• Palabras de la consejera Patricia del Pozo

Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía habló acerca del futuro de La Rosaleda con vistas al Mundial de 2030: “Actualmente, se están estudiando los mecanismos adecuados para que las administraciones propietarias del estadio de La Rosaleda afrontemos la reforma y, también, establecer posibilidad de que entre capital privado en el proyecto. Como saben, la inversión es elevadísima. Supera los 200 millones de euros”.

La consejera Del Pozo insistió en un asunto que hace tiempo se viene hablando desde los otros propietario, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial de Málaga: “La Junta de Andalucía está estudiando también la Declaración de Interés Autonómico del proyecto del nuevo estadio de La Rosaleda para acelerar los trámites administrativos. Y en enero de este año, las tres instituciones propietarias hemos emitido una declaración institucional para ratificarnos en nuestro compromiso firme con La Rosaleda. Por tanto, trabajando sin parar, para llevar a cabo esas reformas necesarias para la sede del Mundial”.

• La concejala de Urbanismo prometió que para entrar en la Unidad Aceleradora las propuestas deberían cumplir “criterios objetivos”, pero la instrucción contempla que el responsable dé luz verde

“Que, motivadamente, el superior jerárquico, considere el proyecto relevante para el municipio”. Este es uno de los criterios por los que se puede decidir que un proyecto entre en la Unidad Aceleradora de Proyectos que presentó el Ayuntamiento de Málaga. Es decir, que en caso de no cumplir con alguno de los otros cinco criterios, será el gerente, José María Morente, o la jefa del ente, Elena Rubio, los que decidan qué proyectos saltarán la montaña de expedientes de Urbanismo para ir por la autopista. 

Cuando se presentó la Aceleradora, el pasado mes de octubre, la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, prometió que la instrucción por la que se regiría estaría publicada “ese mismo día”, y que en la publicación se incluirían “los criterios objetivos” para determinar cuáles eran los proyectos que podrían formar parte de este impulso y cuáles no. Lo cierto es que la instrucción no está publicada y lo único que hay en la web de Urbanismo explica cómo registrar la petición de acceso. Sin que precisen cuáles son los “criterios objetivos” que determinen si se abre la puerta de paso a esta aceleradora o no. 

En la instrucción, a la que ha tenido acceso Málaga Hoy, Urbanismo exige que se cumpla alguna entre seis condiciones. Las dos primeras tienen que ver, como se anunció, con tener relación con la creación de vivienda social o protegida y de que el porcentaje de VPO sea mayor al exigido por normativa (que es un 30%). Es decir, si una promoción de 100 viviendas contempla 31 de VPO en vez de 30, entraría. También los proyectos promovidos por el Ayuntamiento, como se explicó, o por cualquier otra entidad pública. Estos serían cuatro criterios. 

El quinto está destinado a aquellas actuaciones “de utilidad pública o interés social”. Entre ellas, actuaciones extraordinarias en suelo público que prevean crear equipamientos, o usos industriales, logísticos, terciarios o turísticos superiores a los 50.000 metros cuadrados. Casero prometió que no entrarían en este ámbito la promoción de hoteles, aunque en el documento se incluye el uso turístico. Por debajo de los 50.000 metros cuadrados, señala a cumplir con el último criterio. Es decir, que el superior jerárquico estime que debe agilizarse su proceso. 

La Aceleradora de Proyectos era una de las grandes promesas dentro del paquete de la reestructuración que vendría a aligerar los sobrepasados tiempos de tramitación que se dan en el ente malagueño, que en los últimos meses ha completado la renovación de casi toda su cúpula, cambio de gerente incluido. La instrucción la firman la propia Casero y el anterior gerente, José Cardador.

En este sentido, lo único que se explica en la web municipal es que esta unidad “proporciona asistencia y asesoramiento a promotores de proyectos estratégicos, elaborando una hoja de ruta y cronograma previo. Supervisa la tramitación de estos proyectos, coordinando con las unidades administrativas del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado para velar por el cumplimiento de plazos”.

Casero aseguró durante la presentación que la herramienta serviría para “dar certidumbre de que se cumplen los plazos”, sin explicar cuáles serían estos intervalos a cumplir ni en cuánto mejoran a los que ya deberían satisfacer. La instrucción por la que se rige tampoco recoge cuáles son los tiempos exigibles. 

