• En esta ocasión han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Alto Tribunal recurriendo la autorización del Consejo de Ministros por el que seguía encargando la construcción a la empresa pública

Las ingenierías redoblan la presión judicial al Gobierno por el encargo del puente de la SE-40 a Ineco. Las organizaciones empresariales CÍES y Ceacop han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo recurriendo la autorización del Consejo de Ministros que, con carácter constitutivo, dio carta de naturaleza al segundo encargo del Ministerio de Transportes y Movilidad para la redacción del proyecto de construcción del puente sobre el de la ronda de circunvalación a la empresa pública Ineco, según han informado en una nota de prensa.

“Este segundo encargo incorporó el diseño del puente en metodología BIM, como establece la normativa vigente. Con la reformulación del contrato, este alcanzó la cuantía de 13.120.000 euros y, al superar los 12 millones, ha requerido de una autorización del Consejo de Ministros”, han explicado.

El primer encargo, en la Audiencia Nacional

Las organizaciones empresariales ya anunciaron a mediados del pasado enero que proseguirían sus acciones de “defensa del sector”, al entender que con este encargo “se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público”.

Por lo tanto, esta decisión de llevar al Alto Tribunal el segundo encargo se suma a los recursos ya presentados a la primera encomienda del Ministerio a Ineco ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y seguidamente ante la Audiencia Nacional por no tener en cuenta las alegaciones de las ingenierías.

“Un perjuicio irreparable”

Lo que discuten las ingenierías ahora al ir al Supremo es que en esas encomiendas “no cabe una subcontratación por parte del medio propio por encima de los límites legales, lo que probaría además la ineficiencia de Ineco para realizar por sí mismo el proyecto”.

Junto a ello, las patronales han reclamado que la mayor eficiencia del medio propio para realizar el encargo frente al mercado “ha de probarse caso a caso, lo que niega el Estado”.

“Son justamente estas cuestiones las que se elevan para su conocimiento ante el Tribunal Supremo recurriendo la autorización del Consejo de Ministros por ser dicha autorización la que causa un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos de los recurrentes“, han abundado.

Periplo legal

El recurso inicial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) -dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública- estimó parcialmente la demanda de las patronales y anuló la primera adjudicación directa al medio propio.

Aun así, han señalado las ingenierías, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible decidió asignar nuevamente la redacción del puente “más singular y complejo de España” a Ineco, “una empresa pública sin referencias en la materia a pesar de la contrastada solvencia de las ingenierías privadas especializadas y la solicitud directa de las empresas para que se licitase un procedimiento abierto en concurrencia competitiva”.

Ante esta situación, ambas patronales decidieron proseguir sus acciones y llevar, hace un mes, la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acerca del primer encargo ante la Audiencia Nacional, al entender que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público.

En concreto, las ingenierías esgrimen que “no está justificada la mayor eficiencia y eficacia de la adjudicación directa frente a la licitación pública (Ineco no tiene experiencia en diseño de puentes y asignarle directamente este proyecto es más caro que una licitación)” y consideran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios superando ampliamente este límite, sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superarlo.

Por último, “tampoco están motivadas las razones de urgencia y seguridad que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional de la encomienda en lugar de la licitación”. En este sentido, hay que recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995. Este recurso ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional, encontrándose CÍES y Ceacop a la espera de recibir el expediente para formular demanda.

Persistiendo en las alegaciones de base, y tras haber reanudado el Ministerio el proceso del segundo encargo mediante la necesaria autorización del Consejo de Ministros, las ingenierías han dado “un paso más allá” al llevar este caso ante el Supremo para recurrir el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros.

El proyecto continúa

A pesar de la presión judicial, se siguen dando pasos para realizar la obra. A principios de este mes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Ineco, licitó por 4,5 millones de euros (IVA incluido) el contrato para el cálculo de la estructura central del viaducto sobre el Guadalquivir, incluyendo el análisis en túnel de viento.

Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 6 de marzo de 2025. Tras la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas, la previsión es poder cerrar la contratación durante el segundo trimestre del año, según informó Transportes.

