera de ellas adjudicada a la empresa Gyocivil en enero del año 2012 por un importe de 490.345,83 € y liquidadas las obras con una demasía de 48.706,68 € respecto de la cantidad adjudicada. La segunda fase de las obras se adjudicó a la empresa AVANZA Solutions & Projects SL por un importe de 1.042.691,01 € en abril del año 2021.

Este contrato de obras se resolvió por el abandono de la obra por parte de la empresa constructora cuando la obra se encuentra en un estado avanzado de ejecución cercano al 70% de lo previsto en el proyecto. El propio alcalde de Cádiz, Bruno García, informaba en diciembre del año 2023 que se había resuelto el contrato con la citada empresa, y que la nueva licitación saldría «lo antes posible».

Durante los meses que la obra lleva parada, se han tabicado algunos espacios con el fin de evita el vandalismo en las instalaciones y el resguardo del material susceptible de ser robado. A día de hoy se cuenta con un servicio de vigilancia y el recinto mantiene el cerramiento provisional de obra instalado para la actuación anterior.

«Quedan pendientes trabajos de carpintería, de cerrajería, vidrio, aparatos sanitarios, terminaciones y remates, además de la terminación de las actuaciones que no quedaron totalmente finalizadas y el repaso de otras que ya se hicieron, sin olvidar el espacio escénico», afirmaba el alcalde de la capital el pasado mes de diciembre sobre los trabajos restantes en el parque.

El nuevo Archivo Histórico Provincial de Huelva no estará concluido en el primer trimestre de este año, tal y como estaba previsto. Las obras de construcción de las nuevas instalaciones están a la espera de la adjudicación de la dirección de obra. Según indican desde la Subdelegación, antes de dos meses estará adjudicada. Explican que mientras tanto se están realizando variaciones para actualizar el proyecto en aspectos como la climatización y el almacenamiento.

Tras el fallecimiento del arquitecto director, la construcción de la edificación sufre una demora de más de un año para la adjudicación de la dirección de obra. Estaba previsto que estuviera finalizada en el primer semestre de 2024. Tras un paréntesis de cuatro años y medio se retomaron en noviembre de 2021 las obras de construcción del nuevo edificio en un solar anexo a la Plaza Paco Toronjo. La actuación la lleva a cabo la empresa pública Tragsa. El proyecto original sufrió una pequeña modificación con la incorporación de una mejora en la eficiencia térmica de la edificación, consistente en la instalación de paneles fotovoltaicos en su cubierta con el objetivo de conseguir un considerable ahorro energético.

El Archivo Histórico Provincial se empezó a construir en 2016 y las obras quedaron inconclusas un año después. Éstas fueron adjudicadas entonces a la empresa Acciona Infraestructuras SA por 6,4 millones de euros, un 38% menos de lo presupuestado inicialmente. La adjudicación se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 31 de enero de 2015, pero las obras no empezaron hasta un año después, en febrero de 2016, y se paralizaron en mayo de 2017 por decisión unilateral de la constructora al considerar ésta que el proyecto adolecía de diversos defectos, que una vez solventados supondrían una modificación sustancial del contrato.

El Ministerio de Cultura y Deporte impuso penalizaciones a la empresa adjudicataria “por los retrasos injustificados en la ejecución de la obra” y una vez que se constató que la contrata no retomaba la obra, se inició el procedimiento de resolución del contrato “por causas imputables a la empresa”, pero tanto la imposición de penalizaciones como la resolución del contrato fueron recurridas por la empresa constructora. De ahí que hubo primero que resolverse judicialmente los recursos presentados y formalizarse la resolución del contrato de ejecución de obra para procederse a la redacción del proyecto de terminación de la construcción, al que una vez incorporado la mejora en la mejora energética del edificio salió a licitación. La actuación fue adjudicada a la empresa pública Tragsa, por un importe de 10.579.052,29 euros.

El edificio es una construcción de una sola pieza con dos volúmenes, uno con planta baja más dos alturas, y el otro con planta baja más cuatro alturas y una planta bajo rasante. La edificación cuenta con 6.631 metros cuadrados repartidos en cinco plantas, además de sótano y entreplanta. Se destinarán 2.600 metros cuadrados al área de depósito con capacidad para 30 kilómetros de documentación. El acceso público se realizará por la Avenida de Andalucía, donde el edificio tiene un volumen bajo que albergará las zonas más públicas y la zona administrativa. El volumen más alto se corresponde con la zona de depósitos.

En la planta baja, un amplio vestíbulo permitirá el acceso tanto al salón de actos como a la sala de consulta, la sala de exposiciones y el aula didáctica. Al fondo, en un área restringida, estará la sala de clasificación, depósito provisional, sala de desinsectación, fumigación… En la entreplanta se ubicará el resto de las dependencias del área de tratamiento documental (taller de restauración, laboratorio de reprografía…). Una pasarela sobre el vestíbulo y la sala de exposiciones conectará con la parte superior del salón de actos.

En la primera planta se encontrará el área de administración, compuesta por los despachos de dirección, sala de técnicos, sala de administrativos, sala de reuniones, sala de informática… El resto de la planta lo ocupa la zona restringida con los depósitos. Tanto en este nivel como en las siguientes plantas (segunda, tercera y cuarta) estarán los doce depósitos para documentos y fondos. El sótano dispondrá de un aparcamiento interno y para personas con movilidad reducida, diferentes cuartos de instalaciones y vestuarios para el personal del área de tratamiento documental.