- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) cifra en 3.000 millones las necesidades en obra hidráulica y pide que se ejecuten los 27 embalses aprobados en 2023 para evitar nuevas catástrofes
- La asociación demanda que sea el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) el que asuma las competencias en materia de agua
- Las lluvias han posicionado a la hidroeléctrica como la tercera fuente de generación en 2025
España ha puesto punto y seguido a su situación de sequía. Dejando atrás un marzo lluvioso gracias al encadenamiento de cuatro borrascas de gran impacto, nuestro país encara la primavera con las reservas de sus embalses, de media, por encima del 70%.
Las cuencas internas de Cataluña, la mediterránea andaluza y la de Guadalete-Barbate han visto escalar su nivel un 14% en tan sólo dos semanas y la situación también ha mejorado en el Segura, aunque sigue siendo preocupante ya que el porcentaje de agua embalsada únicamente alcanza el 24,2% de su capacidad total. En paralelo, los depauperados humedales de Doñana y Daimiel lucen también una estampa singular en los últimos años, escondiendo lo que hasta ahora eran tierras resecas bajo grandes masas de agua.
Las intensas lluvias han obligado a desembalsar numerosos pantanos del centro peninsular, catapultando la producción de energía hidráulica; aunque en detrimento de la solar, las hidroeléctricas han generado entre enero y marzo más de 9.000 GWh -un 18,4% del mix energético-, colocándose como la tercera fuente de generación en lo que va de año, según datos de Red Eléctrica de España (REE), y contribuyendo a reducir los precios mayoristas de la energía. Las centrales fluviales también se encuentran estos días a pleno rendimiento.
No obstante, esta situación debe ser entendida como excepcional, ya que el cambio climático está intensificando la alternancia entre periodos de prolongadas sequías y lluvias torrenciales. Aunque las recientes precipitaciones pueden suponer un alivio temporal, no revierten la tendencia a la baja que los embalses españoles están experimentando en los últimos años, una realidad que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de contar con un parque de infraestructuras adaptado a las variaciones climáticas que permita captar y almacenar el agua de lluvia para dar respuesta de forma eficiente a los periodos de sequía y hacer frente a los fenómenos climáticos extremos.
Según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), España necesita invertir 85.000 millones de euros en obra hidráulica hasta 2035 para adaptar su red a los requerimientos de calidad necesarios. En el caso concreto del regadío, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) denuncia que un 29,2% de las infraestructuras de interés general no se han construido pese a haber sido aprobadas en los diferentes planes de cuenca, y calcula que el actual déficit de inversión ronda los 3.000 millones. Más allá, la Federación considera que se necesitan un mínimo de 100 millones de euros al año para mantener las 1.300 presas que hay en España en condiciones adecuadas de seguridad.
Entre las actuaciones más urgentes, Fenacore destaca la necesidad construir los 27 embalses previstos en la planificación hidrológica aprobada por el Gobierno en 2023 para que puedan estar terminados a finales de 2027. “Estas lluvias han puesto de manifiesto que los embalses se llenan, salvan vidas y garantizan el suministro y la producción de alimentos”, afirmó su presidente, Juan Valero de Palma, durante el desarrollo de la XXIII Jornada Técnica, donde Fenacore presentó una hoja de ruta preventiva ante emergencias meteorológicas como la vivida hace unos meses en Valencia.
“Es necesario dotar a los embalses proyectados de presupuesto y voluntad política porque son cruciales para resolver los problemas hídricos de un país que cuenta con una meteorología y una geografía como la española, donde el coeficiente de avenida de los ríos puede pasar de uno a 5.000 o, incluso, a 10.000. Es evidente que no son las únicas soluciones, pero sí las más baratas y eficaces”, insistió Valero de Palma.
Así, los regantes solicitan que se incremente la inversión en presas y embalses para poder minimizar los daños de los temporales y convertir el riesgo de sufrir inundaciones en una oportunidad para evitar las sequías y gestionar de forma eficiente los cada vez más frecuentes periodos de carestía.
Para impulsar las inversiones pendientes, la asociación pide que sea el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) el que asuma las competencias en materia de agua. Afirma que el departamento liderado por Óscar Puente ha demostrado su “capacidad de gestión y ejecución de grandes infraestructuras” como autopistas, líneas de alta velocidad ferroviaria o aeropuertos y considera que “su solvencia en la planificación y ejecución de proyectos estratégicos” se puso de manifiesto durante la gestión en la última DANA.