La unidad aceleradora de proyectos será “un impulsor, no un tramitador” de expedientes, es decir, seleccionará aquellos trámites que deben tener prioridad para Urbanismo, según declaró Casero. La unidad está adscrita, directamente, al gerente en el organigrama. Al frente de la misma estará Elena Rubio, que fue destituida como jefa de Planeamiento, “está capacitada de sobra”, dijo entonces.

Sobre si tendrá más personal, el Ayuntamiento informó en una nota que “estará formada por un equipo multidisciplinar de empleados públicos”, pero la concejala del ramo afirmó durante su presentación que “todos los departamentos son conscientes de que esos proyectos que están en la aceleradora estarán sometidos a unos plazos distintos y a unas cuestiones diferentes que se irán marcando desde esa unidad inicial”, descartando crear una plantilla ad hoc. Pese a ello, el documento avisa de que la Unidad Aceleradora estará compuesta por “un equipo multidisciplinar de empleados públicos”. A día de hoy, este equipo no existe.

Los promotores piden que se hagan públicos los requisitos

Tampoco saben los promotores, en tanto que no es público el documento, las condiciones para entrar. Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), afirma que no han visto la instrucción, pero que “deben haber criterios que limiten los proyectos que entren”, a riesgo de que deje de funcionar como una aceleradora si hay muchos dosieres que acaban formando parte de la misma.

A eso añade que se tendrán “que definir criterios claros para saber si podemos entrar o no en la Aceleradora”, pero que en último término, entre todos los que se presenten será la ciudad la que tenga que decidir cuáles son los que entran entre los elegidos para ir por esta autopista de tramitación. A esto añaden que pedirán la instrucción para ser conscientes de qué criterios cumplir.

La relativa buena condición que se vive en los embalses andaluces parece haber hecho arrinconar las políticas de ahorro de agua y de generación de nuevos recursos con las que aliviar una situacion que sigue siendo seria. Hay que tener en cuenta que los pantanos de la comunidad apenas superan el 40% de su capacidad de embalse.

En este contexto, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, anunciaba ayer que la próxima aprobación de la denominada Estrategia de recursos hídricos no convencionales de Andalucía, que estará lista en otoño, “con el claro objetivo de aumentar la capacidad que tiene la región de reutilizar y desalar”. El consejero explicaba que el objetivo es “garantizar la seguridad hídrica de la ciudadanía andaluza y de los sectores productivos, así como contribuir a la mejora del patrimonio natural”, y añadió que “aunque no son pioneros en la generación de estos recursos hídricos, tampoco quieren quedarse atrás”.

Fernández-Pacheco se refirió al objetivo de aguas regeneradas que se marca el Gobierno andaluz en el horizonte 2027 y en el 2039; así como a las obras que serán necesarias poner en marcha. Sobre las desaladoras, reconoció que se necesita la colaboración del Gobierno central, pero que “la Junta de Andalucía va a hacer todo lo posible por no desaprovechar ninguna oportunidad de disponer de agua desalada”.

Por otro lado, quiso recordar también que el Gobierno central tiene pendientes de ejecutar en Andalucía hasta 118 infraestructuras hidráulicas que fueron declaradas de interés general del Estado y que “son muy necesarias para que Andalucía siga creciendo”. En este apartado se refirió a la presa de Gibralmedina en Cádiz, las desaladoras de Almería, la ampliación de la zona regable Genil-Cabra, el túnel de San Silvestre en Huelva, o las canalizaciones de Siles en Jaén, las de Rules en Granada o la presa de Cerro Blanco en Málaga. El consejero hizo hincapié en “la necesaria cooperación entre administraciones y en la importancia de contar con un Plan Nacional del Agua en la que todas las comunidades tienen que remar en la misma dirección, a la misma velocidad y con el mismo interés”.

“No se puede permitir que unas regiones queden paralizadas por falta de agua; Andalucía es una gran potencia agrícola y ganadera, la que da de comer a millones de europeos y, además, es la comunidad española que más productos agroalimentarios exporta, por lo que de nosotros depende garantizar la seguridad alimentaria andaluza, española y europea”,aseveró Fernández-Pacheco.

También señaló la importancia de contar con más embalses, sobre todo, en puntos donde la pluviometría es más favorable, como es el caso de Huelva. En este punto, se refirió a la presa de Alcolea, que no sólo servirá para laminar posibles riadas y mantener a salvo cultivos, propiedades y población, sino que favorecerá el almacenamiento de agua.

