Lunes de novedades importantes para el futuro ferroviario de la Costa del Sol. Tras desvelarse la propuesta de adjudicación para la redacción del estudio de viabilidad del trazado ferroviario entre Nerja y Algeciras, ahora se conoce la adjudicación de otro proyecto largamente esperado, que deberá sentar las bases para afrontar la duplicación de parte de la línea del Cercanías Málaga-Fuengirola.
En concreto, del tramo de 2,8 kilómetros que se extiende entre el aeropuerto y Campamento Benítez. De acuerdo con la resolución oficial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, este trabajo técnico va a ser elaborado por la empresa Tpf Getinsa Euroestudios.
Este paso adelante se produce casi 8 meses después de que el Ministerio de Transporte licitase la redacción de este proyecto, que debe permitir mejorar las condiciones de explotación de este ramal del Cercanías, uno de los más rentables de todo el país.
Esta línea se extiende hasta Fuengirola en 30,5 kilómetros. Estos 2,8 kilómetros nuevos se sumarán a los 17 kilómetros ya duplicados en total en la línea, y permitirán conectar de forma continua 12,7 kilómetros de vía doble entre María Zambrano y La Colina.
El proyecto de construcción, a ejecutar por Adif, contemplará como principales actuaciones la duplicación de vía, la renovación de la vía existente, la electrificación de la vía correspondiente a la duplicación y la renovación de la línea aérea de contacto (catenaria), donde sea preciso o donde se vea afectada por esta duplicación.
De igual modo, prevé la demolición del apeadero de San Julián y la ejecución de un nuevo andén y un paso a distinto nivel entre andenes en el apeadero de Plaza Mayor, incluyendo marquesinas, iluminación, señalética, cartelería de prohibición y advertencia para los viajeros y mobiliario.
La redacción del proyecto, con un plazo de ejecución de 36 meses, se desarrollará en dos etapas: redacción del estudio de alternativas y del proyecto de construcción y apoyo a la dirección del contrato durante las obras.
La duplicación de la vía Málaga-Fuengirola es esencial para alcanzar el objetivo de que los trenes pasen cada 15 minutos, frente a los 20 minutos actuales. El interrogante es si todos los tramos que actualmente presentan vía única tienen las condiciones adecuadas para proceder a la duplicación.
La suya es, a ojos de los responsables de la mesa de contratación, la mejor de las propuestas presentadas. El valor económico de la misma asciende a un importe de 875.228,53 (sin IVA).
El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la primera prórroga del contrato para la prestación de los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de vías y espacios públicos por un importe total de 2.851.365 euros. Adjudicado a la empresa Construcciones Nila, S.A., es esta la primera prórroga de un contrato que fue adjudicado en abril del año pasado, por un periodo de un año, prorrogable por cuatro años adicionales, por periodos anuales.
Así lo ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno y concejal responsable del Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, en rueda de prensa acompañada de los concejales de Sostenibilidad Ambiental y de Presidencia, Antonio Urdiales y Amalia Martín, respectivamente, en la que además se ha informado, entre otros asuntos, de la adjudicación de las obras de contempladas en el proyecto de la nueva línea de tratamiento de la fracción orgánica recogida de forma selectiva en origen (FORM), dentro de la instalación de la Planta de Tratamiento de Residuos, y de la aprobación, previo paso del Pleno de la Corporación, de las normas reguladoras sobre el uso del edificio de Casas Consistoriales.
La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado el importante “avance” que alcanzan a fecha de hoy las obras de integración ferroviaria, en su fase 2, “cumpliendo los plazos previstos” aproximándose a un nuevo hito como será, antes del verano, la demolición del puente de la Avenida del Mediterráneo.
Acompañada de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, de la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, y la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Almería, Dolores Martínez, junto a técnicos municipales y de ADIF, la alcaldesa ha recorrido gran parte de esta infraestructura, que afecta hasta nueve barrios de la ciudad, comprobando “in situ” el desarrollo de una actuación que, cumpliendo su cronograma de trabajo, “avanza hacia sus próximos hitos: “la reposición del tráfico sobre el soterramiento ferroviario de la autovía del aeropuerto, y la demolición del paso superior de la Avenida del Mediterráneo, antes del verano”, ha adelantado.