• Los encargos a empresas estatales arrebatan al sector privado 10.000 millones de euros en los tres últimos ejercicios
• La acción de CÍES y CEACOP se suma a los recursos ya interpuestos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
• El Gobierno encarga por segunda vez a Ineco el puente de la SE-40

El encargo del puente de la SE-40 a la empresa estatal Ineco llega al Tribunal Supremo. Las organizaciones empresariales CÍES (Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España) y CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y la Obra Pública) han presentado ante el Supremo un recurso contencioso administrativo contra el segundo encargo del Ministerio de Transportes a la empresa pública Ineco para la redacción del proyecto de construcción del puente de la SE-40 sobre el río Guadalquivir. La autorización fue aprobada por el Consejo de Ministros.

Este segundo encargo incorporó el diseño del puente en metodología BIM, como establece la normativa vigente. Con la reformulación del contrato, este alcanzó la cuantía de 13.120.000 euros y, al superar los 12 millones, ha requerido de una autorización del Consejo de Ministros.

Lo que discuten las ingenierías es que en esas encomiendas no cabe una subcontratación por parte del medio propio (la empresa estatal Ineco) por encima de los límites legales, “lo que probaría además la ineficiencia de Ineco para realizar por sí mismo el proyecto”. Junto a ello, las patronales reclaman que la mayor eficiencia del medio propio (la empresa estatal Ineco) para realizar el encargo frente al mercado ha de probarse caso a caso, lo que niega el Estado. Son justamente estas cuestiones las que se elevan para su conocimiento ante el Tribunal Supremo recurriendo la autorización del Consejo de Ministros por ser dicha autorización la que causa un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos de los recurrentes.

Esta decisión se suma a los recursos ya presentados a la primera encomienda del Ministerio a Ineco ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y seguidamente ante la Audiencia Nacional.

tras haber reanudado el Ministerio el proceso del segundo encargo mediante la necesaria autorización del Consejo de Ministros, las ingenierías han dado un paso más allá al llevar este caso ante el Supremo para recurrir el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros.

Competencia desleal

Las patronales denuncian el abuso por parte de la administración de los encargos a empresas estatales como Ineco (medios propios), ya que reducen sustancialmente el tamaño del mercado privado del sector de la ingeniería y la construcción. En el periodo comprendido entre 2021 y 2023, la adjudicación directa a empresas públicas se ha disparado en España superando la cuantía de 10.000 millones de euros, coincidiendo con la ejecución de los fondos europeos Next Generation, que se están canalizando en gran medida por la vía de la adjudicación directa a medios propios.

Sigue adelante en recurso ante la Audiencia Nacional

El recurso inicial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) -dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública- estimó parcialmente la demanda de las patronales y anuló la primera adjudicación directa al medio propio. Aun así, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible decidió asignar nuevamente la redacción del puente más singular y complejo de España a INECO, una empresa pública sin referencias en la materia a pesar de la contrastada solvencia de las ingenierías privadas especializadas y la solicitud directa de las empresas para que se licitase un procedimiento abierto en concurrencia competitiva.

Ante esta situación, ambas patronales decidieron proseguir en sus acciones de defensa del sector y llevar, hace un mes, la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acerca del primer encargo ante la Audiencia Nacional, al entender que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público.

En concreto, las ingenierías esgrimen que no está justificada la mayor eficiencia y eficacia de la adjudicación directa frente a la licitación pública (INECO no tiene experiencia en diseño de puentes y asignarle directamente este proyecto es más caro que una licitación) y consideran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios superando ampliamente este límite, sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superarlo.

Por último, tampoco están motivadas las razones de urgencia y seguridad que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional de la encomienda en lugar de la licitación. En este sentido, hay que recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995. Este recurso ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional, encontrándose CÍES y CEACOP a la espera de recibir el expediente para formular demanda.

• Con la reformulación del contrato superó los 13 millones de euros y, por tanto, ha requerido de una autorización del Consejo de Ministros
• La estructura central del puente de la SE-40 licitada por 4,5 millones de euros

Las organizaciones empresariales CÍES (federación en la que se integra la andaluza Asica) y Ceacop han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo sobre la autorización del Consejo de Ministros del segundo encargo a dedo del Ministerio de Transportes a Ineco para la redacción del proyecto del puente de la SE-40.

Este segundo encargo incorporó el diseño del puente en metodología BIM, como establece la normativa vigente. Con la reformulación del contrato, éste alcanzó la cuantía de 13.120.000 euros y, al superar los 12 millones, ha requerido de una autorización del Consejo de Ministros.