Además de los embalses, recordó que es necesario contar con las conducciones necesarias para que el agua de esos embalses llegue a los regantes. “La planificación ha de ser seria y rigurosa para no dejar a provincias enteras con sed, como es el caso de Huelva con Alcolea o Granada con Rules”. Igualmente, insistió a la modernización de regadíos para llevar el agua a las comunidades de regantes y ha detallado las diferentes acciones que se están llevando a cabo en este sentido por más de 325 millones de euros.

En otro orden de cosas, Fernández-Pacheco señaló que Andalucía está inmersa en un innovador plan de digitalización del consumo de agua en todas las cuencas hidrográficas con la idea de mejorar y modernizar las redes de control de las fuentes de suministro y de las masas de agua en las demarcaciones intracomunitarias que permita conocer qué consumo hay en cada zona, qué necesidad y qué posibilidad de trasvasar agua de una cuenca a otra a través de redes de interconexión.

El Puerto de Sevilla ha logrado colocar en positivo su rentabilidad anual al cierre del ejercicio 2024, tras varios años en negativo. En cifras, la rentabilidad de la Autoridad Portuaria de Sevilla ha ascendido en este ejercicio a 1,15; frente a los dos años anteriores en negativo, con un -0,04 en 2022 y un -0,08 en 2023. Las ratios de rentabilidad relacionan los beneficios con el activo (ROA), la inversión (ROI), el patrimonio neto (ROE). En el caso del Puerto de Sevilla este grado de rentabilidad no se obtenía desde 2012.

Así lo ha detallado a preguntas de este periódico la institución portuaria, cuya dirección aclara que este buen balance, confirmado por Puertos del Estado, se debe a que el resultado de explotación de 2024 ha superado los 6,5 millones de euros.

Para los puertos hay una medida de la rentabilidad anual en términos agregados, a efectos de la aplicación de coeficientes correctores a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía.

Las cuentas

Durante la primera sesión del año 2025 del Consejo de Administración, la Autoridad Portuaria de Sevilla ha informado este miércoles de que el importe neto de la cifra de negocios ha sido de 22,68 millones de euros y los beneficios de 5,62 millones de euros. El presidente Rafael Carmona ha destacado que se trata de “una cifra récord” y ha subrayado “la gestión del organismo que ha favorecido la atracción de nuevas empresas en los últimos años; así como el trabajo de las cerca de 200 compañías que conforman la Comunidad Portuaria de Sevilla y su esfuerzo diario para contribuir al desarrollo del negocio portuario”.

En cuanto a los datos de tráfico, en 2024 el Puerto de Sevilla ha movido 4,27 millones de toneladas, un 8% más que en el año anterior. Por tipo de mercancía, despuntan los graneles líquidos con un aumento general del 28%, hasta alcanzar las 567.000 toneladas. En especial, crecen los aceites y las grasas.

También destacan los sólidos con un crecimiento del 3%, superando los 2 millones de toneladas. En esta categoría ha subido la importación de chatarra de hierro, ya que desde Sevilla se abastece a dos plantas siderúrgicas, y los abonos naturales y artificiales. De hecho, el Puerto de Sevilla es líder en el movimiento de fertilizante, siendo el primero a nivel nacional en la importación de este producto.

Por otro lado, la mercancía general experimentó un aumento del 9% con 1,6 millones de toneladas. Destacan los productos siderúrgicos y el tráfico de contenedores supera el millón de toneladas (+ 7%) y las 152.000 TEU -contenedores- (+ 6%).

Al ser el Puerto de Sevilla una plataforma sincromodal, en 2024 ha recibido 926 buques (+ 2,8%) y 1.122 trenes (+ 0,3%). Crece, también, la mercancía movida en ferrocarril que supera las 380.000 toneladas (+ 4%) y las 44.000 TEU -contenedores- (+ 1,5%). En la actualidad, el Puerto de Sevilla conecta de forma regular con las Islas Canarias con cuatro buques semanales y cuenta con un tren diario con el puerto de Sines y circulaciones semanales hacia Madrid y Bilbao.

Respecto a los cruceros, el número de escalas se mantuvo en la misma cifra que en la anualidad anterior, en torno a 75; mientras que el volumen de pasajeros creció un 1% con más de 21.200 cruceristas.

Ampliación de la Harinera La Meta

Por otro lado, el Consejo de Administración ha aprobado la ampliación de la superficie de Molinos Harineros del Sur, del Grupo La Meta, en 2.400 m2 destinados a una zona para mejorar la operativa y su logística interna. Esta superficie se suma a los más de 20.000 m2 que la harinera ocupa en el puerto sevillano, situada en las proximidades del puente del Centenario.