Increíble, pero cierto: para conseguir una vivienda de protección oficial en Cádiz –en régimen de venta a precio limitado, en este caso– no basta con estar inscrito en el Registro de Demandantes de Procasa desde hace más de veinte años, que te llegue el turno y cumplir con todos los requisitos exigidos. Ni siquiera figurando entre los 300 primeros puestos de cabeza de una lista con más de 4.000 personas. No. Hace falta conseguir hasta 70.000 euros en 13 meses para pagarlos como anticipo, además de una hipoteca que cubra el 80% de un precio final de hasta 290.000 euros y el 20% restante, es decir, otros 58.000 euros, en el caso del piso más caro.
Según relatan a este periódico algunos de los candidatos que se han visto obligados a desistir de uno de estos pisos, estas son las condiciones que está ofreciendo el Grupo Q a los demandantes de vivienda pública que les está enviando la empresa municipal Procasa como presuntos aspirantes a una de las 55 VPO en régimen de venta a precio limitado que la promotora privada construye en un edificio cedido por el Ayuntamiento que se llevó años a medio hacer en el barrio de Los Chinchorros, muy cerca del cementerio de San José.
Las condiciones son tan inasequibles para estas familias, muchas con niños a su cargo, que se han visto obligadas a rechazar la vivienda que llevaban esperando desde hace hasta dos décadas. La primera que les ofrece la empresa pública municipal en 20 años. Se trata de núcleos familiares en los que trabajan los dos miembros de la pareja, ingresando salarios de entre 1.200 y 1.600 euros al mes con los que de ningún modo pueden afrontar una inversión como la que les están planteando.
“Nos llamaron a finales de septiembre o principios de octubre del año pasado Imagínese la ilusión que vivimos. Nos duró poco. Nos tuvimos que decantar por la vivienda más barata. Era la única que podíamos intentar asumir por un precio de unos 220.000 euros. Pero con la agravante de que teníamos que soltar 60.000 euros en 13 meses: 3.000 como señal, 27.000 de entrada y otros 30.000 en 13 cuotas de 2.500 euros al mes”, relata uno de los candidatos a adjudicatario, que prefiere permanecer en el anonimato. A sus alrededor de 40 años, forma parte de una familia con un menor en edad de primaria a su cargo. El piso tiene poco más de 60 metros cuadrados y dos habitaciones.
“A lo anterior hay que añadir el 20% que no cubre la hipoteca, pero si a la hora de darte la llave no tienes hipoteca, pierdes la totalidad de los 60.000 euros que has entregado”, añade el mismo afectado. “Para trabajadores como nosotros es imposible asumir esas condiciones”, lamenta. “Procasa se ha lavado las manos porque a nosotros no nos han llamado en ningún momento. Nos llama el Grupo Q y Procasa se limita a decir que ellos les han cedido un terreno municipal al Grupo Q, que es quien lo gestiona. Cuando preguntamos por lo elevado de estos precios nos dicen que están dentro de la legalidad. No lo dudo, pero se han acogido al máximo permitido por la Junta de Andalucía”, añade.
“Lo que nos choca es que el Ayuntamiento de Cádiz, este que dice que lucha ahora por que no se vayan de la ciudad los gaditanos y las gaditanas, el mismo que tiene tanto miedo de perder las subvenciones estatales si bajamos por debajo de los 100.000 habitantes, el mismo Ayuntamiento llegue a este tipo de acuerdos”, argumenta este afectado. “Yo entiendo que la constructora tiene que ganar, pero el Ayuntamiento tendrá que mirar por sus vecinas y vecinos y llegar a un consenso. Además, no tienen ningún convenio con ningún banco. Si no señalas la casa, automáticamente te presionan y te dicen que la van a volver a enseñar enseguida. A nosotros nos la enseñaron antes de Carnavales y en Carnavales ya nos llamaron para preguntarnos si es que no la queríamos. Tuve que explicar que lo que voy a comprar es una casa por la que voy a hipotecar mi vida y que necesitaba consultar a varios bancos y sentarme con mi pareja a hacer números”.