Lo que discuten las ingenierías, también en este caso concreto, es que en esos encargos no cabe una subcontratación por parte del medio propio por encima de los límites legales, lo que probaría además la ineficiencia de Ineco para realizar por sí mismo el proyecto. Junto a ello, las patronales reclaman que la mayor eficiencia del medio propio para realizar el encargo frente al mercado ha de probarse caso a caso, lo que niega el Estado. Son justamente estas cuestiones las que se elevan para su conocimiento ante el Tribunal Supremo recurriendo la autorización del Consejo de Ministros por ser dicha autorización la que causa un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos de los recurrentes.

Esta decisión se suma a los recursos ya presentados al primer encargo del Ministerio a Ineco ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y seguidamente ante la Audiencia Nacional.

El recurso inicial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) -dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública- estimó parcialmente el recurso de las patronales y anuló el primer encargo. Aún así, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible decidió asignar nuevamente la redacción del puente más singular y complejo de España a Ineco, una empresa pública sin referencias en la materia a pesar de la contrastada solvencia de las ingenierías privadas especializadas y la solicitud directa de las empresas para que se licitase un procedimiento abierto en concurrencia competitiva.

Ante esta situación, ambas patronales decidieron proseguir en sus acciones de defensa del sector y llevar, hace un mes, la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acerca del primer encargo ante la Audiencia Nacional, al entender que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público.

En concreto, las ingenierías esgrimen que no está justificada la mayor eficiencia y eficacia del encargo directo frente a la licitación pública (Ineco no tiene experiencia en diseño de puentes y el encargo es más caro que una licitación) y consideran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios superando ampliamente este límite, sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superarlo.

Por último, tampoco están motivadas las razones de urgencia y seguridad que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional del encargo en lugar de la licitación. En este sentido, hay que recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995. Este recurso ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional, encontrándose CÍES y Ceacop a la espera de recibir el expediente para formular demanda.

• Rafael de la Hoz hizo una propuesta para utilizar el monumento de la Ribera como sede al consistorio y llegó a hacer una comparativa de esta ubicación con la que había diseñado para los jardines de La Victoria

Rafael de la Hoz Arderius diseñó en 1974 un edificio para hacer un nuevo ayuntamiento en los jardines de La Victoria, que ahora el gobierno municipal se plantea recuperar. Pero no fue la única propuesta del arquitecto para un nueva sede consistorial. Dado que, finalmente, el alcalde Antonio Alarcón no ejecutó aquel proyecto, el propio De la Hoz hizo una propuesta para utilizar, nada más y nada menos, que el Alcázar de los Reyes Cristianos como sede del ayuntamiento.

En los documentos recuperados, esos en los que se observa el modernísimo edificio diseñado por el arquitecto para La Victoria, hay una hoja fechada en junio de 1974 donde De la Hoz repasa las bondades del Alcázar (él escribe «Alkázar») y las características que lo hacen idóneo para ser edificio administrativo municipal. Esa hoja incluye una tabla donde se comparan distintos aspectos de una ubicación y otra (Victoria-Alcázar) y una lista de todo lo que podría sacarse al monumento.

En el mismo espacio hay varios dibujos de De la Hoz: el más grande es un plano del Alcázar y después hay otros más pequeños de la plaza de las Tendillas, del solar de la Diputación y del propio hotel Meliá y el lugar donde diseñó ese consistorio.

La comparativa

Accesos, ambiente, superficie, representatividad, disponibilidad y conjunto son los indicadores que De la Hoz compara en su propuesta, enfrentando el edificio a hacer en La Victoria y el uso del Alcázar como sede del ayuntamiento. Ambos espacios empatan en accesos, que el arquitecto califica como «buenos», pero el Alcázar coge ventaja en el resto.

A ojos de De la Hoz, el ambiente, la superficie y la representatividad del Alcázar son «inmejorables», cuando en La Victoria navegan entre el «bueno» y el «mejorable». Sí reconoce en el apartado de disponibilidad que habría que llegar a negociaciones con Defensa para ocupar algunos espacios del monumento Alcázar-Caballerizas y sobre el conjunto de todo dice, directamente, que es «difícilmente mejorable» y «único en España». La propuesta del Alcázar, por lo tanto, convencía al arquitecto, que hablaba incluso de crear una nueva escuela de equitación o de tener una plaza de presentación «magnífica».

Las obras de renovación de los pasos de peatones en el Paseo de la China en la playa de San Cristóbal de Almuñécar ya han comenzado. Esta actuación, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística y financiada por los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en esta importante zona turística.