Molisur es una de las dos harineras instaladas en el Puerto de Sevilla, próxima a los muelles para favorecer la cadena logística, que cuenta con más 100 años dedicados a la molturación y distribución de harinas panificables, salvados y otros productos del grano.

Asimismo, este órgano de Gobierno ha dado luz verde a la ampliación del plazo de la concesión administrativa de Puerta Delicias en cuatro años más, que conlleva una serie de mejoras como la puesta en funcionamiento de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo, actuaciones de jardinería para mejorar el entorno y la accesibilidad al ámbito.

En marcha la ampliación del Higuerón Sur. Tras una primera fase del proyecto que contó con una superficie de 54.831 metros cuadrados en el que se implantaron las multinacionales Costco Wholesale, Bricodepot y McDonald’s, el promotor inmobiliario Bogaris se encuentra inmerso ahora en el desarrollo de una segunda que dispone de una superficie de 35.304 metros cuadrados de suelo y una superficie bruta alquilable de 16.821 metros cuadrados que serán ocupados con operadores como Lidl, Action, Guaw o Popeyes.

Esta segunda fase del proyecto del parque comercial Sevilla Norte, ubicado a los pies de la carretera de circunvalación Ronda Supernorte (SE-20), ya cuenta con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo, que ha concedido una licencia de obras de reforma del proyecto con licencia otorgada consistente en obras de nueva planta de un edificio comercial sin uso determinado en parte de la manzana, dejando una subparcela sin uso. Con una inversión estimada de 20 millones, la empresa sevillana especializada en la promoción, desarrollo y gestión de proyectos en los sectores inmobiliario comercial, agroindustria y energías renovables, espera que la fecha de apertura sea para finales de 2025.

Los últimos cambios en el proyecto básico se han redactado atendiendo a las necesidades de comercialización de la empresa promotora Iridio Inversiones S.L. debido a la entrada de un nuevo operador (la cadena de restaurantes de comida rápida Popeyes, especializada en pollo frito) que no tenía cabida dentro del edificio contenedor previsto en el diseño inicial. Como se explica en la memoria y se refleja en los planos a los que tuvo acceso este periódico, esa necesidad se ha resuelto con la incorporación de un nuevo operador tipo free stand que se implanta en la parcela mediante una edificación aislada en subparcela propia y cuya edificación es promovida y construida por el operador de esa actividad, en este caso para la ejecución de una local de comida rápida.

Para ello ha sido necesario reducir la dimensión del edificio contenedor y de la zona de urbanización, de forma que se pasa de un edificio que albergaba seis locales con una superficie construida de 6.531 metros cuadrados a un edificio similar, pero de menor longitud, que acogerá cinco locales con una superficie construida de 5.316 metros cuadrados sobre una subparcela Norte que pasa de tener de 11.469 metros cuadrados de suelo a 10.286 metros cuadrados, quedando los 1.182 metros cuadrados de diferencia destinados al free stand.

Contará con una superficie bruta alquilable de 16.821 metros cuadrados

Esta nueva incorporación al proyecto supone la ejecución de una obra independiente sujeta a una licencia propia, por lo que serán tres los permisos finalmente necesarios para completar la actuación en la parcela. Se mantiene prácticamente intacta la organización general de los terrenos y de los accesos peatonales y viarios, y únicamente se producen un ligero ajuste en la salida de la calle interior de servicio del edificio paralela a la calle Ariel, alejando más esa salida del cruce con la calle Ganímides.

La edificación que se ejecuta es de una planta de altura sobre rasante, siendo la cota total máxima del edificio de nueve metros aproximadamente, sobre los que sobresaldrán exclusivamente las instalaciones necesarias sobre la cubierta, especialmente las de climatización. Se plantea el ajardinamiento y plantación de arbolado tanto en el aparcamiento en superficie como en los límites de la parcela hacia las calles perimetrales Ganímides , Caronte y Ariel, además de en la zona de contacto con la subparcela sur destinada al supermercado Lidl.

Higuerón Sur se concibió en su día como un gran espacio para acoger la Ciudad de la Imagen. Estos terrenos, situados entre el barrio de San Jerónimo y Pino Montano, albergarían a un buen número de empresas audiviosuales: productoras y compañías cinematográficas. Hasta se especuló con un posible cambio de sede de Canal Sur. La irrupción de la crisis obligó a cambiar de orientación.