“Además, te atosigan para que firmes el rechazo por razones económicas bajo el aviso de que si no lo hacemos, el rechazo que constará será porque no estamos interesados en la vivienda y perderíamos oportunidades en Procasa”, asegura. “Lo peor es que cuando le planteas todo esto a Procasa te dicen que el modelo que van a seguir en otras promociones es el mismo: Procasa cede el terreno y el Grupo Q construye y pone el precio máximo permitido”.
“¿Quién tiene ahorrados 60.00 euros? ¿Quién los reúne para pagarlos en 13 meses? Nosotros tenemos algo de dinero guardado, pero tendríamos que pedir un préstamo personal y corremos el riesgo de que no nos den la hipoteca y, encima, perder los 60.00 euros que ya habríamos entregado. Te lo dicen bastante claro. Tenemos derecho vivir en Cádiz por un precio normal, no a un precio de lujo”, concluye este afectado.
La situación de C. C. es parecida. A sus alrededor de 40 años, después de dos décadas en la lista de demandantes, disfruta de un puesto en el tramo de cabeza. Vive con su marido, también demandante, y un menor. “En septiembre del año pasado me llegó un mensaje de Procasa anunciándome que ‘nos había tocado’ uno de los pisos de Los Chinchorros y que tendríamos una reunión a principios de este. Pero se retrasó hasta final de febrero. Yo llamaba a Procasa, pero me decían que ellos no podían dar precio ni condiciones, que todo lo llevaba la promotora, que ellos pasaban un listado de personas con ingresos por debajo del 5,5 Iprem [3.300 euros mensuales] y por encima de 3 Iprem [1.800 euros], con dos nóminas para hacer frente a la compra del piso. Ella gana en torno a 21.000 euros anuales y su marido, que trabaja en contratas, unos salarios irregulares. Yo estaba contentísima, llorando de alegría. Pero cuando llegamos allí, nos ofrecieron los pisos que tenían . De los de tres dormitorios nos olvidamos, porque estaban entre 250.00 y 290.000 euros. Y los de dos dormitorios, entre 219.000 y 250.000. La hipoteca era factible porque habrían sido de unos 100 euros más de lo que pagamos ahora de alquiler, pero el problema es que tienes que pagar una reserva de 3.000; a los pocos días, 30.000 euros más de entrada y luego otros 35.000 en trece meses, en cuotas de 2.500 euros mensuales. Y esto es inviable. Las formas de pago son imposibles”, lamenta. C. C.ingresa unos 1.400 euros al mes y su marido, entre 1.500 y 1.800. “La hipoteca sí que era viable pero, ¿cómo hacemos frente a 66.000 euros? Mis padres nos podían ayudar en la medida de lo posible, pero todavía nos seguían faltando más de 30.000 euros, que sólo sería posible conseguirlos con un préstamo personal que luego podría impedir que nos dieran la hipoteca. Eran 480 euros al mes durante 8 años y eso era inviable”.
“Quien tenga 70.000 euros en el banco no está esperando una vivienda de protección oficial. Di las quejas en Procasa, pero me dijeron que las nuevas promociones de Puntales y Loreto serán también del Grupo Q en las mismas condiciones. Al final no podré acceder a una vivienda. De las personas que yo conozco, todas han rechazado la oferta por motivos económicos. Según nos dijeron desde el Grupo Q, algunas han aceptado. ¿Qué pasa si todos los rechazan? ¿Irán a renta libre? Me dicen que eran 55 adjudicatarios pero que habían enviado a más de cien aspirantes”.
“De hecho, nos dicen que quienes han aceptado no sabe como los obtuvieron, pero un préstamo personal es incompatible con una hipoteca de 200.000. El problema era el IVA. Así que seguimos de alquiler. Ya sé que no me van a volver a llamar. Y no puedo ahorrar 60.000 en un año. Así que 20 años en Procasa, para nada”, concluye C. C..