Las obras contemplan la eliminación de siete pasos de peatones elevados que no cumplían con la normativa vigente, sustituidos por pasos a nivel con rebajes de aceras, reductores de velocidad y pavimento antideslizante y baldosas táctiles para personas con discapacidad visual. Se mantendrán las pendientes actuales para garantizar el correcto drenaje de la calzada.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por más de 5,2 millones de euros (5.284.029) la renovación del servicio de conservación de casi 300 kilómetros de carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía en la zona Norte de la provincia de Huelva. Con este lote, se completa la contratación del mantenimiento de los 789 kilómetros de la red viaria andaluza en la provincia para los próximos tres años (más una posible prórroga de dos años).

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que “en un año hemos renovado los contratos de conservación de todas carreteras de la provincia de Huelva y, además, con un aumento importante de la inversión”. La consejera ha indicado que se ha actuado “con previsión y evitando los errores cometidos por los anteriores gobiernos”, en alusión a la situación en la que se encontró el Gobierno de Juanma Moreno nada más llegar, a principios de 2019, con la mayoría de estos contratos caducados o a punto de caducar. Incluso se recurrió a contratos de emergencia para garantizar la vialidad de la red viaria.

La renovación se ha hecho en esta ocasión, según la Junta, “con margen suficiente”. Este último contrato abarca una quincena de carreteras de la zona Norte, que nutren las comunicaciones de 21 municipios: Aracena, Cumbres de Enmedio, Cumbres Mayores, Hinojales, Cañaveral de León, Arroyomolinos de León, Cala, Santa Olalla del Cala, Zufre, La Granada de Riotinto, Minas de Riotinto, Nerva, El Campillo, Zalamea la Real, Calañas, Campofrío, Tharsis, Cabezas Rubias, Valverde del Camino, Santa Barbara de Casas, Rosal de la Frontera y Villanueva de las Cruces.

La principal novedad es la revisión ordinaria de precios, conforme a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. La posibilidad, ya recogida con carácter general para los nuevos contratos de servicio, se suma a la revisión excepcional de precios de conservación realizada durante 2023, atendiendo una petición del sector, que había solicitado un incremento de las partidas que compensara la subida de los costes de los materiales.

Asimismo, se incorporan mejoras en materia laboral que favorecerán que las empresas hagan frente con garantías a las obligaciones salariales con el personal de los servicios de conservación. Con ello, no sólo se vela por un buen servicio de 24 horas los 365 días al año, sino también por unas condiciones dignas a la plantilla.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda afronta así la tercera fase del proceso de renovación de los contratos de conservación de carreteras. El Gobierno andaluz ha movilizado en el último año más de 230 millones para la renovación de 33 de los 36 contratos de conservación. Los tres restantes se renovarán conforme se vaya aproximando la fecha de vencimiento, que se encuentra entre 2025 y 2027.

La red viaria andaluza es la segunda en extensión de todo el territorio nacional. A ello se añade que el porcentaje de vías de gran capacidad es muy elevado, lo que obliga a dedicar más recursos a su conservación. Las labores de conservación son vitales para asegurar que la movilidad se realice en condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, y conllevan la realización de un conjunto de intervenciones de diversa índole: reparaciones en el pavimento, limpieza y mantenimiento de elementos de drenaje, apoyo al control de maleza en márgenes y poda de medianas en autovías, mantenimiento de la señalización, conservación y reparación de sistemas de balizamiento y defensas.

Las operaciones de conservación tienen como misión garantizar que las carreteras se encuentren en condiciones normales de vialidad y seguridad. Las empresas adjudicatarias realizarán, en primer lugar, todas las actividades y operaciones de ayuda a la vialidad, reparación de elementos dañados y ayuda a la explotación. En este apartado se incluye el mantenimiento de instalaciones generales necesarias para llevar a cabo los servicios de conservación y explotación. Asimismo, mantendrán las vías en condiciones de funcionalidad. Por último, se incluyen actuaciones en circunstancias excepcionales que hagan necesaria la intervención inmediata de los equipos.

El presidente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), Diego del Toro; y el director ejecutivo de su empresa instrumental -Giahsa-, Santiago Ponce, han ofrecido este martes un desayuno informativo en el que han querido poner en valor su gestión al frente de dicha entidad desde que se hiciesen con sus riendas en junio de 2023, especialmente una vez cerrado el ejercicio 2024, que coincide con el primer año de ambos al frente de la misma.