“Desde 1960 hasta el año 2000 se construían de media 182 embalses cada década. Pero desde que en 1996 la Dirección General de Obras Hidráulicas del entonces Ministerio de Fomento pasó a ser la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, se crean poco más de 20 embalses cada década“, resume el presidente de los regantes, quien también recuerda que la transferencia de competencias permitiría aprovechar el potencial de los fondos europeos asignados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Un ‘Plan de acción frente a la DANA’
La Federación de regantes presentó durante su jornada técnica el primer informe sobre el desastre que supuso la DANA del 29 de octubre de 2024. El análisis recopila igualmente las pautas y medidas que Fenacore entiende que deberán ser observadas a la hora de gestionar eventos meteorológicos similares en el futuro.
Este plan sostiene que las actuaciones proyectadas habrían ayudado a mitigar significativamente las consecuencias de un temporal que ha provocado daños en infraestructuras de riego por valor de más de 250 millones de euros y que anegó unas 70.000 hectáreas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, arrasando cosechas de huerta, cítricos, arbolado o viñedos que tardarán al menos cinco años en volver a la normalidad.
Pivotando sobre la urgencia de aumentar la inversión y cumplir con los objetivos ya validados, este informe incide en la necesidad de recoger en el cuarto ciclo de planificación obras de regulación que respondan al principio de coste/beneficio. “Si gastamos un euro en construir hoy pero ahorramos 12 millones en daños, indemnizaciones y, lo más importante, pérdidas humanas, veremos que el coste/beneficio de estos embalses que garantizan el agua, laminan y frenan avenidas es incontestable”, sentenció Valero de Palma.
El informe de Fenacore también resalta la necesidad de realizar actuaciones que permitan el encauzamiento de los ríos y barrancos para modificar su cauce natural y, así, poder controlar y dirigir el flujo de agua.
En esta línea, el consejero del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, Federico Bonet, subrayó que una de las lecciones aprendidas puede extraerse del comportamiento del agua en los tres cauces más afectados de la provincia de Valencia: mientras en el Turia se pudo gestionar el temporal, en el barranco del Poyo las consecuencias fueron catastróficas. “Ahora se demonizan las obras de hormigón, pero las leyes de la naturaleza no han cambiado; aumentar la capacidad de los embalses y las obras de defensa es necesario para evitar avenidas y prevenir así sus consecuencias”, aseguró Bonet.
En equilibrio con la inversión, la gestión
“No debemos caer en la tentación de pensar que las infraestructuras son la solución a todos los problemas, dado que estos son muchos y complejos; también debemos tener en cuenta la gestión razonable y equilibrada de las herramientas”, reflexionó María Dolores Pascual, directora general del Agua del Miteco.
La suya es una opinión compartida por Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura: “Infraestructuras sí, pero no sólo; no nos podemos dejar arrastrar por la DANA política, sino que debemos ser racionales”. No obstante, Urrea explicó que los planes hidrográficos del Segura contemplan ya “una inversión muy potente” en obra hidráulica, con un total de 3.100 millones hasta 2027, de los que 800 están adjudicados a actuaciones de protección y defensa. “No podríamos mirar a la cara a los ciudadanos si hay otra DANA y no hemos construido, al menos, una fracción de estas infraestructuras que están perfectamente definidas”.
Por su parte, Antonio Fanlo, catedrático de Derecho Administrativo, aseveró que “en España, sin obras, no hay agua, o no la hay sin la seguridad física, legal o económica de cualquier actividad”, una frase que combina la necesidad que tiene nuestro país de mantener en justo equilibrio las necesidades de gestionar el recurso e invertir en infraestructuras.
El cambio climático fuerza la adaptación de los seguros
La frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos ha provocado que las incidencias provocadas por Riesgos Extraordinarios (REX) y daños Atmosféricos (ATM) en las comunidades de regantes se hayan multiplicado en los últimos años. “Entre 1987 y 2017, el gasto en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) no llegó a 6.000 millones de euros. Sin embargo, entre 2018 y 2024 ya se han alcanzado los 6.500 millones”, destaca David Salinas, CEO de la correduría de seguros EPG Salinas. Sólo en la DANA, la compañía gestionó 36 siniestros (33 de ellos a cargo del CCS) con una indemnización de 19 millones de euros en total.
Una circunstancia que, según el experto, evidencia la necesidad de revisar el modelo de financiación asegurador español y de crear productos adaptados a las nuevas condiciones climáticas. “En la DANA, el CCS ha tenido que hacer frente a unos 500 millones en indemnizaciones por riesgo extraordinario. Con las cuatro últimas borrascas ya se ha llevado un buen mordisco y todavía quedan los meses más complicados. Hoy el consorcio sigue siendo solvente, pero si la situación se mantiene deberíamos revisar el sistema y llevar a cabo una labor pedagógica con el ciudadano”, concluye Salinas.