Alonso Justo de Palacio vive una situación similar. “Llevamos desde 2004 en el Registro de Demandantes. Entonces yo estaba parado y mi mujer estaba embarazada. Ahora somos cuatro”, relata. “Nos llamaron de Procasa. Pensamos que nos iban a ofrecer algo asequible, pero en la reunión con el Grupo Q nos lo plantearon advirtiéndonos ya de que era compra y de que había que tener un dinero ahorrado”.
“El piso de tres dormitorios, de 76 metros cuadrados, eran 261.000 euros, con plaza de garaje y trastero. La hipoteca se nos quedaba en más de 187.00 euros pero además teníamos que abonar 26.645 euros de entrada del piso, 5.176 por el garaje y luego 30.145 euros más 5.176 en cuotas mensuales en 13 meses, más una señal de 3.000 euros. ¿Quién puede tener 100.000 euros ahorrados? Nos atendieron como si no quisieran vender. Me han pedido que vaya a firmar el rechazo por motivos económicos, pero ni siquiera voy a a ir porque todo esto me parece vergonzoso”.
Muchos de los demandantes de Procasa que se han visto obligados a rechazar las inasumibles condiciones de compra de pisos de VPO impuestas en Marqués de Cropani han contactado con la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Natalia Álvarez. La edil ha denunciado a través de sus redes y en declaraciones a este periódico la situación de los afectados. Una situación que es generalizada en Andalucía, Madrid, Valencia y Navarra. Álvarez la atribuye a un reciente decreto de la Junta por el que se impulsa la construcción de VPO por parte de promotoras privadas, se amplía hasta unos ingresos de 7 Iprem (4.200 euros) la posibilidad de acceso y, además, se liberan a renta libre a los siete años las viviendas protegidas, “facilitando así la especulación inmobiliaria”. Los afectados no descartan constituirse en colectivo y emprender acciones.
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por cerca de 400.000 euros las obras de mejora de la seguridad vial en el acceso a Añora desde la carretera A-3177, en la provincia de Córdoba. La remodelación del cruce “facilitará la accesibilidad y visibilidad en una de las principales entradas del municipio”, tal y como ha explicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.
Las obras, que se han adjudicado a la empresa Mebisa, eliminarán el actual cruce en el kilómetro 4,7 de la carretera de Pozoblanco a El Viso (A-3177) por una glorieta que canalice mejor el tráfico hacia la calle Fernando Santos, que da acceso al casco urbano de Añora y al Camino de Pedroches, también llamado Camino Nuevo de Añora. “Este cruce presenta unos elevados índices de peligrosidad que resolveremos con este nuevo acceso, más cómodo y seguro para todos”, ha remarcado.
La nueva glorieta tendrá un diámetro exterior de 40 metros con una calzada anular de diez metros de ancho, arcenes interior y exterior y una berma exterior, en la que se colocarán las barreras de seguridad, balizamiento y defensas, así como la señalización horizontal y vertical.
Los ramales de acceso a la glorieta desde la A-3177 serán unidireccionales, con un carril de cuatro metros de ancho y arcenes exteriores de 1,50 metros en todos los casos. En el interior de la glorieta se dispondrá un bordillo perimetral en círculo y el interior se tratará con una capa de hormigón en masa pintada en verde.
La actuación, que está cofinanciada con fondos europeos Feder y que cuenta con un plazo estimado de tres meses una vez se inicien los trabajos, contempla igualmente movimientos de tierras, elementos de drenaje longitudinal, señalización, balizamiento y defensas, así como la reposición de un pequeño tramo de colector de saneamiento.
La Junta de Andalucía ha destinado casi 160.000 euros a Beas de Guadix con el objetivo de acondicionar sus espacios municipales, calles y caminos rurales. El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luis Recuerda, junto al alcalde de la localidad, Juan Jesús Porcel, han visitado las actuaciones acometidas, como las obras en el Mirador Cerro Horca y la puesta en funcionamiento de El Pozo.
Esta inversión proviene de los programas MEINFRA y PFEA para proyectos presentados por el Ayuntamiento, con el objetivo adicional de combatir el desempleo y la despoblación en zonas rurales. Recuerda ha destacado que “resultan especialmente importantes para el municipio las obras acometidas en el Mirador Cerro Horca por su enclave estratégico, desde donde se divisan unas bellísimas vistas de Guadix, el Geoparque y el valle del río Alhama”.