Ambos han detallado que al llegar encontraron una entidad en una situación “bastante deteriorada”, tanto desde el punto de vista financiero, como estructural y organizativo, la cual han logrado “revertir” a base de “mucho trabajo” y abriendo una “nueva etapa” que acogieron con “mucha ambición y nuevos proyectos”.

En este sentido explicaron que Giahsa llegó a estar “hasta en tres ocasiones al borde de la quiebra financiera, concretamente en los años 2013, 2016 y 2022″, en los que “fue necesario hacer varias refinanciaciones entre 2010 y 2023, lo cual ha costado a sus usuarios 79,97 millones de euros: 29,01 en comisiones y 50,96 en intereses”.

Según añadieron, esta situación desembocó en 2023 en una deuda acumulada de 167,23 millones de euros, cifra que “duplica los ingresos de la empresa”; y que el resultado del ejercicio 2022 arrojó pérdidas por valor de 33,85 millones de euros.

No obstante, ambos se mostraron convencidos de que la empresa “debe ser autosuficiente”, a pesar de que la última refinanciación –agosto de 2022- “nos va a obligar a pagar sólo este año 8 millones de euros en concepto de intereses, además de otros 3,58 millones en relación al pago de la deuda principal, y finalmente 1,67 millones de euros más en concepto del pago de la deuda concesional a los Ayuntamientos”.

En este sentido defendieron que cuando acabe de pagarse la deuda derivada de dicha refinanciación la empresa podrá empezar a “autogestionarse” y a “reinvertir sus beneficios en ofrecer más ventajas a los ciudadanos, como por ejemplo revisiones a la baja de tarifas”. En este sentido incidieron en que “la empresa se ha rediseñado para que tenga pulmón financiero suficiente para asumir sin problema sus compromisos”.

Igualmente dicha situación “también nos permitirá empezar a pagar a los Ayuntamientos las concesiones demaniales con recursos propios, sin tener que acudir para ello a la financiación externa o a nuevas refinanciaciones”.

Por todo lo anterior, el director ejecutivo tachó de “auténtico lastre” las refinanciaciones, así como “sus correspondientes comisiones e intereses”, a lo que añadió que “esta nueva dirección tiene meridianamente claro que refinanciación no equivale a solución y que estas estrategias financieras a las que tanto se ha recurrido en el pasado no se van a repetir jamás, salvo en los casos en los que mejoremos las condiciones de los préstamos vigentes”.

Ambos responsables también quisieron poner en valor que, gracias a su gestión, Giahsa ha obtenido solo en el año 2024 un ahorro neto en gastos operativos de 7,35 millones de euros, derivados sobre todo de la renegociación de contratos con los proveedores, la resolución de contratos “no necesarios” y la realización de reajustes y optimización de gastos en los distintos departamentos de la empresa.

Diego del Toro señaló que en este nuevo periodo “cada departamento de la empresa ha realizado un estudio individualizado de la situación que nos demuestra que va a ser solvente”. “Ese es el objetivo que nos marcamos -prosiguió-, hacerla rentable para en un futuro destinar los beneficios financieros a revisar las tarifas a la baja y ayudar a nuestros ayuntamientos a optimizar y modernizar los servicios”.

En lo que al futuro inmediato se refiere, Ponce explicó que “la amortización de la deuda financiera de la empresa aumenta de forma exponencial debido a los altos costes de la refinanciación, a lo que tenemos que sumar los importes de las concesiones demaniales de las redes a los Ayuntamientos”. Igualmente indicó que, bajo esta perspectiva “la empresa tiene que estar preparada en 2026 para afrontar sus compromisos financieros por medios propios”, queriendo dejar finalmente claro que “la nueva dirección ha aterrizado, ha aplicado los primeros cambios y ya se perciben los primeros frutos”.

Reducción de costes salariales

A todo lo anterior hay que añadir, prosiguieron explicando, que para el presente año 2025 se va a producir la reducción de “unos costes salariales que siempre han tendido al alza en los últimos años” y la aplicación de una “inflexible lucha contra el absentismo laboral, que nos ha llevado a un ahorro de 750.000 euros sin necesidad de recurrir a despidos y reduciendo a lo estrictamente necesario las contrataciones externas”.