También se han llevado a cabo, a través del PFEA, obras de adecuación de calles y caminos rurales, así como otros espacios municipales, en las que el año pasado trabajaron 60 personas desempleadas, una cifra importante en una población de 315 vecinos con una tasa de paro superior al 30%.
El delegado ha precisado que “el Gobierno de Juanma Moreno ha invertido en Beas de Guadix en los últimos años casi 160.000 euros, lo que pone de manifiesto la apuesta por el municipalismo y por arraigar la población al territorio”. Por su parte, el alcalde ha agradecido el apoyo de la Junta de Andalucía y ha destacado “la importancia que la colaboración institucional representa especialmente para los municipios más pequeños”.
La propuesta final Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada (PTMAGR) presentado por la Junta de Andalucía para el periodo entre 2025 y 2030 contempla la ampliación del Metro por el Centro de Granada, mantiene la posibilidad de la ampliación Norte (aunque con dudas sobre su viabilidad inmediata) y descarta los alargamientos de la red hasta Santa Fe y el Aeropuerto, por un lado, y hasta los municipios de la denominada Cornisa Sur, como Ogíjares, Huétor Vega o La Zubia. El documento, que recoge las propuestas de transporte para el mencionado quinquenio, fue aprobado la semana pasada por el Consorcio de Transporte Metropolitano con el voto a favor de los representantes de la Junta y de los ayuntamientos gobernados por el PP. El siguiente paso es la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Junta.
Uno de los principales focos de atención que genera el documento en la ciudad de Granada y su área metropolitana está en los planes de la Junta con respecto al futuro a medio plazo del Metro. A la realidad palpable de la ampliación Sur desde Armilla hasta las Gabias pasando por Churriana de la Vega, con las obras ya bastante avanzadas, lo que en principio tiene más visos de convertirse en el siguiente paso es la denominada ampliación Centro.
Según el documento de la Junta, con la ampliación Centro se pretende aumentar el área de influencia del Metropolitano ofreciendo así una mayor cobertura en toda la ciudad. El tramo abarcaría en gran medida el casco histórico de la capital con una cobertura de distancias inferiores a siete minutos caminando, siendo el centro histórico de Granada uno de los polos más relevantes de atracción y generación de viajes. El plan señala que esta ampliación podría ejecutarse en superficie o soterrada y transcurriría desde la Caleta hasta Andrés Segovia pasando por Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos, Acera del Darro, Poeta Manuel de Góngora y Andrés Segovia. Este recorrido coincidiría prácticamente con el que tuvo el LAC cuando se puso en marcha. Lo que no descarta el documento es valorar “otros modos de transporte de alta capacidad en este tramo, que discurran por plataforma reservada”.
Las previsiones de utilización del Metro en la ampliación Sur se espera para un día laborable una demanda de 61.555 viajes en 2030, que podría llegar hasta los 66.574 en 2040. En cuanto a la ampliación Centro, los números que maneja el Plan son de 88.785 y 95.293, respectivamente.
El alargamiento de la línea 1 hasta Atarfe fue considerada en el Estudio Informativo de 2022 como beneficiosa, pero el Plan presentado ahora por la Junta considera que en su configuración actual “no se espera que atraiga suficiente demanda para justificar la inversión esperada”. Por lo tanto, se recomienda no poner en funcionamiento esta extensión por el momento, estudiar la posibilidad de escalonar su ejecución y evaluar posibles opciones para aumentar su atractivo para la ciudadanía.
Así mismo, el documento recomienda preparar un plan específico de desarrollo urbano y transporte integrado con el objetivo de maximizar las sinergias entre la Ampliación Norte y el desarrollo urbanístico de Albolote y Atarfe, con lo que se podría transformar lo que se considera una “debilidad actual” en una oportunidad de futuro. En este sentido, hace hincapié en que los posibles ingresos de este desarrollo urbano podrían utilizarse potencialmente como un fondo para financiar este y otros proyectos de transporte relacionados.