Todo ello, aseguró el director de Giahsa, se basará en la “aplicación de medidas en el día a día, lo cual va a hacer operativa la empresa en un futuro inmediato”, a lo que añadió que “todo está funcionando mejor, somos muy optimistas y seguiremos trabajando en la reducción de costes, la eficiencia y la operatividad”.

“Vamos a cambiar la foto financiera de la empresa”, insistió Ponce, “vamos a ser mejores y más competitivos de la mano de nuestros trabajadores, a los que le estamos marcando el camino y nos están respondiendo a la perfección. Aunque queda mucho por hacer, la empresa es viable y el modelo funciona”.

En cuanto al aumento de tarifas, el director ejecutivo puso en valor la “necesidad de actualizarlas, ya que están congeladas desde 2019 y, además, se usó una de las refinanciaciones para bajarlas con clara intención política con motivo de las elecciones”. En este sentido añadió que “no hay que olvidar que en la propia Giahsa hay un histórico de subida de tarifas importante, y que la inmensa mayoría de las empresas del sector, tanto públicas como privadas, las han incrementado en los últimos meses. A partir de 2025, y a tenor de los nuevos servicios que vamos a prestar en materia de digitalización y RSU, nos vemos obligados a armonizar las tarifas”, concluyó.

Sobre la reciente entrada de Cartaya en la entidad, y las incorporaciones anunciadas de La Palma del Condado y Palos de la Frontera, ambos responsables señalaron que “es bueno ensanchar la base de la empresa. Ya que cuanto más grande sea la Mancomunidad. Ésta será mejor y más fuerte. Además, indicaron, estas incorporaciones se hacen “con el único fin de prestar más servicios, y no para obtener más votos. Por último defendieron la legalidad de dichas incorporaciones porque “tenemos informes jurídicos que así lo corroboran”.

• La Diputación invertirá más de 452.000 euros en la adecuación de la JA-3200

La Diputación de Jaén invertirá más de 452.000 euros en la adecuación de la JA-3200, carretera que comunica la capital con La Guardia de Jaén. Estas obras, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, supondrán la reforma integral de casi cuatro kilómetros de esta vía. “Iniciamos hoy lo que es una de las actuaciones más importantes de la Administración provincial, ya que actuamos en una de las carreteras de titularidad de la Diputación que más tráfico tiene en la provincia”, ha señalado el presidente de esta administración, Francisco Reyes. Así lo ha indicado este martes durante un visita al inicio de estos trabajos, en la que han participado también el alcalde guardeño, Juan Morillo, y el concejal jiennense de Mantenimiento Urbano e Infraestructuras, Javier Padorno.

En esta vía, en la que confluyen distintas zonas residenciales como el Puente Jontoya, Los Bermejales o la urbanización Entrecaminos, se llevarán a cabo trabajos de mejora de la totalidad del firme, que se encuentra estructuralmente agotado. También se adecuarán los accesos públicos existentes; se instalarán nuevas bandas sonoras, que se distribuirán a lo largo del trazado; se renovará la señalización tanto horizontal como vertical y se acometerán labores de limpieza, reparación y acondicionamiento del drenaje transversal. El presidente de la Diputación ha explicado que se trata “de la primera fase de unos trabajos que continuarán con una segunda”, que permitirán llegar hasta el núcleo urbano de La Guardia de Jaén. Ha añadido que este tipo de actuaciones “vuelven a poner encima de la mesa el compromiso” con la ciudadanía para mejorar la seguridad vial. “Y más en un año como en el que no encontramos, donde la Administración provincial va a hacer un esfuerzo especial, dotado con 23 millones de euros que va a permitir actuar en 123 kilómetros de carreteras de nuestro territorio”, ha señalado.

• Tras culminar todas las pruebas para encontrar el mejor sistema de montaje, los trabajos están en una fase de «construcción avanzada». En noviembre estará listo el esqueleto y se habrá iniciado el recubrimiento

A falta de dos meses para que se cumpla un año del simbólico izado del tablón de madera que representó el inicio de las obras para construir el tejado de la Catedral de Málaga que pondrá fin al problema de humedades y filtraciones, estos trabajos han pisado el acelerador y se encuentran ya en una fase «de construcción avanzada».

Según explica el arquitecto al frente de esta gran obra, Juan Manuel Sánchez La Chica, en una primera fase hubo que realizar una serie de pruebas para garantizar que se siguiese el mejor sistema de montaje.