Además, el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada incide en que se deberá, en fase de proyecto, realizar un análisis detallado de las debilidades y establecer soluciones para minimizar o compensar el impacto sobre las mismas, estableciendo recorridos provisionales durante las obras y asegurando la continuidad de las vías pecuarias y conservación de los valores naturales, culturales y patrimoniales objeto de protección. En otras palabras, que hay que seguir avanzando en el proyecto de una ampliación que no se descarga, pero que se pospone para un futuro plan.
El documento el gobierno autonómico descarta otras opciones de ampliación del Metro, como las de Santa Fe y Aeropuerto y la denominada Cornisa Sur. El PSOE de Granada había pedido a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que reclame a la Junta el inicio de los trámites para la puesta en marcha de la que sería la línea 2 del Metro hacia La Chana, el Aeropuerto, y hacía los pueblos de la curvatura sur del cinturón: Huétor Vega, La Zubia, Cájar y Monachil.
En el estudio recogido en el Plan revela que en las localidades de la Cornisa Sur habría una consideraba demanda de usuarios, pero que la construcción de los tramos observa “dificultades” en Ogíjares, La Zubia, Huétor Vega y Cenes de la Vega. Algunas son la trama urbana y la vía sinuosa de acceso.
En cuanto a la construcción de una línea de Metro desde la Chana al Aeropuerto pasando por Santa Fe, el documento reconoce que pueden suponer una mejora de la funcionalidad y el servicio de transporte público, pero que “es necesario realizar estudios de mayor detalle, tanto cada extensión como la red de metro resultante, que permitan en primer lugar verificar su viabilidad, y en caso afirmativo concretar y cuantificar estas mejoras”.
Tras realizar un diagnóstico de la situación del transporte en el Área Metropolitana, PTMAGR propone un sistema integrado cuyos pilares son la propuesta de extensión del Metropolitano y la creación de los denominados Corredores de Transporte de Altas Prestaciones con el objeto de mejorar y fomentar el uso del transporte público en las zonas de mayor demanda, mejorando su funcionalidad y capacidad de forma significativa. Estos corredores mejoran especialmente la conectividad en transporte público de municipios donde actualmente el servicio del Metropolitano no llega.
Para el Eje Norte-Sur (Albolote-Maracena-Granada-Armilla-Churriana de la Vega-Gabia Grande) se propone como medida principal la prolongación del Metropolitano tanto en el Sur como el mencionado nuevo tramo en el centro de Granada, estableciendo un sistema de transporte de alta capacidad que articule la demanda. Así mismo se contempla unos servicios de altas prestaciones que conecten Peligros y Jun con Granada con el fin de mejorar la conexión metropolitana, junto con otro corredor de transporte entre Albolote-Atarfe-Granada.
En el Eje Este-Sur (Aeropuerto-Santa Fe-Granada) se sustentaría en sistemas de transporte de altas prestaciones que garanticen, además, la conexión con el centro de Granada, también desde otras localidades del Área Metropolitana con el núcleo urbano de Granada, lo que mejorará la conectividad de la zona con el Aeropuerto de Granada.
Por último, el Plan de la Junta propone nuevos ejes transversales de transporte público que hay que potenciar: Transversal Sur (Armilla-Ogíjares-La Zubia-Cájar-Huétor Vega), Transversal Norte (Albolote-Peligros-Pulianas-Jun), Transversal Oeste (Pinos Puente-Zujaira-Valderrubio-Fuente Vaqueros-Chauchina-Santa Fe-Atarfe) y el Transversal Oeste-Sur (Santa Fe-Belicena-El Ventorrillo-Cúllar Vega, La Gloria).
La presidenta del Consejo Territorial de la Junta Central de Usuarios de la Presa de Alcolea y del Acuífero Niebla y también alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín; el presidente de la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva (Coprehu), Juan Antonio Millán; y el gerente de HuelvaRiega, Jorge Forné, han visitado este martes el río Odiel, a su paso por dicho municipio, con el objeto de poner de relieve el intenso caudal de agua que, por las intensas lluvias de las últimas semanas, se está vertiendo al mar por no contar en la provincia de Huelva con una infraestructura donde almacenarla, como podría ser la presa de Alcolea.
Según han manifestado durante la visita, dicho caudal registró este lunes picos de hasta 2.100 metros cúbicos por segundo, dato que consideran una “montruosidad”.
En este sentido, y según los cálculos que manejan los regantes, “estos días pasan por el cauce del Odiel unos siete hectómetros cúbicos de agua dulce cada hora” y “en lo que llevamos de año hidrológico se han perdido ya en el mar más de 400 hectómetros cúbicos porque no tenemos hechas las presas de Alcolea y de Coronada”.
Por todo ello, han aprovechado la situación para volver a reivindicar la conclusión de la presa de Alcolea, un proyecto “vital para la provincia de Huelva” que fue aprobado en 1995, en principio con el objeto de laminar el río Odiel -el más caudaloso de la provincia- para evitar las inundaciones que sus crecidas ocasionaban reiteradamente en Huelva y en Gibraleón. Su construcción fue posteriormente declarada de Interés General del Estado en el Plan Hidrológico Nacional del 2001. Las obras se iniciaron en 2012, quedando paralizadas cuando estaban al 22% de su ejecución en 2017 por desavenencias económicas entre el Estado y la empresa adjudicataria.
Desde entonces no se han retomado, a pesar de que en 2019 fue aprobado un proyecto de conclusión, que incluso cuenta en la actualidad con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en vigor, y con todos los informes preceptivos favorables. Para su licitación, el proyecto estaría solo a falta de actualizar sus costes, a los que según indicó el presidente de Coprehu habría que añadir ahora los daños ocasionados a la infraestructura inacabada por las intensas lluvias de las últimas semanas.
A pesar de todo lo anterior Millán se mostró convencido de que Alcolea “se va a hacer sí o sí” ya que, según precisó, en estos momentos “me consta que las negociaciones entre Junta y Gobierno están muy avanzadas”.
En primer lugar porque la actitud de la nueva ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, “es favorable a que se aprovechen todas las aguas de los ríos y, por tanto, ya ha manifestado estar en disposición de dialogar para que se concluyan las presas de Alcolea y Coronada”; y en segundo lugar porque ya han mantenido encuentros para abordar este tema el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en los que “incluso ya se habría puesto sobre la mesa como concluir los obras y su financiación”.
Por todo ello, aseguró Millán, “estamos en un momento clave” donde lo que resta es “recuperar el proyecto de finalización de obra de 2019, actualizar sus costes y sacarlo a concurso público”. En este sentido y según sus cálculos, “si todo se hace bien a partir de ahora la actualización de costes podría estar hecha después del verano, inmediatamente después redactarse el pliego para sacarla a concurso, y acometer las obras entre 2026 y 2027 para que esté concluida en 2028”.
Por su parte, el gerente de HuelvaRiega, Jorge Forné, hizo hincapié en la “necesidad” de concluir la presa de Alcolea tanto para evitar inundaciones tanto en Gibraleón como en Huelva, que fue el “objetivo inicial y principal” de dicha infraestructura, así como también para el aprovechamiento del agua ya que “actualmente la provincia de Huelva tiene un déficit hídrico estructural de entre 80 y 100 hectómetros cúbicos”.
Déficit que, según prosiguió, “sólo puede compensarse con la presa de Alcolea, ya que ésta aportaría 160 hectómetros cúbicos de regulación que servirían para aumentar la seguridad hídrica del sistema, así como para aportar el recurso necesario para el crecimiento de los proyectos de hidrógeno verde, para el abastecimiento de nuestros municipios, para la consolidación de la agricultura y, en cumplimiento de la Ley del Trasvase 10-2018, para llevar agua a Doñana y poder acabar definitivamente con los actuales pozos aportando agua en superficie”.
En la actual situación, añadió Forné, “vivimos en un continuo estado de susto o muerte ya que por mucho que llueva no tenemos la capacidad de regulación suficiente para poder almacenar el agua que recibimos y necesitamos”.
En relación con la planificación hidrológica, el gerente de HuelvaRiega destacó que “no podemos pensar en un cuarto ciclo de planificación (28-33), sin estar concluida la presa de Alcolea ya que del actual ciclo (22-27) solo se ha cumplido el 25% de las medidas propuestas, o lo que es lo mismo, solo se ha ejecutado el 25% de las infraestructuras planificadas”.
Sobre la necesidad de concluir Alcolea para evitar inundaciones, Forné se refirió a un reciente informe de la Junta de Andalucía que pone de manifiesto los “peligros ambientales” que supone el Odiel, ya que “en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, la zona que figura con mayor peligrosidad es la de Gibraleón por carecer el río Odiel de regulación alguna”.
Por todo ello, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Marín, coincidió en considerar la conclusión de las obras de Alcolea “fundamental para laminar las avenidas del Odiel, evitando así posibles inundaciones tanto en el núcleo principal de población Gibraleón, como en los diseminados que estos días se están viendo afectados por la crecida del río”.
Por último, tanto el presidente de Coprehu, como el gerente de HuelvaRiega, coincidieron en manifestar su “firme apuesta con el cumplimiento del actual Plan Hidrológico Nacional”.
Para este 2025 está previsto que comiencen las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza que supondrá el corte del tráfico de trenes en Jaén durante al menos ocho meses. Desde que se anunció este aislamiento partidos políticos, ayuntamientos y plataformas han mostrado su malestar. Por ello, ya se está trabajando en diferentes alternativas a este transporte.
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido un encuentro de trabajo con el comisionado del desarrollo del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, y representantes de la empresa Linares Biodiésel Techology (Libitec) para abordar las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza del Eje Central.
Por ello, en este encuentro se ha analizado las posibilidades que hay con motivo de los cortes que se producirán en la línea ferroviaria entre Jaén y Sevilla, según explicó Reyes, que estuvo acompañado por el diputado Javier Perales.
Las obras supondrán, entre otras actuaciones, la adaptación de gálibos en los túneles situados entre Córdoba y Santa Cruz de Mudela de la línea Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por las provincias de Jaén, de Ciudad Real y Córdoba. Una intervención que afectará a la actividad a través del transporte de mercancías que realiza esta empresa, ubicada en la población de la Estación Linares-Baeza, según ha informado este lunes la Diputación jiennense.
En concreto, se ha acordado, por un lado, ayudas a la empresa por parte del Gobierno de España que, según apuntan permitan financiar los costes complementarios del traslado de mercancías por carretera y, por otro, recortar todo el tiempo posible la duración de las obras”. Al hilo, el presidente de la Administración provincial remarcó la importancia de este encuentro de trabajo para “seguir andando de la mano de esta empresa, consciente de lo que aporta” a una provincia como Jaén.
La actuación incluye 13 túneles de la línea Alcázar de San Juan-Cádiz con una longitud total que supera los 3,5 km, siendo la provincia de Jaén la que contará con mayores obras de mejora. El tramo de Andújar es el más largo con 1.024 metros. En cuanto a su ubicación, once se encuentran en la provincia jiennense (Venta de Cárdenas 2, 3 y 4; Las Correderas 1, 2 y 3; además de los situados en Santa Elena, Calancha, Vilches, Espeluy y Andújar); uno se encuentra en la provincia de Ciudad Real (Venta de Cárdenas 1)y otro en Montoro (Córdoba).
En concreto, se abordarán actuaciones en la infraestructura, como la ampliación de sección de túneles y rebajes de plataforma; y la superestructura, con la renovación de traviesas, carriles y balasto, así como drenajes y trabajos de electrificación.
Estas obras que se ejecutarán en 2025 y durarán hasta 2026 en el caso de la provincia de Jaén desde el tramo la Venta de Cádenas con Los Cansinos (conexión Córdoba) incluye 13 túneles con 12 meses de obra y una duración del corte de 8,5 meses aproximadamente. Además el periodo de estos cortes y obras serán durante todo el día, por lo que la afectación al tráfico será de restricción de disponiblidad de la vía y restricción de velocidad.
La puesta en marcha de este servicio de esta autopista ferroviaria facilitará el incremento de la cuota del transporte ferroviario tanto en la rama central del Corredor Mediterráneo como del Atlántico.